Manual básico de Derechos Humanos para el personal penitenciario

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Lo anterior significa, en términos prácticos –y a manera
de ilustración-, que una disposición de un reglamento de
régimen interno no podría prohibir, por ejemplo, el ingreso
de material pornográfico al establecimiento, ya que la Corte
Constitucional, al analizar el contenido de la Ley 65 de 1993,
expresó que “la prohibición no implica que el recluso no
pueda poseer material pornográfico, porque cada persona
es libre de escoger sus lecturas y pasatiempos, mientras
no afecte los derechos de los demás 9 ”.
De manera que incluir una prohibición en tal sentido en
el reglamento interno implicaría desconocer la Ley 65,
la Constitución y la jurisprudencia de la Corte, es decir,
sería violatoria de las normas superiores, al no respetar la
pirámide normativa. Por lo tanto, al momento de adoptar
normas de rango inferior como las resoluciones que
adoptan los reglamentos de régimen interno, las circulares,
memorandos, etc., debe evaluarse su conformidad con las
normas legales, constitucionales e internacionales vigentes,
a fin de que no contravengan obligaciones del Estado o
derechos fundamentales de las personas.
El papel de los funcionarios penitenciarios frente a
los compromisos del Estado en materia de derechos
humanos
El art. 6º de la Constitución señala que “Los particulares
sólo son responsables ante las autoridades por infringir
la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son
por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones”.
9 Corte Constitucional, sentencia C-394 de 1995