Manual básico de Derechos Humanos para el personal penitenciario

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el estallido de fricciones entre los penados, que podían
fácilmente escalar en actos de amotinamiento general y
la consiguiente reacción descontrolada de los agentes de
Estado frente a las condiciones de violencia reinantes.
Las ilegales condiciones de vida de los detenidos, los
motines anteriores en Carandirú, y la falta de estrategias
de prevención para evitar el escalamiento de fricciones,
sumadas a la incapacidad de acción negociadora del
Estado que podía haber evitado o disminuido la violencia
del motín, configuran en sí una violación por parte del
Estado a su obligación de garantizar la vida e integridad
personal de las personas bajo su custodia. Se suma a
ello que en contravención con la legislación nacional e
internacional, la mayoría de los reclusos de Carandirú en
ese momento eran detenidos bajo proceso sin condena
firme (y por consiguiente bajo la presunción de inocencia)
que estaban obligados a convivir en esas situaciones de
alta peligrosidad con los reos condenados”.
Refiriéndose al motín, señaló la Comisión que “el Estado tiene
el derecho y el deber de debelar un motín carcelario (…).
La debelación del motín debe hacerse con las estrategias
y acciones necesarias para sofocarlo con el mínimo daño
para la vida e integridad física de los reclusos y con el
mínimo de riesgo para las fuerzas policiales”.
Sin embargo, agregó más adelante que la acción de las
autoridades “se llevó a cabo con absoluto desprecio por la
vida de los reclusos, y demostrando una actitud retaliatoria
y punitiva, absolutamente contraria a las garantías que
debe ofrecer la acción policial”. En este sentido, destacó que
“las muertes no correspondieron a situaciones de legítima