RESTITUCION DE NIÑOS - Pparg

su informe al Presidente de la Argentina, la CONADEP llega a la conclusión de
que las víctimas de las desapariciones fueron, en la inmensa mayoría de los
casos, personas que no tenían nada que ver con actividades terroristas10. El
objetivo de quienes perpetraron las desapariciones era eliminar a determinados
sectores de la sociedad que se oponían al gobierno militar y a su política de
terror. Para cumplir su tarea destructiva se fijaron como objetivo no sólo per-
sonas, sino también familias enteras y grupos sociales independientemente de
las opiniones personales de los distintos miembros de esas familias o esos
grupos11. A su juicio, los vínculos de sangre o el contacto social contaminan e
incrementan la tendencia a la «subversión», y en consecuencia, merecen castigo.
10 Véase Nunca Más, op. cit., en cita 2, p. 480.
11 Ibid., p.332 a 341.
50. Quienes se apropiaron de niños pueden incluso haberse excedido de
las órdenes recibidas de los más altos mandos castrenses (algunos de los
grupos implicados en desapariciones no se apropiaron de niños) imbuidos
como estaban de la idea de la «exterminación de raíz». En este contexto, las
actividades de quienes se apropian de niños pueden compararse a las que se
describen en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio que incluye, entre los delitos perpetrados con la intención de des-
truir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, el
«traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo»12.
51. Si bien los grupos cuya destrucción se pretendía no parecen haberse
seleccionado por motivos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, sino más
bien por motivos políticos, persiste el hecho de que el objetivo era la destruc-
ción física y moral de los miembros de determinados grupos y familias compro-
metidos» con la oposición política durante el período de gobierno militar13.
52. El secuestro y la apropiación ilícita de niños está calificado como
delito en la legislación nacional de cualquier país, comprendida la Argentina.
Además, la Ley No 23.521 (la denominada «Ley de obediencia debida»),
promulgada en junio de 1987, que establece una presunción de que los deli-
tos perpetrados durante el período que va de 1976 a septiembre de 1983 por
personal militar se cometieron en el ejercicio de la obediencia militar (y es
inadmisible toda prueba en contrario), excluyó explícitamente de su alcance
y aplicación los delitos relativos a la apropiación ilícita de niños14.
53. Sin embargo, los mecanismos oficiales para localizar a niños secues-
trados no parecen haber funcionado en forma eficaz, ya que la gran mayoría
de los niños encontrados, después de haber desaparecido, se ubicaron gra-
cias a los esfuerzos de sus parientes y de las Abuelas de Plaza de Mayo.
12 Véase la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, art. II e.
13 El secuestro de niños como forma de tortura o castigo de sus padres u otros parientes y la
utilización de niños para aumentar el dolor y el sufrimiento de la persona torturada, ya sea
obligando a los niños a estar presentes cuando se está torturando a sus parientes, o viceversa,
es uno de los métodos más despreciables de tortura de los que se informa que han sido utiliza-
dos en la Argentina. Véase Nunca Más, op. cit., en 2, p. 319 a 321, informes en legajos Nos.
5187, 2628, 3048 y 5473.
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