Tomo 2 Tomo 2 - Defensoría del Pueblo

gravemente comprometidas. Además, se ha determinado que “cuando los
servicios están sometidos al pago de cuotas de recuperación, y la persona
no puede asumir el costo, es obligación del ente territorial respectivo
garantizar el acceso al servicio requerido, asumiendo la totalidad del costo
del mismo.” 255
Aunque la regla general es que el actor debe demostrar su incapacidad
económica, si este llega a manifestar tal condición, se invierte la carga de la
prueba, correspondiendo a la entidad demandada demostrar lo contrario.
En estos casos no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos
económicos y se presume la buena fe del solicitante 256 .
- El juez debe determinar la carga soportable, para establecer
si la persona cuenta con la capacidad económica
para asumir los costos del servicio de salud
Tal como se ha señalado, existen unas reglas frente a la procedencia de
la tutela en materia de salud, las cuales exigen que el juez analice cuándo
se entiende que una persona carece de recursos económicos. La Corte
ha establecido que “se entiende que una persona carece de capacidad de
pago cuando no tiene los recursos para sufragar cierto costo, o cuando
se afecta su ‘mínimo vital’.” 257 Así, teniendo en cuenta que el mínimo vital
es una cuestión cualitativa y no cuantitativa, se ha concedido el amparo
constitucional a personas con un ingreso anual y un patrimonio no
insignificante, siempre y cuando el costo del servicio de salud requerido
afecte desproporcionadamente su estabilidad económica. Por ejemplo, “un
servicio de salud que se requiere constantemente y cuyo costo es superior
a la mitad de los ingresos de la persona 258 , o un servicio que se requiere una
255 Por ejemplo, en la sentencia T-837 de 2006 se ordenó al ente territorial respectivo (Secretaría
de Salud Pública de Manizales) que cubriera el 100% del costo de los copagos que debía cancelar
la accionante para la práctica del procedimiento quirúrgico requerido (Histerectomía Abdominal
Total y Colporrafia posterior).
256 Sentencia T-669 de 2010.
257 Véase, entre otras, la sentencia SU-225 de 1998. En esta oportunidad, se consideró que el juez
constitucional “puede conceder la tutela de un derecho prestacional, siempre que se compruebe
un atentado grave contra la dignidad humana de personas pertenecientes a sectores vulnerables
de la población y el Estado, pudiéndolo hacer, hubiere dejado de concurrir a prestar el apoyo material
mínimo sin el cual la persona indefensa sucumbe ante su propia impotencia. En estas situaciones,
comprendidas bajo el concepto del mínimo vital, la abstención o la negligencia del Estado
se ha identificado como la causante de una lesión directa a los derechos fundamentales que amerita
la puesta en acción de las garantías constitucionales.”
258 Como ejemplo de sentencias en las cuales la jurisprudencia constitucional no ha sido tan exigente
pueden referirse la T-1066 de 2006 y la T-044 de 2007.
.: Derecho a la salud :.
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