Tomo 2 Tomo 2 - Defensoría del Pueblo

Ahora bien, en criterio del alto tribunal, el sistema procesal penal
colombiano recoge un modelo propio, singular y específico, por lo que ha
sido considerado un sistema mixto con tendencia acusatoria, en el que se
reflejan las necesidades y entorno social e institucional del país. En este
sentido, en la sentencia C-144 de 2010 se dispuso que:
(…) a la par con tales características comunes a los regímenes acusatorios
propiamente dichos, se observan otras que alteran la fisonomía del procedimiento
y le imprimen su identidad variada y compleja, adecuada a las necesidades
y al entorno social e institucional colombianos. Es el caso de la
condición del juez no como un árbitro, del todo neutral en el proceso, sino
encargado de definir, de manera justa y garantista, la responsabilidad penal
del implicado y la eficacia de los derechos de la víctima y de la sociedad
frente al delito. Lo es también la inserción del Ministerio público como interviniente
garante de la legalidad y del respeto a los derechos humanos,
así como la participación de la víctima en el proceso, introducida de manera
clara por la jurisprudencia constitucional, a modo de garantizar la defensa
directa de sus derechos.
(…) Estos y otros elementos dan cuenta pues, de que a la hora de estudiar
las disposiciones de la ley procesal penal, no puede el intérprete partir del
supuesto de que su contenido debe, a toda costa, adecuarse a un arquetipo
determinado. El estudio de la ordenación dispuesta por el legislador sobre la
materia y su valoración a la luz de la Constitución, deben producirse a partir
de un reconocimiento del sistema procesal penal en su propia especificidad
y en su forma de participar en los fines del Estado.
Con fundamento en lo anterior se examinarán algunas sentencias proferidas
por la Corte Constitucional, en el período objeto de este informe, en las
que se establece el alcance de las garantías que el sistema procesal penal
colombiano otorga al indagado, imputado, acusado y condenado 20 .
20 Como se explicó en el informe anterior, el nuevo ordenamiento procesal introdujo cambios en la
denominación de las personas que participan en el proceso. Así, “a la persona que es objeto de
indagación y, por tanto, no es formalmente investigada, se le denomina indagado [o indiciado],
mientras que a quien se le ha formulado imputación y por tanto es investigado, se le denomina
imputado. Finalmente a quien se le formula acusación, se le denomina acusado”. Defensoría del
Pueblo, Tres lustros de jurisprudencia constitucional, marzo 1992 – febrero 2007, Primer Informe
del Observatorio de Justicia Constitucional, Tomo 2, Bogotá DC, 2009, p. 40. Para efectos de
este capítulo se denominará sindicado, tanto a quien es objeto de indagación como a quien es
formalmente investigado.
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