el regimen juridico de las juntas de compensacion. - Seminari de ...

Ayuntamiento demandado y aprobado por el Pleno del mismo, que a las presentes alturas
vincula a la parte actora y a la Administración demandada. Como que las partes han
demostrado conocer sobradamente la naturaleza jurídica y efectos de la figura de los
convenios urbanísticos esta sentencia resulta aligerada de seguir insistiendo sobre esa
temática. En todo caso, ineludiblemente debe reconocerse que como tal convenio urbanístico
sólo puede vincular y vincula a las partes que lo suscribieron, sin que sea dable entender que
pueda vincular a terceros. Y, de otra parte, resulta manifiesto que ese convenio urbanístico se
caracteriza, sustancialmente y en la parte que interesa, en materia de anticipar determinados
supuestos de gestión urbanística.
Otra cosa, claro está, es que las correspondientes obras e importes satisfechos en su
momento lo hayan sido en beneficio de una o varias actuaciones urbanísticas y, en definitiva,
en favor de terceros, con lo que ello supone en materia del título jurídico "enriquecimiento
injusto" que, como debe ser sobradamente conocido, es perfectamente aplicable al
ordenamiento jurídico administrativo y, en particular, a la órbita urbanística que nos ocupa.
Con ello no se quiere decir otra cosa que, si se trataba de cuestionar el supuesto, las
convenciones pactadas relativas a imputar determinados importes en instrumentos
equidistributivos de gestión urbanística no puede ponerse eficazmente en cuestión.
2.- Puestos a profundizar sobre los términos pactados en el convenio urbanístico firmado a 19
de marzo de 1991 y aprobado a 21 de marzo de 1991, debe destacarse especialmente que las
menciones al Sistema de Compensación o/y Junta de Compensación no se estiman en modo
alguno esenciales sino meramente indicativas y susceptibles de comprender a cualquiera otro
Sistema de Actuación Urbanística que, en su caso, fuese de aplicación en el futuro para el final
agotamiento de la actuación urbanística que se trataba de llevar a cabo. Desde esa perspectiva
nada hay que objetar a que los términos convenidos deban desplegar sus correspondientes
efectos cuando de la aplicación del posterior Sistema de Cooperación se trata y a cuyo tenor
hay que remitirse, especialmente por lo que hace referencia al Proyecto de Reparcelación y
sus correspondientes instrumentos jurídicos urbanísticos.
3.- En el ámbito de lo pactado, desde luego, no nos hallamos en el régimen de la
responsabilidad subsidiaria que se alude en el texto del Convenio Urbanístico ya que, ante el
acopio tan sustancial de tiempo que la Administración ha tenido a bien ir incorporando al caso
y ante la falta de los instrumentos urbanísticos de rigor que señalasen la infructuosidad de
alguna obligación principal que pudiese determinar el régimen de una responsabilidad
subsidiaria, brilla por su ausencia cualquier elemento que permitiese viabilizar esa
responsabilidad.
4.- Efectivamente nos hallamos en la órbita de un pronunciado retardo y demora en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de la Administración ya que, sin que sea
dable hacer un amalgamamiento improcedente de los instrumentos jurídicos urbanísticos
propios del caso y de las incidencias del mismo, no puede pasarse por alto la relevante
trascendencia que tiene haber suscrito unas obligaciones en el año 1991 para el buen fin de
una actuación urbanística que se trataba de anticipar y, pasando por las solicitudes de la parte
actora a finales de 1998, a las presentes alturas seguir observando que se trata de seguir
redirigiendo el caso a un futurible de liquidación definitiva en concepto de cuotas urbanísticas
derivadas de un proyecto de reparcelación, sin haber adoptado medidas más eficaces y
eficientes al respecto.
Ciertamente, el Convenio Urbanístico que nos ocupa no alcanza a precisar con el detalle que
fuera preciso el ámbito temporal en el que deberían cumplirse las correspondientes
obligaciones, especialmente las de imputación al proyecto equidistributivo de su razón de los
correspondientes importes y tampoco las del giro de las correspondientes cuotas urbanísticas.
No obstante, se forma cabal convencimiento de que las invocaciones prohibitivas al
retraso y demora que se señalaron en el convenio han resultado transgredidas por la
Administración demandada de tal suerte que, en todo caso con fundamento no sólo ya en los
términos pactados sino en atención a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas -así por todos baste la cita de los artículos 9.3, 106.2 de nuestra
Constitución , 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
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