el regimen juridico de las juntas de compensacion. - Seminari de ...

haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 7 de abril de 2005, a la hora prevista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de la JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR DE SUELO
URBANIZABLE PROGRAMADO NUMERO 5, "LA CISA", DE PREMIA DE DALT contra el
Decreto núm. 426, de 4 de agosto de 1999, del Alcalde del AYUNTAMIENTO DE VILASSAR
DE DALT por virtud del que, en esencia, se decretó "1. Desestimar el
recurs de reposició interposat pel Sr. En data 29 de juny de 1999, el Sr. Raúl , actuant
en representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Cisa. 2. Confirmar el
decret 283/99 ".
Todo ello tiene como antecedente el pronunciamiento administrativo sustancial del
Decreto 283/1999, de 28 de mayo , de la misma Alcaldía por el que,
sustancialmente, se ordenaba la suspensión de las obras de urbanización que se ejecutaban
en el término municipal de Vilassar de Dalt.
SEGUNDO .- Una vez se examinan las alegaciones de las partes, bien se puede comprender
que nos hallamos ante una controversia que exige y ha exigido precisar si parte del ámbito
territorial del denominado Plan Parcial la Cisa se hallaba en el territorio del Ayuntamiento de
Vilassar de Dalt.
A las presentes alturas y con apoyo de la prueba pericial de que se dispone debe señalarse
que, sin contradicción eficaz, el convencimiento debe recaer y recae en el sentido
argumentado por el perito procesal. Así se debe estimar que existe una superficie de unos
13.506 m2 que se halla en el término municipal de Vilassar de Dalt -concretamente los
sustancialmente identificados en la ampliación de la prueba pericial mediante documento
fechado a 6 de septiembre de 2004-.
Siendo ello así debe llegarse a la inamovible conclusión que por más relevancia que se trate
de efectuar con el mero apoyo de unas figuras de planeamiento urbanístico general, parcial,
como de otras, como del simple apoyo que pudieran dispensar algunas figuras de gestión
urbanística -así de algún proyecto equidistributivo o de urbanización, como de cualquier otro-,
todos ellos de Premià de Dalt, en forma alguna pueden dar cobertura cierta y eficaz sobre
actuaciones a desplegar fuera del ámbito territorial de su municipio. Baste recordar, a los
presentes efectos, que por expresa y expresiva disposición de los artículos 10 y 11
de la Ley 8/1987 , Municipal y de Régimen Local de Cataluña, el término
municipal y sólo él es el ámbito territorial donde el Ayuntamiento ejerce sus competencias y
que las competencias de los entes locales se entienden referidas precisamente a sus
territorios respectivos. Dicho en otras palabras y por si existiese alguna duda, los instrumentos
de planeamiento urbanístico y los instrumentos de gestión urbanística que se traen a colación
no alcanzan la fuerza ni necesaria ni suficiente para poder alterar por sí el ámbito territorial en
que los Ayuntamientos pueden ejercer sus competencias.
Por consiguiente, desde la perspectiva procesal de la parte actora que lógicamente ninguna
pretensión de ilegalidad pretende sobre esos supuestos debe aplicarse el artículo 6
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las correspondientes figuras de
planeamiento urbanístico y estimar inaplicables por contrarios a la Ley las disposiciones de los
mismos que pudieran avalar la tesis de la parte actora. Y, por otra parte, descartar en su
relevancia los pretendidos actos administrativos urbanísticos de gestión urbanística que se
hacen valer igualmente, en cuanto dictados por el Ayuntamiento de Premià de Dalt, ya que por
su obviedad no va a ser necesario abundar innecesariamente en que la presunción de
legalidad y acierto en que se planea en forma alguna puede desplegar sus efectos respecto a
actuaciones para las que una vez se ha acreditado se tratan de realizar en término municipal
ajeno, simple y sencillamente debe calificarse el caso como que se carece manifiestamente de
competencia territorial.
Y es así que, por otra parte, es decir desde la perspectiva de la actuación realizada por el
Ayuntamiento de Vilassar de Dalt, y a "sensu contrario" debe concluirse que la actuación
actuada de suspensión de la obras de urbanización en la medida que se ejecutaban en el
término Municipal de Vilassar de Dalt resulta perfectamente ajustada a Derecho precisamente
y por lo que se va razonando por actuarse en su propio término municipal.
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