el regimen juridico de las juntas de compensacion. - Seminari de ...

Junta de Compensación correspondientes a las etapas: I. Años 1988-1993 y II. Años 1994-
1999. Especialmente se apunta a la falta de la correspondiente justificación documental bien
para autorizar los correspondientes importes bien de comprobación de los importes
satisfechos correspondientes.
D) Todo ello extensivo igualmente al presupuesto del año 2000 y a las cantidades aprobadas
como cuota de 40.000 pts por parcela.
E) Finalmente se dirige la atención y se discute el traslado del domicilio social a Madrid.
En todo caso, interesa señalar que como el Suplico de la demanda contiene la solicitud de
nulidad de los acuerdos 2º, 4º, 5º y 8º de los Acuerdos de 29 de enero de 2000 debe
concretarse, en la parte menester, que en el acuerdo 2º se aprobó el cambio de domicilio, en el
acuerdo 4º se aprobaron la Memoria, Cuentas, Balances y Presupuestos de la Junta de
Compensación correspondientes a las etapas: I. Años 1988-1993 y II. Años 1994-1999, en el
acuerdo 5º el Presupuesto de la Junta de Compensación para el año 2000 y en el acuerdo 8º la
determinación de las aportaciones económicas a realizar por los asociados.
TERCERO .- Pues bien, examinando detenidamente las razones dadas por la Administración
demandada, por lo demás tan sucintas y lacónicas, debe destacarse que la decisión del
presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Aunque no deja de sorprender que a las presentes alturas deba seguirse reiterando
que en la materia urbanística rige la acción pública -por todos, baste la cita del
artículo 296 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio , por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de
Urbanismo, aplicable al caso por razones temporales y sin perjuicio de recordar que ese
reconocimiento, por lo demás tradicional en derecho urbanístico, sigue estando previsto en el
artículo 12 de la Ley 2/2002, de 14 de abril , de Urbanismo de Cataluña-.
Por consiguiente, en modo alguno cabe cuestionar la legitimación de los sujetos que
conforman la parte actora máxime cuando si se trataba de aludir a que determinadas
pretensiones de situación jurídica individualizada no podían ser ejercitadas por los titulares de
la acción pública las meras pretensiones de nulidad pretendidas de los acuerdos que se han
sintetizado con anterioridad no permiten ni siquiera intuir esa posible dirección de alegaciones.
2.- A su vez y dirigiendo la atención a las dos primeras líneas argumentales de la parte actora
igualmente debe decirse que no deja de sorprender que a las presentes alturas se sigan
manteniendo unas alegaciones formales -así por falta de motivación del acuerdo municipal de
2 de abril de 2001 y por incompetencia del Presidente de la Junta de Compensación para
resolver el 17 de enero de 2001 el recurso de reposición formulado- cuando, de un lado y en
todo caso, dejan incólumes los acuerdos adoptados el 29 de enero de 2000, y, de otro lado,
como la realidad de lo actuado pone de manifiesto la retroacción de actuaciones que habría
que acordar determinaría con toda probabilidad, rayando en la certeza absoluta, la práctica
repetición de los pronunciamientos desestimatorios de los recursos formulados una vez
salvadas las críticas que se han ofrecido por la parte actora. Efectivamente, sin perjuicio de lo
que se argumentará a continuación, bien se puede comprender que la debida decisión del
fondo del caso no puede apartarse de la debida consideración de la presente sentencia.
No obstante, para dar cumplida respuesta a las temáticas que se han expuesto debe
señalarse, en primer lugar, que el atento estudio del acuerdo de 2 de abril de 2001 permite
estimar que se halla mínima y suficiente fundado y motivado en el criterio desestimatorio que
respecto a las alegaciones del recurso formuladas resulta del mismo.
Y, en segundo lugar, ha lugar a estimar la improcedencia de que el Presidente de la Junta
de Compensación pudiera resolver el 17 de enero de 2001 el recurso de reposición formulado
anteriormente ya que, en apretada síntesis sin alegación eficaz en contrario, cuanto menos, no
resulta evidenciado que la modificación estatutaria que le confería esa función resolutoria en
sede de recurso administrativo hubiera sido aprobada por el Ayuntamiento como exige el
artículo 8.3 de los Estatutos de la Junta de Compensación .
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