el regimen juridico de las juntas de compensacion. - Seminari de ...

EL REGIMEN JURIDICO DE LAS JUNTAS DE
COMPENSACION.
1.- Las Juntas de Compensación como Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.
2.- Las Juntas de Compensación: Personalidad Jurídica y Naturaleza
Jurídico Pública.
3.- Las Juntas de Compensación: Organos y Funciones.
4.- Las Entidades Urbanísticas Colaboradoras Provisionales.
5.- Las Juntas de Compensación antes de su Inscripción en el Registro
de Entidades Colaboradoras.
6.- Las Juntas de Compensación inscritas en el Registro de Entidades
Colaboradoras.
7.- Las Juntas de Compensación en liquidación.
8.- El régimen jurídico privado disfuncional.
9.- El régimen jurídico privado cuasidisfuncional.
10.- El régimen jurídico privado interesadamente buscado para
desplazar el derecho urbanístico.
11.- El régimen jurídico público: Supuestos discrecionales y supuestos
reglados.
12.- El régimen jurídico público: Los convenios urbanísticos.
Manuel Táboas Bentanachs.
Magistrado.
Sección 3ª. Sala Contencioso Administrativo.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
17/11/2006.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Recurso nº 79/2002
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
DON JOSE JUANOLA SOLER
MAGISTRADOS
DON MANUEL TABOAS BENTANACHS
DOÑA ANA RUBIRA MORENO
SENTENCIA Nº 195/2005
En la ciudad de Barcelona, a cuatro de marzo de dos mil cinco.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA
en el recurso contencioso-administrativo número 79/2002, interpuesto por DOÑA Melisa
, DON Paulino , DON Jose Francisco , DON Jesús Ángel , DOÑA
Amanda , DOÑA Esperanza , DOÑA Natalia , DOÑA María Dolores
, DON Darío , DOÑA Dolores , DON Iván , DOÑA Montserrat
, DON Rosendo , DON Carlos Miguel , DOÑA Ana , DOÑA
Fátima , DON Alfredo , DOÑA Regina , DOÑA Ángela , DON
Federico , DOÑA Gloria , DON Lucio , DOÑA Soledad Y DOÑA
Carmela , representados por la Procuradora DOÑA MARIA GREGORIA TUEBOLS
MARTINEZ y dirigidos por el Letrado DON JOAQUIN OLIVA SALA, contra el CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA, representado por la Procuradora DOÑA MARTA PRADERA
RIVERO y dirigido por el Letrado DON SEBASTIAN MARTINEZ DE TRINCHERIA. Es Ponente
Doña ANA RUBIRA MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría
de esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra las liquidaciones de las
cuotas de la URBANIZACIÓN000 de Maçanet de la Selva correspondientes al
segundo semestre del año 2001.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras
relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba
suplicando que se dictara sentencia por la que se estime el recurso y se declare que las
liquidaciones correspondientes al tercero y cuarto trimestre de 2001 de las cuotas de
conservación no son conformes a derecho, condenando a la demandada a devolver el importe
de las liquidaciones, más los intereses.
TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la
inadmisibilidad del recurso y subsidiariamente su desestimación y lo mismo pidió la
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codemandada.
CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y se recibió el juicio a prueba mediante
auto de 6 de noviembre de 2002 , con el resultado que obra en autos,
evacuándose el trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 2 de
marzo de 2005.
QUINTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso
contencioso administrativo tiene por objeto el requerimiento de pago de las liquidaciones de las
cuotas de urbanización de la URBANIZACIÓN000 de Maçanet de la Selva,
correspondientes al segundo semestre del año 2001, efectuado por el Consell Comarcal de la
Selva.
La pretensión anulatoria y de reconocimiento de derecho de la actora se basó en las
siguientes consideraciones jurídicas: 1. Las cuotas liquidadas no han sido aprobadas por la
Junta de Compensación; 2. Vulneración de los artículos 25 y 18 de los Estatutos de la Junta
de Compensación en cuanto obligan a la aprobación anual del presupuesto y de las cuotas de
conservación; 3. Vulneración del artículo 69 del RGU y del
artículo 18 de los citados estatutos en cuanto que la participación en los gastos de
conservación y mantenimiento de la urbanización ha de ser proporcional al porcentaje de
propiedad que corresponda según lo fijado por la Junta de Compensación.
A dicha pretensión se opone la Administración demanda alegando: 1. Inadmisibilidad
parcial del recurso por desviación procesal ya que interpuesto recurso contencioso
administrativo contra las liquidaciones de las cuotas de conservación correspondientes al
segundo semestre de 2001, en el súplico de la demanda se pide la declaración de ilegalidad
de todas las cuotas del ejercicio 2001 y no solo las correspondientes al segundo semestre
correspondientes a los recurrentes; 2. Inadmisibilidad de la petición de devolución por falta de
pago; 3. Inadmisibilidad por no poner los actos recurridos fin a la vía administrativa, ya que
contra el acuerdo de 27 de enero de 2000 cabía recurso de alzada y contra la liquidación
recurso de reposición conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, sobre el procedimiento
recaudatorio , dado que se trataría de un acto de ejecución del acuerdo
adoptado por la Junta de Compensación, además de que se trata de actos consentidos por
los actores; 4. Eficacia de los acuerdos adoptados el 27 de enero de 2000 en uso de la
autonomía de la voluntad y libertad de pactos.
Por su parte la codemandada alega: 1. Inadmisibilidad del recurso por actos propios de los
actores ya que la mayoría de los cuales aprobaron la prórroga de las cuotas; 2. Inadmisibilidad
parcial de la demanda por desviación procesal al interponer recurso contra las liquidaciones
del segundo semestre de 2001 y pedir la ilegalidad de todas las cuotas de 2001; 3.
Inadmisibilidad por no haber agotado la vía administrativa interponiendo los asistentes a la
Junta que votaron en contra recurso de alzada contra el acuerdo de la Junta de Compensación
y los no asistentes recurso de reposición contra las liquidaciones; 4. Validez y eficacia del
acuerdo de 27 de febrero de 2000 aprobado por parte de los actores en atención al principio
de libertad de pactos.
SEGUNDO.- Opuesta la inadmisibilidad del recurso procede resolver con carácter previo sobre
las excepciones procesales hechas valer por la parte demandada y la codemandada.
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Contrariamente a lo defendido por la Administración demandada y la codemandada, en el
súplico de la demanda no se pide la disconformidad a derecho de todas las liquidaciones de
cuotas del año 2001, sino sólo de las correspondientes al segundo semestre. De estimarse en
la sentencia que las cuotas liquidadas correspondientes a ese semestre, cuyo pago se
requiere, son contrarias a derecho, esa declaración alcanzaría a los recurrentes y comportaría
la devolución de las cantidades satisfechas por esa concepto, sin perjuicio de los efectos que
pudieran derivar respecto de las liquidaciones de otros propietarios.
En el artículo 69 de la LJCA se recogen las causas de
inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, sin que en el mismo se recoja como tal
la hecha valer en primer lugar por la codemandada, referida a actos propios de los actores, por
lo que no procede su apreciación, sin perjuicio de la valoración que proceda efectuar sobre la
cuestión hecha valer en esa alegación.
Dado que el presente recurso no tiene por objeto el acuerdo adoptado el 27 de febrero de
2001 por la Junta de Compensación no cabe exigir para estimar agotada la vía administrativa
la interposición de recurso de alzada contra el ese acuerdo ante el Ayuntamiento de Maçanet
de la Selva. Respecto del recurso de reposición a formular contra las liquidaciones conforme a
lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales , es de ver que en la notificación de las
mismas no se recogió indicación en ese sentido por lo que la Administración demandada no
puede hacer valer en perjuicio de los interesados la notificación defectuosa. El derecho a la
tutela judicial efectiva y a que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, proclamados en
el artículo 24 de la Constitución , impide que los efectos
perjudiciales de una notificación defectuosa, por no contener indicación de recursos, recaigan
en el interesado, causándole indefensión, ( STS de 15 de noviembre de 1996, 5 de
mayo de 1992 y 22 de febrero de 1990, entre otras ).
Procede, pues, desestimar todas las causas de inadmisibilidad del recurso opuestas por
demandada y codemandada.
TERCERO.- Según dispone el artículo 170 del Decreto Legislativo 1/1990, de
12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la legislación vigente en materia de
Urbanismo (TRLUC ), los propietarios de los terrenos afectados por una
actuación urbanística están sujetos al cumplimiento de las cargas siguientes: a) Efectuar las
cesiones de terrenos que se establecen en esta Ley; b) Sufragar los gastos de urbanización.
Las obligaciones y cargas de los propietarios del suelo serán objeto de justa distribución entre
los mismos, junto con los beneficios derivados del planeamiento ( artículo 174 del
TRLUC).
Si bien conforme a lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos de la Junta de
Compensación del Plan Parcial de Mont-Barbat, en relación con el 18, corresponde a la
Asamblea General la aprobación anual de las cuotas ordinarias, es de ver que las
liquidaciones giradas a los recurrentes tienen su origen en el acuerdo adoptado por la misma
el 27 de febrero de 2000, no el 27 de enero de ese mismo año, como de forma errónea se
indica en la certificación obrante en el expediente administrativo, como se aprecia en el
documento número uno acompañado con el escrito de contestación a la demanda de la Junta
de Compensación demandada y se desprende del resultado de la prueba testifical practicada,
que aprobó por unanimidad la prórroga indefinida del presupuesto de 1999, con una cuota
anual de 18.000 pesetas por parcela y año pagaderas en dos semestres, hasta la convocatoria
para la aprobación del presupuesto del proyecto de deficiencias que se estaba elaborando por
mediación del Ayuntamiento de Maçanet. El acuerdo de prórroga del presupuesto de 1999
hasta la convocatoria para la aprobación de un nuevo presupuesto y fijación de la cuota anual
resultante, adoptado en atención al principio de autonomía de la voluntad y libertad de pactos,
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vincula a todos los propietarios integrados en el Junta y no implica vulneración de lo dispuesto
en los Estatutos de la Junta de Compensación en cuanto que no tiene carácter indefinido sino
temporal y atiende a la situación existente en el momento de aprobar un nuevo presupuesto
anual.
Rechazados todos los motivos de impugnación procede desestimar el recurso.
CUARTO. - No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al
no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139
de la Ley Jurisdiccional .
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
Primero. Desestimar las causas de inadmisibilidad opuestas por demandada y codemandada.
Segundo. Desestimar el recurso interpuesto por Doña Melisa y otros contra el
requerimiento de pago de las liquidaciones de las cuotas de urbanización de la
URBANIZACIÓN000 de Maçanet de la Selva, correspondientes al segundo semestre del
año 2001, efectuado por el Consell Comarcal de la Selva., por ser conforme a derecho.
Tercero. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la
substanciación del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos
que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha. Doy fe.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº: 406/2002
PARTES : Lázaro Y Flor
C/ AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES
Ilustrísimos Señores :
MAGISTRADOS
D. JOSÉ JUANOLA SOLER.
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS
D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ.
BARCELONA, a uno de abril de dos mil cinco.
S E N T E N C I A Nº 251
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 406/2002,
seguido a instancia de Don Lázaro y Doña Flor ,
representados por el Procurador Don ANTONIO MARIA DE ANZIZU FUREST, contra el
AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES, representado por la Letrada Doña MARIA
CONCEPCION CORTES SANCHEZ, sobre Urbanismo-Gestión.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS .
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- El 8 de octubre de 2001 la Comissió municipal de Govern del Ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallès dictó Acuerdo por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación
complementaria del proyecto de reparcelación de les Casetes de Can Rabella.
2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo
escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda
articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.
3º.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.
4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos.
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5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron
haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 10 de marzo de 2005, a la hora prevista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de Don Lázaro y Doña Flor contra el Acuerdo
de 8 de octubre de 2001 de la Comissió municipal de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación
complementaria del proyecto de reparcelación de les Casetes de Can Rabella.
SEGUNDO .- Como no les debe pasar desapercibido a las partes la problemática del
presente proceso ya ha tenido conocimiento por este tribunal en los autos 317/2000, decididos
por nuestra Sentencia nº 634, de 23 de septiembre de 2004 , que
procede relacionar del siguiente modo:
1.- Ese recurso contencioso administrativo tuvo por objeto la pretensión anulatoria ejercitada a
nombre de la entidad CAIXA PENEDES contra el Acuerdo de 6 de marzo de 2000 de la
Comissió de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES por el que, en
esencia, se denegó el recurso de reposición contra el anterior Acuerdo del mismo órgano de
13 de diciembre de 1999 que estimó en parte la solicitud de 4 de diciembre de 1998 en el
sentido de reconocer que se incluya en la liquidación definitiva del Proyecto de Reparcelación
del Sector les Casetes de Can Rabella la cantidad abonada por la entidad CONFORT
PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. en concepto de obras de urbanización, en cumplimiento
del Convenio Urbanístico firmado el 19 de marzo de 1991, de acordar que una vez finalizada la
obra urbanizadora de ese Sector se proceda a elaborar la liquidación definitiva del Proyecto de
Reparcelación y se proceda a aprobar las cuotas urbanísticas definitivas entre las que deberán
incorporarse el importe de las obras de urbanización anticipadas por la entidad CONFORT
PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. encargando al Servicio de Actuación Urbanística la
realización de la citada liquidación definitiva y denegar el pago de la cantidad de 127.278.616
pts. más el IVA correspondiente con cargo al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ni en
concepto de responsabilidad subsidiaria ni en concepto de responsabilidad patrimonial. Así
mismo se cuestionaba la legalidad de esa anterior Acuerdo.
2.- Los razonamientos de la Sentencia referida pueden relacionarse del siguiente modo:
"SEGUNDO .- La parte actora discute la legalidad de los actos impugnados, en esencia,
haciendo referencia al Convenio Urbanístico suscrito entre la Alcaldía del Ayuntamiento de
Sant Cugat del Vallès y la entidad CONFORT P.I.S.A. de fecha 19 de marzo de 1991 y el
Acuerdo del Pleno del referido Ayuntamiento de 21 de marzo de 1991 que lo aprobó -baste a
los presentes efectos remitirse a sus dictados al obrar en el ramo de prueba de la parte actora
reproducción integral de su contenido-.
En ese sentido se va concretando que, por virtud de lo acordado en el Convenio Urbanístico
antes citado, la entidad CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. avanzaba los costes
correspondientes a diversas obras de urbanización comprendidas en el Sector les Casetes de
Can Rabella así como otras situadas fuera de ese Sector y, a su vez, se acordaba que los
gastos y los costes pagados anticipadamente habían de ser imputados respectivamente y en lo
que ahora interesa, de un lado, a la Junta de Compensación del Plan Parcial les Casetes de
Can Rabella, y, de otro lado, que la reparcelación del PERI "Capella de Sant Joan" fueran
distribuidos entre todos los propietarios afectados.
Se afirma que se ejecutaron y finalizaron las obras de urbanización de las cuales las
imputables al Sector les Casetes de Can Rabella ascendieron a la cantidad de 127.278.516
ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de IVA, lo que hace un total de 143.167.794 ptas.,
como así resulta del certificado del Secretario General del Ayuntamiento demandado de fecha
12 de enero de 1995 y en el informe técnico previo de 23 de febrero de 1994 donde constan
los pagos anticipados correspondientes a los costes de urbanización imputados al Sector les
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Casetes de Can Rabella -baste a los presentes efectos remitirse a sus dictados al obrar en el
ramo de prueba de la parte actora reproducción integral de su contenido-. Y, asimismo, consta
en las actuaciones y tenor de los acuerdos impugnados.
La parte actora, cuyo título legitimador hecho valer es la Escritura Pública de cesión de crédito
de 17 de abril de 1996 entre la entidad CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. y la
propia entidad actora de este proceso -con constancia suficientes autos-, señala que en fecha
4 de diciembre de 1998 presentó escrito ante el Ayuntamiento solicitando, en cumplimiento del
Convenio Urbanístico de reiterada invocación, se liquidase el importe de 143.167.794 ptas.,
correspondiente al capital e IVA relativos a las obras de urbanización anticipadas. Asimismo
destaca que a 4 de marzo de 1999 reiteró su solicitud y transcurridos tres meses solicitó
certificación de acto presunto que fue contestada por el acuerdo de 13 de diciembre de 1999,
impugnado en este proceso, que recurrido en reposición fue desestimado por el acuerdo de 6
de marzo del 2000, igualmente impugnado en éste proceso.
En todo caso, se insiste que resulta irrelevante que por razón de la actuación urbanística la
previsión originaria para con el Sistema de Compensación fuese posteriormente sustituida por
el Sistema de Cooperación con lo que ello supone en materia de Proyecto de Reparcelación
en vez de Proyecto de Compensación y de la Asociación Administrativa de Cooperación en
vez de la Junta de Compensación, y que según los dictados del Convenio Urbanístico de
reiterada invocación el Ayuntamiento se constituía en responsable subsidiario de la efectividad
de los pagos correspondientes y se comprometía a exigir las cuotas de urbanización a los
correspondientes propietarios, añadiéndose que el Ayuntamiento en ningún caso podría
retrasar o demorar la tramitación de los citados expedientes -así, se citan las cláusulas 3ª, 4ª y
8ª del referido Convenio Urbanístico-.
La parte actora de la misma forma dirigiendo su atención a la Asociación Administrativa de
Cooperación de les Casetes de Can Rabella insiste en que ésta no puede alegar
desconocimiento ni del Convenio Urbanístico de 19 de marzo de 1991 ni de las cantidades
adelantadas ya que así consta en el acta constituyente de esa asociación celebrada el 26 de
noviembre de 1993, esos estatutos -así en su artículo 4- y en razón a la información relativa a
la asamblea de 12 de enero de 1995 para con todos los miembros de esa asociación.
Por otra parte, la parte actora incide en que también correspondería imputar al Sector de les
Casetes de Can Rabella determinadas obras de urbanización comprendidas en el Convenio
Urbanístico y que no se encuentran propiamente en ese Sector. A ese respecto se apunta a
las obras correspondientes a la Riera de Can Ganxet y se trata de apoyar ese supuesto en una
Modificación del Plan Parcial de ordenación de les Casetes de Can Rabella, que se aprobó
definitivamente el 25 de marzo de 1992, que determinó que a ese Sector le fuese imputable el
desvío de la Riera de Can Ganxet entre la calle Victòria y el límite con el Sector de les Planes
de Can Rabella -a ese respecto se cita el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona
de 25 de noviembre de 1992 que corrigió su anterior Acuerdo de 25 de marzo de 1992-.
Finalmente, insistiéndose en la notable acumulación de tiempo sin actuación efectiva
alguna respecto a las cantidades reclamadas, ni el título de liquidación provisional ni el título
de liquidación definitiva, citando inclusive a su favor el artículo 128.1 del Reglamento
de Gestión Urbanística , se termina solicitando única y exclusivamente el
importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de IVA más los intereses
legales que se entienden producidos desde que se aprobó definitivamente el Proyecto de
Reparcelación en fecha 21 de marzo de 1995.
TERCERO .- De la misma forma, tratando de sintetizar las alegaciones de la Administración
demandada, debe señalarse que el Ayuntamiento entiende que ha respetado las obligaciones
asumidas en el Convenio Urbanístico de 19 de marzo de 1991 ya que entiende que estas
obligaciones debían concretarse en la liquidación definitiva de la reparcelación y a tal efecto se
cita que la recepción municipal de las obras de urbanización se lleva cabo el 31 de mayo de
1999 y que en el acuerdo impugnado de 13 de diciembre de 1999 se encomendó la
elaboración de la liquidación definitiva, máxime cuando se van citando pluralidad de trámites
que ha habido que acometer -modificación del Sistema de Actuación de Compensación a
Cooperación, aprobación de la Asociación Administrativa de Cooperación, Proyecto de
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Reparcelación y Proyecto de Urbanización- y, en todo caso, se niega la procedencia de la
responsabilidad subsidiaria.
Dirigiendo la atención y el examen a las alegaciones formuladas por las partes
codemandadas debe significarse que, sustancialmente, se hace valer que las obras de
urbanización ejecutadas anticipadamente se realizaron con anterioridad a la tramitación del
Proyecto de Reparcelación y al Proyecto de Urbanización y sólo en interés exclusivo del
Ayuntamiento y de la entidad mercantil promotora por lo que sus efectos no pueden vincular al
resto de los propietarios que no suscribieron el Convenio Urbanístico de 19 de marzo de 1991.
Se planea en alegaciones relativas a la indebida e irregular tramitación del Proyecto de
Urbanización, imputable exclusivamente al promotor y se terminan sus alegaciones invocando
el artículo 128.1 del Reglamento de Gestión Urbanística en el
sentido que transcurridos cinco años de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación -
en este caso producida a 21 de marzo de 1995- no procede girar ninguna cuota de
urbanización a título de liquidación definitiva lo que conlleva igualmente la improcedencia de la
reclamación de los intereses que se pretenden de contrario.
CUARTO .- En una primera aproximación a los temas planteados por las partes y para centrar
debidamente el examen de fondo a efectuar interesa señalar lo siguiente:
A.- Nada hay que objetar a la legitimación de la parte actora cuando debidamente ha
acreditado su título jurídico de cesión, que no se ha contradicho de ninguna forma eficazmente.
B.- Por exigencias procesales si la parte actora ha concretado sus solicitudes en vía
administrativa y, muy especialmente, si la parte actora las ha reiterado en la presente vía
jurisdiccional en relación al importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de
IVA más los intereses legales -bastando remitirse a los concretos pedimentos de la solicitud
final de la demanda-, debe centrarse el examen precisamente en esos importes sin que sea
dable añadir otros como los que veladamente se han hecho referencia por razón de
determinadas obras de urbanización comprendidas en el Convenio Urbanístico de reiterada
invocación sobre el que deberemos volver y que no se encuentran propiamente en ese Sector
-así especialmente para las obras correspondientes a la Riera de Can Ganxet-.
C.- Efectivamente no puede ponerse en duda la existencia y eficacia del Convenio Urbanístico
suscrito entre la Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y la entidad CONFORT
P.I.S.A. de fecha 19 de marzo de 1991 y el Acuerdo del Pleno del referido Ayuntamiento de 21
de marzo de 1991 que lo aprobó, cuando sobradamente se ha demostrado sus respectivos
contenidos y a cuyo tenor hay que remitirse.
D.- Ninguna prueba ha logrado desvirtuar las actuaciones administrativas que eficazmente han
puesto de manifiesto que se ejecutaron y finalizaron las obras de urbanización relativas al
Sector les Casetes de Can Rabella y que ascendieron a la cantidad de 127.278.516 ptas. más
15.889.278 ptas. en concepto de IVA, lo que hace un total de 143.167.794 ptas. Más todavía,
si de alguna forma se trataba de poner en cuestión que esas obras o importes no se ajustan,
objetiva y temporalmente, de alguna manera al Proyecto de Reparcelación o/y Urbanización
finalmente aprobado debe señalarse que esa conclusión no se alcanza ni siquiera
indiciariamente.
E.- Y, de la misma forma, debe reconocerse que la Asociación Administrativa de Cooperación
que conforma con otras la parte demandada ha tenido conocimiento, desde su constitución y
trámites precedentes, de esa ejecución de obras y abono de importes, bastando remitirse no
sólo a la verdadera obviedad que representa su efectiva realización en su beneficio, que no les
podía pasar por alto, sino por las prescripciones estatutarias y actuaciones seguidas en su
consideración, sobradamente puestas de manifiesto por la parte actora.
QUINTO .- Y es así que, descendiendo a examinar las pretensiones contradictorias hechas
valer por las partes contendientes en el presente proceso, debe señalarse que la decisión del
mismo deriva de lo siguiente:
1.- Efectivamente nos ocupa un Convenio Urbanístico, suscrito por la Alcaldía del
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Ayuntamiento demandado y aprobado por el Pleno del mismo, que a las presentes alturas
vincula a la parte actora y a la Administración demandada. Como que las partes han
demostrado conocer sobradamente la naturaleza jurídica y efectos de la figura de los
convenios urbanísticos esta sentencia resulta aligerada de seguir insistiendo sobre esa
temática. En todo caso, ineludiblemente debe reconocerse que como tal convenio urbanístico
sólo puede vincular y vincula a las partes que lo suscribieron, sin que sea dable entender que
pueda vincular a terceros. Y, de otra parte, resulta manifiesto que ese convenio urbanístico se
caracteriza, sustancialmente y en la parte que interesa, en materia de anticipar determinados
supuestos de gestión urbanística.
Otra cosa, claro está, es que las correspondientes obras e importes satisfechos en su
momento lo hayan sido en beneficio de una o varias actuaciones urbanísticas y, en definitiva,
en favor de terceros, con lo que ello supone en materia del título jurídico "enriquecimiento
injusto" que, como debe ser sobradamente conocido, es perfectamente aplicable al
ordenamiento jurídico administrativo y, en particular, a la órbita urbanística que nos ocupa.
Con ello no se quiere decir otra cosa que, si se trataba de cuestionar el supuesto, las
convenciones pactadas relativas a imputar determinados importes en instrumentos
equidistributivos de gestión urbanística no puede ponerse eficazmente en cuestión.
2.- Puestos a profundizar sobre los términos pactados en el convenio urbanístico firmado a 19
de marzo de 1991 y aprobado a 21 de marzo de 1991, debe destacarse especialmente que las
menciones al Sistema de Compensación o/y Junta de Compensación no se estiman en modo
alguno esenciales sino meramente indicativas y susceptibles de comprender a cualquiera otro
Sistema de Actuación Urbanística que, en su caso, fuese de aplicación en el futuro para el final
agotamiento de la actuación urbanística que se trataba de llevar a cabo. Desde esa perspectiva
nada hay que objetar a que los términos convenidos deban desplegar sus correspondientes
efectos cuando de la aplicación del posterior Sistema de Cooperación se trata y a cuyo tenor
hay que remitirse, especialmente por lo que hace referencia al Proyecto de Reparcelación y
sus correspondientes instrumentos jurídicos urbanísticos.
3.- En el ámbito de lo pactado, desde luego, no nos hallamos en el régimen de la
responsabilidad subsidiaria que se alude en el texto del Convenio Urbanístico ya que, ante el
acopio tan sustancial de tiempo que la Administración ha tenido a bien ir incorporando al caso
y ante la falta de los instrumentos urbanísticos de rigor que señalasen la infructuosidad de
alguna obligación principal que pudiese determinar el régimen de una responsabilidad
subsidiaria, brilla por su ausencia cualquier elemento que permitiese viabilizar esa
responsabilidad.
4.- Efectivamente nos hallamos en la órbita de un pronunciado retardo y demora en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de la Administración ya que, sin que sea
dable hacer un amalgamamiento improcedente de los instrumentos jurídicos urbanísticos
propios del caso y de las incidencias del mismo, no puede pasarse por alto la relevante
trascendencia que tiene haber suscrito unas obligaciones en el año 1991 para el buen fin de
una actuación urbanística que se trataba de anticipar y, pasando por las solicitudes de la parte
actora a finales de 1998, a las presentes alturas seguir observando que se trata de seguir
redirigiendo el caso a un futurible de liquidación definitiva en concepto de cuotas urbanísticas
derivadas de un proyecto de reparcelación, sin haber adoptado medidas más eficaces y
eficientes al respecto.
Ciertamente, el Convenio Urbanístico que nos ocupa no alcanza a precisar con el detalle que
fuera preciso el ámbito temporal en el que deberían cumplirse las correspondientes
obligaciones, especialmente las de imputación al proyecto equidistributivo de su razón de los
correspondientes importes y tampoco las del giro de las correspondientes cuotas urbanísticas.
No obstante, se forma cabal convencimiento de que las invocaciones prohibitivas al
retraso y demora que se señalaron en el convenio han resultado transgredidas por la
Administración demandada de tal suerte que, en todo caso con fundamento no sólo ya en los
términos pactados sino en atención a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas -así por todos baste la cita de los artículos 9.3, 106.2 de nuestra
Constitución , 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
10

noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
, reguladora de las Bases del Régimen Local, 159 de la Ley 8/1987, de 15 de abril
, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y disposiciones concordantes-, la Administración
demandada ha generado un daño lesivo a la parte actora en clara y nítida relación causal que
debe indemnizar, cifrado en lo que a capital hace referencia en los importes señalados por la
parte actora, en forma alguna contradichos eficazmente, desde luego, sin perjuicio de que por
la vía urbanística de rigor pueda resarcirse en la medida de lo posible de los correspondientes
importes ya que como gastos de urbanización ninguna duda debe caber de que corresponden
a los correspondientes propietarios. Ineludiblemente, sin que sea dable prejuzgar la resultancia
de esa vía, deberá ser en la misma donde haya lugar a pronunciarse, si así se insta y en
derecho procede, sobre el tan débil fundamento que se trasluce en determinadas alegaciones,
quizá a modo obstativo a título de caducidad, referente al plazo de 5 años previsto en el
artículo 128.1 del Reglamento de Gestión Urbanística , que desconoce y
hace tabla rasa, entre otros supuestos, no sólo de la relevante obviedad de la duración de los
procesos contencioso administrativos y de su ejecución, sino también de los plazos legales de
prescripción de los derechos y las correspondientes acciones.
5.- Finalmente, y por lo que a título de intereses se pretende, debe resaltarse la peligrosa
senda en la que se han permitido discurrir las partes poniendo situaciones de hecho por
delante de lo que sólo los instrumentos jurídicos urbanísticos de su razón permiten y con lo que
ello significa en materia de responsabilidad y otros supuestos que no se plantean. Hallándonos
en el ámbito de una anticipada gestión urbanística, y sólo procediendo imputar obras y
cantidades en la medida que aprovechasen a las obras e importes que finalmente se hiciesen
constar en los correspondientes Proyectos de Reparcelación y Urbanización, debidamente
aprobados, y sólo en la medida que se ajustasen a los mismos, en el caso presente por la
deficiente precisión temporal que se tuvo a bien poner de manifiesto en el Convenio
Urbanístico, debe señalarse que el convencimiento recae en que, en todo caso, sólo cabe
reconocer intereses a partir de la fecha en que se formuló la correspondiente solicitud a la
Administración demandada. Por consiguiente, sólo cabe reconocer a la parte actora los
intereses legales de las cantidades señaladas por la parte actora a partir del 4 de diciembre de
1998, fecha que suficientemente demuestra ya la demora pretendida.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada contra los actos impugnados
en el presente proceso en la medida que no reconocieron a la parte actora el abono del
importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas., en concepto de IVA más los intereses
legales de esas dos cantidades que se entienden producidos desde el 4 de diciembre de 1998
a cargo de la Administración municipal y sin perjuicio que ésta por los procedimientos
urbanísticos de rigor pueda exigir las correspondientes cantidades a los propietarios de su
razón, en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva".
3.- La parte dispositiva de la Sentencia referida estableció:
"Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo
interpuesto a nombre de la entidad CAIXA PENEDES contra el Acuerdo de 6 de marzo de
2000 de la Comissió de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES por el
que, en esencia, se denegó el recurso de reposición contra el anterior Acuerdo del mismo
órgano de 13 de diciembre de 1999 que estimó en parte la solicitud de 4 de diciembre de 1998
en el sentido de reconocer que se incluya en la liquidación definitiva del Proyecto de
Reparcelación del Sector les Casetes de Can Rabella la cantidad abonada por la entidad
CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. en concepto de obras de urbanización, en
cumplimiento del Convenio Urbanístico firmado el 19 de marzo de 1991, de acordar que una
vez finalizada la obra urbanizadora de ese Sector se proceda a elaborar la liquidación
definitiva del Proyecto de Reparcelación y se proceda a aprobar las cuotas urbanísticas
definitivas entre las que deberán incorporarse el importe de las obras de urbanización
anticipadas por la entidad CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. encargando al
Servicio de Actuación Urbanística la realización de la citada liquidación definitiva y denegar el
pago de la cantidad de 127.278.616 pts. más el IVA correspondiente con cargo al
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ni en concepto de responsabilidad subsidiaria ni en
concepto de responsabilidad patrimonial y contra ese anterior Acuerdo, del tenor explicitado
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con anterioridad, y ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda articulada anulamos los actos
referidos por ser disconformes a Derecho en la medida que no reconocieron a la parte actora
el abono del importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de IVA más los
intereses legales de esas dos cantidades que se entienden producidos desde el 4 de
diciembre de 1998 a cargo de la Administración municipal y sin perjuicio que ésta por los
procedimientos urbanísticos de rigor pueda exigir las correspondientes cantidades a los
propietarios de su razón y declaramos y, en lo menester, condenamos a la Administración
demandada a que abone a la parte actora esos importes. Se desestiman el resto de
pretensiones".
TERCERO .- A resultas de lo anterior debe destacarse que las alegaciones de la parte
actora poco se compadecen con las premisas y argumentaciones que se han expuesto en la
sentencia relacionada en la parte menester, nº 634, de 23 de septiembre de 2004
, en lo que a las partidas e importes discutidos se hace referencia y que a las presentes alturas
queda incólume al no haberse patentizado elementos que permitan matizar u obstar las
conclusiones a las que se ha llegado y que resultan igualmente apreciables a los efectos del
presente proceso, desde luego, con las consiguientes adaptaciones.
Dicho en otras palabras y con mayor precisión en el presente caso y en razón a la tan delicada
y peligrosa senda en que se hallan las partes y especialmente la Administración demandada,
poniendo por delante una ejecución anticipada del planeamiento antes que la regular
tramitación y actuación formal al respecto y desde luego a salvo otras perspectivas del caso
que no se encuentran en la delimitación del presente recurso contencioso administrativo, debe
centrarse el caso en la perfecta operatividad de unas obras e importes que resultan hechas y
sufragadas en interés de los correspondientes propietarios con lo que ello representa en la
vertiente de su conocimiento, aprovechamiento y beneficio, al punto que el instituto del
enriquecimiento injusto colma sobradamente la calificación del caso y debe desplegar y
despliega sus connaturales consecuencias jurídicas, desvirtuando las líneas argumentales de
la parte actora por lo que a la liquidación complementaria de autos hace referencia.
CUARTO .- Finalmente y a los efectos de prescripción de las cuotas urbanísticas, este
tribunal se ha ido decantando, desde luego y como debe ser sabido, por el rechazo de la
afirmada procedencia de una pretendida prescripción extintiva fundada en el artículo
128 del Reglamento de Gestión Urbanística . Baste a los presentes
efectos citar, por todas, nuestras Sentencias nº 634, de 23 de septiembre 2004, nº
806, de 19 de noviembre de 2004, nº 838, de 29 de noviembre de 2004, nº 858, de 3 de
diciembre de 2004 y nº 103, de 1 de febrero de 2005 , a cuyo tenor procede
remitirse, por lo que igualmente esa tesis debe decaer y desestimarse.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán
en la parte dispositiva.
QUINTO .- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
de 1998 .
FALLAMOS
Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de Don Lázaro y Doña Flor contra el Acuerdo de 8 de octubre de
2001 de la Comissió municipal de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación
complementaria del proyecto de reparcelación de les Casetes de Can Rabella, del tenor
explicitado con anterioridad, y DESESTIMAMOS la demanda articulada.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Hágase saber que la presente Sentencia, en su caso, es susceptible de Recurso de
Casación ante el Tribunal Supremo sólo si se funda en infracción de normas de derecho estatal
o comunitario europeo que haya sido relevante y determinante del fallo, que habrá de
12

prepararse mediante escrito que cumplimente las exigencias del artículo 89 de
nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de julio de 1998 , en especial,
presentándolo ante esta misma Sección en el plazo de diez días a contar desde su
notificación, y, en su caso, es susceptible de Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina Autonómico, si se funda en infracción de las normas emanadas por la Comunidad
Autónoma, que habrá de interponerse mediante escrito que cumplimente las exigencias del
artículo 99 de nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de julio de 1998 , en
especial, presentándolo ante esta misma Sección en el plazo de treinta días a contar desde su
notificación.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
13

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº: 537/2002
PARTES : Esther
C/ AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES
Ilustrísimos Señores :
MAGISTRADOS
D. JOSÉ JUANOLA SOLER.
Dña. MARIA DEL PILAR MARTÍN COSCOLLA.
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS
BARCELONA, a uno de abril de dos mil cinco.
S E N T E N C I A Nº 261
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 537/2002,
seguido a instancia de Doña Esther , representada por el Procurador Don
ANTONIO MARIA DE ANZIZU FUREST, contra el AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL
VALLES, representado por la Letrada Doña MARIA CONCEPCION CORTES SANCHEZ, sobre
Urbanismo-Gestión.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS .
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- El 8 de octubre de 2001 la Comissió de Govern del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
dictó resolución por virtud de la que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación
complementaria del "Projecte de Reparcel·lació de les Casetes de Can Rabella" por un importe
ascendiente a 147.643.195 ptas. correspondiente al coste de las obras de urbanización
avanzadas a la aprobación del proyecto.
2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo
escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda
articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.
3º.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.
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4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos.
5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron
haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 24 de marzo de 2005, a la hora prevista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de Doña Esther contra la Resolución de 8 de octubre
de 2001 de la Comissió de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS por
virtud de la que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación complementaria del
"Projecte de Reparcel·lació de les Casetes de Can Rabella" por un importe ascendiente a
147.643.195 ptas. correspondiente al coste de las obras de urbanización avanzadas a la
aprobación del proyecto.
SEGUNDO .- Como no les debe pasar desapercibido a las partes la problemática del
presente proceso ya ha tenido conocimiento por este tribunal en los autos 317/2000, decididos
por nuestra Sentencia nº 634, de 23 de septiembre de 2004 , que
procede relacionar del siguiente modo:
1.- Ese recurso contencioso administrativo tuvo por objeto la pretensión anulatoria ejercitada a
nombre de la entidad CAIXA PENEDES contra el Acuerdo de 6 de marzo de 2000 de la
Comissió de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES por el que, en
esencia, se denegó el recurso de reposición contra el anterior Acuerdo del mismo órgano de
13 de diciembre de 1999 que estimó en parte la solicitud de 4 de diciembre de 1998 en el
sentido de reconocer que se incluya en la liquidación definitiva del Proyecto de Reparcelación
del Sector les Casetes de Can Rabella la cantidad abonada por la entidad CONFORT
PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. en concepto de obras de urbanización, en cumplimiento
del Convenio Urbanístico firmado el 19 de marzo de 1991, de acordar que una vez finalizada la
obra urbanizadora de ese Sector se proceda a elaborar la liquidación definitiva del Proyecto de
Reparcelación y se proceda a aprobar las cuotas urbanísticas definitivas entre las que deberán
incorporarse el importe de las obras de urbanización anticipadas por la entidad CONFORT
PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. encargando al Servicio de Actuación Urbanística la
realización de la citada liquidación definitiva y denegar el pago de la cantidad de 127.278.616
pts. más el IVA correspondiente con cargo al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ni en
concepto de responsabilidad subsidiaria ni en concepto de responsabilidad patrimonial. Así
mismo se cuestionaba la legalidad de esa anterior Acuerdo.
2.- Los razonamientos de la Sentencia referida pueden relacionarse del siguiente modo:
"SEGUNDO .- La parte actora discute la legalidad de los actos impugnados, en esencia,
haciendo referencia al Convenio Urbanístico suscrito entre la Alcaldía del Ayuntamiento de
Sant Cugat del Vallès y la entidad CONFORT P.I.S.A. de fecha 19 de marzo de 1991 y el
Acuerdo del Pleno del referido Ayuntamiento de 21 de marzo de 1991 que lo aprobó -baste a
los presentes efectos remitirse a sus dictados al obrar en el ramo de prueba de la parte actora
reproducción integral de su contenido-.
En ese sentido se va concretando que, por virtud de lo acordado en el Convenio Urbanístico
antes citado, la entidad CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. avanzaba los costes
correspondientes a diversas obras de urbanización comprendidas en el Sector les Casetes de
Can Rabella así como otras situadas fuera de ese Sector y, a su vez, se acordaba que los
gastos y los costes pagados anticipadamente habían de ser imputados respectivamente y en lo
que ahora interesa, de un lado, a la Junta de Compensación del Plan Parcial les Casetes de
Can Rabella, y, de otro lado, que la reparcelación del PERI "Capella de Sant Joan" fueran
distribuidos entre todos los propietarios afectados.
Se afirma que se ejecutaron y finalizaron las obras de urbanización de las cuales las
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imputables al Sector les Casetes de Can Rabella ascendieron a la cantidad de 127.278.516
ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de IVA, lo que hace un total de 143.167.794 ptas.,
como así resulta del certificado del Secretario General del Ayuntamiento demandado de fecha
12 de enero de 1995 y en el informe técnico previo de 23 de febrero de 1994 donde constan
los pagos anticipados correspondientes a los costes de urbanización imputados al Sector les
Casetes de Can Rabella -baste a los presentes efectos remitirse a sus dictados al obrar en el
ramo de prueba de la parte actora reproducción integral de su contenido-. Y, asimismo, consta
en las actuaciones y tenor de los acuerdos impugnados.
La parte actora, cuyo título legitimador hecho valer es la Escritura Pública de cesión de crédito
de 17 de abril de 1996 entre la entidad CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. y la
propia entidad actora de este proceso -con constancia suficientes autos-, señala que en fecha
4 de diciembre de 1998 presentó escrito ante el Ayuntamiento solicitando, en cumplimiento del
Convenio Urbanístico de reiterada invocación, se liquidase el importe de 143.167.794 ptas.,
correspondiente al capital e IVA relativos a las obras de urbanización anticipadas. Asimismo
destaca que a 4 de marzo de 1999 reiteró su solicitud y transcurridos tres meses solicitó
certificación de acto presunto que fue contestada por el acuerdo de 13 de diciembre de 1999,
impugnado en este proceso, que recurrido en reposición fue desestimado por el acuerdo de 6
de marzo del 2000, igualmente impugnado en éste proceso.
En todo caso, se insiste que resulta irrelevante que por razón de la actuación urbanística la
previsión originaria para con el Sistema de Compensación fuese posteriormente sustituida por
el Sistema de Cooperación con lo que ello supone en materia de Proyecto de Reparcelación
en vez de Proyecto de Compensación y de la Asociación Administrativa de Cooperación en
vez de la Junta de Compensación, y que según los dictados del Convenio Urbanístico de
reiterada invocación el Ayuntamiento se constituía en responsable subsidiario de la efectividad
de los pagos correspondientes y se comprometía a exigir las cuotas de urbanización a los
correspondientes propietarios, añadiéndose que el Ayuntamiento en ningún caso podría
retrasar o demorar la tramitación de los citados expedientes -así, se citan las cláusulas 3ª, 4ª y
8ª del referido Convenio Urbanístico-.
La parte actora de la misma forma dirigiendo su atención a la Asociación Administrativa de
Cooperación de les Casetes de Can Rabella insiste en que ésta no puede alegar
desconocimiento ni del Convenio Urbanístico de 19 de marzo de 1991 ni de las cantidades
adelantadas ya que así consta en el acta constituyente de esa asociación celebrada el 26 de
noviembre de 1993, esos estatutos -así en su artículo 4- y en razón a la información relativa a
la asamblea de 12 de enero de 1995 para con todos los miembros de esa asociación.
Por otra parte, la parte actora incide en que también correspondería imputar al Sector de les
Casetes de Can Rabella determinadas obras de urbanización comprendidas en el Convenio
Urbanístico y que no se encuentran propiamente en ese Sector. A ese respecto se apunta a
las obras correspondientes a la Riera de Can Ganxet y se trata de apoyar ese supuesto en una
Modificación del Plan Parcial de ordenación de les Casetes de Can Rabella, que se aprobó
definitivamente el 25 de marzo de 1992, que determinó que a ese Sector le fuese imputable el
desvío de la Riera de Can Ganxet entre la calle Victòria y el límite con el Sector de les Planes
de Can Rabella -a ese respecto se cita el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona
de 25 de noviembre de 1992 que corrigió su anterior Acuerdo de 25 de marzo de 1992-.
Finalmente, insistiéndose en la notable acumulación de tiempo sin actuación efectiva
alguna respecto a las cantidades reclamadas, ni el título de liquidación provisional ni el título
de liquidación definitiva, citando inclusive a su favor el artículo 128.1 del Reglamento
de Gestión Urbanística , se termina solicitando única y exclusivamente el
importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de IVA más los intereses
legales que se entienden producidos desde que se aprobó definitivamente el Proyecto de
Reparcelación en fecha 21 de marzo de 1995.
TERCERO .- De la misma forma, tratando de sintetizar las alegaciones de la Administración
demandada, debe señalarse que el Ayuntamiento entiende que ha respetado las obligaciones
asumidas en el Convenio Urbanístico de 19 de marzo de 1991 ya que entiende que estas
obligaciones debían concretarse en la liquidación definitiva de la reparcelación y a tal efecto se
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cita que la recepción municipal de las obras de urbanización se lleva cabo el 31 de mayo de
1999 y que en el acuerdo impugnado de 13 de diciembre de 1999 se encomendó la
elaboración de la liquidación definitiva, máxime cuando se van citando pluralidad de trámites
que ha habido que acometer -modificación del Sistema de Actuación de Compensación a
Cooperación, aprobación de la Asociación Administrativa de Cooperación, Proyecto de
Reparcelación y Proyecto de Urbanización- y, en todo caso, se niega la procedencia de la
responsabilidad subsidiaria.
Dirigiendo la atención y el examen a las alegaciones formuladas por las partes
codemandadas debe significarse que, sustancialmente, se hace valer que las obras de
urbanización ejecutadas anticipadamente se realizaron con anterioridad a la tramitación del
Proyecto de Reparcelación y al Proyecto de Urbanización y sólo en interés exclusivo del
Ayuntamiento y de la entidad mercantil promotora por lo que sus efectos no pueden vincular al
resto de los propietarios que no suscribieron el Convenio Urbanístico de 19 de marzo de 1991.
Se planea en alegaciones relativas a la indebida e irregular tramitación del Proyecto de
Urbanización, imputable exclusivamente al promotor y se terminan sus alegaciones invocando
el artículo 128.1 del Reglamento de Gestión Urbanística en el
sentido que transcurridos cinco años de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación -
en este caso producida a 21 de marzo de 1995- no procede girar ninguna cuota de
urbanización a título de liquidación definitiva lo que conlleva igualmente la improcedencia de la
reclamación de los intereses que se pretenden de contrario.
CUARTO .- En una primera aproximación a los temas planteados por las partes y para centrar
debidamente el examen de fondo a efectuar interesa señalar lo siguiente:
A.- Nada hay que objetar a la legitimación de la parte actora cuando debidamente ha
acreditado su título jurídico de cesión, que no se ha contradicho de ninguna forma eficazmente.
B.- Por exigencias procesales si la parte actora ha concretado sus solicitudes en vía
administrativa y, muy especialmente, si la parte actora las ha reiterado en la presente vía
jurisdiccional en relación al importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de
IVA más los intereses legales -bastando remitirse a los concretos pedimentos de la solicitud
final de la demanda-, debe centrarse el examen precisamente en esos importes sin que sea
dable añadir otros como los que veladamente se han hecho referencia por razón de
determinadas obras de urbanización comprendidas en el Convenio Urbanístico de reiterada
invocación sobre el que deberemos volver y que no se encuentran propiamente en ese Sector
-así especialmente para las obras correspondientes a la Riera de Can Ganxet-.
C.- Efectivamente no puede ponerse en duda la existencia y eficacia del Convenio Urbanístico
suscrito entre la Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y la entidad CONFORT
P.I.S.A. de fecha 19 de marzo de 1991 y el Acuerdo del Pleno del referido Ayuntamiento de 21
de marzo de 1991 que lo aprobó, cuando sobradamente se ha demostrado sus respectivos
contenidos y a cuyo tenor hay que remitirse.
D.- Ninguna prueba ha logrado desvirtuar las actuaciones administrativas que eficazmente han
puesto de manifiesto que se ejecutaron y finalizaron las obras de urbanización relativas al
Sector les Casetes de Can Rabella y que ascendieron a la cantidad de 127.278.516 ptas. más
15.889.278 ptas. en concepto de IVA, lo que hace un total de 143.167.794 ptas. Más todavía,
si de alguna forma se trataba de poner en cuestión que esas obras o importes no se ajustan,
objetiva y temporalmente, de alguna manera al Proyecto de Reparcelación o/y Urbanización
finalmente aprobado debe señalarse que esa conclusión no se alcanza ni siquiera
indiciariamente.
E.- Y, de la misma forma, debe reconocerse que la Asociación Administrativa de Cooperación
que conforma con otras la parte demandada ha tenido conocimiento, desde su constitución y
trámites precedentes, de esa ejecución de obras y abono de importes, bastando remitirse no
sólo a la verdadera obviedad que representa su efectiva realización en su beneficio, que no les
podía pasar por alto, sino por las prescripciones estatutarias y actuaciones seguidas en su
consideración, sobradamente puestas de manifiesto por la parte actora.
17

QUINTO .- Y es así que, descendiendo a examinar las pretensiones contradictorias hechas
valer por las partes contendientes en el presente proceso, debe señalarse que la decisión del
mismo deriva de lo siguiente:
1.- Efectivamente nos ocupa un Convenio Urbanístico, suscrito por la Alcaldía del
Ayuntamiento demandado y aprobado por el Pleno del mismo, que a las presentes alturas
vincula a la parte actora y a la Administración demandada. Como que las partes han
demostrado conocer sobradamente la naturaleza jurídica y efectos de la figura de los
convenios urbanísticos esta sentencia resulta aligerada de seguir insistiendo sobre esa
temática. En todo caso, ineludiblemente debe reconocerse que como tal convenio urbanístico
sólo puede vincular y vincula a las partes que lo suscribieron, sin que sea dable entender que
pueda vincular a terceros. Y, de otra parte, resulta manifiesto que ese convenio urbanístico se
caracteriza, sustancialmente y en la parte que interesa, en materia de anticipar determinados
supuestos de gestión urbanística.
Otra cosa, claro está, es que las correspondientes obras e importes satisfechos en su
momento lo hayan sido en beneficio de una o varias actuaciones urbanísticas y, en definitiva,
en favor de terceros, con lo que ello supone en materia del título jurídico "enriquecimiento
injusto" que, como debe ser sobradamente conocido, es perfectamente aplicable al
ordenamiento jurídico administrativo y, en particular, a la órbita urbanística que nos ocupa.
Con ello no se quiere decir otra cosa que, si se trataba de cuestionar el supuesto, las
convenciones pactadas relativas a imputar determinados importes en instrumentos
equidistributivos de gestión urbanística no puede ponerse eficazmente en cuestión.
2.- Puestos a profundizar sobre los términos pactados en el convenio urbanístico firmado a 19
de marzo de 1991 y aprobado a 21 de marzo de 1991, debe destacarse especialmente que las
menciones al Sistema de Compensación o/y Junta de Compensación no se estiman en modo
alguno esenciales sino meramente indicativas y susceptibles de comprender a cualquiera otro
Sistema de Actuación Urbanística que, en su caso, fuese de aplicación en el futuro para el final
agotamiento de la actuación urbanística que se trataba de llevar a cabo. Desde esa perspectiva
nada hay que objetar a que los términos convenidos deban desplegar sus correspondientes
efectos cuando de la aplicación del posterior Sistema de Cooperación se trata y a cuyo tenor
hay que remitirse, especialmente por lo que hace referencia al Proyecto de Reparcelación y
sus correspondientes instrumentos jurídicos urbanísticos.
3.- En el ámbito de lo pactado, desde luego, no nos hallamos en el régimen de la
responsabilidad subsidiaria que se alude en el texto del Convenio Urbanístico ya que, ante el
acopio tan sustancial de tiempo que la Administración ha tenido a bien ir incorporando al caso
y ante la falta de los instrumentos urbanísticos de rigor que señalasen la infructuosidad de
alguna obligación principal que pudiese determinar el régimen de una responsabilidad
subsidiaria, brilla por su ausencia cualquier elemento que permitiese viabilizar esa
responsabilidad.
4.- Efectivamente nos hallamos en la órbita de un pronunciado retardo y demora en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de la Administración ya que, sin que sea
dable hacer un amalgamamiento improcedente de los instrumentos jurídicos urbanísticos
propios del caso y de las incidencias del mismo, no puede pasarse por alto la relevante
trascendencia que tiene haber suscrito unas obligaciones en el año 1991 para el buen fin de
una actuación urbanística que se trataba de anticipar y, pasando por las solicitudes de la parte
actora a finales de 1998, a las presentes alturas seguir observando que se trata de seguir
redirigiendo el caso a un futurible de liquidación definitiva en concepto de cuotas urbanísticas
derivadas de un proyecto de reparcelación, sin haber adoptado medidas más eficaces y
eficientes al respecto.
Ciertamente, el Convenio Urbanístico que nos ocupa no alcanza a precisar con el detalle que
fuera preciso el ámbito temporal en el que deberían cumplirse las correspondientes
obligaciones, especialmente las de imputación al proyecto equidistributivo de su razón de los
correspondientes importes y tampoco las del giro de las correspondientes cuotas urbanísticas.
No obstante, se forma cabal convencimiento de que las invocaciones prohibitivas al
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etraso y demora que se señalaron en el convenio han resultado transgredidas por la
Administración demandada de tal suerte que, en todo caso con fundamento no sólo ya en los
términos pactados sino en atención a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas -así por todos baste la cita de los artículos 9.3, 106.2 de nuestra
Constitución , 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
, reguladora de las Bases del Régimen Local, 159 de la Ley 8/1987, de 15 de abril
, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y disposiciones concordantes-, la Administración
demandada ha generado un daño lesivo a la parte actora en clara y nítida relación causal que
debe indemnizar, cifrado en lo que a capital hace referencia en los importes señalados por la
parte actora, en forma alguna contradichos eficazmente, desde luego, sin perjuicio de que por
la vía urbanística de rigor pueda resarcirse en la medida de lo posible de los correspondientes
importes ya que como gastos de urbanización ninguna duda debe caber de que corresponden
a los correspondientes propietarios. Ineludiblemente, sin que sea dable prejuzgar la resultancia
de esa vía, deberá ser en la misma donde haya lugar a pronunciarse, si así se insta y en
derecho procede, sobre el tan débil fundamento que se trasluce en determinadas alegaciones,
quizá a modo obstativo a título de caducidad, referente al plazo de 5 años previsto en el
artículo 128.1 del Reglamento de Gestión Urbanística , que desconoce y
hace tabla rasa, entre otros supuestos, no sólo de la relevante obviedad de la duración de los
procesos contencioso administrativos y de su ejecución, sino también de los plazos legales de
prescripción de los derechos y las correspondientes acciones.
5.- Finalmente, y por lo que a título de intereses se pretende, debe resaltarse la peligrosa
senda en la que se han permitido discurrir las partes poniendo situaciones de hecho por
delante de lo que sólo los instrumentos jurídicos urbanísticos de su razón permiten y con lo que
ello significa en materia de responsabilidad y otros supuestos que no se plantean. Hallándonos
en el ámbito de una anticipada gestión urbanística, y sólo procediendo imputar obras y
cantidades en la medida que aprovechasen a las obras e importes que finalmente se hiciesen
constar en los correspondientes Proyectos de Reparcelación y Urbanización, debidamente
aprobados, y sólo en la medida que se ajustasen a los mismos, en el caso presente por la
deficiente precisión temporal que se tuvo a bien poner de manifiesto en el Convenio
Urbanístico, debe señalarse que el convencimiento recae en que, en todo caso, sólo cabe
reconocer intereses a partir de la fecha en que se formuló la correspondiente solicitud a la
Administración demandada. Por consiguiente, sólo cabe reconocer a la parte actora los
intereses legales de las cantidades señaladas por la parte actora a partir del 4 de diciembre de
1998, fecha que suficientemente demuestra ya la demora pretendida.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada contra los actos impugnados
en el presente proceso en la medida que no reconocieron a la parte actora el abono del
importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas., en concepto de IVA más los intereses
legales de esas dos cantidades que se entienden producidos desde el 4 de diciembre de 1998
a cargo de la Administración municipal y sin perjuicio que ésta por los procedimientos
urbanísticos de rigor pueda exigir las correspondientes cantidades a los propietarios de su
razón, en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva".
3.- La parte dispositiva de la Sentencia referida estableció:
"Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo
interpuesto a nombre de la entidad CAIXA PENEDES contra el Acuerdo de 6 de marzo de
2000 de la Comissió de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES por el
que, en esencia, se denegó el recurso de reposición contra el anterior Acuerdo del mismo
órgano de 13 de diciembre de 1999 que estimó en parte la solicitud de 4 de diciembre de 1998
en el sentido de reconocer que se incluya en la liquidación definitiva del Proyecto de
Reparcelación del Sector les Casetes de Can Rabella la cantidad abonada por la entidad
CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. en concepto de obras de urbanización, en
cumplimiento del Convenio Urbanístico firmado el 19 de marzo de 1991, de acordar que una
vez finalizada la obra urbanizadora de ese Sector se proceda a elaborar la liquidación
definitiva del Proyecto de Reparcelación y se proceda a aprobar las cuotas urbanísticas
definitivas entre las que deberán incorporarse el importe de las obras de urbanización
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anticipadas por la entidad CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. encargando al
Servicio de Actuación Urbanística la realización de la citada liquidación definitiva y denegar el
pago de la cantidad de 127.278.616 pts. más el IVA correspondiente con cargo al
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ni en concepto de responsabilidad subsidiaria ni en
concepto de responsabilidad patrimonial y contra ese anterior Acuerdo, del tenor explicitado
con anterioridad, y ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda articulada anulamos los actos
referidos por ser disconformes a Derecho en la medida que no reconocieron a la parte actora
el abono del importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de IVA más los
intereses legales de esas dos cantidades que se entienden producidos desde el 4 de
diciembre de 1998 a cargo de la Administración municipal y sin perjuicio que ésta por los
procedimientos urbanísticos de rigor pueda exigir las correspondientes cantidades a los
propietarios de su razón y declaramos y, en lo menester, condenamos a la Administración
demandada a que abone a la parte actora esos importes. Se desestiman el resto de
pretensiones".
TERCERO .- A su vez, el mismo acto impugnado en este proceso lo fue en nuestros
autos 406/2002, en el que recayó nuestra Sentencia nº 251, de 1 de abril de 2005
, en el mismo sentido que la anterior, y de la que interesa relacionar los siguientes particulares:
"A resultas de lo anterior debe destacarse que las alegaciones de la parte actora poco se
compadecen con las premisas y argumentaciones que se han expuesto en la
sentencia relacionada en la parte menester, nº 634, de 23 de septiembre de 2004
, en lo que a las partidas e importes discutidos se hace referencia y que a las presentes alturas
queda incólume al no haberse patentizado elementos que permitan matizar u obstar las
conclusiones a las que se ha llegado y que resultan igualmente apreciables a los efectos del
presente proceso, desde luego, con las consiguientes adaptaciones.
Dicho en otras palabras y con mayor precisión en el presente caso y en razón a la tan delicada
y peligrosa senda en que se hallan las partes y especialmente la Administración demandada,
poniendo por delante una ejecución anticipada del planeamiento antes que la regular
tramitación y actuación formal al respecto y desde luego a salvo otras perspectivas del caso
que no se encuentran en la delimitación del presente recurso contencioso administrativo, debe
centrarse el caso en la perfecta operatividad de unas obras e importes que resultan hechas y
sufragadas en interés de los correspondientes propietarios con lo que ello representa en la
vertiente de su conocimiento, aprovechamiento y beneficio, al punto que el instituto del
enriquecimiento injusto colma sobradamente la calificación del caso y debe desplegar y
despliega sus connaturales consecuencias jurídicas, desvirtuando las líneas argumentales de
la parte actora por lo que a la liquidación complementaria de autos hace referencia.
CUARTO .- Finalmente y a los efectos de prescripción de las cuotas urbanísticas, este
tribunal se ha ido decantando, desde luego y como debe ser sabido, por el rechazo de la
afirmada procedencia de una pretendida prescripción extintiva fundada en el artículo
128 del Reglamento de Gestión Urbanística . Baste a los presentes
efectos citar, por todas, nuestras Sentencias nº 634, de 23 de septiembre 2004, nº
806, de 19 de noviembre de 2004, nº 838, de 29 de noviembre de 2004, nº 858, de 3 de
diciembre de 2004 y nº 103, de 1 de febrero de 2005 , a cuyo tenor procede
remitirse, por lo que igualmente esa tesis debe decaer y desestimarse.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán
en la parte dispositiva.
Y es así que en esa Sentencia recayó la siguiente parte dispositiva:
"Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de Don Narciso y Doña María Teresa contra el Acuerdo de 8 de
octubre de 2001 de la Comissió municipal de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación
complementaria del proyecto de reparcelación de les Casetes de Can Rabella, del tenor
explicitado con anterioridad, y DESESTIMAMOS la demanda articulada".
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CUARTO .- Llegados a este punto y en unidad de doctrina y en aplicación del principio de
seguridad jurídica deben seguirse sentando las mismas premisas y conclusiones que las
expuestas precedentemente para el caso de la parte actora del presente proceso al no constar
ni haberse evidenciado por la misma otros hechos o fundamentos que permitan matizar o
alterar los tenidos en cuenta al resolver los anteriores procesos.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán
en la parte dispositiva.
QUINTO .- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
de 1998 .
FALLAMOS
Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de Doña Esther contra la Resolución de 8 de octubre de 2001 de la Comissió
de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS por virtud de la que, en
esencia, se aprobó definitivamente la liquidación complementaria del "Projecte de
Reparcel·lació de les Casetes de Can Rabella" por un importe ascendiente a 147.643.195
ptas. correspondiente al coste de las obras de urbanización avanzadas a la aprobación del
proyecto, del tenor explicitado con anterioridad, y DESESTIMAMOS la demanda articulada.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Hágase saber que la presente Sentencia, en su caso, es susceptible de Recurso de
Casación ante el Tribunal Supremo sólo si se funda en infracción de normas de derecho estatal
o comunitario europeo que haya sido relevante y determinante del fallo, que habrá de
prepararse mediante escrito que cumplimente las exigencias del artículo 89 de
nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de julio de 1998 , en especial,
presentándolo ante esta misma Sección en el plazo de diez días a contar desde su
notificación, y, en su caso, es susceptible de Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina Autonómico, si se funda en infracción de las normas emanadas por la Comunidad
Autónoma, que habrá de interponerse mediante escrito que cumplimente las exigencias del
artículo 99 de nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de julio de 1998 , en
especial, presentándolo ante esta misma Sección en el plazo de treinta días a contar desde su
notificación.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº: 556/2002
PARTES : REALIA BUSINESS, S.A.
C/ AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES
Ilustrísimos Señores :
MAGISTRADOS
D. JOSÉ JUANOLA SOLER.
Dña. MARIA DEL PILAR MARTÍN COSCOLLA.
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
BARCELONA, a uno de abril de dos mil cinco.
S E N T E N C I A Nº 263
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 556/2002,
seguido a instancia de la entidad REALIA BUSINESS, S.A., representada por el Procurador
Don
ANTONIO MARIA DE ANZIZU FUREST, contra el AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL
VALLES, representado por la Letrada Doña MARIA CONCEPCION CORTES SANCHEZ, sobre
Urbanismo-Gestión.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- El 8 de octubre de 2001 la Comissió de Govern del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
dictó resolución por virtud de la que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación
complementaria del "Projecte de Reparcel·lació de les Casetes de Can Rabella" por un importe
ascendiente a 147.643.195 ptas. correspondiente al coste de las obras de urbanización
avanzadas a la aprobación del proyecto.
2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo
escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda
articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.
3º.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la
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desestimación de las pretensiones de la parte actora.
4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos.
5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron
haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 24 de marzo de 2005, a la hora prevista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de la entidad REALIA BUSINESS, S.A. contra la Resolución de
8 de octubre de 2001 de la Comissió de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS por virtud de la que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación
complementaria del "Projecte de Reparcel·lació de les Casetes de Can Rabella" por un importe
ascendiente a 147.643.195 ptas. correspondiente al coste de las obras de urbanización
avanzadas a la aprobación del proyecto.
SEGUNDO .- Como no les debe pasar desapercibido a las partes la problemática del
presente proceso ya ha tenido conocimiento por este tribunal en los autos 317/2000,
decididos por nuestra Sentencia nº 634, de 23 de septiembre de 2004 , que
procede relacionar del siguiente modo:
1.- Ese recurso contencioso administrativo tuvo por objeto la pretensión anulatoria ejercitada a
nombre de la entidad CAIXA PENEDES contra el Acuerdo de 6 de marzo de 2000 de la
Comissió de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES por el que, en
esencia, se denegó el recurso de reposición contra el anterior Acuerdo del mismo órgano de
13 de diciembre de 1999 que estimó en parte la solicitud de 4 de diciembre de 1998 en el
sentido de reconocer que se incluya en la liquidación definitiva del Proyecto de Reparcelación
del Sector les Casetes de Can Rabella la cantidad abonada por la entidad CONFORT
PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. en concepto de obras de urbanización, en cumplimiento
del Convenio Urbanístico firmado el 19 de marzo de 1991, de acordar que una vez finalizada la
obra urbanizadora de ese Sector se proceda a elaborar la liquidación definitiva del Proyecto de
Reparcelación y se proceda a aprobar las cuotas urbanísticas definitivas entre las que deberán
incorporarse el importe de las obras de urbanización anticipadas por la entidad CONFORT
PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. encargando al Servicio de Actuación Urbanística la
realización de la citada liquidación definitiva y denegar el pago de la cantidad de 127.278.616
pts. más el IVA correspondiente con cargo al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ni en
concepto de responsabilidad subsidiaria ni en concepto de responsabilidad patrimonial. Así
mismo se cuestionaba la legalidad de esa anterior Acuerdo.
2.- Los razonamientos de la Sentencia referida pueden relacionarse del siguiente modo:
"SEGUNDO .- La parte actora discute la legalidad de los actos impugnados, en esencia,
haciendo referencia al Convenio Urbanístico suscrito entre la Alcaldía del Ayuntamiento de
Sant Cugat del Vallès y la entidad CONFORT P.I.S.A. de fecha 19 de marzo de 1991 y el
Acuerdo del Pleno del referido Ayuntamiento de 21 de marzo de 1991 que lo aprobó -baste a
los presentes efectos remitirse a sus dictados al obrar en el ramo de prueba de la parte actora
reproducción integral de su contenido-.
En ese sentido se va concretando que, por virtud de lo acordado en el Convenio Urbanístico
antes citado, la entidad CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. avanzaba los costes
correspondientes a diversas obras de urbanización comprendidas en el Sector les Casetes de
Can Rabella así como otras situadas fuera de ese Sector y, a su vez, se acordaba que los
gastos y los costes pagados anticipadamente habían de ser imputados respectivamente y en lo
que ahora interesa, de un lado, a la Junta de Compensación del Plan Parcial les Casetes de
Can Rabella, y, de otro lado, que la reparcelación del PERI "Capella de Sant Joan" fueran
distribuidos entre todos los propietarios afectados.
23

Se afirma que se ejecutaron y finalizaron las obras de urbanización de las cuales las
imputables al Sector les Casetes de Can Rabella ascendieron a la cantidad de 127.278.516
ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de IVA, lo que hace un total de 143.167.794 ptas.,
como así resulta del certificado del Secretario General del Ayuntamiento demandado de fecha
12 de enero de 1995 y en el informe técnico previo de 23 de febrero de 1994 donde constan
los pagos anticipados correspondientes a los costes de urbanización imputados al Sector les
Casetes de Can Rabella -baste a los presentes efectos remitirse a sus dictados al obrar en el
ramo de prueba de la parte actora reproducción integral de su contenido-. Y, asimismo, consta
en las actuaciones y tenor de los acuerdos impugnados.
La parte actora, cuyo título legitimador hecho valer es la Escritura Pública de cesión de crédito
de 17 de abril de 1996 entre la entidad CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. y la
propia entidad actora de este proceso -con constancia suficientes autos-, señala que en fecha
4 de diciembre de 1998 presentó escrito ante el Ayuntamiento solicitando, en cumplimiento del
Convenio Urbanístico de reiterada invocación, se liquidase el importe de 143.167.794 ptas.,
correspondiente al capital e IVA relativos a las obras de urbanización anticipadas. Asimismo
destaca que a 4 de marzo de 1999 reiteró su solicitud y transcurridos tres meses solicitó
certificación de acto presunto que fue contestada por el acuerdo de 13 de diciembre de 1999,
impugnado en este proceso, que recurrido en reposición fue desestimado por el acuerdo de 6
de marzo del 2000, igualmente impugnado en éste proceso.
En todo caso, se insiste que resulta irrelevante que por razón de la actuación urbanística la
previsión originaria para con el Sistema de Compensación fuese posteriormente sustituida por
el Sistema de Cooperación con lo que ello supone en materia de Proyecto de Reparcelación
en vez de Proyecto de Compensación y de la Asociación Administrativa de Cooperación en
vez de la Junta de Compensación, y que según los dictados del Convenio Urbanístico de
reiterada invocación el Ayuntamiento se constituía en responsable subsidiario de la efectividad
de los pagos correspondientes y se comprometía a exigir las cuotas de urbanización a los
correspondientes propietarios, añadiéndose que el Ayuntamiento en ningún caso podría
retrasar o demorar la tramitación de los citados expedientes -así, se citan las cláusulas 3ª, 4ª y
8ª del referido Convenio Urbanístico-.
La parte actora de la misma forma dirigiendo su atención a la Asociación Administrativa de
Cooperación de les Casetes de Can Rabella insiste en que ésta no puede alegar
desconocimiento ni del Convenio Urbanístico de 19 de marzo de 1991 ni de las cantidades
adelantadas ya que así consta en el acta constituyente de esa asociación celebrada el 26 de
noviembre de 1993, esos estatutos -así en su artículo 4- y en razón a la información relativa a
la asamblea de 12 de enero de 1995 para con todos los miembros de esa asociación.
Por otra parte, la parte actora incide en que también correspondería imputar al Sector de les
Casetes de Can Rabella determinadas obras de urbanización comprendidas en el Convenio
Urbanístico y que no se encuentran propiamente en ese Sector. A ese respecto se apunta a
las obras correspondientes a la Riera de Can Ganxet y se trata de apoyar ese supuesto en una
Modificación del Plan Parcial de ordenación de les Casetes de Can Rabella, que se aprobó
definitivamente el 25 de marzo de 1992, que determinó que a ese Sector le fuese imputable el
desvío de la Riera de Can Ganxet entre la calle Victòria y el límite con el Sector de les Planes
de Can Rabella -a ese respecto se cita el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona
de 25 de noviembre de 1992 que corrigió su anterior Acuerdo de 25 de marzo de 1992-.
Finalmente, insistiéndose en la notable acumulación de tiempo sin actuación efectiva
alguna respecto a las cantidades reclamadas, ni el título de liquidación provisional ni el título
de liquidación definitiva, citando inclusive a su favor el artículo 128.1 del Reglamento
de Gestión Urbanística , se termina solicitando única y exclusivamente el
importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de IVA más los intereses
legales que se entienden producidos desde que se aprobó definitivamente el Proyecto de
Reparcelación en fecha 21 de marzo de 1995.
TERCERO .- De la misma forma, tratando de sintetizar las alegaciones de la Administración
demandada, debe señalarse que el Ayuntamiento entiende que ha respetado las obligaciones
asumidas en el Convenio Urbanístico de 19 de marzo de 1991 ya que entiende que estas
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obligaciones debían concretarse en la liquidación definitiva de la reparcelación y a tal efecto se
cita que la recepción municipal de las obras de urbanización se lleva cabo el 31 de mayo de
1999 y que en el acuerdo impugnado de 13 de diciembre de 1999 se encomendó la
elaboración de la liquidación definitiva, máxime cuando se van citando pluralidad de trámites
que ha habido que acometer -modificación del Sistema de Actuación de Compensación a
Cooperación, aprobación de la Asociación Administrativa de Cooperación, Proyecto de
Reparcelación y Proyecto de Urbanización- y, en todo caso, se niega la procedencia de la
responsabilidad subsidiaria.
Dirigiendo la atención y el examen a las alegaciones formuladas por las partes
codemandadas debe significarse que, sustancialmente, se hace valer que las obras de
urbanización ejecutadas anticipadamente se realizaron con anterioridad a la tramitación del
Proyecto de Reparcelación y al Proyecto de Urbanización y sólo en interés exclusivo del
Ayuntamiento y de la entidad mercantil promotora por lo que sus efectos no pueden vincular al
resto de los propietarios que no suscribieron el Convenio Urbanístico de 19 de marzo de 1991.
Se planea en alegaciones relativas a la indebida e irregular tramitación del Proyecto de
Urbanización, imputable exclusivamente al promotor y se terminan sus alegaciones invocando
el artículo 128.1 del Reglamento de Gestión Urbanística en el
sentido que transcurridos cinco años de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación -
en este caso producida a 21 de marzo de 1995- no procede girar ninguna cuota de
urbanización a título de liquidación definitiva lo que conlleva igualmente la improcedencia de la
reclamación de los intereses que se pretenden de contrario.
CUARTO .- En una primera aproximación a los temas planteados por las partes y para centrar
debidamente el examen de fondo a efectuar interesa señalar lo siguiente:
A.- Nada hay que objetar a la legitimación de la parte actora cuando debidamente ha
acreditado su título jurídico de cesión, que no se ha contradicho de ninguna forma eficazmente.
B.- Por exigencias procesales si la parte actora ha concretado sus solicitudes en vía
administrativa y, muy especialmente, si la parte actora las ha reiterado en la presente vía
jurisdiccional en relación al importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de
IVA más los intereses legales -bastando remitirse a los concretos pedimentos de la solicitud
final de la demanda-, debe centrarse el examen precisamente en esos importes sin que sea
dable añadir otros como los que veladamente se han hecho referencia por razón de
determinadas obras de urbanización comprendidas en el Convenio Urbanístico de reiterada
invocación sobre el que deberemos volver y que no se encuentran propiamente en ese Sector
-así especialmente para las obras correspondientes a la Riera de Can Ganxet-.
C.- Efectivamente no puede ponerse en duda la existencia y eficacia del Convenio Urbanístico
suscrito entre la Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y la entidad CONFORT
P.I.S.A. de fecha 19 de marzo de 1991 y el Acuerdo del Pleno del referido Ayuntamiento de 21
de marzo de 1991 que lo aprobó, cuando sobradamente se ha demostrado sus respectivos
contenidos y a cuyo tenor hay que remitirse.
D.- Ninguna prueba ha logrado desvirtuar las actuaciones administrativas que eficazmente han
puesto de manifiesto que se ejecutaron y finalizaron las obras de urbanización relativas al
Sector les Casetes de Can Rabella y que ascendieron a la cantidad de 127.278.516 ptas. más
15.889.278 ptas. en concepto de IVA, lo que hace un total de 143.167.794 ptas. Más todavía,
si de alguna forma se trataba de poner en cuestión que esas obras o importes no se ajustan,
objetiva y temporalmente, de alguna manera al Proyecto de Reparcelación o/y Urbanización
finalmente aprobado debe señalarse que esa conclusión no se alcanza ni siquiera
indiciariamente.
E.- Y, de la misma forma, debe reconocerse que la Asociación Administrativa de Cooperación
que conforma con otras la parte demandada ha tenido conocimiento, desde su constitución y
trámites precedentes, de esa ejecución de obras y abono de importes, bastando remitirse no
sólo a la verdadera obviedad que representa su efectiva realización en su beneficio, que no les
podía pasar por alto, sino por las prescripciones estatutarias y actuaciones seguidas en su
consideración, sobradamente puestas de manifiesto por la parte actora.
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QUINTO .- Y es así que, descendiendo a examinar las pretensiones contradictorias hechas
valer por las partes contendientes en el presente proceso, debe señalarse que la decisión del
mismo deriva de lo siguiente:
1.- Efectivamente nos ocupa un Convenio Urbanístico, suscrito por la Alcaldía del
Ayuntamiento demandado y aprobado por el Pleno del mismo, que a las presentes alturas
vincula a la parte actora y a la Administración demandada. Como que las partes han
demostrado conocer sobradamente la naturaleza jurídica y efectos de la figura de los
convenios urbanísticos esta sentencia resulta aligerada de seguir insistiendo sobre esa
temática. En todo caso, ineludiblemente debe reconocerse que como tal convenio urbanístico
sólo puede vincular y vincula a las partes que lo suscribieron, sin que sea dable entender que
pueda vincular a terceros. Y, de otra parte, resulta manifiesto que ese convenio urbanístico se
caracteriza, sustancialmente y en la parte que interesa, en materia de anticipar determinados
supuestos de gestión urbanística.
Otra cosa, claro está, es que las correspondientes obras e importes satisfechos en su
momento lo hayan sido en beneficio de una o varias actuaciones urbanísticas y, en definitiva,
en favor de terceros, con lo que ello supone en materia del título jurídico "enriquecimiento
injusto" que, como debe ser sobradamente conocido, es perfectamente aplicable al
ordenamiento jurídico administrativo y, en particular, a la órbita urbanística que nos ocupa.
Con ello no se quiere decir otra cosa que, si se trataba de cuestionar el supuesto, las
convenciones pactadas relativas a imputar determinados importes en instrumentos
equidistributivos de gestión urbanística no puede ponerse eficazmente en cuestión.
2.- Puestos a profundizar sobre los términos pactados en el convenio urbanístico firmado a 19
de marzo de 1991 y aprobado a 21 de marzo de 1991, debe destacarse especialmente que las
menciones al Sistema de Compensación o/y Junta de Compensación no se estiman en modo
alguno esenciales sino meramente indicativas y susceptibles de comprender a cualquiera otro
Sistema de Actuación Urbanística que, en su caso, fuese de aplicación en el futuro para el final
agotamiento de la actuación urbanística que se trataba de llevar a cabo. Desde esa perspectiva
nada hay que objetar a que los términos convenidos deban desplegar sus correspondientes
efectos cuando de la aplicación del posterior Sistema de Cooperación se trata y a cuyo tenor
hay que remitirse, especialmente por lo que hace referencia al Proyecto de Reparcelación y
sus correspondientes instrumentos jurídicos urbanísticos.
3.- En el ámbito de lo pactado, desde luego, no nos hallamos en el régimen de la
responsabilidad subsidiaria que se alude en el texto del Convenio Urbanístico ya que, ante el
acopio tan sustancial de tiempo que la Administración ha tenido a bien ir incorporando al caso
y ante la falta de los instrumentos urbanísticos de rigor que señalasen la infructuosidad de
alguna obligación principal que pudiese determinar el régimen de una responsabilidad
subsidiaria, brilla por su ausencia cualquier elemento que permitiese viabilizar esa
responsabilidad.
4.- Efectivamente nos hallamos en la órbita de un pronunciado retardo y demora en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de la Administración ya que, sin que sea
dable hacer un amalgamamiento improcedente de los instrumentos jurídicos urbanísticos
propios del caso y de las incidencias del mismo, no puede pasarse por alto la relevante
trascendencia que tiene haber suscrito unas obligaciones en el año 1991 para el buen fin de
una actuación urbanística que se trataba de anticipar y, pasando por las solicitudes de la parte
actora a finales de 1998, a las presentes alturas seguir observando que se trata de seguir
redirigiendo el caso a un futurible de liquidación definitiva en concepto de cuotas urbanísticas
derivadas de un proyecto de reparcelación, sin haber adoptado medidas más eficaces y
eficientes al respecto.
Ciertamente, el Convenio Urbanístico que nos ocupa no alcanza a precisar con el detalle que
fuera preciso el ámbito temporal en el que deberían cumplirse las correspondientes
obligaciones, especialmente las de imputación al proyecto equidistributivo de su razón de los
correspondientes importes y tampoco las del giro de las correspondientes cuotas urbanísticas.
26

No obstante, se forma cabal convencimiento de que las invocaciones prohibitivas al
retraso y demora que se señalaron en el convenio han resultado transgredidas por la
Administración demandada de tal suerte que, en todo caso con fundamento no sólo ya en los
términos pactados sino en atención a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas -así por todos baste la cita de los artículos 9.3, 106.2 de nuestra
Constitución, 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 54 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 159 de la Ley 8/1987, de 15 de abril,
Municipal y de Régimen Local de Cataluña , y disposiciones
concordantes-, la Administración demandada ha generado un daño lesivo a la parte actora en
clara y nítida relación causal que debe indemnizar, cifrado en lo que a capital hace referencia
en los importes señalados por la parte actora, en forma alguna contradichos eficazmente,
desde luego, sin perjuicio de que por la vía urbanística de rigor pueda resarcirse en la medida
de lo posible de los correspondientes importes ya que como gastos de urbanización ninguna
duda debe caber de que corresponden a los correspondientes propietarios. Ineludiblemente,
sin que sea dable prejuzgar la resultancia de esa vía, deberá ser en la misma donde haya lugar
a pronunciarse, si así se insta y en derecho procede, sobre el tan débil fundamento que se
trasluce en determinadas alegaciones, quizá a modo obstativo a título de caducidad, referente
al plazo de 5 años previsto en el artículo 128.1 del Reglamento de Gestión
Urbanística , que desconoce y hace tabla rasa, entre otros supuestos, no
sólo de la relevante obviedad de la duración de los procesos contencioso administrativos y de
su ejecución, sino también de los plazos legales de prescripción de los derechos y las
correspondientes acciones.
5.- Finalmente, y por lo que a título de intereses se pretende, debe resaltarse la peligrosa
senda en la que se han permitido discurrir las partes poniendo situaciones de hecho por
delante de lo que sólo los instrumentos jurídicos urbanísticos de su razón permiten y con lo que
ello significa en materia de responsabilidad y otros supuestos que no se plantean. Hallándonos
en el ámbito de una anticipada gestión urbanística, y sólo procediendo imputar obras y
cantidades en la medida que aprovechasen a las obras e importes que finalmente se hiciesen
constar en los correspondientes Proyectos de Reparcelación y Urbanización, debidamente
aprobados, y sólo en la medida que se ajustasen a los mismos, en el caso presente por la
deficiente precisión temporal que se tuvo a bien poner de manifiesto en el Convenio
Urbanístico, debe señalarse que el convencimiento recae en que, en todo caso, sólo cabe
reconocer intereses a partir de la fecha en que se formuló la correspondiente solicitud a la
Administración demandada. Por consiguiente, sólo cabe reconocer a la parte actora los
intereses legales de las cantidades señaladas por la parte actora a partir del 4 de diciembre de
1998, fecha que suficientemente demuestra ya la demora pretendida.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada contra los actos impugnados
en el presente proceso en la medida que no reconocieron a la parte actora el abono del
importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas., en concepto de IVA más los intereses
legales de esas dos cantidades que se entienden producidos desde el 4 de diciembre de 1998
a cargo de la Administración municipal y sin perjuicio que ésta por los procedimientos
urbanísticos de rigor pueda exigir las correspondientes cantidades a los propietarios de su
razón, en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva".
3.- La parte dispositiva de la Sentencia referida estableció:
"Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo
interpuesto a nombre de la entidad CAIXA PENEDES contra el Acuerdo de 6 de marzo de
2000 de la Comissió de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES por el
que, en esencia, se denegó el recurso de reposición contra el anterior Acuerdo del mismo
órgano de 13 de diciembre de 1999 que estimó en parte la solicitud de 4 de diciembre de 1998
en el sentido de reconocer que se incluya en la liquidación definitiva del Proyecto de
Reparcelación del Sector les Casetes de Can Rabella la cantidad abonada por la entidad
CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. en concepto de obras de urbanización, en
cumplimiento del Convenio Urbanístico firmado el 19 de marzo de 1991, de acordar que una
vez finalizada la obra urbanizadora de ese Sector se proceda a elaborar la liquidación
definitiva del Proyecto de Reparcelación y se proceda a aprobar las cuotas urbanísticas
27

definitivas entre las que deberán incorporarse el importe de las obras de urbanización
anticipadas por la entidad CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. encargando al
Servicio de Actuación Urbanística la realización de la citada liquidación definitiva y denegar el
pago de la cantidad de 127.278.616 pts. más el IVA correspondiente con cargo al
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ni en concepto de responsabilidad subsidiaria ni en
concepto de responsabilidad patrimonial y contra ese anterior Acuerdo, del tenor explicitado
con anterioridad, y ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda articulada anulamos los actos
referidos por ser disconformes a Derecho en la medida que no reconocieron a la parte actora
el abono del importe de 127.278.616 ptas. más 15.889.278 ptas. en concepto de IVA más los
intereses legales de esas dos cantidades que se entienden producidos desde el 4 de
diciembre de 1998 a cargo de la Administración municipal y sin perjuicio que ésta por los
procedimientos urbanísticos de rigor pueda exigir las correspondientes cantidades a los
propietarios de su razón y declaramos y, en lo menester, condenamos a la Administración
demandada a que abone a la parte actora esos importes. Se desestiman el resto de
pretensiones".
TERCERO .- A su vez, el mismo acto impugnado en este proceso lo fue en nuestros
autos 406/2002 , en el que recayó nuestra Sentencia nº 251, de 1 de
abril de 2005 , en el mismo sentido que la anterior, y de la que interesa
relacionar los siguientes particulares:
"A resultas de lo anterior debe destacarse que las alegaciones de la parte actora poco se
compadecen con las premisas y argumentaciones que se han expuesto en la sentencia
relacionada en la parte menester, nº 634, de 23 de septiembre de 2004, en lo que a las
partidas e importes discutidos se hace referencia y que a las presentes alturas queda incólume
al no haberse patentizado elementos que permitan matizar u obstar las conclusiones a las que
se ha llegado y que resultan igualmente apreciables a los efectos del presente proceso, desde
luego, con las consiguientes adaptaciones.
Dicho en otras palabras y con mayor precisión en el presente caso y en razón a la tan delicada
y peligrosa senda en que se hallan las partes y especialmente la Administración demandada,
poniendo por delante una ejecución anticipada del planeamiento antes que la regular
tramitación y actuación formal al respecto y desde luego a salvo otras perspectivas del caso
que no se encuentran en la delimitación del presente recurso contencioso administrativo, debe
centrarse el caso en la perfecta operatividad de unas obras e importes que resultan hechas y
sufragadas en interés de los correspondientes propietarios con lo que ello representa en la
vertiente de su conocimiento, aprovechamiento y beneficio, al punto que el instituto del
enriquecimiento injusto colma sobradamente la calificación del caso y debe desplegar y
despliega sus connaturales consecuencias jurídicas, desvirtuando las líneas argumentales de
la parte actora por lo que a la liquidación complementaria de autos hace referencia.
CUARTO .- Finalmente y a los efectos de prescripción de las cuotas urbanísticas, este
tribunal se ha ido decantando, desde luego y como debe ser sabido, por el rechazo de la
afirmada procedencia de una pretendida prescripción extintiva fundada en el artículo
128 del Reglamento de Gestión Urbanística . Baste a los presentes
efectos citar, por todas, nuestras Sentencias nº 634, de 23 de septiembre 2004, nº
806, de 19 de noviembre de 2004, nº 838, de 29 de noviembre de 2004, nº 858, de 3 de
diciembre de 2004 y nº 103, de 1 de febrero de 2005 , a cuyo tenor procede
remitirse, por lo que igualmente esa tesis debe decaer y desestimarse.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán
en la parte dispositiva.
Y es así que en esa Sentencia recayó la siguiente parte dispositiva:
"Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de Don Pablo y Doña Andrea contra el Acuerdo de 8 de octubre de
2001 de la Comissió municipal de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación
complementaria del proyecto de reparcelación de les Casetes de Can Rabella, del tenor
28

explicitado con anterioridad, y DESESTIMAMOS la demanda articulada".
CUARTO .- Llegados a este punto y en unidad de doctrina y en aplicación del principio de
seguridad jurídica, igualmente con la Sentencia de esta misma fecha recaída en los autos
537/2002, deben seguirse sentando las mismas premisas y conclusiones que las expuestas
precedentemente para el caso de la parte actora del presente proceso al no constar ni haberse
evidenciado por la misma otros hechos o fundamentos que permitan matizar o alterar los
tenidos en cuenta al resolver los anteriores procesos.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán
en la parte dispositiva.
QUINTO .- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
de 1998.
FALLAMOS
Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre
de la entidad REALIA BUSINESS, S.A. contra la Resolución de 8 de octubre de 2001 de la
Comissió de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS por virtud de la
que, en esencia, se aprobó definitivamente la liquidación complementaria del "Projecte de
Reparcel·lació de les Casetes de Can Rabella" por un importe ascendiente a 147.643.195
ptas. correspondiente al coste de las obras de urbanización avanzadas a la aprobación del
proyecto, del tenor explicitado con anterioridad, y DESESTIMAMOS la demanda articulada.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Hágase saber que la presente Sentencia, en su caso, es susceptible de Recurso de
Casación ante el Tribunal Supremo sólo si se funda en infracción de normas de derecho estatal
o comunitario europeo que haya sido relevante y determinante del fallo, que habrá de
prepararse mediante escrito que cumplimente las exigencias del artículo 89 de
nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de julio de 1998 , en especial,
presentándolo ante esta misma Sección en el plazo de diez días a contar desde su
notificación, y, en su caso, es susceptible de Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina Autonómico, si se funda en infracción de las normas emanadas por la Comunidad
Autónoma, que habrá de interponerse mediante escrito que cumplimente las exigencias del
artículo 99 de nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de julio de 1998 , en
especial, presentándolo ante esta misma Sección en el plazo de treinta días a contar desde su
notificación.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Recurso nº 229/2002
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
DON JOSE JUANOLA SOLER
MAGISTRADOS
DON MANUEL TABOAS BENTANACHS
DOÑA ANA RUBIRA MORENO
SENTENCIA Nº 301/2005
En la ciudad de Barcelona, a ocho de abril de dos mil cinco.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo número 229/2002 ,
interpuesto por la JUNTA DE COMPENSACION DE LA AVENIDA DOCTOR FLEMING Y
PABELLON DEPORTIVO DEL RCD ESPANYOL, representada por la Procuradora DOÑA
ELENA DE VILLALONGA y dirigida por el Letrado DON JOAQUIN RIBOT TARGARONA,
contra el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, representado por el Procurador DON CARLES
ARCAS HERNANDEZ y dirigido por el Letrado DON ALBERT SOLE BENITO y contra SARRIA
PARK, S.A., representada por el Procurador DON ANTONIO MARIA ANZIZU FUREST y
dirigida por el Letrado DON JAVIER RAMOS CHILLON. Es Ponente Doña ANA RUBIRA
MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de
esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 16 de
enero de 2002 por el Alcalde de Barcelona que estima el recurso formulado por Sarrià Park,
S.A, contra los acuerdos de la Asamblea General de la Junta de Compensación de la calle
Doctor Fleming y Pavellón deportivo del RCD Espanyol, celebrada el 28 de junio de 2000,
declarándolos nulos y sin efecto.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras
relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba
suplicando que se declare la nulidad del acuerdo recurrido por ser contrario a derecho.
TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la
inadmisibilidad del recurso y, subsidiariamente, su desestimación y lo mismo pidió la
codemandada.
CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y se recibió el juicio a prueba mediante
auto de 30 de diciembre de 2002 , con el resultado que obra en autos,
evacuándose el trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 6 de
abril de 2005.
QUINTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones
30

legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso
contencioso administrativo tiene por objeto la resolución dictada 16 de enero de 2002 por el
Alcalde de Barcelona, que estima el recurso formulado por Sarrià Park, S.A, contra los
acuerdos de la Asamblea General de la Junta de Compensación de la calle Doctor Fleming y
Pavellón deportivo del RCD Espanyol, celebrada el 28 de junio de 2000, declarándolos nulos y
sin efecto.
La pretensión anulatoria y de reconocimiento de derecho de la actora se basó en las siguientes
consideraciones jurídicas: 1. Defectos en las convocatorias y en las votaciones de la asamblea;
2. Acuerdos adoptados por mayoría; 3. Desviación de poder.
SEGUNDO.- Opuesta por la Administración demandada y la codemandada la inadmisibilidad
del recurso procede resolver con carácter previo sobre las excepciones procesales hechas
valer por las partes de este recurso.
Respecto de la falta de legitimación de la Junta de compensación aquí recurrente es de
ve que la cuestión ha sido ya resuelta en otros recursos. Así, en la sentencia
dictada el 17 de abril de 2003 por esta misma Sala y Sección en el recurso
seguido con el número 2129/1998, en el que también eran parte la Junta de Compensación
recurrente y el Ayuntamiento de Barcelona, que a su vez remite a la dictada en el recurso
540/1999, se recoge: "Respecto de la legitimación ad causam su alegación es abiertamente
rechazable, al no reunir la Junta de Compensación el carácter de órgano de la entidad pública
que dictó los acuerdos impugnados, desde el momento en que las entidades urbanísticas
colaboradoras se configuran en nuestro derecho como típicas figuras de autoadministración
descentralizada o gestión autónoma por los mismos interesados de funciones públicas y
poderes de decisión inicialmente administrativos, representando una mera alternativa a la
gestión burocrática pura y simple de los mismos, al resultar delegados dentro de ciertos límites
en los propios interesados, quienes se erigen así en auténticos agentes y partícipes de la
gestión urbanística de la Administración delegante, sin perjuicio de que ésta retenga para si su
titularidad última, reservándose la tutela de su ejercicio y la posibilidad de corregirlo en vía de
recurso. En tal sentido, y en los términos de los artículos 24 y siguientes del
Reglamento de Gestión Urbanística de 1978 , tales entidades constituyen
una mera forma de participación privada de los interesados en la gestión urbanística, pudiendo
éstos, desde luego, recurrir las decisiones administrativas que les afecten, pese a su carácter
administrativo y dependencia en el orden dicho de la Administración Urbanística actuante, lo
que no les priva de su personalidad jurídica propia desde el momento de su inscripción en el
correspondiente Registro y de la plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, como
específicamente para las juntas de compensación ratifica el artículo 178.3 del T.R de
12 de julio de 1990 , sobre materia urbanística vigente en Catalunya".
No cabe, pues, apreciar la concurrencia de la causa de inadmisibilidad prevista en el
artículo 69.b) de la LJCA, en relación con el 20.c) de la misma Ley , que
debe ser rechazada.
En el fundamento de derecho cuarto de la citada sentencia se continúa diciendo: "En
cuanto a la legitimación ad processum, si bien los preceptos citados en los Estatutos de la
actora, no imponen expresamente el requisito cuyo cumplimiento se denuncia, no cabe olvidar
que la jurisprudencia contencioso-administrativa ha venido pronunciándose en el sentido de
exigir dicho acuerdo corporativo que exteriorice la voluntad de recurrir en cada caso concreto,
no bastando que los Estatutos concedan al Presidente de la Asociación su representación ente
los Tribunales y la capacidad de designar Procuradores y Abogados, o de conferirles poderes
tan amplios como fuere preciso, sino que, para la concurrencia de la necesaria legitimación
activa por la vía del art. 28 de la Ley Jurisdiccional de 1956 (
art. 19.1.b) de la LJCA de 1998 ), como la del artículo 7.3 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 , se precisa la adopción por el
órgano competente de un acuerdo específico de recurrir la resolución o resoluciones que
31

ahora resultan combatidas, pues una cosa es estar capacitados para formular demanda y otra
distinta es decidir sobre el interés de presentar una demanda determinada, sin que en el caso
concreto se haya aportado nada -como luego veremos- que haga pensar que se llevó a cabo
tal acuerdo de manera correcta y legal, además de no acreditarse que quien otorgó el poder
sea el órgano estatutariamente competente para decidir el ejercicio de la acción judicial.- Por
una parte, una vez denunciada dicha causa de inadmisibilidad por las demandadas, y pese a
tratarse de un defecto subsanable, pudiendo incluso adoptarse el acuerdo después de
interpuesto el recurso, tampoco aprovechó la impugnante la oportunidad de subsanar el vicio
dentro de los diez días siguientes al que se le notificó el escrito de contestación en que se
contenía dicha alegación, tal y como autoriza el art. 129.1 de la LJ de 1956
y reproduce el art. 138.1 de la LJ de 1998 ".
En el caso de autos la parte actora en el escrito de conclusiones remite a lo recogido en
"la certificación adjunta al poder para pleitos". Examinado éste es de ver que en el mismo se
refiere que el poderdante "está especialmente facultado para éste otorgamiento en virtud de
acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de la menciona entidad, celebrada
el día 19 de febrero de 1996, según resulta del certificado que librado por Doña Maite
, Secretaria de la Asociación, con el Visto Bueno del Sr. Presidente aquí compareciente, Don
Emilio , cuyas firmas conozco y considero legítimas, me entrega el compareciente y dijo
unido a esta matriz". Siendo que ese poder, otorgado el 13 de septiembre de 1996, no es un
poder especial para la interposición de este recurso sino el general para pleitos, no resulta
suficiente para acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.2.d) de la
LJCA , habida cuenta que los Estatutos de la recurrente no atribuyen al
Presidente la facultad de resolver sobre el ejercicio de acciones judiciales, y según consta en
el artículo 13.3.e) corresponde a la Comisión Ejecutiva el
ejercer todas las demás facultades de gobierno y administración de la Entidad no reservadas
expresamente a la competencia de la Asamblea General. No obra en las actuaciones la
certificación del acuerdo de la Junta de Compensación por el que, según se indica, se
autorizaba a su Presidente para "llevar a cabo las acciones pertinentes incluso judiciales,
relativas a la defensa de los intereses de la Junta de Compensación en todas las actuaciones
que se puedan producir, derivadas de la aprobación de la propuesta de modificación del Plan
General Metropolitano en los terrenos del Campo de Sarrià". Pero, en el supuesto en que se
hubiera acreditado la adopción de ese acuerdo procedería igualmente declarar la
inadmisibilidad del presente recurso en cuanto tiene por objeto la resolución del Alcalde que
declara la nulidad de los acuerdos adoptados el 28 de junio de 2000 por la propia Junta de
Compensación.
Luego, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.b) de la LJCA, en
relación con el 45.2.d) de la citada ley , procede declarar la
inadmisibilidad del recurso.
TERCERO. - No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas,
al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo
139 de la Ley Jurisdiccional.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
Primero. Declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la Junta de Compensación de la
calle Doctor Fleming y Pavellón deportivo del RCD Espanyol contra la resolución dictada 16 de
enero de 2002 por el Alcalde de Barcelona.
Segundo. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la
substanciación del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos
32

que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha. Doy fe.
33

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Recurso nº 768/2002
ILMOS. SRES.
MAGISTRADOS:
DON MANUEL TABOAS BENTANACHS
FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ
DOÑA ANA RUBIRA MORENO
SENTENCIA Nº 366/2005
En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de abril de dos mil cinco.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA
en el recurso contencioso-administrativo número 768/2002, interpuesto por SAMEVA 2000,
S.L., representada por la Procuradora DOÑA MARTA DURBAN PIERA, con asistencia letrada,
contra el AYUNTAMIENTO DE CAMBRILS, representado por el Procurador DON ARTURO
COT MONTSERRAT, con asistencia letrada, y contra la JUNTA DE COMPENSACION DEL
POLIGONO DE CAMBRILS L'ARCADIA, representada por el Procurador DON JOAN JOSEP
CUCALA PUIG y dirigida por el Letrado DON J. L. DE MIER VELEZ. Es Ponente Doña ANA
RUBIRA MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de
esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 1 de
julio de 2002 por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cambrils, que inadmite el
recurso de alzada formulado contra el acuerdo adoptado el 8 de marzo de 2002 por la Junta
de Compensación del Plan Parcial Sector 7, de aprobación del proyecto de compensación.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras
relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba
suplicando que se dictara sentencia en la cual: Primero.- Declare no ajustado a derecho y nulo
el acuerdo recurrido y la asamblea celebrada el 8 de marzo de 2002 por la Junta de
Compensación; Segundo.- Declare la procedencia de que la finca aportada a la compensación
con el número 6 debe figurar con la superficie real de la misma y se declare la procedencia de
que la valoración de las edificaciones, instalaciones, obras y plantaciones que constituyen la
industria de camping se ajuste a lo establecido en la Base de Actuación 2ª, aceptando la
valoración propuesta por la parte actora.
TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la
desestimación del recurso.
CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y se recibió el juicio a prueba mediante
auto de 8 de septiembre de 2003 con el resultado que obra en autos,
evacuándose el trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 27 de
abril de 2005.
34

QUINTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso
contencioso administrativo tiene por objeto la resolución dictada el 1 de julio de 2002 por la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cambrils, en la que, tras referir que la aprobación
inicial del Proyecto de compensación por la Junta de Compensación es un acto de trámite,
contra el que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que los argumentos que se utilizan en su
impugnación se puedan reiterar en la aprobación definitiva, acuerda inadmitir el recurso de
alzada formulado contra el acuerdo adoptado el 8 de marzo de 2002 por la Junta de
Compensación del Plan Parcial Sector 7, de aprobación del proyecto de compensación.
SEGUNDO.- En defensa de su pretensión anulatoria la parte actora alega que el acuerdo de la
Junta de compensación que aprobó el Proyecto de compensación era susceptible de
impugnación ante la Administración actuante por así disponerlo los Estatutos de la misma y no
ser un acto de trámite y de serlo, al decidir directamente sobre el fondo del asunto y producir
perjuicios irreparables a los recurrentes.
La cuestión litigiosa aquí planteada ha sido tratada por el Tribunal Supremo, entre
otras, en la sentencia de 26 de octubre de 2004 , en la que, respecto de la
impugnación de la aprobación inicial del Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de una
Junta de Compensación, se afirma su naturaleza de acto de trámite no susceptible de
impugnación independiente conforme a lo establecido en el artículo 107, por corresponder la
decisión final sobre el fondo del asunto a la aprobación definitiva, sin perjuicio de que los
interesados pueda manifestar su oposición, indicando: "Si, como aquí ocurre, el acto
administrativo es un acto de trámite lo seguirá siendo aunque medie un recurso de reposición.
Es cierto que la Administración tiene el deber de resolver, pero lo que ha de hacer en tal caso
es declarar inadmisible el recurso de reposición ( artículo 113-1 en relación con el
107-1 de la Ley 30/92 ).Y de que la aprobación inicial de un Proyecto de
Estatutos y Bases de Actuación de una Junta de Compensación es un acto de trámite, ninguna
duda cabe; así se deduce de los artículos 161 y 162 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978 , en los que se prevé la aprobación
inicial como un mero acto de iniciación de un procedimiento complejo que incluye una
publicación en el B.O. de la provincia, una notificación individual a todos los propietarios
afectados, una información pública y un acto final de aprobación definitiva, que es el único acto
que, como final y definitivo, puede ser impugnado. Esa aprobación inicial no decide directa o
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento
ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (
artículo 107-1 de la Ley 30/92 ), y, en consecuencia, la oposición a ese
acto de trámite puede alegarse por los interesados «para su consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento» ( artículo 107-1, párrafo segundo de aquella Ley
)".
Respecto de los Proyectos de compensación la aprobación inicial corresponde a la Junta de
Compensación y constituye una mera decisión preparatoria y provisional de la única decisión
que se recoge en la posterior aprobación definitiva por la Administración actuante. El hecho de
que contra los acuerdos de la Junta de Compensación los interesados puedan interponer
recurso de alzada ante la Administración actuante no modifica el régimen de impugnabilidad
de los Proyectos de compensación. Y siendo que la aprobación inicial no causa indefensión
ya que los motivos de impugnación podrán hacerse valer en la aprobación definitiva, ni es
susceptible de causar perjuicios irreparables ya que la situación existente se mantiene hasta la
aprobación definitiva, procede declarar la conformidad a derecho del acto recurrido, en cuanto
declara inadmisible el recurso de alzada, sin que se haga necesario el tratamiento de los
motivos de impugnación hechos valer por la actora.
TERCERO.- No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al no
apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139 de la
Ley Jurisdiccional.
35

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
Primero. Desestimar el recurso interpuesto por Sameva, 2000, S.L. contra la resolución dictada
el 1 de julio de 2002 por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cambrils, por ser
conforme a derecho.
Segundo. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la
substanciación del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos
que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha. Doy fe.
36

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº: 766/99
PARTES : JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO NUMERO 5, "LA CISA", DE PREMIA DE DALT
C/ AYUNTAMIENTO DE VILASSAR DE DALT
Ilustrísimos Señores :
MAGISTRADOS
D. JOSÉ JUANOLA SOLER.
Dña. MARIA DEL PILAR MARTÍN COSCOLLA.
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
BARCELONA, a dos de mayo de dos mil cinco.
S E N T E N C I A Nº 368
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 766/99,
seguido
a instancia de la JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO NUMERO 5, "LA CISA", DE PREMIA DE DALT, representada por el
Procurador
Don IVO RANERA CAHIS, contra el AYUNTAMIENTO DE VILASSAR DE DALT, representado
por
la Procuradora Doña EULALIA RIGOL TRULLOLS, sobre Urbanismo-Gestión.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- El 4 de agosto de 1999 el Alcalde del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt dictó
Decreto núm. 426 por virtud del que, en esencia, se decretó "1.
Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. En data 29 de juny de 1999, el Sr.
Raúl , actuant en representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Cisa. 2.
Confirmar el decret 283/99 ".
2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo
escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda
articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.
3º.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.
4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos.
5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron
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haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 7 de abril de 2005, a la hora prevista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de la JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR DE SUELO
URBANIZABLE PROGRAMADO NUMERO 5, "LA CISA", DE PREMIA DE DALT contra el
Decreto núm. 426, de 4 de agosto de 1999, del Alcalde del AYUNTAMIENTO DE VILASSAR
DE DALT por virtud del que, en esencia, se decretó "1. Desestimar el
recurs de reposició interposat pel Sr. En data 29 de juny de 1999, el Sr. Raúl , actuant
en representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Cisa. 2. Confirmar el
decret 283/99 ".
Todo ello tiene como antecedente el pronunciamiento administrativo sustancial del
Decreto 283/1999, de 28 de mayo , de la misma Alcaldía por el que,
sustancialmente, se ordenaba la suspensión de las obras de urbanización que se ejecutaban
en el término municipal de Vilassar de Dalt.
SEGUNDO .- Una vez se examinan las alegaciones de las partes, bien se puede comprender
que nos hallamos ante una controversia que exige y ha exigido precisar si parte del ámbito
territorial del denominado Plan Parcial la Cisa se hallaba en el territorio del Ayuntamiento de
Vilassar de Dalt.
A las presentes alturas y con apoyo de la prueba pericial de que se dispone debe señalarse
que, sin contradicción eficaz, el convencimiento debe recaer y recae en el sentido
argumentado por el perito procesal. Así se debe estimar que existe una superficie de unos
13.506 m2 que se halla en el término municipal de Vilassar de Dalt -concretamente los
sustancialmente identificados en la ampliación de la prueba pericial mediante documento
fechado a 6 de septiembre de 2004-.
Siendo ello así debe llegarse a la inamovible conclusión que por más relevancia que se trate
de efectuar con el mero apoyo de unas figuras de planeamiento urbanístico general, parcial,
como de otras, como del simple apoyo que pudieran dispensar algunas figuras de gestión
urbanística -así de algún proyecto equidistributivo o de urbanización, como de cualquier otro-,
todos ellos de Premià de Dalt, en forma alguna pueden dar cobertura cierta y eficaz sobre
actuaciones a desplegar fuera del ámbito territorial de su municipio. Baste recordar, a los
presentes efectos, que por expresa y expresiva disposición de los artículos 10 y 11
de la Ley 8/1987 , Municipal y de Régimen Local de Cataluña, el término
municipal y sólo él es el ámbito territorial donde el Ayuntamiento ejerce sus competencias y
que las competencias de los entes locales se entienden referidas precisamente a sus
territorios respectivos. Dicho en otras palabras y por si existiese alguna duda, los instrumentos
de planeamiento urbanístico y los instrumentos de gestión urbanística que se traen a colación
no alcanzan la fuerza ni necesaria ni suficiente para poder alterar por sí el ámbito territorial en
que los Ayuntamientos pueden ejercer sus competencias.
Por consiguiente, desde la perspectiva procesal de la parte actora que lógicamente ninguna
pretensión de ilegalidad pretende sobre esos supuestos debe aplicarse el artículo 6
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las correspondientes figuras de
planeamiento urbanístico y estimar inaplicables por contrarios a la Ley las disposiciones de los
mismos que pudieran avalar la tesis de la parte actora. Y, por otra parte, descartar en su
relevancia los pretendidos actos administrativos urbanísticos de gestión urbanística que se
hacen valer igualmente, en cuanto dictados por el Ayuntamiento de Premià de Dalt, ya que por
su obviedad no va a ser necesario abundar innecesariamente en que la presunción de
legalidad y acierto en que se planea en forma alguna puede desplegar sus efectos respecto a
actuaciones para las que una vez se ha acreditado se tratan de realizar en término municipal
ajeno, simple y sencillamente debe calificarse el caso como que se carece manifiestamente de
competencia territorial.
Y es así que, por otra parte, es decir desde la perspectiva de la actuación realizada por el
Ayuntamiento de Vilassar de Dalt, y a "sensu contrario" debe concluirse que la actuación
actuada de suspensión de la obras de urbanización en la medida que se ejecutaban en el
término Municipal de Vilassar de Dalt resulta perfectamente ajustada a Derecho precisamente
y por lo que se va razonando por actuarse en su propio término municipal.
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Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán
en la parte dispositiva. Desestimación que lógicamente alcanza a la pretensión indemnizatoria
que se hace valer y que no tiene cobertura alguna al no apreciarse en modo alguno la
producción de ningún acto lesivo indemnizable.
TERCERO .- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998
.
FALLAMOS
Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de la JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO NUMERO 5, "LA CISA", DE PREMIA DE DALT contra el Decreto
núm. 426, de 4 de agosto de 1999, del Alcalde del AYUNTAMIENTO DE VILASSAR DE DALT
por virtud del que, en esencia, se decretó "1. Desestimar el recurs de reposició interposat pel
Sr. En data 29 de juny de 1999, el Sr. Raúl , actuant en representació de la Junta de
Compensació del Pla Parcial La Cisa. 2. Confirmar el decret 283/99
", del tenor explicitado con anterioridad, y DESESTIMAMOS la demanda articulada.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Hágase saber que la presente Sentencia, es susceptible de Recurso de Casación para la
Unificación de Doctrina Autonómico, que habrá de interponerse mediante escrito que
cumplimente las exigencias del artículo 99 de nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de
julio de 1998 , en especial, presentándolo ante esta misma Sección en el
plazo de treinta días a contar desde su notificación.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
T.S.J. SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA BARCELONA
Recurso ordinario (Ley 1998) 527/2001 Sección: T
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº: 527/2001
PARTES : Ricardo , Luis Francisco , Ángela , Blas ,
Lucía , Ismael , Vicente , Pedro Francisco , Araceli ,
Maite , Alicia , Felix , Ramón , Jesús María ,
Milagros , Cornelio , Julián , Carla , Patricia , Luis
Andrés , Constanza , Regina , Dolores , Franco ,
Amanda , Pilar , Cristina Y Luis Angel
C/ AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE VILAMAJOR
Ilustrísimos Señores :
MAGISTRADOS
D. JOSÉ JUANOLA SOLER.
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
Dña. ANA RUBIRA MORENO.
BARCELONA, a uno de junio de dos mil cinco.
S E N T E N C I A Nº 460
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 527/2001,
seguido a instancia de Don Ricardo , Don Luis Francisco , Doña
Ángela , Don Blas , Doña Lucía , Don Ismael , Don Vicente
, Don Pedro Francisco , Doña Araceli , Doña Maite , Doña Alicia
, Don Felix , Don Ramón , Don Jesús María , Doña Milagros
,
Don Cornelio , Don Julián , Doña Carla , Doña Patricia ,
Don Luis Andrés , Doña Constanza , Doña Regina , Doña
Dolores , Don Franco , Doña Amanda , Doña Pilar , Doña
Cristina y Don Luis Angel , representados por el Procurador Don IVO
RANERA CAHIS, contra el AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE VILAMAJOR, representado
por el
Procurador Don MIGUEL ANGEL CARBONELL CUXART, sobre Urbanismo-Gestión.
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En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- El 2 de abril de 2001 la Comissió de Govern del Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor
dictó Acuerdo por virtud del que, en esencia, se desestimó el recurso de alzada formulado
contra la anterior resolución de 17 de enero de 2001 por la que se desestimó el recurso de
reposición de 29 de febrero de 2000 contra "acords de l'Assamblea General de la Junta de
Compensació de data 29.01.00".
2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo
escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda
articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.
3º.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.
4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos.
5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron
haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 19 de mayo de 2005, a la hora prevista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de Don Ricardo , Don Luis Francisco , Doña
Ángela , Don Blas , Doña Lucía , Don Ismael , Don Vicente
, Don Pedro Francisco , Doña Araceli , Doña Maite , Doña Alicia
, Don Felix , Don Ramón , Don Jesús María , Doña Milagros
, Don Cornelio , Don Julián , Doña Carla , Doña Patricia ,
Don Luis Andrés , Doña Constanza , Doña Regina , Doña
Dolores , Don Franco , Doña Amanda , Doña Pilar , Doña
Cristina y Don Luis Angel contra el Acuerdo de 2 de abril de 2001 de la Comissió
de Govern del AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE VILAMAJOR por virtud del que, en
esencia, se desestimó el recurso de alzada formulado contra la anterior resolución de 17 de
enero de 2001 por la que se desestimó el recurso de reposición de 29 de febrero de 2000
contra "acords de l'Assamblea General de la Junta de Compensació de data 29.01.00".
SEGUNDO .- La parte actora discute la legalidad de los actos impugnados en esta litis
sustancialmente desde las siguientes perspectivas:
A) Falta de motivación del acuerdo municipal de 2 de abril de 2001 sobre todo desde la
desconsideración a las razones dadas en su recurso de alzada.
B) Incompetencia del Presidente de la Junta de Compensación para resolver el 17 de
enero de 2001 el recurso de reposición formulado anteriormente máxime cuando se insiste en
que la modificación estatutaria que le confería esa función no había sido aprobada por el
Ayuntamiento como exige el artículo 8.3 de los Estatutos de la Junta de
Compensación , ni publicada ni inscrita en el registro de entidades
urbanísticas colaboradoras de la Generalidad de Cataluña.
C) Improcedencia de la aprobación de la Memoria, Cuentas, Balances y Presupuestos de la
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Junta de Compensación correspondientes a las etapas: I. Años 1988-1993 y II. Años 1994-
1999. Especialmente se apunta a la falta de la correspondiente justificación documental bien
para autorizar los correspondientes importes bien de comprobación de los importes
satisfechos correspondientes.
D) Todo ello extensivo igualmente al presupuesto del año 2000 y a las cantidades aprobadas
como cuota de 40.000 pts por parcela.
E) Finalmente se dirige la atención y se discute el traslado del domicilio social a Madrid.
En todo caso, interesa señalar que como el Suplico de la demanda contiene la solicitud de
nulidad de los acuerdos 2º, 4º, 5º y 8º de los Acuerdos de 29 de enero de 2000 debe
concretarse, en la parte menester, que en el acuerdo 2º se aprobó el cambio de domicilio, en el
acuerdo 4º se aprobaron la Memoria, Cuentas, Balances y Presupuestos de la Junta de
Compensación correspondientes a las etapas: I. Años 1988-1993 y II. Años 1994-1999, en el
acuerdo 5º el Presupuesto de la Junta de Compensación para el año 2000 y en el acuerdo 8º la
determinación de las aportaciones económicas a realizar por los asociados.
TERCERO .- Pues bien, examinando detenidamente las razones dadas por la Administración
demandada, por lo demás tan sucintas y lacónicas, debe destacarse que la decisión del
presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Aunque no deja de sorprender que a las presentes alturas deba seguirse reiterando
que en la materia urbanística rige la acción pública -por todos, baste la cita del
artículo 296 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio , por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de
Urbanismo, aplicable al caso por razones temporales y sin perjuicio de recordar que ese
reconocimiento, por lo demás tradicional en derecho urbanístico, sigue estando previsto en el
artículo 12 de la Ley 2/2002, de 14 de abril , de Urbanismo de Cataluña-.
Por consiguiente, en modo alguno cabe cuestionar la legitimación de los sujetos que
conforman la parte actora máxime cuando si se trataba de aludir a que determinadas
pretensiones de situación jurídica individualizada no podían ser ejercitadas por los titulares de
la acción pública las meras pretensiones de nulidad pretendidas de los acuerdos que se han
sintetizado con anterioridad no permiten ni siquiera intuir esa posible dirección de alegaciones.
2.- A su vez y dirigiendo la atención a las dos primeras líneas argumentales de la parte actora
igualmente debe decirse que no deja de sorprender que a las presentes alturas se sigan
manteniendo unas alegaciones formales -así por falta de motivación del acuerdo municipal de
2 de abril de 2001 y por incompetencia del Presidente de la Junta de Compensación para
resolver el 17 de enero de 2001 el recurso de reposición formulado- cuando, de un lado y en
todo caso, dejan incólumes los acuerdos adoptados el 29 de enero de 2000, y, de otro lado,
como la realidad de lo actuado pone de manifiesto la retroacción de actuaciones que habría
que acordar determinaría con toda probabilidad, rayando en la certeza absoluta, la práctica
repetición de los pronunciamientos desestimatorios de los recursos formulados una vez
salvadas las críticas que se han ofrecido por la parte actora. Efectivamente, sin perjuicio de lo
que se argumentará a continuación, bien se puede comprender que la debida decisión del
fondo del caso no puede apartarse de la debida consideración de la presente sentencia.
No obstante, para dar cumplida respuesta a las temáticas que se han expuesto debe
señalarse, en primer lugar, que el atento estudio del acuerdo de 2 de abril de 2001 permite
estimar que se halla mínima y suficiente fundado y motivado en el criterio desestimatorio que
respecto a las alegaciones del recurso formuladas resulta del mismo.
Y, en segundo lugar, ha lugar a estimar la improcedencia de que el Presidente de la Junta
de Compensación pudiera resolver el 17 de enero de 2001 el recurso de reposición formulado
anteriormente ya que, en apretada síntesis sin alegación eficaz en contrario, cuanto menos, no
resulta evidenciado que la modificación estatutaria que le confería esa función resolutoria en
sede de recurso administrativo hubiera sido aprobada por el Ayuntamiento como exige el
artículo 8.3 de los Estatutos de la Junta de Compensación .
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3.- Va de suyo que cuando se impugnan la Memoria, Cuentas, Balances y Presupuestos de la
Junta de Compensación correspondientes a las etapas: I. Años 1988-1993 y II. Años 1994-
1999, y se particularizan y precisan debidamente las sustanciales partidas que se han ido
desglosando por la parte actora, recae en al parte demandada la carga de la prueba de ir
evidenciando los acuerdos en que se han fundado los correspondientes supuestos y sus
importes con la adecuada y pertinente justificación de su abono. No otra conclusión cabe
alcanzar inclusive desde la perspectiva del principio de facilidad de prueba que debe
descansar en los órganos directivos de la correspondiente Junta de Compensación. Temáticas
todas ellas absoluta y radicalmente impracticadas en el presente caso y para todos los
ejercicios económicos que se han intentado salvar finalmente en la asamblea de autos y que,
desde luego, inclusive alcanzan a la presente vía jurisdiccional.
Por consiguiente, se está en el deber de tener que anular el acuerdo que tuvo por aprobados
esos supuestos ya que en forma alguna respetó ni garantizó las más mínimas y elementales
garantías para los miembros de la Junta de Compensación impugnantes.
4.- De la misma forma cuando se dirige la atención al Presupuesto para el ejercicio 2000 las
premisas y conclusiones referidas siguen siendo aplicables ya que, por más esfuerzos
posibilistas que se hagan debe resaltarse que no se cuenta con la debida puesta de manifiesto
de alegaciones y mucho menos de corroboración de evidencias que den por satisfechas las
exigencias de conocimiento mínimas y suficientes para hacerse idea cabal del caso. Desde
luego las meras y sucintas alegaciones ofrecidas por la Administración no alcanzan a mostrar
ningún elemento atendible para el caso.
5.- En último término debe señalarse que para el cambio de domicilio criticado no se aprecian
razones convincentes ni viables en la parte actora puesto que en el devenir de una Junta de
Compensación no resulta prohibido ese cambio de domicilio pese a no ser de la conveniencia
de la parte actora. Temática esta última que en forma alguna se erige con la fuerza necesaria
de una disconformidad a derecho.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y términos que
se fijarán en la parte dispositiva extensivo a la anulación de la Resolución de 17 de enero de
2001 y de los acuerdos 4º, 5º y 8º de la Asamblea General de la Junta de Compensación
Refugios del Montseny de 29 de enero de 2000 -respectivamente relativos a la aprobación de
la Memoria, Cuentas, Balances y Presupuestos de la Junta de Compensación
correspondientes a las etapas: I. Años 1988-1993 y II. Años 1994-1999, al Presupuesto de la
Junta de Compensación para el año 2000 y a la determinación de las aportaciones
económicas a realizar por los asociados-, debiéndose de desestimar el resto de pretensiones.
CUARTO .- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
de 1998 .
FALLAMOS
Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo
interpuesto a nombre de Don Ricardo , Don Luis Francisco , Doña Ángela
, Don Blas , Doña Lucía , Don Ismael , Don Vicente , Don
Pedro Francisco , Doña Araceli , Doña Maite , Doña Alicia , Don
Felix , Don Ramón , Don Jesús María , Doña Milagros , Don
Cornelio , Don Julián , Doña Carla , Doña Patricia , Don Luis
Andrés , Doña Constanza , Doña Regina , Doña Dolores , Don
Franco , Doña Amanda , Doña Pilar , Doña Cristina y Don
Luis Angel contra el Acuerdo de 2 de abril de 2001 de la Comissió de Govern del
AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE VILAMAJOR por virtud del que, en esencia, se
desestimó el recurso de alzada formulado contra la anterior resolución de 17 de enero de 2001
por la que se desestimó el recurso de reposición de 29 de febrero de 2000 contra "acords de
l'Assamblea General de la Junta de Compensació de data 29.01.00", del tenor explicitado con
anterioridad, y ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda articulada anulamos por ser
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disconformes a derecho la Resolución de 17 de enero de 2001 y los acuerdos 4º, 5º y 8º de la
Asamblea General de la Junta de Compensación Refugios del Montseny de 29 de enero de
2000 - respectivamente relativos a la aprobación de la Memoria, Cuentas, Balances y
Presupuestos de la Junta de Compensación correspondientes a las etapas: I. Años 1988-1993
y II. Años 1994-1999, al Presupuesto de la Junta de Compensación para el año 2000 y a la
determinación de las aportaciones económicas a realizar por los asociados-. Se desestiman el
resto de pretensiones.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Hágase saber que la presente Sentencia no es susceptible de Recurso de Casación y es
firme.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
T.S.J. SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA BARCELONA
Recurso ordinario (Ley 1998) 818/2002 Sección: R
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Recurso nº 818/2002
Ilmos. Sres.
MAGISTRADOS:
DON MANUEL TABOAS BENTANACHS
DON FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ
DOÑA ANA RUBIRA MORENO
SENTENCIA Nº 488/2005
En la ciudad de Barcelona, a diez de junio dos mil cinco.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA
en el recurso contencioso-administrativo número 818/2002, interpuesto por DOÑA Mónica
, representada por la Procuradora DOÑA CARMEN FUENTES MILLAN y dirigida por el
Letrado DON JOSEP ROVIRA SADURNI, contra el AYUNTAMIENTO DE CENTELLES,
representado por el Procurador DON FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT y dirigido por
el Letrado DON CARLOS RIBATALLADA y contra la JUNTA DE COMPENSACION DE LA
UNIDAD DE ACTUACION EL MARÇO VELL DE CENTELLES, representada por el Procurador
DON JOAN JOSEP CUCALA PUIG, con asistencia letrada. Es Ponente Doña ANA RUBIRA
MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría
de esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 11 de
julio de 2002 por el Alcalde de Centelles, que acuerda desestimar las alegaciones efectuadas
por la recurrente contra el decreto de 31 de mayo de 2002 del
mismo Alcalde que, tras desestimar las alegaciones presentadas, aprueba el Proyecto de
urbanización de la Unidad de ejecución Marçó Vell, sector IV, Ponent, ambit II de Centelles,
aprobado en la asamblea general la Junta de Compensación celebrada el 5 de abril de 2002.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras
relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba
suplicando que se dictara sentencia en la que: 1. Se declare que las resoluciones del Alcalde
de 31 de mayo de 2002 y 11 de julio de 2002, que aprueban el Proyecto de Urbanización y
desestiman el recurso de reposición formulado contra el mismo, respectivamente, no son
conformes a derecho, declarando su nulidad; 2. Se condene a la Administración demandada a
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pagar la indemnización que proceda en concepto de daños y perjuicios en la cantidad que se
determine en ejecución de sentencia.
TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la
desestimación del recurso y lo mismo pidió la codemandada.
CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y se recibió el juicio a prueba mediante
auto de 7 de mayo de 2003 , con el resultado que obra en autos, evacuándose
el trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 8 de junio de 2002.
QUINTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso
contencioso administrativo tiene por objeto el Decreto dictado el 11 de julio de 2002
por el Alcalde de Centelles, que desestima el recurso formulado por la recurrente contra el
Decreto de 31 de mayo de 2002 del mismo Alcalde, que aprueba el
Proyecto de urbanización de la Unidad de ejecución Marçó Vell, sector IV, Ponent, ambit II de
Centelles, aprobado en la asamblea general la Junta de Compensación celebrada el 5 de abril
de 2002
La pretensión anulatoria y de reconocimiento de derecho de la actora se basó en las siguientes
consideraciones jurídicas: 1. Nulidad del decreto o anulabilidad por falsedad; 2. Impugnación
indirecta del Plan General; 3. Desviación de poder; 4. incumplimiento de la normativa
reguladora de los Proyectos de urbanización
SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la LJCA
, además de la impugnación directa de las disposiciones generales, también es admisible la de
los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones
no son conformes a derecho. La falta de impugnación directa de una disposición general o la
desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación
de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.
La pretensión anulatoria del acto recurrido por incumplimiento del artículo 27
del Decreto Legislativo 1/1990 de 12 de julio , por el que se aprueba el
Texto Refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo (TRLUC), por la
Modificación puntual del Pla General de Ordenació del sector IV Ponent, ámbit II, El Março
Vell, de Centelles, no comportan desviación procesal ya que como se indica en la
sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1999 "cobra entonces
importancia la distinción entre el planteamiento de nuevas pretensiones y la exposición por el
demandante de cuantos motivos o alegaciones procedan en justificación de la pretensión
ejercitada, aunque no se hubieran expuesto en el recurso de reposición o con anterioridad a
éste, supuesto este último que autoriza el artículo 69.1 de la Ley de la Jurisdicción
(hoy 56.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio ) (...). Pues bien, la
jurisprudencia ha declarado repetidas veces que lo que está vedado normativamente es la
posibilidad de introducir en vía jurisdiccional nuevos hechos o cambios sustanciales de los ya
expuestos, capaces de individualizar histórica y jurídicamente nuevas pretensiones o de
modular, completándolas, las previamente esgrimidas, ya que lo único admitido es aducir
nuevos motivos o meras alegaciones, en su sentido propio de simples argumentaciones de las
peticiones, siempre las mismas, deducidas en el recurso de reposición (cfr.
Sentencias de 23 de septiembre de 1994, 21 de enero y 24 de marzo de 1995 ".
En el caso de autos se trataría de un motivo de impugnación que guarda estrecha relación con
los hechos valer en vía administrativa, referidos a la clasificación de la finca de la recurrente
como suelo urbano por disponer de todos los servicios urbanísticos.
La impugnación indirecta de una disposición general, en los términos recogidos en el
artículo 26 de la LJCA , no se ve obstaculizada por faltar esa indicación
en el escrito de interposición del recurso; el principio de tutela judicial efectiva exige que se
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deba estar, en todo caso, a la demanda para determinar si de su contenido cabe deducir que
se está impugnando indirectamente una disposición general, siendo esta la situación habida
en el presente recurso, pues en la demanda se indica de forma expresa que se impugna
indirectamente la citada modificación del Plan General.
Procede, pues, rechazar inadmisibilidad del recurso que derivaría de apreciar la desviación
procesal alegada.
TERCERO.- Una adecuada resolución de las cuestiones planteadas en el presente recurso
exige resolver con carácter previo los motivos de impugnación de carácter formal hechos valer
por la actora.
La Administración demandada aporta con la demanda la comunicación a la recurrente de la
convocatoria de la Asamblea General ordinaria de la Junta de Compensación celebrada el 5 de
abril de 2002, en la que consta en el apartado segundo del orden del día la aprobación del
Proyecto de urbanización, por lo que, contrariamente a lo defendido por la defensa de la
actora, no cabe apreciar defecto en la convocatoria de la Asamblea en la que se aprobó el
Proyecto aquí impugnado, ni cabe estar al contenido del documento aportado con la demanda
con el número 30, referido a la convocatoria de la asamblea de 17 de mayo de 2002.
Del visado del Proyecto de urbanización por el Colegio de Arquitectos en fecha posterior a su
aprobación por la Junta de Compensación ( 10 de junio de 2002), no cabe deducir que el
mismo fuera aprobado sin que existiera. En todo caso, además de que consta que la
recurrente hiciera valer esa circunstancia en la Asamblea en la que se aprobó, es de ver que el
acto aquí recurrido es de fecha posterior.
Obra en el expediente administrativo la Memoria, los planos de situación, las mediciones y el
presupuesto y el estudio de seguridad, y también el pliego de condiciones, encontrado a faltar
por la recurrente, a cuyo contenido se debe atender ya que ha quedado como una mera
alegación, sin prueba alguna, los defectos denunciados en la demanda.
Con la información contenida en el apartado B-3.2ª de la documentación aportada por el
Ayuntamiento de Centelles se acredita que dicha Corporación Local es titular de una de las
fincas integradas en el Proyecto de urbanización y de ahí su intervención en la Junta de
compensación como propietario, actuando mediante la representación conferida el 27 de
marzo de 2002, según consta en la certificación expedida por el Secretario de la Corporación
Local el 8 de enero de 2004.
CUARTO.- Con fecha 8 de abril de 2005 esta Sala y Sección ha dictado
sentencia en el recurso tramitado con el número 39/2002 , seguido contra la
Modificación puntual del Pla General de Ordenació del sector IV Ponent, ámbit II, El Março
Vell, de Centelles, en cuyo fundamento de derecho segundo se recoge: "Es sabido, y así lo
tiene reiterado el Tribunal Supremo, que la clasificación de unos terrenos como suelo urbano
exige no simplemente que los mismos cuenten con los servicios urbanísticos determinados en
la legislación urbanística ( artículo 115 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio
, por el que se aprueba el Texto Refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo
en Cataluña (TRLUC) sino, además, que tales servicios tengan la calidad de idoneidad y
adecuación indispensable o mínima para ser considerados como tales, con virtualidad para ser
clasificado como suelo urbano, siendo preciso también que exista una urbanización básica
constituida por unas vías perimetrales y unas redes de servicios que puedan servir con
suficiencia a los terrenos ( STS 8 de noviembre de 2004, con remisión a otras, de 14
de abril y 23 de noviembre de 1993, 14 de junio, 2 y 28 de noviembre de 1994, 21 de julio de
1997, 11 de marzo, 26 de mayo y 21 de julio de 1997 ). Para la obtención de la
condición de solar se exige que las superficies reúnan los requisitos recogidos en el
artículo 119 del mismo texto legal .
Para la valoración de la idoneidad y adecuación de los servicios de que dispone la finca
propiedad de la recurrente se emitió por el Arquitecto del Ayuntamiento de Centelles un
informe de fecha 15 de octubre de 2001, en el que se recoge: "La finca no està en sòl urbà
consolidat, ni disposa dels serveis urbanístics que li pertoquen. No s'ha fet mai la urbanizació
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d'aquesta zona del Sector IV Ponent. Els carrers que delimiten la zona disposen d'alguns
serveis: El c. Galejadors, el carrer no està obert en tota la seva amplada, encara que té una
amplada que permet el trànsit, amb una fina capa de rodadura que evita el fang i pols. El
paviment del carrer no s'ha fet mai. En canvi està feta la vorera del costat contrair a la zona,
que sempre ha tingut la qualificació d'urbà. Té l'aigua, l'enllumenant i la baixa tensió soterrada,
tot passa per sota la vorera del costa que no està a l' àmbit del Sector IV, tot passa pel costat
que està ja edificat, el costat que el Pla General sí va qualificar com a urbà. La claveguera
passa pel mig del carrer però no hi ha cap conneció de cap dels edifics del Sector IV ámbit 2.
El telèfon son pals possat el mig del camp... a l'av. de les Escoles, no hi ha ni claveguera.
L'habitatge que hi dóna té un pou mort. La vorera i l'enllument que hi ha l'ajuntament ho va fer
fa molt poc, per poder passar ja que està molt a prop de les escoles i era perillós que no hi
hagués vorera. No es va imputar res als propietaris del sector. Referent a cessions i despesses
d'urbanització anteriors, no es poden referir a aquesta zona ja que encara està pendent de
desenvolupar. No s'ha de confondre amb el desenvolupament de la unitat d'actuació UA4.
Ponent, en sòl urbà, i que no tè res a veure emb el tema en qüestió".
Las apreciaciones contenidas en el citado informe no se han visto desvirtuadas con las
pruebas practicadas. Así, con la demanda se aportó un informe emitido por un arquitecto y a
instancia de la actora se practicó prueba pericial. En el primer informe se recoge: "Que he
visitat el terreny propietat de Sr. Marco Antonio , ubicat en el xamfrà format pels
carrers Galejadors, Torres y Bagues i avinguda de les Escoles, de la localitat de Centelles
(Barcelona) i del que s'acompanya plànol d'emplazament i plànol de la infraestructura actual
que l'envolta. La infraestructura del zamfrà està formada per: 1. Voreres (vorada i paviment). 2.
Carrers pavimentats. 3. Desguàs. 4. Embornals, 5. Aigua potable. 6. Il.luminació pública" En el
informe pericial se indica que la citada finca dispone de los siguientes servicios urbanísticos:
red viaria básica conectada con la trama viaria básica municipal, red de abastecimiento de
agua y de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público. Como es de ver,
ni en uno ni en otro informe se entra en la valoración de las características de los servicios de
que dispone la finca de la recurrente, como se realiza en el informe elaborado por el Arquitecto
municipal, además de que en el primero sólo se refleja "la infraestructura de la esquina",
omitiendo toda referencia a las características de los servicios correspondientes a la calle
Galejadors y de la Avda de les Escoles, sin que los documentos aportados con la demanda
con los números 9 a 21, consistentes en los recibos de la contribución territorial urbana y del
impuesto sobre bienes inmuebles, y 22 a 26 en cuanto a los recibos de exacciones
municipales, resulten suficientes para acreditar esas circunstancias, ni para reconocerle la
condición de solar por el sólo hecho de que en los mismos se recoja la indicación "solar"
utilizada sin precisión técnica alguna. Tampoco cabe reconocerle efecto alguno a la licencia de
obras para el cierre de la finca obtenida el 21 de junio de 1988, que no es específica de obras a
realizar en suelo urbano."
La alega falsedad del Proyecto de urbanización por no reflejar los servicios urbanísticos
de la finca propiedad de la recurrente debe ser rechazada ya que en los Planos del proyecto
números 249/8, 9 y 12, constan los servicios urbanísticos preexistentes. Además de que la
documentación que se adjunta con la demanda, aportada y valorada en el recurso contencioso
administrativo 39/2002, y la obtenida con la prueba documental, no resulta suficiente para
desvirtuar el contenido de los informes obrante en el folio 19 y siguientes y 39 y siguientes del
expediente administrativo y demás información contenida en el propio Proyecto de
urbanización, en cuanto a los servicios preexistente, no se ha practicado prueba para acreditar
la utilidad de los mismos en la ejecución de las obras del Proyecto de urbanización. No
estando ante un supuesto de conservación o mantenimiento de obras de urbanización no
resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del RGU
, al que la parte actora remite.
La desviación de poder, a la que hacen referencia el artículo 106.1 de la
Constitución y los artículos 53.2 y 63.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre , era definida en el artículo 83.3 de la LJCA
de 1956 como el ejercicio de potestades administrativas para fines
distintos de los establecidos por el ordenamiento jurídico. Este concepto fue matizado por la
jurisprudencia declarando: a) que es necesario un acto aparentemente ajustado a la legalidad,
pero que en el fondo persigue un fin distinto del interés público querido por el legislador; b) que
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se presume que la Administración ejerce sus facultades conforme a derecho; y c) que no
puede exigirse una prueba plena sobre su existencia, ni tampoco fundarse en meras
presunciones o conjeturas, siendo necesario acreditar hechos o elementos suficientes para
formar en el Tribunal la convicción de que la Administración acomodó su actuación a la
legalidad, pero con finalidad distinta de la pretendida por la norma aplicable ( STS
de 10.12.1998 ).
En el caso de autos, además de que no queda acreditado que el Proyecto de urbanización no
recoja los servicios urbanísticos preexistentes, ni probada la utilidad de los mismos en la
ejecución de las obras de urbanización, de las circunstancias concurrentes en cuanto al
contenido del Proyecto de urbanización, titularidad de las fincas del sector IV Ponent, antes y
después de la aprobación del Proyecto urbanización, domicilio de los técnicos del
Ayuntamiento intervinientes en el procedimiento y del Alcalde, no cabe deducir la desviación
de poder que se propugna.
QUINTO.- Como dispone el artículo 27 del TRLUC , los
Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica
los Planes Generales Municipales en el suelo urbano, los Planes Parciales y, en su caso, las
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento. No podrán contener
determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación, y tendrán que
detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para que puedan
ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto.
El principio de justa distribución de beneficios y cargas que rige en toda actuación urbanística,
ya sea de planeamiento como de gestión, que se encuentra expresamente contemplado en el
TRLUC, tanto de forma general en su artículo 3.2 b), cuando expresa que la competencia
urbanística concerniente al planeamiento comprenderá la facultad de impedir la desigual
atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios afectados
imponiendo la justa distribución, como en ámbitos más específicos en los que el principio se
manifiesta en la regulación de las obligaciones de los propietarios de suelo urbano (artículo
120.3 y 4), la delimitación de los sectores (artículo 63.b), polígonos (artículos 103 y 167.2 b), y
unidades de actuación (artículo 103 y 167.3), y en la regulación de los sistemas de actuación
(artículos 174 y 182.2 para el sistema de cooperación, y 174 y 147.2 para el sistema de
compensación), pero no resulta de aplicación a los proyectos de urbanización, como proyecto
de obras que son.
Rechazados todos los motivos de impugnación procede desestimar el recurso.
SEXTO.- No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al
no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139
de la Ley Jurisdiccional .
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
Primero. Desestimar la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración
demandada en el recurso interpuesto por Doña Mónica , contra el Decreto
dictado el 11 de julio de 2002 por el Alcalde de Centelles
Segundo. Desestimar el recurso por ser conforme a derecho el acto recurrido.
Tercero. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la
substanciación del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos
que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos
49

principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha. Doy fe.
50

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Recurso nº 1119/2002
ILMOS. SRES.
MAGISTRADOS:
DON MANUEL TABOAS BENTANACHS
DON FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ
DOÑA ANA RUBIRA MORENO
SENTENCIA Nº 489/2005
En la ciudad de Barcelona, a diez de junio de dos mil cinco.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA
en el recurso contencioso-administrativo número 1119/2002, interpuesto por la
DIRECCION000 , representada por la Procuradora DOÑA FRANCESCA BORDELL
SARRO y dirigida por el Letrado DON MARIO RUEDA, contra el AYUNTAMIENTO DE
FOGARS DE LA SELVA, representado por la Procuradora DOÑA MARIA JOSE BLANCHAR
GARCIA y dirigida por el Letrado DON JORDI SALBANYA BENET. Es Ponente Doña ANA
RUBIRA MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría
de esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 7 de
octubre de 2002 por el Pleno del Ayuntamiento de Fogars de la Selva, que desestima los
recursos de alzada formulados por Don Luis Manuel y Doña Estíbaliz contra
los acuerdos adoptados por la Asamblea General extraordinaria de la DIRECCION000
, de 27 de julio de 2002.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras
relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba
suplicando que se dictara sentencia por la que estimando el recurso declare la nulidad de
pleno derecho de la resolución de 23 de octubre de 2002, desestimatoria de los recursos de
alzada formulados contra la Asamblea General extraordinaria de la DIRECCION000 y
en consecuencia anule los acuerdos en ella tomados.
TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la
desestimación del recurso.
CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y se recibió el juicio a prueba mediante
auto de fecha 10 de septiembre de 2003 , con el resultado que obra en autos,
evacuándose el trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 8 de
junio de 2005.
QUINTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones
legales.
51

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso
contencioso administrativo tiene por objeto la resolución dictada el 7 de octubre de 2002 por el
Pleno del Ayuntamiento de Fogars de la Selva, que desestima los recursos de alzada
formulados por Don Luis Manuel y Doña Estíbaliz contra los acuerdos
adoptados por la Asamblea General extraordinaria de la DIRECCION000 , de 27 de
julio de 2002.
La pretensión anulatoria de la actora se basó en la vulneración de los Estatutos
de la Junta de Compensación, artículos 18.a), c), d), e) y 20 .
SEGUNDO.- Opuesta por la Administración demandada la inadmisibilidad del recurso
contencioso administrativo por falta de legitimación y por no ser susceptible de impugnación
por la recurrente la resolución recurrida, procede resolver con carácter previo sobre esas
excepciones procesales.
Conforme a lo establecido en el artículo 178.5 del Decreto Legislativo 1/1990,
de 12 de julio , por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación
vigente en materia de urbanismo (TRLUC), los acuerdos de la Junta de Compensación serán
recurribles en alzada ante la Administración actuante; pero, en el caso de autos, los recursos
de alzada contra el acuerdo adoptado el 7 de octubre de 2002 por la Junta de Compensación
fueron interpuestos por Don Luis Manuel y Doña Estíbaliz , mientras que el
recurso contencioso administrativo lo interpuso la DIRECCION000 , persona jurídica
con personalidad jurídica propia e independiente de los anteriores, que no impugnó el citado
acuerdo, de forma que no puede dirigirse contra la resolución dictada por la Administración
actuante resolviendo los recursos de alzada formulados por terceros con el fin de discutir el
contenido de un acuerdo que devino firme y consentido.
La legitimación activa que el artículo 19.1.b) de la LJCA
reconocer a las asociaciones sindicatos, grupos y entidades a que se refiere el artículo 18, en
defensa de los intereses generales cuya custodia tienen encomendada, no obsta la exigencia
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para la
impugnación de actos administrativos o disposiciones generales dictadas por la
Administración, como es en el caso de autos el preceptivo recurso de alzada, sin que se pueda
hacer valer el recurso interpuesto por uno de los miembros de la Asociación, Doña
Estíbaliz , por tener personalidad jurídica propia e independiente.
Procede, pues, declarar la inadmisibilidad del recurso por concurrir la causa prevista en el
artículo 69.c de la LJCA .
TERCERO. - No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas,
al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo
139 de la Ley Jurisdiccional .
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
Primero. Estimar la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración demandada en
el recurso interpuesto por contra la DIRECCION000 contra la resolución dictada el 7
de octubre de 2002 por el Pleno del Ayuntamiento de Fogars de la Selva y declarar su
inadmisibilidad.
Segundo. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la
substanciación del presente recurso.
52

Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos
que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha. Doy fe.
53

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Recurso nº 1118/2002
ILMOS. SRES.
MAGISTRADOS:
SENTENCIA Nº 533/2005
DON MANUEL TABOAS BENTANACHS
DON FRANCISO LOPEZ VAZQUEZ
DOÑA ANA RUBIRA MORENO
En la ciudad de Barcelona, a uno de julio dos mil cinco.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA
en el recurso contencioso-administrativo número 1118/2002, interpuesto por DON Carlos
Ramón , representado por la Procuradora DOÑA BELEN DOMINGUEZ ROMAGOSA y
dirigido por el Letrado DON ABEL PIE LACUEVA, contra el AYUNTAMIENTO DE SANT
QUIRZE DEL VALLES, representado por el Procurador DON IVO RANERA CAHIS y dirigido
por el Letrado DON OSCAR RIPOL BAZ y contra la JUNTA URBANISTICA DE
COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL EL CASTELLET DE SANT QUINZE DEL VALLES,
representada por el Procurador DON JUAN EMILIO CUBERO ROYO y dirigida por el Letrado
DON MAURICI ABGLARILL PEREZ y la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada y
dirigida por el Señor LETRADO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Es Ponente Doña
ANA RUBIRA MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de
esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 15 de
octubre de 2002 por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Quirze, que
desestima el recurso presentado por el recurrente contra los acuerdos adoptados el 17 de julio
de 2002 por la Asamblea de la Junta de Compensación.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras
relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba
suplicando que se dictara sentencia por la que se estime la demanda y: 1. Se acuerde anular,
revocar y dejar sin efecto el acuerdo recurrido; 2. Se declare que en la finca se desarrolla una
actividad mercantil que ha de dejar de funcionar y que tiene derecho a una indemnización; 3.
Se valore la finca en la cantidad; 4. Se de un valor de negocio de 115.394,32 euros; 5. Se
obligue a la Junta a pagar esa cantidad a cargo de la cuenta de liquidación; 6.
Subsidiariamente, se obligue a la Junta a pagar esta cantidad a cargo de la finca de la Junta
(sic).
TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la
desestimación del recurso solicitó la desestimación del recurso y lo mismo pidieron las
codemandadas.
CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y se recibió el juicio a prueba mediante auto
de 17 de febrero de 2004, con el resultado que obra en autos, evacuándose el trámite de
54

conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 29 de junio de 2005.
QUINTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso
contencioso administrativo tiene por objeto la resolución dictada el 15 de octubre de 2002 por la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Quirze, que desestima el recurso presentado
por el recurrente contra los acuerdos adoptados el 17 de julio de 2002 por la Asamblea de la
Junta de Compensación.
Dado que el acuerdo recurrido se dicta por el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallés en el
procedimiento seguido en la aprobación del Proyecto de compensación de El Castellet,
conforme a lo alegado por el Letrado de la Generalitat de Catalunya y de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de la LJCA, es de estimar que aquélla carece de legitimación
pasiva.
SEGUNDO.- La cuestión litigiosa a resolver en el caso de autos versa sobre la indemnización
solicitada en el Proyecto de compensación del Plan Parcial de El Castellet de Sant Quirze del
Vallés por el recurrente, por el cese de la actividad desarrollada en la granja avícola de su
propiedad.
Interpuesto recurso de alzada contra el acuerdo de la Asamblea de la Junta de Compensación
de 6 de febrero de 2002, que aprobada el Proyecto de compensación, la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallés en la sesión celebrada el 28 de mayo de
2002, en atención al contenido de los informes emitidos, acuerda estimar parcialmente el
recurso en el sentido de considerar la existencia de la actividad y solicitar a la Junta de
Compensación que informe en relación a la cuantía propuesta en concepto de indemnización.
En atención al contenido del informe emitido por el Arquitecto redactor del Proyecto de
compensación en junio de 2002, en el que se concluye que en la actualidad no se desarrolla
actividad alguna y que el cese de la misma es anterior y ajeno a la aprobación del Plan Parcial,
la Junta de Compensación el 17 de julio de 2002 deniega la indemnización, e interpuesto
nuevo recurso de alzada ante el Ayuntamiento demandado se dicta el acto aquí recurrido.
Como es de ver, si bien el acuerdo de 28 de mayo de 2002 considera la existencia de la
actividad desarrollada por el recurrente y solicita a la Junta de Compensación informe sobre la
cuantía económica de la indemnización, el acuerdo recurrido, en cuanto deniega la
indemnización, modifica el anterior, dejándolo sin contenido, sin que para ello se hubiera
seguido ninguno de los procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos
previstos en el artículo 102 y 103 de la LPAC, ni el contenido del informe del Arquitecto, antes
citado, resulte suficiente para ese fin, procediendo por ello declarar su disconformidad a
derecho, para seguidamente determinar el importe de la indemnización.
TERCERO.- En el súplico de la demanda se pide: "doni un valor del negoci en la quantitat de
115.394,32 euros". Esa cantidad se corresponde con el contenido del informe pericial obrante
en los folios 156 y siguientes del expediente administrativo, en el que siguiendo el método de
capitalización de la renta se fija el valor de mercado en 19.200.000 pesetas. En el mismo
informe y siguiendo el método de coste de reposición se fija ese valor en 5.800.000 pesetas.
Pese a que no se ha practicado en este proceso prueba alguna tendente a acreditar los daños
y perjuicios derivados del cese de la actividad, siendo que esa situación necesariamente los ha
de generar, se fija el importe de la indemnización en 3.000 euros, cantidad que devengará los
intereses procesales en la forma prevista en el artículo 106.2 de la LJCA. La obligación de
pago de esa cantidad debe recaer sobre los propietarios de los terrenos afectados por el
Proyecto de compensación, que están sujetos al cumplimiento, entre otras cargas, de sufragar
los gastos de urbanización (artículo 170 del TRLUC), que comprenden las indemnizaciones
procedentes por la demolición de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e
instalaciones que exija la ejecución de los planes (artículo 172 del TRLUC).
Procede estimar el recurso para declarar la disconformidad a derecho del acto recurrido y fijar
el importe de la indemnización por cese de la actividad en 3.000 euros, ordenando la
tramitación de un expediente complementario de liquidación del importe de la indemnización
por cese de actividad, para su distribución entre todos los propietarios.
55

CUARTO.- No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al no
apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139 de la Ley
Jurisdiccional.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
Primero. Estimar el recurso interpuesto por Don Carlos Ramón contra el acuerdo
adoptado el 15 de octubre de 2002 por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant
Quirze, que se anula por ser disconforme a derecho.
Segundo. Fijar el importe de la indemnización en tres mil (3.000) euros.
Tercero. Ordenar la tramitación de un expediente complementario de liquidación del importe de
la indemnización por cese de actividad reconocida al recurrente.
Cuarto. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la
substanciación del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos
que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha. Doy fe.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Recurso nº 455/2001
ILMOS. SRES.
MAGISTRADOS:
DON MANUEL TABOAS BENTANACHS
DON FRANCISO LOPEZ VAZQUEZ
DOÑA ANA RUBIRA MORENO
SENTENCIA Nº 688/2005
En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de septiembre dos mil cinco.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA
en el recurso contencioso-administrativo número 455/2001, interpuesto por DON Antonio
, representado por el Procurador DON ARTURO COT MONTSERRAT y dirigido por el Letrado
DON J.L. CALDERON, contra el AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA, representado por el
Procurador DON XAVIER COROMINA BAXERAS y dirigido por el Letrado DON LLUIS M.
RODA ALTES. Es Ponente Doña ANA RUBIRA MORENO, Magistrada de esta Sala, quien
expresa el parecer de la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de
esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 14 de
marzo de 2001 por el Alcalde de Tarragona, que desestima el recurso formulado contra el
acuerdo de la Comisión de Gobierno de 30 de octubre de 2000.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras
relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba
suplicando que se dictara sentencia por la que estime el recurso, dejando sin efecto la
resolución recurrida, con reconocimiento de la situación jurídica individualizada del recurrente
anterior a tales actuaciones y la adopción de las medidas adecuadas para el restablecimiento
de la misma.
TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la
desestimación del recurso.
CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y se recibió el juicio a prueba mediante
auto de 31 de octubre de 2004 , con el resultado que obra en autos,
evacuándose el trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 14 de
septiembre de 2005.
QUINTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones
legales.
57

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso
contencioso administrativo tiene por objeto la resolución dictada el 14 de marzo de 2001 por el
Alcalde de Tarragona, que desestima el recurso formulado contra el acuerdo de la Comisión de
Gobierno de 30 de octubre de 2000, que aprueba definitivamente el Proyecto de compensación
del Plan Parcial nº 21 de la Urbanización Rodolat del Moro y ordena que en su publicación se
hará constar que no se procederá a la formalización del proyecto de compensación con
escritura pública hasta que no se haya levantado el acta de ocupación de la finca objeto de
expropiación, por no haberse producido la adhesión a la Junta de Compensación.
El decreto recurrido desestima el recurso de reposición con una salvedad y ordena la
valoración del cierre de la finca del recurrente y del coste de la reubicación de unos olivos, sólo
para el caso de que por los Servicios Técnicos municipales se compruebe que quedan
afectadas por el Proyecto de urbanización, ordenando, en ese caso, que se incorpore esa
valoración en la cuenta de liquidación provisional.
La pretensión anulatoria y de reconocimiento de derecho de la actora se basó en las siguientes
consideraciones jurídicas: 1. Aprobación Proyecto de compensación antes de completar la
tramitación del procedimiento expropiatorio de una de las fincas; 2. Infracción del principio de
justa distribución de beneficios y cargas; 3. Derecho a indemnización por construcciones,
olivos y muro.
SEGUNDO.- La cuestión aquí debatida ha sido tratada por el Tribunal
Supremo, entre otras, en las sentencias de 14 de abril de 2003 y de 3 de marzo de 1999
. En esta última, con remisión a otra anterior de 26 de abril de 1988, y en tratamiento de lo
dispuesto en el artículo 168 del RGU , se indica: "De los
preceptos legales que han quedado indicados resulta que las Juntas de Compensación actúan
con pleno poder dispositivo sobre las fincas de que se trate pero que pertenezcan a los
propietarios miembros de aquéllas. Igualmente resulta que la expropiación de los terrenos
propiedad de quienes no se hubieren incorporado a la Junta de Compensación es uno de los
efectos de la constitución de aquélla, efecto que se produce antes de la formulación del
Proyecto de compensación. De lo expuesto en los fundamentos precedentes resulta que la
Sala Territorial resolvió con acierto al afirmar la imposibilidad de aprobar un Proyecto de
Compensación sin la previa expropiación de los terrenos cuyos propietarios no se han
incorporado a la Junta de Compensación".
En el ámbito de la Comunidad Autónoma el artículo 20 del Decreto 303/1997,
de 1997, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre medidas para
facilitar la ejecución urbanística , al regular la adhesión a la Junta de
Compensación, dispone: "Una vez transcurrido el plazo legalmente establecido para la
adhesión de los propietarios, la administración actuante podrá dejar sin efecto, previo acuerdo
de la Junta de compensación, el expediente de expropiación iniciado al propietario no
adherido, cuando éste haya solicitado su adhesión y satisfecho la parte proporcional de los
gastos realizados con los intereses legales correspondientes, así como los que se hubieran
devengado durante la tramitación del proyecto de expropiación, siempre que no se haya
levantado aún el acta de ocupación" Luego, como es de ver, la resolución recurrida, en los
términos en los que se adopta, haría ilusoria la posible adhesión de los propietarios antes del
acta de ocupación de sus bienes, prevista en el citado artículo, procediendo por ello estimar
este motivo de impugnación.
TERCERO.- Respecto del segundo motivo de impugnación, hecho ya valer en vía
administrativa, se recoge en el acto recurrido, que la parcelación realizada se corresponde con
la realidad existente, en cuanto que el Proyecto de compensación tiene por objeto legalizar
una urbanización clandestina consolidada, añadiendo la siguiente indicación: "el total del
poligon és de 253.522 m2, quedan després de les cessions d'ús residencial privat 152.957 m2,
és a dir, s'ha cedit un 39,67 %, por lo cual la finca aportada ... hauria d'haver cedit 848,94 m2,
quan en realitat cedeix 625 m2 deixant de cedir 223,97 m2 quedant-li una resultant de 1515
m2 quan el Pla d'us residencial solament li tindría que adjudicar 1210 m2, amb la qual cosa la
parcel.lació aprovada li dóna un benefici de superfie resultant de 305 m2, a la vegada que no
58

varia el nombre d'edificacions i se'l beneficia en 82 m2 de sostre".
Conforme a lo establecido en el artículo 170 del TRLUC ,
los propietarios de los terrenos afectados por una actuación urbanística están sujetos al
cumplimiento de las cargas siguientes: a) Efectuar las cesiones de terrenos que se establecen
en la Ley; b) Sufragar los gastos de la urbanización. Para el suelo urbanizable la obligación de
ceder a favor del Ayuntamiento los terrenos que se destinen con carácter permanente a viales,
accesos y estacionamientos adyacentes a la vía pública, parques, jardines públicos y zonas
deportivas y de recreo y expansión, centros culturales y docentes y demás servicios públicos
necesarios, se dispone en el artículo 121.3.a) del citado Texto Refundido
.
Se ha de rechazar que se haya visto vulnerado el principio de justa distribución de beneficios y
cargas que rige en toda actuación urbanística, ya sea de planeamiento como de gestión, que
se encuentra expresamente contemplado en el TRLUC, tanto de forma general en su artículo
3.2 b) cuando expresa que la competencia urbanística concerniente al planeamiento
comprenderá la facultad de impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del
planeamiento entre los propietarios afectados imponiendo la justa distribución, como en
ámbitos más específicos en los que el principio se manifiesta en la regulación de las
obligaciones de los propietarios de suelo urbano (artículo 120.3 y 4), la delimitación de los
sectores (artículo 63.b), polígonos (artículos 103 y 167.2 b), y unidades de actuación (artículo
103 y 167.3), y en la regulación de los sistemas de actuación (artículos 174 y 182.2 para el
sistema de cooperación, y 174 y 147.2 para el sistema de compensación).
La acción urbanizadora produce unos innegables beneficios a los propietarios, al
proporcionarles o mejorarles viales, espacios libres, zonas verdes, servicios y dotaciones
públicas. La parte actora no desea tales innovaciones y mejoras, pero eso no cambia la
situación, porque es el planificador quien dispone, y el propietario ha de costear la parte que le
corresponde. Si ello no fuera así, se infringiría el principio de equidistribución, pero no en
perjuicio de la actora sino de los demás propietarios, que hubieran de pagar las innovaciones y
las mejoras ( sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2004
).
La inidoneidad de los servicios urbanísticos obliga a los propietarios a ceder suelo y
sufragar los gastos de urbanización ( artículo 170.1. b) del TRLUC
), sin que en el caso de autos, el informe pericial aportado con la demanda, en el que se valora
los 625 m2 cedidos por el recurrente, por estimar que sólo era necesaria la conexión de la
urbanización con la carretera de Tarragona a Pont d'Armentera e innecesarios dos viales
peatonales y una conexión viaria entre la calle D y la calle B, y se cuestionan los criterios
utilizados en la valoración de las fincas, por ser los de las viviendas de Protección Oficial,
resulte suficiente para acreditar la idoneidad de los servicios existentes en la zona, ya que no
aporta razón alguna en la que fundar la suficiencia de los mismos.
El informe pericial obrante en los folios 168 y siguientes del expediente administrativo, emitido
en el recurso seguido en la sección 2ª de esta Sala de lo contencioso con el número 281/1999,
tampoco sirve para acreditar el incumplimiento del principio de justa distribución de beneficios
y cargas, en cuanto que, siendo que entra en contradicción con el contenido del acto recurrido,
no se ha practicado prueba tendente a acreditar un trato desigual entre propietarios, ya que,
además de la aportación de ese informe, la única prueba propuesta por la actora ha ido
dirigida a obtener la ratificación del informe aportado con la demanda, antes referido.
CUARTO.- El decreto recurrido desestima el recurso de reposición y dispone la valoración del
cierre de la finca del recurrente y del coste de la reubicación de unos olivos, sólo para el caso
de que por los Servicios Técnicos municipales se compruebe que quedan afectadas por el
Proyecto de urbanización, ordenando, en ese caso, que se incorpore esa valoración en la
cuenta de liquidación provisional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 149 del TRLUC ,
los Proyectos de reparcelación deben recoger indicación sobre plantaciones, obras,
edificaciones, instalaciones y mejoras que no puedan conservarse, sin que pueda dejarse su
59

determinación para momento posterior, como se hace en el acto recurrido, en cuanto que con
ello se puede ver perjudicado el derecho de los propietarios a ser indemnizado con cargo al
Proyecto en concepto de gastos de urbanización en el momento de su aprobación, haciéndose
por ello necesario resolver sobre la pretensión de la actora hecha valer en el presente recurso.
Con el contenido de los documentos aportados por la recurrente con los números 3 y 4 de
la demanda, acuerdos de la Comisión de Gobierno de 17 de septiembre de 2001, que en
atención a lo alegado por la Junta de Compensación y a lo recogido en el informe elaborado el
30 de mayo de 2001 por el Arquitecto Municipal, fija el coste de ejecución del traslado de los
olivos en 54.000 pesetas y el coste de reposición del cierre en 1.200 ptas/ml, y el
Decreto del Alcalde de 12 de noviembre de 2001 , que desestima el
recurso de reposición formulado contra el anterior, queda acreditado el posterior
reconocimiento por la Administración del derecho del recurrente a ser indemnizado por los
citados concepto.
No habiendo quedado desvirtuada por prueba en contrario la valoración contenida en esos
actos, en los que se fija el importe de la indemnización que corresponde al recurrente, procede
atender a su contenido, reconociendo su derecho a ser indemnizado en esas cantidades, a
incluir en la cuenta provisional.
Procede, pues, estimar el recurso para declarar la disconformidad a derecho del acto recurrido
QUINTO. - No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al
no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139
de la Ley Jurisdiccional .
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por Don Antonio contra la
resolución dictada el 14 de marzo de 2001 por el Alcalde de Tarragona, que se anula por ser
disconforme a derecho en cuanto no posibilita la posible adhesión de propietarios antes del
acta de ocupación de sus bienes.
Segundo. Reconocer el derecho del recurrente a ser indemnizado en las cantidades de 324,55
euros por el traslado de los olivos, y 7,21 euros por metro cuadrado de valla, a incluir en la
liquidación provisional.
Tercero. Desestimar las demás pretensiones.
Cuarto. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la
substanciación del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos
que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha. Doy fe.
60

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Recurso nº 788/01
Partes : Eusebio ; Luis Francisco ; Victoria ; Lázaro ,
Alfredo ; Jose Manuel ;
Asunción ; Ignacio ; Ángel Jesús ; Rogelio ; Eloy ;
Luis Pablo ; Guadalupe ; Julieta ; Salvador ; Guillermo
; Victor Manuel ; Jose Carlos ; THE GABI PATO COMPANY SA. ;
María Purificación ; Manuel ; Darío ; Iván ; Alberto y
EUROGABINET PROMAIN S.L. (actora)
AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LLAVANERES (demandada)
Leticia y Isidro , Inmaculada , Natalia , Héctor
Y Yolanda (codemandada)
Ilmos. Sres.:
MAGISTRADOS
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS
D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ
D. MANUEL QUIROGA VÁZQUEZ
S E N T E N C I A nº 736
En la ciudad de Barcelona, a cinco de octubre de 2005
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), constituida para la resolución de este
recurso ha pronunciado en nombre del Rey la siguiente sentencia en el recurso contencioso
administrativo nº 788/01 interpuesto por: Eusebio ; Luis Francisco ;
Victoria ; Lázaro , Alfredo ; Jose Manuel ; Asunción ;
Ignacio ; Ángel Jesús ; Rogelio ; Eloy ; Luis Pablo ;
Guadalupe ; Julieta ; Salvador ; Guillermo ; Victor Manuel
; Jose Carlos ; THE GABI PATO COMPANY SA. ; María Purificación ;
Manuel ; Darío ; Iván ; Alberto y EUROGABINET PROMAIN S.L.
representados por el Procurador D.Antonio de Anzizu Furest y asistido por su letrado D.
Eduard de Ribot i Molinet contra AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LLAVANERES
(demandada)
Leticia , Francisco y Isidro , Inmaculada , Natalia ,
Héctor Y Yolanda (codemandada) representados por D.Angel Quemada Ruiz
asistidos por la letrada Dña. Mª Dolors Codina y D. Jorge Abel Fabré.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MANUEL QUIROGA VÁZQUEZ, quien expresa el
parecer de la SALA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, interpuso recurso contencioso administrativo
contra la desestimación presunta del recuso de reposición interpuesto contra el acuerdo de
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres de fecha 12 de
diciembre de 2000 por la que se aprobaba la modificación del Proyecto de Compensación del
Plan Parcial EL TURÓ ,imponiendo el deber al los actuales propietarios de parcelas de la
urbanización a hacer frente a una série de indemnizaciones y se acuerda la afectación de
todas las fincas al pago de las mismas
61

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento
y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos
respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos,
suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de
éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO.- Acordado por auto de fecha 17 de octubre de 2002 el
recibimiento del presente pleito a prueba y tras el oportuno trámite de conclusiones que
evacuaron ambas partes, se señaló a efectos de votación y fallo la audiencia del día 4 de
octubre de 2005
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Don Eusebio y OTROS impugnan la resolución de 12 de diciembre de
2000 del AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LLAVANERES que aprobó la Modificación
del Proyecto de Compensación del Plan Parcial EL TURO imponiendo indemnizaciones a los
propietarios y afectando a todas las fincas a su pago.-
SEGUNDO.- En el referido acuerdo se ejecuta la sentencia dictada por ésta misma
Sección el 21 de junio de 1994, confirmada por el Tribunal Supremo el 29 de febrero de 2000
, cuyo fallo determinó que Don. Vicente y sus sucesores deben ser incluidos en la
Junta de Compensación "EL TURO" de Sant Andreu de Llavaneres, como porpietarios de una
porción de terreno de 6.793,07 m2 sita en el ámbito de actuación del Plan Parcial "EL TURO"
y, en el que se establece : a) aprobar la Modificación del Proyecto de Compensación del Plan
Parcial "EL TURO" con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia firme de 21
de junio de 1994 , incluyendo la distribución de cuotas realizada en ejecución
de sentencia reconociendo al Sr. Francisco y sus sucesores el derecho a que se les
incluya en la Junta de Compensación "EL TURO" la finca de su propiedad de 6.798,07 m2 ,
destinada a viales; b) Notificar este acuerdo a los actuales propietarios de las fincas situadas
en el ámbito del Proyecto conforme al artículo 130 del T.R. de 1990
, debiendo hacer frente a las compensaciones económicas que se preveen en el documento
de la Modificación con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia; y , c) Determinar que
las fincas resultantes del proyecto de Compensación quedan afectadas al pago de las
indemnizaciones establecidas conforme al artículo 24.2.c) de D.303/97, de 25 de
noviembre , que se inscribirá de acuerdo con la normativa hipotecaria.-
TERCERO.- Se objeta, en primer lugar , la improcedencia de la Modificación del Proyecto de
Compensación , argumentando que la sentencia ejecutada no ordena tal actuación al no anular
el Proyecto en cuestión; sin embargo, al exigir la sentencia la inclusión de una porción de
terreno y de sus propietarios en la Junta de Compensación es obvio que el Proyecto que deba
contenerlos se modifique para cumplir correctamente aquel pronunciamiento de su fallo,
puesto que el originario resulta alterado tanto en su superficie , cuanto en la composición de la
Junta de Compensación,- La sentencia no fija ningún tipo de indemnización, pero la
Modificación es totalmente procedente.-
CUARTO.- Indefensión.- Según la actora los recurrentes no formaban parte del antiguo
Proyecto y al no figurar en la sentencia no fueron llamados al proceso anterior del que
resultan indefensos por afectarles los pronunciamientos del fallo.- Tal argumentación es
errónea e irrelevante; el proceso aludido terminó por sentencia firme que ahora se ejecuta en
el solo sentido de incluir a un determinado propietario en un Proyecto de Compensación y en
su Junta de los que fue ilegalmente excluido.- La Modificación que es el acto impugnado y,
no la sentencia ejecutada, obviamente al ser notificada a los recurrentes no produce
indefensión, sino todo lo contrario, como cabalmente se deduce al haber promovido la
presente litis.
QUINTO.- Se alega infracción del procedimiento administrativo y vulneración del
artículo 75 del T.R. d 1990 y se sostiene que al modificarse de oficio el
Proyecto de Compensación y su liquidación en un acuerdo de ejecución de sentencia se trata
62

de evitar el cumplimiento de los requisitos que toda modificación impone ( art.75
T.R. 1990 ) ; sin embargo , como justifica la Administración demandada
la modificación es una simple operación complementaria del Proyecto de Compensación
originario, que como bien dicen los recurrentes no fue anulado, por lo que es correcto utilizar
el cauce del artículo 14 del Reglamento de Medidas de Adecuación Urbanística de
25 de noviembre de 1997 que, en su apartado d) permite operaciones
complementarias de la reparcelación cuando la rectificación tenga por objeto la distribución
para pago de gastos de urbanización o la alteración de su cuantía, para la que solo se exige
la notificación a los interesados o afectados por la nueva distribución, como aquí se ha hecho,
sin que sea necesario someter el acuerdo a nueva información pública.-
SEXTO.- Postula una responsabilidad patrimonial de la Administración actuante y, en su
caso, del promotor del Proyecto , fundándola en que el Proyecto de Compensación omitió un
propietario como titular de una finca de 6793,07m2 que afecta a la equidistribución de
beneficios y cargas, pero olvida que ello deriva de la ejecución de una sentencia firme y que
estamos ante una anulación jurisdiccional de un acto administrativo que no presupone derecho
alguno a indemnización, máxime cuando tales responsabilidades ni se cuantifican ni se dan
sus bases ni en la demanda ni en conclusiones ( art. 142.4 L.30/92, de 26 de
noviembre de P.A.C .)
SEPTIMO.- Se denuncia la improcedencia de excluir a dos parcelistas del pago de
indemnizaciones.- Tal alegación no tiene en cuenta que los excluidos son parcelistas que lejos
de su deber de indemnizar tienen derecho a ser indemnizados al atribuirse sus terrenos a la
red viaria .-
OCTAVO.- El Ayuntamiento debe participar en el pago de las indemnizaciones conforme al
10% del aprovechamiento medio del Sector debiendo deducirse del importe de las
indemnizaciones.- Tal cuestión esta fuera de toda duda al tratarse de suelo urbanizable por lo
que el Ayuntamiento debe contribuir, proporcionalmente , a la superficie correspondiente al
aprovechamiento medio objeto de cesión al pago de la indemnización ya que su posición
jurídica es como cualquier otro de los propietarios del ámbito de la compensación , y, en tal
sentido, debe prosperar la demanda de manera parcial.
NOVENO.- La falta de contestación al no resolver expresamente la reposición interpuesta
carece de relevancia a los efectos pretendidos en la demanda, por ser cuestión de la vía
administrativa que no afecta a la jurisdiccional ni la condiciona.-
DECIMO.- No existen méritos para una condena en costas.
F A L L A M O S
Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo promovido por:
Eusebio ; Luis Francisco ; Victoria ; Lázaro , Alfredo ;
Jose Manuel ; Asunción ; Ignacio ; Ángel Jesús ; Rogelio
; Eloy ; Luis Pablo ; Guadalupe ; Julieta ; Salvador ;
Guillermo ; Victor Manuel ; Jose Carlos ; THE GABI PATO COMPANY
SA. ; María Purificación ; Manuel ; Darío ; Iván ; Alberto
y EUROGABINET PROMAIN S.L. contra la resolución de 12 de diciembre de 2000 del
AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LLAVANERES en el solo sentido de rectificar el
poyecto de Modificación impugnado para incluir a la Administración demandada en el importe
de las indemnizaciones correspondientes
afectando las fincas a su pago, rechazando el resto de los pedimentos de la demanda. No
existen méritos para una condena en costas .
Hágase saber que la presente Sentencia no cabe recurso ordinario alguno y, que por tanto ,
ES FIRME , Remítase testimonio de la misma junto con el correspondiente expediente
administrativo a la oficina de origen para su ejecución y cumplimiento .
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
63

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº: 936/2001
PARTES : Catalina , Encarna , Cesar , Lina Y
Patricia
C/ AYUNTAMIENTO DE CORNELLA DE LLOBREGAT Y JUNTA DE COMPENSACION DEL
POLIGONO II DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR CAN FATJO
Ilustrísimos Señores :
MAGISTRADOS
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ.
D. MANUEL QUIROGA VÁZQUEZ.
S E N T E N C I A Nº 760
BARCELONA, a trece de octubre de dos mil cinco.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 936/2001, seguido a
instancia de Doña Catalina , Doña Encarna , Don Cesar , Doña
Patricia y Doña Lina , representados por el Procurador Don IGNACIO
CASTRODEZA VIA, contra el AYUNTAMIENTO DE CORNELLA DE LLOBREGAT,
representado por la Letrada Doña MARIA ROSA IGLESIAS OJEDA, y contra la JUNTA DE
COMPENSACION DEL POLIGONO II DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR CAN FATJO, sobre
Urbanismo-Gestión.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- El 6 de julio de 2001 el Alcalde del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
dictó Decreto por virtud del que, en esencia, se decretó "Manifestar la no
procedència de realitzar cap actuació administrativa en relació a les instàncies formulades pels
Sres. Lina Encarna Patricia Cesar Catalina en que manifesten la
seva disconformitat amb l'import de les quantitats reintegrades, pels motius que s'expressen en
la part expositiva" en relación a "devolució d'ingressos indeguts en concepte de recàrrec i
costes relatius a les quotes d'urbanització del Poligon II Fatjó, mesos de juliol a octubre de
1992".
2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo
escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda
articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.
64

3º.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.
4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos.
5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron
haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 13 de octubre de 2005, a la hora prevista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de Doña Catalina , Doña Encarna , Don
Cesar , Doña Patricia y Doña Lina contra el Decreto de 6 de
julio de 2001 del Alcalde del AYUNTAMIENTO DE CORNELLA DE LLOBREGAT
por virtud del que, en esencia, se decretó "Manifestar la no procedència de realitzar cap
actuació administrativa en relació a les instàncies formulades pels Sres. Encarna
Patricia Cesar Catalina Lina en que manifesten la seva disconformitat amb
l'import de les quantitats reintegrades, pels motius que s'expressen en la part expositiva" en
relación a "devolució d'ingressos indeguts en concepte de recàrrec i costes relatius a les
quotes d'urbanització del Poligon II Fatjó, mesos de juliol a octubre de 1992".
SEGUNDO .- Resulta perfectamente conocido por las partes que mediante
Sentencia firme de esta Sección nº 517, de 29 de junio de 1996, recaída en los autos 920/1993
, se estimó el recurso contencioso administrativo formulado contra el Acuerdo de la Junta de
Compensación del Polígono II del Plan Parcial del Sector Can Fatjó de Cornellà de Llobregat
de 6 de noviembre de 1992 por el que se denegó el aplazamiento de las derramas
correspondientes a las cuotas de urbanización de julio, agosto, septiembre y octubre del
mencionado Polígono y contra las providencias de apremio dictadas por el Ayuntamiento de
Cornellà de Llobregat por valor de 26.433.138 pts, así como contra las diligencias de embargo
emitidas por el Organismo Autónomo Local de Gestión Tributaria y se anularon los actos
administrativos impugnados.
En atención a las alegaciones de las partes todo lleva a concluir que en línea con lo resuelto
en esa sentencia por la Administración Municipal se procedió a la devolución de las cantidades
correspondientes por recargo de apremio -4.405.484 pts-, por intereses de demora - 1.769.535
pts- y por costas -153.184 pts-. En un total conjunto que cabe cifrar en 6.328.203 pts-.
La parte actora no hallándose conforme con sólo esas cantidades y por esos conceptos insiste
en el presente proceso en que procede la devolución de las siguientes cantidades y por los
siguientes conceptos:
A) 2.182.895 pts. en concepto de no haberse devuelto el denominado recargo
extraordinario del artículo 40 de los Estatutos de la Junta de Compensación
.
B) Los intereses legales de esa cantidad desde su abono a la Administración a 3 de noviembre
de 1994 hasta su devolución.
C) Los intereses legales de la total cantidad devuelta 6.328.203 pts desde la fecha de su
abono a la Administración a 3 de noviembre de 1994 hasta su devolución -según los sujetos
que conforman la parte actora desde el 20, 22 y 23 de noviembre de 2000-.
D) Los intereses de esos últimos intereses desde la fecha del abono del principal - según los
casos desde el 20, 22 y 23 de noviembre de 2000- hasta la fecha del abono de los intereses.
TERCERO .- Pues bien, el detenido estudio del caso a la luz de las alegaciones de las partes
65

y la resultancia de lo actuado permite ir sentado lo siguiente:
1.- A efectos subjetivos, de la relación jurídica procesal del presente proceso debe indicarse
que en el encabezamiento de esta Sentencia se ha cuidado de señalar que como parte
codemandada debe constar la denominada JUNTA DE COMPENSACION DEL POLIGONO II
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR CAN FATJO, puesto que así consta emplazamiento de la
misma en el denominado documento 22 de las copias del expediente administrativo remitido,
sin que conste comparecencia en forma de esa entidad. Y así procede dejarlo sentado en este
momento.
2.- En forma alguna consta que en ejecución de la Sentencia firme de esta
Sección nº 517, de 29 de junio de 1996, recaída en los autos 920/1993 , se
hubiera dictado resolución alguna relativa a los créditos pretendidos por la parte actora en este
proceso, ni en sentido estimatorio ni en sentido desestimatorio, por lo que carece de viabilidad
apuntar a una inadmisibilidad del presente recurso contencioso administrativo. Efectivamente
brillan por su ausencia los elementos de suyo necesarios para poder llegar a estimar una
velada cosa juzgada, como quizá se pretende, o que la única vía posible hubiera sido la de un
incidente de ejecución de la Sentencia firme referida, no resultando ocioso, en el peor de los
casos para la parte actora, revelar cuanto menos y de un lado la limitada naturaleza del
pronunciamiento judicial firme en liza, y, de otro lado, la complejidad de importes en liza, la
pluralidad de vertientes que se pretenden y la táctica seguida por la Administración de pagos
parciales y sin intereses, inclusive cuestionando, como se verá, que determinados importes no
le corresponden sino a la Junta de Compensación, lo que provoca el sobrado convencimiento
de que en modo alguno resulta improcedente promover un nuevo recurso contencioso
administrativo que, cuanto menos, con las tan acentuadas garantías que dispensa y que, en
definitiva, pueda permitir agotar las consecuencias jurídicas que se irán analizando.
3.- Aunque la Administración Municipal trate de eludir su subjetiva implicación en el giro
de los importes correspondientes, tanto por principal como por intereses, del denominado
recargo extraordinario del artículo 40 de los Estatutos de la Junta de Compensación
de reiterada invocación, tratando de reconducir exclusivamente el caso a la órbita de esa Junta
de Compensación -inclusive en determinados particulares aludida como disuelta a pesar de la
pendencia del proceso que dio lugar a la Sentencia firme de esta Sección nº 517, de
29 de junio de 1996, recaída en los autos 920/1993 y de la falta de agotamiento
de las consecuencias de su razón- no puede pasarse por alto tanto desde la denegación del
aplazamiento de las derramas correspondientes a las cuotas de urbanización de julio, agosto,
septiembre y octubre del mencionado Polígono, como en la vía de apremio a que se dio lugar
así mismo en contemplación a las providencias de apremio dictadas por el Ayuntamiento de
Cornellà de Llobregat y finalmente contra las diligencias de embargo, que esa Administración
Municipal participó sustancial y trascendentemente en el caso en el ejercicio de sus
potestades finalmente anuladas sus actuaciones al punto que ahora no cabe desconocer su
subjetiva implicación, desde luego a salvo lo que haya lugar a pretender en su momento en la
relación interna entre la misma y esa Junta de Compensación o ante los propietarios que
corresponda.
4.- Siendo ello así va de suyo que esterilizada de raíz toda posible subsistencia a los
actos administrativos de su razón y especialmente respecto al invocado concepto de recargo
extraordinario del artículo 40 de los Estatutos de la Junta de Compensación
procede estimar la demanda en ese punto y condenar a la Administración Municipal a su
devolución en la cuantía de 2.182.895 pts, con el desglose por cada uno de los actores que
proceda y desde luego extensivo al abono de los intereses legales a computar desde la fecha
de abono de cada uno de los actores - señalado sin contradicción eficaz en el 3 de noviembre
de 1994- hasta su devolución.
5.- Igual suerte estimatoria procede estimar respecto a los intereses legales respecto a la total
cantidad devuelta finalmente de 6.328.203 pts. -por recargo de apremio 4.405.484 pts, por
intereses de demora 1.769.535 pts. y por costas 153.184 pts- y precisamente desde la fecha
de su abono a la Administración a 3 de noviembre de 1994 hasta su devolución -según los
sujetos que conforman la parte actora desde el 20, 22 y 23 de noviembre de 2000- y así mismo
estimando los intereses de esos últimos intereses pero no desde la fecha del abono del
66

principal sino desde que son judicialmente reclamados y que en el presente caso sólo cabe
estimarlos desde la presentación de la demanda a 27 de junio de 2002 ya que fue el primer
momento en que se evidencia esa concreta pretensión hasta la fecha del abono de esos
intereses de intereses.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y términos que
se fijarán en la parte dispositiva.
CUARTO .- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
de 1998 .
FALLAMOS
Que rechazando la inadmisibilidad del presente recurso contencioso administrativo en los
términos del Fundamento Jurídico Tercero.2, ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente
recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre de Doña Catalina , Doña
Encarna , Don Cesar , Doña Patricia y Doña Lina contra el
Decreto de 6 de julio de 2001 del Alcalde del AYUNTAMIENTO DE CORNELLA DE
LLOBREGAT por virtud del que, en esencia, se decretó "Manifestar la no
procedència de realitzar cap actuació administrativa en relació a les instàncies formulades pels
Sres. Lina Encarna Patricia Cesar Catalina en que manifesten la
seva disconformitat amb l'import de les quantitats reintegrades, pels motius que s'expressen en
la part expositiva" en relación a "devolució d'ingressos indeguts en concepte de recàrrec i
costes relatius a les quotes d'urbanització del Poligon II Fatjó, mesos de juliol a octubre de
1992", del tenor explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda
articulada anulamos el acto impugnado por ser disconforme a Derecho y declaramos y, en lo
menester, condenamos a la Administración Municipal demandada a que abone a la parte
actora lo siguiente:
1.- La cuantía de 2.182.895 pts. en concepto de devolución del recargo extraordinario del
artículo 40 de los Estatutos de la Junta de Compensación de reiterada
invocación, con el desglose por cada uno de los actores que proceda y desde luego extensivo
al abono de los intereses legales a computar desde la fecha de abono de cada uno de los
actores -señalado sin contradicción eficaz en el 3 de noviembre de 1994- hasta su devolución.
2.- Los intereses legales respecto a la total cantidad devuelta finalmente de 6.328.203 pts.
desde la fecha de su abono a la Administración a 3 de noviembre de 1994 hasta su devolución
-según los sujetos que conforman la parte actora desde el 20, 22 y 23 de noviembre de 2000-
y así mismo los intereses de esos últimos intereses desde el 27 de junio de 2002 hasta la
fecha del abono de esos intereses de intereses.
Se desestiman el resto de pretensiones.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Hágase saber que la presente Sentencia no es susceptible de Recurso de Casación y es
firme.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
67

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
Recurso nº 414 de 2.001. Partes: "Hermanos Gaya Giralt, SA" contra el Ayuntamiento de
Barcelona, la Junta de Compensación de la unidad de actuación 9 del P.E.R.I. Diagonal-Poble
Nou
y "CEPSA, Estaciones de Servicio, SA"
Ilmos. Sres.
Magistrados
Manuel Táboas Bentanachs
Francisco López Vázquez
Ana Rubira Moreno
SENTENCIA Nº 841
En la ciudad de Barcelona, a tres de noviembre de dos mil cinco.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, constituida al efecto para la votación y fallo, ha visto, en el nombre de Su
Majestad el Rey, el recurso contencioso administrativo seguido ante la misma con el número de
referencia, promovido a instancia de "Hermanos Gaya Giralt, SL", representada por la
procuradora de los tribunales Sra. Blanchar García y defendida por el letrado Sr. Pau
Gratacós, contra el Ayuntamiento de Barcelona, representado por el procurador Sr. Arcas
Hernández y defendido por el letrado Sr. Gual, siendo partes codemandadas la Junta de
Compensación de la unidad de actuación número 9 del Plan Especial de Reforma Interior
Diagonal-Poble Nou, representada por el procurador Sr. Ranera Cahís y defendida por el
letrado Sr. Pérez López, y "CEPSA, Estaciones de Servicio, SA", representada por la
procuradora Sra. Solà Solé y defendida por el letrado Sr. López Alañá, en relación con
actuaciones de gestión urbanística, siendo la cuantía del recurso superior a 150.253'03?, y
atendiendo a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, publicándose el pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y, recibido el expediente administrativo, le fue entregado para que dedujese escrito
de demanda, donde, tras consignar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de
aplicación, solicitó se dictase sentencia estimatoria de las pretensiones en ella deducidas.
SEGUNDO. Conferido traslado a las partes demandadas, contestaron la demanda,
consignando los hechos y fundamentos de derecho que entendieron aplicables, solicitando la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.
TERCERO. Recibidos los autos a prueba, fueron practicadas las consideradas pertinentes de
entre las propuestas, con el resultado que es de ver en autos, continuando el proceso sus
trámites, hasta finalizar con el de conclusiones, donde las partes presentaron sucintas
alegaciones en defensa de sus pretensiones respectivas, quedando el pleito concluso para
sentencia y señalándose finalmente el momento de la votación y fallo, que ha tenido lugar el
día 24 de octubre de 2.005. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Francisco López Vázquez, quien
expresa el parecer del Tribunal.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la impugnación del
acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona de 14 de marzo de 2.001,
aprobando el segundo texto refundido del proyecto de compensación del plan especial de
reforma interior Diagonal-Poble-Nou.
Se solicita finalmente en conclusiones la estimación del recurso y la declaración del derecho
de la actora al percibo de las siguientes indemnizaciones: 1) 196.974.792 pesetas
(1.183.842,34?), más el 5% de premio de afección, en concepto de costes de rehabilitación y
reinstalación, operación de traslado de bienes recuperables y reinstalación, gastos de
establecimiento, apertura y publicidad; 2) el importe que resulte en ejecución de sentencia en
concepto de pérdida de proveedores y clientela habitual como consecuencia del traslado, más
el 5% de premio de afección; y, 3) 51.693.904 pesetas (310.686,62?) en concepto de
diferencia de rentas, más el 5% de afección.
SEGUNDO. El texto refundido aquí impugnado, como su propio nombre indica, no hace sino
recoger las indemnizaciones ya establecidas en las dos operaciones jurídicas complementarias
del proyecto de reparcelación que le precedieron, en la segunda de las cuales se fijaron las
indemnizaciones correspondientes a la aquí actora, que ya las impugnó en el anterior recurso
contencioso administrativo seguido ante esta misma Sección con el número 530 de 2.000, que
motivó nuestra sentencia número 374, de 20 de mayo de 2.004 , que
ha sido aportada a estos autos y figura incorporada al ramo de prueba de la codemandada,
Junta de Compensación. Hasta el punto que la propia actora manifiesta en su demanda
recurrir contra las indemnizaciones que le fueron fijadas en la segunda operación jurídica
complementaria, pretendiendo que la condición de arrendataria le ha sido reconocida por la
Administración al reconocerle unos derechos indemnizatorios por gastos de traslado y nueva
instalación, cuando tales derechos son perfectamente reconocibles a la propiedad.
Pues bien, en nuestra anterior sentencia ya se trató debidamente la pretensión de la actora de
la existencia de una relación arrendaticia incompatible con la actuación urbanística de que se
trata, cuya extinción debería ser indemnizada, cuestión en la que aquí nuevamente insiste,
negando la confusión que afirma la Administración demandada entre el titular del negocio y la
propiedad del arrendado local en el que radicaba, a cuyo efecto se ha aportado a los autos un
contrato de arrendamiento del indicado local suscrito el día 15 de diciembre de 1.981, por
tiempo de meses y renta de 240.000 pesetas anuales.
Con reiteración ha venido señalando el Tribunal Supremo que en el conflicto entre
seguridad jurídica y justicia, valores hoy consagrados en los artículos 1.1 y 9.3 de la
Constitución Española , se ha decidido prudencialmente y según los
casos y circunstancias, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de la buena
fe ( 7.1 del Código Civil ), la práctica de penetrar en el
substratum personal de las entidades o sociedades, a las que la ley confiere personalidad
jurídica propia, con el fin de evitar que al socaire de esa ficción o forma legal, de respeto
obligado, por supuesto, se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos como camino de
fraude ( 6.4 del Código Civil ), admitiéndose la posibilidad de
que los jueces puedan penetrar en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar
el abuso de esa independencia ( 7.2 del Código Civil ) en
daño ajeno o de los derechos de los demás ( 10 de la Constitución
) o contra el interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad o de un ejercicio
antisocial de su derecho ( 7.2 del Código Civil ).
A cuyo tenor, para negar la real existencia de la relación arrendaticia de que se trata y las
consecuencias indemnizatorias que a ella se pretenden ligar por la parte actora, dicho sea a los
efectos meramente prejudiciales contencioso administrativos que aquí nos ocupan y siempre a
salvo las declaraciones que sobre el propio contrato aportado puedan eventualmente
efectuarse, a sus efectos propios, por los órganos de otros órdenes jurisdiccionales, baste
señalar que, si bien el contrato es de fecha muy anterior a las actuaciones urbanísticas de que
aquí se trata, e incluso figura oportunamente registrado en la Cámara de la Propiedad Urbana,
su finalidad fraudulenta, que fácilmente pudiera haberse prevenido a otros fines no
relacionados con las indicadas actuaciones, como pudieran ser, entre otros, los de orden
fiscal, se constata por los siguientes datos: a) tanto el arrendador, D. Marco Antonio ,
como el Administrador de la empresa arrendataria que suscribió el contrato en su
representación, D. Jorge , además de hermanos y copropietarios en el momento de la
69

finca arrendada, que sólo se segregó años después y por cuya expropiación fueron en su
momento debidamente indemnizados, son ambos socios fundadores y apoderados de la
empresa arrendataria y aquí actora, "Hermanos Gaya Giralt, SA", hasta el punto de que en las
dos antefirmas obrantes en los pactos anexos al contrato figura el nombre de la indicada
empresa, indicativo de la firma de ambos "por poder" de la misma, bien que, al menos en la
fotocopia de tales pactos aportada a los autos, haya sido burdamente tachado el obrante en la
antefirma del arrendador; b) establecida ya en 1.981 la duración del contrato por meses, con
una renta de 240.000 pesetas anuales, acomodable cada dos años, según los mismos pactos,
a las variaciones del índice oficial de precios al consumo, se incorporó (a aquel proceso, que
no a este) como documento 4 de la contestación a la demanda, un recibo de pago de la renta,
el único por cierto, acreditativo de que la misma no había sido objeto de ningún aumento legal
ni pactado en diciembre de 1.998, transcurridos ya 19 años; y, c) el propio perito procesal (de
aquel primer proceso) señaló en su informe que la renta de 240.000 pesetas al año pactada en
1.981, que lo fue para el arrendamiento de una superficie construida total en planta baja y
altillo de nada menos que 1.395'75 metros cuadrados, más otros 650'80 de patio, era en su
fecha muy inferior a la de mercado, estimando como la normal que debería haberse pactado y
pagado entonces, ya en el año 1.981, la de 1.462.608 pesetas al año, es decir, 121.884
pesetas al mes, es decir, más de seis veces superior a la hecha constar en el contrato, lo que
no hace sino abundar en la conclusión que se alcanza en el sentido de hallarnos en presencia
de una mera ficción contractual arrendaticia.
TERCERO. En lo referido a la indemnización fijada a la actora por gastos de traslado y
nueva instalación de la actividad, debe prevalecer el criterio municipal, que goza de la
presunción iuris tantum de certeza que le atribuye el artículo 173.3 de la Ley de 26
de noviembre de 1.992 , presunción que en forma alguna puede
entenderse destruida por las desaforadas conclusiones del mero informe técnico aportado
como documental con la demanda, evidentemente redactado a costa de la actora y en su
propio interés y beneficio, luego ratificado por vía testifical, informe carente de sostén
documental o fáctico alguno que permita atribuirle superioridad de especie alguna respecto de
los resultados alcanzados por la Administración demandada, o desvirtuadora de estos, como
también ocurre con la pericial contradictoria de economista practicada en este proceso,
incidiendo, además, sobre cuestiones ya resueltas en sentencia firme anterior.
Finalmente, reiterar que el convenio suscrito, sin intervención municipal, entre la actora y la
Junta de Compensación, además de quedar sujeto en sus efectos a la resolución de este
proceso, carece de virtualidad a los efectos que aquí nos ocupan, cuando, ya reúna carácter
de convenio privado o urbanístico, los derechos y obligaciones de él derivados en el primero
caso sólo serían exigibles ante los órganos de la jurisdicción civil ordinaria, mientras que, para
el segundo supuesto, reiteradamente viene declarando la jurisprudencia contencioso
administrativa que el convenio urbanístico no constituye un sistema de ejecución del
planeamiento, limitándose a llegar a un acuerdo entre las partes al objeto de facilitar la gestión,
allanando los problemas que se presenten, teniendo por objeto la satisfacción del interés
público, generando, desde luego, obligaciones y derechos para todas las partes que lo
suscriben, pero sin comprometer las potestades administrativas de planeamiento, siempre a
salvo las consecuencias jurídicas, incluidas las indemnizatorias que, ya en otro terreno,
pudiera desencadenar el apartamiento de los mismos, pues los convenios no pueden derogar,
ni en beneficio de la Administración ni de los particulares, disposiciones normativas de
obligado cumplimiento, y los incumplimientos de un convenio urbanístico no son directamente
exigibles, sino generadores de daños y perjuicios evaluables, a no ser que sus pactos se
integren en instrumentos específicos del planeamiento que son los que tienen carácter
normativo.
CUARTO. No se aprecia mala fe o temeridad en ninguno de los litigantes, a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa
, no existiendo así méritos para una condena en costas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo
dentro del límite de las pretensiones de las partes
FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y
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epresentación de "Hermanos Gaya Giralt, SL" contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de Barcelona de 14 de marzo de 2.001, aprobando el segundo texto
refundido del proyecto de compensación para la ejecución de la unidad de actuación número 9
del Plan Especial de Reforma Interior Diagonal-Poble Nou. Sin expresa imposición de costas a
ninguna de las partes.
Procédase al archivo de este recurso, previa devolución en su momento del expediente
administrativo a la oficina de procedencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciendo saber que la misma es firme y frente a ella
no cabe recurso ordinario alguno, procediéndose al archivo de este recurso, previa devolución
en su momento del expediente administrativo a la oficina de procedencia.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal a los autos, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, hallándose el Tribunal constituido en audiencia pública. Doy fe.
71

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº: 957/2001
PARTES : Ismael
C/ AYUNTAMIENTO DE CUBELLES E INMOBILIARIA OSUNA, S.L.
Ilustrísimos Señores :
MAGISTRADOS
D. JOSÉ JUANOLA SOLER.
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
Dña. ANA RUBIRA MORENO.
S E N T E N C I A Nº 861
BARCELONA, a once de noviembre de dos mil cinco.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 957/2001,
seguido a instancia de Don Ismael , representado por la Procuradora Doña
RAQUEL PALOU BERNABE, contra el AYUNTAMIENTO DE CUBELLES, representado por el
Procurador Don ANTONIO MARIA DE ANZIZU FUREST, y contra la entidad INMOBILIARIA
OSUNA, S.L., representada por el Procurador Don JUAN EMILIO CUBERO ROYO, en su
cualidad
de parte codemandada, sobre Urbanismo-Gestión.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- El 2 de agosto de 2000 el Ple del Ayuntamiento de Cubelles dictó Acuerdo por virtud del
que, en esencia, se aprobaron las cuotas urbanísticas individualizadas derivadas de la
ejecución de las obras del Passeig Marítim, de conformidad con el "projecte d'obres aprovat pel
ple de la corporació en la sessió del dia 19 de juny de 2000 segons s'especifica en les
liquidacions provisionals de l'Annex 1 que forma part del present acord a tots els efectes".
2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo
escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda
articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.
3º.- Conferido traslado a las partes demandada y codemandada, éstas contestaron la
demanda, en la que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de
aplicación, solicitaron la desestimación de las pretensiones de la parte actora.
4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos.
5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron
haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 10 de noviembre de 2005, a la hora prevista.
72

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de Don Ismael contra el Acuerdo de 2 de agosto de
2000 del Ple del AYUNTAMIENTO DE CUBELLES por virtud del que, en esencia, se
aprobaron las cuotas urbanísticas individualizadas derivadas de la ejecución de las obras del
Passeig Marítim, de conformidad con el "projecte d'obres aprovat pel ple de la corporació en la
sessió del dia 19 de juny de 2000 segons s'especifica en les liquidacions provisionals de
l'Annex 1 que forma part del present acord a tots els efectes"
Ha comparecido en los presentes autos la entidad INMOBILIARIA OSUNA, S.L., en su
cualidad de parte codemandada.
SEGUNDO .- Como la Administración demandada pretende la inadmisibilidad del presente
recurso contencioso administrativo por diversas causas procede su análisis prioritario y así,
ordenándolas debidamente, destacar:
a) No ha lugar a declarar la inadmisibilidad del presente recurso contencioso
administrativo con fundamento en la pretendida existencia de cosa juzgada - artículo
69.d) de nuestra Ley Jurisdiccional - cuando resulta manifiesto que
ninguna de las Sentencias a que se hace mención versan sobre la impugnación directa del
acuerdo impugnado en el presente proceso, además de seguirse por partes que no son las
propias del presente proceso y además de no concurrir las mismas pretensiones.
b) No ha lugar a declarar la inadmisibilidad con fundamento en la pretendida existencia de
litispendencia - artículo 69.d) de nuestra Ley Jurisdiccional -
respecto al recurso contencioso administrativo 883/2001 ya que en atención a las alegaciones
formuladas debe estimarse que en el presente proceso se trata de impugnar la imposición de
las cuotas urbanísticas correspondientes a los costes de ejecución del Paseo Marítimo de
Cubelles y en aquél la imposición de cuotas por obras de urbanización del sector -por lo
demás, finalizado por nuestra Sentencia nº 617, de 16 de septiembre de 2004-.
c) Y tampoco ha lugar a estimar la inadmisibilidad con fundamento en la pretendida
existencia de actos no susceptibles de impugnación - artículo 69.c) de nuestra Ley
Jurisdiccional - habida cuenta que el acto impugnado en el presente
proceso nadie cuestiona su perfecta impugnabilidad y esa conclusión en forma alguna puede
quedar afectada por la redirección que se pretende efectuar para otro/s acto/s que no se
impugna/n en el presente proceso, bastando remitirse a la delimitación efectuada en el escrito
de interposición del presente recurso contencioso administrativo y que se ha calificado en el
primer fundamento de derecho.
Por todo ello procede desestimar cada una de las causas de inadmisibilidad del presente
recurso contencioso administrativo conforme se establecerá en la parte dispositiva.
TERCERO .- Tratando de examinar el fondo de los temas planteados y dirigiendo la atención a
los elementos con que se cuenta procede ir sentando lo siguiente:
A) Dejando de lado en el mismo sentido la Revisión del Plan General se aprobada
definitivamente a 5 de diciembre de 1984, el Sector del Clot del Bassó i Mota de Sant Pere fue
ordenado por el Plan Parcial aprobado definitivamente a 25 de marzo de 1987. La propia parte
actora, en la parte que interesa al presente proceso, acepta y conoce que en el mismo se
previó la inclusión y ejecución del Paseo Marítimo dentro del sector.
B) El Proyecto de Compensación del Sector se aprobó definitivamente a 8 de junio de 1989 y
se protocolizó a 6 de febrero de 1990 en que la propia parte actora reconoce que se estableció
y reconoció que si bien las obras de urbanización estaban acabadas, en cambio, no lo eran las
del Paseo Marítimo. Esa falta de cumplimiento consta en el Registro de la Propiedad a los
efectos de la afección a la cuota correspondiente respecto a las obras relativas al Paseo
Marítimo.
C) La parte actora trae a colación un denominado Convenio (sic) de 9 de octubre de 1990
suscrito por la Junta de Compensación Clot del Bassó i Mota de Sant Pere y el Sr. Carlos
Alberto -seguramente uno de los titulares anteriores de los terrenos de autos- en el que se
contiene un pacto en el que se apunta a que la Junta de Compensación no exigirá de los Sres.
Carlos Alberto y Carmen ningún otro pago correspondiente a obras de
urbanización del polígono (sic) por lo que la cuantía del saldo de liquidación con que quedará
gravada la finca por este concepto, como resultado de la compensación, será cero.
73

D) Llegado el Plan General de 1993 igualmente la parte actora acepta y conoce perfectamente
que los terrenos de autos se clasificaron como Suelo Urbano, si bien con la puntualización de
que quedaban pendiente de ejecución las obras del Paseo Marítimo.
E) De la misma forma cabe señalar que a 21 de julio de 2000 se suscribió el denominado
convenio de colaboración urbanística entre el Ayuntamiento demandado y la Junta de
Compensación de Clot de Bassó i Mota de Sant Pere y otra Junta de Compensación
involucrada en obras de la naturaleza del Paseo Marítimo, ratificado por el Pleno del
Ayuntamiento a 2 de agosto de 2000 y por la Junta de Compensación de Clot de Bassó i Mota
de Sant Pere el 17 de julio de 2000, en el que, en la parte menester, se atendía a la
distribución de costes de ejecución del Paseo Marítimo -bastando remitirse a los documentos 4
a 8 de los acompañados con la contestación a la demanda, no contradichos en debida forma-.
F) finalmente sólo debe constatarse que a 2 de agosto de 2000 recae el acto administrativo
impugnado en el presente proceso.
CUARTO .- Sin necesidad de abundar en la profusa relación de citas que trata de exponer la
parte actora, debe significarse que la pretensión articulada es singularmente simple y cabe
sintetizarla en si hallándonos ante Suelos clasificados como Suelo Urbanizable y recayendo
sobre ellos las correspondientes obligaciones y cargas urbanísticas, entre ellas la nunca
discutida obligación de hacer frente a la ejecución del denominado paseo marítimo dentro de
su Sector junto con las obras de urbanización correspondientes, una vez realizadas sólo y
precisamente esas obras de urbanización y, según criterio de la parte actora, alcanzada la
clasificación de Suelo Urbano, si es posible jurídicamente admitir una suerte de exención,
exclusión o reducción a la nada de la obligación y carga urbanística pendiente por nunca
realizada ni agotada de hacer frente a la ejecución del denominado paseo marítimo en la parte
correspondiente. Y todo ello, en su caso, apoyado con la clasificación de Suelo Urbano
establecido por la figura de planeamiento general de 1993.
Pues bien, no va a sorprender que la conclusión a la que cabe llegar es la contraria a la tesis
de la parte actora por las siguientes razones:
1.- El presente caso pone bien a las claras que los terrenos de autos derivan de una
clasificación de Suelo Urbanizable con su régimen jurídico de suelo en forma alguna puesto en
cuestión al punto que sólo cabe partir de que en forma alguna se cumplimentaron sus
obligaciones y cargas por lo demás con adecuada constancia en los instrumentos de
planeamiento y de gestión urbanística hasta inclusive con constancia expresa y expresiva en
el Registro de la Propiedad.
2.- Que se hayan alcanzado en su momento los servicios urbanísticos y demás supuestos y
exigencias que permitan estimar la clasificación de Suelo Urbano, y ello se haya reconocido en
una figura de planeamiento o no, de manera alguna puede permitir entender que las
obligaciones y cargas pendientes, total ni parcialmente, se hayan cumplido, se hayan
extinguido o exista obstáculo alguno para poder exigirlas hasta su debido cumplimiento, sino
todo lo contrario.
Efectivamente la tesis de la parte actora supondría tener que aceptar que poniendo
temporalmente por delante la consecución de esos servicios urbanísticos en Suelo Urbanizable
con las demás exigencias precisadas jurisprudencialmente y simple y precisamente por ello se
esterilizaría y reduciría a la nada la íntegra consideración del resto del régimen jurídico del
Suelo Urbanizable -así para cesiones obligatorias y gratuitas correspondientes al Suelo
Urbanizable, para cuotas urbanísticas pendientes dimanantes del Suelo Urbanizable, etc.- y
ello es una conclusión que carece de toda cobertura jurídica si se tiene en cuenta el proceso
de desarrollo urbanístico que de Suelo Urbanizable a Suelo Urbano procede atender, desde
luego, de forma integral y cohesionada.
3.- Ineludiblemente debe estarse a la conceptuación del caso, siempre presente en las figuras
de planeamiento y gestión en liza, inclusive las posteriores a que se ha hecho mención, como
obligación y carga pendiente de cumplimiento por lo que carecen de predicamento los
razonamientos formularios hechos valer por la parte actora que decayendo deben rechazarse.
4.- Decaimiento y rechazo que igualmente acontece por la vía convencional que se alude,
relativa a la relación del anterior titular de los terrenos de autos y la Junta de Compensación
correspondiente ya que, a salvo otras vías que no son la que nos ocupa, por hallarnos
estrictamente ante el necesario cumplimiento del régimen del suelo con las obligaciones y
cargas pendientes, por hallarnos en el presente caso, también ante concluyentes
disposiciones de planeamiento urbanístico de derecho indisponible por la vía convencional,
inclusive por hallarnos ante puntualizaciones expresas y expresivas en sede de gestión
74

urbanística igualmente indisponibles convencionalmente, no resulta dable estimar ninguna
viabilidad a la vía convencional referida por la parte actora que permita matizar u obstar las
conclusiones a las que se han llegado, máxime cuando por más esfuerzos que se hagan el
objeto de lo convenido en el denominado Convenio (sic) de 9 de octubre de 1990 suscrito por
la Junta de Compensación Clot del Bassó i Mota de Sant Pere y Don. Carlos Alberto ,
sólo de forma impropia cabe referirlo más allá a las obras de urbanización para alcanzar las
del Paseo Marítimo que son las correspondientes del presente proceso.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán
en la parte dispositiva, desde luego extensiva a la pretensión indemnizatoria hecha valer por
no concurrir acto lesivo alguno indemnizable.
QUINTO .- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998
.
FALLAMOS
Que rechazando la inadmisibilidad del presente recurso contencioso administrativo
conforme se establece en el segundo fundamento de derecho DESESTIMAMOS el presente
recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre de Don Ismael contra el
Acuerdo de 2 de agosto de 2000 del Ple del AYUNTAMIENTO DE CUBELLES por virtud del
que, en esencia, se aprobaron las cuotas urbanísticas individualizadas derivadas de la
ejecución de las obras del Passeig Marítim, de conformidad con el "projecte d'obres aprovat
pel ple de la corporació en la sessió del dia 19 de juny de 2000 segons s'especifica en les
liquidacions provisionals de l'Annex 1 que forma part del present acord a tots els efectes", del
tenor explicitado con anterioridad, y DESESTIMAMOS la demanda articulada.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Hágase saber que la presente Sentencia, en su caso, es susceptible de Recurso de
Casación ante el Tribunal Supremo sólo si se funda en infracción de normas de derecho estatal
o comunitario europeo que haya sido relevante y determinante del fallo, que habrá de
prepararse mediante escrito que cumplimente las exigencias del artículo 89 de
nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de julio de 1998 , en especial,
presentándolo ante esta misma Sección en el plazo de diez días a contar desde su
notificación, y, en su caso, es susceptible de Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina Autonómico, si se funda en infracción de las normas emanadas por la Comunidad
Autónoma, que habrá de interponerse mediante escrito que cumplimente las exigencias del
artículo 99 de nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de julio de 1998 , en
especial, presentándolo ante esta misma Sección en el plazo de treinta días a contar desde su
notificación.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
75

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº: 747/2000
PARTES : Ramón
C/ GENERALITAT DE CATALUNYA, AYUNTAMIENTO DE VALLIRANA Y
ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION SECTOR SANT JORDI DE VALLIRANA
PARC
Ilustrísimos Señores :
MAGISTRADOS
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ.
D. MANUEL QUIROGA VÁZQUEZ.
S E N T E N C I A Nº 891
BARCELONA, a diecisiete de noviembre de dos mil cinco.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 747/2000,
seguido a instancia de Don Ramón , representado por la Procuradora Doña
CRISTINA GARCIA GIRBES, contra la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada por
el/la
LLETRAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, contra el AYUNTAMIENTO DE
VALLIRANA y
contra la ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION SECTOR SANT JORDI DE
VALLIRANA
PARC, representada por el Procurador Don ARTURO POUSA ENGROÑAT, en su cualidad de
partes codemandadas, sobre Urbanismo-Gestión.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- El 30 de septiembre de 1999 el Ple del Ayuntamiento de Vallirana dictó Acuerdo por virtud
del que, en esencia, se acordó "la dissolució de la Junta de Compensació de Vall Parc, així
mateix instar a l'esmentada Junta perquè constitueixi Comissió Liquidatoria" y "donar trasllat
del present acord al Registre d'Entitats Col·laboradores de la Direcció General d'Urbanisme de
la Generalitat de Catalunya, per tal que si ho creu oportú procedeixi a l'inscripció de la nova
76

Junta de Conservació".
El 15 de diciembre de 1999 la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya dictó Acuerdo por virtud del
que, en esencia, se acordó "inscriure al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores la
dissolució de la Junta de compensació del Pla parcial del sector Sant Jordi de Vallirana Park" y
"la constitució de l'Entitat de conservació de la urbanització Vallirana Park-Sant Jordi".
El 30 de marzo de 2000 el Ple del Ayuntamiento de Vallirana dictó Acuerdo por virtud del que,
en esencia, se desestimó la alegación de la parte actora contra la aprobación inicial del
"projecte d'urbanització de la Urbanització Vallirana Parc" y se aprobó definitivamente "el
projecte de Urbanització del sector Vallirana Parc".
2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo
escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda
articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.
3º.- Conferido traslado a las partes demandada y codemandada, éstas contestaron la
demanda, en la que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de
aplicación, solicitaron la desestimación de las pretensiones de la parte actora.
4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos.
5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron
haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 17 de noviembre de 2005, a la hora prevista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de Don Ramón contra los siguientes Acuerdos:
De 30 de septiembre de 1999 del Ple del AYUNTAMIENTO DE VALLIRANA por virtud del que,
en esencia, se acordó "la dissolució de la Junta de Compensació de Vall Parc, així mateix
instar a l'esmentada Junta perquè constitueixi Comissió Liquidatoria" y "donar trasllat del
present acord al Registre d'Entitats Col·laboradores de la Direcció General d'Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, per tal que si ho creu oportú procedeixi a l'inscripció de la nova Junta
de Conservació".
De 15 de diciembre de 1999 de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que,
en esencia, se acordó "inscriure al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores la
dissolució de la Junta de compensació del Pla parcial del sector Sant Jordi de Vallirana Park" y
"la constitució de l'Entitat de conservació de la urbanització Vallirana Park-Sant Jordi".
Y de 30 de marzo de 2000 del Ple del Ayuntamiento de Vallirana por virtud del que, en
esencia, se desestimó la alegación de la parte actora contra la aprobación inicial del "projecte
d'urbanització de la Urbanització Vallirana Parc" y se aprobó definitivamente "el projecte de
Urbanització del sector Vallirana Parc".
Han comparecido en los presentes autos el AYUNTAMIENTO DE VALLIRANA y la ENTIDAD
URBANISTICA DE CONSERVACION SECTOR SANT JORDI DE VALLIRANA PARC, en su
cualidad de partes codemandadas.
SEGUNDO .- La parte actora en una extensa demanda que seguramente olvida y aparta de su
consideración la naturaleza y efectos de los actos administrativos impugnados en el presente
77

proceso, por lo demás deficientemente pormenorizados sobre todo si se tiene en cuenta la
invocación genérica a cuotas urbanísticas reclamadas que ni siquiera se concretan y la
invocación tan impropia a otras actuaciones conexas y previas, y en un escrito de
conclusiones que planea en la misma tesitura, inclusive desbordando la propia demanda, bien
parece que trata de replantear y poner sobre la mesa la problemática general de la
denominada Urbanización del Sector Vallirana Parc desde sus inicios que hunden sus raíces
desde hace más de 20 años, hasta el futuro.
Efectivamente no va a sorprender que se indique que todos los antecedentes relativos a
actuaciones o/y a inactividades que no hayan sido debidamente impugnados en su momento,
ni ahora debidamente, en forma alguna no cabe depurarlos con ocasión de los simples y
puntuales actos impugnados en el presente proceso, por más que además se orbite en
pruebas no practicadas, no aportadas o incompletas.
Ineludiblemente nos hallamos en unas vías de gestión urbanística tan puntuales y concretas
que sólo cabe atender por la delimitación operada en el escrito de interposición del presente
recurso contencioso administrativo, de un lado, a la disolución de una Junta de Compensación
y la constitución de una Entidad de Conservación acordadas por la Administración Municipal,
con su trasunto registral operado por la Administración Autonómica, y, de otro lado, a la mera
aprobación definitiva de un Proyecto de Urbanización por parte de la Administración Municipal.
TERCERO .- Pues bien, puestos a identificar cuales son las concretas alegaciones formuladas
por la parte actora de posible tratamiento jurídico habida cuenta de los concretos actos
impugnados debe indicarse que, en razón al desbordamiento tan acusado de la demanda y
escrito de conclusiones de la parte actora todo lo más y en abreviada síntesis, procede
examinar lo siguiente:
a) La procedencia o la improcedencia de la disolución de la Junta de Compensación de autos
y la constitución de una Entidad de Conservación.
b) La procedencia o la improcedencia de los asientos registrales acordados.
c) La procedencia o la improcedencia del Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente.
CUARTO .- Pues bien, intentando dar cumplida respuesta jurídica a la amalgamada
relación de antecedentes improcedentes y pareceres u opiniones del más variado signo que no
hacen al limitado ámbito del presente caso expuestas por la parte actora, y para la
improcedencia de la disolución de la Junta de Compensación de autos y la constitución de una
Entidad de Conservación, debe señalarse, dadas las insistencias sobre el caso, que para lo
resuelto por nuestra Sentencia nº 884, de 16 de octubre de 2000 ,
debe estarse a su tenor sin que le quepa a esta Sentencia matizar ni obstar ninguno de sus
pronunciamientos como tampoco cabe trasladar los efectos de esa Sentencia a este proceso
como resulta obvio.
Así mismo debe notarse que la parte actora debidamente instruida de los actos que se iban
adoptando de la Junta de Compensación de reiterada invocación, en especial para los
concretos de disolución de la Junta de Compensación y de creación de una Entidad de
Conservación, en forma alguna los impugnó ni los ha delimitado en el presente recurso
contencioso administrativo -sobre todo con la operatividad de actuaciones como las relativas a
los Estatutos de la Entidad de Conservación, transformación de la Junta de Compensación en
Entidad de Conservación, nombramiento de Consejo Rector, entre otros-, por lo que
inamovibles todos ellos, por firmes, una vez llegados a las alturas del acto impugnado de 30
de septiembre de 1999 bien se puede comprender que nada procede examinar respecto a los
mismos y sólo constatar que sin cuestionarse eficazmente la recepción de las obras de
urbanización realizadas por parte de la Administración Municipal -baste indicar que la propia
parte actora en conclusiones, entre otros, reconoce la certificación al efecto expedida a estos
efectos a 5 de mayo de 1998-, sin que tampoco consten otras obligaciones sustanciales
pendientes, deviene sin soporte jurídico la pretendida improcedencia de la disolución de la
Junta de Compensación.
78

Por consiguiente, las alegaciones formuladas de contrario decaen y deben rechazarse.
QUINTO .- Siendo ello así, de la misma forma procede declarar inviables e improsperables las
tesis relativas a la improcedencia de los asientos registrales acordados por la Administración
Autonómica ya que, sin perjuicio de lo razonado anteriormente, bien se puede comprender que
no se hacen valer eficazmente razones que muestren la improcedencia de la calificación
registral de los títulos que accedieron al Registro de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras
ni de los actos correspondientes ni mucho menos de los asientos operados.
SEXTO .- Finalmente respecto a las alegaciones referibles a la sostenida improcedencia del
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente y, concretamente, el impugnado en el
presente proceso, debe significarse que sólo se planea en alegatos carentes de la debida
corroboración probatoria que muestre y demuestre bien que no se hallaban ultimadas las
obras de urbanización de su razón, bien que las proyectadas no cabía referirlas a una Entidad
de Conservación como la de autos, o bien que en todo caso vulneraban prescripciones de
planeamiento urbanístico o el régimen legal que correspondiese.
Dicho en otras palabras, sólo se cuenta con tan imperfecta y confusa relación de supuestos
que ni siquiera la prueba pericial practicada permite dar luz sobre el caso ya que se va
planeando en obras sin la debida pormenorización temporal que haga referencia a los
concretos actos impugnados en este proceso y únicos que corresponde depurar no resultando
ocioso referir la novedosa incorporación de dos novedosos proyectos denominados de
urbanización de Vallirana Park 1ª Fase y 2ª Fase que en nada producen convencimiento
alguno sobre todo si además se tiene en cuenta que si se trataba de orbitar en la realización
de obras conformes, ajustadas y respecto a un proyecto de urbanización o de obras, esa
temática no cabe examinarla por estar extramuros de la delimitación del presente proceso.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán
en la parte dispositiva.
SÉPTIMO.- No se aprecia mala fe o temeridad suficiente en la parte actora a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 1998 .
FALLAMOS
Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de Don Ramón contra los siguientes Acuerdos:
De 30 de septiembre de 1999 del Ple del AYUNTAMIENTO DE VALLIRANA por virtud del que,
en esencia, se acordó "la dissolució de la Junta de Compensació de Vall Parc, així mateix
instar a l'esmentada Junta perquè constitueixi Comissió Liquidatoria" y "donar trasllat del
present acord al Registre d'Entitats Col·laboradores de la Direcció General d'Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, per tal que si ho creu oportú procedeixi a l'inscripció de la nova Junta
de Conservació".
De 15 de diciembre de 1999 de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que,
en esencia, se acordó "inscriure al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores la
dissolució de la Junta de compensació del Pla parcial del sector Sant Jordi de Vallirana Park" y
"la constitució de l'Entitat de conservació de la urbanització Vallirana Park-Sant Jordi".
Y de 30 de marzo de 2000 del Ple del Ayuntamiento de Vallirana por virtud del que, en
esencia, se desestimó la alegación de la parte actora contra la aprobación inicial del "projecte
d'urbanització de la Urbanització Vallirana Parc" y se aprobó definitivamente "el projecte de
Urbanització del sector Vallirana Parc".
Y DESESTIMAMOS la demanda articulada.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
79

Hágase saber que la presente Sentencia no es susceptible de Recurso de Casación y es
firme.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
80

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Recurso nº 939/2002
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
DON JOSE JUANOLA SOLER
MAGISTRADOS:
DON MANUEL TABOAS BENTANACHS
DOÑA ANA RUBIRA MORENO
SENTENCIA Nº 927/2005
En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de noviembre dos mil cinco.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA
en el recurso contencioso-administrativo número 939/2002, interpuesto por DON Gabriel
, representado por el Procurador DON IVO RANERA CAHIS y dirigido por el Letrado DON
ANTONIO Mª MUNTAÑOLA CASTELLO, contra el AYUNTAMIENTO DE MONGAT,
representado por el Procurador DON FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT y dirigido por
la Letrada DOÑA GLORIA BARDAJI PASCUAL y contra la JUNTA DE COMPENSACION DEL
PLA PARCIAL PLA DE MONTGAT, representada por el Procurador DON FRANCISCO JAVIER
MANJARIN ALBERT y dirigida por el Letrado DON ALBERTO VENTULA GARGALLO. Es
Ponente Doña ANA RUBIRA MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de
la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de
esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación por acto
presunto de la petición de revisión de oficio del Proyecto de compensación del Plan Parcial Pla
de Montgat.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras
relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba
suplicando que se dictara sentencia por la que se estime el recurso y se anulen, revoquen y
dejen sin efecto los actos recurridos y se declare el derecho del recurrente a que se tramite un
nuevo Proyecto de compensación que respete el principio de distribución equitativa de
beneficios y cargas.
TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la
inadmisibilidad del recurso y, subsidiariamente, su desestimación, e igual petición efectuó la
codemandada.
CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y, practicadas las pruebas que propuestas
fueron declaradas pertinentes, con el resultado que obra en las actuaciones, se pasó al trámite
de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 23 de noviembre de 2005.
QUINTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
81

PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso
contencioso administrativo tiene por objeto la desestimación por acto presunto la revisión de
oficio del Proyecto de compensación del Plan Parcial Pla de Montgat, aprobado
definitivamente el 5 de febrero de 2001, pedida el 5 de abril de 2002.
SEGUNDO.- Opuesta la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto
procede resolver con carácter previo sobre esa excepción procesal.
Se alega la falta de legitimación del recurrente para la interposición del presente recurso
por ser miembro de la Junta de Compensación del Plan Parcial Pla Montgat y haber
participado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29 de febrero de 2000 y haber
votado a favor de la aprobación del Proyecto de Compensación, refiriendo el contenido del
artículo 47 de los Estatutos de la citada Junta, en cuanto dispone que no
estarán legitimados para impugnar los acuerdos de los órganos de la misma aquéllos que
hayan votado a favor del acuerdo.
La impugnación de un acto que tiene su origen en otro anterior adoptado por una Junta de
Compensación utilizando el procedimiento dispuesto en el artículo 102 de la LPAC
, exigiría examinar si la limitación de la legitimación activa que el 47 de los Estatutos
de la Junta de compensación dispone, y siguiendo a la doctrina
jurisprudencia sobre la materia, recogida entre otras en la sentencia del Tribunal
Supremo citada por la Corporación Local demandada, de 22 de junio de 2004 ,
ha de sufrir alguna modulación, dado que se pretende la declaración de nulidad por estar
incurso el acto en alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el
artículo 62.1 de la citada Ley ; pero, en el caso de autos es de ver que
en el acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Compensación del Plan
Parcial Pla de Montgat, obrante en el expediente administrativo, no consta si el recurrente voto
a favor, en contra, o se abstuvo, y del total contenido del expediente administrativo y del
resultado de la prueba de interrogatorio de parte, practicada con el fin de acreditar este
extremo, no cabe deducir con certeza la postura adoptada por el recurrente. Luego, no
quedando debidamente acreditado que el recurrente hubiera votado en contra, el principio de
tutela judicial efectiva ha de llevar a desestimar la causa de inadmisibilidad opuesta por la
Administración demandada.
TERCERO.- En el súplico de la demanda se pide que se anulen, revoquen y dejen sin efecto
los actos recurridos y se declare el derecho del recurrente a que se tramite un nuevo Proyecto
de compensación que respete el principio de distribución equitativa de beneficios y cargas.
La interposición de recurso contencioso administrativo contra la denegación expresa o
tácita de la apertura de un procedimiento de revisión de oficio faculta al Juzgado o Tribunal
para resolver sobre la incoación del procedimiento, sin negar la existencia de supuestos
especiales en los que la evidencia prima facie de una causa de nulidad de pleno derecho
pueda aconsejar, en aras del principio de economía procesal, un pronunciamiento sobre la
validez o nulidad del acto sometido al revisión de oficio ( STS de 13 de octubre de
2004 y 22 de junio de 2000 ).
Al interponer el recurso se aporta copia del escrito presentado el 5 de abril de 2002 en el
Ayuntamiento de Montgat, en el que se pide que se acuerde declarar la nulidad radical del
Proyecto de compensación del Plan Parcial de Pla de Montgat, aprobado definitivamente por
la Comisión de Gobierno el 5 de febrero de 2001, pretensión que se sustenta en los mismos
motivos de impugnación hechos valer en la demanda, aduciendo la infracción de los
artículos 3 y 90.3 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo (TRLUC), en
relación con el artículo 62.1.g) y 62.2 de la LPAC .
Dado que la revisión de oficio se pide respecto de un acto administrativo, ha de ser
rechazada la aplicación del apartado 2 del artículo 62 de la LPCA
, en cuanto va referido a disposiciones generales.
Las partes han aportado todos los elementos necesarios para poder resolver sobre el fondo de
la cuestión litigiosa planteada y habida cuenta los motivos de impugnación hechos valer por el
recurrente, no se plantea obstáculo para resolver no sólo sobre la procedencia de la incoación
de procedimiento de revisión de oficio, sino también sobre la nulidad del acto cuya revisión se
pide.
La petición revisión de oficio no se ve obstaculizada por el hecho de que el actor no
82

hubiera recurrido el acto administrativo cuya revisión interesa, ya que conforme a lo
establecido en el artículo 102 de la LPAC , la revisión de oficio
es, precisamente, respecto de actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo; pero, en todo caso, el principio de
seguridad jurídica no permitirá depurar el contenido del acto como si de un recurso ordinario
se tratara.
CUARTO.- El principio general de justa distribución de beneficios y cargas que rige en
toda actuación urbanística, ya sea de planeamiento como de gestión, se encuentra
expresamente contemplado en el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo (TRLUC),
tanto de forma general en su artículo 3.2 b ) cuando expresa que la
competencia urbanística concerniente al planeamiento comprenderá la facultad de impedir la
desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios
afectados imponiendo la justa distribución, como en ámbitos más específicos en los que el
principio se manifiesta en la regulación de las obligaciones de los propietarios de suelo urbano
(artículo 120.3 y 4), la delimitación de los sectores (artículo 63.b), polígonos (artículos 103 y
167.2 b), y unidades de actuación (artículo 103 y 167.3), y en la regulación de los sistemas de
actuación (artículos 174 y 182.2 para el sistema de cooperación), y 174 y 147.2 para el
sistema de compensación).
Conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la LPAC ,
en cuanto dispone que son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, no toda infracción en
materia urbanística ha de comportar la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, sino
sólo en los casos taxativamente previstos en el artículo 62.1 de la LPAC
( STS de 19 de marzo de 2001 y 28 de octubre de 1996 , entre
otras). Luego, es de ver si el Proyecto de compensación comporta una reserva dispensación
que, según lo establecido en el artículo 90.3 del TRLUC ,
implica la nulidad de pleno derecho.
En la demanda la pretensión de la actora se sustenta en los siguientes motivos de
impugnación: 1. Nulidad de pleno derecho del Proyecto de compensación del Plan Parcial Pla
Montgat por: a) desajuste de los precios de venta; b) Discriminada asignación de tipología; c)
en la tipología "unifamiliar existente R5" falta de equilibrio entre cesiones, derechos, suelo y
techo adjudicados; d) desigual asignación del tamaño de las parcelas; e) discordante
atribución de los costes; 2. Quiebra del principio de equidistribución de beneficio y cargas. En
el escrito de conclusiones se relacionan los resultados de la prueba parcial en cuanto a:
criterios de valoración; valor urbanístico de los suelos aportados; valoración de las fincas
resultantes; adjudicación de techo edificable; cuenta de liquidación provisional.
Además de que no toda vulneración de alguno de los criterios fijados en el
artículo 149 del TRLUC , en cuanto a derechos de los propietarios,
valoración de los solares resultantes, adjudicación de fincas situadas en lugar próximo al de
las aportadas y diferencia de adjudicación, ha de comportar, necesariamente, la infracción del
principio de justa distribución de beneficios de cargas, tampoco la infracción de ese principio
ha de conllevar, en todo caso, la nulidad de pleno derecho del instrumento de gestión
urbanística, sino que habrá que estar a su total contenido en orden a determinar si conlleva
una reserva de dispensación, que en el caso de autos, con los resultados obtenidos con la
prueba pericial, no cabe deducir.
Así, como indica el perito de forma razonada en su informe, los desequilibrios entre derechos
de los propietarios en atención a la finca aportada y la adjudicada no comporta,
necesariamente, vulneración del citado principio, ya que las diferencias entre propietarios,
pese a ser en algunos casos y en atención a la superficie de la finca aportada, de gran
magnitud, lo son sólo de forma relativa, dado el ámbito total de la reparcelación, y han sido
compensadas como es de ver en la cuenta de liquidación provisional.
Pese a los esfuerzos de la actora en orden a acreditar que esos desequilibrios impliquen
una vulneración del principio de justa distribución de beneficios y cargas y comportan una
reserva de dispensación y, en su caso, una infracción del principio de igualdad, determinante
de la nulidad de pleno derecho conforme a lo establecido en el artículo 62.1.a) de la
LPAC , el propio perito, en diversas ocasiones, se manifiesta en el
sentido contrario, como es de ver al dar respuesta a las preguntas 64 y 66.
El Tribunal Supremo de 23 en la sentencia de septiembre de 2003
83

, citada por la parte actora, indica que la reparcelación económica objeto de ese recurso "no se
acomoda al principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución
, traducido al ordenamiento urbanístico en el principio de justa y equitativa distribución de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico, por cuanto que el pago de las
cantidades resultantes sólo se exige a los propietarios de suelo vacante y no al conjunto de
propietarios de suelo urbano", y en parecidos términos se expresa en las sentencias
de 16 de junio de 2003 y 17 de mayo de 2001 . Pero, no toda desigualdad
comporta una lesión de ese derecho constitucional, susceptible de amparo según lo dispuesto
en el artículo 53 de la CE , pues como se recoge en la
STC 8/1986 , lo que no protege dicho precepto constitucional, como derecho
fundamental, es la legítima aspiración a la igualdad material o de hecho, frente a
desigualdades de trato que no derivan de criterios jurídicos discriminatorios, sino de otras
circunstancias objetivas y razonables ( STC 8/1986 ).
En todo caso, la inclusión dentro del ámbito del Proyecto de compensación de los terrenos que,
según el documento aportado por la actora como número 2 de la demanda, son de titularidad
de la Generalitat de Catalunya, y la adjudicación de parte de los mismos al recurrente, según
se recoge en el informe pericial, no constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho del
Proyecto de reparcelación que deba ser tratado en un procedimiento de revisión de oficio.
Rechazados todos los motivos de impugnación procede desestimar el recurso.
QUINTO. - No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al
no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139
de la Ley Jurisdiccional .
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
Primero. Desestimar el recurso interpuesto por Don Gabriel contra la
desestimación por acto presunto de la petición de revisión de oficio del Proyecto de
compensación del Plan Parcial Pla de Montgat., por ser conforme a derecho.
Segundo. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la
substanciación del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos
que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha. Doy fe.
84

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº: 997/2002
PARTES : ENTIDAD DE CONSERVACION ELS MASOS II DE COMARRUGA Y
Marta
C/ AYUNTAMIENTO DEL VENDRELL
Ilustrísimos Señores :
MAGISTRADOS
D. JOSÉ JUANOLA SOLER.
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
Dña. ANA RUBIRA MORENO.
S E N T E N C I A Nº 950
BARCELONA, a siete de diciembre de dos mil cinco.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 997/2002,
seguido a instancia de la ENTIDAD DE CONSERVACION ELS MASOS II DE COMARRUGA y
de
Doña Marta , representadas por la Procuradora Doña KARINA
SALES COMAS, contra el AYUNTAMIENTO DEL VENDRELL, representado por la
Procuradora
Doña BLANCA SORIA CRESPO, sobre Urbanismo-Planeamiento.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- El 14 de junio de 2002 tiene entrada en el Ayuntamiento del Vendrell instancia fechada a
30 de mayo de 2002 de la Entidad de Conservación els Massos de Comarruga II por virtud de
la que, en esencia, se solicitaba la finalización de las obras de urbanización a cargo de quien
sea responsable y sin perjuicio de la ejecución de las garantías procedentes, que se
adoptasen las medidas adecuadas para evitar desastres como los producidos el mes de
noviembre de 2001, que se procediese a la redacción de las oportunas figuras urbanísticas y
que se aceptase que la responsabilidad corresponde al Ayuntamiento y subsidiariamente al
promotor de la urbanización.
De la misma forma el 14 de junio de 2002 tiene entrada en el Ayuntamiento del Vendrell
instancia fechada a 30 de mayo de 2002 de la Entidad de Conservación els Massos de
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Comarruga II por virtud de la que, en esencia, se solicitaba la contestación de más de veinte
preguntas relativas a la problemática que desde 1977 hasta la fecha de presentación se
entendía afectante al caso.
2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo
escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda
articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.
3º.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.
4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos.
5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron
haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se señaló día y hora para
votación y fallo, que ha tenido lugar el día 1 de diciembre de 2005, a la hora prevista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de la ENTIDAD DE CONSERVACION ELS MASOS II DE
COMARRUGA y de Doña Marta contra la desestimación por silencio de las solicitudes
efectuadas por esa entidad de conservación al AYUNTAMIENTO DEL VENDRELL mediante la
instancia fechada a 30 de mayo de 2002 -con entrada a 14 de junio de 2002 en el
Ayuntamiento del Vendrell- por virtud de la que, en esencia, se solicitaba la finalización de las
obras de urbanización a cargo de quien sea responsable y sin perjuicio de la ejecución de las
garantías procedentes, que se adoptasen las medidas adecuadas para evitar desastres como
los producidos el mes de noviembre de 2001, que se procediese a la redacción de las
oportunas figuras urbanísticas y que se aceptase que la responsabilidad corresponde al
Ayuntamiento y subsidiariamente al promotor de la urbanización y mediante la instancia
fechada a 30 de mayo de 2002 -con entrada a 14 de junio de 2002 en el Ayuntamiento del
Vendrell- por virtud de la que, en esencia, se solicitaba la contestación de más de veinte
preguntas relativas a la problemática que desde 1977 hasta la fecha de presentación se
entendía afectante al caso.
En todo caso no resulta ocioso concretar que en el suplico de la demanda se pretende que se
ordene al Ayuntamiento demandado que finalice las obras de urbanización del Plan Parcial Els
Massos de Comarruga II, que se obligue al Ayuntamiento demandado a que proceda a la
redacción de las figuras urbanísticas necesarias muy especialmente para evitar y solucionar los
problemas de las aguas pluviales, que se considere al Ayuntamiento demandado responsable
de las actuaciones y que se obligue al Ayuntamiento demandado a contestar las preguntas
que se efectuaron por escrito.
Y se deja de lado lo añadido en el escrito de conclusiones de la parte actora ya que,
como debe ser sabido, ese desbordamiento de lo pretendido en la demanda debe tener el
tratamiento establecido en el artículo 65.1 de nuestra Ley Jurisdiccional
.
SEGUNDO .- En una primera aproximación a los temas planteados por las partes se hace
preciso destacar que la Administración demandada, desde luego con la mayor información del
caso, da cuenta que nos hallamos ante un ámbito de Plan Parcial Els Massos de Comarruga
que se aprobó a las alturas de 1978 promovido a iniciativa privada con ejecución por el Sistema
de Compensación y con una resultancia tan insatisfactoria e impropia de los tiempos presentes
que no se tiene empacho alguno en concretar que la urbanización no se ha recepcionado
todavía habida cuenta de la deficiente ejecución, servicios obsoletos y tan comprometido
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estado actual, especialmente en materia de desagüe de aguas pluviales. Por lo demás la
satisfacción en el caso debe radicar en la existencia y el mantenimiento de una Entidad de
Conservación como la que actúa como parte actora.
Por si existe alguna duda sobre la situación existente y latente baste dar cumplida cuenta
de lo hecho constar en el acta de presencia notarial de fecha 21 de enero de 2002 o lo
informado por el Ingeniero Industrial Don Jose Luis a 22 de diciembre de 2001, y a 20
de septiembre de 2002 con los tan relevantes desprendimientos sobre los que como se irá
viendo deberemos volver -baste a los presentes efectos remitirse a lo hecho constar en los
documentos 9, 10 y 11 de los acompañados en la demanda-.
TERCERO .- Pues bien, centrada mínimamente la situación del presente caso debe advertirse
que la parte demandada trata de articular la inadmisibilidad del presente recurso contencioso
administrativo en atención de que se pretende que sea objeto de enjuiciamiento de la
Jurisdicción Civil en atención, como se indica, a la relación privada que se debe sostener
contra el promotor o el constructor contratado por la Junta de Compensación y se apostilla
todo ello con cita de un pronunciamiento de una Audiencia Provincial en el que se trata de
problemas relativos a la protección de los derechos de naturaleza privada indicando la
aplicación del régimen de propiedad horizontal y que los desperfectos deberían ser calificados
como en elementos comunes.
De la misma forma se insiste en la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo por
razón del defecto legal en el modo de proponer la demanda ya que se apunta a la falta de
claridad y precisión de la demanda formulada, inclusive con alusiones a una posible
indefensión.
Pues bien, no va a viabilizarse ninguno de los motivos de inadmisibilidad hechos valer.
Será de resaltar en el presente caso que no deja de sorprender que ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa se articulen obstáculos procesales con apoyo en pronunciamientos
jurisdiccionales civiles de Audiencias Provinciales, sin mayores aditamentos.
No obstante, debe significarse que si se pretendía hacer valer la inadmisibilidad del
presente recurso contencioso administrativo con fundamento en el artículo 69.a) de
nuestra Ley Jurisdiccional este tribunal no tiene ninguna duda, sino la
más perfecta convicción, de que en el presente caso y en razón de las desestimaciones por
silencio producidas se hallan innegablemente involucradas reales, ciertas y precisas
potestades administrativas urbanísticas en sede, cuanto menos, de gestión urbanística a no
dudarlo requeridas legal y reglamentariamente para el buen fin de una urbanización acorde y
con la dotación de unos servicios urbanísticos para que los correspondientes terrenos de su
razón alcancen el nivel de prestación de esos servicios en la forma querida por el
ordenamiento jurídico urbanístico.
Con ello no se quiere decir otra cosa que, desde luego a salvo otras perspectivas propias de
otras jurisdicciones a depurar donde y cuando corresponda, a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa no le resulta dable ni ahora ni nunca mirar para otro lado o hacer oídos sordos
cuando al innegable ejercicio, por acción u omisión, de las potestades urbanísticas se trata,
para depurar lo que proceda desde la vertiente del derecho público urbanístico que nos
corresponde enjuiciar. Baste a los presentes efectos dejar oportuna constancia que no resulta
dable estimar que la Administración se pueda permitir transmutar una función administrativa de
llevar a sus últimas consecuencias la tan sentida urbanización de unos terrenos en plazo
razonable a una consideración ajena a la misma como si de mera relación privada entre
particulares se tratase. Dicho en otras palabras, el régimen jurídico de suelo con la obligación
de urbanizar y de costear la urbanización o su trasunto en sede de gestión urbanística que se
halla en la esencia de toda actuación urbanística no se puede devaluar o disipar en su
trascendencia ni evitar el debido control que corresponde a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa al respecto.
Y tampoco cabe estimar una predicada inexistencia o defecto sustancial en el modo de
articular la demanda que la haga irreconocible en el presente proceso ya que aunque alguna
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precisión deberá efectuarse con posterioridad y desde luego sin prejuzgar en este momento su
viabilidad debe reconocerse que hechos y fundamentos de derecho constan en el escrito
presentado por la parte actora como demanda y las pretensiones se identifican mínima y
suficientemente, sin riesgo de indefensión como se ha relacionado en el primer fundamento de
derecho. Por consiguiente ninguna inadmisibilidad cabe conceptuar ni viabilizar.
CUARTO .- Pasando al verdadero fondo del debate existente entre las partes, este tribunal
examinando el caso verdaderamente singular que concurre en el presente proceso, no puede
dejar de señalar lo siguiente:
1.- La pobreza de precisiones y de argumentaciones técnicas empleada en el presente
proceso no va a empañar el decidido propósito de llevar a la legalidad y de efectuar el debido
control que nos corresponde ante la actuación administrativa cuando de supuestos tan
comprometidos se trata.
Ciertamente no deja de resultar sorprendente que nos hallemos a las presentes alturas, sin la
operatividad de otros supuestos especialmente de planeamiento urbanístico, ante un ámbito
de Plan Parcial Els Massos de Comarruga que se aprobó a las alturas de 1978 promovido a
iniciativa privada con ejecución por el Sistema de Compensación y con una resultancia que
cabe sintetizar en espectaculares desprendimientos de tierras y piedras, con bloques de roca
de entre 14 y 18 m3 y pesos entre 25 y 30 Tm., demostradora de una innegable inestabilidad
de los terrenos con lo que ello debe suponer en las sensibilidades más comunes en relación a
los riesgos a las personas y las cosas.
Puestos a profundizar en lo dictaminado en la prueba pericial practicada debe resaltarse que
este tribunal no puede sino ir tomando buena nota, a todos los efectos, de que no se han
previsto obras de estabilización y contención de tierras en el ámbito del Plan Parcial, por
ningún instrumento, y tampoco existen previsiones de recogida y canalización de aguas
pluviales en atención a la conformación y características de los terrenos de autos, por lo que
debe dejarse cumplida constancia de la gravedad preexistente tanto desde el punto de vista
geotécnico como del hidráulico, sin que quepa eludir alguna otra perspectiva que sólo con los
debidos estudios que se indican en la pericial podrían dar la mayor luz sobre la superación de
la problemática preexistente.
2.- Ante tamaña situación tan arriesgada en que se permiten planear las partes, singularmente
la Administración Municipal que quizá espera y confía, como se trasluce en sus alegaciones,
que la responsabilidad en todo caso no pivota en su hacer ni en su no hacer, debe señalarse
que el ordenamiento jurídico urbanístico en forma alguna puede permanecer ni permanece
insensible sino todo lo contrario. No obstante, bien se puede comprender que ante la
persistencia temporal que se va acumulando sobre el caso, quizá abandonado a su libre
dinámica, inclusive otros ordenamientos de derecho público podrían y deberían estar
igualmente enfrente o al lado de la situación latente para ayudar a depurar lo que procediese.
3.- Dicho de la forma más clara posible en el halo urbanístico que las partes han elegido para
el presente caso, será de indicar que a esta Sentencia no le resulta dable condenar a la
Administración a la tramitación y en su caso aprobación de una figura de planeamiento
urbanístico que con apoyo en el ordenamiento jurídico urbanístico vigente atienda debidamente
a la situación preexistente ya que esa vía y en forma debida no ha sido la seguida por la parte
actora.
Baste reconocer que en el presente supuesto por la parte actora, con la aportación de la
documentación idónea, no se ha solicitado la promoción de una figura de planeamiento
urbanístico que con sus determinaciones y prescripciones deje el supuesto de autos en el lugar
que le debe corresponder, desde luego resultando franca y decididamente improcedente
atender a esa vía por una mera solicitud genérica sin mayores aditamentos.
Con ello no se quiere decir otra cosa que si estructuralmente y con los debidos estudios
técnicos el tratamiento definitivo del caso y la superación de la situación preexistente debiera
pivotar desde la figura de planeamiento que correspondiese, esa debería ser
inexcusablemente la solución a emplear, a no dudarlo inclusive de oficio, para dar cumplida
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observancia a las funciones que competen a las Administraciones con competencia en materia
de planeamiento -por todos baste la cita del artículo 3.1 del Decreto Legislativo
1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en Cataluña en materia de Urbanismo , aplicable al caso por
razones temporales, como con posterioridad se establece en los artículos 1 y 2 de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña , y
1 y 2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo de Cataluña -, quedando en el lugar que elijan
caso de no cumplir esos cometidos y a expensas de las consecuencias jurídicas de rigor.
4.- Como que no se han facilitado a este tribunal más datos que los relacionados con
anterioridad otra conclusión debe efectuarse en materia de gestión urbanística y
concretamente en sede de proyecto de urbanización, ya que todo lo más con que se cuenta es
sólo que el Plan Parcial Els Massos de Comarruga se aprobó a las alturas de 1978 promovido
a iniciativa privada y que no consta ni la aprobación de un regular y típico proyecto de
urbanización ni la realización de las obras de su razón que con fundamento en los pertinentes
estudios previos y obras consiguientes doten a los terrenos de autos de un estado acorde con
la problemática geotécnica, hidráulica y sin perjuicio de cualquiera otra concurrente que dé
cumplida satisfacción a los requerimientos urbanísticos de tan sentida observancia.
Siendo ello así y ante una pasividad tan evidente y sobresaliente de la Administración
Municipal, una vez transcurridos más de veinte años hasta la fecha de la iniciativa de la parte
actora y a unos veinticinco años a la fecha de esta sentencia cuando el presente asunto se ha
podido resolver con la resultancia que concurre, no puede llegarse a otra conclusión que
resulta inexcusable e incontrovertible que la Administración, de inmediato, debe proceder o
bien a agotar los trámites de su razón contra la iniciativa particular promotora del Plan Parcial
para atender a la presentación de un proyecto de urbanización de forma urgente y cabal en
atención al estado del caso y ultimada su tramitación y aprobación urgente se proceda a su
realización de la misma forma urgente, si es que es posible y a salvo otras medidas en la
misma línea -por todos baste la cita del artículo 80.3 y 4 del Decreto Legislativo
1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en Cataluña en materia de Urbanismo , y demás disposiciones
concordantes-, o bien a atender a las vías de su razón para lograr urgentemente un cambio de
sistema de actuación urbanístico para que a iniciativa pública se logre esa misma resultancia -
por todos baste la cita del artículo 169.2 del meritado texto legal
y demás disposiciones concordantes- sin que ello sea obstáculo para inclusive pensar en un
proyecto de obras municipal si hubiere lugar a ello, en el bien entendido que la elección a
fundar desde los principios de proporcionalidad y de eficacia debe ser la más ajustada a la
más pronta superación del estado de cosas preexistente, cuando como se ha evidenciado
existe un peligro y un riesgo cierto y acentuado para con las personas y las cosas. Y todo ello
sin perjuicio de la adopción más incisiva de las medidas más adecuadas, en el ínterin, para
evitar sucesos como los acreditados en este proceso.
5.- Ciertamente, a no dudarlo, el trasunto económico del caso y su imputación no es materia
baladí pero interesa resaltarlo no debe ser en modo alguno la materia decisiva ni determinante
ni puede empañar la decidida necesidad de abordar el caso por los procedimientos de rigor a
la mayor brevedad posible.
Y se señala ello ya que en el presente supuesto no resulta dable atender a una calificación
jurídica que permita una imputación como la pretendida por la parte actora ya que sólo y en
desarrollo de una de las opciones que se han señalado y a salvo la posibilidad de agotar
garantías que pudiesen existir de la promoción privada preexistente será cuando proceda
perfilar debidamente un pronunciamiento de imputación como el pretendido que desde luego
no cabe confundir con el ejercicio de acciones indemnizatorias contra cualesquiera
responsables cuyo régimen resulta claramente independiente y diferenciado y que desde
luego tampoco cabe prejuzgar en esta Sentencia.
Dicho en otras palabras si aún resulta posible jurídicamente hacer pervivir el régimen propio de
un plan parcial de iniciativa particular, total o parcialmente, ninguna duda debe caber que
deberán agotarse las vías económicas de su razón contra los sujetos sobre los que pesan las
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obligaciones urbanísticas en los términos expuestos precedentemente en la medida de donde
lleguen. Y, en todo caso, si no cabe más que actuar a las alturas de los tiempos presentes con
los medios jurídicos de su razón -proyecto de urbanización o de obras municipal con sus
correspondientes vías de financiación- tampoco ninguna duda debe caber que deben ser los
sujetos obligados los que deben hacer frente a los importes de su razón.
6.- En último término la generalizante invocación a la contestación de unas preguntas dirigidas
a la Administración municipal sin estar debida ni suficientemente fundada ni argumentada no
permite extender la decisión del presente caso más allá de la expuesta con anterioridad.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y términos que
se fijarán en la parte dispositiva y en cuya ejecución sólo podrá velarse por la promoción y
finalización de los procedimientos que se actúen pero sin que resulte dable examinar el fondo
de lo que se resuelva ya que no se ha decidido en la presente Sentencia y sólo y en su caso
en las vías impugnatorias que procedan, en su caso, ante la promoción de las posteriores
acciones contencioso administrativas será donde haya lugar a depurar lo que proceda.
QUINTO .- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
de 1998 .
FALLAMOS
Que rechazando la inadmisibilidad del presente recurso contencioso administrativo en los
términos establecidos en el Fundamento de Derecho Tercero, ESTIMAMOS PARCIALMENTE
el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre de la ENTIDAD DE
CONSERVACION ELS MASOS II DE COMARRUGA y de Doña Marta contra la
desestimación por silencio de las solicitudes efectuadas por esa entidad de conservación al
AYUNTAMIENTO DEL VENDRELL mediante la instancia fechada a 30 de mayo de 2002 -con
entrada a 14 de junio de 2002 en el Ayuntamiento del Vendrell- por virtud de la que, en
esencia, se solicitaba la finalización de las obras de urbanización a cargo de quien sea
responsable y sin perjuicio de la ejecución de las garantías procedentes, que se adoptasen las
medidas adecuadas para evitar desastres como los producidos el mes de noviembre de 2001,
que se procediese a la redacción de las oportunas figuras urbanísticas y que se aceptase que
la responsabilidad corresponde al Ayuntamiento y subsidiariamente al promotor de la
urbanización y mediante la instancia fechada a 30 de mayo de 2002 -con entrada a 14 de junio
de 2002 en el Ayuntamiento del Vendrell- por virtud de la que, en esencia, se solicitaba la
contestación de más de veinte preguntas relativas a la problemática que desde 1977 hasta la
fecha de presentación se entendía afectante al caso, del tenor explicitado con anterioridad, y
ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda articulada anulamos la desestimación por silencio
producida por ser disconforme a Derecho y, declaramos y, en lo menester, condenamos a la
Administración demandada a que de inmediato proceda:
1.- O bien a agotar los trámites de su razón contra la iniciativa particular promotora del Plan
Parcial de autos para atender a la presentación de un proyecto de urbanización de forma
urgente y cabal en atención al estado del caso y ultimada su tramitación y aprobación urgente
se proceda a su realización de la misma forma urgente, si es que es posible y a salvo otras
medidas en la misma línea.
2.- O bien a atender a las vías de su razón para lograr urgentemente un cambio de sistema de
actuación urbanístico para que a iniciativa pública se logre esa misma resultancia, sin que ello
sea obstáculo para inclusive pensar en un proyecto de obras municipal si hubiere lugar a ello
3.- Todo ello en el bien entendido que la elección a fundar desde los principios de
proporcionalidad y de eficacia debe ser la más ajustada a la más pronta superación del estado
de cosas preexistente, cuando como se ha evidenciado existe un peligro y un riesgo cierto y
acentuado para con las personas y las cosas.
4.- Todo ello sin perjuicio de la adopción más incisiva de las medidas más adecuadas, en el
ínterin, para evitar sucesos como los acreditados en este proceso.
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5.- Y todo ello en la medida que en ejecución de la presente Sentencia sólo podrá velarse por
la promoción y finalización de los procedimientos que se actúen pero sin que resulte dable
examinar el fondo de lo que se resuelva ya que sólo y en su caso en las vías impugnatorias
que procedan, en su caso, ante la promoción de las posteriores acciones contencioso
administrativas será donde haya lugar a depurar lo que proceda.
Se desestiman el resto de pretensiones.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Hágase saber que la presente Sentencia no es susceptible de Recurso de Casación y es
firme.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
Recurso 182/2002
Ilustrísimos Señores Magistrados:
D. José Juanola Soler
D. Manuel Táboas Bentanachs
Dª Ana Rubira Moreno
S E N T E N C I A núm. 1017
Barcelona, a veintidós de diciembre del año dos mil cinco.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de
Justicia de Cataluña, el presente recurso contencioso administrativo, seguido entre partes:
como
parte demandante, FABRILIA SL, representada por el procurador/a Don/Doña MARTA
PRADERA
RIVERO; como parte demandada, el Ayuntamiento de SABADELL, representada por el
procurador/a Don/Doña ANGEL QUEMADA RUIZ.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Juanola Soler.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto contra Decreto de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Sabadell de 25.4.2000 relativo a liquidación de importe
5.057.518 pts girada por el Ayuntamiento de Sabadell contra FABRILIA SL en contraprestación
por determinadas partidas de obra cuyo pago fue adelantado por el Ayuntamiento, en
concepto de obras realizadas por cuenta y en exclusivo beneficio de FABRILIA SL., y contra
actuaciones posteriores en vía de apremio: Providencia de apremio de 18.1.2001, por el
expresado principal más 7.161,08 euros en concepto de recargo de apremio; Resolución del
Servicio municipal de Recaudación de 19.3.2001 por el que se inicia el procedimiento de
embargo; Resolución del mismo Servicio de 5.7.2001 por el que se ordena el embargo de
bienes de FABRILIA SL; y Diligencia de embargo de 13.2.2002.
2.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, y admitido a trámite y recibido el expediente administrativo le fue
entregado y dedujo escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de
derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictara Sentencia estimatoria de
la demanda articulada.
3.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.
4.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en
autos. Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas y, finalmente, se señaló
día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 21.12.2005.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
actora de que se anule el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Sabadell de 25.4.2000
relativo a liquidación de importe 5.057.518 pts girada por el Ayuntamiento de Sabadell contra
FABRILIA SL en contraprestación por determinadas partidas de obra cuyo pago fue
adelantado por el Ayuntamiento, en concepto de obras realizadas por cuenta y en exclusivo
beneficio de FABRILIA SL., y actuaciones posteriores en vía de apremio: Providencia de
apremio de 18.1.2001, por el expresado principal más 7.161,08 euros en concepto de recargo
de apremio; Resolución del Servicio municipal de Recaudación de 19.3.2001 por el que se
inicia el procedimiento de embargo; Resolución del mismo Servicio de 5.7.2001 por el que se
ordena el embargo de bienes de FABRILIA SL; y Diligencia de embargo de 13.2.2002.
SEGUNDO.- La postura de la actora puede sintetizarse en que, a su entender, el Ayuntamiento
demandado no ha aportado pruebas que indiquen que las obras de urbanización consistentes
en la construcción de un muro de contención y la sustitución de la caseta de la estación
transformadora, se hayan efectuado en beneficio exclusivo de FABRILIA SL, por lo que,
concluye, su importe debe ser satisfecho a prorrateo entre todos los miembros de la Junta de
Compensación, de conformidad con el Proyecto de Compensación.
A lo que debe decirse que la actora no ha obtenido prueba que acredite que las expresadas
obras, o sea, la construcción de un muro de contención y la sustitución de la caseta de la
estación transformadora, estén comprendidas en el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación 65, siendo este extremo, es decir, que las obras cuyo pago se debate estén o no
comprendidas en el citado Proyecto de Urbanización, el dato decisivo para resolver el presente
asunto.
En efecto, sólo en el caso de que las obras objeto del debate procesal estén comprendidas en
el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación de referencia, podrá sostenerse con
fundamento que su pago corresponde a todos los miembros de la Junta de Compensación, de
conformidad con las previsiones contenidas en el Proyecto de Compensación. Pero, como
queda dicho más arriba, la actora no ha obtenido prueba que acredite tal hecho.
Al contrario, queda acreditado que las obras debatidas fueron realizadas a petición de la aquí
demandante: Así lo afirma en su escrito de recurso de reposición en la vía administrativa previa
de fecha 13.6.2000. Además, en el Libro de órdenes de las obras realizadas por el
Ayuntamiento, consta que los representantes de la empresa FABRILIA SL manifestaron la
necesidad de introducir mejoras en el muro previsto y de la estación transformadora, a su
cargo.
De cuanto antecede se infiere que no se ha acreditado título alguno por el que la Junta de
Compensación deba hacerse cargo de las repetidas obras y, por otra parte, se ha probado que
las obras se anticiparon por el Ayuntamiento en beneficio y a solicitud de FABRILIA SL.
TERCERO.- En cuanto a las actuaciones practicadas por el Ayuntamiento en vía de
apremio en reclamación del importe de las obras antes dichas, debe decirse que dichas
actuaciones tienen plena cobertura en el hecho de que la aquí actora no prestó la garantía
exigida en el auto de 29.12.2000 , dictado por el Juzgado que
primeramente conoció del asunto, para la efectividad de la suspensión cautelar acordada en él
mismo.
No puede prosperar la alegación actora de que la Administración no podía actuar en la vía
ejecutiva porque, a su entender, estaba pendiente de resolver la solicitud de suspensión
cautelar de la liquidación impugnada en autos principales, por cuanto la solicitud de
suspensión cautelar ya había sido resuelta en el sentido de condicionar la efectividad de la
misma a la prestación de garantía o aval, siendo la falta de tal prestación de garantía o aval,
únicamente imputable a la actora, la causa de la falta de efectividad de la medida cautelar
acordada, con lo que quedaba abierta la posibilidad de que la Administración actuase en vía
ejecutiva para hacer efectiva la liquidación, como así lo hizo, mediante las actuaciones aquí
impugnadas que no tenían impedimento alguno por razón del presente proceso.
Además, la garantía real que la actora aduce se refiere a los costes de urbanización de la
Unidad de Actuación antes dicha: Como queda dicho, la liquidación aquí impugnada no tiene
el carácter de coste de urbanización por ser ajena al Proyecto de Urbanización de dicha
Unidad de Actuación.
CUARTO.- Por todo ello no podrán prosperar las pretensiones deducidas en la demanda.
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No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
F A L L O
DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de FABRILIA SL, contra Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Sabadell de 25.4.2000 relativo a liquidación de importe 5.057.518 pts
girada por el Ayuntamiento de Sabadell contra FABRILIA SL en contraprestación por
determinadas partidas de obra cuyo pago fue adelantado por el Ayuntamiento, en concepto de
obras realizadas por cuenta y en exclusivo beneficio de FABRILIA SL., y contra actuaciones
posteriores en vía de apremio: Providencia de apremio de 18.1.2001, por el expresado
principal más 7.161,08 euros en concepto de recargo de apremio; Resolución del Servicio
municipal de Recaudación de 19.3.2001 por el que se inicia el procedimiento de embargo;
Resolución del mismo Servicio de 5.7.2001 por el que se ordena el embargo de bienes de
FABRILIA SL; y Diligencia de embargo de 13.2.2002.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
94

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
Recurso ordinario número 830 de 2.001
Partes: D. Juan María , Dª. Lorenza , Dª. Sofía , D. Braulio
y D. Gaspar contra el Ayuntamiento de Palamós, la Generalitat de Catalunya y
"BALITRA, SL"
Ilmos. Sres.
Magistrados
Manuel Táboas Bentanachs
Francisco López Vázquez
Ana Rubira Moreno
SENTENCIA Nº 34
En la ciudad de Barcelona, a dieciocho de enero de dos mil seis.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, constituida al efecto para la votación y fallo, ha visto, en el nombre de Su
Majestad el Rey, el recurso contencioso administrativo seguido ante la misma con el número de
referencia, promovido a instancia de D. Juan María , Dª. Lorenza , Dª.
Sofía , D. Braulio y D. Gaspar , representados por la procuradora de los
tribunales Sra. Soria Crespo y defendidos por el letrado Sr. Molla Callís, contra el
Ayuntamiento de Palamós, representado y defendido por el letrado Sr. Puig Cayuela, siendo
partes codemandadas la Generalitat de Catalunya, representada y defendida por su letrado, y
"BALITRA, SL", representada por el procurador Sr. Manjarín Albert y defendida por el letrado
Sr. Thomas Vall-llosera, en relación con actuaciones urbanísticas, siendo la cuantía del
recurso indeterminada, y atendiendo a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
contencioso administrativo, publicándose el pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y, recibido el expediente administrativo, le fue entregado para que dedujese escrito
de demanda, donde, tras consignar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de
aplicación, solicitó se dictase sentencia estimatoria de las pretensiones en ella deducidas.
SEGUNDO. Conferido traslado a las partes demandadas, contestaron la demanda,
consignando los hechos y fundamentos de derecho que entendieron aplicables, solicitando la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.
TERCERO. Recibidos los autos a prueba, fueron practicadas las consideradas pertinentes de
entre las propuestas, con el resultado que es de ver en autos, continuando el proceso sus
trámites, hasta finalizar con el de conclusiones, donde las partes presentaron sucintas
alegaciones en defensa de sus pretensiones respectivas, quedando el pleito concluso para
sentencia y señalándose finalmente el momento de la votación y fallo, que ha tenido lugar el
día 12 de diciembre de 2.005.
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Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Francisco López Vázquez, quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la impugnación
directa del acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Palamós de 20 de julio de
2.001, desestimando el recurso de reposición interpuesto por los actores contra el de 3 de
mayo de 2.001, aprobando definitivamente el proyecto de estatutos y bases de actuación de la
Junta de Compensación de la unidad de actuación 14. Indirectamente se impugnan las
determinaciones del Plan General municipal de ordenación de Palamós referidas a la indicada
unidad de actuación.
Se interesa en la demanda la declaración de nulidad de los indicados acuerdos, totalmente o
en su parte contraria a derecho, en lo atinente a la referida unidad de actuación, o,
subsidiariamente, la anulación del proyecto de bases y estatutos por no reconocer ni recoger
que los demandantes han de limitarse a costear las obras para implantar los servicios que
efectivamente falten a sus parcelas para alcanzar la condición de solares. En cualquiera de los
casos, se interesa el reconocimiento a los actores de una indemnización de daños y perjuicios,
mediante el pago por parte del Ayuntamiento de los costes para completar la urbanización del
sector, u otra compensación económica equivalente a cargo del mismo, sin perjuicio de que
pueda repercutirlo a "BALITRA, SL" o a la Generalitat de Catalunya.
SEGUNDO. El artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa
permite la impugnación indirecta de los actos que se
produjeren en aplicación de las disposiciones de carácter general, fundada en que éstas no
sean conformes a derecho, impugnación indirecta que puede en principio actuarse en el caso,
pues, si bien se dirige contra la delimitación de una unidad de actuación, actividad que cabe
adscribir a las tareas propias de la gestión o ejecución urbanística, se contiene en un
instrumento de planeamiento como es el plan general.
Ahora bien, la impugnación indirecta, entre otros requisitos, debe reunir el de ser útil a la
impugnación directa que en cada caso se ventile, y que en este se refiere exclusivamente a la
aprobación de los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación, a cuyos
efectos resulta de todo punto irrelevante el contenido del plan general referente a la
delimitación de la unidad, o a sus efectos sobre la justa distribución de beneficios y cargas,
sobre cuyo particular, de otra parte, la actora ni tan siquiera ha intentado actividad probatoria
alguna.
En cualquiera de los casos, con arreglo a las previsiones de los artículos 167,
168, 169 y 185 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio , aprobando
el texto refundido urbanístico de Catalunya, aplicable al caso por razones temporales, como de
los 36, 38, 152, 153, 154, 155 y 194 del Reglamento de Gestión Urbanística
, la ejecución de los planes se realizará con carácter general por polígonos completos que se
delimitarán teniendo en cuenta que por sus dimensiones y características de la ordenación
sean susceptibles de asumir las cesiones de suelo exigidas por el plan, que hagan posible la
distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización y que tengan entidad
suficiente para justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación, siendo
indiferente la opción entre un polígono único o dos o más, siempre que la elegida cumpla
aquellos requisitos.
Y, delimitada en el caso una sola unidad, es evidente que corresponde a los propietarios
el deber de costear su urbanización íntegra, y no sólo parte de ella, en los términos del
artículo 120.3.b) del indicado texto refundido urbanístico.
TERCERO. Finalmente, sin que las subsiguientes actuaciones urbanísticas que hayan podido
desarrollarse constituyan el objeto de este proceso, representando cualquier pretensión
respecto de ellas una mera desviación procesal, y sin que se proponga ningún argumento
específico y directo contra los estatutos y bases objeto del mismo, en cuanto a la pretensión de
la actora de hacer valer determinado convenio urbanístico en el que no fue parte, al objeto de
derivar a su favor determinada indemnización indirecta, baste recordar que la figura jurídica del
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convenio urbanístico, como reiteradamente declara la jurisprudencia, no constituye un sistema
de ejecución del planeamiento, ni sustituye en cada caso al sistema escogido, limitándose a
llegar a un acuerdo entre las partes al objeto de facilitar la gestión, allanando los problemas
que se presenten, teniendo por objeto la satisfacción del interés público, sin que en ningún
caso pueda versar sobre materias no susceptibles de transacción. De manera que las
competencias jurídico públicas en materia de planeamiento son irrenunciables y deben ser
ejercidas por los órganos que las tienen atribuidas como propias, sin que sea admisible su
disposición por vía contractual. Desde luego el convenio urbanístico genera obligaciones y
derechos para todas las partes que lo suscriben, en cuya interpretación no deben
desconocerse, a falta de disposiciones específicas, las normas generales sobre contratación
establecidas en las leyes civiles, pero tal actividad debe quedar matizada, en todo caso, por su
específica naturaleza, objetivo y finalidad, que no son otros distintos de la satisfacción del
interés público, allanando así los obstáculos que al mismo puedan oponerse, pues tal
instrumento jurídico, aún atendiendo en ocasiones a finalidades privadas y pudiendo surtir sus
efectos propios entre las partes que lo suscribieron, no constituye, en su esencia, más que una
manera de satisfacción del interés público supraindividual, al que debe tender toda actividad de
cualquier Administración Pública, en aras a lograr la mejor ordenación urbanística posible.
Así que los convenios urbanísticos, por sí solos, no son sino figuras contractuales que
únicamente generan efectos jurídicos entre los firmantes, en forma de declaración de
intenciones para la Administración y de asunción de compromisos para los interesados, sin
comprometer la potestad de planeamiento de aquélla ni los derechos impugnatorios de éstos,
cuando es sabido que las exigencias del interés público que justifican la potestad de
planeamiento implican que su actuación no puede encontrar límite en los convenios que la
Administración haya concluido con los administrados, pues no resulta admisible una
"disposición" de la potestad de planeamiento por vía contractual.
CUARTO. No se aprecia mala fe o temeridad en ninguno de los litigantes, a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa
, no existiendo así méritos para una condena en costas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo
dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos
fundamentadores del recurso y la oposición
FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y
representación de D. Juan María , Dª. Lorenza , Dª. Sofía , D.
Braulio y D. Gaspar contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Palamós de 20 de julio de 2.001, desestimando el recurso de reposición
interpuesto contra el de 3 de mayo de 2.001, aprobando definitivamente el proyecto de
estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación de la unidad de actuación 14, e
indirectamente contra las determinaciones del Plan General municipal de ordenación referidas
a la indicada unidad de actuación. Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciendo saber que la misma no es firme,
pudiendo interponerse frente a ella, bien recurso de casación ordinario, siempre que pretenda
fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante
y determinante del fallo recurrido y hubiesen sido invocadas oportunamente en el proceso o
consideradas por esta Sala, recurso que deberá prepararse ante esta misma Sala y Sección
dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito en los términos
establecidos en los artículos 88 y 89 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa , bien, sólo en el caso de que ello no fuese posible,
recurso de casación para la unificación de doctrina (autonómico), que deberá interponerse
directamente ante esta misma Sala y Sección en el plazo de los treinta días siguientes al de su
notificación, en los términos prevenidos en el artículo 99, en relación con el 97, de la
misma ley .
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal a los autos, lo
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pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, hallándose el Tribunal constituido en audiencia pública. Doy fe.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Recurso nº 144/2002
Partes :
D. Armando ( actora)
AYUNTAMIENTO DE SANT VICENÇ DE MONTALT (demandada)
JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 3 P.P.O. "CAMÍ DEL CEMENTIRI" DE SANT
VICENÇ DE MONTALT (codemandada)
Ilmos. Sres.:
MAGISTRADOS
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS
D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ
D. MANUEL QUIROGA VÁZQUEZ
S E N T E N C I A nº 59
En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de enero de 2006.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), constituida para la resolución de este
recurso ha pronunciado en nombre del Rey la siguiente sentencia en el recurso contencioso
administrativo nº 144/02 interpuesto por D. Armando , representado por la
Procuradora Dª BEGOÑA SÁEZ PÉREZ y asistido por el Letrado D. JORDI ABEL FABRE,
contra el AYUNTAMIENTO DE SANT VICENÇ DE MONTALT, no comparecido y como parte
codemandada la JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 3 P.P.O. "CAMÍ DEL
CEMENTIRI" DE SANT VICENÇ DE MONTALT representado por la Procuradora Dª BEATRIZ
DE MIQUEL BALMES y asistido por el Letrado D. ENRIQUE PIERA PUIGBÓ.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MANUEL QUIROGA VÁZQUEZ, quien expresa el
parecer de la SALA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de la parte actora, interpuso recurso contencioso administrativo
contra la resolución dictada por la Asamblea General de la Junta de Compensación del Sector
3 p.p.o. "Camí del Cementiri" del municipio de Sant Vicenç de Montalt de fecha 3 de octubre
de 2001.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento
y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos
respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos,
suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de
éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO.- Acordado por Auto de fecha 28 de marzo de 2003
el recibimiento del presente pleito a prueba y tras el oportuno trámite de conclusiones que
evacuaron ambas partes, se señaló a efectos de votación y fallo la audiencia del día 17 de
enero de 2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- D. Armando impugna los siguientes actos: a) Desestimación por
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silencio del recurso de alzada interpuesto ante el AYUNTAMIENTO DE SANT VICENÇ DE
MONTALT contra los acuerdos tomados el 3 de octubre de 2001 en la Asamblea de la Junta de
Compensación del Sector 3 del Plan Parcial de Ordenación de Sant Vicenç de Montalt; y b)
Resolución de 21 de marzo de 2002 del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt
desestimando la reposición insterpuesta del apremio acordado el 10 de enero del propio año
por la liquidación practicada por cuotas de las obras ejecutadas por la Junta de Compensación
; ha sido parte codemandada la JUNTA DE COMPENSACIÓN del Sector 3 del P.P.O. de Sant
Vicenç de Montalt.
SEGUNDO.- Como cuestión previa debe analizarse la impugnación de la resolución de
21 de marzo de 2002 del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt, en la que se desestima la
reposición contra una providencia de apremio, por impago en período voluntario de
determinada liquidación por cuotas practicada por la Junta de Compensación codemandada
en aplicación de acuerdos tomados en la Asamblea de 3 de octubre de 2001; tal pretensión de
nulidad de las citadas resoluciones deducida en el suplico de la demanda no se corresponde,
en absoluto, con la impugnación del escrito de interposición, lo cual constituye un claro
supuesto de desviación procesal, que conlleva la inadmisibilidad parcial del recurso.- Es
reiterada la doctrina jurisprudencial que según se deduce de los artículos 31, 32, 33,
45, 52 y 56 de la L.J.C.A ., en el proceso contencioso administrativo la
delimitación del objeto litigioso se hace en dos momentos distintos, uno en el de la interposición
del recurso, en el que habrá de indicarse el acto o actos o disposiciones contra los que se
formula, y otro, en el de la demanda, en que con relación a estos se deduciran las
pretensiones que interesen, sin que sea lícito extenderlas a actos distintos de los inicialmente
delimitados puesto que permitirlo supondría prescindir de la naturaleza y el carácter
esencialmente revisores del orden jurisdiccional contencioso administrativo, conculcándose el
espíritu y la letra de los artículos 1 y 25 de la citada Ley Jurisdiccional
, al incidirse en desviación procesal, razón por la cual caso de ejercitarse pretensiones sin
relación con el acto impugnado, procederá declarar inadmisible el recurso sin entrar en el
fondo del asunto.- En el presente supuesto, se dan las circunstancias anteriormente reseñadas
puesto que se analizan dos cuestiones distintas, una la impugnación de una desestimación de
un recurso de alzada referida a acuerdos tomados en una Asamblea de una Junta de
Compensación y, otra, la impugnación de una resolución desestimatoria de una reposición
contra una providencia de apremio.- Por tanto, si lo pretendido es la nulidad de los acuerdos de
una Asamblea de una Junta de Compensación y se extiende la impugnación a una via de
apremio, cuya resolución no fue aquí impugnada, existe desviación procesal, puesto que no
puede extenderse la posible nulidad de los acuerdos tomados en la Asamblea a un
procedimiento de apremio cuyas resoluciones no fueron impugnadas en la via jurisdiccional,
habida cuenta de que, regiéndose estas impugnaciones por la preceptiva de la Ley General
Tributaria y Reglamento General de Recaudación tienen tasados los medios de oposición y, en
consecuencia, no puede estimarse la pretensión analizada.-
TERCERO.- La recurrente, en sus motivos de oposición contra los acuerdos de la
Asamblea celebrada por la Junta de Compensación del Sector 3 del Plan Parcial de
Ordenación de Sant Vicenç de Montalt, el 3 de octubre de 2001, cuya alzada fue desestimada
por el Ayuntamiento por silencio, deduce como pretensión principal la nulidad o anulabilidad de
la misma conforme a la preceptiva de los artículos 62 y 63 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de P.A.C ., alegando deficiencias y errores en su constitución
y desarrollo que afectan tanto a los derechos individuales del recurrente, como a los colectivos
de los demás componentes, a los requisitos formales y a la formación de la voluntad de los
participes.- En este sentido, se empieza manifestando que se ha vulnerado el art. 26.3 de los
Estatutos, al no haberse exhibido al recurrente, la documentación del orden del día,
correspondiente a los libros contables y actas relacionadas con los puntos sometidos a debate
y votación, con lo que se conculcó su derecho a la información, tal y como protesta se
constató en el acta; sin embargo, como aduce la demandada la actora, en la Asamblea formuló
su tesis que se votaron y fueron rechazadas, interviniendo en todos los debates y teniendo
constancia de toda la documentación, sin que la mayor o menor llevanza de los libros sea una
cuestión que determine la nulidad de la Asamblea y de sus acuerdos, toda vez que, pudo
practicar cuantos medios de prueba y defensa la Ley le confiere, con lo que no puede
prosperar la alegada indefensión.
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CUARTO.- Se postula la nulidad del acta por cuanto ni ha sido firmada por el Secretario,
ni consta si había algún asociado que ejerciera el cargo.-Tal denuncia de un requisito formal
de carácter insubsanable pretende soslayarse por la Junta alegando que, al debatirse el punto
6º del Orden del día, el propio actor exige que tanto el Secretario de la Junta como el del
Ayuntamiento le den transcripción exacta a sus manifestaciones; siendo ello la única
referencia a la intervención del Secretario de la Junta en la Asamblea es lo cierto y, así
aparece probado, que el Secretario de la Junta había sido nombrado para tal cargo, con su
aceptación, en la Asamblea celebrada el 17 de junio de 1.999, sin remoción posterior,
recayendo tal designación en D. Jose Carlos , que no asistió a la Asamblea de 3 de
octubre de 2001 y que, no consta legalmente sustituido y, además tampoco consta en el acta
aportada con el expediente ningún secretario ni ninguna firma que le sustituya, lo cual implica
la nulidad radical de la misma que afecta a la totalidad de sus acuerdos, conforme al
apartado e) del artículo 62 de la Ley 30/92, de P.A.C . sin que sea
necesario analizar el resto de los motivos impugnatorios por estimar el recurso interpuesto, en
la forma parcial analizada en el segundo de los Fundamentos Jurídicos de esta resolución.
QUINTO.- No existen méritos para una condena en costas.-
F A L L A M O S
Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo promovido por
D. Armando contra la desestimación por silencio del recurso de alzada interpuesto
contra los acuerdos tomados el 3 de octubre de 2001 en la Asamblea de la Junta de
Compensación del Sector 3 del Plan Parcial de Ordenación de SANT VICENÇ DE MONTALT
la que se declara nula y, sin efecto alguno, rechazando la pretensión de la demanda respecto
de la resolución de 21de marzo de 2002 del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt por
desviación procesal. Sin costas.
Hágase saber que la presente Sentencia no cabe recurso ordinario alguno y, que por tanto ,
ES FIRME. Remítase testimonio de la misma junto con el correspondiente expediente
administrativo a la oficina de origen para su ejecución y cumplimiento .
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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INDICE
PROGRAMA: 1
JURISPRUDENCIA:
Sentencia nº 195, de 4 de marzo de 2005 TSJC 2
Sentencia nº 251, de 1 de abril de 2005 TSJC 6
Sentencia nº 261, de 1 de abril de 2005 TSJC 14
Sentencia nº 263, de 1 de abril de 2005 TSJC 22
Sentencia nº 301, de 8 de abril de 2005 TSJC 30
Sentencia nº 366, de 29 de abril de 2005 TSJC 34
Sentencia nº 368, de 2 de mayo de 2005 TSJC 37
Sentencia nº 460, de 1 de junio de 2005 TSJC 40
Sentencia nº 488, de 10 de junio de 2005 TSJC 45
Sentencia nº 489, de 10 de junio de 2005 TSJC 51
Sentencia nº 533, de 1 de julio de 2005 TSJC 54
Sentencia nº 688, de 16 de septiembre de 2005 TSJC 57
Sentencia nº 736, de 5 de octubre de 2005 TSJC 61
Sentencia nº 760, de 13 de octubre de 2005 TSJC 64
Sentencia nº 841, de 3 de noviembre de 2005 TSJC 68
Sentencia nº 861, de 11 de noviembre de 2005 TSJC 72
Sentencia nº 891, de 17 de noviembre de 2005 TSJC 76
Sentencia nº 927, de 25 de noviembre de 2005 TSJC 81
Sentencia nº 950, de 7 de diciembre de 2005 TSJC 85
Sentencia nº 1017, de 22 de diciembre de 2005 TSJC 92
Sentencia nº 34, de 18 de enero de 2006 TSJC 95
Sentencia nº 59, de 25 de enero de 2006 TSJC 99
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