juicio de revisión constitucional electoral expediente: sm-jrc-13 ...

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL
EXPEDIENTE: SM-JRC-13/2013
Monterrey, Nuevo León, a tres de mayo de dos mil trece.
ACTOR: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN
COAHUILA
RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE COAHUILA
MAGISTRADO PONENTE: REYES
RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
SECRETARIOS: ALFONSO DIONISIO
VELÁZQUEZ SILVA y CHRISTOPHER
AUGUSTO MARROQUÍN MITRE
Sentencia definitiva que revoca la resolución dictada por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Coahuila el veinte de abril del presente año,
en los juicios ciudadanos locales 33/2013, 34/2013 y 36/2013 acumulados; al
ser incorrecto el argumento mediante el cual dicho tribunal local estimó que el
acuerdo CEN/SG/034/2013, que ratificó las providencias contenidas en los
comunicados SG/132/2013 y SG/145/2013, carecía de la debida
fundamentación y motivación.
CEN:
Comisión:
Constitución
Federal:
Código Electoral
Local:
G L O S A R I O
Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional
Comisión Nacional de Elecciones del
Partido Acción Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Código Electoral del Estado de Coahuila
Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral
PAN: Partido Acción Nacional
PRD: Partido de la Revolución Democrática
Tribunal
Responsable:
UDC:
Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Coahuila
Partido Unidad Democrática de Coahuila

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SM-JRC-13/2013
ANTECEDENTES
1. Juicio ciudadano federal SM-JDC-388/2013 y reencauzamiento. El
veinticinco de enero de dos mil trece, Rogelio Alexander Dávila Dávila
promovió el referido medio de defensa, en contra de la presunta omisión de
expedir la convocatoria relativa al proceso intrapartidista para seleccionar a
los candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila. Esta Sala Regional lo reencauzó
al mecanismo de tutela correspondiente, para que lo atendiera el Tribunal
Responsable.
2. Juicio ciudadano local 28/2013. El diez de febrero de este año, el
Tribunal Responsable dictó resolución mediante la cual declaró infundadas
las pretensiones formuladas por Rogelio Alexander Dávila Dávila.
3. Segundo juicio ciudadano federal (SM-JDC-407/2013). En contra de la
resolución descrita en el punto inmediato precedente, Rogelio Alexander
Dávila Dávila promovió el juicio en cita, el cual fue resuelto por esta Sala
Regional mediante sentencia de cuatro de marzo del año en curso, en cuyos
términos ordenó a la Comisión emitir la convocatoria al proceso interno de
selección de candidatos del PAN a los cargos de Presidente Municipal,
Síndico y Regidores al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, a través
del método ordinario de elección en centros de votación.
4. Providencias. El seis y nueve de marzo del dos mil trece, el Presidente
del CEN emitió las providencias contenidas en los comunicados
SG/132/2013 y SG/145/2013, respectivamente, a través de las cuales, en el
primer caso, autorizó el proyecto de convenio de candidatura común entre el
PAN, PRD y UDC, para postular candidatos al ayuntamiento de Ramos
Arizpe, Coahuila; y, en el segundo, acordó que la selección de candidaturas
del mencionado municipio se llevaría a cabo mediante el método
extraordinario de designación directa. La existencia de las referidas
providencias fue hecha del conocimiento de esta Sala, dentro del juicio SM-
JDC-407/2013, el trece de marzo del año que transcurre.
5. Incidente de inejecución de sentencia. El quince de marzo de este año,
Rogelio Alexander Dávila Dávila promovió la citada incidencia, la cual fue
resuelta mediante sentencia de fecha diez de abril de dos mil trece, a través

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de la cual este órgano jurisdiccional concluyó que el mismo había quedado
sin materia, ya que se había modificado la situación jurídica existente al
momento de dictar la sentencia del juicio SM-JDC-407/2013, pues no
obstante que no se emitió la convocatoria que pretendía el actor, el PAN
justificó válidamente la adopción de otro método de selección (designación
directa) que excluye la posibilidad de emitir la convocatoria correspondiente
al método ordinario.
6. Juicio ciudadano federal SM-JDC-432/2013 y SM-JDC-433,
acumulados y reencauzamiento. El catorce de marzo de la presente
anualidad, Rogelio Alexander Dávila Dávila promovió dos juicios ciudadanos
federales, a fin de controvertir tanto las providencias citadas en el numeral 4
de este apartado, como su ratificación por parte del CEN; el dos de abril de
este año, esta Sala Regional determinó reencauzar las demandas al Tribunal
Responsable, para que las resolviera como juicios ciudadanos locales.
7. Ratificación de providencias. Mediante acuerdo CEN/SG/034/2013 de
fecha veinte de marzo de dos mil trece, el CEN ratificó las providencias
contenidas en los comunicados SG/132/2013 y SG/145/2013.
8. Juicio ciudadano local 33/2013, 34/2013 y 36/2013, acumulados. Una
vez que fueron recibidos los asuntos señalados en el punto 6, el ocho de abril
del año en curso, el Tribunal Responsable desechó las demandas de los
referidos juicios ciudadanos locales.
9. Juicio ciudadano federal SM-JDC-445/2013. En contra de la sentencia
citada en el punto inmediato anterior, Rogelio Alexander Dávila Dávila
interpuso un diverso juicio ciudadano federal, mismo que fue resuelto por
esta Sala Regional el diecisiete de abril de este año, en el sentido de revocar
la resolución impugnada para efecto de que el Tribunal Responsable emitiera
una nueva determinación teniendo como actos definitivos y firmes las
providencias dictadas por el Presidente del CEN y su ratificación.
10. Sentencia impugnada. El veinte de abril del presente año, el Tribunal
Responsable dictó sentencia en los juicios ciudadanos locales 33/2013,
34/2013 y 36/2013, acumulados, mediante la cual determinó revocar el
acuerdo CEN/SG/034/2013, así como las providencias contenidas en los
comunicados SG/132/2013 y SG/145/2013.
11. Convocatoria emitida en cumplimiento a la sentencia impugnada.
Derivado de lo resuelto por el Tribunal Responsable en la sentencia señalada
en el punto anterior, el veintiocho de abril de esta anualidad, la Comisión
Nacional de Elecciones del PAN dirigió a todos sus miembros activos
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inscritos en el listado nominal de miembros en el Municipio de Ramos Arizpe,
Coahuila, la convocatoria para participar en el proceso de selección de la
planilla de candidatos al ayuntamiento de referencia para el periodo
constitucional 2014-2017.
1. COMPETENCIA
C O N S I D E R A N D O S
Esta Sala Regional es competente para conocer el presente juicio, ya que se
impugna una sentencia dictada por un tribunal local, relacionada con la
aprobación de un convenio de candidatura común, así como de la utilización
del método extraordinario de designación directa para el proceso interno de
selección de candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y
Regidores al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, el cual se ubica
dentro de la circunscripción plurinominal electoral correspondiente a esta
instancia constitucional.
Lo anterior con fundamento en los artículos 99, párrafos primero, segundo y
cuarto, fracción IV, de la Constitución Federal; 186, fracción III, inciso b) y
195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 87,
párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.
2. PROCEDENCIA
Se tienen por satisfechos los requisitos generales y especiales de
procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 86 y 88 de la Ley de
Medios, como a continuación se expone:
2.1. Forma. La demanda se presentó ante la autoridad señalada como
responsable, consta la denominación del partido político actor, así como el
nombre y firma de quien promueve en su representación; se identifica el fallo
impugnado, se exponen los hechos y agravios causados, además se invocan
los artículos que a consideración del promovente se ven transgredidos.
2.2. Definitividad. En el Código Electoral Local no se establece medio de
impugnación alguno que pudiera tener como consecuencia revocar o
modificar la sentencia controvertida.
2.3. Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado dentro del plazo
legal de cuatro días, pues la resolución recurrida fue notificada el veintiuno
de abril de dos mil trece, y la demanda fue presentada el veinticinco del
mismo mes y año.

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2.4. Legitimación. El juicio es promovido por parte legítima, ya que su
ejercicio se encuentra reservado a los partidos políticos, como acontece en el
presente caso, al ser el actor el Comité Directivo Estatal del PAN en
Coahuila.
Ahora bien, no pasa desapercibido para este colegiado que la jurisprudencia
de rubro: “LEGITIMACIÓN ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE
ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA
JURISDICCIONAL ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA
PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL” 1 establece que
aquéllas autoridades que participaron como responsables en los juicios de
instancia carecen de legitimación para promover juicios como el presente,
salvo cuando los partidos políticos hayan concurrido con el carácter de
demandantes o terceros interesados.
En el presente asunto se advierte que comparece a este juicio el Presidente
del Comité Directivo Estatal del PAN en Coahuila, quien a su vez acudió
como tercero interesado ante el Tribunal Responsable durante la
sustanciación de los juicios locales cuya resolución aquí se impugna.
Asimismo, de autos se advierte que los actos sobre los que se instauró la
cadena impugnativa de la que deriva este juicio de revisión constitucional
fueron emitidos materialmente por el CEN, órgano que fue el responsable
directo en la instancia local.
En consecuencia, al no estar cuestionada la legitimación del actor por alguna
de las partes y además encuadra en el supuesto de habilitación de la
jurisprudencia en comento, es evidente que está colmado el presupuesto
procesal que se analiza.
2.5. Personería. Debe tenerse por colmado este requisito en razón de que
Carlos Ulises Orta Canales, acude como Presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN en Coahuila, lo cual se encuentra debidamente acreditado
en autos, y a su vez, dicho carácter fue debidamente reconocido por el
Tribunal Responsable al rendir ante esta Sala Regional su informe
circunstanciado 2 . En consecuencia, al tratarse de la misma persona que
actuó en la instancia previa; no cabe objetar su personería.
1 Jurisprudencia 4/2013, consultable en el sitio de Internet:
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis?f=templates&fn=default.htm
2 Tesis CXII/2001, de rubro: “PERSONERÍA EN EL JUICIO DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL ELECTORAL. NO CABE OBJETARLA SI SE TRATA DE LA MISMA
PERSONA QUE ACTUÓ EN LA INSTANCIA PREVIA”, consultable en el sitio de Internet:
http://portal.te.gob.mx.
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2.6. Interés jurídico. El actor tiene interés jurídico para impugnar, ya que
sostiene que la resolución impugnada le genera un perjuicio pues con la
revocación del acuerdo CEN/SG/34/2013, que confirmó las providencias
contenidas en los diversos SG/132/2013 y SG/145/2013, le impiden
asociarse oportunamente con otras fuerzas políticas mediante la figura de la
candidatura común; al pretender la responsable dejar sin efectos la
autorización del CEN de suscribir el convenio correspondiente, lo cual
considera es nugatorio de su derecho de competencia política.
Además, al acudir a los juicios cuya sentencia aquí controvierte como tercero
interesado, es evidente que tiene interés jurídico para promover el presente
medio, el cual es idóneo para reparar la violación alegada.
2.7. Determinancia. De resultar procedentes los agravios expuestos por el
recurrente se revocaría la sentencia impugnada y, por consiguiente, se
declararía la validez del acuerdo CEN/SG/034/2013, que confirmó las
providencias contenidas en los comunicados SG/132/2013 y SG/145/2013, lo
cual alteraría de forma significativa el proceso electoral, en el municipio de
referencia, puesto que se modificarían en sus términos las opciones sobre
las cuales el electorado podría emitir su voto.
2.8. Posibilidad jurídica y material de la reparación aducida. Dicha
circunstancia es posible dentro de los plazos electorales, toda vez que el
plazo para realizar el registro de candidatos será durante el periodo
comprendido entre los días veinte al veintitrés de mayo de este año, con
fundamento en el artículo 146, párrafo 2, del Código Electoral Local, aunado
a que la elección se efectuará el próximo siete de julio del presente año.
3. ESTUDIO DE FONDO
3.1. Planteamiento del caso.
El Tribunal Responsable al resolver los juicios ciudadanos locales 33, 34, y
36 todos de este año, determinó revocar el acuerdo CEN/SG/34/2013, que
aprobó las providencias mencionadas, y a su vez ordenó al CEN llevar a
cabo el inicio del método ordinario para la elección de candidatos en el
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, al no justificar la existencia de
condiciones excepcionales que lo faculten para designar sus candidatos en
forma directa.
Lo anterior, sin perjuicio de que en el uso de sus facultades estatutarias
pueda determinar, fundada y motivadamente, la imposibilidad de llevar a

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cabo dicho método o incluso cancelarlo por hechos distintos a los que dieron
origen a la emisión del acuerdo y providencias revocadas.
Contra dicha determinación , el actor expone los siguientes agravios:
a) Indebidamente el Tribunal Responsable no actualizó la extemporaneidad
de los juicios que motivaron la resolución impugnada, que hizo valer al
comparecer ante su potestad como tercero interesado, puesto que si bien
Rogelio Alexander Dávila Dávila promovió sus impugnaciones el doce de
abril del año en curso, bajo la premisa de que tuvo conocimiento de los actos
reclamados un día antes, -once de abril- también lo es que los acuerdos
impugnados se publicaron en los estrados del CEN desde el veinte de marzo
del presente año.
Lo anterior, con independencia de que durante la sustanciación del incidente
de inejecución de sentencia del juicio ciudadano identificado con la clave SM-
JDC-407/2013, de este órgano jurisdiccional, Rogelio Alexander Dávila
Dávila conoció el contenido del acuerdo CEN/SG/034/2013 desde el cuatro
de abril del año en curso, fecha en la que el CEN rindió su informe
correspondiente. Por ello el Tribunal Responsable no debió desestimar la
causal de improcedencia que en su momento hizo valer.
b) El Tribunal Responsable debió tener los actos reclamados como
consentidos, puesto que al no combatir Rogelio Alexander Dávila Dávila las
providencias contenidas en el comunicado SG/106/2013, en las que el
Consejo Estatal del PAN se reservó para candidatura común, entre otros, al
municipio de Ramos Arizpe, es evidente que consintió en automático todos
los actos derivados de dicho acuerdo, entre los que se encuentran las
diversas SG/132/2013 y SG/145/2013, provocando con ello que la resolución
impugnada carezca de congruencia, además de que viola el principio de
exhaustividad que debe revestir toda resolución judicial.
c) El hecho de que los Estatutos del PAN le otorguen al CEN y a la Comisión
diversas excepciones para no convocar a un procedimiento ordinario de
selección de candidatos, no significa que sea un fraude a la ley con el cual se
contravengan los derechos de la militancia de votar y ser votado en un
proceso interno de selección de candidatos, ya que no debe perderse de
vista que el PAN es una entidad de interés público reconocido por la
Constitución Federal, cuya función primordial es promover la participación del
pueblo en la vida democrática y, a su vez, contribuir en la integración y
representación nacional de acuerdo a sus programas y principios.
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De ahí que para lograr lo anterior, esté previsto en la norma estatutaria que el
CEN o la Comisión pueden acordar no convocar o incluso cancelar
procedimientos ordinarios de votación cuando, entre otros supuestos, se
pretenda participar en los comicios que se desarrollan en Coahuila de
manera asociada con otros partidos políticos.
d) No es verdad como indebidamente lo consideró el Tribunal Responsable,
que el acuerdo mediante el cual se autorizó la celebración del convenio de
candidatura común carezca de fundamentación y motivación bajo la premisa
de que en términos de lo previsto por el artículo 63 del Código Electoral
Local, el momento procesal oportuno para la presentación del convenio ante
la autoridad electoral será al registrar candidatos, esto es, del veinte al
veintitrés de mayo del año en curso, y que por ende al no existir aún
formalmente el registro de dicho acuerdo de voluntades, dicho acuerdo no
está fundado ni motivado.
Ello es así, porque lo que se buscó con la emisión de los acuerdos SG/132 Y
SG/145, ambos de dos mil trece, fue precisamente actualizar el supuesto
estatutario que permitiera designar candidatos de manera conjunta con los
partidos políticos con los que se celebró dicho convenio de candidatura
común, obviamente de manera previa al registro del convenio en los términos
señalados por el referido artículo 63 del Código Electoral Local.
De ahí que sería imposible presentar a la autoridad administrativa local en los
términos descritos por el referido artículo 63 del Código Electoral Local un
convenio de candidatura común y a su vez un candidato, sin tener la
justificación estatutaria y los acuerdos que facultan a los signantes del
convenio a celebrarlo.
Además, sostiene el actor, que con la emisión del convenio de que se trata,
sin lugar a duda se funda, motiva y justifica estatutariamente que el PAN
optara por el método de designación directa de candidatos en el municipio de
Ramos Arizpe, Coahuila, lo cual es muy diferente al momento procesal en el
cual se presenta ante la autoridad electoral estatal dicho acuerdo de
voluntades con los candidatos emanados de éste, en los términos señalados
por el precepto legal en comento.
Por ello, considera el actor que los acuerdos que autorizaron la celebración
del convenio de mérito y la designación directa de candidatos sí están
debidamente fundados y motivados. En ese sentido, el actuar del Tribunal

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Responsable atenta el derecho de su partido de autodeterminarse y de
celebrar acuerdos de participación conjunta con otros institutos políticos.
e) Es incorrecto el argumento del Tribunal Responsable en el que sostuvo
que no encontró justificación para la urgencia que determinó la emisión de
las providencias contenidas en el oficio SG/145/2013, ya que, para analizar
tal cuestión, no debió haber tomado en cuenta las fechas de la firma del
convenio de candidatura común con las de la emisión de las citadas
providencias, para concluir si se actualizaba la urgencia de éstas o no, sino la
necesidad de continuar con el proceso de acuerdos comunes entre los
partidos participantes en dicho convenio, como lo es designar a los
candidatos que más les convengan.
f) No es verdad que sea innecesario analizar el argumento planteado por
Rogelio Alexander Dávila Dávila denominado fraude a la ley en los términos
señalados por el Tribunal Responsable, puesto que de haberlo estudiado,
concluiría que este órgano jurisdiccional al resolver el incidente de
inejecución de sentencia del juicio ciudadano SM-JDC-407/2013, estimó que
con la emisión del convenio de candidatura común se dio un cambio de
situación jurídica, lo que provocó imposibilidad de emitir la convocatoria al
proceso interno ordenada en la sentencia de fondo del citado medio de
impugnación federal, y de este modo, desestimar el falaz argumento de
simulación hecho valer –fraude a la ley-.
Ahora bien, en relación con el estudio de los motivos de queja antes
expuestos, es necesario precisar que si bien algunos en principio resultarían
de análisis preferente al tratarse de violaciones de carácter procesal, esta
Sala Regional abordará en primer lugar los identificados con los incisos d) y
e), puesto que, su estudio conlleva resolver de plano la legalidad de los
acuerdos que dieron origen a toda la cadena impugnativa.
3.2 Fundamentación y Motivación de las providencias tomadas por el
Presidente del CEN en los acuerdos SG/132/2013 y SG/145/2013, y
confirmadas por el pleno de dicho comité mediante acuerdo
CEN/SG/34/2013.
En la resolución que se controvierte, el Tribunal Responsable concluyó
básicamente que el acuerdo citado con antelación que aprobó las
providencias tomadas por el presidente del CEN a través de las cuales se
autorizó la celebración del convenio de candidatura común con el PRD y
UDC para el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, carece de la debida
fundamentación y motivación.
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Lo anterior en razón de que el artículo 36 TER, inciso F) de los Estatutos
Generales del PAN, exige que para que el CEN pueda optar por la selección
del método de designación directa de sus candidatos, el convenio de
asociación con otros partidos políticos debe encontrarse registrado ante la
autoridad electoral respectiva, lo cual sólo puede acontecer cuando el
convenio se presente ante el Comité Municipal en el momento del registro de
los candidatos en los términos señalados por el artículo 63, del Código
Electoral Local.
Agregando el Tribunal Responsable que si bien es cierto que el ocho de
marzo del año en curso, el actor presentó el aludido convenio ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y, a su vez, ante el
Comité Municipal Electoral de Ramos Arizpe, en dicho estado, también lo es
que tales órganos aún no se han pronunciado sobre su registro y el
cumplimiento de los requisitos para su eficacia, debido a que conforme a lo
previsto por los artículos 63, numeral 2 y 146, párrafo 2, del Código Electoral
Local, dicho pronunciamiento se realizará hasta el periodo comprendido del
veinte al veintitrés de mayo del año que transcurre.
Por lo que al estar demostrado que el convenio aún no ha sido registrado
ante el órgano electoral competente, es dable afirmar que los actos
cuestionados carecen de la debida fundamentación y motivación.
Asimismo, el Tribunal Responsable utilizó similares argumentos para
establecer que tampoco estuvo debidamente fundada y motivada la urgencia
de la emisión de las providencias contenidas en el acuerdo SG/132/2013, en
las que se autorizó la celebración del convenio de candidatura común desde
el día seis de marzo del presente año, al considerar que el Presidente del
CEN pudo esperar para tomar la decisión de autorizar la celebración de dicho
convenio hasta el once siguiente; fecha en que sesionaría el Pleno del CEN.
De igual modo, el Tribunal Responsable señaló que no está fundado y
motivado el caso de urgencia para que el Presidente del CEN haya tomado
las providencias SG/145/2013, toda vez que éstas se tomaron el nueve de
marzo del año en curso, a pesar de que en ellas mismas se señala, que el
Pleno de dicho comité sesionaría el once siguiente, es decir, dos días
después, por lo que refiere que no se fundó ni motivó debidamente la
urgencia de su emisión.

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Ahora bien, respecto a la indebida justificación de la urgencia para que el
Presidente del CEN emitiera las providencias contenidas en los acuerdos
SG-132/2013 y SG/145/2013, se estima innecesario analizar los argumentos
planteados por el inconforme sobre el particular y que a su vez se
identificaron con el inciso e), puesto que a nada práctico conduciría si a final
de cuentas, con independencia de que haya sido o no demostrada su
urgente emisión, lo cierto es que el contenido de éstas ya fue ratificado por el
Pleno del CEN, mediante el acuerdo CEN/SG/34/2013, lo cual le dio firmeza
a las mismas.
Por ello, se considera que el problema jurídico central a analizar en el
presente asunto es si fue o no debidamente fundado y motivado el acuerdo
en cuestión; es decir, si fue o no justificada la determinación del CEN de
establecer un método extraordinario de selección de candidatos en virtud de
la celebración de un convenio de candidatura común; máxime que lo que
aquí se concluya, forzosamente se verá reflejado en los comunicados
SG/132/2013 y SG/145/2013.
Precisado lo anterior, se consideran acertados y suficientes para revocar la
resolución impugnada, los argumentos planteados por el actor e identificados
con antelación en el inciso d).
En efecto, carece de sustento el argumento del Tribunal Responsable en el
cual sostiene que para que el CEN de dicho instituto pueda optar por la
selección del método de designación directa de sus candidatos, el convenio
de asociación debe estar registrado ante la autoridad respectiva, de acuerdo
a lo previsto con el artículo 36 TER, inciso f), de los Estatutos del PAN.
Lo anterior es así en atención a que no atiende a una lógica jurídica
sistemática y funcional que tal disposición exija que, para que esté
debidamente fundada y motivada la decisión del PAN de realizar una
designación directa de candidatos derivada de la celebración de un convenio
de candidatura común, éste debe estar formalmente registrado por la
autoridad electoral correspondiente, en los tiempos y términos descritos por
el Tribunal Responsable.
En este caso, el Tribunal Responsable condiciona el ejercicio de facultades
del referido comité para elegir el método de selección de candidatos hasta el
momento en el que el convenio en cuestión esté aprobado y registrado; lo
cual no es un requisito que exija el aludido artículo 36 TER inciso f) de los
Estatutos del PAN, ya que éste debe aplicarse e interpretarse de manera
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sistemática y funcional con los artículos 43 3 de los estatutos; y 26, 27, 29 y
30 4 , del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección
Popular, y el ejercicio oportuno del derecho a participar en los comicios
electorales locales.
Interpretar el artículo 36 TER, inciso f), de los Estatutos del PAN como lo
hace el Tribunal Responsable, implicaría que siempre que este partido
político opte por asociarse con otro para participar en determinados comicios,
necesariamente deba llevar a cabo el método ordinario de selección de
candidatos, para posteriormente cancelar dicho método de forma inminente,
al registrar ante la autoridad electoral correspondiente el convenio de
asociación resultado de un proceso político preexistente y llevado en el
ejercicio de la autodeterminación de los partidos signantes; aspecto este
último que tiene efectos impertinentes pues provocaría una tensión
ineficiente entre instrumentos jurídicos de selección de candidatos que son
excluyentes y surgen de procesos políticos bajo condiciones relevantes
distintas.
Además, la interpretación dada al citado precepto estatutario por el Tribunal
Responsable, tampoco guarda lógica jurídica para cumplir con lo previsto por
los párrafos 1, incisos a) y b) y 2, del artículo 63 5 del Código Electoral Local,
3 Artículo 43. Serán métodos extraordinarios de selección de candidatos a cargos de
elección popular: a. Elección abierta, o b. Designación directa.
4 Artículo 26. 1. El proceso de selección de candidatos es el conjunto de actos que tiene por
objeto la definición de los candidatos de Acción Nacional a los diversos cargos de elección
popular, con fundamento en los Estatutos Generales y este Reglamento.
Artículo 27. 1.- El método ordinario para la selección de candidatos se lleva a cabo en
Centros de Votación con la participación de los miembros activos y en su caso, los
adherentes, en los términos de los Estatutos Generales y este Reglamento. Se podrá aplicar
para los siguientes cargos de elección popular: I. Presidente de la República; II. Gobernador
o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; III. Senadores de Mayoría Relativa; IV. Diputados
Federales y Locales de Mayoría Relativa; V. Diputados Federales y Locales de
Representación Proporcional; y VI. Presidentes Municipales, cargos municipales de elección
y Jefes Delegacionales;(sic)
Artículo 29. 1. Los métodos extraordinarios para la selección de candidatos son: I. Método de
Elección Abierta; y II. Designación Directa.
Artículo 30. 1. La Comisión Nacional de Elecciones podrá proponer al Comité Ejecutivo
Nacional, la cancelación de un proceso de selección de candidatos, además de los
señalados en los Estatutos Generales y en el presente Reglamento, en los siguientes
supuestos: … V. En el caso en que el Partido concurra a alguna elección a través de
cualquier modalidad de asociación con otros partidos políticos…”
5 Artículo 63 del Código Electoral Local . 1. Dos o más partidos políticos, pueden postular al
mismo candidato o candidatos, lista, fórmula o planilla, debiendo cumplir con lo siguiente: a)
Presentar por escrito la aceptación a la candidatura del ciudadano a postular.- b) Presentar

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respecto a que el convenio de candidatura común debe presentarse con el
escrito de aceptación de la persona a postular y estar certificado por
Notario Público. Además, la presentación de dicho convenio se realiza al
momento precisamente de registrar candidatos, por lo que resultaría
ilógico que los partidos en candidatura común al registrar su convenio
acudieran con el nombre de su postulante sin haber realizado los actos
previos y necesarios para seleccionarlo por cualquiera de los métodos
previstos conforme a las normas internas de los entes que la conforman.
A mayor abundamiento, no es un hecho controvertido en el presente
asunto si el CEN se encuentra facultado o no conforme a sus Estatutos para
autorizar acuerdos de candidaturas comunes que se propongan en el ámbito
estatal y municipal, y en base a ello designe de forma directa a sus
candidatos, ya que del análisis de la resolución reclamada se advierte que el
propio Tribunal Responsable a fojas 48 y 49, así lo reconoce, pues al
respecto señaló:
“… De la normatividad precedente se puede concluir que el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional, está facultado por los Estatutos
Generales de ese instituto político para autorizar acuerdos de candidaturas
comunes que se propongan en el ámbito estatal y municipal… Por consiguiente,
si el artículo 43, apartado b, inciso i) de los Estatutos de Acción Nacional
autorizan a que el Comité Ejecutivo Nacional pueda optar por la selección de
candidatos a través de una designación directa, en los casos que así se
establezcan en los estatutos y, a su vez éstos disponen que cuando el ente
político concurra en asociación con otro partido político, la elección de
candidatos se hará de acuerdo a lo establecido en el convenio registrado, se
puede concluir que la atribución conferida al Comité Ejecutivo Nacional, a fin de
que designe al candidato, cuando medie un convenio de candidatura común con
otro y otros partidos políticos, debidamente registrado, es un caso de excepción
para establecer este método de selección, de acuerdo con las normas
estatutarias del Partido Acción Nacional…”.
Lo cual a su vez se robustece con lo decidido por esta Sala Regional al
resolver tanto el juicio ciudadano identificado con la clave SM-JDC-407/2013 6
como el diverso incidente de inejecución de sentencia promovido en los
autos del citado medio de impugnación, en los que de igual forma se justificó
la posibilidad de que se adoptara un método de selección de candidatos
diverso al ordinario pretendido por el militante Rogelio Alexander Dávila
Dávila.
el convenio certificado por notario público de los partidos postulantes y el candidato, en los
términos establecidos en sus estatutos, en donde se indiquen las aportaciones de cada uno
para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de radio y televisión que fije el Instituto
Federal, así como a los topes de gastos de precampaña y campaña electorales fijados en
este Código.- 2. El Convenio deberá presentarse ante la autoridad electoral correspondiente
en el momento del registro de los candidatos, siendo la misma quien verificará que el
convenio cumpla con los requisitos exigidos por el inciso b) de este artículo.
6 Véase página 21 de la resolución.
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SM-JRC-13/2013
Razón por la cual es que se estime incorrecto el argumento del Tribunal
Responsable cuando aduce que para que esté debidamente fundada y
motivada la adopción del método de designación directa adoptado por el
CEN en el acuerdo CEN/SG/34/2013, derivado del convenio de asociación
celebrado entre el PAN, PRD y UDC, dicho convenio debe estar aprobado y
registrado ante la autoridad electoral respectiva, con fundamento en el
referido artículo 36 TER, inciso f), de los Estatutos del PAN, en razón de que
dicho precepto no establece tal condición.
En consecuencia, al estar demostrado que el Tribunal Responsable
indebidamente revocó el acuerdo CEN/SG/34/2013, mediante el cual el CEN
confirmó las providencias SG/132/2013 y SG/145/2013 lo procedente es
revocar el fallo que se analiza junto con los actos realizados en su
cumplimiento y por consiguiente deberán confirmarse los acuerdos antes
descritos.
Por tanto, al alcanzarse la pretensión del inconforme, resulta innecesario
analizar los restantes motivos de queja.
RESOLUTIVOS.
PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada y por consiguiente, se dejan
sin efectos la totalidad de los actos que se realizaron en su cumplimiento.
SEGUNDO. Se confirma el acuerdo CEN/SG/34/2013, mediante el cual el
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional ratificó las
providencias SG/132/2013 y SG/145/2013, emitidas por su Presidente, en las
que respectivamente se autorizó la celebración del proyecto de convenio de
candidatura común entre los Partidos: Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Unidad Democrática de Coahuila; y se determinó que la
selección de candidaturas a Presidente Municipal, Síndico y Regidores en
Ramos Arizpe, Coahuila, se realizaría mediante el método de designación
directa.
NOTIFÍQUESE a las partes, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, a los demás interesados, y toda vez que la materia de
esta sentencia guarda relación con lo resuelto en el juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-407/2013 y con
los planteamientos formulados en el recurso de reconsideración registrado
con la clave de expediente SUP-REC-15/2013, también notifíquese a la Sala

SM-JRC-13/2013
Superior por oficio para los efectos legales a que haya lugar, con copia
certificada de la presente sentencia.
Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral
Plurinominal, por unanimidad de votos de los Magistrados que la integran,
ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE
MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO
MAGISTRADO
YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ
MAGISTRADO
REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
GUILLERMO SIERRA FUENTES
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