juicio de revisión constitucional electoral expediente: sm-jrc-13 ...

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SM-JRC-13/2013
De ahí que para lograr lo anterior, esté previsto en la norma estatutaria que el
CEN o la Comisión pueden acordar no convocar o incluso cancelar
procedimientos ordinarios de votación cuando, entre otros supuestos, se
pretenda participar en los comicios que se desarrollan en Coahuila de
manera asociada con otros partidos políticos.
d) No es verdad como indebidamente lo consideró el Tribunal Responsable,
que el acuerdo mediante el cual se autorizó la celebración del convenio de
candidatura común carezca de fundamentación y motivación bajo la premisa
de que en términos de lo previsto por el artículo 63 del Código Electoral
Local, el momento procesal oportuno para la presentación del convenio ante
la autoridad electoral será al registrar candidatos, esto es, del veinte al
veintitrés de mayo del año en curso, y que por ende al no existir aún
formalmente el registro de dicho acuerdo de voluntades, dicho acuerdo no
está fundado ni motivado.
Ello es así, porque lo que se buscó con la emisión de los acuerdos SG/132 Y
SG/145, ambos de dos mil trece, fue precisamente actualizar el supuesto
estatutario que permitiera designar candidatos de manera conjunta con los
partidos políticos con los que se celebró dicho convenio de candidatura
común, obviamente de manera previa al registro del convenio en los términos
señalados por el referido artículo 63 del Código Electoral Local.
De ahí que sería imposible presentar a la autoridad administrativa local en los
términos descritos por el referido artículo 63 del Código Electoral Local un
convenio de candidatura común y a su vez un candidato, sin tener la
justificación estatutaria y los acuerdos que facultan a los signantes del
convenio a celebrarlo.
Además, sostiene el actor, que con la emisión del convenio de que se trata,
sin lugar a duda se funda, motiva y justifica estatutariamente que el PAN
optara por el método de designación directa de candidatos en el municipio de
Ramos Arizpe, Coahuila, lo cual es muy diferente al momento procesal en el
cual se presenta ante la autoridad electoral estatal dicho acuerdo de
voluntades con los candidatos emanados de éste, en los términos señalados
por el precepto legal en comento.
Por ello, considera el actor que los acuerdos que autorizaron la celebración
del convenio de mérito y la designación directa de candidatos sí están
debidamente fundados y motivados. En ese sentido, el actuar del Tribunal