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INFORME DEFENSORIAL - Defensoría del Pueblo

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• El conflicto se ha extendido a lo largo de dos años (octubre<br />

de 2001 a octubre de 2002) mutando en distintas etapas y<br />

fases sin que haya en la actualidad una solución precisa en<br />

contenido y tiempo de ejecución por parte <strong>del</strong> Estado. Un<br />

balance <strong>del</strong> desarrollo <strong>del</strong> conflicto permite verificar la<br />

incapacidad <strong>del</strong> Estado en cuanto a la protección de<br />

derechos individuales y sociales (derecho a la propiedad<br />

privada, a la vida e integridad y a la vivienda), la creación de<br />

condiciones materiales para la realización <strong>del</strong> derecho a la<br />

vivienda por parte de los presuntos propietarios (poseedores<br />

con promesa de venta) y los ocupantes de hecho y la<br />

regulación y mediación de conflictos. Los costos de esa<br />

incapacidad <strong>del</strong> Estado son transferidos a los particulares<br />

en conflicto y a los terceros, quienes buscan las soluciones<br />

por sí mismos violando derechos como ha sucedido con el<br />

derecho a la vida e integridad de los ocupantes de hecho y<br />

el derecho a la propiedad privada y la vivienda de los<br />

propietarios con título precario. La incapacidad <strong>del</strong> Estado<br />

en la solución efectiva <strong>del</strong> conflicto ha contribuido a su<br />

decadencia y epílogo amorfo actual. La configuración<br />

cualitativa de cada una de sus etapas y fases ha contribuido<br />

a que de facto el derecho a la vivienda de los ocupantes de<br />

hecho se imponga sobre el derecho a la propiedad privada y<br />

el derecho a la vivienda de los presuntos propietarios<br />

(poseedores con promesa de venta).<br />

• Se ha desarrollado parcialmente el derecho a la vivienda de<br />

los ocupantes de hecho <strong>del</strong> predio La Reliquia, ya que se<br />

dispone de unas condiciones materiales que superan las<br />

expectativas y proyectadas para un tiempo tan corto (2<br />

años), para la precariedad económica evidente en las<br />

condiciones materiales de los ocupantes de hecho y para la<br />

vigencia de un conflicto sin solución. Ello incide sobre uno<br />

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