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Colombia ante la globalización de la economía
requiere de una política clara que exprese su
proyecto de desarrollo económico y social y
dé sentido a las relaciones de sus habitantes con la
naturaleza, con miras a la construcción del bienestar
de su población. El país enfrenta grandes retos tanto
internos como externos; su inserción en la economía
mundial es cuestionada y se está quedando rezagado
incluso respecto a otros países latinoamericanos. No
hemos encontrado soluciones de fondo a la violencia
en todas sus expresiones, al narcotráfico con sus múltiples
consecuencias, a la corrupción, a las desigualdades,
al atraso en educación, al desempleo, al abandono
del campo, y a muchos otros problemas (Mosquera y
Estrada, 1997).
La solidez con la que actúe la nación dependerá,
entre otras cosas, de la fortaleza con la cual desarrolle
y construya su propia política de ciencia y tecnología.
Esta política, además de responder a potencialidades
y necesidades particulares (locales o nacionales) debe
ser definida desde el punto de vista de problemáticas
de regiones más amplias a las nacionales. Colombia y
América Latina son dos proyectos políticos concordantes
que se contienen y definen su futuro a partir
de su propio propósito de sentido histórico de sociedad.
Ese propósito responde a la particularidad histórica
de ser colombianos y latinoamericanos, unión de
múltiples diversidades y parte de la especie humana.
La definición de un rumbo de política en ciencia
y tecnología en el campo de la minería y la energía,
debe hacerse tomando en consideración el contexto
económico internacional, las perspectivas en materia
de ciencia y tecnología y el examen del ámbito nacional,
sus prioridades y las situaciones futuras. Esto
INTRODUCCIÓN
determina la misión que compete a los interesados en
la identificación de las necesidades y en la definición
de las prioridades de investigación sobre la materia. La
posibilidad son nuestras propias respuestas. “Mientras
no tengamos una visión del futuro que señale un norte
o rumbo compartido que permita canalizar la capacidad
de trabajo y creatividad de los colombianos y
trazar políticas de largo plazo, nuestro progreso será
lento y tortuoso” (Mosquera y Estrada,1997).
Cada día es más cierto que los procesos de globalización
y de liberalización de mercados deben conducir
a una mayor eficiencia en el suministro y utilización
de los recursos naturales, y al mismo tiempo introducir
una mayor orientación de negocios y agentes
participantes en la toma de decisiones. Las diferentes
medidas de regulación y control ambiental, tanto en
el plano local como global, llevarán a una mayor penetración
de nuevas fuentes, tecnologías y procedimientos
de extracción y utilización de recursos minerales
y energéticos. La sostenibilidad del desarrollo, desde
una perspectiva energética, exige, disminuir las presiones
sobre la agotabilidad de los recursos y además
facilitar el acceso de los sectores menos favorecidos
a formas comerciales de energía, mientras contribuye
con la disminución de la pobreza.
En consecuencia, se puede afirmar que las variables
tecnológica e institucional tienen una importancia
crítica para Colombia, donde la participación de
los sectores minero y energético deberá ser significativa
para soportar el crecimiento económico y mejorar
las condiciones de desarrollo de la población. El
reto radicará en la posibilidad de sustentar una buena
dinámica de crecimiento con trayectorias de menor
impacto ambiental.
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