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administración del agua no toma en cuenta el concepto de cuenca hidrográfica. En 2004 se ha creado
una institución temporal denominada Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el propósito de
ordenar las acciones del Estado sobre el recurso hídrico. Su logro más importante ha sido la formulación
de la Política Hídrica Gubernamental, aunque aún no hay coordinación de todos los actores que
intervienen en la gestión del recurso hídrico. Por tanto, mientras la CONAGUA no sea un organismo
competente, la gestión del agua se delega a los municipios que, apoyados en la ley, determinan sus
políticas y normas en torno a este recurso de forma autárquica, generando ingobernabilidad en el
sector agua (IPADE 2011).
La ausencia de tal Ley es una de las causas del deficiente ordenamiento legal sobre el manejo sostenible
del recurso hídrico. El reparto de las competencias en la gestión del agua a nivel municipal se realiza
basándose en un marco legal como es: la Constitución, el Código de Salud, la Ley de Consejos de
Desarrollo Rural y Urbano, el Código Municipal y la Ley de Descentralización (éstas tres de 2002) y
otros cuerpos jurídicos como el Código Civil. Todos estos instrumentos responden a una política de
descentralización desorganizada consecuencia de los Acuerdos de Paz, constatándose un solapamiento
de competencias entre ellos. Esta descentralización de la GIRH fue orientada por el Banco Mundial y
lleva a que todos los países adopten los Principios de Dublín (uno de ellos establece que “el desarrollo
y el manejo del agua debe hacerse al nivel administrativo que corresponda”). Sin embargo, la
descentralización de la gestión del agua en Guatemala ha generado descoordinación y falta de visión,
especialmente al aprobarse la Ley de Consejos de Desarrollo. Ésta se dirige a las comunidades rurales
y determina que la gestión del recurso recae en manos de sus entidades más representativas, como
Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODEs) o cualquier asociación que cuente con respaldo. En esta
indefinición entran todos los clientelismos políticos y corrupciones que ahondan la ingobernabilidad
del agua en el país. A estos comités (formados por voluntarios y no siempre representativos de toda
la comunidad) se les cede la gestión del recurso, que debería ser a nivel nacional, pero sin dotarles
de instrumentos normativos, financiación o formación (Vadillo 2009). En numerosas ocasiones, los
gobiernos locales, aun mostrando interés en el tema, carecen de herramientas adecuadas para la
gestión integral del agua y de fondos para llevarla a cabo, debido a una ineficacia en la aplicación de la
Ley de Descentralización (también creada en 2002), que ha transmitido competencias a los gobiernos
locales pero no siempre acompañadas de medios económicos ni humanos.
Esta falta de liderazgo en el sector deriva en una carencia de instituciones sólidas y con recursos
financieros para enfrentarse a esta problemática. Todo ello dificulta la viabilidad económica de la
administración municipal y socava la credibilidad de ésta frente a la ciudadanía. Esta situación se
traduce en clara dificultad para organizar la gestión pública local. Prueba de ello es que en todo el
territorio de Guatemala, están surgiendo conflictos por el agua, tanto en zonas urbanas como en las
áreas rurales.
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