Amaro González de Mesa - Fundación Transición Española

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guió manteniendo unas relaciones diplomáticas cada vez más etéreas con el
Gobierno de la República en el exilio y unas oficiosas con el de la España de
Franco. El intercambio comercial se canalizaba a través del llamado “Convenio
de Pagos” al que ya nos referimos. El último firmado era de 28 de agosto
de 1971. La verdad es que las relaciones económicas con Méjico no tuvieron
gran peso en el conjunto del comercio exterior español. En 1974 las exportaciones
a Méjico no pasaron de 62,6 millones dólares. En otro orden de cosas,
las relaciones eran normales y en muchos aspectos cordiales. En Méjico estaba
abierto un Instituto de Cultura Hispano-Mejicano (en realidad un Instituto de
Cultura Hispánica) del que formaban parte ilustres figuras de la cultura mejicana.
Muchos estudiantes mejicanos cursaban –becados o por su cuenta– sus
estudios en España. Los artistas mejicanos de cine y teatro eran populares en
España. Baste recordar a Jorge Negrete, Cantinflas, María Félix, etc. Las figuras
del toreo competían en los ruedos de los dos países. El turismo se desarrollaba
normalmente. En definitiva, sólo faltaba oficializar unas relaciones
que, cada vez con mayor intensidad se iban tejiendo entre España y Méjico.
Ésta era la situación en líneas generales en el año 1975. En España, a la preocupación
por la cada vez más vacilante salud de Franco, se sumaba el recrudecimiento
del terrorismo. Entre enero de 1974 y julio de 1975 se produjeron
cerca de doscientos actos violentos, y once policías habían perdido la vida en
atentados perpetrados por E.T.A. en el País Vasco y el F.R.A.P. en Madrid.
Para combatir esa ola de terrorismo, el Gobierno de Arias Navarro promulgó
el 26 de agosto de 1975 un decreto ley estableciendo la pena de muerte para
los terroristas y sus colaboradores en el caso de que sus actos produjesen la
muerte de agentes del orden u otros funcionarios públicos. Al cabo de un mes
de su promulgación había once condenados a muerte. Tres de ellos de E.T.A.
y ocho del F.R.A.P.
Para cinco de ellos no hubo clemencia: Ángel Otaegui y Juan Paredes ambos
de E.T.A.; y Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena del
F.R.A.P. fueron ejecutados el 27 de septiembre.
Estas ejecuciones produjeron un movimiento de repulsa en toda Europa y en
muchos países de América. En Lisboa fue incendiada la Embajada de España.
Por su parte en Méjico, el presidente Echeverría el 28 de septiembre inmediatamente
de conocerse las ejecuciones pidió en carta al secretario general de
Naciones Unidas, Kurt Waldheim, la convocatoria urgente del Consejo de Se-