Revista Análisis de la Realidad Nacional, Edición No. 19

cumplimiento de su deber estatal dentro de los estándares
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
pues sólo una ley puede regular los derechos humanos
reconocidos en dicho corpus iuris como lo establece la
Corte Interamericana de Derechos Humanos:
30 son actos normativos enderezados al bien común,
emanados del Poder Legislativo democráticamente
elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta
acepción corresponde plenamente al contexto general
Interamericano. Sólo la ley formal, entendida como lo
ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o
ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención.” 9
También tiene que reestructurar el conjunto de sus
instituciones para que dicho derecho sea efectivo cada
vez que se pretenda adoptar medidas legislativas o
administrativas que puedan afectar los derechos colectivos
de los pueblos indígenas.
Quizás otro tema fundamental en la sentencia Sarayaku
vs Ecuador es la reiteración sobre el carácter previo
a cualquier procedimiento estatal que pueda afectar
los derechos de los pueblos indígenas. Esto tiene una
particularidad respecto a los recursos naturales renovables
o no renovables, pues antes de que las autoridades
pretendan la exploración de un área debe consultarse a
los pueblos indígenas. Es decir, no puede licitarse un área
y luego argumentar que se hace una “consulta” pues
carecería de una de sus características principales, su
carácter previo.
Esta característica está asegurada normativamente por el
artículo 15 del Convenio 169 de la OIT que regula:
Revista
Análisis de la
Realidad Nacional
“Artículo 15:
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos
naturales existentes en sus tierras deberán protegerse
especialmente. Estos derechos comprenden el
derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o
tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos
esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes
en sus tierras. Los pueblos interesados deberán
reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como
resultado de esas actividades”.
9. Ibídem. Página 9. Párrafo 35.
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