Revista Análisis de la Realidad Nacional, Edición No. 19

vindicarse como institución social legítima, representativa,
económica, sujeta a un activo escrutinio por parte de la
sociedad mediante la rendición pública de cuentas. Esto
implica profundizar y perfeccionar un nuevo arreglo social
que privilegie la estrecha coordinación y consulta entre
lo público y lo privado desde el propio nivel individual,
ámbito de la sociedad, bien sea económico, político o, en
términos generales, cultural.
carácter de la función pública y la racionalidad en
el funcionamiento del Estado, imponiendo, con el
compromiso de una ciudadanía cada vez más deliberante,
un sentido estrictamente público-societal a la función
concentradora del poder- por una de estricto servicio
público en la acción estatal, bajo criterios esenciales como
por parte de la ciudadanía.
c) Impulsar una reforma política orientada a emitir un
sancionar los vínculos con redes criminales por parte de
los partidos políticos cuyos miembros sean condenados
penalmente por vínculos con redes criminales.
Aun sin asegurar que la mayoría de los ciudadanos
se sienten representados por sus respectivos partidos
y movimientos políticos, y que los partidos constituyen
verdaderas plataformas ideológicas y adecuados marcos
varias décadas, los partidos y los movimientos políticos
fueron las instituciones más relevantes en el trámite de
los intereses ciudadanos frente a los gobiernos locales,
regionales y el central, casi con un sentido corporativista
de jerarquía estricta. Es posible que esta condición haya
facilitado la imposición y ejecución de normas legales,
al menos en el nivel central, orientadas a garantizar
la veeduría de la conducta y de la responsabilidad
programática de partidos políticos y de sus miembros
electos popularmente en desarrollo de sus funciones de
carácter público.
partido político con el papel tan importante que, como
institución política para tramitar intereses públicos y
indispensable a futuro garantizar que el conjunto de
reglas de juego, agrupadas en torno a los partidos
políticos, alcancen el mayor nivel de representación de
intereses sociales y a la vez estén blindadas frente a la
manipulación criminal.
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pueden consistir en castigos políticos a partidos y
movimientos políticos que no impidan los acuerdos de
“libre voluntad” entre criminales, candidatos a cargos
de elección popular y funcionarios públicos, como ha
ocurrido en buen número de casos documentados,
investigados y sancionados en Colombia, por ejemplo.
Para tal efecto, es necesario garantizar el cumplimiento
de los códigos de ética acordados a nivel social como en
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