REVISTA PARLAMENTARIA 01-298 - Asamblea de Madrid

El Estatuto básico del empleado público y su posible aplicación a los Parlamentos Autonómicos 103
Estatutos de Personal. Deben, sin embargo, por una parte, respetar el modelo
constitucional y los principios contenidos en el artículo 103.3 de la
Constitución Española; por otra, deberían respetar así mismo el estatuto
básico en materia de función pública elaborado por el Estado en ejercicio
de su competencia y, en la mayoría de los casos, adaptarse a la legislación de
su Comunidad en materia de función pública.
Tercero: Los Estatutos de Personal, cuando regulen el contenido básico
de la función pública parlamentaria, deben hacerlo con una norma que
tenga rango y fuerza de ley. 4
El Tribunal Constitucional, a través de sus STC 99/1987, 70/1988,
57/1990 y, finalmente, la STC 1/2003, ha destacado los principios constitucionales
que informan la función pública en general y la necesidad de su positivación
en normas básicas que determinen lo que es esencial o común a todas
las funciones públicas del Estado. Existe, por tanto, un núcleo normativo
esencial y común para toda la función pública, incluida la correspondiente a
las Asambleas Legislativas. Este núcleo vendrá definido por dos criterios:
— Uno material, vinculado al contenido básico de la norma, común en todo
lo que afecte a los elementos estructurales de la situación orgánica funcionarial
y a la relación estatutaria de servicio.
— Otro formal, concerniente al procedimiento de aprobación de la norma,
teniendo en cuenta que su regulación queda reservada para normas que
tengan el rango de ley 5 .
Resulta esclarecedora la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional
en la STC núm. 99/1987, de 11 de junio: “En el primer inciso de su artículo
103.3 la Constitución ha reservado a la Ley la regulación de la situación personal
de los funcionarios públicos y de su relación de servicio o régimen estatutario,
por emplear la expresión que figura en el artículo 149.1.18 de la misma norma
Fundamental. Es este, desde luego, un ámbito cuyos contornos no pueden definirse
en abstracto y a priori, pero en el que ha de entenderse comprendida, en
principio, la formación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de
funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera administrativa y a las
situaciones en que esta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidades
de los funcionarios y a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración
en su caso, de cuerpos y escalas funcionariales y al modo de provisión de
puestos de trabajo al servicio de las administraciones públicas…”. Es decir, si un
Parlamento decide, mediante una norma con fuerza de ley, apartarse, por así
decirlo, del EBEP en cuanto a la regulación del régimen del personal funcionario
del propio Parlamento, deberá regular mediante una norma de ese
4 COLERA LEIRADO, Juan Ramón: “La función pública de los Parlamentos Autonómicos y su
enjuiciamiento jurisdiccional”. En CORTS. ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO. Núm.
17. Les Corts. Valencia, 2006, p. 115.
5 COLERA LEIRADO, Juan Ramón: op. cit. p. 119.