REVISTA PARLAMENTARIA 01-298 - Asamblea de Madrid

El Estatuto básico del empleado público y su posible aplicación a los Parlamentos Autonómicos 97
designación del Secretario General, esto es quien designa y entre quienes
puede designar (entre los Letrados de la Cámara); entre los Letrados de la Cámara
que tengan un determinado número de años de servicio; Letrados Parlamentarios;
funcionarios públicos que desempeñen puestos de asesoramiento
jurídico; funcionarios públicos que tengan el título de Derecho… A ello hay
que añadir que existe en la actualidad una tendencia a crear Secretarias Generales
Adjuntas que operan como “alter ego” del Letrado Mayor, designados a
propuesta del mismo, y con la finalidad de concentrar las funciones de aquel
en los ámbitos funcionales que se delimitan en cada caso. Finalmente, las Direcciones
Administrativas particulares, se confieren generalmente a otros Letrados
de la Cámara, a fin de unificar en el mismo puesto de Dirección el análisis
jurídico-parlamentario de las cuestiones y la Dirección del Área
competente para preparar y ejecutar los acuerdos que se adopten.
Precisamente, hemos planteado anteriormente el debate en torno a quién
debe desempeñar las diferentes Direcciones en los Parlamentos. ¿Deben ser exclusivamente
los Letrados y Letradas los que desempeñen esas Direcciones?
¿Pueden o deben abrirse estas Direcciones a funcionarios de la Cámara pertenecientes
a Cuerpos diferentes o con una cualificación técnica y no jurídica —
intervención, informática, contratación, archivo…—? Este es un debate
abierto, sobre el que posiblemente, un trabajo como el nuestro que incide sobre
el Estatuto Básico del Empleado Público y su repercusión en el Parlamento,
y además, en las clases de personal, no puede evitar pronunciarse.
Debemos señalar, con carácter muy general, que la Administración Parlamentaria
debe servir con objetividad a los intereses generales en el ámbito parlamentario
y debe hacerlo con sujeción a la Ley y al Derecho, como todos los
poderes públicos. La Administración Parlamentaria es una administración “ad
intra”, más que “ad extra” y su estructura se basa en los principios de jerarquía
y división del trabajo, con una cierta flexibilidad y polivalencia de los funcionarios
que las sirven —en un número muy reducido—.
También la Administración Parlamentaria debe adaptarse a las exigencias
cada vez más complejas que plantean los Diputados, (mayores apoyos y mayores
prestaciones personales, instrumentales, económicas de todo tipo, ordenadores, teléfonos
móviles, asesoramiento jurídico-parlamentario, documental…). Debe, por
otra parte, reformar sus estructuras orgánicas y duplicar los efectivos de personal
de que actualmente dispone para responder a las exigencias de la Institución
a la que sirve y además teniendo en cuenta el “factor tiempo” que es básico
en el funcionamiento del Parlamento. Todas estas exigencias o retos externos
van acompañados también de una necesidad de aproximar día a día el Parlamento
a los ciudadanos, establecer una relación directa con el pueblo, mejorando
la imagen del Parlamento y ello conlleva también el que los Parlamentos
realicen un conjunto de actividades, de proyección exterior, que también
puede “estresar” a la Administración Parlamentaria, que no cuenta con medios
suficiente para este cometido.
No nos cabe la menor duda de que la Administración Parlamentaria, como
señala Piedad García Escudero, ha sabido responder a los cambios e innovacio-