REVISTA PARLAMENTARIA 01-298 - Asamblea de Madrid

El Estatuto básico del empleado público y su posible aplicación a los Parlamentos Autonómicos 111
Esta mera supletoriedad del EBEP traslada el protagonismo, en tales circunstancias,
a la normativa sobre función pública dictada por cada Comunidad
Autónoma, la cual constituye el marco normativo de referencia ante la ausencia
de normativa básica del Estado directamente aplicable al personal
funcionario del Parlamento —pues la normativa básica en materia de función
pública anterior al EBEP ha sido derogada por este—.
El panorama de la normativa autonómica sobre función pública aplicable al
personal funcionario del Parlamento es muy diverso y ha sido descrito con precisión
y claridad por Cólera Leirado en el trabajo ya citado. En síntesis, esta normativa
autonómica puede clasificarse, a meros efectos descriptivos, en cuatro grupos:
— De exclusión.— En este apartado se habrían de incluir aquellas comunidades
autonómicas que, en el ámbito de aplicación de la legislación
autonómica, no hacen referencia, o excluyen de forma expresa, al personal
parlamentario: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y
León, Cataluña, Madrid, Murcia y La Rioja.
— De aplicación supletoria.— En este grupo pueden incluirse las leyes de
función pública que expresamente declaran su aplicación supletoria al
personal del Parlamento.
— De aplicación directa y parcial.— En este apartado se incluirían las comunidades
que, al regular aspectos concretos como la movilidad de los
funcionarios entre la Administración de la Comunidad Autónoma y la
Administración del Parlamento, tienden a homogeneizar el estatuto básico
de sus funcionarios, para que dicha movilidad sea posible.
— De vinculación por equiparación.— Por último, en este grupo se incluirían
las Comunidades cuya legislación de función pública expresamente
equipara a los funcionarios de las Cortes con los de la Administración
de la Comunidad Autónoma.
Este caso último es el de la legislación de función pública de la Comunidad
Valenciana. En efecto, el artículo 2.1 del Decreto Legislativo de 24 de octubre
de 1995 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana
(TR-LFPV) establece lo siguiente:
“1. Es personal al servicio de la Generalitat Valenciana: el de las Cortes Valencianas
y de las instituciones de ellas dependientes, el del Gobierno valenciano
y demás organismos e instituciones configuradoras y dependientes de la Generalitat
Valenciana.
Las Cortes Valencianas, en virtud de su autonomía organizativa, administrativa
y financiera, desarrollarán la presente Ley, mediante el establecimiento
del régimen del personal dependiente de las mismas, atendidas las características
especiales de la actividad parlamentaria”.
Paradójicamente, el TR-LFPV optó por la instauración de un modelo unitario
de función pública, incluyendo expresamente en su ámbito de aplicación