REVISTA PARLAMENTARIA 01-298 - Asamblea de Madrid

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Juan A. Martínez Corral y Francisco J. Visiedo Mazón
Quizás no sea muy descabellado imaginar que, al cabo de unos años, los
Parlamentos Autonómicos pueden llegar a convertirse, al socaire de las posibilidades
que el EBEP les confiere, en algo no tan diferente al ejemplo expuesto
de la Junta del Puerto de Pasajes.
2.3.2. Conclusión del razonamiento: respuesta a las tres preguntas iniciales
Expuesta la premisa pasaremos a continuación a formular la conclusión del
razonamiento como contestación a las preguntas elementales que nos hicimos
al comiendo de este trabajo. Las preguntas eran las siguientes:
Primera: ¿Qué pueden hacer, a partir de la aprobación del EBEP, los Parlamentos
en materia de regulación del empleo público al servicio del propio Parlamento?
Además de las posibilidades legislativas que tienen las Comunidades Autónomas
en virtud del espíritu abierto a la heterogeneidad que caracteriza el
EBEP y que se concreta en numerosos preceptos del Estatuto, el EBEP permite
específicamente a los Parlamentos decidir, mediante una norma con
rango de ley, si se le aplica o no directamente los preceptos del Estatuto a los
funcionarios al servicio del propio Parlamento.
El ejercicio de esta posibilidad abierta por el EBEP no es sin embargo un
camino igualmente expedito para todos los Parlamentos Autonómicos, porque
no está claro que actualmente todos los Parlamentos están en condiciones de
aprobar un Estatuto del Personal del Parlamento que tenga rango y fuerza de
ley, ni tampoco lo está que lo puedan dictar con ese rango apoyándose sólo en
lo que dice el artículo 4 del EBEP.
Recordemos, por una parte, la exigencia constitucional de que el instrumento
normativo necesario para establecer el régimen jurídico del personal al
servicio de las Asambleas Legislativas sea una norma con rango y fuerza de ley.
Y recordemos también que el Tribunal Constitucional ha declarado que la excepcionalidad
prevista en el artículo 72.1 de la Constitución española para el
personal de las Cortes Generales no es extensible a las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas. 10 El propio Informe de la Comisión de Ex-
10 La STC 139/1988, declara que “No se trata, en efecto, de una “disposición de categoría inferior a
la Ley”, sino, antes bien, de una norma que, de acuerdo con la reserva constitucional establecida, goza de
fuerza de Ley y que, asimismo, por proceder del Poder Legislativo, posee valor de Ley. Pero puede añadirse
también, no obstante, que en nada empece tal conclusión el hecho de que el artículo 27.2 de la LOTC no
mencione expresamente al Estatuto del Personal de las Cortes, dado que, con cobertura en el artículo
161.1 d) de la Constitución, entre los supuestos susceptibles de declaración de inconstitucionalidad se incluyen
también los “actos del Estado con fuerza de Ley” [art. 27.2 b) de la LOTC]; categoría ésta en la
que, a los efectos señalados, bien puede subsumirse sin dificultad alguna el referido Estatuto del Personal
de las Cortes Generales obviándose de este modo la aparente “laguna” de la LOTC y, en su caso, la interpretación
un tanto forzada del apartado d) del mismo artículo 27.2 que en ocasiones se ha tratado de
mantener. La Constitución, dada la reserva formal y material que a favor del Estatuto del Personal de las
Cortes Generales establece (art. 72.1), da plena cobertura a la calificación de dicha norma, y de los acuerdos
que la modifiquen, como disposición con valor y fuerza de Ley no susceptible en sí misma de impug-