REVISTA PARLAMENTARIA 01-298 - Asamblea de Madrid

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Juan A. Martínez Corral y Francisco J. Visiedo Mazón
3º. Por último, algunos Reglamentos parlamentarios diferencian entre
las Normas de Régimen y Gobierno Interior y los Estatutos de Personal,
sometiéndolos a órganos y procedimientos distintos, ya que corresponde a
la Mesa la aprobación de las primeras, y al Pleno de la Cámara de los segundos.
Nos adherimos a la opinión de Cólera Leirado y la de aquel sector doctrinal
que califica a la mayoría de los Estatutos de Personal de los Parlamentos
Autonómicos vigentes como reglamentos generales, tanto por el órgano que
los aprueba como por el procedimiento seguido en su tramitación.
El hecho jurídico de que un Estatuto de Autonomía reconozca al Parlamento
de la Comunidad Autónoma la habilitación necesaria para la aprobación de sus
Estatutos de Personal sólo supone, a nuestro juicio, atribuirle la competencia exclusiva
para regular su función pública parlamentaria, de forma que en su ordenamiento
no intervenga otro poder que no sea el de su propia Cámara. Consecuentemente
con lo anterior, además de lo que dice el artículo 4 del EBEP y lo
que suelen establecer los Estatutos de Autonomía o los Reglamentos parlamentarios,
para que la norma resultante tenga el rango y el valor de ley, será necesario
que el órgano que apruebe el Estatuto de Personal sea el Pleno o una Comisión
con competencia legislativa y que, en su tramitación, se haya seguido un
procedimiento legislativo diferenciado, como lo es el correspondiente a la aprobación
de los Reglamentos parlamentarios o el de lectura única.
Esta conclusión pone de manifiesto una realidad jurídica que no debe ser
desatendida: la mayoría de los Estatutos de Personal actualmente aprobados
por las Mesas de las respectivas Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas tienen el rango de norma reglamentaria y carecen de rango normativo
suficiente para regular determinadas materias para las que, de acuerdo
con la Constitución, existe reserva legal. Estos Estatutos de Personal carecen,
por tanto del rango y la fuerza de ley necesarios para que el Parlamento pueda
decidir mediante aquellos que se apliquen o no directamente al personal funcionario
del Parlamento los preceptos del EBEP.
Segunda: ¿Qué pasa hasta que los Parlamentos hagan, mediante una
norma con rango de Ley, lo que el EBEP dice que pueden hacer?.
La redacción literal del artículo 4 del EBEP implica que los preceptos del
EBEP sólo se aplicarán directamente al personal funcionario del Parlamento si
así lo decide el propio Parlamento, mediante una norma con rango y fuerza de
ley. Por tanto, hasta que dicha decisión no se adopte en tal sentido mediante
ese instrumento legal, los preceptos del EBEP no pueden aplicarse directamente
a dicho personal del Parlamento. Siguiendo los dictados del propio
EBEP (art. 2.5) sus preceptos serían en todo caso aplicables supletoriamente a
este personal, habida cuenta de que hasta que no se adopte aquella decisión el
personal funcionario del Parlamento no estará incluido en el ámbito de aplicación
del EBEP.