Sociedades por Acciones Simplificadas. - Cámara de Comercio de ...

establecer en los estatutos sociales que al aceptar el cargo los administradores deberán
expresar su adhesión a la cláusula arbitral. Así, por ejemplo, se sugiere que gerentes,
factores, miembros de junta directiva y liquidadores, al vincular su gestión a la sociedad, se
adhieran a la cláusula arbitral contenida en los estatutos, sin que esto se entienda, desde
luego, como una reforma estatutaria., Esto con la finalidad de evitar que posteriormente los
administradores aleguen no estar sometidos a la cláusula arbitral en tanto ellos no
suscribieron los estatutos en que se incluyó. En otras palabras, no basta establecer en los
estatutos que la cláusula arbitral cobija automáticamente a los administradores de la
sociedad. Máxime si se tiene en cuenta que la habilitación que las partes hacen a la justicia
arbitral ―debe ser expresa, manifiesta y libre (…) Las disposiciones que restringen o limitan
esa libertad, o que hacen obligatorio el mecanismo desatendiendo el principio de
voluntariedad, son contrarias a la Constitución‖ 38 . Ahora bien, surge la pregunta de qué
sucede en aquellos eventos en los que un accionista le enajena sus acciones a otra persona,
¿esta nueva persona queda automáticamente vinculada a la cláusula arbitral? A este
respecto, no cabe duda de que quien entra a ser parte de la sociedad acepta plenamente los
estatutos que le dieron origen a ésta, y, en esta medida, se somete a la cláusula arbitral en
ellos contenida. Esto lo refrenda la Corte Constitucional con meridiana claridad en la
sentencia C-014 de 2010.
Por otra parte, es de resaltar que el art. 40 de la Ley 1258 de 2010 fue demandado por
inconstitucional ante la Corte Constitucional, argumentando que con él se afectaba el
derecho de igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia con
respecto a los socios minoritarios que, ante una justicia arbitral onerosa, no estarían
dispuestos a acudir a ella. La Corte desestima la pretensión de la parte actora y realiza
distintas consideraciones que vale la pena rescatar aquí. En primer lugar, señala la corte que
con la Ley 1285 de 2009, que reforma la ley estatutaria de la administración de justicia 270
de 1996, el rasero para determinar la validez de una cláusula arbitral ha cambiado. Con esta
nueva ley desapareció la transigibilidad de los derechos en disputa como criterio delimitador
de la competencia arbitral, correspondiéndole ahora al legislador señalar en forma general o
particular que asuntos son o no susceptibles de ventilarse por la vía arbitral, sin que le sea
posible desconocer, en tal función, las normas constitucionales y los límites que a la
autonomía de la voluntad fijan las normas de orden público. Pues bien, es precisamente eso
lo que acontece con la Ley 1258 de 2008, donde el legislador está definiendo expresa y
particularmente que los conflictos sociales pueden dirimirse por la justicia arbitral. Así las
cosas, si bien la Corte aclara este punto, siembra la duda con relación a qué sucede para las
demás sociedades en lo que tiene que ver el art. 194 del Co. de Co. anteriormente citado.
38 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 014 de 2010. Magistrado ponente: Mauricio González
Cuervo.
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