Revista Pesca agosto 2013

pero se hace con un recurso natural que es patrimonio
de la Nación y que debe ser regulado por el Estado
para que alcance a todos sus propietarios, o
sea todos los ciudadanos peruanos. Es por eso que
existen los impuestos y los derechos de pesca.
El problema es que analizando las cifras de los últimos
diez años, se aprecia que muy poco beneficio
práctico y real ha sido trasladado a los habitantes
del país, por lo menos en términos de alimentación.
Las condiciones de equilibrio económico se encuentran
muy ligadas a las condiciones legales de quienes
poseen acceso al recurso.
En situación de libre acceso el equilibrio se producirá
cuando el ingreso por unidad de captura se
iguala al costo promedio; esto es, cuando el ingreso
total sea igual al costo total. ¿Qué significa esto?
que los armadores y pescadores actuarán hasta que
los ingresos sean iguales a su costo; o hasta que la
renta de las pesquerías de sus stocks sea cero o se
disipe.
Estas circunstancias permiten subrayar lo siguiente:
Cada armador y pescador posee como criterio básico
y principal el hecho de que no tendrá en cuenta
el resultado de sus decisiones sobre el bienestar de
la sociedad;
No tiene en consideración el rendimiento del resto
de los pescadores o armadores, ni el crecimiento o
situación del stock;
El armador o pescador bajo libre acceso no tiene
incentivos para considerar dichas cuestiones, ya que
lo no capturado por él, será capturado por otro.
En consecuencia, cada armador, cada empresa pesquera,
cada pescador, actuarán guiados por la
maximización de su renta individual que le garantiza
obtener un ingreso neto superior al que le correspondería
en otras actividades alternativas.
En la medida que la industria pesquera peruana posee
una capacidad de capturas muy superior a la
tasa a la que los ecosistemas pueden reproducirse,
significa que los recursos hidrobiológicos así como
el capital no se están utilizando eficazmente.
De la misma forma, la globalización ha formalizado
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la desviación de la mayor parte de la producción pesquera
de los mercados locales y nacionales hacia los
mercados de exportación, lo que crea una triple preocupación:
1. Cómo se distribuyen los beneficios;
2. Como repercute y qué efectos genera sobre los
recursos hidrobiológicos, debido a la intensa
presión sobre los mismos.
3. Cómo afecta a la alimentación nacional el desvío
de sus recursos alimentarios hacia el extranjero.
La rápida innovación tecnológica que permite e incentiva
el incremento de las capturas debe obligar al Estado
a limitar y a imponer controles y límites a la pesquería.
La sobreinversión y la sobrecapitalización del
sector pesquero no son una responsabilidad del Estado,
sino del empresariado. Por tanto el éxito económico
de esas inversiones no pueden constituir argumento
alguno para ejercer mayor presión sobre las capturas.
De ahí la necesidad de regular y controlar el esfuerzo
pesquero, dentro del marco de una Política de Estado
que privilegie los intereses de la Nación antes que los
extranjeros.
Es necesario llevar a cabo políticas de gestión adaptadas
a los principios de precaución y de interés nacional.
En este escenario cabe preguntar si la capacidad de
producción de hidrobiológicos del Perú permite incrementar
su oferta exportable, que se verá presionada y
favorecida por la firma de tratados de libre comercio.
Es evidente que en el caso de harina de pescado producida
en base a anchoveta, no habrá posibilidad, (no
debería haberla por lo menos) de incrementar las cuotas
de captura, por lo cual no habría forma de incrementar
estas exportaciones.
En el caso de recursos destinados al Consumo Humano
Directo, a menos que se orienten capturas a nuevos
recursos o recursos subexplotados, tampoco habría
forma de producir un incremento de la oferta.