Accesibilidad en edificios de uso público CAPV - Garraioak

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ARARTEKO. INFORME EXTRAORDINARIO AL PARLAMENTO VASCO
más nítido entre las diversas administraciones, de forma que no dejen de
subvencionarse medidas de interés mientras otras acumulan ayudas de vías diversas.
2.4. Actividades de inspección y control de la accesibilidad
Se ha dicho ya que las principales competencias para controlar la accesibilidad de las
dependencias de uso público corresponden a los ayuntamientos, puesto que son responsables
de la concesión de las licencias de obra y apertura de todo edificio y/o
establecimiento público. Las diputaciones forales ostentan, sin embargo, una serie de
competencias de control e inspección sobre determinados servicios, como pueden ser
los centros para la prestación de servicios sociales, que resulta oportuno analizar en el
marco de este informe, por su incidencia sobre la garantía de la accesibilidad.
Efectivamente, pese a no ser el único ámbito en el que las diputaciones forales ostentan
competencias de control en materias relacionadas con la accesibilidad –también las
tienen en el campo del transporte o del urbanismo, por ejemplo–, su inclusión en este
capítulo se justifica por dos razones:
– se trata, por una parte, de un ámbito de actuación en el que, dado el actual mapa de
servicios, las diputaciones juegan un papel fundamental y en el que –a diferencia,
por ejemplo, del área de Transportes– se ha creado una amplia red de equipamientos
arquitectónicos, materia en la que se centra este informe;
– por otra, se trata de servicios ampliamente utilizados por personas con dificultades
de movilidad, lo que justifica que se le preste una atención preferente en el marco de
este informe.
Se ha intentado, por tanto, analizar en qué medida las actuaciones de autorización,
inspección y homologación de centros de servicios sociales por parte de las diputaciones
forales tienen en cuenta la cuestión de la accesibilidad y hasta qué punto redundan
en su mejora. La recogida de la información se ha realizado por medio de entrevistas
personales y consultas telefónicas con los responsables de los servicios de Inspección y
Control de los departamentos de Bienestar Social de las tres diputaciones.
Los mecanismos y procedimientos puestos en práctica por cada una de ellas se resumen
en el cuadro siguiente. Antes de proceder a su descripción es necesario, sin embargo,
realizar algunas consideraciones sobre el marco normativo que rige en la materia
y que afecta a la capacidad inspectora que se quiere describir. La Ley 5/1996, de 18
de octubre, de Servicios Sociales encomienda a las diputaciones las labores de inspección
y control de los programas, centros y servicios de su titularidad y de los municipales
que reciban aportaciones económicas forales específicas, así como de los privados
radicados en su territorio. Igualmente, la ley asigna a las diputaciones forales la competencia
sobre la autorización y homologación de los servicios y centros de naturaleza
privada radicados en su territorio. Hasta la fecha, sin embargo, sólo han sido objeto de
regulación las características que deben cumplir dos tipos de centros –los servicios
residenciales y los centros de día para la tercera edad–, incluyendo en esa regulación
especificaciones de obligado cumplimiento relativas a la accesibilidad. La carencia de