Accesibilidad en edificios de uso público CAPV - Garraioak

ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO
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– Muchas de las regulaciones promulgadas en los últimos cinco años se limitan a
recordar la obligatoriedad de cumplir los requisitos establecidos por la Ley
20/1997, lo que difícilmente puede considerarse como una medida normativa de
promoción de la accesibilidad.
– En otros casos, sin embargo, tal y como se ha señalado en el apartado relativo a las
diputaciones forales, la promulgación de normativa adicional en la materia sirve
para reforzar la legislación autonómica sobre accesibilidad, fundamentalmente en lo
que se refiere a edificios antiguos de uso público que, mientras no se sometan a
reformas o ampliaciones, no se ven afectados por la normativa que afecta al resto
de las instalaciones. Desde ese punto de vista, tal y como se ha hecho en lo que se
refiere a centros para la tercera edad, la promulgación de una normativa adicional,
de ámbito autonómico, en materias como la sanidad, la educación, los centros de
empleo o el resto de los servicios sociales redundaría en beneficio de las condiciones
de accesibilidad de este tipo de centros.
– También parece destacable la ausencia de mecanismos de control para el cumplimiento
de lo dispuesto en la normativa en cuanto a requisitos de accesibilidad,
que a menudo se dejan en manos de otros organismos con competencias en la
materia.
– Siete de los quince departamentos analizados, por otra parte, han articulado programas
subvencionales, tal y como establece la Ley 20/1997 de Promoción de la
Accesibilidad, por medio de los cuales pueden financiarse medidas en este campo.
Sin embargo, de los siete programas de subvenciones, sólo tres están diseñados
específicamente para financiar la adaptación de diversos tipos de edificios a los
requerimientos de la accesibilidad. Además, dos de ellos –correspondientes al Departamento
de Educación y al de Turismo– pueden ser consideradas como poco
relevantes, debido a su escasa cuantía (90.000 euros al año).
– Cabe destacar, además, que uno de los programas subvencionales básicos, el que la
Viceconsejería de Vivienda destina a subvencionar la redacción de planes de accesibilidad
o de obras en sus municipios, no agotó en su última convocatoria la partida
presupuestaria disponible, por no existir suficientes solicitudes. A ello se une el
hecho de que las mismas actuaciones son también subvencionadas, por lo menos,
por dos de las tres diputaciones forales. Todo ello obliga, cuando menos, a replantear
y racionalizar las políticas subvencionales puestas en práctica en este ámbito
concreto, evitando el solapamiento de ayudas y fomentando, en lo posible, la realización
de planes cuadrienales en los municipios que carecen de ellos.
– Pese a ser las diputaciones forales las responsables de la concesión de las ayudas
económicas individuales relacionadas con la accesibilidad, tres departamentos –los
de Sanidad, Vivienda y Agricultura– cuentan con una línea propia de ayudas individuales
para la adquisición de ayudas técnicas o para la adaptación de viviendas.
También en este aspecto parece necesario, por tanto, un esfuerzo de racionalización
y de coordinación que evite posibles solapamientos.
– El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales concentra la mayor parte del
resto de las actuaciones en materia de promoción de la accesibilidad. Puede decirse,
además, que existe un déficit en cuanto a la ausencia de manuales de buena
práctica, evaluaciones, guías de procedimientos, actividades divulgativas y de formación,
etc. que podrían llevarse a cabo desde los diversos departamentos del
Gobierno para promover y fomentar el derecho de las personas con movilidad
reducida a la accesibilidad.