Borrador de reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero ...

habla las lenguas oficiales que se utilicen, que será gratuita en el caso de que
careciese de recursos económicos.
c) Que el acuerdo de expulsión que pueda dictarse conllevará la prohibición
de entrada en España por un período mínimo de tres años y máximo de diez,
que será extensiva a los territorios de los Estados con los que España haya
suscrito acuerdo en ese sentido.
Artículo 140. Medidas cautelares en el procedimiento de expulsión
De conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 61 de la Ley Orgánica
4/2000, el instructor podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo
motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
En iguales términos que los establecidos en el artículo 111 del presente
Reglamento, el instructor podrá mantener la aprehensión de los bienes, efectos
o instrumentos que hayan servido para la comisión de la infracción prevista en
el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000.
Artículo 141. La resolución del procedimiento de expulsión, sus efectos y
ejecución
La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada, con
indicación de los recursos que contra la misma puedan interponerse, órgano
ante el que hubiera de presentarse y plazo para su presentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 119 de este Reglamento.
La resolución que acuerde la expulsión llevará consigo la prohibición de
entrada al territorio español por un período mínimo de tres años y máximo de
diez. Dicha prohibición de entrada se hará extensiva a los territorios de los
Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese sentido.
Igualmente la resolución conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier
autorización para permanecer en España de la que fuese titular el extranjero
expulsado, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por
objeto la autorización para residir o trabajar en España.
Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo
54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, y se hubiese procedido a la aprehensión de
bienes, efectos o instrumentos que hubiesen sido utilizados para la comisión de
la citada infracción, aquélla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos,
salvo cuando haya quedado acreditado que los expresados bienes pertenecen
a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido
legalmente.