Borrador de reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero ...

Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución
se adjudicarán al Estado, en los términos fijados por la Ley de Patrimonio de
las Administraciones Públicas.
Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo
54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000, y sin perjuicio de la expulsión acordada,
podrá contener pronunciamiento por el que se adopte la clausura del
establecimiento o local desde seis meses a cinco años.
Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en
procedimientos de tramitación preferente se ejecutarán de forma inmediata de
acuerdo con las normas específicas previstas en el presente Reglamento y en
la Ley Orgánica 4/2000.
Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en
procedimientos que no sean de tramitación preferente contendrán el plazo en
que el extranjero vendrá obligado a abandonar el territorio nacional, que en
ningún caso podrá ser inferior a setenta y dos horas.
Transcurrido dicho plazo sin haber abandonado el extranjero el territorio
nacional, los funcionarios policiales competentes en materia de extranjería
procederán a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que
haya de hacerse efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en
el plazo de setenta y dos horas desde el momento de la detención, el instructor
podrá solicitar de la autoridad judicial el ingreso del extranjero en los centros de
internamiento establecidos al efecto. El periodo de internamiento se mantendrá
por el tiempo imprescindible para ejecutar la expulsión, que no podrá
prolongarse en ningún caso más allá de cuarenta días, o hasta que se constate
la imposibilidad de ejecutarla en dicho plazo. No podrá acordarse un nuevo
internamiento sobre la base del mismo expediente de expulsión.
La ejecución de la resolución de expulsión se efectuará a costa del extranjero si
éste dispusiera de medios económicos. En caso contrario se comunicará dicha
circunstancia al representante diplomático o consular de su país, a los efectos
oportunos.
En caso de que el extranjero dispusiera de medios económicos y asumiera el
coste de la repatriación de manera voluntaria, el Delegado o Subdelegado del
Gobierno que hubiera dictado dicha resolución podrá acordar su revocación, de
oficio o a instancia de parte, si se cumplieran las siguientes condiciones:
que la infracción que haya motivado la resolución de expulsión sea la contenida
en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000,
que existan garantías suficientes o pueda comprobarse la realización de la
oportuna salida obligatoria prevista en el artículo 28.3.c) de la Ley Orgánica
4/2000, y
que el extranjero esté, por su nacionalidad, sometido a la obligación de visado
para cruzar las fronteras exteriores en aplicación de un acuerdo de régimen
común de visados, de carácter internacional, en el que España sea parte.