Borrador de reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero ...

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Si el extranjero formulase petición de asilo se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, de conformidad con lo establecido en la normativa de asilo. Igualmente, se suspenderá la ejecución de la expulsión en los casos de mujeres embarazadas cuando suponga un riesgo para la gestación o para la vida o la integridad física de la madre. Artículo 142.- Extranjeros procesados o inculpados en procedimientos por delitos o faltas De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000, cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al Juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación. En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos Juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considerará que consta acreditado en el expediente administrativo de expulsión la existencia de procesos penales en contra del expedientado, cuando sea el propio interesado quien lo haya acreditado documentalmente, o cuando haya existido comunicación judicial o del Ministerio Fiscal a los organismos policiales. Artículo 143. Comunicaciones en el procedimiento de expulsión La resolución de expulsión será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Embajada o Consulado del país del extranjero, y anotada en el Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de la Policía. Sección 2ª Normas procedimentales para la imposición de multas Artículo 144. Supuestos de aplicación del procedimiento para imposición de sanción de multa
Las normas procedimentales recogidas en esta Sección serán de aplicación cuando el infractor, cualquiera que sea su nacionalidad, realice alguna de las conductas tipificadas como graves o muy graves de las previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica 4/2000, sin perjuicio de los supuestos en que se pueda imponer la expulsión según lo dispuesto en el presente Título. En el supuesto de comisión de conductas tipificadas como leves, se aplicará lo dispuesto para el procedimiento simplificado. Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta la capacidad económica del infractor. Artículo 145. Contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento para imposición de sanción de multa El contenido mínimo del acuerdo de iniciación del procedimiento para imposición de sanción de multa será conforme lo dispuesto en el artículo 123 del presente Reglamento. Los demás trámites procedimentales, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes, serán los establecidos para el procedimiento ordinario contenidos en la Sección 1ª del Capítulo II del presente Título. Artículo 146. Medidas cautelares en el procedimiento para imposición de sanción de multa En iguales términos que los establecidos en el artículo 118 del presente Reglamento se podrá proceder a la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos que hayan sido utilizados para la comisión de la infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000. Cuando se siga expediente sancionador por alguna de las infracciones previstas en el artículo 54.2, párrafos b) y c) de la Ley Orgánica 4/2000, y los transportistas infrinjan la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, la autoridad gubernativa podrá acordar alguna de las siguientes medidas: Suspensión temporal de sus actividades, que no podrá exceder de un período de seis meses. Prestación de fianza o avales, en atención al número de afectados y el perjuicio ocasionado. Inmovilización del medio de transporte utilizado hasta el cumplimiento de la referida obligación.
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