ACCESO - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

23
Órgano Informativo del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Año 1, 2009
Contexto Electoral
ACCESO
a la Justicia Electoral
Flavio Galván Rivera
Sistema de representación
proporcional
Derechos fundamentales
de los candidatos
Beatriz Eugenia Galindo Centeno
De los derechos fundamentales
Igualdad y equidad de género
Georgina Reyes Escalera

TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación
Editorial
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como
máximo órgano jurisdiccional en la materia electoral, en el marco
de la comunicación, la política y la justicia, considera prioritario
contribuir a la formación, investigación y difusión de la materia, por ello
busca fomentar el desarrollo profesional, y colaborar en la impartición de
una justicia electoral objetiva y transparente que incremente la confianza
ciudadana en sus instituciones.
La revista Contexto Electoral, tiene como objetivo difundir entre los
líderes de opinión, los actores políticos y la ciudadanía en general, algunas
de las actividades que representan nuestro quehacer institucional, entre
ellas, la propuesta y divulgación de artículos de actualidad en la materia,
opiniones, debates, disensos, análisis y experiencias.
Esta revista constituye el medio de difusión de las Salas Regionales
del Tribunal Electoral, y representa un nuevo foro de expresión de quienes
colaboramos al interior de dicha institución. En esta ocasión, corresponde
a Sala Regional Monterrey, coordinar el contenido de este número, con
la colaboración de Sala Superior y Salas Regionales de este órgano
jurisdiccional.

DIRECTORIO
SALA SUPERIOR
María del Carmen Alanis Figueroa
Magistrada Presidenta
Constancio Carrasco Daza
Flavio Galván Rivera
Manuel González Oropeza
José Alejandro Luna Ramos
Salvador Olimpo Nava Gomar
Pedro Esteban Penagos López
Magistrados
SALA REGIONAL GUADALAJARA
José de Jesús Covarrubias Dueñas
Magistrado Presidente
Noé Corzo Corral
Jacinto Silva Rodríguez
Magistrados
SALA REGIONAL MONTERREY
Beatriz Eugenia Galindo Centeno
Magistrada Presidenta
Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz
Georgina Reyes Escalera
Magistrados
SALA REGIONAL XALAPA
Claudia Pastor Badilla
Magistrada Presidenta
Judith Yolanda Muñoz Tagle
Yolli García Alvarez
Magistradas
SALA REGIONAL DISTRITO FEDERAL
Eduardo Arana Miraval
Magistrado Presidente
Roberto Martínez Espinosa
Ángel Zarazúa Martínez
Magistrados
SALA REGIONAL TOLUCA
Santiago Nieto Castillo
Magistrado Presidente
Carlos A. Morales Paulín
Adriana M. Favela Herrera
Magistrados
Las opiniones expresadas en los artículos de esta revista
son responsabilidad exclusiva de los autores.
CONTEXTO ELECTORAL, órgano informativo del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, revista trimestral octubre/diciembre
de 2009. Editor Responsable: Octavio Mayén Mena y Argelia Zarahy
Cuevas Mendoza. Número de Certificado de Reserva otorgado por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-061610514900-102.
Número de Certificado de Licitud de Título: 14573. Número de Certificado
de Licitud de Contenido: 12146. Domicilio de la publicación: Avenida
Carlota Armero No. 5000, Colonia CTM Culhuacán, Delegación
Coyoacán, C.P. 04480, México, D.F. Imprenta: Litográfica Dorantes S.A.
de C.V., Oriente 241-A No. 29, Col. Agrícola Oriental, C.P. 08500, México,
D.F. Distribuidor, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
con el mismo domicilio.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MATERIAL
EDITORIAL E INFORMACIÓN. Esta publicación es de distribución gratuita.
Su tiraje es de 4,000 ejemplares.
ÍNDICE
INTERNACIONAL SALAS REGIONALES SALA SUPERIOR
CULTURA
ISSN en trámite.

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13
Acceso a la justicia electoral
Flavio Galván Rivera
Determinancia numérica en las
causales de nulidad de la votación
Regino Hernández Trujillo
18 Numeralia de los procesos
electorales locales
Gabriel Mendoza Elvira
23 Dos siglos de constitucionalismo
en México
José de Jesús Covarrubias Dueñas
25 Taller nacional de magistrados
electorales. Estudio y análisis del
marco jurídico-electoral a partir de la
reforma constitucional 2007
26 Democracia a medias
Enrique Basauri Cagide
29 Procedencia del JDC vs. actos de
la etapa de resultados y declaración
de validez
Francisco Daniel Navarro Badilla
32 Pabellón Formando Ciudadanos
Ruth Antonieta Mesta Aparicio
36 Informe Anual de labores
2008-2009
Sistema de representación
proporcional. Derechos
fundamentales de los candidatos
Beatriz Eugenia Galindo Centeno
De los derechos fundamentales
Igualdad y equidad de género
Georgina Reyes Escalera
Encuentro de Magistradas
Electorales de Iberoamérica
Yolli García Alvarez
Declaración
de Guadalajara
La interpretación
en la justicia electoral
José Martín Vázquez Vázquez
Breve reseña.
Caso ST-JDC-97/2008
Carlos A. de los Cobos Sepúlveda
Ilegalidad de los partidos políticos.
Casos internacionales
y el contexto en México
Luis Espíndola Morales
El Tribunal Electoral y la
capacitación internacional
Helen Patricia Peña Martínez
Nuestras colecciones
40
44
47
49
52
58
62
66
70

SALA SUPERIOR
Flavio Galván Rivera
Magistrado de Sala Superior
del TEPJF
4 CONTEXTO ELECTORAL

Noticias electorales
Principio de legalidad 1
y función jurisdiccional
Al explicar los principios rectores de la
materia electoral, como función o actividad
del Estado (artículo 41, párrafo segundo,
base V, de la Constitución federal)
ha quedado precisado que el principio
de legalidad es la piedra angular sobre la
que se erige la actual estructura electoral,
sustento indiscutible del sistema democrático
mexicano.
Su observancia plena y estricta tiene
importancia fundamental en todo Estado
de Derecho que, en consecuencia, debe
ser un Estado democrático, porque el principio
de legalidad significa la adecuación
de toda conducta, tanto de gobernantes
como de gobernados, al sistema jurídico
vigente.
En este orden de ideas, no constituye
una exageración, sino un acierto, aseverar,
de manera clara y contundente, que el
de legalidad es el principio de principios.
Así explicado, resulta evidente que el
principio de legalidad tiene una connotación
mucho más amplia que la garantía
constitucional de legalidad, prevista en el
artículo 16 de la Constitución general de
la república, porque ésta se refiere sólo a
la tutela o protección del individuo frente a
la actuación de las autoridades, fundamentalmente
al emitir actos de molestia;
en cambio, el principio de legalidad electoral
abarca toda actuación de las auto-
1
Cfr. Flavio Galván Rivera, Derecho Procesal Electoral
Mexicano, 2a. edición, México: Porrúa, 2006, pp. 90 y 91.
También se puede consultar, del mismo autor,
el trabajo intitulado “El principio de legalidad en
materia electoral”, en Tendencias contemporáneas
del Derecho Electoral en el mundo, Memoria del
II Congreso Internacional de Derecho Electoral,
Cámara de Diputados, LV Legislatura, Instituto
Federal Electoral, Tribunal Federal Electoral e
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
México, 1993, pp. 677-701.
ridades, electorales y no electorales, incluso
de los ciudadanos, individualmente
considerados o bien organizados en partidos
políticos, agrupaciones y todo tipo
de organizaciones de naturaleza o con
fines electorales; de los ciudadanos en
general o en su calidad de candidatos a
cargos de elección popular; de militantes,
simpatizantes o dirigentes de partidos
políticos; de observadores electorales o
en cualquier otra circunstancia o calidad
político-electoral.
Por tanto, es factible afirmar que el principio
constitucional de legalidad, supremo
principio rector en el ejercicio de la función
estatal electoral, no significa otra cosa que
el estricto cumplimiento de lo previsto en la
normativa jurídica vigente; la adecuación o
fidelidad a lo establecido en el sistema jurídico
vigente, respecto de toda actuación
de los ciudadanos, asociaciones, agrupaciones
y partidos políticos, así como de todas
las autoridades, electorales y no electorales,
siempre que su actuación tenga
efectos en la materia electoral.
En aplicación estricta del principio
de legalidad, resulta incuestionable que
toda controversia de intereses, de trascendencia
jurídica, que surja en la materia
electoral, bien por la actuación de
las autoridades, que cause agravio a los
ciudadanos, partidos políticos, agrupaciones
políticas o a otros sujetos de Derecho
e incluso por la actuación de los
partidos políticos, que cause agravio a
sus militantes, simpatizantes, adherentes,
candidatos, precandidatos o cualquier
otro sujeto de Derecho, con el cual
tengan relación jurídica de naturaleza
política o electoral, se debe someter al
conocimiento y determinación de las autoridades
electorales, administrativas o
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
5

SALA SUPERIOR
De la jurisdicción se puede
decir que es la función
soberana del Estado realizada
por conducto del órgano
jurisdiccional competente,
que tiene por objeto el
conocimiento y resolución,
mediante la aplicación del
Derecho, de los conflictos de
intereses de trascendencia
jurídica, calificados por la
pretensión de una parte y la
resistencia de la otra.
jurisdiccionales, locales o federales, según
sea el caso particular; sin mengua,
por supuesto, de agotar, por regla, en la
hipótesis correspondiente, los procedimientos
intrapartidistas de solución de
conflictos de intereses jurídicos.
Al hacer referencia sólo a un apartado
del sistema jurídico de solución de conflictos
de intereses entre partes, de trascendencia
jurídica, caracterizados por la
pretensión de una parte y la resistencia de
la otra, se torna indispensable exponer el
concepto de jurisdicción como actividad
del Estado, así como la noción de tribunal,
con especial referencia al que tiene competencia
en materia electoral.
En síntesis, de la jurisdicción se puede
decir que es la función soberana del
Estado realizada por conducto del órgano
jurisdiccional competente, que tiene por
objeto el conocimiento y resolución, mediante
la aplicación del Derecho, de los
conflictos de intereses de trascendencia
jurídica, calificados por la pretensión de
una parte y la resistencia de la otra. 2
Asimismo, del tribunal electoral, 3 desde
el punto de vista material, es factible
aseverar que es el órgano estatal jurisdiccional,
al que compete el cumplimiento de
la función pública o del Estado, consistente
en resolver, mediante la aplicación del
Derecho, las controversias de intereses,
de trascendencia jurídica, emergentes de
la actuación de los ciudadanos, organizaciones,
agrupaciones y partidos políticos,
así como de las autoridades, electorales y
no electorales, al participar, en forma mediata
o inmediata, en los procedimientos
político-electorales llevados a cabo con la
finalidad de renovar, periódica y democráticamente,
en el orden federal, a los depositarios
del Poder Ejecutivo y del Poder
Legislativo, con base en el voto libre, universal,
secreto, directo y personal, de los
ciudadanos.
Cabe destacar que similar situación
jurídica prevalece en los estados de la República
y en el Distrito Federal, para la renovación
periódica de los correspondientes
representantes populares o depositarios
del poder público, por cuyo conducto se
ejerce la soberanía popular.
Acción impugnativa
y acceso a la justicia
Como derecho fundamental de todo gobernado
está la facultad de recurrir a los
órganos jurisdiccionales del Estado para
exigir el cumplimiento de los deberes jurídicos
previstos a su favor o el respeto
y libre ejercicio de los derechos de que
es titular el enjuiciante. Esta es una de las
características insalvables de todo Estado
de Derecho, que necesaria e ineludiblemente
debe ser un Estado democrático,
2
Cfr. Flavio Galván Rivera, op. cit., pp. 116 y 848.
3
Ibidem, pp. 116 y 117.
6 CONTEXTO ELECTORAL

Noticias electorales
el cual algunos autores identifican como
Estado de Derecho democrático, con independencia
del orden de los vocablos.
Esta situación implica, por otra parte, la
proscripción e incluso la tipificación como
conducta ilícita de la venganza privada;
queda prohibida la actuación unilateral, voluntaria
y libre de los particulares para exigir,
incluso por la fuerza, el respeto de sus
derechos, bien para salvaguardar su titularidad
o su ejercicio, e incluso para exigir el
cumplimiento de los deberes establecidos
a favor de quien ejerce violencia, en contra
del que no los cumple, a pesar de estar previsto
jurídicamente su deber de cumplirlos.
Simultáneamente, el Estado genera
para sí el deber jurídico de establecer
los tribunales indispensables como órganos
imparciales del Estado para prestar
el servicio público de resolver, mediante
la aplicación del Derecho, los conflictos de
intereses, de trascendencia jurídica, que
surjan entre los gobernados e incluso entre
los gobernados y el Estado mismo.
Así, en el Sistema Jurídico Mexicano,
el artículo 17, párrafos primero y segundo,
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al respecto establece
literalmente:
Ninguna persona podrá hacerse justicia
por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa
e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando,
en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales.
Por tanto, si los gobernados no se pueden
hacer justicia a sí mismos, sino que
deben recurrir a los procesos y procedimientos
establecidos en el sistema normativo
vigente, para lo cual deben existir tribunales
del Estado dispuestos a resolver, conforme
a Derecho, los conflictos de intereses
jurídicos sometidos a su conocimiento
y decisión, resulta indispensable mencionar
el medio para recurrir a esos órganos
jurisdiccionales del Estado y decir cuál es
la realidad social del derecho de acceso
a la impartición de justicia.
Este medio, vía o derecho de ocurrir a
los tribunales del Estado se le denomina
acción, la cual, en todo Estado de Derecho,
se le considera un derecho constitucional,
como un derecho fundamental, que
tiene todo gobernado como integrante del
elemento humano del Estado.
En consecuencia, se puede sostener
que la acción procesal es el derecho o facultad
constitucional que tiene todo sujeto
de Derecho, con o sin personalidad jurídica,
de ocurrir ante el competente órgano
jurisdiccional del Estado, a hacer valer la
o las pretensiones que tenga en contra
de determinado o indeterminado sujeto de
Derecho; igualmente, con o sin personalidad
jurídica, con independencia de que le
asista o no la razón, porque ser o no titular
del derecho sustantivo en controversia
sólo es requisito sine qua non para obtener
sentencia favorable y no para poder
acceder a los órganos estatales de administración
de justicia. 4
Sin embargo, el ejercicio de este derecho
fundamental no es liso y llano; para
poder ocurrir ante los tribunales, el gobernado
debe cumplir determinados requisitos
4
Cfr., Flavio Galván Rivera, op. cit., p. 851.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
7

SALA SUPERIOR
y formalidades, según lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico procesal aplicable
al caso particular.
Por regla, los requisitos de procedibilidad
o presupuestos procesales están
vinculados con temas como la legitimación
procesal y la legitimación en la causa, es
decir, quién puede comparecer a juicio,
en defensa del interés propio o del interés
de otro y quién es el titular del derecho
sustantivo motivo de la controversia. Otro
tema es el interés jurídico, indispensable
para estar en aptitud de promover un juicio,
ya por agravio directo, resentido por
el demandante, o bien en tutela de un interés
difuso, colectivo o de grupo e incluso
en defensa del interés público, según
sea el caso concreto.
Tema de gran trascendencia es el tiempo
en el que se ejerce la acción, dado
que, por principio de seguridad jurídica,
el derecho a demandar en juicio no puede
ser imperecedero, no debe permanecer
ilimitadamente en el tiempo; debe existir
un límite temporal para ejercer una acción
procesal, de tal suerte que si ese lapso es
rebasado, sin ejercer el derecho de ocurrir
a los tribunales, este derecho se pierde, se
extingue por el transcurso del tiempo y la
conducta omisiva del gobernado; el derecho
se pierde por caducidad.
Asimismo, en los ordenamientos jurídicos
procesales se establecen determinados
requisitos de forma, cuyo incumplimiento
trae como consecuencia
la inadmisión o desechamiento de la demanda,
que no es otra cosa que la improcedencia
del juicio promovido y, por tanto,
la imposibilidad de llevar al tribunal el
conocimiento y decisión del fondo de la
controversia de intereses de trascendencia
jurídica.
Entre tales formalidades, por regla,
está la de presentar la demanda por escrito,
en la cual se debe señalar el nombre
del actor, además de requerir la firma autógrafa
del promovente, con independencia
de que éste sea el mismo actor o de
que promueva en representación de otro,
caso en el cual debe demostrar con los
adecuados elementos de convicción, que
tal representación lo legitima para promover
el juicio respectivo.
De gran trascendencia, en el ejercicio
de la acción impugnativa, 5 es la cuidadosa
expresión de conceptos de agravio
que, en muchas ocasiones, está revestida
de rigurosos requisitos de forma; más
aún cuando se promueve un medio de
impugnación de los considerados como
de estricto Derecho, toda vez que su incumplimiento
puede ser sancionado con
la improcedencia del juicio o recurso, es
decir, con la inadmisión de la demanda.
Queden los anteriores como ejemplo de
los presupuestos procesales comúnmente
establecidos en las leyes adjetivas, debiendo
atender, en cada caso, a lo previsto en
el ordenamiento jurídico aplicable, a fin de
no incurrir en alguna causal de improcedencia
y, por ende, de desechamiento de
la demanda.
5
En el Derecho Procesal se alude a la acción
impugnativa cuando el medio de defensa de los
gobernados se promueve para someter a juicio a la
autoridad que ha emitido un acto de molestia que el
enjuiciante considera no ajustado a la normativa jurídica
aplicable, ya de orden constitucional, legal o infralegal.
En este supuesto, el derecho del gobernado, de
ocurrir a los tribunales del Estado, no es para
demandar a otro gobernado, sino para poner en
tela de juicio la actuación de un órgano del mismo
Estado, a fin de someter al conocimiento y decisión
del juzgador la pretensión del actor, en el sentido de
revocar, anular o modificar el acto controvertido. Lo
que significa que el juicio es entre un gobernado y
un órgano de autoridad del Estado.
8 CONTEXTO ELECTORAL

Noticias electorales
A diferencia del análisis estrictamente
jurídico, de orden constitucional inclusive,
que implica la acción procesal, otro es el
tema del acceso a la justicia, es decir, de
la posibilidad real, social, efectiva, de que
el gobernado pueda ocurrir a los órganos
jurisdiccionales del Estado a solicitar la
aplicación del Derecho, en defensa de
sus derechos e intereses personales o incluso
de grupo o de clase, como también
puede ser.
El tema de acceso a la justicia, como
un aspecto socio-jurídico, está inmerso ya
no sólo en aspectos estrictamente jurídicos,
sino en otros menos abstractos, más
concretos, reales, tangibles e inmediatos,
más humanos, como son los de carácter
social, cultural, económico, político, quizá
religioso o de cualquier otra naturaleza.
Cabe citar, en vía de ejemplo, el conocimiento
o desconocimiento del Derecho y,
por tanto, la posible necesidad de asesoría
jurídica con la consecuente obligación de
pagar los honorarios respectivos; el conocimiento
o desconocimiento del idioma
español; el hecho de saber o no leer y escribir
español; la cercanía o distancia entre
el domicilio del gobernado y la sede del
tribunal respectivo y muchos otros más,
derivados de la realidad social.
Acceso a la justicia electoral
Expuestos, de manera sintetizada, temas
de tanta relevancia jurídica como el principio
de legalidad en materia electoral
y otros de naturaleza procesal, como la
acción, la jurisdicción y el proceso, enfrentados
a la realidad social, de acceso
efectivo a los tribunales del Estado para
resolver, mediante la aplicación del Derecho,
las controversias de intereses de
trascendencia jurídica, cualificadas por
la pretensión de una parte (demandante)
y la resistencia de la otra (demandada o
autoridad responsable); resulta oportuno
citar, sólo en vía de ejemplo, la actuación
y criterios de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
para hacer posible el acceso de
los justiciables a la impartición de justicia
electoral.
Conforme a la moderna Doctrina Jurisdiccional,
caracterizada por su naturaleza
garantista, la Sala Superior del TEPJF
ha dictado múltiples sentencias y emitido
diversos criterios que se distinguen por
haber facilitado e inclusive ampliado las
hipótesis de procedibilidad de los medios
de impugnación y, en consecuencia, el
acceso a la justicia, para el mayor número
de sujetos de Derecho Electoral, sin tergiversar
la letra de la ley y la intención del
legislador, constitucional o legal.
A manera de ejemplo se citan los siguientes
casos:
1. Legitimación de las autoridades electorales
locales para impugnar. 6 La Sala
Superior ha considerado legitimadas,
en términos del artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de promover el recurso
de apelación, fundamentalmente conforme
a lo previsto en los artículos 40,
45 y 47, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia
Electoral (LGSMIME), a las autoridades
electorales locales, administrativas y
6
El criterio está contenido en la tesis de
jurisprudencia 19/2009, cuyo rubro es “APELACIÓN.
LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN
LEGITIMADAS PARA IMPUGNAR LA ASIGNACIÓN
DE TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN”, aprobada
por la Sala Superior en sesión pública celebrada el
doce de agosto de dos mil nueve.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
9

SALA SUPERIOR
jurisdiccionales, siempre que se trate
de controvertir actos de los órganos
del Instituto Federal Electoral, que
consideren violatorios de su derecho
constitucional de acceso a radio y televisión,
de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41, párrafo segundo, base
III, apartado A, inciso g), de la misma
Carta Magna que, en su parte conducente,
es al tenor siguiente:
Con independencia de lo dispuesto en
los apartados A y B de esta base y fuera
de los períodos de precampañas y campañas
electorales federales, al Instituto
Federal Electoral le será asignado hasta
el doce por ciento del tiempo total de que
el Estado disponga en radio y televisión,
conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad;
del total asignado, el Instituto
distribuirá entre los partidos políticos nacionales
en forma igualitaria un cincuenta
por ciento; el tiempo restante lo utilizará
para fines propios o de otras autoridades
electorales, tanto federales como de las
entidades federativas...
El argumento fundamental fue el mismo
que ya existía desde el Derecho
Romano, ser titular de un derecho, que
no está protegido con la posibilidad de
defenderlo en juicio es tanto como no
tenerlo. Si el respeto o el ejercicio del
derecho subjetivo, constitucionalmente
otorgado a las autoridades electorales
de los Estados y del Distrito Federal,
tanto administrativas como jurisdiccionales,
no puede ser defendido en juicio
electoral, resulta tan ineficaz como
el hecho mismo de no tenerlo, con la
agravante, en este particular, de hacer
nugatorio lo previsto expresamente en
el precepto de la Ley Suprema de la
Federación, que ha quedado transcrito,
en su parte conducente.
2. Permanencia en el cargo. 7 La posibilidad
de impugnar actos que atenten
contra la permanencia de los representantes
populares en el desempeño del
cargo para el cual fueron electos, es
actualmente un tema en estudio y discusión,
a partir de la premisa de que el
derecho a ser votado no se agota con
la posibilidad de ser designado candidato
para contender en una elección
popular; abarca también el derecho
a ser proclamado candidato electo o
triunfador, si se obtiene válidamente
el mayor número de votos, emitidos
por los ciudadanos; implica también el
derecho de acceder al desempeño del
cargo, para el cual ha sido electo y, en
opinión del suscrito, también incluye
el derecho a permanecer en el cumplimiento
de las funciones inherentes al
cargo, por todo el período previsto en
la legislación aplicable, a menos que
exista causa jurídicamente justificada
para la separación respectiva, lo cual
debe quedar debidamente acreditado
en juicio, para el caso de controversia.
7
Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior, al
emitir sentencia en los juicios para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano
SUP-JDC-79/2008 (Pijijiapan, Chiapas)
y SUP-JDC-1120/2009 (Villa Zaachila, Oaxaca).
10 CONTEXTO ELECTORAL

Noticias electorales
3. Suplencia total de la queja para el
caso de demandantes indígenas. 8 Para
determinar la procedibilidad del juicio
para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano,
cuando es promovido por integrantes
de comunidades o pueblos indígenas,
en el que se controvierta el posible
menoscabo de su autonomía política
o de los derechos individuales de naturaleza
político-electoral de alguno o
algunos de sus integrantes, todo ello
en el contexto del sistema de usos y
costumbres, 9 la autoridad jurisdiccional
electoral debe no sólo suplir la
deficiencia en la expresión de los conceptos
de agravio, sino incluso llegar
a la denominada, por la Sala Superior
del Tribunal Electoral, “suplencia total”,
a fin de garantizar el acceso a la justicia
electoral, así como la eficacia plena
de los derechos político-electorales de
los integrantes de las comunidades
indígenas.
la legitimación para ejercer la acción
de inconstitucionalidad, a fin de controvertir
leyes electorales, federales y
locales, según lo previsto en el artículo
105, fracción II, inciso f), de la Constitución
federal, concediendo el derecho
de impugnación no sólo a los partidos
políticos, nacionales y locales, según
el caso, sino también a los ciudadanos,
a las agrupaciones políticas y a
cualquier otra forma de organización
de los ciudadanos, siempre que tenga
fines político-electorales, con lo cual se
lograría un mejor acceso a la justicia
electoral.
Queden, por el momento, las anteriores
anotaciones como un avance de lo
que puede ser un estudio más amplio.
4. Una propuesta inquietante. Aunado
a todo lo anterior, el autor de este
opúsculo considera que, para tener
un sistema integral de defensa de los
derechos político-electorales del ciudadano,
individualmente considerado
u organizado en forma distinta a los
partidos políticos, se debe ampliar
8
Este criterio ha dado origen a la tesis de
jurisprudencia 13/2008, cuyo rubro es
“COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE
LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES
PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES”, aprobada
por la Sala Superior, en sesión pública celebrada el
primero de octubre de dos mil ocho.
9
El régimen por usos y costumbres o Derecho
Consuetudinario para las comunidades indígenas,
en materia político-electoral, está previsto en el
artículo 2º, apartado A, fracción III, de la Constitución
General de la República.
La autoridad jurisdiccional
electoral debe no sólo
suplir la deficiencia en la
expresión de los conceptos
de agravio, sino incluso
llegar a la denominada, por
la Sala Superior del Tribunal
Electoral, “suplencia total”, a
fin de garantizar el acceso a la
justicia electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
11

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Noticias electorales
Determinancia
numérica
en las causales
de nulidad de la votación
Regino Hernández Trujillo
Magistrado del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
13

SALA SUPERIOR
Necesidad de revalorar
su aplicabilidad
PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN,
AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPEC-
La Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral (LGSMI-
ME) y la ley de impugnaciones electorales
del Estado de Guerrero, prevén un catálogo
de causales por las que es posible decretar
la nulidad de la votación recibida en las
mesas directivas de casilla; nulidad que trae
como consecuencia que la votación tildada
de nula no forme parte del cómputo final de
votos de la elección de que se trate.
En este sentido, el sistema de nulidades
en materia electoral tiende a garantizar que
las elecciones de senadores, diputados federales
y locales, Presidente de la República,
gobernadores y ayuntamientos, se
realicen dentro de procesos
TIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE
EXPRESAMENTE. (LEGISLACIÓN DEL ES-
TADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”.
En dicha tesis, la Sala Superior sostiene
que la nulidad de los sufragios recibidos en
una casilla se justifica solamente si el vicio o
irregularidad a que se refiere la causa invocada
es determinante para el resultado de
la votación, y que el elemento determinancia
siempre está presente en las hipótesis
de nulidad de manera expresa o implícita.
Pero ¿qué es la determinancia? La Ley
del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral del Estado de Guerrero y
la General, que prevén y regulan las causales
por las que pro-
electorales regidos por
cede la nulidad de
La declaratoria de
los principios de certeza,
la votación recibida
nulidad de la votación
legalidad, independencia,
en una casilla, no
recibida en casilla está
imparcialidad y objetividad;
la definen; tampoco
sujeta, imperiosamente,
y así, evitar que la designación
señalan cuándo se
a la actualización
de los representantes o satisfacción de la
actualiza, ni cómo
del pueblo se sustente en hipótesis normativa
debe establecerse
elecciones plagadas de de nulidad y, en
con relación al resultado
múltiples irregularidades esencia, en el elemento
de la votación
que atenten contra los mencionados
principios en que
se cimienta la función de organizar
elecciones.
conocido hasta ahora
como determinancia.
recibida en una casilla
para declarar su
nulidad; no obstante
señala de manera
La declaratoria de nulidad de la votación
recibida en casilla está sujeta, imperiosamente,
a la actualización o satisfacción de
la hipótesis normativa de nulidad y, en esencia,
en el elemento conocido hasta ahora
como determinancia; así lo ha establecido
la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en el criterio
jurisprudencial titulado: “NULIDAD DE
SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA.
LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTEN-
TE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE
expresa algunas de las causales de nulidad
de votación.
Lo anterior, ha motivado que la determinancia
en materia de nulidad de votación
estuviera sujeta a un margen de arbitrio interpretativo
respecto de los hechos cuestionados
y de las pruebas para acreditarla.
Imprecisión ante la cual, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación,
como máxima autoridad jurisdiccional en la
materia, se encargó, a través de la Sala Superior,
de fijar en diversas resoluciones los
14 CONTEXTO ELECTORAL

Noticias electorales
parámetros que deben tomarse en cuenta
para establecer la determinancia prevista
en la ley electoral.
Así, según la Sala, existen dos clases de
determinancia: una cuantitativa y otra cualitativa,
dependiendo la causal de nulidad
de la votación que se actualice. La primera
se refiere al número de votos computados
irregularmente, y que trasciende al resultado
de la votación recibida en una casilla,
porque al restar dicha irregularidad numérica
al partido que ocupó el primer lugar, o
sumársela al que obtuvo el segundo, aquél
deja de tener el primer sitio de la votación,
o se produce un empate en el mismo. Y la
segunda clase de determinancia, consiste
propiamente en que la irregularidad o vicio
a que alude la causal invocada vulnere el
principio de certeza jurídica, rector en los
actos electorales.
En ambos casos, debe declararse la nulidad
de la votación recibida en la casilla de
que se trate.
La forma en que se ha concebido el concepto
y la aplicación de la determinancia
como elemento esencial para declarar la
nulidad de la votación recibida en casilla, se
considera inapropiada en la medida de que
no se toma en consideración la diversidad
de hechos que pueden suscitarse en el ejercicio,
en la recepción y en la contabilización
de la votación cuestionada de nula.
Así, la conceptualización de la determinancia
cuantitativa se sustenta en meras
presunciones limitadas, esto es, en algunos
hechos inciertos o probables. Por ejemplo, el
número de votos computados irregularmente
no siempre puede corresponder al partido
que obtuvo el primer lugar, como para que se
estime que deban restársele de su votación.
Puede existir la posibilidad de que esos votos
hayan sido emitidos a favor del segundo
lugar, o incluso, de los demás partidos que
contendieron en la elección conducente, o
a favor de todos ellos. De ahí que no pueda
tenerse la certeza de que los votos irregulares
hayan contado para el partido que obtuvo
el triunfo en la casilla; por lo que sería
injusto aplicar la determinancia numérica en
esos términos conceptuales.
En cuanto a la intelección de la determinancia
cualitativa, ésta también parte
de una base subjetiva, pues para algunos
juzgadores sería factible que ciertas irregularidades,
o vicios desarrollados durante la
jornada electoral en las casillas, o durante
el proceso electoral, les origine duda respecto
de la veracidad de esos actos; pero
para otros no, apoyados en el principio de
conservación de los actos válidamente cele-
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
15

SALA SUPERIOR
brados, recogido en el aforismo latino “lo útil
no puede ser viciado por lo inútil”.
La deficiencia conceptual e interpretativa
que se le ha dado a la determinancia como
elemento de nulidad de votación recibida en
casilla, genera la necesidad de que los legisladores
federales y estatales establezcan
en las leyes general y local de impugnaciones
electorales, la definición exacta, amplia,
clara y acorde a la realidad social y política
de lo que debe entenderse por dicho elemento,
en aras de que se tenga absoluta
certeza cuando sea procedente decretar la
anulación de la votación recibida en casilla,
por irregularidades o vicios acontecidos durante
la jornada electoral.
Otra posibilidad de corregir esa problemática,
lo es el que la Sala Superior del TEPJF
emita nuevo criterio jurisprudencial en torno
a la definición y aplicación de la determinancia,
bajo los términos ya indicados.
EI derecho electoral, como ciencia, necesariamente
tiene que evolucionar, a fin de
que las normas de la materia regulen cada
vez más eficientemente los fenómenos sociales
y políticos relacionados con las elecciones;
pero, sobre todo, para garantizar la
convivencia pacífica de la población en
la elección de sus gobernantes, que es el
fin primordial de este derecho.
Sólo con reglas claras y específicas
contaremos con gobernantes fortalecidos y
comprometidos con la sociedad. Se ha dicho
que el problema no son las leyes, ni las
instituciones, sino las personas encargadas
de aplicarlas y de representarlas, respectivamente.
Sin embargo, considero que es
importante contar con instrumentos jurídicos
eficaces y acordes con la realidad que se
vive, que permitan no sólo llevar a cabo procesos
electorales pacíficos, sino que éstos
se efectúen necesariamente conforme a los
principios constitucionales de certeza, objetividad
y legalidad.
Sólo con reglas
claras y específicas
contaremos con
gobernantes fortalecidos
y comprometidos con
la sociedad.
Propuesta
En este contexto, pondero que en la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado, que prevé el capítulo
relativo a las causales de nulidad de
la votación recibida en la casilla, se suprima
de dichas causales la determinancia numérica
de los votos computados o emitidos de
manera irregular.
Este planteamiento se basa en que los
votos computados o recepcionados indebidamente
no tienen por qué afectar el resto
de la votación emitida de modo adecuado en
la casilla, y se sustenta en el principio de
16 CONTEXTO ELECTORAL

Noticias electorales
derecho que reza: lo útil no puede ser viciado
por lo inútil.
La propuesta que ahora planteo rompe
con el esquema de nulidades de la votación,
en lo que a la determinancia numérica se refiere.
Considero que existen razones suficientes
que la sustentan, sobre todo, que la propuesta
está encaminada a salvaguardar, proteger y
privilegiar el voto ciudadano depositado válidamente
en las urnas, que es lo que debe
privilegiarse de manera fundamental.
La idea se expone en el sentido de que
no debe anularse la votación recibida en las
casillas cuando exista error aritmético en el
cómputo de los votos, o éstos se hayan recepcionado
irregularmente, pues no es de
justicia que por cierta irregularidad numérica
de votos tenga que anularse la totalidad
de votación recibida en la casilla, en perjuicio
de los ciudadanos que acudieron a la
misma y ejercieron debidamente su derecho
de sufragio.
En otras palabras, unos cuantos votos
computados o recepcionados indebidamente
no tienen por qué afectar el resto de los
sufragios que sí se emitieron o computaron
correctamente en la casilla.
Por ejemplo, si el día de la jornada electoral
acudieron a votar 600 electores en la
casilla X, y los funcionarios de la misma incurrieron
en un error al computar indebidamente
cinco votos, o permitieron votar a ese
mismo número de personas, sin que éstas
contaran con credencial para votar; tal situación,
en el supuesto de que fuera significativo,
por ser determinante para el resultado
de la votación, no tendría por qué afectar
la demás votación recepcionada de forma
válida, que en el caso resultan ser 595 votos
y que tendrían que anularse no obstante de
haberse emitido de manera legal.
EI hecho de que se estime que la irregularidad
numérica de votos es determinante
En otras palabras,
unos cuantos
votos computados
o recepcionados
indebidamente no tienen
por qué afectar el resto
de los sufragios que sí se
emitieron o computaron
correctamente en
la casilla.
para el resultado de la votación recibida en
la casilla, porque al restar los votos irregulares
al partido que obtuvo el primer lugar,
éste empata con otro partido o pasa a
ocupar el segundo sitio de la votación, tal
circunstancia no es razón ni motivo suficiente
para anular toda la votación recibida en la
casilla, pues, en todo caso, en aras de privilegiar
la voluntad ciudadana depositada
válidamente en la urna, considero que debe
efectuarse un nuevo cómputo de la votación
directo del paquete electoral, o en su defecto
realizar únicamente la recomposición
numérica, suprimiendo, en el peor de los
casos, los votos irregulares al partido que
obtuvo el primer lugar, mas no proceder a
la anulación de toda la votación recibida en
la casilla, como se ha estilado en la práctica
jurídica electoral, cuando se está en el supuesto
en comento.
Que el planteamiento anterior sirva para
motivar una revaloración de las causales de
nulidad de la votación recibida en casilla,
por cuanto a la determinancia numérica se
refiere, puesto que, en mi opinión, considero
que ha sido significativa la cantidad de votos
válidos que en cada elección se han tenido
que anular por virtud de la determinancia
numérica, lo cual evidentemente ha repercutido
en la voluntad ciudadana expresada
en la urnas el día de la jornada electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
17

SALA SUPERIOR
NUMERALIA
de los procesos electorales locales
Gabriel Mendoza Elvira
Coordinador de Jurisprudencia
y Estadística Judicial
2009*
El pasado 5 de julio, de manera
concurrente con la federal, se llevó
a cabo la jornada electoral para la
renovación ordinaria de diversos cargos
de elección popular en Campeche, Colima,
Estado de México, Guanajuato, Jalisco,
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora y el Distrito Federal, en tanto
que el 18 de octubre se celebró la jornada
electoral en los estados de Coahuila y Tabasco.
Además se celebraron elecciones
extraordinarias en algunos ayuntamientos
de los estados de Hidalgo, Quintana Roo y
Guerrero. 1
Procesos
electorales
locales 2009
Sin proceso electoral
Gobernador, ayuntamientos y diputados
Ayuntamientos y diputados
Ayuntamientos
Extraordinario
* La información objeto de este artículo comprende
del 1 de noviembre de 2008 al 31 de octubre de
2009, similar periodo al utilizado para el informe de la
Presidencia del Tribunal.
1
Un total de 1,337 cargos de elección popular:
6 gubernaturas (Campeche, Colima, Nuevo
León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora), 328
diputaciones por el principio de mayoría relativa, 217
más por el principio de representación proporcional y
786 ayuntamientos.
18 CONTEXTO ELECTORAL

Tesis
Conforme con lo establecido en la ley,
los asuntos vinculados con elecciones de
gobernador son competencia de Sala Superior,
mientras que aquellos relacionados con
ayuntamientos y congresos locales son competencia
de Salas Regionales. 2 Cabe señalar
que el Tribunal Electoral es la última instancia
para la solución de controversias generadas
por dichos procesos, ya que cada entidad federativa
cuenta con órganos locales capaces
de dirimir las controversias que se susciten.
En este contexto, el Tribunal Electoral ha
recibido 12,997 medios de impugnación 3
relacionados con los procesos locales, 4
de los cuales 129 se relacionan con actos de
preparación de la elección, 47 con precampañas,
520 con los procedimientos internos
de selección de candidatos de los partidos
políticos, 362 con registro de candidatos,
74 con campaña y 11,865 con resultados
electorales.
Asuntos vinculados con procesos locales por etapa
Asuntos vinculados con procesos locales por etapa
47
.4%
74
.6%
129
1%
520
4%
362
3%
11,865
91%
Actos de preparación
Proceso Interno de selección de candidatos
Campañas
Precampaña
Reg. de candidatos
Resultados
2
La competencia de las Salas Regionales es
de acuerdo con las cinco circunscripciones
plurinominales: Sala Regional Guadalajara
(I Circunscripción) incluye Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco,
Nayarit, Sinaloa y Sonora; Sala Regional Monterrey
(II Circunscripción) a Aguascalientes, Coahuila,
Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí,
Tamaulipas y Zacatecas; Sala Regional Xalapa (III
Circunscripción) comprende Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán;
Sala Regional Distrito Federal (IV Circunscripción)
incluye al Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla
y Tlaxcala, y Sala Regional Toluca (V Circunscripción)
a Colima, Estado de México, Hidalgo y Michoacán.
Cabe destacar que la mayor cantidad de
medios de impugnación recibidos corresponden
a Jalisco y Estado de México, 11,203 y
805 asuntos, respectivamente, que divididos
entre el número de cargos renovados resulta
en 68.3 y 4.0 medios de impugnación por
cargo.
3
Además, se recibieron 771 asuntos generales
y 5,252 solicitudes de facultad de atracción de
Sala Superior, también relacionados con procesos
electorales locales, los cuales no se cuentan como
medios de impugnación, ya sea porque no se trata
propiamente juicios o recursos o éstos finalmente se
recondujeron a la vía idónea.
4
Cabe mencionar que aún podrían recibirse asuntos
relacionados con los resultados electorales de los
estados de Coahuila y Tabasco por la fecha en la
que se llevaron a cabo las elecciones.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
19

SALA SUPERIOR
En el resto de estados que celebraron
comicios electorales, se recibió un promedio
de 1.1 impugnaciones por cargo renovado.
En el caso de Jalisco 10,793 (83%)
medios corresponden al cúmulo de juicios
relacionados con los resultados electorales
de los municipios de Gómez Farías (5,666
medios: 5,662 JDC y 4 JRC) y San Cristóbal
de la Barranca (2,270 medios: 2,266 JDC
y 4 JRC), así como del distrito local 17 en
Jocotepec (2,857 JDC). Por lo que hace al
Estado de México, se recibió un bloque de
432 asuntos presentados por ciudadanos
para impugnar la asignación de diputados
de representación proporcional.
De los 11,865 medios relacionados con
resultados electorales, 95.8% (11,363) corresponde
a juicios para la protección de los
Cuadro 1. Medios de impugnación por estado
Entidad
Número de medios
de impugnación
Cargos a elegirse
Medios por cargo
Jalisco 11,203 164 68.3
Estado de México 805 200 4.0
Distrito Federal 132 82 1.6
Colima 57 36 1.6
Nuevo León 127 94 1.4
Coahuila 93 69 1.3
Querétaro 57 44 1.3
Tabasco 66 52 1.3
San Luis Potosí 107 86 1.2
Quintana Roo 1 1 1.0
Sonora 101 106 1.0
Guanajuato 76 82 0.9
Morelos 49 63 0.8
Hidalgo 51 84 0.6
Guerrero 53 127 0.4
Campeche 19 47 0.4
derechos político-electorales de los ciudadanos,
4% (473) a juicios de revisión constitucional
electoral y 0.2% (29) a recursos
de reconsideración. Dichos asuntos fueron
resueltos en su mayoría en menos de seis
días, ya que la fecha de recepción estaba
muy próxima a la toma de posesión de los
cargos respectivos.
Del total de juicios o recursos recibidos,
12,934 ya fueron resueltos y sólo 0.005% (63)
20 CONTEXTO ELECTORAL

Tesis
60%
Proporciones de cargos impugnados por Sala Regional
Proporciones de cargos impugnados por Sala Regional
50%
Todas las Salas: 39.8%
% de cargos impugnados
40%
30%
20%
59.9%
46.1%
32.3%
30.9%
10%
21.2%
0%
Guadalajara Monterrey Xalapa D.F. Toluca
Sala Regional
permanecen en sustanciación. En cuanto al
sentido de la resolución, en 348 medios de
impugnación se concedió la razón al actor,
causando la modificación de 20 resultados
electorales, de los cuales, sólo en 6 se originó
el cambio de ganador (0.45% de los
1,337 renovados).
Del resto, 2,385 se resolvieron mediante
acuerdo, 5 8,710 fueron desechados, 722
sobreseídos, 29 se tuvieron por no presentados
y en 740 se confirmó el acto o resolución
impugnado.
Sentido de resolución de los medios
de impugnación relacionados con los
procesos electorales locales
Resoluciones donde hubo cambio de ganador
Sentencia Fecha Entidad Elección Municipio /Distrito
ST-JDC-396/2009 01/09/2009 Estado de México Diputados RP Circunscripción local
SG-JRC-203/2009 31/08/2009 Sonora Ayuntamiento Caborca
SM-JRC-141/2009 29/08/2009 Nuevo León Diputados MR Distrito VI de Monterrey
ST-JRC-144/2009 01/09/2009 Estado de México Diputados RP Circunscripción local
SUP-JRC-165/2008 26/12/2008 Guerrero Ayuntamiento Acapulco de Juárez
SDF-JRC-53/2008 29/12/2008 Guerrero Ayuntamiento San Marcos
5
Esto significa cambios de vía procesal o envío a
otra Sala por ser de su competencia o por haberse
ejercido la facultad de atracción.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
21

SALA SUPERIOR
Los estados de Campeche, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Colima
tuvieron elecciones para gobernador. Sala
Superior recibió 53 asuntos vinculados con
dichos procesos: 17 relacionados con la
etapa de precampaña, 11 con los procesos
internos de selección de candidatos, 1 con
el registro de un candidato, 18 con campaña
y 6 con los resultados electorales, de los
cuales 5 se refieren a la elección del gobernador
de Sonora y uno de San Luis Potosí.
Sala Regional Monterrey recibió 4 juicios
relacionados con campaña y precampaña
para gobernador, los cuales fueron remitidos
a Sala Superior por ser de su competencia.
En cuanto a las elecciones de diputados
y ayuntamientos, restando los casos Gómez
Farías, San Cristóbal de la Barranca y Jocotepec,
Jalisco, en que pudiera decirse que
Proporción de medios de impugnación
por cargo
Proporción de medios de impugnación por cargo
se dio el caso de presentación masiva de
juicios, el 39.2% se refirieron a asuntos relativos
a la renovación de congresos locales,
en tanto que 58.1% de ayuntamientos.
22 CONTEXTO ELECTORAL

Guadalajara
Dos siglos de
constitucionalismo
en México
Reseña
José de Jesús Covarrubias Dueñas
Magistrado Presidente
Sala Regional Guadalajara
El pasado 4 de diciembre se presentó,
en el marco de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara 2009, la
obra Dos Siglos de Constitucionalismo en
México, del autor José de Jesús Covarrubias
Dueñas y publicada por Editorial Porrúa.
En el evento estuvieron presentes en la
mesa principal los magistrados Salvador O.
Nava Gomar y Noé Corzo Corral, miembros
de la Sala Superior y de la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, respectivamente.
El libro contiene ocho apartados: antecedentes,
desde 1810 hasta 1857; la Constitución
de 1917; modificaciones a los artículos constitucionales,
y cambios a los artículos transitorios,
1917–1921 hasta la fecha; modificaciones
a los artículos transitorios; texto vigente de la
Constitución Política de México; cronología
de los elementos constitucionales paradigmáticos;
análisis de las reformas; y bibliografía
básica utilizada.
En el texto se puede apreciar que hemos
tenido varias Normas Rectoras, como
lo fue la Constitución de Cádiz, el proyecto
del Imperio de Iturbide, la Constitución Federal
de 1824, las Centralistas de 1836 – 37
y la de 1843, el Acta de Reformas de Otero
de 1847, la Constitución Federal de 1857, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
23

SALAS REGIONALES
Imperio de Maximiliano de 1865 y la Constitución
vigente de 1917.
A través del estudio que hace el autor se
pone de manifiesto que las normas rectoras
que hemos tenido han sido impuestas por
los grupos de poder en turno, sin consultar
al pueblo, quien debe ser el gran legislador
de la República; por tanto, se evidencia que
no existe un proyecto nacional o que los
mexicanos no hemos tenido la capacidad
de organizar al Estado habiendo consensuado,
de manera previa, el documento rector
o Constitución.
Otro elemento claro es que dichas normas
rectoras no han sido decididas por todos
los grupos políticos y clases sociales, lo
que ha implicado que los grupos dominantes
no escuchen a los dominados, los cuales
se convierten en conspiradores permanentes
contra dicho orden constitucional.
Respecto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917, de 1921 a
la fecha, se han modificado 101 artículos en
477 ocasiones; lo cual, sumado a las aclaraciones,
fe de erratas y artículos transitorios,
arroja una suma superior a 900 cambios al
documento original, por tanto, se considera
que el proyecto de la Revolución de 1910 ha
sido trastocado.
Por ello, se concluye en la Necesidad de
una norma rectora para México 2010–2017,
que a partir de las investigaciones de los juristas
Rafael Covarrubias Flores y José de
Jesús Covarrubias Dueñas; con el objetivo
primordial de que los mexicanos elaboremos
un destino común y que los dirigentes
protejan los valores, principios e intereses
de la nación.
En la presentación del libro el magistrado
Salvador O. Nava Gomar expresó que
éste “hace precisas referencias a las normas
jurídicas mexicanas que no estaban
sistematizadas en el pasado” y explicó que
la cronología de los elementos constitucionales
conforma “una referencia histórica
espléndida”.
Asimismo apuntó que la obra “estudia
desde el campo de Hidalgo, donde se declara
abolida la esclavitud, hasta el mensaje
y proyecto de Constitución de Carranza,
conformando una obra sumamente rica”.
24 CONTEXTO ELECTORAL

PUEBLA-2.indd 1 9/12/09 22:40:34
Taller
Nacional de
Magistrados Electorales
Estudio y análisis del marco jurídico-electoral
a partir de la reforma constitucional 2007
El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación y el Fondo Nacional
para el Fortalecimiento y Modernización
de la Impartición de Justicia llevaron
a cabo el “Taller Nacional de Magistrados
Electorales: estudio y análisis del marco
jurídico-electoral a partir de la reforma constitucional
2007” en la ciudad de Puebla, los
días 10 y 11 de diciembre de 2009.
Este taller es la sexta edición de un
recorrido que contempló cinco talleres
regionales, los cuales se realizaron con
éxito y dejaron clara evidencia de que los
magistrados electorales del ámbito federal y
de las 32 entidades federativas se reúnen a
reflexionar en torno a los marcos normativos
del país.
Asimismo, se tiene como objetivo que los
impartidores de justicia electoral de todo
el país, desde sus respectivos ámbitos de
competencia, intercambien puntos de vista
y analicen las implicaciones de la nueva
normativa electoral en México.
Este evento, ahora de carácter nacional,
busca que la totalidad de los magistrados
electorales de cada órgano jurisdiccional
realicen una evaluación de la aplicación del
marco jurídico derivado de la Reforma Elec-
toral 2007-2008, una vez que éste ha sido
aplicado en los distintos procesos comiciales
celebrados en 2009.
Durante el taller se realizaron seis mesas
de trabajo, en donde se abordaron diversos
temas como: competencias de la Sala Superior
y de las Salas Regionales del TEPJF, medios
de impugnación y Derecho Administrativo
Sancionador Electoral, Justicia electoral y
democracia interna de los partidos políticos,
control constitucional en materia electoral y
financiamiento de los partidos y propaganda
electoral.
Con este encuentro concluye el trabajo
iniciado por los magistrados para revisar
en las cinco circunscripciones electorales
las normas comiciales federales y locales.
Además de crear espacios
de análisis y reflexión, que
nutran las resoluciones de
cada uno de los Tribunales
electorales y apunten
nuevos caminos para
que, dentro de su ámbito
de competencia, puedan
avanzar en el cumplimiento
del mandato legal que les
fue conferido.
Hotel intercontinental
Puebla, Pue.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
25

SALAS REGIONALES
Democracia
Democracia
a medias
SALAS REGIONALES
Democracia
Enrique Basauri Cagide
Secretario de Estudio y Cuenta
Sala Regional Guadalajara
26 CONTEXTO ELECTORAL

Guadalajara
De acuerdo con el artículo tercero
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la democracia en México
debe ser concebida no sólo como una
estructura jurídica y un régimen político,
sino como un sistema de vida fundado en
el constante mejoramiento económico, social
y cultural del pueblo, este concepto de
lo que es la democracia, lo podemos encontrar
en nuestra ley suprema, desde su
concepción original en 1971, por lo que
se considera uno de los principios rectores
constitucionales, y que guarda íntima relación
con otros artículos de la propia Constitución;
por ejemplo, el artículo que norma
la materia electoral.
En este contexto, podemos decir que en
nuestro país hay un avance muy importante
respecto a crecimiento democrático, fundamentalmente,
a partir de la reforma constitucional
y legal de 1996, con la creación de
instituciones autónomas e independientes
que garantizan la transparencia de los resultados
electorales en México. Ejemplo de
ello es el Instituto Federal Electoral (IFE),
que con motivo de esta reforma se llevó a
cabo su ciudadanización y dejó de depender
de la Secretaría de Gobernación; otro
En México hay un avance
muy importante respecto a
crecimiento democrático con
la creación de instituciones
autónomas e independientes
que garantizan la
transparencia de los resultados
electorales.
gran punto de la citada reforma, fue la incorporación
del Tribunal Electoral al Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).
Así, tenemos que nuestro país es mucho
más sólido en ese aspecto, ya que por
ejemplo, aún con los resultados tan apretados
que se dieron en la elección presidencial
de 2006, las instituciones a que hemos
hecho referencia (aunque fueron criticadas
en algunos círculos de opinión), lograron
llevar a buen término aquél proceso electoral,
manteniendo la paz social en el país.
Asimismo, es posible considerar que
en México priva un ambiente democrático,
porque actualmente existen diferentes
opciones políticas respecto de las cuales
los ciudadanos podemos elegir a nuestros
gobernantes; como sabemos, las corrientes
políticas existentes van desde las más
liberales, hasta las de carácter más conservador;
por tanto, puede considerarse que
son incluyentes de las distintas ideologías
políticas y culturales de los diversos sectores
de la población.
La alternancia en el poder es un reflejo
claro de la libertad política del ciudadano,
y este fenómeno se ha venido dando en todos
los niveles de gobierno, desde la presidencia
de la república en 2000, como en
el Congreso de la Unión, si observamos los
resultados de las elecciones intermedias
de 2003 y 2009, nos daremos cuenta cómo
varían los resultados en una y en otra.
También, como ya lo apuntábamos en líneas
anteriores, en México existe un Tribunal
Constitucional especializado en materia
electoral, ante el cual, partidos, agrupaciones
políticas y de ciudadanos, acuden a
dirimir sus controversias y las violaciones
que se comenten en contra de sus derechos
político-electorales. La función principal
de este Tribunal, es garantizar que
todos los actos y resoluciones de todas
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
27

La alternancia en el poder es
un reflejo claro de la libertad
política del ciudadano, y este
fenómeno se ha venido dando
en todos los niveles
de gobierno.
las autoridades electorales en el país, se
apeguen irrestrictamente a los principios
de legalidad y constitucionalidad; en este
sentido, podemos decir que pocos países
(incluso aquellos con una gran tradición
constitucional) pueden jactarse de tener
un Tribunal con estas características, por
lo que es otro aspecto que resulta de vital
importancia para la democracia de nuestro
país. A pesar de todos estos avances
que han transformado a nuestro país en
los últimos veinte años, y que lo han hecho
crecer democráticamente hablando, aún
no podemos decir que “el sistema de vida
democrático”, se ve reflejado en la economía,
en la igualdad de oportunidades para
ricos y pobres, en el desarrollo armónico,
equilibrado y sustentable de los estados y
municipios del país, en la seguridad de los
ciudadanos, en su nivel educativo, etcétera;
principios todos ellos que se encuentran
recogidos en el artículo 3 de la Constitución,
citado al principio de este artículo.
Aún falta camino por recorrer, para que
el principio constitucional de la democracia,
se vea reflejado no sólo en la política,
sino también en los aspectos previamente
señalados, como es la educación y salud
de los hijos, la economía y en tener un trabajo
digno, eso también es democracia,
todo eso conlleva el espíritu de la Constitución
de 1917, por tanto, todo ello es una
labor pendiente de la incipiente democracia
mexicana.
28 CONTEXTO ELECTORAL

Monterrey
Procedencia
del JDC
vs. actos de la etapa de resultados
y declaración de validez
El juicio para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano como medio de tutela
del derecho de ser votado
Francisco Daniel Navarro Badilla
Secretario de Estudio y Cuenta
Sala Regional Monterrey
El artículo 79, párrafo 1, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral establece que el medio de
defensa en comento “sólo procederá cuando
el ciudadano... haga valer presuntas
violaciones a sus derechos de votar y ser
votado en las elecciones populares…”. Por
su parte, el artículo 80, párrafo 1, del mismo
ordenamiento, prevé diversas hipótesis de
procedencia de este juicio.
Bajo esta tesitura, a primera vista podría
pensarse que frente a un acto emitido por
una autoridad de una entidad federativa,
dentro de la etapa de resultados y declaración
de validez de una elección constitucional,
que vulnerara el derecho a ser votado
de un candidato, éste podría promover el
juicio de referencia para reclamar la restitución
del derecho presuntamente violentado.
Sin embargo, los precedentes emitidos por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación han sustentado la idea contraria,
tal como se expondrá en seguida.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
29

La jurisprudencia
S3ELJ 11/2004 1
Sobre el punto que nos ocupa, la jurisprudencia
de referencia establece lo siguiente:
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DE-
RECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIU-
DADANO. Generalmente ES IMPROCEDENTE
PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES
SALAS REGIONALES
POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN
CASILLA.— …la materia de este medio de impugnación…
no la puede constituir el cómputo de
una elección, ni la revisión de los resultados obtenidos
por los partidos políticos en la misma, así
como tampoco, las causas que pudieran originar
la anulación de los votos recibidos en las casillas
instaladas para recibir el sufragio ciudadano el día
de la jornada electoral, en tanto que el único supuesto
que previó el legislador, es el relativo a la
violación del derecho político de ser votado, cuando
habiendo sido postulado un ciudadano por un
partido político a un cargo de elección popular, le
sea negado su registro; así como en términos del
artículo 82, párrafo 1, inciso b), de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, … la vía idónea prevista en la ley adjetiva
federal para cuestionar los resultados electorales
de los comicios efectuados en las entidades
federativas, es el juicio de revisión constitucional
electoral, siempre que sea promovido por un partido
político…
De lo antes transcrito, es posible advertir
que fueron dos razones las que sustentaron
el criterio judicial en cita, a saber:
a) Las únicas hipótesis de procedencia del juicio
de mérito relacionadas con una elección constitucional,
se refieren a cuando habiendo sido
postulado un ciudadano por un partido político
a un cargo de elección popular, le sea negado
su registro; así como en términos del artículo
82, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, cuando por causas de inelegibilidad
de los candidatos, las autoridades electorales
de las entidades federativas determinen no
otorgar o revocar la constancia de mayoría o
de asignación respectiva, y
b) La vía idónea prevista en dicha ley para cuestionar
los resultados electorales de los comicios
locales, es el juicio de revisión constitucional
electoral.
1
Emitida por unanimidad de votos de los Magistrados
que conformaron la anterior integración de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, consultable en la “Compilación Oficial
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”,
pp. 159-161.
Respecto del argumento resumido en el
inciso a), cabe referir que es el artículo 79,
párrafo 1, de la ley en cita, el que establece
las hipótesis de procedencia del juicio federal
sujeto a estudio, entre los cuales se
encuentra el referente a que dicho medio de
defensa es adecuado para aducir violaciones
al derecho de ser votado en las elecciones
populares.
30 CONTEXTO ELECTORAL

Monterrey
Aunado a lo anterior, si bien en los artículos
80 y 82 del mismo ordenamiento no se
establece expresamente que dicho juicio es
apto para controvertir los resultados electorales,
con base en la actualización de alguna
causa de nulidad de la votación recibida en
casilla o de la propia elección en su totalidad,
debe recordarse que los requisitos de procedencia
se encuentran en el artículo 79 de
ese cuerpo legal, tal como se sostiene en la
jurisprudencia S3ELJ 02/20002, en la cual se
consigna textualmente lo siguiente:
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERE-
CHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADA-
NO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.— …
Consecuentemente, para considerar procedente
este juicio es suficiente que la demanda satisfaga
los requisitos del artículo 79 citado, aunque no
encuadre en ninguno de los supuestos específicos
contemplados en el artículo 80.
Además, suponiendo, sin conceder, que
fuera necesario que el acto impugnado tuviere
que encuadrarse en alguna de las hipótesis
de procedencia contempladas en el
artículo 80 de la ley en comento, el caso que
nos ocupa podría ubicarse en el inciso f) de
dicho precepto, el cual se refiere a cuando
un ciudadano “considere que un acto o
resolución de la autoridad es violatorio de
cualquier otro de los derechos político-electorales
a que se refiere el artículo anterior
[de votar y ser votado en las elecciones populares,
de asociarse para tomar parte en
forma pacífica en los asuntos políticos y de
afiliarse a los partidos políticos]”.
Por otro lado, en lo que respecta al razonamiento
precisado bajo el inciso b), relativo
a la supuesta idoneidad del juicio de revisión
constitucional electoral en los casos materia
de la presente reflexión, siempre que sea
promovido por los partidos políticos, en concepto
del que suscribe tampoco es eficaz,
pues el hecho de que dichos entes cuenten
con un medio de defensa para controvertir
tales actos, no debería interpretarse como
una hipótesis de improcedencia de un juicio
establecido a favor de los ciudadanos.
Conclusión
Ante la ausencia de motivos legales suficientes
para determinar la improcedencia del
juicio en comento, cuando el afectado cuestione
un acto emitido por una autoridad electoral
de alguna entidad federativa, que abiertamente
vulnere su derecho político-electoral
de ser votado, se sostiene que admitir esta
vía impugnativa permitiría que el candidato
afectado tuviera acceso en forma directa,
esto es, sin sujetarlo a la voluntad de un ente
ajeno a él, para controvertir la constitucionalidad
y legalidad del acto autoritario ante
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, lo cual refrendaría lo dispuesto
en el artículo 99, párrafo primero, de nuestra
Constitución federal, que establece que dicho
órgano especializado es la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral, con
excepción de lo previsto en la fracción II del
numeral 105 del mismo ordenamiento.
2
Emitida por unanimidad de votos de los Magistrados
que conformaron la anterior integración de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, consultable en la “Compilación Oficial
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”,
pp. 166-168.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
31

Pabellón
SALAS REGIONALES
Formando
dad
Ciudadanos
32 CONTEXTO ELECTORAL

Monterrey
Ruth Antonieta Mesta Aparicio
Sala Regional Monterrey
Coordinadora Regional
Desde hace casi dos décadas, el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) lleva
a cabo la Feria Internacional del Libro de Monterrey,
convirtiendo dicho evento en el principal acontecimiento
de carácter cultural y literario de esta ciudad. El pasado
10 de octubre iniciaron las actividades de esta feria en su
XIX edición, y por primera ocasión el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación se hace presente a través
de la Sala Regional Monterrey, la cual participó en diversas
actividades, destacando el Pabellón Formando Ciudadanos.
Este Pabellón surge del trabajo de coordinación
y colaboración realizado durante
la Feria del Libro Jurídico que organizó el
Poder Judicial de la Federación en Monterrey,
en la cual se implementó el programa
“Los Niños en el Poder Judicial”, mismo que
se celebró los días 2 y 3 de abril de este
año, y en donde activamente participaron
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la
Comisión Estatal Electoral y la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información, quienes
presentaron diversos talleres infantiles.
El Pabellón es producto
del trabajo de coordinación
y colaboración entre Sala
Regional Monterrey, ITESM,
las comisiones Estatal de
Derechos Humanos, Estatal
Electoral y la de Transparencia
y Acceso a la Información.
Por ello, a iniciativa de la Sala Regional
Monterrey y con el apoyo del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey,
en su misión de formar personas íntegras,
éticas y con una visión humanística y
comprometida con el desarrollo de la sociedad,
este último decidió a través del Comité
Organizador de la Feria Internacional del
Libro dedicar un espacio que contribuyera a
educar a los ciudadanos y a quienes próximamente
lo serán. Así, se logró reunir de
nueva cuenta a las instituciones con quienes
se trabajó con anterioridad, uniendo esfuerzos
para instituir el Pabellón Formando
Ciudadanos como un espacio creado para
el encuentro entre los futuros ciudadanos,
ya que las actividades fueron dirigidas en
su mayoría hacia el público infantil.
En las actividades presentadas por cada
institución se buscó difundir valores como
la consolidación democrática, los derechos
humanos, la transparencia, la justicia electoral
y la educación cívica. Igualmente se
promovió la interacción de niños, jóvenes y
adultos en un ambiente de responsabilidad,
igualdad, tolerancia y respeto mutuo.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
33

SALAS REGIONALES
En las actividades se buscó
difundir valores como la
consolidación democrática,
los derechos humanos, la
transparencia, la justicia
electoral y la educación cívica.
El Taller de Arte “Diviérte…TE” fue el espacio
que Sala Regional Monterrey dispuso
para que los niños conocieran, mediante dibujos,
los cuales coloreaban con acuarelas,
los derechos y valores que resguardan el
Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la
Federación como: legalidad, justicia, equidad
y protección del voto de los ciudadanos.
Además, se les explicó que la labor de los
jueces electorales es proteger dicho voto.
En este mismo espacio, la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos participó
con una lotería que promueve y difunde los
derechos humanos de las familias; la Comisión
Estatal Electoral, mediante la narración
de cuentos invitó a reflexionar sobre el trabajo
en equipo, la responsabilidad y la necesidad
de sembrar una semilla de democracia;
y con la obra de teatro “Érase una
vez la transparencia”, la Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información destacó
los valores de la transparencia, honestidad,
justicia y responsabilidad.
El Taller “Diviérte…TE” recibió visitas de
más de 60 grupos de alumnos de 59 escuelas
primarias, jardines de niños y secundarias, incluyendo
escuelas de niños con capacidades
diferentes, y también recibió al público en general
de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas,
atendiendo a más de 2 mil 600 niños. Además
contó con la presencia de los magistrados de
Sala Superior Salvador Olimpo Nava Gomar,
34 CONTEXTO ELECTORAL
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
34

Monterrey
El Taller “Diviérte…TE”
recibió visitas de más de 60
grupos de alumnos de 59
escuelas primarias, jardines
de niños y secundarias, entre
ellas escuelas de niños con
capacidades diferentes.
Manuel González Oropeza, Flavio Galván
Rivera y de Sala Regional Monterrey los magistrados
Georgina Reyes Escalera y Rubén
Enrique Becerra Rojasvértiz, así como del
Coordinador de Asesores de la Presidencia
del Tribunal, Patricio Ballados; los magistrados
también participaron en diversas conferencias
presentadas por el Tribunal Electoral
en la Feria del Libro.
Cabe destacar que la licenciada Georgina
Reyes Escalera, Magistrada de la Sala
Regional Monterrey del TEPJF, junto con la
maestra Minerva Martínez Garza, Presidenta
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
el licenciado Eduardo Guerra Sepúlveda,
Presidente de la Comisión Estatal Electoral;
el licenciado Guillermo Mijares Torres,
Presidente de la Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información, y autoridades del
ITESM realizaron el corte inaugural del listón
y recorrieron los estands del pabellón.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
35

Presenta el Tribunal Electoral su
Informe
Anual
de labores 2008-2009
Es convicción del Tribunal Electoral rendir cuentas sobre su
actuación. El escrutinio constante a las decisiones de los
órganos encargados de la impartición de justicia y al uso
que hacen de los recursos públicos fortalece su legitimidad y
autonomía. Con ese propósito y en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación (LOPJF), el pasado 3 de noviembre la magistrada
presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa, rindió
ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los del propio
Tribunal, su Informe Anual de Labores 1 2008-2009. 2
1
El Informe completo puede ser consultado en la página www.te.gob.mx
2
El periodo es del 1-nov-08 al 15-oct-09 en todos los casos excepto el apartado administrativo que reporta
del 1-oct-08 al 30-sep-09.
36 CONTEXTO ELECTORAL

Informe Anual
Función Jurisdiccional
El año que se informa fue el de mayor carga
jurisdiccional en la historia de la justicia
electoral federal en México. Se recibieron
21,773 medios de impugnación. Es decir,
en un año ingresaron más asuntos que todos
los recibidos en la década de 1999-
2008 (20,982). Este año, además, ha hecho
evidentes algunas transformaciones registradas
en la democracia mexicana, pero
particularmente ha puesto de manifiesto
el papel que reviste la justicia para tutelar
derechos político–electorales y para dirimir
los conflictos que surgen de los procesos
comiciales.
• Tribunal orientado también hacia
lo local. Se ha desterrado la falsa imagen
de un Tribunal Electoral orientado
a los comicios federales. Este año 87%
(18,964) de las demandas recibidas estuvieron
vinculadas con procesos electorales
locales. Este dato adquiere mayor
relevancia si se toma en consideración
que se trató de un año de elección federal.
En el periodo que se informa fueron
puestos en disputa 1,837 cargos de
elección popular: 500 diputaciones federales,
6 gubernaturas, 545 diputaciones
locales y 786 ayuntamientos.
• Tribunal orientado también hacia
el ciudadano. Ha quedado atrás la
idea errónea de que la justicia electoral se
enfoca exclusivamente a resolver asuntos
promovidos por los partidos políticos. Seis
de cada diez (13,823) asuntos recibidos
en el año fueron juicios ciudadanos.
Esa creciente exigencia ciudadana por el
cumplimiento de sus derechos ha tenido
un paralelismo al interior de los partidos
políticos. Ejemplo de esto son los 1,391
militantes de los partidos políticos nacionales
que solicitaron la intervención
de la justicia electoral para controvertir
decisiones de sus institutos.
• Tribunal orientado también hacia
las mujeres. Los cambios culturales
registrados en las últimas décadas y el
acceso pleno a la justicia electoral federal
han posibilitado que los juicios promovidos
por mujeres para defender sus derechos
dejen de ser casos anecdóticos.
Las mujeres iniciaron el 50.29% de las
demandas promovidas por ciudadanos.
En el Informe, la Magistrada Presidenta
expuso que la función jurisdiccional del Tribunal
se ha hecho más eficiente, como producto
del reconocimiento que hizo la reforma
electoral de 2007 a la permanencia de las
cinco Salas Regionales y como resultado de
los programas de modernización implementados
por el propio Órgano Jurisdiccional.
• En el periodo se resolvieron 18,975
asuntos.
• Para atender esa cantidad histórica de
asuntos, se llevaron a cabo 278 sesiones
públicas. La Sala Superior, por ejemplo,
debió sesionar casi cuatro veces por
semana (206 sesiones en el año).
• El reconocimiento de la permanencia de
las Salas Regionales consiguió su objeti-
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
37

vo: acercar la justicia electoral a los justiciables.
Si bien la Sala Superior sigue
siendo la que más asuntos resuelve, lo
cierto es que el conjunto de Salas Regionales
resolvieron el 52% de los medios
de impugnación.
• Se logró reducir significativamente el tiempo
de resolución de los asuntos. El 93.8%
se desahogó en menos de un mes. De
hecho el 63.14% de las demandas fueron
resueltas en una semana o menos.
Nuevos criterios
Pero más allá de los aspectos cuantitativos
de la función jurisdiccional, el año que se
informa fue particularmente exhaustivo en
cuanto a la emisión de criterios. Los preceptos
emanados de la reforma constitucional
de 2007 y 2008 fueron puestos a prueba,
por vez primera, en la elección federal y
en la de aquellas entidades que celebraron
comicios. Ello demandó interpretar el contenido
de la norma y profundizar en aquellos
aspectos no previstos por el legislador, a
efecto de dar certeza a los actores políticos
en cuanto a su actuación.
Algunos de los temas que fueron objeto
de nuevos criterios interpretativos son:
• Propaganda de funcionarios
• Régimen de radio y televisión
• Difusión legislativa
• Equidad de género
• Libertad de expresión
• Propaganda negativa
Funciones Académicas
y Técnicas
Además de la jurisdicción, el Tribunal Electoral
lleva a cabo un importante número de
tareas orientadas a fortalecer el derecho
electoral y difundir la cultura de la legalidad,
entre otras.
El Informe dio cuenta de algunos resultados
en estas materias.
Capacitación. En el año se realizaron
812 eventos de capacitación a los que
asistieron 38,598 personas (97% más
que el año pasado). Éstos se dirigieron
a personal de institutos y tribunales
electorales locales; partidos políticos y
universidades, entre otros. Además se
publicaron 49 obras editoriales.
Coordinación con organismos
electorales locales nacionales. Se
suscribieron 24 convenios de colaboración
con institutos y tribunales electorales
locales, de manera que, por primera vez
en la historia, se tienen relaciones formales
con la totalidad de órganos electorales en
las entidades federativas.
Lo anterior da el cimiento para la realización
de proyectos académicos específicos,
que contribuirán a la formación del
personal de las instituciones firmantes
y al fortalecimiento de la cultura cívicopolítica
nacional.
Presencia internacional. Se recibió
a 425 visitantes internacionales que atestiguaron
el proceso electoral federal, se
observaron 12 elecciones en el mundo,
se presentaron los avances de la justicia
electoral mexicana en diversos foros,
incluida la Comisión Europea para la
Democracia (Comisión de Venecia), y
se realizaron eventos con las organizaciones
internacionales con las que se
ha suscrito convenio: Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto
Internacional para la Democracia y
la Asistencia Electoral y Fundación Internacional
para Sistemas Electorales, entre
otros. Este año se suscribió un convenio
de colaboración con la Organización de
los Estados Americanos, que resultará
en acciones específicas como la compilación
de la legislación electoral.
38 CONTEXTO ELECTORAL

Informe Anual
Acercamiento a la ciudadanía.
Para que los ciudadanos conozcan los
motivos de las decisiones jurisdiccionales,
se han puesto en marcha algunos
proyectos para difundir las sentencias, 3
así como las críticas que especialistas
en la materia hacen de las resoluciones.
Este año se publicaron 15 libros con
sentencias comentadas y se transmitieron
15 programas televisivos de la serie
“Sentencias a debate”.
al Órgano Jurisdiccional, en consecuencia
el presupuesto modificado quedó en 1,968
millones de pesos.
Para 2010, por primera vez en la historia
del Tribunal, se solicitó a la Cámara de Diputados
un presupuesto decreciente respecto
al año anterior. Los 1,910 millones de pesos
solicitados equivalen a un 8% de reducción
en términos reales respecto a lo autorizado
para 2009.
Función Administrativa
El Tribunal Electoral ha puesto en marcha
una serie de programas de modernización
para ser más eficiente. Destacan los proyectos
de planeación estratégica, el de
certificación de calidad en los procesos administrativos,
los de ahorro de energía y el
uso intensivo de sistemas de cómputo para
simplificar la gestión.
En consecuencia, se autorizó una reducción
de 50 millones de pesos en el presupuesto
originalmente asignado para 2009
3
El resumen de las sentencias está disponible
en el texto del Informe Anual de Labores,
consultable en www.te.gob.mx
Retos
Al concluir el Informe, la Presidenta enumeró
algunos compromisos para el siguiente
año.
• Facilitar el acceso a la justicia.
• Lograr una administración más eficiente.
• Instrumentar la carrera judicial para el
personal del TEPJF.
• Incentivar el análisis de la justicia electoral.
• Acercar el Tribunal a la ciudadanía.
• Fortalecer las relaciones interinstitucionales.
• Hacer más transparente la gestión del
TEPJF.
• Garantizar los derechos políticos de las
mujeres e incorporar la perspectiva de
género en la aplicación e interpretación
de las normas.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
39

Sistema de
representación proporcional
Derechos fundamentales de los candidatos
Beatriz Eugenia Galindo Centeno
Magistrada Presidenta
Sala Regional Monterrey
SALAS REGIONALES
Quienes tenemos la encomienda
de administrar
justicia en un escenario
electoral, no pocas veces encontramos en
nuestro escritorio, interesantes y novedosos
casos que nos permiten, al aplicar la norma
al caso controvertido, construir nuevas concepciones,
nuevos enfoques, e ir generando
precedentes que evidentemente llevan implícita
la susceptibilidad de su enriquecimiento.
Para quienes tenemos la
encomienda de administrar
justicia en un escenario electoral,
no pocas veces encontramos
interesantes y novedosos casos
que posibilitan, al aplicar la
norma al caso controvertido,
construir nuevas concepciones,
nuevos enfoques.
Estos nuevos enfoques, derivan desde luego
del análisis de las demandas presentadas
por la multiplicidad de actores que hoy día legitima
la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME)
y la Jurisprudencia emitida al efecto; en ese
estudio, debe el juzgador, prima facie, detenerse
en el análisis particular y primigenio de
los presupuestos procesales y requisitos especiales
de procedibilidad que en cada medio
impugnativo, deben ser colmados por el
accionante a fin de vislumbrar el fondo de la
pretensión expuesta.
En ese punto me detengo, y es que reflexiono
acerca del interés jurídico, como requisito
de procedibilidad de medios de impugnación,
y me detengo porque el espectro jurisdiccional
de actos susceptibles de ser transgredidos
en la esfera jurídica de ciudadanos,
partidos, agrupaciones, empresas y diversos
entes conexos a la materia, se extiende y entrelaza
cada vez más, volviendo también más
complejo su análisis, dificultad entendida en
el sentido de desprender o armonizar el interés
jurídico ventilado, cuando un acto de
autoridad transgrede derechos de dos entes
políticos: partidos y candidatos.
40 CONTEXTO ELECTORAL

Monterrey
Partiendo de la premisa abordada en la
jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la federación
S3ELJ 07/2002, se infiere que:
“El interés jurídico procesal se surte si en la demanda
se aduce la infracción de algún derecho sustancial
del actor y a la vez, éste hace ver que la intervención
del órgano jurisdiccional es necesaria y útil
para lograr la reparación de esa conculcación.”
Es claro entonces, que el interés jurídico
envuelve una afectación cierta, directa
e inmediata en determinada esfera jurídica
de derechos; sin embargo, la interrogante
surge cuando debemos identificar la titularidad
del derecho a instar, y en función de
ello analizar, según el medio incoado, la legitimación
para hacerlo valer, así como el
agotamiento de los requisitos específicos.
En esa perspectiva, existen situaciones
particulares que escapan del control jurisdiccional
casuístico que se delinea en el sistema
de medios de impugnación. En efecto,
si bien es cierto, la jurisprudencia puede dar
parámetros en relación con dilucidar este
tipo de conflictos y posturas jurisdiccionales,
aplicables a un medio de impugnación
en específico, respecto del interés jurídico y
legitimación requerida para accionar el mecanismo
jurisdiccional en aquellos casos en
que su titularidad puede involucrar válidamente
a dos sujetos de derecho, también es
cierto que según la génesis de cada medio
se aborda de manera puntual la procedencia
específica de cada uno de ellos en razón de
un acto de naturaleza genérica o concreta
que se reclame, lo que de suyo implica una
legitimación subsecuente.
Con ese enfoque, ¿qué sucede cuando
un acto reclamado puede estar inserto paralelamente
en la esfera jurídica de dos entes?,
piénsese en un juicio ciudadano instado por
un candidato a un cargo por el principio de representación
proporcional en el que se duele
de las consecuencias de un acto de autoridad
dictado en la etapa de resultados del proceso
electoral, actos que, en principio, son impugnables
a través del juicio de revisión constitucional
electoral, cuyo derecho de acción corresponde
exclusivamente a los partidos políticos.
Empero, dentro de esa etapa del proceso,
se puede generar una afectación no proveniente
de los resultados de la elección en sí, sino de
una omisión o error del órgano administrativo
electoral al desarrollar la fórmula de asignación
respectiva, o bien, al verificar el otorgamiento
de constancias con base en la posición de lugares
contenidos en las listas correspondientes,
siendo además factible que tal prelación se
vincule a ciertas acciones afirmativas: género,
indígenas, jóvenes, migrantes, entre otros.
Ahora bien, el origen del derecho de acción,
lógicamente tiene nacimiento con la emisión de
un acto de autoridad, del cual ha de desprenderse
la actualización del interés jurídico respectivo,
pero ¿de qué manera puede ese acto
incidir en la esfera de derechos del partido y
del candidato en forma simultánea? Es claro
que por lo que hace a un partido político puede
afectar su representatividad parlamentaria,
en caso de asignarle menos lugares de los que
le corresponden con el exacto desarrollo de la
fórmula, hipótesis en la cual deviene evidente
el nacimiento de su interés jurídico.
Por lo que hace al candidato, si bien es
cierto su beneficio puede descansar en el
sistema de representatividad proporcional
contemplado en la Constitución, y el cual
engloba un mecanismo de asignación de
espacios en función de la votación recibida
por cada partido y del desarrollo de variadas
fórmulas matemáticas; también es cierto que
dicho sistema en toda democracia pretende
reflejar una verdadera representación popular,
manifestada a través de las diferentes
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
41

SALAS REGIONALES
corrientes partidistas, pero de forma alguna
implica que las prerrogativas y obligaciones
del candidato postulado por dicho principio,
se vean subsumidas en la esfera jurídica de
la institución política. Pensar de esa forma
pugnaría con la naturaleza del derecho fundamental
de ser votado que en esencia es el
que finalmente se encuentra controvertido.
Expuesto el escenario jurídico anterior, es
dable cuestionarnos lo siguiente: ¿no es acaso
la consecuencia de tal acto un hecho generador
de interés jurídico paralelo al del partido
político, pero en la esfera personalísima
del ciudadano?, es decir, ¿no es tal hipótesis,
generadora de un interés jurídico autónomo
e independiente? O bien, ¿debe subsumirse
este derecho individual en la esfera jurídica
colectiva del partido, en función del interés
público que tutela?
Dado lo anterior, habría que precisar si el
titular del interés jurídico es el partido, el candidato
o ambos, y con base en ello determinar
si es aquel que resiente la afectación directa
en su espectro individual de garantías, aquel
que como ente de interés público resienta una
afectación a su derecho colectivo de representatividad,
o de igual forma, ambas afectaciones
resultaran susceptibles de tutelarse.
Es claro que la base constitucional que da
vida al sistema de medios de impugnación en
materia electoral, concretamente la Base VI del
artículo 41 de la norma fundamental, otorga vigencia
al principio de administración de justicia,
definitividad a las distintas etapas de los
procesos electorales y garantiza la protección
de los derechos políticos de los ciudadanos de
votar, ser votados y de asociación, en términos
del artículo 99 del mismo cuerpo normativo.
En ese contexto, una etapa del proceso
electoral debe ser definitiva e inatacable, generando
certeza para los diversos actores políticos
de la contienda; en el caso en estudio, el
medio impugnativo al alcance de los partidos
ante cualquier transgresión, es generalmente el
juicio de revisión constitucional, mientras que el
juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, es el medio indicado
para controvertir violaciones relacionadas
con un interés particular, siendo claro que la justicia
electoral se basa en un sistema de medios
de impugnación, completo e integral, respecto
de cualquier acto de autoridad, por tanto es válido
concluir que las afectaciones son diferentes,
que derivan de un mismo acto de autoridad
y que el interés jurídico es independiente, aun
cuando aparentemente se encuentre inmerso
en una etapa procesal impugnable de forma
genérica por los partidos políticos a través del
juicio de revisión constitucional.
Como se puede advertir, nos hallamos ante
notables asuntos que nos ponen a pensar:
quién o quiénes son las partes legitimadas para
reclamar tal o cual acto. Pero la pregunta sigue
en la mesa, cuando dos entes son titulares de
un interés jurídico cuasi reflejo: ¿cuál debe ser
el papel del juzgador ante la garantía de acceso
a la justicia, ante la naturaleza de los derechos
fundamentales escudriñados en los agravios, o
bien, ante el acatamiento del principio de legalidad
en el dictado de las sentencias?
Como mencioné al principio de este artículo,
el derecho, la interpretación y la propia evolución
ciudadana, nos posibilita reflexionar y
replantear de forma constante la aplicación
de la ley, o la manera en que resolvemos esos
asuntos abiertos al centro de nuestros escritorios.
Así fue evolucionando la posibilidad de
que candidatos independientes 1 quedarán
debidamente legitimados para interponer el
juicio de revisión constitucional, a pesar de
1
CANDIDATOS INDEPENDIENTES. ESTÁN
LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO
DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL,
CUANDO LA LEY REGULA SU PARTICIPACIÓN
EN LA ELECCIÓN EN FORMA ANÁLOGA A LOS
PARTIDOS POLÍTICOS. TESIS XXIX/2007, aprobada
por la Sala Superior del TEPJF en sesión pública de
10 de octubre de 2007.
42 CONTEXTO ELECTORAL

Monterrey
ser un medio reservado para los partidos políticos,
por ser la vía de acceso aparentemente
idónea, para ocupar cargos de elección popular.
En esa misma directriz fue reconocida
la legitimación vía recurso de apelación a
aquéllos sujetos que se vieran inmersos en la
imposición de multas derivadas de un procedimiento
administrativo sancionador. 2
Con ese enfoque, considero que cuando un
derecho de naturaleza fundamental, como en
la especie el derecho a ser votado, se vea involucrado
en una petición jurisdiccional, como
es el criterio garantista de este Tribunal, debemos
no sólo salvaguardarlo, sino tener especial
atención en no restringirlo por otra vía, pues el
derecho de mérito es tutelado jurídicamente a
través del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, ya que
la afectación a tal derecho no sólo se resiente
en la esfera del candidato, sino en la de aquellas
personas que votaron por él, y si bien es
cierto, en la especie hablamos de un caso de
representación proporcional donde los votos
corresponden al partido y no al individuo, tampoco
puede entenderse este mecanismo de
asignación como un instrumento para aquellos
exclusivos intereses partidistas, pues para poder
ocupar un cargo de elección popular debe
reunirse en el candidato las calidades señaladas
en la Ley, y cierto es que las determinadas
en el artículo 35 constitucional refieren a
aspectos inherentes al individuo, por ende, no
puede seguir sosteniéndose la idea de que los
candidatos electos por el principio de representación
proporcional son meros instrumentos
operatorios del partido político, dado que no
es la esencia de la democracia representativa
2
INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES
CUYA CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE
UNA SANCIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR
CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIMEINTO DE.
TESIS XXIX/2008, aprobada por la Sala Superior del
TEPJF en sesión pública de 31 de julio de 2008.
establecida en el artículo 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así entonces, tales derechos fundamentales,
no deben restringirse, aislarse, trasladarse,
o bien sujetarlos a otro medio impugnativo
en función del acto reclamado o la etapa que
entrañe su dictado, pues es evidente el interés
jurídico y legitimación que en su esfera individual
ostentan en un medio impugnativo tan
amplio en su espectro, como el juicio para la
protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, donde también válidamente y
al lado de un juicio de revisión constitucional
puede controvertir de manera paralela una
pretensión basada en un interés autónomo
e independiente, con lo cual se cumplen los
postulados del interés jurídico, sostenido en la
jurisprudencia S3ELJ 07/2002, al exigir la infracción
a un derecho sustancial y la petición
de intervención de un órgano jurisdiccional
para lograr su reparación.
La reflexión que comparto es precisamente
la relacionada con el privilegio de la acción en
materia electoral, es indubitable que en algunas
etapas del proceso comicial continúa siendo
ostentada por los partidos políticos, al ser
constitucionalmente entidades de interés público
encargados de promover la participación
del pueblo en la vida democrática y contribuir
a la integración de la representación nacional,
haciendo posible el acceso de los ciudadanos
a cargos de elección popular, tal como lo señala
la base I, del artículo 41 de la ley de la Unión;
sin embargo, ello no debe traducirse en un canon
de acceso a la justicia, pues en el cauce
de toda evolución política y social encontramos
la permisibilidad del derecho de acción
en ciertas cuestiones procesales de la materia,
cuando coexista un interés jurídico paralelo a
quien legítimamente puede hacerlo valer, por
ser autónomo e independiente de la esfera jurídica
de quien en función de una mera etapa
comicial, detente tal derecho de acción.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
43

De los derechos
fundamentales
Igualdad y equidad de género
SALAS REGIONALES
Georgina Reyes Escalera
Magistrada
Sala Regional Monterrey
Un tema de relevancia es el de los derechos
fundamentales, estudiado por
interesados tanto en los derechos humanos
en sí como en la garantía de igualdad
consagrada en nuestra Carta Magna, su relación
con los principios de no discriminación y
de equidad, en específico, con la equidad de
género.
El término de derechos fundamentales surge
en Francia a finales del siglo XVIII a raíz del
movimiento que culmina con la expedición de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789.
Se ha sostenido que todo derecho fundamental
está recogido en una disposición de la
misma índole, la cual constituye un enunciado
previsto en la Constitución Federal o en los Tratados
Internacionales; son significados prescriptivos
a través de los cuales se indica que
algo está ordenado, permitido o prohibido, o
que atribuyen a un sujeto una competencia de
derecho fundamental. Se ha considerado que
todos los derechos fundamentales son derechos
humanos constitucionalizados.
En todo este texto ideológico, llaman la
atención notas que se publican, tales como
la relacionada con la conmemoración de un año
más del reconocimiento y regulación del derecho
de voto de la mujer mexicana, logro de un
movimiento histórico de derechos en nuestra
nación iniciado desde el año de 1910 y que
vio sus más claros y mejores resultados el 17
de octubre de 1953, durante la presidencia de
Adolfo Ruiz Cortines, quien propuso reformas
al artículo 34 de la Norma Fundamental, cuya
iniciativa acarreó que el voto activo y pasivo de
la mujer estableciera la igualdad de sexos en el
ámbito político-electoral.
Así, siguiendo en parte el concepto de
derechos fundamentales dado por Luigi Ferrajoli,
habría dos diferentes grandes grupos
atendiendo a la titularidad de los derechos: en
el primero (el más amplio), se encontrarían los
derechos que el texto supremo asigna a todas
las personas; en el segundo grupo, estarían
aquellos derechos que están limitados por razón
de un estatus, “la ciudadanía”.
En nuestro país, la ciudadanía se encuentra
constitucionalmente regulada, en general,
en los artículos 34, 35 y 36. En el primero se
establecen los requisitos para ser ciudadano,
mientras en el segundo se encuentran las prerrogativas
de votar y ser votado para acceder
a un cargo de elección popular, las cuales se
suman al resto de derechos que los ciudadanos
tienen en tanto personas. Y, en el último, se determinan
las obligaciones que en el ejercicio de
tal prerrogativa se tienen.
En cuanto a la no discriminación, está
estatuida en el diverso artículo 1°, párrafo
tercero, y constituye una de las distintas manifestaciones
que adopta el principio fundamental
de igualdad que consagra por su parte, el
numeral 4°. Con la reforma de aquél, publicada
el 14 de agosto de 2001, se incorporó una
cláusula de no discriminación, que ha sido
considera como una reafirmación de la garantía
de igualdad, que textualmente dispone:
44 CONTEXTO ELECTORAL

Monterrey
Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias, el estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
El prohibir la discriminación es una de las
distintas formas que la garantía de igualdad
adopta en muchas de las constituciones modernas.
Asimismo, las cláusulas de no discriminación
existen en varios instrumentos internacionales de
derechos humanos, entre otros: la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, el Convenio 111 de
la Organización Internacional del Trabajo, relativo
a la Discriminación en Materia de Empleo y
Ocupación, la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer.
De acuerdo con algunos tratadistas, son
tres los elementos que suelen encontrarse en
todos los conceptos jurídicos de discriminación:
1) que se trate de una desigualdad de tratamiento,
consistente en una distinción, exclusión
o preferencia; 2) que esa desigualdad de tratamiento
se base, precisamente, en una de las
causas o criterios que señalan las propias normas
jurídicas como prohibidos; y, 3) que tenga
por efecto anular la igualdad de trato o la igualdad
de oportunidades.
Por cuanto hace a la igualdad jurídica, se
ha establecido como una prerrogativa de que
goza toda persona ubicada en un determinado
supuesto legal, consistente en tener los mismos
derechos y obligaciones, es decir, ser tratados
en la misma forma.
La no discriminación como principio pone de
manifiesto la extensión de la garantía de igualdad
de “ámbitos exorbitantes al campo delimitado”
por el respeto hacia los derechos fundamentales
que consagra la Constitución, toda vez que se
impide al legislador caer en prácticas discriminatorias
por causas meramente accidentales u
otra que vaya contra la dignidad humana y minimice
los derechos de las personas.
También se ha planteado la idea de que actualmente
se requiere la creación de paradigmas
que permitan el avance hacia una mayor y
más sólida igualdad sin destruir sus bases mismas,
es decir, sin generar nuevas discriminaciones.
Con afán de lograr lo anterior se han creado
diversos esquemas, como las acciones positivas,
dentro de las que se pueden distinguir dos
clases: 1 las acciones positivas moderadas y las
medidas de discriminación inversa. Las primeras
buscarían favorecer el valor de la igualdad sustancial
a través de medidas de igualación que
permitan remover los obstáculos que impiden
a los miembros de grupos discriminados llegar a
procesos de selección social (escuela, trabajo,
u otros). Las segundas son concretamente las
cuotas que se reservan a diversos grupos discriminados
para alcanzar bienes sociales escasos
(puestos públicos, listas electorales, etcétera),
debiendo ser utilizadas como un último recurso y
siempre que no sea posible lograr el mismo efecto
por medio de otras medidas menos extremas.
Para algunos un ejemplo evidente de las
medidas de “discriminación inversa” son las cuotas
electorales de género. Las cuales son consideradas
como la reserva que establece o contempla
normalmente la ley electoral y, en forma
excepcional, la Constitución, cuyo propósito es
que ningún género pueda tener más de un determinado
porcentaje de representantes o curules
en un órgano legislativo.
Ahora bien, hablando de lo útil que pueden
ser las acciones positivas a través del tiempo, en
opinión de algunos investigadores, en la actualidad
la evidencia de los resultados solamente se
puede recabar en aquellos países que llevan un
periodo de tiempo más o menos largo aplicándolas.
En el caso de México, ya se han implementado
acciones positivas en forma de cuotas electorales
de género, puestas en funcionamiento por
vez primera en las elecciones del año 2003, al
haberse establecido en algunos códigos electorales
de las entidades federativas.
1
Miguel Carbonell, Los derechos fundamentales en
México, 1ª Reimpresión, México, Porrúa, 2005, p. 266.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
45

SALAS REGIONALES
El tema de la constitucionalidad de las cuotas
de género ha sido examinado y resuelto por la
Suprema Corte de Justifica de la Nación a través
de la acción de inconstitucionalidad 2/2002, promovida
por un partido político contra las reformas
que las introdujeron en el Código Electoral de
Coahuila; resolviendo el máximo Tribunal que las
cuotas no son inconstitucionales. Criterio que se
contiene en la Tesis P/J.58/2005, visible en la página
786 del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XXII, cuyo rubro señala.
INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA. LOS ARTÍCULOS 20, PÁRRAFO SE-
GUNDO, 21, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, Y
26, FRACCIONES VII Y VIII, DE LA LEY RELATIVA,
AL ESTABLECER UN PORCENTAJE MÁXIMO DE
PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE CANDI-
DATOS DE UN SOLO GÉNERO EN CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR, NO CONTRAVIENEN EL
PRINCIPIO DE IGUALDAD.
Como consecuencia de tal criterio, en 2002
se generaron algunas reformas al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales,
y con ellas se introdujeron las cuotas electorales
de género en el ámbito federal. Actualmente en
el código vigente, publicado el 14 de enero de
2008, se contienen aspectos relacionados con
las cuotas y la paridad de género.
De acuerdo con esta nueva regulación, algunos
ejemplos claros los tenemos en el contenido
de las siguientes disposiciones legales: “…es
derecho de los ciudadanos y obligación para los
partidos políticos la igualdad de oportunidades
y la equidad entre hombres y mujeres para tener
acceso a cargos de elección popular” (artículo
4.1); los partidos políticos tienen la obligación
de “garantizar la equidad y procurar la paridad de
los géneros en sus órganos de dirección y en
las candidaturas a cargos de elección popular”
(artículo 38.1 inciso s); por lo que “promoverán y
garantizarán en los términos del presente ordenamiento,
la igualdad de oportunidades y procurarán
la paridad de género en la vida política del
país, a través de postulaciones a cargos de elección
popular en el Congreso de la Unión, tanto
de mayoría relativa como de representación proporcional”
(artículo 218.3); para lograr ese propósito,
“de la totalidad de solicitudes de registro,
tanto de las candidaturas a diputados como de
senadores que presenten los partidos políticos o
las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral,
deberán integrarse con al menos el cuarenta por
ciento de candidatos propietarios de un mismo
género, procurando llegar a la paridad” (artículo
219.1); además, en “las listas de representación
proporcional se integrarán por segmentos de cinco
candidaturas. En cada uno de los segmentos
de cada lista habrá dos candidaturas de género
distinto, de manera alternada” (artículo 220.1).
A nivel internacional, las acciones positivas
han sido recibidas de distinta manera, por
ejemplo en Francia e Italia, el Consejo Constitucional
y la Corte Constitucional, respectivamente,
tienen precedentes donde han resuelto
y declarado, la inconstitucionalidad de leyes
que establecían cuotas electorales a favor
de las mujeres, lo cual ha llevado, en el caso de
Francia, a introducir una reforma constitucional
para permitir las “políticas de paridad” en materia
electoral. En la Unión Europea, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha emitido importantes
decisiones sobre las acciones positivas,
que han generado intensos debates sobre
el sentido de esas acciones y sobre sus posibilidades
de ocasionar consecuencias anheladas
en cuanto al principio de igualdad. En México,
el tema de las cuotas electorales de género ha
ocasionado opiniones encontradas, mientras
que para algunos es una clara muestra en el
avance del ejercicio del derecho fundamental
que encierra la garantía de igualdad, así como
el principio de no discriminación que consagran
los artículos 1° y 4° de la Constitución General
de la República, ya citados; para otros, marcan
aun más condiciones de discriminación.
En este sentido, en relación con el derecho
fundamental de igualdad y el principio de prohibición
de la discriminación, consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sobre las cuotas electorales de género se
han formulado los siguientes cuestionamientos:
• ¿Son o no discriminatorias y, por tanto, violatorias
del derecho fundamental de igualdad?
• ¿En México, son necesarias y funcionales?
46 CONTEXTO ELECTORAL

Xalapa
Encuentro de
Magistradas
Electorales
de Iberoamérica
Yolli García Alvarez
Magistrada
Sala Regional Xalapa
LLos días 7, 8 y 9 de octubre tuvo
lugar en la ciudad de Guadalajara
el Primer Encuentro de Magistradas
Electorales de Iberoamérica.
El objetivo del evento fue proporcionarnos
herramientas teóricas y estrategias de análisis
para que en nuestro papel de juzgadoras
garanticemos la tutela de los derechos políticos
de las mujeres e incidamos, a través de
la labor interpretativa, en la eliminación de la
brecha entre la igualdad de iure y la de facto.
En las mesas de trabajo, al analizar lo
que ocurre en los distintos países que se
dieron cita, con sorpresa descubrimos que
tenemos más coincidencias que diferencias
y con tristeza vimos que muchas de ellas se
refieren todavía a discriminación, marginación
y violencia de género.
Ante este panorama, preocupadas porque
las mujeres aún acceden en forma minoritaria
a las posiciones de mayor jerarquía
y toma de decisiones y ante las limitaciones
que enfrentan para acceder al goce de sus
derechos políticos, a pesar de ser derechos
humanos universales, indivisibles, inalienables
e interdependientes; las magistradas
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
47

SALAS REGIONALES
que asistimos a tan magno encuentro suscribimos
la declaración de Guadalajara.
En ella se proponen diversas acciones,
todas importantes; sin embargo me gustaría
destacar sólo dos:
a) Incorporar la perspectiva de género y
los derechos humanos de las mujeres
en la aplicación e interpretación de
las normas jurídicas de la jurisdicción
electoral; y
b) Crear programas de capacitación
jurídica popular con perspectiva de
género que permitan a las mujeres el
conocimiento de sus derechos y las
vías de acceso a la justicia electoral.
Para incorporar la perspectiva de género
en la función interpretativa del orden judicial se
necesita de toda una labor previa de concientización
y sensibilización que implique una estrategia
de conocimiento del fenómeno de género.
Sólo con un proyecto integral, que incluya
sensibilización y capacitación del personal jurídico
que integra los órganos de impartición
de justicia, podremos lograr un cambio en los
paradigmas de la interpretación de las normas
jurídicas y atender un enfoque de género con
perspectiva de igualdad jurídica.
Sin embargo, al tratarse de una cuestión
cultural, no es suficiente que existan leyes que
incluyan acciones afirmativas de género, ni que
se sensibilice a los jueces; lo que realmente se
vuelve indispensable es que se tomen acciones
de difusión y capacitación de una cultura
de género, mediante las cuales cambiemos la
idiosincrasia de nuestros pueblos.
Debemos lograr la igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres, el
respeto a los derechos de la población femenina;
propiciar su desarrollo integral; su
posición hacia el interior de la familia; y alentar
su participación en los ámbitos político,
económico, social y cultural.
Para ello, fomentemos una cultura de
respeto y de igualdad entre ambos géneros,
impulsemos que al interior de las familias,
los partidos políticos y en la ciudadanía en
general se genere una verdadera convicción
que favorezca la participación de la mujer
en la vida política del país, que por supuesto
incluya la toma directa de decisiones.
Hay que difundir no sólo los espacios a los
que tienen derecho, sino las acciones para
hacerlos respetar. Tenemos que enseñarles a
usar los mecanismos jurídicos contemplados
en las leyes para que, quienes se vean afectadas,
impugnen el acto que consideren lesivo
de sus derechos político-electorales.
Después de participar en este encuentro
y de compartir las experiencias que ahí se
señalaron, estoy convencida que la única
forma de resolver el problema de fondo, es
enseñando a las nuevas generaciones a vivir
con perspectiva de género.
Lo que realmente se
vuelve indispensable
es que se tomen
acciones de difusión
y capacitación de
una cultura de
género, mediante las
cuales cambiemos
la idiosincrasia de
nuestros pueblos.
48 CONTEXTO ELECTORAL

Xalapa
Declaración
de Guadalajara
Nosotras, las mujeres integrantes
de los más Altos Órganos de la
Jurisdicción Electoral de Iberoamérica,
considerando que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas del 10 de diciembre
de 1948 proclama que su contenido
se aplica a todos los seres humanos incondicionalmente
ìsin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma o cualquier
otra condiciónî y establece el derecho a
participar en el gobierno de su Estado en
condiciones de igualdad;
Teniendo presente que el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
determina la obligación de los Estados
de garantizar los derechos políticos para
el hombre y la mujer en condiciones de
igualdad y reconoce el derecho a participar
en los asuntos públicos por medio
de representantes libremente elegidos en
procesos que garanticen la libre expresión
y voluntad de las electoras, así como
el derecho a tener acceso en condiciones
de igualdad a las funciones públicas;
Reconociendo que, con posterioridad
a la Declaración Universal y a los Pactos
Internacionales, se adoptó la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer de las
Naciones Unidas de 18 de diciembre de
1979, en la cual se establece el principio
de no discriminación en la vida política y pública
y en especial el derecho a votar y ser
electas, a participar en la elaboración de
políticas gubernamentales, ocupar cargos
públicos y ser parte de organizaciones
que participen en la vida pública;
Recordando que la Convención Americana
de Derechos Humanos en sus artículos
1, 24 y 27 señala que los Estados
partes deben respetar los derechos y libertades
en ella reconocidos como son
los derechos a participar en la dirección
de los asuntos públicos por medio de representantes
libremente elegidos, votar
y ser electas por medio del sufragio universal
que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores y el acceso a
las funciones públicas en condiciones de
igualdad;
Evidenciando que la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece
el derecho de toda mujer a una
vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado;
Reafirmando los compromisos asumidos
en las Declaraciones de los Encuentros
de Magistradas de Iberoamérica sobre
el derecho al acceso a la justicia de
las mujeres;
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
49

SALAS REGIONALES
Preocupadas por la discriminación y violencia
que sufren las mujeres en la región en
el goce de los derechos políticos, a pesar
de ser derechos humanos universales, indivisibles,
inalienables e interdependientes;
Constatando que las mujeres siguen
accediendo en forma minoritaria a las
posiciones de mayor jerarquía y toma de
decisiones;
Destacando que la Plataforma de
Acción de Beijing en su plan de acción,
apartado G, sobre el tema de la mujer en
el ejercicio del poder y adopción de decisiones,
estableció dos objetivos estratégicos:
I) Adoptar medidas para garantizar
a la mujer igualdad de acceso y la plena
participación en las estructuras de poder y
en la adopción de decisiones; y II) Aumentar
la capacidad de la mujer de participar
en la adopción de decisiones y en los niveles
directivos;
Considerando la necesidad de institucionalizar
en los órganos encargados de
la jurisdicción electoral en Iberoamérica la
perspectiva de género e incorporar los
compromisos internacionales que aseguren
la igualdad y no discriminación por
razones de sexo;
Reunidas en la ciudad de Guadalajara,
México, los días 7, 8 y 9 de octubre de
2009, para analizar la situación de la mujer
en la administración de justicia electoral,
adoptamos la siguiente:
DECLARACIÓN
1. Exhortar a los órganos electorales, y
en especial a la jurisdicción electoral
a garantizar, respetar y aplicar los
derechos humanos de las mujeres
que reconocen el goce y disfrute de
los derechos políticos y electorales
en condiciones de igualdad;
2. Reconocer la necesidad de utilizar
políticas de igualdad y medidas especiales
de carácter temporal para
acelerar, profundizar y consolidar los
avances logrados hasta la fecha y superar
los obstáculos que se presentan
en prácticas políticas, sociales y culturales,
que impiden el goce y disfrute
de los derechos político-electorales
para las mujeres;
3. Promover políticas y planes de igualdad
de género en los órganos de la
jurisdicción electoral dirigidos a avanzar
en la igualdad de género y el verdadero
goce y disfrute de los derechos
político-electorales de las mujeres;
4. Incorporar la perspectiva de género y
los derechos humanos de las mujeres
en la aplicación e interpretación de
las normas jurídicas de la jurisdicción
electoral;
5. Impulsar la capacitación al personal
de los órganos electorales en los derechos
humanos de las mujeres y la
perspectiva de género;
6. Garantizar la incorporación de mujeres
a la carrera judicial electoral;
7. Elaborar diagnósticos sobre la igualdad
de género que valoren las diversas
áreas de los órganos electorales;
8. Realizar la selección, análisis y sistematización
de las sentencias o resoluciones
relevantes que incorporen la
perspectiva de género y de derechos
humanos dictada por los órganos jurisdiccionales
electorales;
9. Promover resoluciones electorales
con lenguaje sencillo, comprensible
50 CONTEXTO ELECTORAL

Xalapa
y no sexistas que no reproduzcan el
sistema patriarcal;
10. Crear programas de capacitación
jurídica popular con perspectiva de
género, que permitan a las mujeres el
conocimiento de sus derechos y las
vías de acceso a la justicia electoral;
11. Prestar especial atención a los grupos
en situación de vulnerabilidad que son
víctimas de una doble o triple discriminación
en materia electoral, como
el caso de las mujeres indígenas,
con discapacidad, adultas mayores,
mujeres jóvenes, mujeres afrodescendientes,
mujeres lesbianas, mujeres
migrantes, etc.
12. Apoyar el Observatorio de Justicia y
Género, creando un capítulo especial
en materia electoral y promoviendo la
creación de observatorios nacionales;
13. Instar a los partidos políticos y organizaciones
sociales a luchar por
una justicia de género que garantice
el goce y disfrute de los derechos
político-electorales de las mujeres;
14. Condenar todos los actos de violencia
y discriminación de género por razones
políticas, que se den en la justicia
electoral y en los partidos políticos,
tal y como lo dispone la Convención
sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la
Mujer y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer;
15. Adoptar un Plan de Acción regional
que refleje el resultado del Primer Encuentro
de Magistradas de la Justicia
Electoral, para lo cual se comisiona a
la Fundación Justicia y Género como
Secretaría Técnica de los Encuentros
de Magistradas para su elaboración,
tomando como base las conclusiones
del presente Encuentro;
16. Instar a la cooperación internacional
para que continúe y comprometa sus
esfuerzos en la realización periódica
de estos Encuentros Regionales, para
promover el debate y el diálogo entre
Magistradas de la Jurisdicción Electoral,
que fomenten el seguimiento y
evaluación de la ejecución del Plan de
Acción Regional;
17. Promover el intercambio de experiencias
entre las Magistradas
de diversas jurisdicciones para
lograr una justicia con perspectiva
de género dentro del marco del
Encuentro de Magistradas de Iberoamérica,
e instar a este último a
extender esta cooperación a todos
los países de la región.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
51

SALAS REGIONALES
La interpretación
en la
justicia
electoral
52 CONTEXTO ELECTORAL

Distrito Federal
José Martín Vázquez Vázquez
Secretario de Estudio y Cuenta
Sala Regional Distrito Federal
Algunas concepciones
de la interpretación jurídica
La interpretación representa un acto humano
de intelección cuya finalidad se encuentra
dirigida al entendimiento y comprensión de
los textos legales, es decir la construcción
teórico legal del significado, en los teóricos
del derecho existe consenso en señalar que
por interpretación jurídica debe entenderse
el esfuerzo intelectual del intérprete encaminado
a la obtención del esclarecimiento del
sentido de la norma jurídica, tomando como
punto de partida el texto de la disposición
que se encuentra redactada en forma general
y abstracta; García Maynez (1989, p.
325) en su momento señaló que “interpretar
es desentrañar el sentido de una expresión.
La expresión es un conjunto de signos; por
ello tiene significación”.
Así, la interpretación jurídica se entiende
como la comprensión de textos que portan
un sentido o mensaje de manera expresa o
implícita que incorporan la intención de un
creador el cual se dirige a otro. En nuestro
sistema de derecho el legislador construye
las normas y las dirige generalmente a los
gobernados, y si se desea comprender el
significado, se tiene que entender el sentido
del creador del texto.
Beuchot (2005, p. 17) señala que por
texto se debe entender “aquellos que van
más allá de la palabra y el enunciado. Son
por ello, textos ‘hiperfrásticos’, es decir, mayores
que la frase”.
En este sentido la labor interpretativa se
desarrolla donde el texto no tiene un solo
sentido, donde existe polisemia. Schauer
(2004, p. 21) cuando habla de los predicados
fácticos de las reglas identifica generalizaciones
sobreincluyentes cuando no se
configura la consecuencia prevista en la regla
por cubrir más aspectos de la intención
del legislador; asimismo identifica predicados
subincluyentes cuando no se cubren
ciertos estados de cosas.
Con esta óptica la interpretación jurídica
no sólo se da cuando el texto es “hiperfrástico”,
sino cuando el mismo es “infrafrástico”,
entendiendo esto último como un enunciado
normativo que adolece de ciertas propiedades.
Por lo tanto, el objeto principal de la interpretación
jurídica es precisar el discurso
normativo contenido en una disposición legal
para hacerlo entendible, no de manera caprichosa
ni arbitraria, sino siguiendo determinadas
directivas o métodos interpretativos.
Guastini (2003, pp. 3-5) señala que en
el lenguaje jurídico existen dos conceptos
de interpretación jurídica; el primero sensu
stricto, es aquella que se emplea solamente
cuando el discurso normativo o texto jurídico
no tiene un contenido claro, existen dudas o
controversias respecto a su aplicación, por
lo tanto es cuando se requiere del ejercicio
intelectivo de interpretación para reformular
y atribuir un significado al texto legal; contrario
a ello, cuando el texto es claro o no
existen dudas respecto al significado, no
se debe dar ni puede realizarse interpretación,
porque el mismo no deja lugar a dudas,
de acuerdo con este concepto existen
dos ámbitos de aplicación de las normas;
los casos fáciles donde el lenguaje jurídico
es suficiente para fines de comunicación
concreta, o bien, los casos difíciles donde
existen dudas que se eliminan mediante
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
53

SALAS REGIONALES
la interpretación; y el segundo de los conceptos
lato sensu, se emplea para referirse
a cualquier atribución de significado de un
texto normativo independientemente de que
existan dudas o controversias respecto al
significado del contenido, desde esta óptica,
se produce interpretación no solamente
en los casos difíciles, entendido éste como
la indeterminación del derecho, sino en presencia
de cualquier caso en la que tenga
que tomar alguna decisión el juzgador, siendo
la aplicación normativa la consecuencia
cotidiana de la interpretación.
Wróblewski (1988, pp. 21-22) destaca tres
concepciones sobre la interpretación legal, “la
interpretación sensu largísimo se define como
la comprensión de un objeto en tanto que fenómeno
cultural (…); interpretación sensu largo
significa comprensión de cualquier signo
lingüístico (…) e interpretación sensu stricto
que quiere decir determinación de un significado
de una expresión lingüística cuando
existen dudas referentes a este significado en
un caso concreto de comunicación”.
Ámbitos de la
interpretación jurídica
La interpretación legal es una actividad cotidiana
de los juristas que se efectúa en tres
distintos ámbitos, el primero relacionado con
el legislativo que se identifica también con la
interpretación auténtica cuya tarea esencial
es la producción o establecimiento de normas
jurídicas, el segundo relacionado con la
aplicación de normas legales a la resolución
de casos concretos, ya sea por órganos jurisdiccionales
ya sea por órganos administrativos
y, en el último de los casos, simples
particulares que se identifica con interpretación
doctrinal, interpretación de la opinión
pública e interpretación de las partes; es
decir, la interpretación legal la encontramos
en el discurso jurídico práctico.
La cuestión fáctica
del intérprete
Los operadores judiciales del derecho al momento
de tomar la decisión de algún caso
concreto se enfrentan a tres posibilidades,
la norma contempla los hechos del caso, la
norma no regula los hechos del caso, o bien,
se duda si se trata de lo primero o de la segunda
hipótesis.
Respecto a las dos primeras posiciones
no existen dudas en la ley por ser el texto
legal claro, por tanto, en sentido estricto las
consecuencias en el discurso jurídico al estar
en una u otra situación serían: o se aplica
la ley o no se aplica.
En la tercera de las hipótesis es obvio que
genera una duda en el operador judicial, por lo
que se requiere de la interpretación dado que
la ley no es clara, ello es, la solución está supeditada
al significado de la norma sobre la cual
existe la duda ocasionada por la vaguedad del
lenguaje, esto es, la polisemia de las palabras
que componen los discursos normativos los
cuales tienen un distinto valor semántico, dado
que un mismo signo en el mismo lenguaje natural
puede tener distintos significados, situación
que termina por complicarse cuando el productor
de la norma legal por cualquier circunstancia
utiliza un signo no apropiado y un orden
sintáctico no adecuado.
Francisco Miró (2003, p. 35) establece
que la interpretación jurídica se debe a
cuatro razones: logicidad (deducción normativa),
metábasis (rebasamiento de todo
sistema conceptual); empiricidad origen
empírico de los conceptos jurídicos; y, polisemia
(pluralidad de significados de todo
lenguaje natural).
La interpretación
en la justicia electoral
La interpretación judicial en nuestro sistema
jurídico tiene su justificación en el ar-
54 CONTEXTO ELECTORAL

Distrito Federal
tículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que en su parte
relativa dispone que en los juicios del
orden criminal queda prohibido imponer
por simple analogía y aún por mayoría de
razón, pena alguna que no esté decretada
por una ley exactamente aplicable al delito
de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia
definitiva deberá ser conforme a la letra o a
la interpretación jurídica de la ley, y a falta
de ésta se fundará en los principios generales
del derecho.
La situación reglada en primer lugar es
aquella en que la disposición se aplica conforme
a la letra, en segundo lugar cuando
la disposición es aplicada interpretándola
previamente y finalmente cuando falta disposición
expresa aplicable se aplican los
principios generales del Derecho.
En la primera situación no existe duda
acerca del significado de la regla, en la segunda
hipótesis se requiere de la labor interpretativa
del operador judicial por la vaguedad
del lenguaje y en el último de los casos
ni existe claridad ni ambigüedad, sino más
bien, se está en ausencia de una regla de
tipo legal.
En un intento por establecer una sistematización
de criterios de la interpretación
legal, Ezquiaga Ganuzas (2006) reformula
la teoría de Wróblewski señalando que las
normas jurídicas poseen tres dimensiones o
que se ubican en tres contextos; lingüístico
por que están expresadas en un lenguaje,
sistémico por que se encuentran insertas
en un sistema jurídico y funcional porque en
general esas normas persiguen objetivos o
finalidades.
En ese sentido, las reglas, instrumentos
o criterios interpretativos responden a estas
tres dimensiones que se clasifican en tres
grupos.
1. El criterio gramatical que emplea los argumentos
semántico y a contrario.
2. El criterio sistemático que utiliza los argumentos
acoherentia, sedes materiae,
a rúbrica, sistemático y de la no redundancia.
3. El criterio funcional que se apoya en los
argumentos, teleológico, histórico, psicológico,
pragmático, principios y por el
absurdo.
Por otra parte, en la situación de falta de
ley o disposición expresa se valen los siguientes
argumentos, analogía, a fortiori y a
partir de los principios.
En este trabajo no se definen cada uno
de los anteriores argumentos sólo se rescatarán
las directivas de las tres dimensiones
en que se ubican las normas (semántico,
sistemático y funcional) desarrolladas por
Wróblewski. (1988, pp. 47 y ss) que han
marcado las directrices para la interpretación
en el derecho electoral mexicano.
Directivas lingüísticas (semánticas), trata
de fijar el sentido o posibles sentidos que
poseen las palabras en un texto legal considerando
las palabras en sí mismas que pueden
tener un distinto valor semántico, en el
derecho escrito las directivas lingüísticas de
interpretación dependen de los caracteres
del lenguaje legal.
1. Sin razones suficientes no se deberían
atribuir a los términos interpretados
ningún significado especial distinto del
significado que estos términos tienen en
el lenguaje natural común.
2. Sin razones suficientes a términos idénticos,
que se utilizan en las reglas legales, no se
les debería atribuir significados diferentes.
3. Sin razones suficientes, a términos diferentes
no se les debería atribuir el mismo
significado.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
55

SALAS REGIONALES
4. No se debería determinar el significado
de una regla de manera tal que algunas
partes de dicha regla sean redundantes.
5. El significado de los signos lingüísticos
complejos deberá ser determinado
según reglas sintácticas del lenguaje
natural común.
Las anteriores directivas de interpretación
suponen que cuando el texto es claro
no existe necesidad de otorgarle un significado
distinto al significado formalmente
aceptado en el lenguaje natural común, niegan
por otra parte la polisemia y sinonimia
del lenguaje legal e involucran a la técnica
legislativa como parte del problema.
Las directivas para la interpretación sistemática,
parten de la concepción del derecho
como sistema jurídico, ello significa
que sus elementos se interrelacionan para
formar una unidad lo cual se vuelve necesario
para entender su funcionamiento, así la
interpretación de la leyes y normas han de
ser consideradas de manera conjunta y no
parcialmente, armónica y no aislada.
1. No se debería atribuir a una regla legal
un significado de tal manera que ésta
fuera contradictoria con otras reglas
pertenecientes al sistema.
2. No se debería atribuir a una regla legal
un significado de tal manera que fuera
incoherente con otras reglas legales
pertenecientes al sistema.
3. A una regla legal se le debería atribuir
un significado que le hiciera lo más coherente
posible con otras reglas legales
pertenecientes al sistema.
4. A una regla legal no se le debería atribuir
un significado de manera que esta regla
fuera inconsistente o incoherente con un
principio válido del derecho.
5. A una regla legal se le debería atribuir un
significado de modo que la regla fuera lo
más coherente posible con un principio
válido del derecho.
Las directivas de la interpretación funcional
encuentran su sustento en la experiencia
efectiva, es decir, la interpretación debe ser
realista, pragmática, racional, científica y sobre
todo adaptable a transformaciones sociales, es
decir, una proyección de cómo se aplicará en
lo futuro la norma de acuerdo a nuevos hechos
sociales, este es un sistema complicado
porque crea una dependencia social del derecho,
es decir, el derecho se crea, aplica y
funciona en el contexto de diferentes hechos
sociopsíquicos, relaciones sociales y otros
factores condicionantes del derecho como la
economía, la política y la cultura.
1. A una regla legal se le debería atribuir un
significado de acuerdo con la finalidad
que persigue la institución a la que pertenece
la regla.
2. A una regla legal se le debería atribuir un
significado de acuerdo con la intención
del legislador histórico.
3. A una regla legal se le debería atribuir un
significado de acuerdo con la intención
perseguida por el legislador contemporáneo
al momento de la interpretación.
4. A una regla legal se debería atribuir un
significado acorde con los objetivos que
esta regla debe alcanzar según las valoraciones
del intérprete.
En el sistema de justicia electoral las disposiciones
electorales se interpretan conforme
a los criterios gramatical, sistemático
y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 3 párrafo dos del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 2
de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, ello implica
que la interpretación gramatical o letrista es un
método que debe de aplicarse en relación con
56 CONTEXTO ELECTORAL

Distrito Federal
los métodos sistemático y funcional, según los
cuales el entendimiento y sentido de las normas
deben en primer lugar determinarse en
concordancia con el contexto al cual pertenecen
y en segundo lugar se deben de tomar en
cuenta los diversos factores relacionados con
la creación, aplicación y funcionamiento de la
norma jurídica en cuestión.
A manera de conclusión
Es incuestionable que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación ha contribuido
enormemente a la construcción del
derecho electoral mexicano mediante su labor
interpretativa de los enunciados jurídicos
aplicados a los casos concretos como
se pude constatar al consultar las sentencias
emitidas y los criterios relevantes y de
jurisprudencia que marcan la pauta para el
propio tribunal y los de las entidades federativas,
circunstancia que ha redundado en
el fortalecimiento de las instituciones democráticas
en México.
Bibliografía
Beuchot, Mauricio, Tratado de Hermenéutica Analógica,
Hacia un nuevo modelo de interpretación,
México, ITACA, 2005.
Esquiaga Ganuzas, Francisco Javier, La argumentación
interpretativa en la justicia electoral
mexicana, México, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2006.
García Maynez, Eduardo, Introducción al Derecho,
México, Porrúa, 1989
Guastini, Ricardo, Estudios sobre la interpretación
jurídica, México, Porrúa-UNAM, 2003.
Miro-Quesada Cantuarias, Francisco, Ratio Interpretandi,
ensayo de hermenéutica jurídica,
Perú, Editorial Universitaria, 2003.
Wróblewski, Jerzy, Constitución y Teoría General
de la Interpretación Jurídica, traducción de
Arantxa Azurza, revisión y nota introductoria
de Juan Igartúa Salaverria, España, Cuadernos
Civitas, 1998.
Schauer, E., Las Reglas del Juego. Traducción
Claudia Orunesu y Jorge L. Rodríguez, España,
Marcial Pons, 2004.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
57

Breve
reseña
CASO ST-JDC-97/2008
SALAS REGIONALES
Carlos A. de los Cobos Sepúlveda
Secretario de Estudio y Cuenta
Sala Regional Toluca
Transición jurídica
La historia contemporánea del derecho re-
de este tipo de Estado con la característica
de pretender regular todo.
porta dos grandes transiciones jurídicas: del Finalmente, la segunda transición jurídica
Estado absolutista al Estado de Derecho y se refiere al abandono de la concepción mecanicista
de la actividad jurisdiccional que
del Estado de Derecho al Estado Constitucional
de Derecho. 1
constreñía a la aplicación literal de
A manera de síntesis,
la ley, entre otros atributos. En
puede decirse que en el
este sentido, Rodolfo Luis
“Injusticia
Estado absolutista de
Vigo, en sus cátedras que
derecho, el cual coincide extrema no es imparte en nuestro país y en
con la formación de los
sus variadas visitas a este
derecho”
Estados modernos, en la
Tribunal Electoral, ha enfatizado
que el cambio de para-
Gustav Radbruch
figura del monarca confluían
las diversas facultades del
digma del Estado Legal de Derecho
al Estado Constitucional fue
Estado, pues se pensaba que su
soberanía era otorgada por alguna divinidad. lo sucedido después de la Segunda Guerra
Las revoluciones francesa e inglesa, respectivamente,
así como la independencia esta-
los que si se aplicaba la ley para juzgar a los
Mundial en los Tribunales de Nuremberg, en
dounidense configuran al Estado de Derecho criminales de guerra, no habría justicia, de
cuyo mandato principal es la sujeción de gobernantes
y gobernados a lo establecido por frase del jurista alemán Gustav Radbruch:
ahí el origen y la configuración de la famosa
la ley. La codificación es el resultado palpable “injusticia extrema no es derecho”. 2
1
Santiago Nieto Castillo, Interpretación y
argumentación jurídicas en materia electoral:
una propuesta garantista; México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2003, p. 6.
2
Para ampliar esta idea, véase: La injusticia extrema
no es derecho: de Radbruch a Alexy, en Rodolfo L.
Vigo coordinador, Argentina, Fontamara, 2004.
58 CONTEXTO ELECTORAL

Toluca
Formalismo enervante
La interpretación en el Estado Constitucional
de Derecho debe estar encaminada,
primordialmente, a hacer efectivo el texto
constitucional como documento jurídico cargado
de contenido: principios y valores y no
sólo circunscribirse a ser un pacto político
entre las élites de una sociedad, es decir,
la interpretación en esta concepción debe
hacer de la Constitución un documento jurídico
más que político. Lo anterior es lo que,
entre otros autores, Vigo denomina fuerza
normativa de la Constitución. 3
En función de lo anterior, la teoría de
la interpretación contemporánea presenta
como una herramienta importante en la determinación
del contenido y el alcance de un
derecho fundamental ciertos criterios de interpretación,
entre los cuales, según Miguel
Carbonell, se encuentra el criterio pro homine,
del que derivan los subprincipios: favor
libertatis, favor debilis, in dubio pro operario,
in dubio pro reo e in dubio pro accione. 4
Este criterio pro homine, como principio
de interpretación sostiene la necesidad de
acudir a la norma más amplia o a la interpretación
más extensiva, con la finalidad de
reconocer derechos protegidos o no por la
norma constitucional.
De acuerdo con las consideraciones
hasta aquí expuestas, por un lado de la
transición al Estado Constitucional de Derecho
y de la interpretación de los derechos
fundamentales, el Tribunal Constitucional
Español elaboró jurisprudencialmente una línea
argumentativa denominada “formalismo
enervante”. Dicha línea de argumención la
podemos encontrar, entre otras sentencias,
en las STC 19/83, 57/84, 60/85, 36/86, 3/87,
185/88, 77/1993, 238/2002, 192/2003.
La formalidad enervante, de acuerdo con
estos textos judiciales del Tribunal Constitucional
Español, atiende principalmente a
dos significados:
1. Los formalismos inútiles que impiden la
admisión a trámite de un recurso como
son considerar con eficacia una notificación
o publicación en estrados, a pesar
de las deficiencias de la misma o de la
imposibilidad material de tener conocimiento
pleno de su contenido, son consideradas
inconstitucionales y,
2. Los requisitos formales y materiales dotados
de significación jurídica inútiles,
deben necesariamente ser interpretados
en el sentido que más favorezca la admisión
a trámite del recurso. 5
En los propios textos de las sentencias
citadas, también puede desprenderse que
aquel órgano jurisdiccional, ha establecido
que los tribunales ordinarios deben ser
favorables a la efectividad del derecho al
recurso, huyendo de excesos formalistas
que resulten contrarios a la finalidad de la
norma que convierta cualquier obstáculo insalvable
para la prosecución de un proceso,
es decir, se tutela el derecho fundamental de
acceso a la justicia, establecido en nuestra
Constitución y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
5
STC 19/83, 57/84, 60/85, 36/86, 3/87, 185/88,
77/1993, 238/2002, 192/2003, entre otras.
3
Rodolfo L. Vigo, La interpretación constitucional,
Argentina, Abeledo Perrot, 1993, pp. 64.
4
Miguel Carbonel Sanchez, Los derechos
fundamentales en México, México, Porrúa-UNAM-
CNDH, 2005, pp. 130 y 131.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
59

SALAS REGIONALES
ST-JDC-97/2009
Dicho juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, sustanciado
y resuelto por Sala Regional Toluca,
bajo la ponencia del doctor Santiago Nieto
Castillo, fue un caso difícil en su resolución,
pues se ponderó entre dos principios establecidos:
Legalidad vs. Acceso a la justicia
En el juicio ciudadano bajo estudio,
diversos militantes del Partido de la Revolución
Democrática participaron como candidatos
en un proceso de selección interna
de consejeros estatales; en dicho proceso
resultó ganadora una planilla, misma que
fue impugnada por otra de las planillas
contendientes, con el argumento que se
había excedido en los topes de gastos de
campaña, lo cual en términos estatutarios,
reglamentarios y de la propia convocatoria
tenía como efecto la imposibilidad de asumir
la Consejería Estatal.
Por su parte, la instancia partidista resolvió
que, efectivamente, existió un incumplimiento
a la normativa partidista, por lo cual, notificó el
sentido de la resolución al recurso interpuesto
por la planilla inconforme, dentro del cual,
dicho sea de paso, la planilla vencedora no
tuvo garantía de audiencia para desvirtuar la
acusación de la cual era objeto.
Finalmente, al momento de percatarse
de la privación de sus derechos políticos, la
planilla vencedora en el proceso de selección
interna, interpuso el juicio para la protección
de los derechos político-electorales
del ciudadano ante esta Sala.
En la sentencia dictada por Sala Regional
Toluca, en primer término, se declaró
infundada la causal de improcedencia alegada
por el órgano partidista responsable,
aduciendo básicamente, una violación a la
garantía de audiencia de la planilla vencedora
y la configuración de un caso típico de
formalismo enervante al privar la defensa
de dichos ciudadanos; y en el fondo, la
sentencia declaró fundado el agravio relativo
a la indebida notificación del inicio del
procedimiento establecida en el artículo 14
constitucional y el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
De igual forma, en las consideraciones
medulares de la sentencia se afirma que:
En relación con la litis del presente juicio, es
necesario tener en cuenta que sobre un thema
debatendi semejante se ha pronunciado la
jurisprudencia internacional, concretamente,
el Tribunal Constitucional Español a propósito
de lo que se ha denominado “formalismo enervante”,
aquel órgano jurisdiccional, ha establecido
que los tribunales ordinarios deben
ser favorables a la efectividad del derecho al
recurso, huyendo de excesos formalistas que
resulten contrarios a la finalidad de la norma
que convierta cualquier obstáculo insalvable
para la prosecución de un proceso. 6
En razón de lo anterior, la Sala Regional
ordenó la reposición del procedimiento viciado
para que los ciudadanos quejosos tuvieran
oportunidad de ser oídos y vencidos
en juicio, tal y como lo mandata el imperativo
constitucional y los tratados internacionales
suscrito por nuestro país y a los que la judicatura
está vinculada a observar, por vía del
artículo 133 del Pacto Federal.
Otros ejemplos en los que se puede
configurar un supuesto de formalismo
enervante en la función jurisdiccional, son
los relativos a indebida notificación; la imposibilidad
física de presentar la demanda
por cuestiones imputables a la autoridad
responsable; la oposición de mayores requisitos
administrativos para presentar un
recurso, entre otros.
6
ST-JDC-97/2008, p. 48, consultable en
http://10.10.15.37/Informacion_jurisdiccional/
sentencias_word/sword/Toluca/JDC/2008/ST-
JDC-0097-2008.doc
60 CONTEXTO ELECTORAL

Toluca
Conclusiones
En el paradigma actual del Estado Constitucional
y Democrático de Derecho exige que
un Tribunal Electoral como éste, el cual tiene
encomendadas las funciones del control
concreto de la Constitución, efectúe criterios
de interpretación de tipo abierto que se
maximice la norma a favor del ciudadano
para brindar expresión y contenido a la protección
de los derechos fundamentales, los
cuales en una democracia cobran especial
importancia.
Por último, la reflexión gira en torno a la
propia legitimidad del Poder Judicial, la cual,
como se ha sostenido desde Hamilton en el
Federalista, ésta radica en que los poderes
judiciales, son poderes de la razón, es decir,
su legitimidad se encuentra en las sentencias
que emiten y de la protección y tutela
de los derechos fundamentales contenidos
en ellas
Sentencias consultadas
Tribunal Constitucional Español: STC 19/83,
57/84, 60/85, 36/86, 3/87, 185/88, 77/1993,
238/2002, 192/2003.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación: ST-JDC-97/2009.
Páginas de internet consultadas
http://www.tribunalconstitucional.es
http://10.10.15.37/Informacion_jurisdiccional/
sentencias_word/sword/Toluca/JDC/2008/ST-
JDC-0097-2008.doc
Bibliografía
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en México, México, Porrúa-UNAM-
CNDH, 2005.
Carpizo, Enrique, Derechos fundamentales. Interpretación
constitucional. La Corte y los
derechos, México, Porrúa-IMDPC, 2009.
Nieto Castillo, Santiago, Interpretación y argumentación
jurídicas en materia electoral: una propuesta
garantista, México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, 2003.
Vigo, Rodolfo L. (coordinador), La injusticia extrema
no es derecho: De Radbruch a Alexy,
Argentina, Fontamara, 2004.
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Abeledo Perrot, 1993, pp. 64.
Sagües, Néstor Pedro, La interpretación judicial de
la Constitución, 2a. ed., Argentina, LexisNexis,
2006.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
61

Ilegalidad
de los
partidos políticos
SALAS REGIONALES
Casos internacionales
y el contexto en México
Luis Espíndola Morales
Secretario Auxiliar
Sala Regional Toluca
Introducción
El tratamiento que se ha dado en diversas
latitudes a la ilegalización de un partido político
no es la regla, sino un caso de extrema
excepción cuya sanción conduce a estimar
que una determinada organización no puede
seguir manteniendo vigencia ni desarrollando
sus actividades ya que de manera notoria
y sin lugar a dudas se alejan de procurar
y promover los principios democráticos, así
como las finalidades por las que obtuvieron
su registro, resultando nocivas para el desarrollo
armónico y pacífico del Estado, como
es el caso de las organizaciones subversivas
cuyo propósito se aleja diametralmente
de las finalidades que debe perseguir un
partido político.
La ilegalización de los partidos políticos
ha sido un tema de muchas aristas, en el
que la divergencia de opiniones respecto al
mismo ha generado debates interminables.
Diversos son los motivos que han llevado a
los órganos jurisdiccionales a emitir un fallo
de tales dimensiones, de entre los que destacan
los que se ha demostrado que atentan
contra la seguridad nacional o cuyas actividades
notoriamente se encuentran fuera
de las finalidades que debe perseguir una
entidad de esta naturaleza.
Marco Normativo en México
El artículo 41, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que los partidos políticos son “entidades
de interés público; la ley determinará
las normas y requisitos para su registro legal
y las formas específicas de su intervención
en el proceso electoral y la función que
estos tienen en la vida democrática de un
país”.
Por su parte, el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (Co-
62 CONTEXTO ELECTORAL

Toluca
fipe) establece los lineamientos por los que
deben conducirse los partidos políticos en la
vida democrática del país, como la prohibición
de la intervención de las organizaciones
gremiales, o con objeto social diferente, en
la creación de partidos o cualquier forma de
afiliación corporativa a ellos (artículo 22.2).
En cuanto a los requisitos mínimos con los
que deberá contar su declaración de principios
destacan la obligación de no aceptar
pacto o acuerdo que lo sujete o subordine
a cualquier organización internacional o lo
haga depender de entidades o partidos políticos
extranjeros (artículo 25, inciso c).
También se les impone la obligación de
conducir sus actividades por medios pacíficos
y por la vida democrática (artículo 25,
inciso d), y conducir sus actividades dentro
de los cauces legales ajustando su conducta
y la de sus militantes a los principios
del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos
políticos y los derechos de los ciudadanos,
absteniéndose de recurrir a la violencia y a
cualquier acto que tenga por objeto o resultado
alterar el orden público, perturbar
el goce de las garantías o impedir
el funcionamiento regular de los
órganos de gobierno (artículo 38.1,
incisos a y b).
En resumen, los partidos políticos
deben desarrollar sus actividades
con base en los cauces constitucionales
y legales, observando
los principios que rigen la participación
política y la vida
democrática del Estado,
siendo el conducto para
el acceso de los ciudadanos
a los cargos
de elección popular.
Sin embargo, cuando
los partidos políticos per-
siguen finalidades distintas, se dice que no
están cumpliendo con el mandato constitucional
por el que fueron creados y por tanto
puede afirmarse que éstos contravienen la ley
al desnaturalizar su objeto, por lo que puede
decirse que dichos actos son ilegales.
En México, el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales señala
sanciones a los partidos políticos que van
desde la amonestación hasta la cancelación
del registro en caso de conductas que de
manera reiterada violen la Constitución.
En nuestro país únicamente se han impuesto
multas a los partidos políticos y no
se ha llegado a la cancelación de su registro.
Ejemplos de ello son los casos “Pemexgate”
en el expediente SUP-RAP-018/2003
y “Amigos de Fox” en el expediente SUP-
RAP-98-2003 y acumulados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
63

SALAS REGIONALES
En el ámbito del
derecho internacional
y especialmente en las
democracias occidentales
se han presentado diversos
casos en los que se ha
llegado a declarar la
ilegalidad de un partido
político.
Experiencias comparadas
En el ámbito del derecho internacional y especialmente
en las democracias occidentales
se han presentado diversos casos en los
que se ha llegado a declarar la ilegalidad de
un partido político.
Los motivos han sido diversos, destacando
aquellos cuyos fines se dirigen a atentar
contra la seguridad nacional, los derechos y
libertades de determinados grupos sociales.
Así, por ejemplo, en 1952 el Tribunal Supremo
Alemán declaró la ilegalización del
denominado Partido Nacionalista del Reich
o Partido Social Imperial ya que poseía una
milicia paramilitar y una clara vinculación a
la ideología del partido Nazi.
En España los partidos Herri Batasuna,
Euskal Herritarrok y Batasuna fueron declarados
ilegales por el Tribunal Constitucional
Español mediante ejecutoria 6/2002 y 7/2002
acumulados, en la que determinó que la
creación de este partido político formaba
parte de la organización terrorista ETA (Euskadi
Ta Akatasuna, que en español significa
País Vasco y Libertad) y que, por tanto, es
incompatible con el ejercicio de la política
porque se basa en la invocación, defensa
y justificación de la violencia como método
válido para su ejercicio.
Otra referencia la encontramos en Turquía
con el partido político Prosperidad (Refah
Partisi), que en 1998 el Tribunal Constitucional
de ese país determinó la ilegalización de
dicho partido político por actividades contra
la república laica en atención a que varios
dirigentes habían amenazado con imponer
el Corán por medio de métodos violentos ya
que se sugería que la sangre podría correr
en el caso de que Turquía no fuese un verdadero
Estado musulmán y que algunos habían
declarado que esto iba a acontecer por
métodos pacíficos o violentos.
El debate que principalmente se presenta
es en cuanto a los límites al derecho a las
libertades de asociación y libre expresión
de las ideas. No obstante, como todos los
derechos fundamentales, éstos tienen límites
como los de no transgredir los derechos
de terceros, poner en peligro la paz social
o la seguridad nacional, conductas que al
realizarse por los partidos políticos se alejan
de los principios constitucionales por los
que deben sujetar sus actividades.
Para el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos la disolución de un partido político
sólo es factible cuando dicha medida
sea necesaria en una sociedad democrática
para tutelar la seguridad nacional, la
defensa del orden y la prevención del crimen,
la protección de la salud o de la moral,
así como la protección de los derechos
de terceros.
La Convención Americana sobre Derechos
Humanos en sus artículos 13, 15 y 16
que regula la libertad de pensamiento, de expresión,
de reunión y la libertad de asociación
señala como límites para el ejercicio de estos
derechos la protección a la seguridad nacional,
el orden público, la salud, la moral pública y el
respeto a los derechos de terceros.
Conclusiones
Si bien, en México, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y el Tribunal Electoral del
64 CONTEXTO ELECTORAL

Toluca
Poder Judicial de la Federación no se han
expuesto a casos como los mencionados en
este artículo, lo cierto es que nuestra Constitución
establece los principios elementales
por los que deben ceñirse los partidos
políticos para conducir sus actividades en
un entorno democrático, sin transgredir los
derechos fundamentales de otros.
Debemos tener en cuenta que los partidos
políticos como entidades de interés
público gozan de las prerrogativas que la
Constitución les concede, de entre las que
destacan el otorgamiento del financiamiento
público y el acceso a medios de comunicación;
por ello, si los partidos políticos
desvían sus actividades fuera de las que la
Constitución señala a tal grado que los derechos
de terceros, el orden público o la seguridad
nacional se vulneren, deben seguir
un procedimiento en el que de acreditarse
las irregularidades denunciadas pierdan el
registro como partido político.
Reflexionar sobre este tema es importante,
aunado a que ya ha sido objeto de
debate a nivel internacional y que en algún
momento puede permear en nuestro país,
por lo que es necesario legislar al respecto,
estableciendo las directrices que permitan
a las autoridades, en el ámbito de sus
facultades, conocer y resolver sobre este
tema.
Finalmente, un aspecto importante es el
relativo a la facultad del Tribunal Electoral
para declarar la ilegalización de un partido
político ya que, sobre este tópico tendría que
realizarse una adición al artículo 99 Constitucional
en el que se permita al máximo órgano
jurisdiccional especializado en la materia conocer
y resolver sobre un procedimiento de
ilegalización de partidos políticos y en las
leyes secundarias se establezcan las reglas
de competencia y facultades para resolver
al respecto.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
65

El
Tribunal
Electoral
y la capacitación internacional
internacional
INTERNACIONAL
Introducción
Existe una tendencia cada vez más generalizada
entre las instituciones electorales,
tanto a nivel regional como internacional de
fortalecer el intercambio de experiencias y
conocimientos, a través de diferentes cursos,
talleres y seminarios de capacitación.
Este afán de colaboración académica no
ha pasado inadvertido para los organismos
electorales internacionales, que han sido
muy receptivos a las necesidades expresadas
por los miembros de la comunidad
Helen Patricia Peña Martínez
COROE
Sala Superior
internacional, sirviendo de vínculo entre los
países interesados, y apoyando con recursos
económicos la realización de los cursos
en cuestión.
Un papel muy destacado en este sentido
debe atribuirse al Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación
Internacional para Sistemas Electorales
(IFES); la Organización de Estados Americanos
(OEA), el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH), a través de su
Centro de Asesoría y Promoción Electoral
66 CONTEXTO ELECTORAL

Reportaje especial
(CAPEL) y a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID).
En el caso de México y en particular del
TEPJF, este tipo de actividades han sido
ampliamente validadas, no sólo al recibir
delegaciones de otros países para brindarles
capacitación, sino también al obtener
información y conocimientos de expertos,
en otras regiones del mundo.
Capacitación con
la República del Ecuador
Como parte de esta política, el Tribunal
Supremo Electoral de Ecuador y el Consejo
Electoral del propio país, expresaron su
interés en recibir capacitación del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
habida cuenta de la experiencia que el
órgano jurisdiccional electoral mexicano ha
adquirido a través de los diferentes procesos
electorales transcurridos.
El proyecto fue iniciado en febrero de
este año, con misiones de asistencia técnica
a Ecuador, por parte de funcionarios del
Tribunal Electoral.
Los temas materia de estudio en el primer
encuentro se centraron en la comunicación
social y los sistemas de informática.
La asistencia técnica se concretó con la
colaboración de la Organización de Estados
Americanos.
Dando continuidad a este proyecto, durante
el mes de julio del presente año, se
brindó una capacitación técnica al Tribunal
Supremo Electoral de Ecuador (TSE). El Programa
que se llevó a cabo en la segunda
etapa inició con la visita de la doctora Tania
Arias, presidenta del Tribunal Supremo Electoral
de Ecuador, a distintas áreas del TEPJF,
como preámbulo de un programa mucho
más amplio que incluiría a otros funcionarios
del TSE de Ecuador.
La Coordinación de Relaciones con Organismos
Electorales del TEPJF (COROE),
contó con el apoyo del Centro de Asesoría
y Promoción Electoral (CAPEL), que funge
como área programática del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos. Para
llevar a cabo el entrenamiento los expertos
electorales ecuatorianos acudieron a distintas
áreas del Tribunal para capacitarse,
entre ellas, la Coordinación de Jurisprudencia
y Estadística Judicial; la Coordinación
de Información, Documentación y
Transparencia; el Centro de Capacitación
Judicial Electoral; además sostuvieron un
intercambio de ideas con funcionarios de
la ponencia del magistrado José Alejandro
Luna Ramos y de la Secretaría General de
Acuerdos.
Capacitación con
la República de Filipinas
El Taller Internacional de Administración
Electoral para la Comisión Electoral de la República
de Filipinas, tuvo lugar del 24 al 28
de agosto del presente año. El IIDH/CAPEL,
IFES, el PNUD, y el IFE, en coordinación con
el TEPJF, participaron en la organización del
curso.
Los principales temas abordados fueron:
• Registro electoral y delimitación
de distritos electorales;
• Presupuestación electoral y Taller
de planeación estratégica;
• Estructura de la organización electoral;
• Observación electoral internacional;
• Justicia electoral en México;
• Tecnología electoral y modernización:
transmisión de resultados electorales
y voto electrónico;
• Programas de educación cívica
y capacitación electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
67

formación y profesionalización de magistrados
y jueces de los Poderes Judiciales Locales, así
como la modernización de la administración de
justicia electoral local en México.
Dando continuidad a este proyecto, en
junio de 2009, la Coordinación de Relaciones
con Organismos Electorales, solicitó a la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), se otorgaran
los espacios necesarios para la participación
del TEPJF, en el curso de referencia, que tuvo
lugar del 5 al 16 de octubre del presente, en
la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial en Barcelona, España.
El Tribunal Electoral estuvo representado
por: la magistrada Beatriz Galindo Centeno,
Presidenta de Sala Regional Monterrey; la magistrada
Claudia Pastor Badilla, Presidenta de
Sala Regional Xalapa; el magistrado Santiago
Nieto Castillo, Presidente de Sala Regional
Toluca; el licenciado Eduardo Hernández
Sánchez, Coordinador de la Ponencia del
magistrado Penagos y el licenciado Rafael
Elizondo Gasperin, subsecretario General
de Acuerdos.
INTERNACIONAL
El debate de los temas antes mencionados
se llevó a cabo desde una perspectiva
comparada. Los expertos mexicanos pudieron
atender las inquietudes de los visitantes
y a su vez conocieron las experiencias relevantes
que la delegación filipina aportó.
Curso de Formación
Especializada: “Reflexiones
sobre la Formación de Jueces
en Iberoamérica”
En diciembre de 2002, en el marco de la reunión
de la Subcomisión Mixta de Cooperación
Científica y Técnica entre el Reino de España y
los Estados Unidos Mexicanos, se acordaron
diferentes líneas de cooperación binacional,
entre las que ocupó un lugar destacado la
Seminario de Derecho
Constitucional y Electoral
Estadounidense
En el marco del Programa Internacional de Capacitación
e Investigación Electoral del PNUD/
México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en coordinación con The
Washington Center (TWC), organizó el “Seminario
de Derecho Constitucional y Electoral
Estadounidense”, en la Ciudad de Washington
D.C., Estados Unidos de América, los días 28
de septiembre al 2 de octubre de 2009.
Este Seminario constituyó el primero de
una serie de actividades, que prevén organizar
ambas instituciones, para profundizar
los conocimientos en los sistemas constitucionales
y electorales de ambas naciones y
68 CONTEXTO ELECTORAL

Reportaje especial
que se encuentran dirigidos a los funcionarios
electorales del TEPJF.
Adicionalmente, resulta importante resaltar
que The Washington Center (TWC), es una organización
académica, encargada de preparar
expertos en ciencias sociales y políticas, con
los cuales ha implementado programas para
el establecimiento de relaciones con las instituciones
tanto públicas como privadas de los
Estados Unidos de América, entre los que se
pueden mencionar al Congreso de ese país.
De igual forma, ha contribuido a la capacitación
de estudiantes de diferentes partes del
mundo a través de programas de colaboración
académica, y todo ello ha favorecido su
consideración como un referente importante a
nivel internacional.
Firma del Convenio de
Colaboración entre el Tribunal
Electoral y El Colegio de México
Otro importante paso en el fortalecimiento de
las actividades de capacitación, lo constituyó
la suscripción del Convenio General de Colaboración,
entre el TEPJF y el Colegio de
México, el día 21 de julio del presente año.
La magistrada Presidenta, María del Carmen
Alanis Figueroa y el doctor Javier Garciadiego
Dantan, Presidente del COLMEX, rubricaron
el citado acuerdo, estableciendo las bases
de colaboración para la realización de proyectos
en materia de docencia, investigación,
difusión de la cultura, asesoría y apoyo
técnico, coedición de materiales, en especial
los referidos a la materia electoral, educación
cívica, cultura democrática y fomento de la
cultura política.
Este Convenio es significativamente importante
debido a que El Colegio de México es
una institución de investigación y enseñanza
superior de gran prestigio y reconocimiento
académico. De manera adicional, el acuerdo
formalizó la colaboración académica que, en
la práctica, de hecho, ya venían realizando
ambas instituciones.
Conclusiones
Las actividades de capacitación internacional
que la Coordinación de Relaciones con Organismos
Electorales llevó a cabo en este periodo
contribuyeron significativamente al enriquecimiento
de experiencias e intercambio de
conocimientos con instituciones electorales
de diferentes partes del mundo y aportaron
una visión más fidedigna de las tareas que
desempeña el Tribunal Electoral en los temas
de justicia electoral. Además, estas acciones
permitieron que los participantes nacionales
conocieran las funciones y competencias de
las entidades electorales invitadas.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
69

Nuestras colecciones Nuestras colecciones Nuestras colecciones
CULTURA
G 342.49 F616s
Fix-Zamudio, Héctor
G 324.01 M415s 2008
Fernández-Miranda
Campoamor, Carmen
Las sentencias de los tribunales
constitucionales
Héctor Fix-Zamudio y Eduardo
Ferrer Mac-Gregor, México,
UNAM/Instituto Mexicano
de Derecho Procesal
Constitucional/Porrúa, 2009,
159 p.
Con esta obra se pretende introducir al
lector en el complejo análisis contemporáneo
de las sentencias de los tribunales constitucionales,
teniendo en cuenta su naturaleza,
contenido, efectos y ejecución de dichos fallos,
así como la eficacia de la jurisprudencia
de los tribunales internacionales en el ámbito
interno. El estudio se realiza desde el derecho
constitucional y la dogmática procesal, a la luz
de la evolución de la regulación normativa y
de la jurisprudencia constitucional, que han
motivado un desarrollo significativo de las
llamadas sentencias interpretativas en sus
variados matices.
Sistema electoral, partidos políticos
y parlamento
Carmen Fernández-Miranda
Campoamor y Alfonso
Fernández-Miranda
Campoamor, 2a. ed., España,
Colex, 2008, 238 p.
La presente monografía está concebida
como un libro de texto para la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia),
dirigida a estudiantes interesados
en Derecho Constitucional, que de manera
muy didáctica abarca desde el sistema
G 342.72 E8 I634p
Tajadura Tejada,
Javier, et al.
La ilegalización de partidos
políticos en las democracias
occidentales
Eduardo Vírgala Foruria,
J. Corcuera Atienza, et. al.,
España, Dykinson, 2008, 316 p.
La voluntad de afrontar los problemas abiertos
por la Ley Orgánica 6/2002 (España) y
las ilegalizaciones que han permitido su aplicación
llevó a abordar los temas estudiando el más
amplio marco de las democracias occidentales,
analizando la regulación que reciben los partidos
en los países del entorno, y estudiando la práctica
que han seguido en materia de ilegalización
de organizaciones políticas, la jurisprudencia
correspondiente, además de la del Tribunal de
Estrasburgo. Esta investigación se centra en el
análisis de Alemania, Francia, Italia, Portugal y
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, y recoge información básica sobre
Bélgica y Holanda, los países anglosajones,
particularmente los Estados Unidos, además
de Israel. Y obviamente, analiza con detalle la
legislación y la práctica en España.
electoral como procedimiento destinado
a crear jurídicamente la voluntad del
cuerpo electoral, en segundo lugar a
los partidos políticos, que racionalizan
la oferta electoral en programas coherentes
de acción política y, en consecuencia,
constituyen un segundo nivel
de formación de una voluntad política,
y finalmente, considera al Parlamento como
un órgano representativo formado por los
elegidos por el cuerpo electoral, en donde se
manifiesta una voluntad coherente y homogénea
capaz de tomar decisiones políticas: la
voluntad del Estado.
70 CONTEXTO ELECTORAL

TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL
PODER
JUDICIAL
DE
LA
^EDERACIÓN
CALENDARIO
ELECTORAL
2010
ghERSIÓN
PRELIMINARi
No. ENTIDAD TIPO DE ELECCIî N NO. DE CARGOS
INICIO DEL
PROCESO
PRECAMPA„ AS ELECTORALES REGISTRO DE CANDIDATOS CAMPA„ AS ELECTORALES
JORNADA
ELECTORAL
FECHA DE TOMA DE
POSESIî N
1
YUCATfN
DIPUTADOS
MR 15
DIPUTADOS
RP 10
AYUNTAMIENTOS 106
12
de
octubre
de
2009
No
reguladas*
1
al
15
de
marzo
Iniciarán
a
partir
de
la
fecha
de
registro
de
las
candidaturas
para
la
elección
respectiva
y
concluirán
3
días
antes
del
día
de
la
elección.
16
de
mayo
1
de
julio
2
TAMAULIPAS
GOBERNADOR
1
al
5
de
mayo
1
de
octubre
Podrán
iniciar
a
partir
del
1
de
febrero
y
hasta
el
20
de
marzo
DIPUTADOS
MR 22
Para
Gobernador
no
podrán
durar
más
de
36
días.
 Diputados
del
5
al
15
de
mayo. Iniciarán
a
partir
del
día
siguiente
al
de
la
sesión
de
Para
Diputados,
no
podrán
durar
más
de
29
días. Ayuntamientos
que
tengan
hasta
30,000
 registro
de
candidatos
por
los
Consejos
30
octubre
de
 En
los
ayuntamientos
que
tengan
hasta
30,000
correspondientes,
y
concluyen
3
días
antes
del
día
de
30
de
septiembre
habitantes,
del
28
de
mayo
al
3
de
junio.
4
de
julio
2009 habitantes,
no
podrán
durar
más
de
17
días.
En
los
la
jornada
electoral.
DIPUTADOS
RP 14
Ayuntamientos
que
tengan
de
30,000
ayuntamientos
que
tengan
de
30,000
habitantes
y
 habitantes
y
hasta
75,000,
del
15
al
25
hasta
75,000,
no
podrán
durar
más
de
23
días,
y
en
de
mayo.
No
deberá
exceder
de
90
días.
los
ayuntamientos
que
tengan
más
de
75,000
 Ayuntamientos
que
tengan
más
de
AYUNTAMIENTOS 43 habitantes,
no
podrán
durar
más
de
29
días. 75,000
habitantes,
del
5
al
15
de
mayo.
1
de
octubre
3
hERACRUe
GOBERNADOR
30
de
abril
al
9
de
mayo
1
de
diciembre
La
duración
máxima
de
las
campañas
será:
para
Darán
inicio
en
la
tercera
semana
de
febrero,
previa
gobernador,
de
90
días,
para
diputados
y
ediles,
de
60
DIPUTADOS
MR 30 6
al
15
de
mayo
10
de
noviembre
 aprobación
del
registro
interno
de
los
precandidatos.
días.
Iniciarán
una
vez
aprobado
el
registro
de
4
de
julio 5
de
noviembre
de
2009 No
podrán
durar
más
de
las
dos
terceras
partes
de
candidaturas
por
el
órgano
electoral
correspondiente
y
DIPUTADOS
RP 20 19
al
28
de
mayo
las
respectivas
campañas
electorales.
concluirán
3
días
antes
de
la
fecha
de
la
jornada
electoral
respectiva.
AYUNTAMIENTOS 212 14
al
23
de
mayo 1
de
enero
de
2011
GOBERNADOR
16
al
25
de
abril
1
de
diciembre
4
OAkACA
DIPUTADOS
MR 25
DIPUTADOS
RP 17
570
152
-
Sistema
de
Partidos
Políticos
AYUNTAMIENTOS
418
-
Sistema
de
derecho
consuetudinario
12
de
noviembre
de
2009
Durarán:
Para
candidatos
a
Gobernador
del
Estado,
20
días;
Para
candidatos
a
Diputados,
15
días;
Para
candidatos
a
Concejales
Municipales,
10
días.
Las
precampañas
de
todos
los
partidos
políticos
deberán
celebrarse
dentro
de
los
mismos
plazos
según
la
elección
de
que
se
trate;
y
concluir
a
más
tardar
15
días
antes
de
la
apertura
de
registro
de
candidatos
de
la
elección
de
que
se
trate.
6
al
15
de
mayo
16
al
25
de
mayo
Iniciarán
a
partir
del
día
siguiente
al
de
la
sesión
de
registro
de
candidaturas
para
la
elección
respectiva
o
en
su
caso
iniciarán
en
la
fecha
que
determine
el
Consejo
General,
y
concluirán
3
días
antes
de
la
jornada
electoral.
Tendrá
una
duración,
para
gobernador
de
60
días,
para
diputados
40
días
y
para
concejales
municipales
por
el
régimen
de
partidos
políticos
30
días.
4
de
julio
13
de
noviembre
1
de
enero
de
2011
5
PUEBLA
GOBERNADOR
Los
partidos
políticos
fijarán
los
plazos
y
duración
de
1
de
febrero
de
2011
las
precampañas,
según
su
normatividad
interna.
No
podrán
iniciar
o
concluir
fuera
de
los
plazos
Podrán
dar
inicio
al
día
siguiente
de
concluida
la
sesión
establecidos.
El
tiempo
se
computará
a
partir
de
la
de
registro
de
candidatos
que
efectúe
el
Consejo
DIPUTADOS
MR 26
10
de
noviembre
 fecha
en
que
los
aspirantes,
queden
registrados
ante
última
semana
de
marzo
Electoral
competente,
debiendo
concluir
3
días
antes
 4
de
julio
de
2009
los
órganos
comptentes.
de
la
jornada
electoral.
15
de
enero
de
2011
No
podrán
exceder
de
60
días,
debiendo
concluir
No
podrá
exceder
de
90
días.
DIPUTADOS
RP
Hasta
15
antes
del
inicio
de
registro
de
candidatos.
No
podrán
durar
más
de
las
dos
terceras
partes
de
las
respectivas
campañas
electorales.
AYUNTAMIENTOS 217 15
de
febrero
de
2011
GOBERNADOR
15
de
septiembre
6
DURANGO
DIPUTADOS
MR 17
DIPUTADOS
RP 13
AYUNTAMIENTOS 39
1a
semana
de
diciembre
de
2009
Podrán
dar
inicio
a
partir
de
la
segunda
semana
de
diciembre
2009
debiendo
concluir
a
más
tardar
20
días
antes
del
inicio
de
registro
de
candidatos.
No
podrán
durar
más
de
60
días.
15
al
22
de

marzo
Iniciarán
oficialmente
a
partir
de
la
fecha
en
que
se
haya
otorgado
el
registro
y
concluirán
3
días
antes
de
la
elección.
Tendrán
una
duración
de
80
días.
4
de
julio
1
de
septiembre
7
8
CHIHUAHUA
AGUASCALIENTES
Iniciarán
durante
la
primera
quincena
de
enero
y
no
GOBERNADOR
1
al
10
de
abril
Para
Gobernador
durarán
75
días.
4
de
octubre
excederán
de
45
días.
Para
diputados
por
el
principio
de
mayoría
relativa,
DIPUTADOS
MR 22
Diputados
MR,
miembros
de
los
15
de
diciembre
de
miembros
de
los
ayuntamientos
y
síndicos
45
días.
ayuntamientos
y
síndicos
4
de
julio
1
de
octubre
2009
Iniciarán
la
primera
quincena
de
marzo
y
no
El
Consejo
General
del
IEE
emitirá
un
acuerdo
a
efecto
DIPUTADOS
RP 11
1
al
10
de
mayo
excederán
de

30
días.
de
fijar
el
inicio
y
conclusión
de
las
campañas
Diputados
RP
AYUNTAMIENTOS 67 electorales
11
al
15
de
mayo
10
de
octubre
GOBERNADOR
1
de
diciembre
Iniciarán
al
día
siguiente
en
que
se
aprueben
los
DIPUTADOS
MR 18
Primeros
15
días
de
 Darán
inicio
el
1
de
marzo
y
no
podrán
durar
más
de
registros
de
candidaturas
para
la
elección
respectiva,
20
al
30
de
abril
4
de
julio 15
de

noviembre
DIPUTADOS
RP 9
diciembre
de
2009
40
días.
debiendo
concluir
3
días
antes
de
la
jornada
electoral.
No
deberán
exceder
de
60
días.
AYUNTAMIENTOS 11 1
de
enero
de
2011
9
SINALOA
Iniciaran
51
antes
de
la
jornada
electoral.
GOBERNADOR
1
al
10
de
mayo
Deberán
desarrollarse
dentro
de
los
45
días
previos
al
Concluirán
el
miércoles
anterior
al
día
de
la
elección.
inicio
del
periodo
de
registro
de
la
candidatura
DIPUTADOS
MR 24 correspondiente;
deberán
concluir
a
mas
tardar
el
día
11
al
20
de
mayo
anterior
al
inicio
de
dicho
periodo;
y
no
podrán
durar
1a
quincena
de
DIPUTADOS
RP 16 mas
de
las
dos
terceras
partes
de
las
respectivas
21
al
28
de
mayo
enero
campañas
electorales.
Iniciaran
39
antes
de
la
jornada
electoral.
Presidente
Municipal,
Síndico
Procurador
El
Consejo
Estatal
Electoral
determinará
durante
la
2a
Concluirán
el
miércoles
anterior
al
día
de
la
elección.
y
Regidores
-
Mayoría
Relativa
-
11
al
20
quincena
de
febrero
del
año
de
la
elección,
la
fecha
AYUNTAMIENTOS 18
de
mayo
en
que
podrán
iniciarse
las
precampañas.
Regidores
-
Representación
Proporcional
-
21
al
28
de
mayo
4
de
julio
1
de
enero
de
2011
1
de
diciembre
1
de
enero
de
2011
10
eACATECAS
GOBERNADOR
12
de
septiembre
Podrán
dar
inicio
el
22
de
enero
y
deben
concluir
a
DIPUTADOS
MR 18
Iniciarán
a
partir
del
otorgamiento
de
la
procedencia
más
tardar
el
8
de
marzo
del
año
de
la
elección
4
de
enero
24
de
marzo
al
12
de
abril
del
registro
y
terminarán
3
días
antes
de
la
jornada
 4
de
julio 7
de
septiembre
No
podrán
durar
más
de
las
dos
terceras
partes
de
DIPUTADOS
RP 12
electoral.
No
deberán
exceder
de
60
días.
las
respectivas
campañas
electorales
AYUNTAMIENTOS 58 15
de
septiembre
11
HIDALGO
GOBERNADOR 1
DIPUTADOS
MR 18
DIPUTADOS
RP 12
15
de
enero
No
podrán
iniciarse
antes
de
75
días
naturales
del
inicio
del
periodo
de
presentación
de
solicitudes
de
registro
de
candidatos,
debiendo
concluir
a
más
tardar
15
días
naturales
antes
del
inicio
de
ese
periodo
para
Diputados,
y
10
días,
en
el
caso
de
Gobernador.
No
podrán
exceder
de
los
siguientes
plazos:
Gobernador,
hasta
20
días
naturales;
y
Diputados,
hasta
15
días
naturales.
6
al
8
de
mayo
Iniciarán
una
vez
que
el
órgano
electoral
correspondiente
apruebe
el
registro
de
candidatos
de
la
elección
respectiva
y
concluirán
3
días
antes
de
la
jornada
electoral
4
de
julio
1
de
abril
de
2011
12
TLAkCALA
GOBERNADOR
15
de
enero
de
2011
Sólo
podrán
iniciar
durante
el
año
de
la
elección
de
Iniciará
a
más
que
se
trate
y
deberán
concluir
necesariamente
a
DIPUTADOS
MR 19
tardar
6
meses
20
al
30
de
abril
Al
día
siguiente
de
la
publicación
del
registro
de
los
más
tardar
15
días
antes
del
inicio
del
periodo
de
antes
de
la
fecha
candidatos
y
concluirá
3
días
antes
al
de
la
jornada
 4
de
julio
registro
de
candidatos
de
la
elección
de
que
se
trate.
14
de
enero
2011
DIPUTADOS
RP 13
de
la
elección
de
electoral.
No
podrán
durar
más
de
las
dos
terceras
partes
de
que
se
trate
las
respectivas
campañas
electorales.
AYUNTAMIENTOS 60 10
al
25
de
mayo 15
de
enero
de
2011
13
BAJA
CALI^ORNIA
DIPUTADOS
MR 16
Iniciarán
el
12
de
marzo.
Deberán
concluir,
a
más
Iniciarán
al
día
siguiente
del
otorgamiento
del
registro
tardar,
un
día
antes
del
inicio
del
periodo
de
la
de
candidaturas
para
la
elección
respectiva
por
el
1
de
octubre
DIPUTADOS
RP
Hasta
9
1
de
febrero
solicitud
de
registro
de
candidatos.
18
de
abril
al
2
de
mayo Consejo
Electoral
correspondiente,
y
concluirán
3
días
 4
de
julio
No
podrán
durar
más
de
las
dos
terceras
partes
de
antes
del
día
de
la
elección.
No
deberán
exceder
de
60
AYUNTAMIENTOS 5 las
respectivas
campañas
electorales.
días.
1
de
diciembre
DIPUTADOS
MR 24
DIPUTADOS
RP 16
25
al
27
de
mayo,
inclusive.
1
al
30
de
junio
16
de
noviembre
Municipios
cuyo
número
de
ciudadanos
inscritos
en
la
lista
nominal
de
electores,
no
exceda
de
veinticinco
mil,
iniciarán
18
días
antes
al
día
en
que
se
verificará
la
jornada
electoral.
-
Municipios
cuyo
número
de
ciudadanos
inscritos
en
la
lista
nominal
de
electores,
sea
superior
a
veinticinco
14 CHIAPAS 1
de
marzo
AYUNTAMIENTOS 118
mil
pero
no
exceda
de
cincuenta
mil,
iniciarán
23
días
Iniciarán
el
2
de
abril.
Tendrán
una
duración
máxima
antes
al
día
en
que
se
verificará
la
jornada
electoral.
de
10
días.
Comenzará
43
días
antes
del
día
de
la
 -
Municipios
cuyo
número
de
ciudadanos
inscritos
en
elección
y
terminará
37
días
antes
de
la
 la
lista
nominal
de
electores,
sea
mayor
a
cincuenta
mil
misma.
pero
no
supere
los
setenta
y
cinco
mil,
iniciarán
28
días
antes
al
en
que
se
verificará
la
jornada
electoral.
-
Municipios
cuyo
número
de
ciudadanos
inscritos
en
la
lista
nominal
de
electores,
exceda
de
setenta
y
cinco
mil,
iniciarán
33
días
antes
al
en
que
se
verificará
la
jornada
electoral.
En
todos
los
casos,
las
campañas
políticas
deberán
culminar
3
días
antes
del
día
de
la
jornada
electoral.
No
podrán
exceder
de
30
días.
4
de
julio
1
de
enero
de
2011
GOBERNADOR
1
de
mayo
Iniciarán
a
partir
de
la
fecha
del
registro
de
5
de
abril
de
2011
No
podrán
iniciar
antes
de
los
45
días
naturales
candidaturas
que
aprueben
los
Órganos
Electorales
DIPUTADOS
MR 15
previos
al
de
la
apertura
de
registro
de
candidatos
de
14
de
mayo
competentes
y
concluirán
3
días
antes
de
la
Jornada
24
de
marzo
de
2011
la
elección
de
que
se
trate,
debiendo
concluir
a
más
Electoral.
En
ningún
caso
podrán
exceder
de
90
días
15 QUINTANA
ROO**
16
de
marzo
4
de
julio
tardar
un
día
antes
del
inicio
del
período
de
solicitud
para
el
caso
de
la
elección
de
Gobernador,
y
de
60
DIPUTADOS
RP 10 19
de
mayo 24
de
marzo
de
2011
de
registro
de
candidatos
que
establece
la
presente
días
para
las
elecciones
de
Diputados
y
miembros
de
ley.
los
Ayuntamientos
AYUNTAMIENTOS 9 8
de
mayo 9
de
abril
de
2011
^echa
de
actualización:
09
de
diciembre
de
2009
*
Cabe
señalar
que
a
través
del
Decreto
No.
209,
publicado
el
3
de
julio
de
2009,
mediante
el
cual
se
reforma
la
Ley
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales
del
Estado
de
Yucatán,
se
regulan
los
periodos
de
precampaña
electoral,
sin
embargo,
el
artículo
tercero
transitorio
del
Decreto
No.
208,
publicado
en
la
misma
fecha,
y
mediante
el
cual
se
reforma
la
Constitución
Política
del
referido
Estado,
se
establace
que
subsisten
todos
los
plazos
y
términos
relativos
al
proceso
electoral
que
contempla
el
Código
Electoral
del
Estado
abrogado,
únicamente
para
organizar
los
comicios
locales
que
se
llevarán
a
cabo
en
el
año
2010.
**
El
Decreto
aprobado
en
el
Congreso
del
Estado
de
Quintana
Roo
el
día
3
de
diciembre
de
2009,
por
el
cual
se
reforma
el
día
de
inicio
de
la
Jornada
Electoral
del
Estado
se
turnó
a
los
Ayuntamientos
para
su
aprobación,
por
lo
que
está
pendiente
la
publicación
en
el
periódico
oficial
del
estado.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
71

I.
II.
III.
V.
IV.
72 CONTEXTO ELECTORAL