ACCESO - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Monterrey
ser un medio reservado para los partidos políticos,
por ser la vía de acceso aparentemente
idónea, para ocupar cargos de elección popular.
En esa misma directriz fue reconocida
la legitimación vía recurso de apelación a
aquéllos sujetos que se vieran inmersos en la
imposición de multas derivadas de un procedimiento
administrativo sancionador. 2
Con ese enfoque, considero que cuando un
derecho de naturaleza fundamental, como en
la especie el derecho a ser votado, se vea involucrado
en una petición jurisdiccional, como
es el criterio garantista de este Tribunal, debemos
no sólo salvaguardarlo, sino tener especial
atención en no restringirlo por otra vía, pues el
derecho de mérito es tutelado jurídicamente a
través del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, ya que
la afectación a tal derecho no sólo se resiente
en la esfera del candidato, sino en la de aquellas
personas que votaron por él, y si bien es
cierto, en la especie hablamos de un caso de
representación proporcional donde los votos
corresponden al partido y no al individuo, tampoco
puede entenderse este mecanismo de
asignación como un instrumento para aquellos
exclusivos intereses partidistas, pues para poder
ocupar un cargo de elección popular debe
reunirse en el candidato las calidades señaladas
en la Ley, y cierto es que las determinadas
en el artículo 35 constitucional refieren a
aspectos inherentes al individuo, por ende, no
puede seguir sosteniéndose la idea de que los
candidatos electos por el principio de representación
proporcional son meros instrumentos
operatorios del partido político, dado que no
es la esencia de la democracia representativa
2
INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES
CUYA CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE
UNA SANCIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR
CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIMEINTO DE.
TESIS XXIX/2008, aprobada por la Sala Superior del
TEPJF en sesión pública de 31 de julio de 2008.
establecida en el artículo 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así entonces, tales derechos fundamentales,
no deben restringirse, aislarse, trasladarse,
o bien sujetarlos a otro medio impugnativo
en función del acto reclamado o la etapa que
entrañe su dictado, pues es evidente el interés
jurídico y legitimación que en su esfera individual
ostentan en un medio impugnativo tan
amplio en su espectro, como el juicio para la
protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, donde también válidamente y
al lado de un juicio de revisión constitucional
puede controvertir de manera paralela una
pretensión basada en un interés autónomo
e independiente, con lo cual se cumplen los
postulados del interés jurídico, sostenido en la
jurisprudencia S3ELJ 07/2002, al exigir la infracción
a un derecho sustancial y la petición
de intervención de un órgano jurisdiccional
para lograr su reparación.
La reflexión que comparto es precisamente
la relacionada con el privilegio de la acción en
materia electoral, es indubitable que en algunas
etapas del proceso comicial continúa siendo
ostentada por los partidos políticos, al ser
constitucionalmente entidades de interés público
encargados de promover la participación
del pueblo en la vida democrática y contribuir
a la integración de la representación nacional,
haciendo posible el acceso de los ciudadanos
a cargos de elección popular, tal como lo señala
la base I, del artículo 41 de la ley de la Unión;
sin embargo, ello no debe traducirse en un canon
de acceso a la justicia, pues en el cauce
de toda evolución política y social encontramos
la permisibilidad del derecho de acción
en ciertas cuestiones procesales de la materia,
cuando coexista un interés jurídico paralelo a
quien legítimamente puede hacerlo valer, por
ser autónomo e independiente de la esfera jurídica
de quien en función de una mera etapa
comicial, detente tal derecho de acción.
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