ACCESO - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

SALA SUPERIOR
jurisdiccionales, siempre que se trate
de controvertir actos de los órganos
del Instituto Federal Electoral, que
consideren violatorios de su derecho
constitucional de acceso a radio y televisión,
de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41, párrafo segundo, base
III, apartado A, inciso g), de la misma
Carta Magna que, en su parte conducente,
es al tenor siguiente:
Con independencia de lo dispuesto en
los apartados A y B de esta base y fuera
de los períodos de precampañas y campañas
electorales federales, al Instituto
Federal Electoral le será asignado hasta
el doce por ciento del tiempo total de que
el Estado disponga en radio y televisión,
conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad;
del total asignado, el Instituto
distribuirá entre los partidos políticos nacionales
en forma igualitaria un cincuenta
por ciento; el tiempo restante lo utilizará
para fines propios o de otras autoridades
electorales, tanto federales como de las
entidades federativas...
El argumento fundamental fue el mismo
que ya existía desde el Derecho
Romano, ser titular de un derecho, que
no está protegido con la posibilidad de
defenderlo en juicio es tanto como no
tenerlo. Si el respeto o el ejercicio del
derecho subjetivo, constitucionalmente
otorgado a las autoridades electorales
de los Estados y del Distrito Federal,
tanto administrativas como jurisdiccionales,
no puede ser defendido en juicio
electoral, resulta tan ineficaz como
el hecho mismo de no tenerlo, con la
agravante, en este particular, de hacer
nugatorio lo previsto expresamente en
el precepto de la Ley Suprema de la
Federación, que ha quedado transcrito,
en su parte conducente.
2. Permanencia en el cargo. 7 La posibilidad
de impugnar actos que atenten
contra la permanencia de los representantes
populares en el desempeño del
cargo para el cual fueron electos, es
actualmente un tema en estudio y discusión,
a partir de la premisa de que el
derecho a ser votado no se agota con
la posibilidad de ser designado candidato
para contender en una elección
popular; abarca también el derecho
a ser proclamado candidato electo o
triunfador, si se obtiene válidamente
el mayor número de votos, emitidos
por los ciudadanos; implica también el
derecho de acceder al desempeño del
cargo, para el cual ha sido electo y, en
opinión del suscrito, también incluye
el derecho a permanecer en el cumplimiento
de las funciones inherentes al
cargo, por todo el período previsto en
la legislación aplicable, a menos que
exista causa jurídicamente justificada
para la separación respectiva, lo cual
debe quedar debidamente acreditado
en juicio, para el caso de controversia.
7
Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior, al
emitir sentencia en los juicios para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano
SUP-JDC-79/2008 (Pijijiapan, Chiapas)
y SUP-JDC-1120/2009 (Villa Zaachila, Oaxaca).
10 CONTEXTO ELECTORAL