ACCESO - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Monterrey
Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias, el estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
El prohibir la discriminación es una de las
distintas formas que la garantía de igualdad
adopta en muchas de las constituciones modernas.
Asimismo, las cláusulas de no discriminación
existen en varios instrumentos internacionales de
derechos humanos, entre otros: la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, el Convenio 111 de
la Organización Internacional del Trabajo, relativo
a la Discriminación en Materia de Empleo y
Ocupación, la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer.
De acuerdo con algunos tratadistas, son
tres los elementos que suelen encontrarse en
todos los conceptos jurídicos de discriminación:
1) que se trate de una desigualdad de tratamiento,
consistente en una distinción, exclusión
o preferencia; 2) que esa desigualdad de tratamiento
se base, precisamente, en una de las
causas o criterios que señalan las propias normas
jurídicas como prohibidos; y, 3) que tenga
por efecto anular la igualdad de trato o la igualdad
de oportunidades.
Por cuanto hace a la igualdad jurídica, se
ha establecido como una prerrogativa de que
goza toda persona ubicada en un determinado
supuesto legal, consistente en tener los mismos
derechos y obligaciones, es decir, ser tratados
en la misma forma.
La no discriminación como principio pone de
manifiesto la extensión de la garantía de igualdad
de “ámbitos exorbitantes al campo delimitado”
por el respeto hacia los derechos fundamentales
que consagra la Constitución, toda vez que se
impide al legislador caer en prácticas discriminatorias
por causas meramente accidentales u
otra que vaya contra la dignidad humana y minimice
los derechos de las personas.
También se ha planteado la idea de que actualmente
se requiere la creación de paradigmas
que permitan el avance hacia una mayor y
más sólida igualdad sin destruir sus bases mismas,
es decir, sin generar nuevas discriminaciones.
Con afán de lograr lo anterior se han creado
diversos esquemas, como las acciones positivas,
dentro de las que se pueden distinguir dos
clases: 1 las acciones positivas moderadas y las
medidas de discriminación inversa. Las primeras
buscarían favorecer el valor de la igualdad sustancial
a través de medidas de igualación que
permitan remover los obstáculos que impiden
a los miembros de grupos discriminados llegar a
procesos de selección social (escuela, trabajo,
u otros). Las segundas son concretamente las
cuotas que se reservan a diversos grupos discriminados
para alcanzar bienes sociales escasos
(puestos públicos, listas electorales, etcétera),
debiendo ser utilizadas como un último recurso y
siempre que no sea posible lograr el mismo efecto
por medio de otras medidas menos extremas.
Para algunos un ejemplo evidente de las
medidas de “discriminación inversa” son las cuotas
electorales de género. Las cuales son consideradas
como la reserva que establece o contempla
normalmente la ley electoral y, en forma
excepcional, la Constitución, cuyo propósito es
que ningún género pueda tener más de un determinado
porcentaje de representantes o curules
en un órgano legislativo.
Ahora bien, hablando de lo útil que pueden
ser las acciones positivas a través del tiempo, en
opinión de algunos investigadores, en la actualidad
la evidencia de los resultados solamente se
puede recabar en aquellos países que llevan un
periodo de tiempo más o menos largo aplicándolas.
En el caso de México, ya se han implementado
acciones positivas en forma de cuotas electorales
de género, puestas en funcionamiento por
vez primera en las elecciones del año 2003, al
haberse establecido en algunos códigos electorales
de las entidades federativas.
1
Miguel Carbonell, Los derechos fundamentales en
México, 1ª Reimpresión, México, Porrúa, 2005, p. 266.
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