Especial Presupuestos - CISS

Especial Presupuestos 

Leyes 

1 Ley 26/2009, de 23 de diciembre. 

“De Presupuestos Generales del Estado para el año 2010." 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 1 

Reales Decretos 

2 Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre. 

“Por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 

en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de las actuaciones 

y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 

las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 

aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se establecen 

para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y 

pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido." 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS; MODIFICACIÓN REGLAMENTO GENERAL DE 

LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN E INSPECCIÓN 

TRIBUTARIA; MODIFICACIÓN REGLAMENTO IMPUESTO SOBRE EL 

VALOR AÑADIDO 143 


“Sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas 

para el año 2010." 

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES 150 

4 Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre. 

“Sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad 

Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010." 

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES 156 


“Por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2010." 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 166 

Resoluciones 

6 Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección 

General de Tributos. 

“Relativa a la aplicación e interpretación de determinadas directivas 

comunitarias en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido." 

I.V.A. 169 

Diciembre 2009

ESPECIAL PRESUPUESTOS 2010 

Estimado cliente: 

Coincidiendo con la publicación oficial de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2010, CISS pone a su disposición el texto de esta ley, así como los de las normas laborales y 

fiscales más relevantes, publicadas durante los últimos días del mes de diciembre de 2009. 

Acompañamos, como en años anteriores junto al texto de la Ley, un índice de normas afectadas, 

modificadas o derogadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado así como un índice 

analítico. 

Igualmente, la edición del Especial Presupuestos 2010 incorpora un esquema con aquellas regulaciones 

que adquieren especial relevancia práctica. 

Finalmente para ofrecer una visión global de las principales novedades legislativas que se han 

producido durante 2009, se han agrupado, por materias, las normas más relevantes publicadas en 

este periodo. 

Confiamos en que esta revista le resulte de utilidad en sus consultas. 

Reciba un cordial saludo, 

ENRIC BENAVENT 

Director de Publicaciones

SUMARIO 

Esquema de las principales novedades para 2010 ....................................................................... III 

Leyes de Presupuestos y Medidas de las Comunidades Autónomas para 2010 ....................... XXI 

Reseña de Legislación 2009 ............................................................................................................ XXIII 

Índice analítico de materias............................................................................................................. XLI 

Índice de disposiciones afectadas ................................................................................................. XLVII 

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 

Indice Sistemático ........................................................................................................................ 1 

Texto de la disposición ................................................................................................................. 3 

Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en 

materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 

e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 

los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se establecen para 2010 nuevos 

plazos de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca 

del Impuesto sobre el Valor Añadido 



Real Decreto 2005/2009, de 23 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de 

Clases Pasivas para el año 2010 



Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 

Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010 



Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fi ja el Salario Mínimo Interprofesional 

para 2010 (BOE 31 diciembre) 



Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación 

e interpretación de determinadas directivas comunitarias en materia del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 


Pág.

ESQUEMA DE LAS PRINCIPALES NOVEDADES PARA 

2010 (1) Pág. 

Cotizaciones a la Seguridad Social .................................................................................................... 

Revalorización de pensiones.............................................................................................................. 

Salario mínimo interprofesional .......................................................................................................... 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) ................................................................ 

Subsidios económicos y pensiones asistenciales .............................................................................. 

Intereses legales ................................................................................................................................ 

Formación Profesional ....................................................................................................................... 

Medidas de fomento del empleo (Ley 27/2009) ………………………................................................ 

V 

IX 

XII 

XII 

XII 

XII 

XIII 

XIII 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ............................................................................. XIV 

Impuesto sobre Sociedades ............................................................................................................... XVIII 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes e Impuestos sobre el Valor Añadido .............................. XIX 

(1) Este apartado presenta las materias reseñadas de forma esquemática y con útiles cuadros y tablas, para facilitar la consulta de los indicadores y baremos de reciente aprobación. 

III

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010: artículo 129. 

TOPES DE COTIZACIÓN 

Tope máximo 3.198,00 euros mensuales 

Tope mínimo cuantías del SMI incrementadas en 1/6 

BASES DE COTIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES 

Grupo de 

Cotización 

Categorías Profesionales Bases mínimas Bases máximas 

1 

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta 

dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del 

Estatuto de los Trabajadores 

Bases mínimas vigentes a 31-12- 

2009, incrementadas en el mismo 

porcentaje en que aumente el 

SMI* 

3.198,00 euros/mes 

2 

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes 

Titulados. 

“ 3.198,00 euros/mes 

3 Jefes Administrativos y de Taller. “ 3.198,00 euros/mes 

4 Ayudantes no Titulados. “ 3.198,00 euros/mes 

5 Oficiales Administrativos “ 3.198,00 euros/mes 

6 Subalternos “ 3.198,00 euros/mes 

7 Auxiliares Administrativos “ 3.198,00 euros/mes 

8 Oficiales de primera y segunda “ 106,60 euros/día 

9 Oficiales de tercera y Especialistas “ 106,60 euros/día 

10 Peones “ 106,60 euros/día 

11 Trabajadores menores de dieciocho años “ 106,60 euros/día 

* Téngase en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional se ha incrementado en un 1,5 % respecto de las cuantías vigentes entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2009, conforme establece el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional 

para 2010 («B.O.E.» 31 diciembre). 

TIPOS DE COTIZACIÓN 

EMPRESA TRABAJADOR TOTAL 

CONTINGENCIAS COMUNES 23,60 % 4,70 % 28,30 % 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Porcentajes de la tarifa 

de primas de la disp. 

adic. 4.ª Ley 42/2006, 28 

diciembre (modificada 

por disp. fin. 13 de la Ley 

2/2008, 23 diciembre) 



adic. 4.ª Ley 42/2006, 

28 diciembre (modificada 

por disp. fin. 13 

de la Ley 2/2008, 23 

diciembre) 

V

Esquema novedades 2010 


HORAS 

EXTRAORDINA 

RIAS 

Resto horas 23,60 % 4,70 % 28,30 % 

Fuerza mayor 12 % 2 % 14 % 

Contratación indefinida (*) 

A partir de 1/1/2010 5,50 % 1,55 % 7,05 % 

DESEMPLEO 

Contratación de duración determinada 

A tiempo completo 6,70 % 1,60 % 8,30 % 

A tiempo parcial 7,70 % 1,60 % 9,30 % 

FOGASA 0,20 % 0,20 % 

FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60 % 0,10 % 0,70 % 

(*) Incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y los fijos discontinuos, contratos de duración determinada en las modalidades de contratos 

formativos en prácticas, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados. 

REDUCCIONES EN LA COTIZACIÓN 

CONTRATOS INDEFINIDOS DE TRABAJADORES DE 59 O MÁS AÑOS * 

Reducción 

Duración 

40 % de la aportación empresarial por contingencias comunes 

1 año 

Salvo que en una fecha anterior los interesados cumplan los requisitos para ser beneficiarios 

de las bonificaciones reguladas en el artículo 4 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en cuyo 

caso se aplicarán desde dicha fecha estas últimas 

Requisitos 

4 años de antigüedad en la empresa 

Si la antigüedad es inferior a 4 años, la reducción será aplicable a partir de la fecha en que 

alcance la citada antigüedad 

Beneficiarios 

Empresas, incluidos los trabajadores autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a 

las que se incorporen trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas 

últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta 

ajena. 

CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O DURANTE LA LACTANCIA NATURAL Y EN 

LOS SUPUESTOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL ** 

Cuotas devengadas du-rante el 

período de permanencia en el 

nuevo puesto de trabajo o función 

Duración 

50 % de la aportación empresarial por contingencias comunes 

Período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función 

TIPO DE COTIZACIÓN ADICIONAL EN RELACIÓN CON EL ANTICIPO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS 

BOMBEROS.—*** 


5,42 1,08 6,50 

* LPGE 2010: disposición adicional 4.ª 

** LPGE 2010:disposición adicional 5.ª 

*** LPGE 2010:art. 129.13.ª 

VI


COTIZACIÓN EN LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN 


CONTINGENCIAS 

COMUNES 

CONTINGENCIAS 

PROFESIONALES 

FOGASA 

se incrementarán, desde el 1/1/2010 y respecto de las cuantías vigentes a 31/12/2009, en el mismo 

porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General. 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

BASES 

Trabajadores < 50 años (01-01-10) 

Base máxima 

Base mínima 

3.198 euros/mes 841,80 euros/mes 

Base de cotización elegida entre la máxima y la mínima por el trabajador 

Trabajadores > 50 años (01-01-10)* 1.665,90 euros/mes 907,50 euros/mes 

Cónyuge supérstite del titular del negocio 1.665,90 euros/mes 841,80 euros/mes 

Trabajadores que con anterioridad 

a 50 años hubieran 

cotizado en cualquiera de los 

Regímenes durante 5 años 

o más 

TIPOS 

Última base ≤ 1.649,40 

euros/mes 

Última base > 1.649,40 

euros/mes 

1.665,90 euros/mes 841,80 euros/mes 

Importe de la última base de cotización 

incrementada en un porcentaje 

igual al del aumento que haya experimentado 

la base máxima del régimen 

correspondiente 

841,80 euros/mes 

Con cobertura Incapacidad Temporal 29,80% 

Sin cobertura de Incapacidad Temporal 26,50% 

Con cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Sin cobertura AT y EP: cotización adicional por las prestaciones por 

riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 

Porcentajes de la tarifa de primas recogidas en la 

disp. adic. 4.ª Ley 42/2006, de 28 de diciembre (modificada 

por la disp. fin. 13 de la Ley 2/2008, 23 de 

diciembre) 

0,1 % 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEDICADOS A LA VENTA AMBULANTE 

O A DOMICILIO 

Trabajadores autónomos dedicados a la venta 

ambulante y a domicilio 

Base mínima 

841,80 euros/mes, o 

base mínima de cotización vigente para el Régimen General 

Trabajadores autónomos dedicados a la venta 

a domicilio 

841,80 euros/mes, o una base equivalente al 55% de esta última 

841,80 euros/mes, o mínima de cotización vigente para el Régimen General 

Socios trabajadores de Cooperativas de trabajo 

asociado dedicados a la venta ambulante 

Venta durante un máximo de 3 días con horario inferior a 8 horas al día: 

841,80 euros/mes, o 

Base cotización equivalente al 55 % 

VII


TIPOS 

Con cobertura Incapacidad Temporal 29,80% 

Sin cobertura de Incapacidad Temporal 26,50% 

Con cobertura de Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

Sin cobertura AT y EP: Cotización adicional por las prestaciones 

por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 

Porcentajes de la tarifa de primas recogidas en la disp. adic. 4.ª 

Ley 42/2006, de 28 de diciembre (modificada por la disp. fin. 13 

de la Ley 2/2008, 23 de diciembre) 

0,1 % 

RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR 

BASE 

Base mínima vigente del régimen general 

TIPOS Empleador Trabajador Total 

18,30% 3,70% 22,00% 

Cotización adicional por las prestaciones por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 

0,1 % 

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 

Trabajadores por cuenta ajena 

Grupo de cotización 

Bases mensuales de cotización 

1 Base mínima para los trabajadores del mismo grupo en el Régimen General de la Seguridad Social * 

2 a 11 897 euros 

Cotización por jornada real = resultado de dividir entre 23 la cuantía de las bases mensuales de cotización 

Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que 

dicha actividad tenga una duración de al menos 30 días naturales consecutivos, esta modalidad de cotización se realizará 

con carácter proporcional a los días en que figuren en alta en este Régimen Especial durante el mes. 

* Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde 1 de enero de 2010 y respecto de las 

vigentes en 31 de diciembre de 2009, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. El Salario Mínimo Interprofesional se ha 

incrementado en un 1,5 % respecto de las cuantías vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, conforme establece el Real Decreto 2030/2009, 

de 30 de diciembre, por el que se fi ja el Salario Mínimo Interprofesional para 2010 (BOE 31 diciembre) 


Períodos de actividad 


Contingencias comunes de trabajadores incluidos en 

el censo agrario 

Accidente de trabajo 

y enfermedad profesional 

15,50 % 4,70 % 20,20 % 



adic. 4.ª Ley 42/2006, 28 

diciembre (modificada 

por disp. fin. 13 de la Ley 

2/2008, 23 diciembre) 

Períodos de inactividad 

11,5 % 11,5 % 

VIII


Reducciones en las aportaciones empresariales 

Cotización de trabajadores incluidos en el censo 

agrario, encuadrados en los grupos 2 al 11 

Cotización por jornadas reales de trabajadores con 

contrato temporal y fi jo discontinuo, encuadrados en 

los grupos de 2 al 11, incluidos en el censo agrario 

38,70 euros mensuales: 90 % contingencias comunes 

10 % AT y EP 

1,68 euros por jornada: 1,50 euros contingencias comunes 

0,18 euros AT y EP 

SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS 


Contingencias de cobertura 

obligatoria 

Base mínima 

18,75% 

(si el trabajador ha optado 

por la base mínima) 

Base superior a la mínima 

28,30% (si el trabajador hubiese optado por una base 

superior a la mínima: la cuantía que exceda) 

Mejora voluntaria IT 3,30 % 

Con cobertura de AT y EP 

Porcentajes de la tarifa de primas recogidas 

en la disp. adic. 4.ª de la Ley 42/2006, de 28 

de diciembre (modificada por la disp. fin. 13 

de la Ley 2/2008, 23 de diciembre) 

Sin cobertura de AT y EP: Cotización adicional por las prestaciones por 

riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 

0,1 % 

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2010 

Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y 

de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010 (BOE 29 de diciembre)*. 

MODALIDAD CONTRIBUTIVA 

NO CONCURRENTES 

Revalorización 

Incapacidad permanente 1% 

Jubilación 1% 

Viudedad 1% 

Orfandad 1% 

En favor de familiares 1% 

Límite 


34.526,80 euros/año 









S.O.V.I. 

Diferencia entre el importe de la pensión a 31-12-2009 y 

la cuantía de 5.259,80 euros/año 

IX


CONCURRENTES 

Revalorización 

Del Sistema de la Seguridad Social 1% 

Límite máximo 



Suma de pensiones concurrentes no alcanza 

el límite máximo (2.466,20 euros/mes 

34.526,80 euros/año) 

1% 



De las pensiones de la 

Seguridad Social con 

otras pensiones 

Suma de pensiones 

públicas, una vez 

revalorizadas alcanza 

el límite máximo: 

(2.466,20 euros/mes 

34.526,80 euros/año) 

- Si todas las pensiones 

son revalorizables 

- Si pensiones ajenas 

a la SS no son 

revalorizables 

Cantidad debida hasta 

el límite máximo anual 

1% 

o en su defecto, la 

cantidad necesaria 

para que el importe 

conjunto de todas las 

pensiones, revalorizadas 

las de la SS, 

no supere el límite 

máximo 

Límite = cifra que guarde con 

cuantía de 34.526,80 euros 

anuales íntegros la misma proporción 

que la pensión de la SS 

guarda en relación con las concurrentes 

que correspondan al 

mismo titular 



S.O.V.I. 

No se revalorizan (salvo excepciones art. 13 RD 2127/2008). 

Si la suma de las pensiones revalorizadas + SOVI es inferior 

a 5.259,80 euros, se revalorizará en la diferencia) 

Nota: No se incluye la previsión relativa al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, por no ser aplicable en el año 2010 

MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA 

Clase de pensión 

Jubilación e invalidez 

Jubilación e invalidez: 

reconocidas con anterioridad 

a 01-01-2010 o puedan 

reconocerse a partir de dicha fecha 

Revalorizaciones 



Prestaciones familiares 

Asignación económica por cada hijo, menor 

de 18 años o mayor de 18 afectado por una 

minusvalía igual o superior al 65% y menores 

acogidos 

Menores de 5 años 

Entre 5 y 18 años 

Límite de ingresos 

500 euros/año 

291 euros/ año 

Discapacidad ≥ 33 % 

1.000 euros/año 

Hijo o menor acogido a cargo 

que tenga la condición 

de discapacitado 

Mayor de 18 años y con discapacidad 

≥ 65 % 

Mayor de 18 años y con discapacidad 

≥ 75 % 



Prestación por nacimiento o adopción (art. 186.1 LGSS) 

Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo (art. 188 

ter LGSS) 

Límite de ingresos para la asignación económica por hijo 

Límite de ingresos para la asignación económica por hijo, en los 

casos de familias numerosas 

1.000 euros 

2.500 euros 



Incremento de 2.745,93 euros por hijo, 

a partir del 4.º 

X


Complemento a favor de los titulares de una pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad 

no contributiva que residan en una vivienda alquilada 

La cuantía del complemento anual ascenderá a 525 euros. 

CUADRO DE CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES DE LA MODALIDAD 

CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2010 

Titulares 


Con cónyuge a cargo 

- 

euros/año 

Sin cónyuge: unidad 

económica unipersonal 

- 

euros/año 

Con cónyuge no 

a cargo 

- 

euros/año 

JUBILACIÓN: 

Titular con 65 años 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Titular menor de 65 años 9.515,80 7.697,20 7.273,00 

INCAPACIDAD PERMANENTE: 

Gran invalidez 15.229,20 12.343,80 11.708,20 

Absoluta 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Total: titular con 65 años 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Total: titular entre 60 y 64 años 9.515,80 7.697,20 7.273,00 

Total: derivada de enfermedad común menor de 60 años 5.115,60 5.115,60 

55% base mínima 

cotización RGSS 

Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con 

65 años 

10.152,80 8.229,20 7.805,00 

VIUDEDAD: 

Titular con cargas familiares - 9.515,80 - 

Titular con 65 años o discapacidad en grado igual o superior 

al 65% 

- 8.229,20 - 

Titular con edad entre 60 y 64 años - 7.697,20 - 

Titular con menos de 60 años - 6.228,60 - 

CUADRO DE CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES DE LA MODALIDAD 

CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2010 


Euros/año 

ORFANDAD: 

Por beneficiario 2.511,60 

Por beneficiario menor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65% 4.944,80 

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.228,60 euros/año distribuidos, en su 

caso, entre los beneficiarios. 

EN FAVOR DE FAMILIARES: 


Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: 

Un solo beneficiario, con 65 años 6.074,60 

Un solo beneficiario, menor de 65 años 5.720,40 

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno se incrementará en el importe que resulte 

de prorratear 3.717,00 euros/año entre el número de beneficiarios 

XI


SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2010 (BOE 31 

diciembre) 

CUANTÍAS 

SMI 21,11 euros/día 633,30 euros/mes 

SMI trabajadores eventuales y temporeros 

SMI empleados de hogar 

30,00 euros/jornada 

4,96 euros/hora 

Incremento del 1,5 % del SMI respecto de las cuantías vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 

INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) 

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010: disposición adicional decimonovena. 

Diario Mensual Anual 

IPREM 17,75 euros 532,51 euros 6.390,13 euros 

SUBSIDIOS ECONÓMICOS DE LA LEY 13/1982, DE 7 DE ABRIL, DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS 

MINUSVÁLIDOS Y PENSIONES ASISTENCIALES 

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010: disposición adicional segunda 

Subsidio de garantía de ingresos mínimos 

Subsidio por ayuda de tercera persona 

Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte 




Pensiones asistenciales reconocidas (Ley de 21 de julio de 1960 y Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio): 149,86 euros 

íntegros mensuales 

INTERESES LEGALES 

Interés legal 1 .............................................................................................................................. 4 % 

Interés de demora 1 ..................................................................................................................... 5 % 

Tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales (primer semestre) 2 ... 8,00 % 

Tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida ³............... 2,60 % 

Tipo de interés máximo a utilizar en los planes y fondos de pensiones 4 ............................... 4,33 % 

(1) Disposición adicional decimoctava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 

(2) Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de 

demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2009 (BOE 1 enero) 

(3) Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a 

utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2010 (BOE 5 enero) 

(4) Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a 

utilizar en los planes y fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente 

un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2010 (BOE 5 enero) 

XII


FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010: disposición adicional decimocuarta. 

Crédito para el desarrollo de las actividades de formación de los trabajadores establecidas en el RD 395/2007, de 23 de 

marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, que resultará de aplicar a la cuantía 

ingresada por la empresa en concepto de F.P. durante 2009 los siguientes porcentajes de bonificación: 

Empresas de 6 a 9 trabajadores 100% 



Empresas de 250 o más trabajadores 50% 

Empresas de 1 a 5 trabajadores 

Apertura de nuevos centros de trabajo 

Empresas de nueva creación 

Permisos individuales de formación 

420 euros 

Bonificación de 65 euros por número de trabajadores 

de nueva incorporación 

Crédito adicional por importe que se fije legalmente 

MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de 

las personas desempleadas BOE 31 de diciembre. (procedente del Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo) 

MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 

Bonificaciones por la contratación 

indefinida de trabajadores 

beneficiarios de las prestaciones 

por desempleo 

Contratación indefinida o temporal 

a tiempo parcial 

Mejora de empleo (cuando la 

jornada de trabajo sea inferior 

a un tercio de la jornada 

de trabajo de un trabajador a 

tiempo completo comparable) 

Plan extraordinario de mantenimiento 

y fomento del empleo 

de los trabajadores con discapacidad 

Contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo, 

subsidio asistencial y la renta activa de inserción hasta 31/12/2010 

Bonificación del 100 % de la cuota empresarial por contingencias comunes hasta alcanzar un 

importe equivalente a la cuantía bruta de la prestación que tuviera pendiente de percibir 

Mantenimiento del empleo del trabajador durante al menos 1 año. 

Duración máxima de la bonificación: 3 años 

Bonificación resultará de aplicar a las previstas en cada caso un porcentaje igual al de la 

jornada pactada en el contrato al que se le sumarán 30 puntos porcentuales, sin que en 

ningún caso pueda superar el 100 % de la cuantía prevista 

Centros especiales de empleo 

Contratación indefinida o temporal, o transformación en indefinidos de los contratos temporales 

de fomento de empleo de personas con discapacidad, o de transformación en indefinidos 

de los contratos de duración determinada o temporales, incluidos los formativos 

Bonificación del 100 % de la cuota empresarial, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional y las cuotas de recaudación conjunta. 

MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

Bonificación en la cotización 

empresarial a la Seguridad 

Social en los supuestos de 

regulaciones temporales de 

empleo 

Situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada autorizadas en expedientes 

de regulación de empleo y suspensiones de contratos colectivas tramitadas de 

conformidad con la legislación concursal. 

Bonifi cación del 50 % de las cuotas empresariales por contingencias comunes 

Mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados durante al menos un año con posterioridad 

a la fi nalización de la suspensión o reducción autorizada. 

Aplicable a las solicitudes de regulación de empleo presentadas desde el 1 de octubre de 2008 

hasta el 31 de diciembre de 2010 

La duración de la bonifi cación será coincidente con la situación de desempleo del trabajador, 

sin que en ningún caso pueda superar los 240 días por trabajador. 

XIII


Modifi cación de la regulación 

del convenio especial de la 

Seguridad Social a suscribir 

en determinados expedientes 

de regulación de empleo 

Las cotizaciones abarcarán el periodo comprendido entre la fecha en que se produzca el cese en el 

trabajo o, en su caso, en que cese la obligación de cotizar por extinción de la prestación por desempleo 

contributivo, y la fecha en la que el trabajador cumpla los 65 años 

Hasta la fecha de cumplimiento por parte del trabajador de la edad de 61 años, las cotizaciones 

serán a cargo del empresario 

A partir del cumplimiento por parte del trabajador de la edad de 61 años las aportaciones al convenio 

especial serán obligatorias y a su exclusivo cargo 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS 

Reposición del derecho a la prestación por desempleo en nivel contributivo: límite máximo 120 

días 

Reposición del derecho a la 

prestación por desempleo 

Eliminación del período de 

espera para ser beneficiario 

del subsidio de desempleo 

Condiciones: 

Se autorice a la empresa a la suspensión de contratos o reducción de jornada (entre 01/10/2008 

y 31/12/2010) 

Y 

Posteriormente, se autorice extinción de contratos, por E.R.E. o por procedimiento concursal 

(entre 08/03/2009 y 31/12/2012) 

Reposición del derecho a la prestación por desempleo en nivel contributivo: límite máximo 120 

días 

Condiciones: 

Se autorice a la empresa a la suspensión de contratos o reducción de jornada (entre 

01/10/2008 y 31/12/2010), y los trabajadores hubieran agotado el derecho a la prestación 

por desempleo 

Y 

Posteriormente, se autorice la reducción de jornada o la suspensión de los contratos, por 

E.R.E. o por procedimiento concursal (entre 08/03/2009 y el 31/12/2010) 

No exigibilidad de la inscripción como demandantes de empleo durante el plazo de un mes 

Condiciones: 

Desempleados (cumplimiento de requisitos de los arts. 215.1.1 y 215.1.3 LGSS) 

Situaciones protegidas por el subsidio: 08/03/2009 y 31/12/2010 

Nacimiento del derecho al subsidio a partir del día siguiente al de la fecha del hecho causante. 

Solicitud: dentro de los 15 días siguientes a las fechas señaladas, con la inscripción como 

demandante de empleo en este plazo, si no se hubiera efectuado anteriormente. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

DEDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO O DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Art. 80 bis.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modificado por el art. 

70 de la LPGE 2010, con efectos desde 1 de enero de 2010: 

Base imponible 

≤ 8.000 euros anuales 

entre 8.000,01 y 12.000 euros 

anuales 

Deducción 

400 euros anuales 

400 euros menos el resultado de multiplicar por 0,1 

la diferencia entre la base imponible y 8.000 euros anuales 

TIPOS DE GRAVAMEN DEL AHORRO 

Arts. 66 y 76 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modifi cados 

por la disp fi nal 2.ª.6 y 11 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de fi nanciación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (BOE 19 diciembre), con entrada en 

vigor y efectos de 1 de enero de 2010 *: 

La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar, se gravará con: 

Tipo de gravamen de ahorro (escala estatal): 9% 

Tipo de gravamen de ahorro (escala autonómica): 9% 

* Nota: El art. 68 de la LPGE para 2010, igualmente da nueva redacción a los art. 66 y 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, 

con vigencia exclusiva para el año 2010. 

XIV


Parte de la base liquidable 

– 

Euros 

Tipo aplicable 

– 

Porcentaje 

(art. 66) 


– 

Porcentaje 

(art. 76: Escala autonómica) 

TOTAL 

Hasta 6.000 euros 11,72 7,28 19 

Desde 6.000,01 euros en adelante 

12,95 8,05 21 

PAGOS A CUENTA 

Art. 101 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modificado por el 

art. 71 de la LPGE 2010. 

Rendimientos del trabajo derivados de relaciones laborales o estatutarias y de pensiones y haberes pasivos se fi jarán 

reglamentariamente: Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifi ca el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE 29 diciembre) 

Rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, 

de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos: 35 % 

Rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la 

elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación: 15% 

Porcentaje de retención del 19%: 

Rendimientos del capital mobiliario 

Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de 

instituciones de inversión colectiva 

Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos. 

Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculadas 

a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios 

Rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, cualquiera 

que sea su califi cación. 

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del 

arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores 

Porcentaje de ingreso a cuenta en el supuesto previsto en el artículo 92.8 de la Ley del IRPF. 

Porcentaje de retención del 24%: Cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, cualquiera que sea su 

califi cación 

Rendimientos derivados de actividades económicas y pagos fraccionados: 

% RETENCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA PAGOS A CUENTA 

15 % 

Actividades profesionales 

(establecidas reglamentariamente) 

20% 

(método de estimación directa) 

2% Actividades agrícolas y ganaderas 

2% Actividades forestales 

2% 

(cualquiera que sea el método de determinación 

del rendimiento neto) 

2% 

(cualquiera que sea el método de determinación 

del rendimiento neto) 

1% 

Actividades empresariales que determinen 

su rendimiento neto por el 

método de estimación objetiva, en los 

supuestos establecidos reglamentariamente 

4% 

(método de estimación objetiva) 

XV


REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 

Art. 20 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modificadopor el 

art. 66 de la LPGE 2010. 

≤ 9.180 euros 

Rendimientos netos del trabajo 

entre 9.180,01 y 13.260 euros 

> 13.260 euros o con rentas, excluidas las exentas, 

distintas de las del trabajo superiores a 6.500 

euros 

Trabajadores activos mayores de 65 años que 

continúen o prolonguen la actividad laboral 

Desempleados que acepten un puesto que exija 

el traslado de su residencia habitual 

Cuantía 

4.080 euros 

4.080 euros menos el resultado de multiplicar por 

0,35 la diferencia entre el rendimiento del trabajo 

y 9.180 euros 

2.652 euros 

Incrementará en un 100 % del importe de la reducción 

Incrementará en un 100 % del importe de la reducción 

EXENCIÓN DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN LA MODALIDAD DE PAGO ÚNICO 

Art. 7 n) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modificado por 

el art. 65 de la LPGE 2010. 

Estarán exentas las prestaciones por desempleo cuando se perciban en la modalidad de pago único, con el límite de 

15.500 euros. 

REDUCCIÓN DEL RENDIMIENTO NETO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR MANTENIMIENTO O 

CREACIÓN DE EMPLEO 

Disp. adic. 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introducida por el 

art. 72 de la LPGE 2010, con efectos desde 1 de enero de 2009 

Contribuyentes que ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de 

ellas sea inferior a 5 millones de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 empleados. 

Períodos impositivos 2009, 2010 y 2011 

Reducción del 20 % el rendimiento neto positivo declarado 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Arts. 63.1 y 74 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modifi cados 

por la disp fi nal 2.ª.4 y 9 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de fi nanciación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (BOE 19 diciembre), con entrada en 

vigor y efectos de 1 de enero de 2010 *: 

ESCALA GENERAL DEL IMPUESTO 

Base liquidable 

– 

Hasta euros 

Cuota íntegra 

– 

euros 

Resto base 

liquidable 

– 

Hasta euros 


– 

Porcentaje 

0 0 17.707,20 12 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5 

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,5 

XVI


ESCALA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO 

La parte de la base liquidable general que exceda del importe del mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos 

o disminuciones, será gravada de la siguiente forma: 

1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos de la escala autonómica del Impuesto que hayan sido aprobadas 

por la Comunidad Autónoma.** 

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente 

al mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones, la escala prevista en el número 

1.º anterior. 

Tipo medio de gravamen general –estatal y autonómico-: el derivado de multiplicar por 100 el cociente resultante de dividir 

la cuota obtenida por la aplicación de lo previsto en los respectivos apartados 1 por la base liquidable general. El tipo 

medio de gravamen general se expresará con dos decimales. 

* Nota: El art. 68.1 y 2 de la LPGE para 2010 que también procede a modifi car los art. 63.1 y 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, 

con vigencia exclusiva para el año 2010. 

** La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, incorpora una disposición transitoria decimoquinta en la Ley del IRPF estableciendo la escala autonómica para 

aquellos supuestos en los que la Comunidad Autónoma no hubiera aprobado la correspondiente escala con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto 

para el período impositivo 2010 

Disposición transitoria 5.ª de la LPGE 2010 

COMPENSACIONES FISCALES 

DEDUCCIÓN POR ADQUISIÓN DE VIVIENDA HABITUAL EN 2009 

Deducción 

Deducción correspondiente 

a la parte estatal 

Diferencia positiva entre el importe del incentivo teórico* que hubiera 

correspondido al contribuyente de mantenerse la normativa 

vigente a 31-12-2006 y la deducción por inversión en vivienda 

habitual prevista en el artículo 68.1 de la Ley del Impuesto que 

proceda para 2009 

Deducción correspondiente al tramo 

autonómico 

Diferencia positiva entre el importe del incentivo teórico* que 

hubiera correspondido al contribuyente de mantenerse la normativa 

vigente a 31 de diciembre de 2006 y el tramo autonómico de 

deducción por inversión en vivienda que proceda para 2009 

Requisitos 

1.- Adquisición de la vivienda habitual con anterioridad a 

20/1/2006 

2. Utilización de financiación ajena. 

3.- Aplicabilidad en 2009 de la deducción por inversión en vivienda 

habitual prevista en el artículo 68.1 de la LIRPF 2006 

El incentivo teórico será el resultado de aplicar a las cantidades invertidas en 2009 en la adquisición de la vivienda habitual. 

los porcentajes de deducción previstos respectivamente, para la parte estatal y autonómica, en los artículo 69.1.1º.b y 79 del 

texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su normativa vigente a 31 de diciembre de 

2006. 

Art. 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modificado por 

la disposición final 2.ª.8 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 

tributarias, con entrada en vigor y efectos a partir del 1 de enero de 2010, establece que: 

Deducción 

7,5 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de que 

se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda 

Base máxima 

9.015 euros anuales 

Art. 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modificado por 

la disposición fi nal 2.ª.13 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de fi nanciación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifi can determinadas normas 

tributarias, con entrada en vigor y efectos a partir del 1 de enero de 2010 

En defecto de regulación de los porcentajes de deducción por la Comunidad Autónoma, se aplicará: 

- con carácter general el 7,5% 

- en el caso de obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad, el 10% 

XVII


Disp. Trans. 6.ªª LPGE 2010 

PERCEPCIÓN DE DETERMINADOS RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO CON PERÍODO DE 

GENERACIÓN SUPERIOR A DOS AÑOS EN 2009 

Rendimientos del capital mobiliario 

Cesión a terceros de capitales propios, 

procedentes de instrumentos financieros 

contratados con anterioridad a 

20/01/2006 

Rendimientos derivados de percepciones 

en forma de capital diferido, 

procedentes de seguros de vida o 

invalidez contratados con anterioridad 

a 20/01/ 2006 

Porcentaje 

de reducción aplicado 

40 % 

40 o 75 % 

Deducción 

Diferencia positiva entre la cantidad resultante de aplicar el tipo 

de gravamen del 18 % al saldo positivo resultante de integrar y 

compensar entre sí el importe total de los rendimientos netos y 

el importe teórico de la cuota íntegra que hubiera resultado de 

haber integrado dichos rendimientos en la base liquidable general 

con aplicación de los porcentajes indicados 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

COEFICIENTES DE CORRECCIÓN MONETARIA: Art. 74 de la LPGE 2010 

Año de adquisición 

Coeficiente 

Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,2719 

En el ejercicio 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0630 



























XVIII


RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 

Art. 140.6 a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

4/2004, de 5 marzo, modificado por el art. 76 de la LPGE 2010, con efectos para los períodos impositivos iniciados a 

partir de 1 de enero de 2010. 

Porcentaje de retención general: 19 % 

TIPO DE GRAVAMEN REDUCIDO EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES POR MANTENIMIENTO O CREACIÓN 

DE EMPLEO 

Disp. adic. 12 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

4/2004, de 5 marzo, modificado por el art. 77 de la LPGE 2010, con efectos para los períodos impositivos iniciados a 

partir de 1 de enero de 2009. 

Entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en los mismos 

sea inferior a 25 empleados, tributarán con arreglo a la siguiente escala: 

Base imponible 

Tipo 

entre 0 y 120.202,41 euros 20% 

base imponible restante 25% 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 

TIPO DE GRAVAMEN DE LAS RENTAS DEL AHORRO 

Art. 25.1.f) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, modificado por el art. 73.2 LPGE, con efectos desde 1 de enero de 2010. 

Tipo de gravamen del 19%: 

1.º Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de una entidad. 

2.º Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. 

3.º Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales. 

Art. 19.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, modificado por el art. 73.1 LPGE, con efectos desde 1 de enero de 2010. 

Imposición complementaria, al tipo de gravamen del 19%, para Rentas obtenidas por establecimientos permanentes 

de entidades no residentes que se transfieran al extranjero 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Arts. 90.1 y 91.1 párrafo introductorio de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, modificados 

por el art. 79 de la LPGE 2010, con efectos desde el 1 de julio de 2010. 

Tipo impositivo general: 18 % 

Tipo reducido: 8 % 

XIX

LEYES DE PRESUPUESTOS Y MEDIDAS 

DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

PARA EL AÑO 2010 

Andalucía 

Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010 

(«B.O.J.A.» núm. 254 de 31 de diciembre de 2009) 

Aragón 

Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010 

(«B.O.A.» núm. 253 de 31 de diciembre de 2009) 

Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias 

de la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 

núm. 253 de 31 de diciembre de 2009) 

Asturias 

Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre, 

de Presupuestos Generales para 2010 («B. 

O.P.A.» núm. 301 de 31 de diciembre de 2009) 

Ley del Principado de Asturias 4/2009, de 29 de diciembre, 

de Medidas Administrativas y Tributarias de Acompañamiento 

a los Presupuestos Generales para 2010. 

(«B.O.P.A.» núm. 301 de 31 de diciembre de 2009) 

Canarias 

Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para 2010 («B.O.I.C.» núm. 255 de 31 de diciembre 

de 2009) 

Cantabria 

Ley de Cantabria 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria para el año 2010 («B.O.C.» núm. 25 de 30 

de diciembre de 2009) 

Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 


Castilla y León 

Ley 11/2009, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad de Castilla y León para 2010 

(«B.O.C.Y.L.» núm. 250 de 30 de diciembre de 2009) 

Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras 

(«B.O.C.Y.L.» núm. 242 de 18 de diciembre de 

2009) 

Castilla-La Mancha 


Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para el año 2010. («D.O.C.M.» núm. 254 de 31 


Cataluña 

Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de 

la Generalidad de Cataluña para 2010 («D.O.G.C.» 


Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, 

financieras y administrativas («D.O.G.C.» núm. 5537 

de 31 de diciembre de 2009) 

Extremadura 


de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

para 2010 («D.O.E.» núm. 249 de 30 de diciembre de 

2009) 

Galicia 

Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales 

de la Comunidad Autónoma de Galicia para el 

año 2010 («D.O.G.» núm. 253 de 30 de diciembre de 

2009) 

Illes Balears 

Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos 

generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

para el año 2010 («B.O.I.B.» núm. 189 de 29 de 

diciembre de 2009) 

La Rioja 


de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 

el año 2010. («B.O.L.R.» núm. 159 de 23 de diciembre 

de 2009) 

Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2010 («B.O.L.R.» núm. 159 

de 23 de diciembre de 2009) 

Madrid 


Generales de la Comunidad de Madrid para 2010 («B. 

O.C.M.» núm. 308 de 29 diciembre 2009) 

Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales 

y Administrativas («B.O.C.M.» núm. 308 de 29 diciembre 

2009) 

Murcia 


Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

XXI

Presupuestos de las Comunidades Autónomas 

Murcia para el ejercicio 2010 («B.O.R.M.» núm. 300 de 

30 de diciembre de 2009) 

Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia 

de tributos cedidos, tributos propios y medidas 

administrativas para el año 2010 («B.O.R.M.» núm. 

300 de 30 de diciembre de 2009) 

Navarra 

Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos 

generales de Navarra para el año 2010 («B.O.N.» 


Ley Foral 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación 

de diversos impuestos y otras medidas tributarias («B. 

O.N.» núm. 160 de 29 de diciembre de 2009) 

País Vasco 

Ley 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi para el ejercicio 2010.. («B.O.P.V.» 


Álava 

Norma Foral 13/2009, de 15 de diciembre, de 

Presupuesto de las Juntas Generales para el 

año 2010. («B.O.T.H.A.» núm. 147 de 23 de 

diciembre de 2009) 

Norma Foral 14/2009, de 17 de diciembre, 

de ejecución presupuestaria para el 2010 

(«B.O.T.H.A.» núm. 147 de 23 de diciembre 

de 2009) 

Bizkaia 

NORMA FORAL 3/2009, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico 

de Bizkaia para el año 2010 («B.O.B. » núm. 

247 de 28 de diciembre de 2009) 

Gipuzkoa 

Norma Foral 3/2009, de 23 de diciembre, por la 

que se aprueban los Presupuestos Generales 

del territorio histórico de Gipuzkoa para el año 

2010. («B.O.G.» núm. 244 de 28 de diciembre 

de 2009) 

Norma Foral 4/2009, de 23 de diciembre por la 

que se introducen determinadas modificaciones 

tributarias («B.O.G.» núm. 244 de 28 de diciembre 

de 2009) 

Valencia 

Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos de 

la Generalitat para 2010 («D.O.C.V.» núm. 6176 de 31 


LEY 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización 

de la Generalita («D.O.C.V.» núm. 6175 de 30 


XXII

RESEÑA DE LEGISLACIÓN 2009(*) 

CONTABILIDAD 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 

dic. 2009) 

Transposición: 

• Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 

a los servicios en el mercado interior. 

Modifica: 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

• Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 

Nacionales. 

• Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. 

• Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre Acceso a 

las Profesiones de Abogado y Procurador de los 

Tribunales. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Ley 29/2006 de 26 Jul. (garantías y uso racional 

de los medicamentos y productos sanitarios) 

• Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas 

de vivero y de recursos filogenéticos 

• Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de 

la venta, el suministro, el consumo y la publicidad 

de los productos del tabaco 

• Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios de los 

puertos de interés general. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

• Ley 44/2003 de 21 Nov. (ordenación de las profesiones 

sanitarias) 





• Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 

Ferroviario. 

• Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones. 

• Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal 

• Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima 

del Estado 


• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación. 

• Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social. 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

• Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal 

Universal y de Liberalización de los Servicios 

Postales. 

• Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del 

Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 


Eléctrico. 

• Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

• Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante. 

• Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

• Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. 

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres. 

• Ley 14/1986 de 25 Abr. (general de sanidad). 

• Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

• Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. 

• Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales. 

• Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 

Aérea. 

• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios y otras leyes complementarias. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas. 

• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 


Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 

(*) El presente índice clasifica por materias las disposiciones más relevantes publicadas en el año 2009, indicándose en su caso la norma que deroga o 

sustituye. 

XXIII

Reseña Legislación 2009 

aclarando y armonizando las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia 

•.Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Articulado de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial 

• Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas 

Urgentes de Intensificación de la Competencia 

en Mercados de Bienes y Servicios 

• Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de 

medidas urgentes administrativas, financieras, 

fiscales y laborales 

• Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de Tasas 

Deroga parcialmente: 

• Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 

Corporación de Radio y Televisión Española 

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 

• Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza 

• Ley de 20 de febrero de 1942, de regulación de 

la pesca fluvial 

• Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que 

se publica el Código de Comercio 


del Estado para el año 2010 («B.O.E.» 24 dic. 2009) 

[Consulte índice de disposiciones afectadas] 

Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, por el que 

se modifica el Real Decreto 1514/2007, de 16 noviembre, 

por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad («B. 

O.E.» 29 dic. 2009) 

Modifica: 

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el Plan General de Contabilidad 

Resolución de 29 de septiembre de 2009, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica 

la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del Informe 

Complementario al de auditoría de las cuentas anuales de 

las Empresas de Servicios de Inversión y sus Grupos («B. 

O.E.» 11 nov. 2009) 

Deroga: 

• Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por 

la que se publica la Norma Técnica de Auditoría 

de elaboración del Informe Complementario al de 

auditoría de cuentas anuales de las Empresas de 

Servicios de Inversión y sus Grupos 

FISCAL 

Instrumento de Ratificación del Protocolo nº 4 al Convenio 

para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, reconociendo ciertos derechos y 

libertades, además de los que ya figuran en el Convenio 

y Protocolo Adicional al Convenio (Convenio nº 46 del 

Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 16 de septiembre 

de 1963 («B.O.E.» 13 oct. 2009) 

Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se 

modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa 

el 13 de diciembre de 2007 («B.O.E.» 27 nov. 2009) 

Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación 

de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 

de las Comunidades Autónomas («B.O.E.» 19 

dic. 2009) 

Modifica: 

• Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 

financiación de las Comunidades Autónomas 


• Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación 

de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas (LOFCA) 

Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 

de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de 

incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de 

patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, 

sobre protección patrimonial de las personas con 

discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta 

finalidad («B.O.E.» 26 mar. 2009) 

Modifica: 

• Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad y 

de modificación del Código Civil, de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria 

con esta finalidad 

• Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil 

Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación 

con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios 

y de servicios de intermediación para la celebración 

de contratos de préstamo o crédito («B.O.E.» 1 abr. 2009) 

Modifica: 

• Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 

medidas de prevención del blanqueo de 

capitales 

Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 

26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de 

las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de 

ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, 

para la reforma del régimen de participaciones significativas 

en empresas de servicios de inversión, en entidades 

de crédito y en entidades aseguradoras («B.O.E.» 30 jun. 

2009) 



del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la 

que se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo 

y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 

2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe a las 

normas procedimentales y los criterios de evaluación 

aplicables en relación con la evaluación cautelar 

de las adquisiciones y de los incrementos de 

participaciones en el sector financiero 

XXIV


Modifica: 

• Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros 

y reaseguros privados 

• Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, 


Ley de ordenación y supervisión de los seguros 

privados 

• Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 

de Inversión Colectiva 

• Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del 

régimen legal de las Tasas estatales y locales y 

de reordenación de las prestaciones patrimoniales 

de carácter público 


Administrativas y del Orden Social 

• Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de 

Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y 

sobre Fondos de Titulización Hipotecaria 

• Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades Anónimas 

• Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 

Intervención de las Entidades de Crédito 

• Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores 

• Real Decreto-Ley 18/1982, de 24 de septiembre, 

sobre fondos de garantía de depósitos en Cajas 

de Ahorro y Cooperativas de Crédito 

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación 

de Radio y Televisión Española («B.O.E.» 31 ago. 

2009) 

Modifica: 

• Ley Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la 

televisión de titularidad estatal 

Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario («B.O.E.» 27 oct. 2009) 

Modifica: 

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 

y sobre el Patrimonio 



• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 

eléctrico 

• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido 

• Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 

aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal 

de Canarias 

• Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 

• Ley 25/1964, de 29 de abril, de energía nuclear 

• Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 


del Impuesto sobre Sociedades 

• Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 


nov. 2009) 




a los servicios en el mercado interior 

Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 

de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía 

y se modifican determinadas normas tributarias («B.O.E.» 

19 dic. 2009) 

Deroga: 

• Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 

regulan las medidas fiscales y administrativas del 

nuevo sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades 

con Estatuto de Autonomía 


• Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 1991 


por el que se aprueban determinadas medidas 

urgentes en materia de financiación sanitaria 

Modifica: 


sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio 

• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Ley 23/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 

22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de 

Compensación Interterritorial («B.O.E.» 19 dic. 2009) 

Modifica: 

• Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de 

los Fondos de Compensación Interterritorial 




dic. 2009) 


Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior. 

Modifica: 






Nacionales. 


XXV




Tribunales. 
















sanitarias) 






Ferroviario. 




del Estado 









Postales. 





Eléctrico. 



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 








• Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad 

Privada. 













Aérea. 







de Aguas. 



Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando 

y armonizando las disposiciones legales 

























[Consulte índice de disposiciones afectadas] 

Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas 

urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante 

la evolución de la situación económica («B.O.E.» 31 mar. 

2009) 

Modifica: 


Generales del Estado para el año 2009 







• Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 

• Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación 

del tipo de interés legal del dinero 




• Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas 

Urgentes en Materia Económico-Financiera 

en relación con el Plan de Acción Concertada de 

los Países de la Zona Euro 

XXVI


Real Decreto-ley 4/2009, de 29 de marzo, por el que se 

autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación 

que pueda otorgar el Banco de España a favor de 

Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha («B.O.E.» 29 mar. 

2009) 

Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias 

y urgentes para facilitar a las Entidades Locales 

el saneamiento de deudas pendientes de pago con 

empresas y autónomos («B.O.E.» 25 abr. 2009) 

Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se 

adoptan determinadas medidas en el sector energético y 

se aprueba el bono social («B.O.E.» 7 may. 2009) 

Deroga: 

• Real Decreto-Ley 11/2007, de 7 de diciembre, por 

el que se detrae de la retribución de la actividad 

de producción de energía eléctrica el mayor ingreso 

derivado de la asignación gratuita de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero 


• Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 

administrativas y del orden social 

• Real Decreto 40/2009, de 23 de enero, por el que se 

determinan los valores a aplicar para la financiación 

de los costes correspondientes a la gestión de los 

residuos radiactivos y del combustible gastado, y al 

desmantelamiento y clausura de instalaciones 

Modifica: 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos 


eléctrico 

Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se 

conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, 

por importe total de 19.821,28 millones de euros, y 

se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, 

de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales («B.O.E.» 

13 jun. 2009) 

Modifica: 

• Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 

Especiales 

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración 

bancaria y reforzamiento de los recursos propios de 

las entidades de crédito («B.O.E.» 27 jun. 2009) 

Modifica: 



• Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por 

el que se crea el Fondo para la Adquisición de 

Activos Financieros 


• Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del 

Banco de España 



• Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de 

Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de 

Información de los Intermediarios Financieros 

Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica 

el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre 

las medidas urgentes a adoptar en materia económica, 

fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda («B.O.E.» 7 

feb. 2009) 

Modifica: 

• Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, 

sobre las medidas urgentes a adoptar en materia 

económica, fiscal, de empleo y de acceso a la 

vivienda 

Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 

de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras 

normas del sistema hipotecario y financiero («B.O.E.» 2 

feb. 2009) 

Deroga: 

• Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el 

que se desarrollan determinados aspectos de la 

Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 

mercado hipotecario 

Modifica: 

• Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por 

el que se modifican el Real Decreto 1245/1995, 

de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad 

transfronteriza y otras cuestiones relativas al 

régimen jurídico de las entidades de crédito y el 

Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el 

régimen jurídico de los establecimientos financieros 

de crédito 

Real Decreto 898/2009, de 22 de mayo, por el que se regula 

la concesión directa de subvenciones para la adquisición 

de vehículos, Plan 2000 E de apoyo a la renovación del 

parque de vehículos («B.O.E.» 23 may. 2009) 

Modifica: 


el que se modifica el Real Decreto 898/2009, de 

22 de mayo, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones para la adquisición de 

vehículos, Plan 2000 E de apoyo a la renovación 

del parque de vehículos, y se amplía el número 

máximo de vehículos a financiar en 80.000 vehículos 

adicionales 

Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que 

se modifican el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, 

sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras 

cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de 

crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre 

el régimen jurídico de los establecimientos financieros de 

crédito («B.O.E.» 7 dic. 2009) 











XXVII


Modifica: 

• Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el 



mercado hipotecario y otras normas del sistema 

hipotecario y financiero 

• Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, por el que 

se establece el régimen jurídico de los establecimientos 

financieros de crédito 

• Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre 

creación de Bancos, actividad transfronteriza y 

otras cuestiones relativas al régimen jurídico de 

las entidades de crédito 


se modifica el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 

de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado 

por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre («B. 

O.E.» 7 dic. 2009) 



del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por 

la que se modifica la Directiva 92/49/CEE del 

Consejo y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/ 

CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe 

a las normas procedimentales y los criterios 

de evaluación aplicables en relación con la 

evaluación cautelar de las adquisiciones y de 

los incrementos de participaciones en el sector 

financiero 

Modifica: 


por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de 

inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario 

de las instituciones de inversión colectiva 


se modifican el Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, 

por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores, en materia de la participación 

en el capital de las sociedades que gestionan mercados 

secundarios de valores y sociedades que administren 

sistemas de registro, compensación y liquidación de 

valores y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, 

sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios 

de inversión y de las demás entidades que prestan servicios 

de inversión y por el que se modifica parcialmente 

el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 

de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el 

Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre («B.O.E.» 

7 dic. 2009) 





Consejo y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/ 

CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe 

a las normas procedimentales y los criterios 

de evaluación aplicables en relación con la 

evaluación cautelar de las adquisiciones y de 

los incrementos de participaciones en el sector 

financiero 

Modifica: 

• Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre 

el régimen jurídico de las empresas de servicios 

de inversión y de las demás entidades que 

prestan servicios de inversión y por el que se 

modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 

1309/2005, de 4 de noviembre 

• Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por 

el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores, en materia de la 

participación en el capital de las sociedades que 

gestionan mercados secundarios de valores y 

sociedades que administren sistemas de registro, 

compensación y liquidación de valores 


• Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el 

Régimen Jurídico de las empresas de servicios 

de inversión 


se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión 

de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 

2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de participaciones 

significativas («B.O.E.» 7 dic. 2009) 











Modifica: 


el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 

y Supervisión de los Seguros Privados 

• Orden de 23 de diciembre de 1998, por la que se 

desarrollan determinados preceptos de la normativa 

reguladora de los seguros privados y se 

establecen las obligaciones de información como 

consecuencia de la introducción del euro 

Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, 

de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos 

de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 

normas comunes de los procedimientos de aplicación de 

los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 

27 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 

de diciembre, en materia de obligaciones formales, y se 

establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones 

al método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes 

especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y 

pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido («B.O.E.» 29 

dic. 2009) 

XXVIII


Modifica: 

• Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento General de las actuaciones 

y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de 

los tributos 

• Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y se 

modifica el Reglamento de Planes y Fondos de 

Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, 

de 20 de febrero 

Orden VIV/2680/2009, de 28 de septiembre, por la que se 

dispone la aplicación del nuevo sistema de financiación 

establecido en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, 

por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 

Rehabilitación 2009-2012 («B.O.E.» 5 oct. 2009) 


• Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por 

el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 

Rehabilitación 2009-2012 

Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se 

regula la interposición telemática de las reclamaciones 

económico-administrativas y se desarrolla parcialmente 

la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización 

de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las 

reclamaciones económico-administrativas («B.O.E.» 16 

oct. 2009) 






O.E.» 11 nov. 2009) 

Deroga: 







LABORAL 

Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la 

OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud 

en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 

(«B.O.E.» 4 ago. 2009) 

Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican 

el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de 

diciembre de 2007 («B.O.E.» 27 nov. 2009) 

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 

y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social («B.O.E.» 12 dic. 2009) 

Modifica: 

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 

y libertades de los extranjeros en España y 

su integración social 

• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial 


Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración 

del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, 

adopción o acogida («B.O.E.» 7 oct. 2009) 

Modifica: 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres 



del Estatuto de los Trabajadores 

• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 

reforma de la Función Pública 

Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 

procesal para la implantación de la nueva Oficina 

judicial («B.O.E.» 4 nov. 2009) 

Modifica: 

• Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje 


• Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen 

retributivo de las carreras judicial y fiscal 

• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil 

• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa 

• Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 

Generales de la Contratación 

• Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia 

Jurídica al Estado e Instituciones Públicas 

• Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 

Gratuita 

• Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 

asistencia a las víctimas de delitos violentos y 

contra la libertad sexual 



Procedimiento Administrativo Común 


• Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del 

Cheque 

• Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva 

• Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el 

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 

• Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca 

Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la 

posesión 

• Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Procedimiento Laboral 

• Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

• Real Decreto de 3 de febrero de 1881, de promulgación 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

• Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se 

aprueba la nueva redacción oficial de la Ley 

Hipotecaria 

XXIX


Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el 

programa temporal de protección por desempleo e inserción 

(«B.O.E.» 12 nov. 2009) 

Modifica: 

• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social 



nov. 2009) 








dic. 2009) 





Modifica: 






Nacionales. 




Tribunales. 
















sanitarias) 






Ferroviario. 




del Estado 









Postales. 





Eléctrico. 
























Aérea. 







de Aguas. 























XXX








[Consultar índice de disposiciones afectadas] 

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 

para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección 

de las personas desempleadas («B.O.E.» 31 dic. 

2009) 

Modifica: 

• Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 

estructurales de las sociedades mercantiles 

• Ley 2/2008, de 23 de diciembre de Presupuestos 


• Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación 

del régimen de las empresas de inserción 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 

autónomo 

• Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a 

la integración de los trabajadores por cuenta propia 

del Régimen Especial Agrario de la Seguridad 

Social en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos 

• Ley 43/2006, de 23 de diciembre, para la mejora 

del crecimiento y del empleo 










urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo 

y la protección de las personas desempleadas («B.O.E.» 

7mar. 2009) 

Modifica: 










Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se 

regula el programa temporal de protección por desempleo 

e inserción («B.O.E.» 15 ago. 2009) 

Modifica: 




Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se 

crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 

Local («B.O.E.» 27 oct. 2009) 

Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica 

el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las 

medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de 

empleo y de acceso a la vivienda («B.O.E.» 7 feb. 2009) 

Modifica: 

• Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre 

las medidas urgentes a adoptar en materia económica, 

fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda 

Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, por el que se 

aprueba la oferta de empleo público para el año 2009 («B. 

O.E.» 3 mar. 2009) 

Deroga: 

• Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, por el que 

se aprueba la oferta de empleo público para el 

año 2008 


desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia 

de contrato del trabajador autónomo económicamente 

dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de 

asociaciones profesionales de trabajadores autónomos 

(«B.O.E.» 4 mar. 2009) 

Modifica: 

• Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento general sobre 

inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas 

y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad 

Social 

Real Decreto 897/2009, de 22 de mayo, por el que se 

modifica el Reglamento general de recaudación de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 

de 11 de junio («B.O.E.» 15 jun. 2009) 

Modifica: 

• Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

de la Seguridad Social 

Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por el que se modifica 

el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social, aprobado por el Real Decreto 

2393/2004, de 30 de diciembre («B.O.E.» 23 jul. 2009) 

Modifica: 


el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 

y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social 

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento 

de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 

laboral («B.O.E.» 25 ago. 2009) 


• Real Decreto 942/2003, de 18 de julio, por el que 

se determinan las condiciones básicas que deben 

XXXI


reunir las pruebas para la obtención de los títulos 

de Técnico y Técnico Superior de Formación 

Profesional Específica 

Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que 

se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de 

diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en 

relación con la prestación de incapacidad temporal («B. 

O.E.» 29 sep. 2009) 

Orden TIN/3498/2009, de 23 de diciembre, por la que se 

regula la gestión colectiva de contrataciones en origen 

para 2010 («B.O.E.» 29 dic. 2009) 

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Dirección General 

de Ordenación de la Seguridad Social, sobre consideración 

como situación de incapacidad temporal derivada de 

enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivo 

sufridos por los trabajadores como consecuencia de la 

gripe A H1 N1 («B.O.E.» 9 may. 2009) 

Resolución de 15 de octubre de 2009, del Servicio Público 

de Empleo Estatal, por la que se regula la tramitación 

electrónica automatizada de diversos procedimientos en 

materia de protección por desempleo («B.O.E.» 17 oct. 

2009) 

Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se publica la relación 

de fiestas laborales para el año 2010 («B.O.E.» 20 nov. 

2009) 

MERCANTIL 

Instrumento de ratificación del Tratado de Singapur sobre 

el Derecho de Marcas, hecho en Singapur el 27 de marzo 

de 2006 («B.O.E.» 4 may. 2009) 

Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican 

el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de 

diciembre de 2007 («B.O.E.» 27 nov. 2009) 

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales 

de las sociedades mercantiles («B.O.E.» 4 abr. 2009) 



del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, por 

la que se modifican las Directivas 78/855/CEE 

y 82/891/CEE del Consejo por lo que respecta 

al requisito de presentación de un informe de un 

perito independiente en caso de fusión o escisión 

de sociedades anónimas 




Consejo en lo relativo a la constitución de la 

sociedad anónima, así como al mantenimiento y 

modificaciones de su capital 


del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 

a las fusiones transfronterizas de las sociedades 

de capital 

Modifica: 

• Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación 

de los trabajadores en las sociedades anónimas 

y cooperativas europeas 

• Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de 

Crédito 


• Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de 

Interés Económico 

Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 

26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de 

las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de 

ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, 

para la reforma del régimen de participaciones significativas 

en empresas de servicios de inversión, en entidades 

de crédito y en entidades aseguradoras («B.O.E.» 30 jun. 

2009) 











Modifica: 

• Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros 

y reaseguros privados 




privados 




régimen legal de las Tasas estatales y locales y 

de reordenación de las prestaciones patrimoniales 

de carácter público 



• Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de 

Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y 

sobre Fondos de Titulización Hipotecaria 


diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades Anónimas 





sobre fondos de garantía de depósitos en Cajas 

de Ahorro y Cooperativas de Crédito 

Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se modifica el Estatuto 

Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de 

octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de 

XXXII


Compensación de Seguros en relación con los seguros 

obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo 

destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades 

aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de ordenación 

y supervisión de los seguros privados, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre («B. 

O.E.» 4 jul. 2009) 

Modifica: 


por el que se aprueba el texto refundido del 

Estatuto Legal del Consorcio de Compensación 

de Seguros 




privados 



se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad 

Civil del Cazador, de suscripción 

obligatoria 

• Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento del Seguro 

Obligatorio de Viajeros 

Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario («B.O.E.» 27 oct. 2009) 

Modifica: 









eléctrico 

• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido 

• Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 

aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal 

de Canarias 


• Ley 25/1964, de 29 de abril, de energía nuclear 





septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte 

terrestre de mercancías («B.O.E.» 12 nov. 2009) 

Modifica: 


autónomo 


Ferroviario 




• Orden de 25 abril de 1997, por la que se establecen 

las condiciones generales de contratación de 

los transportes de mercancías por carretera 

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago 

(«B.O.E.» 14 nov. 2009) 



del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre 

servicios de pago en el mercado interior, por la 

que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/ 

CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se 

deroga la Directiva 97/5/CE 

Modifica: 

• Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización 

a distancia de servicios financieros destinados 

a los consumidores 

• Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas 

de pagos y de liquidación de valores 

• Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptación de la 

legislación española en materia de entidades de 

Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación 

Bancaria, y se introducen otras modificaciones 

relativas al sistema financiero, en materia de establecimientos 


• Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 

medidas de prevención del blanqueo de 

capitales 



• Ley 211/1964, de 24 de diciembre, de emisión de 

valores por sociedades colectivas, comanditarias 

o de responsabilidad limitada y por asociaciones 

u otras personas jurídicas 

• Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de 

reformas urgentes para el impulso a la productividad 

y para la mejora de la contratación pública 

Deroga: 

• Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el 

régimen jurídico de las transferencias entre Estados 

miembros de la Unión Europea 



nov. 2009) 








dic. 2009) 





XXXIII


Modifica: 






Nacionales. 




Tribunales. 
















sanitarias) 






Ferroviario. 




del Estado 








Postales. 





Eléctrico. 
























Aérea. 







de Aguas. 





























[Consultar índice de disposiciones afectadas] 

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para 

el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de 

las personas desempleadas («B.O.E.» 31 dic. 2009) 

Modifica: 








autónomo 






Autónomos 

XXXIV












Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el 

régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad 

para la mejora de la protección de los consumidores y 

usuarios («B.O.E.» 31 dic. 2009) 



del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a 

las prácticas comerciales desleales de las empresas 

en sus relaciones con los consumidores 

en el mercado interior, que modifica la Directiva 

84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 

98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 

del Parlamento Europeo y del Consejo 


del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre 

publicidad engañosa y publicidad comparativa. 

Modifica: 

• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 

Comercio Minorista. 

• Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 

Desleal 

• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad 


texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias 


• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad 

• Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley de objetos 

fabricados con Metales Preciosos 

• Real Decreto 58/1988, de 29 de enero, sobre 

protección de los derechos del consumidor en 

el servicio de reparación de aparatos de uso 

doméstico 


el que se aprueba el reglamento regulador de los 

servicios de limpieza, conservación y teñido de 

productos textiles, cueros, pieles y sintéticos 


que se regulan la actividad industrial y la prestación 

de servicios en los talleres de reparaciuón 

de vehículos automóviles, de sus equipos y 

componentes 

Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas 

urgentes en materia de telecomunicaciones ejercicio («B. 

O.E.» 24 feb. 2009) 

Modifica: 

• Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes 

para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, 

de Liberalización de la Televisión por Cable y de 

Fomento del Pluralismo 


• Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada 


urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante 

la evolución de la situación económica («B.O.E.» 31 mar. 

2009) 

Modifica: 










• Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación 

del tipo de interés legal del dinero 




• Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas 

Urgentes en Materia Económico-Financiera 

en relación con el Plan de Acción Concertada de 

los Países de la Zona Euro 

Real Decreto-ley 4/2009, de 29 de marzo, por el que se 

autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación 

que pueda otorgar el Banco de España a favor de 

Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha («B.O.E.» 29 mar. 

2009) 





Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se 

adoptan determinadas medidas en el sector energético y 

se aprueba el bono social («B.O.E.» 7 may. 2009) 

Deroga: 

• Real Decreto-Ley 11/2007, de 7 de diciembre, por 

el que se detrae de la retribución de la actividad 

de producción de energía eléctrica el mayor ingreso 

derivado de la asignación gratuita de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero 


• Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 



que se determinan los valores a aplicar para la 

financiación de los costes correspondientes a la 

gestión de los residuos radiactivos y del combustible 

gastado, y al desmantelamiento y clausura 

de instalaciones 

XXXV


Modifica: 



eléctrico 

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración 

bancaria y reforzamiento de los recursos propios de 

las entidades de crédito («B.O.E.» 27 jun. 2009) 

Modifica: 



• Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por 

el que se crea el Fondo para la Adquisición de 

Activos Financieros 


• Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del 

Banco de España 



• Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de 

Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de 

Información de los Intermediarios Financieros 

Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que 

se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine 

(«B.O.E.» 12 ene. 2009) 

Deroga: 


se desarrolla parcialmente la Ley 17/1994, de 8 

de junio, de protección y fomento de la cinematografía, 

y se actualizan y refunden normas relativas 

a la realización de películas en coproducción, 

salas de exhibición y calificación de películas 

cinematográficas 

• Real Decreto 2332/1983, de 1 de septiembre, por 

el que se regula la venta, distribución y la exhibición 

pública de material audiovisual 


• Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que 

se regulan medidas de fomento y promoción de 

la cinematografía y la realización de películas en 

coproducción 

• Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dictan 

normas de aplicación del Real Decreto 81/1997, 

de 24 de enero, en las materias de cuotas de 

pantalla y distribución de películas, salas de exhibición, 

registro de empresas y calificación de 

obras cinematográficas y audiovisuales 


dispone la creación y constitución de 15 juzgados para la 

mejora de la jurisdicción mercantil, dentro de la programación 

del año 2009 («B.O.E.» 3 mar. 2009) 

Modifica: 

• Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación 

y de Planta Judicial 

Real Decreto 898/2009, de 22 de mayo, por el que se regula 

la concesión directa de subvenciones para la adquisición 

de vehículos, Plan 2000 E de apoyo a la renovación del 

parque de vehículos («B.O.E.» 23 may. 2009) 

Modifica: 


el que se modifica el Real Decreto 898/2009, de 

22 de mayo, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones para la adquisición de 

vehículos, Plan 2000 E de apoyo a la renovación 

del parque de vehículos, y se amplía el número 

máximo de vehículos a financiar en 80.000 vehículos 

adicionales 


aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios 

de comunicaciones electrónicas («B.O.E.» 30 may. 2009) 


• Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa 

al servicio universal y los derechos de los usuarios 

en relación con las redes y los servicios de 

comunicaciones electrónicas (Directiva servicio 

universal) 

Modifica: 


el que se aprueba el Reglamento sobre mercados 

de comunicaciones electrónicas, acceso a las 

redes y numeración 



se aprueba el Reglamento sobre las condiciones 

para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, el servicio universal y la protección 

de los usuarios 

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Conductores («B.O.E.» 8 

jun. 2009) 


• Directiva 2008/65/CE de la Comisión, de 27 de 

junio de 2008, que modifica la Directiva 91/439/ 

CEE sobre el permiso de conducción 


del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre 

el permiso de conducción (Refundición) 

Deroga: 

• Orden INT/4151/2004, de 9 de diciembre, por 

la que se determinan los códigos comunitarios 

armonizados y los nacionales a consignar en 

permisos y licencias de conducción 

• Orden INT/3452/2004, de 14 de octubre, por la 

que se establece la implantación progresiva del 

permiso de conducción en formato de tarjeta de 

plástico 

• Orden de 4 de diciembre de 2000 por la que se 

desarrolla el capítulo III del título II del Reglamento 

General de Conductores, aprobado por Real 

Decreto 772/1997, de 30 de mayo 

• Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Conductores 

• Decreto de 25 de septiembre de 1934, por el que 

se aprueba el Código de la Circulación 

XXXVI


Real Decreto 1298/2009, de 31 de julio, por el que se modifica 

el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros 

privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, 

de 20 de noviembre, y el Reglamento de mutualidades de 

previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, 

de 27 de diciembre («B.O.E.» 1 ago. 2009) 

Modifica: 


el que se aprueba el Reglamento de mutualidades 

de previsión social 




Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio, por el que se 

modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, 

aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero 

(«B.O.E.» 1 ago. 2009) 

Modifica: 


que se aprueba el Reglamento de planes y fondos 

de pensiones 


se modifican el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, 

sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras 

cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de 

crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre 

el régimen jurídico de los establecimientos financieros de 

crédito («B.O.E.» 7 dic. 2009) 











Modifica: 

• Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el 



mercado hipotecario y otras normas del sistema 

hipotecario y financiero 


se establece el régimen jurídico de los establecimientos 


• Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre 

creación de Bancos, actividad transfronteriza y 

otras cuestiones relativas al régimen jurídico de 

las entidades de crédito 


se modifica el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 

de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado 

por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre («B. 

O.E.» 7 dic. 2009) 











Modifica: 


por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de 

inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario 

de las instituciones de inversión colectiva 


se modifican el Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, 

por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores, en materia de la participación en el 

capital de las sociedades que gestionan mercados secundarios 

de valores y sociedades que administren sistemas 

de registro, compensación y liquidación de valores y el 

Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen 

jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las 

demás entidades que prestan servicios de inversión y por 

el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión 

colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 

de noviembre («B.O.E.» 7 dic. 2009) 











Modifica: 

• Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre 

el régimen jurídico de las empresas de servicios 

de inversión y de las demás entidades que 

prestan servicios de inversión y por el que se 

modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 

1309/2005, de 4 de noviembre 

• Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por 

el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores, en materia de la 

participación en el capital de las sociedades que 

gestionan mercados secundarios de valores y 

sociedades que administren sistemas de registro, 

compensación y liquidación de valores 


• Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el 

Régimen Jurídico de las empresas de servicios 

de inversión 


se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión 

de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 

XXXVII


2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de participaciones 

significativas («B.O.E.» 7 dic. 2009) 











Modifica: 




• Orden de 23 de diciembre de 1998, por la que se 

desarrollan determinados preceptos de la normativa 

reguladora de los seguros privados y se 

establecen las obligaciones de información como 

consecuencia de la introducción del euro 






O.E.» 11 nov. 2009) 

Deroga: 







SEGURIDAD SOCIAL 

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 

y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social («B.O.E.» 12 dic. 2009) 

Modifica: 

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 

y libertades de los extranjeros en España y 

su integración social 

• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial 


Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración 

del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, 

adopción o acogida («B.O.E.» 7 oct. 2009) 

Modifica: 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres 



del Estatuto de los Trabajadores 

• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 

reforma de la Función Pública 

Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el 

programa temporal de protección por desempleo e inserción 

(«B.O.E.» 12 nov. 2009) 

Modifica: 







dic. 2009) 





Modifica: 






Nacionales. 




Tribunales. 
















sanitarias) 






Ferroviario. 




del Estado 






XXXVIII




Postales. 





Eléctrico. 
























Aérea. 







de Aguas. 




























Generales del Estado para el año 2010 («B. 

O.E.» 24 dic. 2009) [Consultar índice de disposiciones 

afectadas] 

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 

para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección 

de las personas desempleadas («B.O.E.» 31 dic. 

2009) 

Modifica: 








autónomo 






Autónomos 












urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo 

y la protección de las personas desempleadas («B.O.E.» 

7mar. 2009) 

Modifica: 






Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se 

regula el programa temporal de protección por desempleo 

e inserción («B.O.E.» 15 ago. 2009) 

Modifica: 




Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se 

regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad 

Social por maternidad, paternidad, riesgo durante 

el embarazo y riesgo durante la lactancia natural («B.O.E.» 

21 mar. 2009) 

Deroga: 


el que se regulan las prestaciones económicas 

XXXIX


del sistema de la Seguridad Social por maternidad 

y riesgo durante el embarazo 

Modifica: 


que se aprueba el Reglamento general sobre 

inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas 

y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad 

Social 


el que se aprueba el Reglamento General sobre 

Cotización y Liquidación de otros derechos de la 

Seguridad Social 

• Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración 

de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social 


modifica el Reglamento general de recaudación de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 

de 11 de junio («B.O.E.» 15 jun. 2009) 

Modifica: 

• Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

de la Seguridad Social 

Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio, por el que se 

modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, 

aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero 

(«B.O.E.» 1 ago. 2009) 

Modifica: 


que se aprueba el Reglamento de planes y fondos 

de pensiones 

Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que 

se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de 

diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en 

relación con la prestación de incapacidad temporal («B. 

O.E.» 29 sep. 2009) 

Real Decreto 1513/2009, de 2 de octubre, por el que se 

regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad 

Social por los trabajadores de agencias de aduanas 

que resultaron afectados por la incorporación de España al 

Mercado Único Europeo («B.O.E.» 22 oct. 2009) 

Real Decreto 2005/2009, de 23 de diciembre, sobre revalorización 

y complementos de pensiones de Clases Pasivas 

para el año 2010 («B.O.E.» 29 dic. 2009) 

Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización 

de las pensiones del sistema de la Seguridad Social 

y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 

2010 («B.O.E.» 29 dic. 2009) 

Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan 

las normas de cotización a la Seguridad Social, 

Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, 

contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 

(«B.O.E.» 24 ene. 2009) 

Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se 

dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 

357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia 

de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 

de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social 

prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos 

computables y su imputación («B.O.E.» 20 nov. 2009) 

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Dirección General 

de Ordenación de la Seguridad Social, sobre consideración 

como situación de incapacidad temporal derivada de 

enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivo 

sufridos por los trabajadores como consecuencia de la 

gripe A H1 N1 («B.O.E.» 9 may. 2009) 

XL

ÍNDICE ANALÍTICO 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2010 (*) 

A 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

art. 129.Dos.2 b); Tres.4; Cuatro.6; Cinco.2; Ocho.1.1.ª y 

disp. fin. 3.ªCinco 

Acontecimientos de interés público: disps. adics. 52.ª 

a 56.ª, 58.ª y 67.ª 

Administración de Justicia: 

Cotizaciones art. 130.3 

Retribuciones art. 32 y Anexos X a XI 

Administración de la Seguridad Social: 

Retribuciones art. 33 

Administración Local 

Anticipos a favor de los Ayuntamientos: art. 114 

Ayudas y subvenciones: arts. 111 y 113 

Compensaciones al ICO: art. 120 

Créditos a favor de las Entidades Locales: art. 115 y 

disp. adic. 46.ª 

Fondo Complementario de Financiación: art. 96 y 97 

Liquidación de la participación en tributos del Estado: 

art. 91 

Municipios: 

Cesión de la recaudación de impuestos estatales: 

arts. 92 a 95 

Participación en tributos del Estado arts. 96 a 99 

Obligación de información: art. 116 

Provincias, Comunidades Uniprovinciales, Cabildos y 

Consejos insulares: 

Cesión de la recaudación de impuestos estatales: 

arts. 100 a 105 

Participación en tributos del Estado: arts. 104 y 105 

Regímenes especiales: 

Canarias: art. 109 

Ciudades de Ceuta y Melilla: art. 110 

Municipio de Barcelona: art. 118 

Municipios de población no superior a 20.000 habitantes: 

art.119 

Territorios Históricos: art. 108 

Retenciones por deudas contraídas con acreedores 

públicos: art. 117 

Tributos locales (Véase «Impuesto sobre Bienes Inmuebles») 

Adopción: disp. adic. 1.ª 

Aeropuertos: arts. 82 a 85 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria: art. 

21 y disp. fin. 1.ª 

Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios 

Públicos: disp. adic. 31.ª y disp. fin. 7.ª 

Aguas: disps. adic. 27.ª y 28.ª 

Altos cargos: art. 26 y disp. adic. 7.ª 

Año Jubilar Guadalupense: disp. adic. 53.ª 

Asistencia sanitaria: arts. 16, 106, 107, 123 y 126 

Autopistas: disp. adic. 41.ª 

Autovías: disp. adic. 42.ª 

Avales Públicos: 

Fondos de Titulización de activos: art. 57 

Importe: art. 54 

Información: art. 56 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales: art. 

55 

Ayudas y subvenciones: 

Energía: disp. adic. 43.ª 

Fines sociales: disps. adics. 8.ª y 38.ª 

I+D: disp. adic. 23.ª 

Transporte: arts. 111 y 113 y disp. adic. 30.ª 

Seguimiento: disp. adic. 48.ª 

AVE (véase Tren Alta Velocidad) 

Banco de España: arts. 7 y 53 y disp. fin. 2.ª 

Baleares: art. 127 y disps. adic. 16.ª y 30. ª 

Barcelona: art. 118 

Barcelona World Race: disps. adic. 56.ª 

B 

Beneficios fiscales: arts. 3 y 112 y disps. adics. 52.ª a 

59.ª, 63.ª a 64.ª y 67.ª 

Bicentenario de la Constitución de 1812: disp. fin. 11.ª 

(*) El presente índice refunde los conceptos y materias relacionadas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 («B.O.E.» 

de 24 diciembre 2009). 

XLI

Índice Analítico 

C 

Canarias: arts. 109 y 127 y disps. adics. 13.ª, 15.ª, 30.ª, 

61. ª y 70. ª 

Castilla-La Mancha: disp. adic. 13.ª 

Castilla y León: disp. adic. 16.ª 

Cataluña: disp. adic. 16.ª 

Catastro: art. 78 

Ceuta: art. 110 y disp. adic. 30.ª y Anexo V 

Clases Pasivas 

Complementos para mínimos: art. 47 

Créditos presupuestarios: disp. fin. 9.ª 

Determinación inicial de las pensiones: art. 40 

Pensión de viudedad: disp. fin. 3.ªDiez, Once y Catorce 

y disp. fin. 10.ª 

Revalorización: arts. 44 a 46 y disp. adic. 12.ª 

Terrorismo: disp. adic. 50.ª 

Comunidades Autónomas: 

Dotación de Compensación de Insularidad: art. 127 

Financiación de la Asistencia Sanitaria: arts. 123 y 126 

Fondos de Compensación Interterritorial: art. 125 

Fondo de Suficiencia: arts. 121 y 122 

Planes Integrales de Empleo: disp. adic. 13.ª 

Transferencias: art. 124 

Complejo Policial de Zapadores de Valencia: disp. 

adic 49.ª 

Concesiones administrativas: 

Reequilibrio económico financiero 

Autopistas de peaje: disp. adic. 41.ª 

Autovías: disp. adic. 42.ª 

Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino 

de Granada: disp. adic 59.ª 

Consejo General del Poder Judicial: 

Retribuciones: art. 27.1 

Antigüedad: art. 27.2 

Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI): 

art. 58 

Créditos presupuestarios: 

Principios generales: art. 9 

Ampliaciones e incorporaciones de crédito: art. 13, 

Anexo II y Anexo VII 

Créditos vinculantes: art. 10 

Competencias en materia de modificaciones presupuestarias: 

art. 11 

Compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros: 

art. 15 y Anexo IX 

Imputaciones de crédito: art. 14 

Limitaciones presupuestarias: art. 12 

Cuerpo Nacional de Policía: 

Complejo Policial de Zapadores de Valencia: disp. adic 

49.ª 

Retribuciones: art. 31 y disp. trans. 3.ª 

D 

Desarrollo rural: disp. adic. 26.ª 

Desempleo: art. 129.Diez 

Deuda pública: 

Asunción de deuda: 

Radiotelevisión Española: art. 52 y Anexo XV 

Deber de información: art. 53 

Límite: art. 50 

Operaciones de crédito autorizadas: art. 51 

Organismos públicos: art. 51 y Anexo III 

Discapacitados: disp. adic. 2.ª 

Dotación de Compensación de Insularidad: art. 127 

Educación: 

Centros concertados: art. 17 y Anexos IV y V 

Personal docente: art. 17 y Anexos IV y V 

Energía: disp. adic. 39.ª 

E 

Entidades públicas empresariales: arts. 1.j), 6.Cinco y 

55 y Anexo XIII 

Ertzaintza: disp fin. 3.ªTrece 

Estatutos de Autonomía de Andalucía: disp. adic. 47.ª 

Estatutos de Autonomía de Aragón: disp. adic. 47.ª 

Exportaciones: art. 58 y disp. adic. 22.ª 

Extranjeros: disp. adic. 13.ª 

Trabajadores: disp. fin. 6.ª 

Extremadura: disp. adic. 13.ª 

Familias numerosas: disp. adic. 68.ª 

F 

Fondo Complementario de Financiación: arts. 96, 104, 

105, 106 y 109. 

Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria: arts. 

106 y 107 

Fondo de Apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras 

y servicios del Sistema de Autonomía y 

Atención a la Dependencia: disp. adic. 40.ª 

Fondo de Ayuda al Desarrollo: art. 60 

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento: 

art. 62 

Fondo de Garantía Salarial: art. 129.Diez 

Fondo de Suficiencia: arts. 121 y 122 

Fondos de Titulización de Activos: art. 57 

Fondo Especial de Financiación a favor de los Municipios 

de Población no Superior a 20.000 Habitantes: 

art. 119 

Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación 

Científica y Técnica: disp. adic. 20.ª 

Fondo para Inversiones en el Exterior: disp. adic. 21.ª 

Fondo para la Concesión de Microcréditos: art. 61 

Formación profesional: art. 129.Diez y disp. adic. 14.ª 

Fuerzas Armadas: 

XLII


Cotizaciones: art. 130.2 

Movilidad geográfica: disp. fin. 4.ª 

Oferta de empleo público: art. 23.1 

Plantillas de Tropa y Marinería: disp. adic. 10.ª 

Retribuciones: art. 29 

Revalorización de las prestaciones de Gran Invalidez: 


(Véase Unidad Militar de Emergencias) 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 

Oferta de empleo público: art. 23.3 

Plantillas profesionales: disp. adic. 62.ª 

Retribuciones: art. 30 y 31 

Revalorización de las prestaciones de Gran Invalidez: 


Funcionarios públicos: 

Indemnizaciones por residencia disp. trans. 2.ª 

Oferta de empleo público: art. 23 

Prohibición de ingresos atípicos: art. 34 

Retribuciones: arts. 17, 22 y 24 a 33 

(Véase Clases Pasivas y Mutualidades de Funcionarios 

Públicos ) 

Fundaciones del sector público: arts. 1.i), 6.4 y Anexo 

XII 

Gasto público: art. 2.1 

G 

Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 

Seguridad del Estado: disp. adic. 37.ª 

Gestión presupuestaria: 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria: art. 21 

De créditos a favor de las Entidades Locales: art. 115 

De la Sanidad y Servicios Sociales: arts. 19 y 20 

Embargo de derechos de cobro: disp. fin. 5.ªCuatro 

Presupuestos docentes: arts. 17 y 18 

Google Lunar X Prize: disp. adic. 67.ª 

Guadalquivir río de Historia: disp. adic. 58.ª 

Guardia Civil: 

Retribuciones: art. 30 y disp. trans. 3.ª 

H 

Haciendas Locales (véase Administración Local e Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles) 

Iglesia Católica: disp. adic. 44.ª 

I 

Impuesto sobre Actividades Económicas: arts. 112 y 

116 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles: arts. 112, 114 y 


Actualización valores catastrales: art. 78 

Impuesto sobre Hidrocarburos: disp. fin. 14.ªUno y 

Dos 

Impuesto sobre el Valor Añadido: art. 79 

Régimen especial simplificado: disp. trans. 4ª 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

Base imponible: disp. fin. 14.ªCuatro 

Deducciones: 

Adquisición de vivienda habitual: disp. adic 45.ªy 

disp. trans. 5.ª 

Rendimientos de actividades económicas: art. 70 

Rendimientos del trabajo: art. 70 

Escalas general y complementaria: art. 68 

Estimación objetiva: disp. trans. 4ª 

Exenciones: 

Prestaciones por desempleo, modalidad pago único: 

art. 65 

Ganancias y pérdidas patrimoniales (coeficientes de 

actualización): art. 64 

Mínimo personal y familiar: art. 67 

Reducciones: 

Creación de empleo: art. 72 

Pagos a cuenta: art. 71 

Rendimientos de actividades económicas: art. 66.2 

Rendimientos del trabajo: art. 66.1 

Rendimientos de capital inmobiliario: disp. trans. 6.ª 

Tipos de gravamen del ahorro: art. 69 

Trabajadores desplazados a territorio español: disp. 

fin. 13.ª 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 

Tipos de gravamen del ahorro: art. 73 

Impuesto sobre Sociedades: 

Base imponible (corrección monetaria): art. 74 y disp. 

fin. 14.ªTres 

Pago fraccionado: art. 75 

Porcentaje de retención o ingreso a cuenta: art. 76 

Tipos de gravamen reducido por mantenimiento o creación 

de empleo: art. 77 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

y Actos Jurídicos Documentados: 

Títulos nobiliarios: art. 80 

Incapacidad permanente (Véase Seguridad Social) 

Incapacidad temporal (Véase Seguridad Social) 

Indemnizaciones: 

Talidomida: disp. adic. 57.ª 

Indicador público de renta de efectos múltiples 

(IPREM): disp. adic. 19.ª 

Infraestructuras hidráulicas: disps. adic. 27.ª y 28.ª 

Ingresos públicos: arts. 2.2 

Instituto de Crédito Oficial: arts. 58, 59 y 120 y Anexo 

III 

Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas: disps. 

adics. 36.ª y 51.ª 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales: arts. 16.3 

y 20 

Instituto Nacional de Administración Pública: disp. 

adic. 35.ª 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria: arts. 16.1 y 19 

Instituciones sanitarias: disp. adic. 3.ª 

Instituto Social de la Marina: art. 16.4 

Interés de demora: disp. adic. 18.ª.Dos 

Interés legal del dinero: disp. adic. 18.ª.Uno 

Inversiones en el exterior: disp. adic. 21.ª 

I+D: dips. adics. 20.ª, 23.ª, 25ª, 48.ª y 67.ª y Anexo XIV 

XLIII


J 

Jornadas Mundiales de la Juventud 2011: disp. adic. 

54.ª 

Jubilación (Véase Seguridad Social) 

Ley de Vagos y Maleantes: disp. adic. 18.ª 

Londres 2012: disp. adic. 50.ª 

L 

Loterías y Apuestas del Estado: disps. adics. 32.ª, 33.ª 

y 34.ª 

M 

Maternidad: 

Prestación económica: disp. fin. 3.ª.Seis 

Riesgo durante el embarazo o lactancia: disp. adic. 5.ª 

Mecenazgo: disps. adics. 39.ª 

Melilla: art. 110 y disp. adic. 30.ª y Anexo V 

Microcréditos: art. 61 

Militar: 

Carrera militar: disp. adic. 62.ª 

Misteri de Elx: disp. adic. 52.ª 

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

disps adics. 7.ª y disp. fin. 3.ª Cinco. 

Mutualidades Generales de Funcionarios: 

Cotización: art. 130 

Partidos políticos: disp. adic. 55.ª 

Patrimonio Histórico: disp. adic. 17.ª y Anexo VIII 

Peaje: disp. adic. 41.ª 

Pensiones asistenciales: disp. adic. 2.ª 

Pensiones públicas: 

Complementos para mínimos: arts. 47 y 48 

Limitaciones en el señalamiento inicial: art. 43 

Prestaciones contributivas: art. 40 

Prestaciones de la legislación especial derivada de la 

Guerra Civil: art. 41, disp. adic. 11.ª y 60.ª Prestaciones 

no contributivas: art. 42 

Prestaciones por hijo a cargo: disp. adic. 1.ª 

Revalorización: arts. 44 a 46 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs): disps. 

adics. 24.ª y 25.ª 

Personal laboral del sector público estatal: 

Contratación temporal: arts. 23.2 y 38 

Retribuciones: arts. 18, 25 y 37 

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de ahorro y 

eficiencia energética: disp. adic. 43.ª 

Planes de empleo: disps. adics. 12.ª a 14.ª 

Planes de Pensiones de Empleo: disp. trans. 1.ª 

Presupuestos Generales del Estado 

De los créditos y sus modificaciones: 

Organismos autónomos y del Seguridad Social: 

disp. fin. 5.ª Dos 

Presupuestos del Estado: disp. fin. 5.ª Uno 

Contabilidad del Sector Público Estatal: disp. fin. 5.ªSeis 

y Siete 

Créditos extraordinarios y suplementarios: disp. fin. 

5.ªTres 

Deudas del Estado: disp. fin. 5.ªCinco 

Gestión de los presupuestos: 

Embargo de derechos de cobro: disp. fin. 

5.ªCuatro 

Programas de Desarrollo Rural: disp. adic. 26.ª 

Puertos: disp. adic. 48.ª 

N 

Navarra: art. 108 y disp. adic. 65.ª 

R 

Radiotelevisión Española art. 52 y Anexo XV 

O 

Oferta de Empleo Público: art. 23 

Operaciones comerciales: art. 5 

Operaciones financieras 

Avales públicos: arts. 54 a 57 

Deuda pública: arts. 50 a 53 

Información: arts. 53 y 56 

Organismos públicos: arts. 1.b), 1.e), 1.j), 6.5 y 51 

País Vasco: art. 108 

Parque Nacional: disp. adic. 29.ª 

P 

Recompensas: arts. 29 y 35 

Registro Civil: disp. derog. 1.ª 

S 

Seguridad Social: 

Actas de liquidación de cuotas: disp. fin. 3.ª 

Bonificaciones de cuotas: disps. adics. 4.ª, 5.ª y 14.ª 

Cotizaciones sociales: art. 129 y disps. adics. 4.ª, 5.ª y 

disp. fin. 8.ª 

Entidades Gestoras: disp. fin. 3.ª 

Excedentes: disp. fin. 3.ª3 

Financiación: arts. 16, 123 y 126 y disp. adic. 3.ª 

Incapacidad permanente: disp. fin. 3.ªSiete y Ocho 

Incapacidad temporal: disp. fin. 3.ªCuatro. 

Infracciones y sanciones: disp. fin. 12.ª 

Jubilación: art. 42 y 129 y disp. fin. 3.ªNueve 

Prestaciones familiares: disp. fin. 3.ªDoce 

XLIV


Régimen Especial Agrario: art. 129.Tres, Nueve y Diez 

Régimen Especial de Empleados de Hogar: art. 129. 

Seis 

Régimen Especial de la Minería del Carbón: art. 129. 

Ocho y Nueve 

Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: art. 

129.Siete y Diez 

Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia 

o Autónomos: art. 129.Cuatro y disp. fin. 8.ª 

Riesgo durante el embarazo o lactancia: disp. adic. 5.ª 

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 

Agrarios: art. 120.Cinco 

(Véase Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

Mutuas; Pensiones públicas) 

Seguridad Vial: disp. adic. 48.ª 

Seguro de crédito a la exportación: disp. adic. 22.ª 

Seguros colectivos (Véase Planes de Pensiones de 

Empleo) 

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI): art. 

49 

Servicio Público de Empleo Estatal: disps. adics. 12.ª 

y 13.ª 

Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (VIH): disp. 

adic. 8.ª 

Talidomida: disp. adic. 57.ª 

Tasas: 

Actualización: art. 81 

Clases: 

Aeroportuarias: arts. 82 a 85 

Helipuerto de Ceuta: disp. adic. 66.ª 

Propiedad Industrial: Diseño industrial: art. 89 

Propiedad Industrial: Marcas: art. 87 

Propiedad Industrial: Patentes: art. 88 

Propiedad Industrial: Patentes Europeas: art. 90 

Reserva de dominio público radioeléctrico: art. 86 

T 

Telecomunicaciones: art. 84 

Transporte aéreo: disp. adic. 61.ª 

Tren Alta Velocidad: disp. adic. 65.ª 

Tribunal Constitucional: 


Tribunal de Cuentas: 


Sistemas de asignación: 

Fines sociales: disp. adic. 38.ª 

Iglesia Católica: disp. adic. 44.ª 

Sociedades mercantiles estatales: arts. 1.h), 6.3, y 55 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión: disp. 

fin.15.ª. 

Solar Decathlon Europe: disp. adic. 63.ª 

Subsidio de garantía de ingresos mínimos: disp. adic. 

2.ª 

Subsidio de movilidad: disp. adic. 2.ª 

Subsidio por ayuda de terceras personas: disp. adic. 

2.ª 

U 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED): art. 18 y Anexo VI 

V 

Víctimas del terrorismo: disp. adic. 50.ª 

Viudedad (Véase Clases Pasivas) 

Vivienda: art. 42. 2, disps. adics. 45.ª y51.ª disp. trans. 

5.ª 

Vuelta al Mundo de Vela, Alicante 2012: disp. adic. 

64.ª 

XLV

ÍNDICE DE DISPOSICIONES AFECTADAS 

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del 

Estado para 2010 

1977 

• Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el 

que se regulan los aspectos penales, administrativos 

y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar 

y apuestas. 

Modificación: 

Efectos 1 enero 2010: 

1982 

art. 3.4, por art. 81.4 LPGE 

2010. 

• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 

los Minusválidos, y pensiones asistenciales. 

Actualización: 


1984 

art. 51 (subsidios económicos), 

por Disp. Adic. 2.ª Uno 

LPGE 2010. 

• Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del 

tipo de interés legal del dinero. 


1986 

art. 1 (interés legal del dinero), 

por Disp. Adic. 18ª Uno 

LPGE 2010. 

• Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. 



Anexo (tasas) y se añade 

una Tarifa 4ª, por art. 88 

LPGE 2010. 

1987 


texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 

Estado. 

Modificaciones: 

Efectos 1 enero 2010: art. 38.2.1º, por disp. fin. 10ª 

LPGE 2010 

se añade la disp. trans. 

12ª, por disp. fin. 10ª LPGE 

2010 

• Ley 20/1987, de 7 de octubre, sobre tasas a satisfacer 

por solicitantes y concesionarios de patentes 

europeas, por determinadas actividades a realizar 

en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 



1990 

art. 1, por art. 90 LPGE 

2010 


Generales del Estado para 1991. 


Efectos 1 enero 2010: art. 103.6, por disp. fin. 1ª 

LPGE 2010. 

1992 

• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 


Efectos 1 julio 2010: 

art. 90.1, por art. 79 LPGE 

2010. 


2010 


2010 

XLVII

Índice de Disposiciones Afectadas 

• Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 


art. 103 (título y primer párrafo), por 

disp. adic. 66.ª LPGE 2010. 



1993 

art. 52 bis. 6.a), por disp. fin. 

14.ª LPGE 2010. 

añade el art. 52 ter, por disp. 

fin. 14.ª LPGE 2010 

• Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 


Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados. 

Actualizaciones: 


1994 

art. 43 (escala por transmisión 

y rehabilitación de grandezas 

y títulos nobiliarios), 

por art. 80 LPGE 2010. 

• Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco 

de España 



disp. adic. 6.ª.2.b), por disp. 

fin. 2.ª LPGE 2010. 

• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social. 

Derogaciones: 

art. 190, por disp. derog. 1.ª LPGE 

2010. 

Modificaciones: A partir de 1 enero 2010: arts. 31, 

66 bis, 73, 128.1.a).1º y 2º, 131 

bis.1.2º y 2.1º y 2º, 133 quáter, 

140, 162.1.1, 174.2.1º, 179.3 y se 

añade párr. 2º art. 143.3, art. 179 

bis, disp. adic. 47ª, disp. trans. 18ª 

y disp. trans. 19ª, por disp. fin. 3ª 

LGPE 2010. 


A partir de 1 enero 2010: Cuantía 

de las prestaciones familiares en 

su modalidad no contributiva y el 

importe del límite de ingresos para 

el acceso a las mismas: arts. 

182.1.c), 182 bis.1 y 2, 186.1 y 188 

ter, por disp. adic. 1ª LPGE 2010. 

1997 



1998 


régimen legal de las Tasas estatales y locales y de 

reordenación de las prestaciones patrimoniales de 

carácter público. 



añade art. 9 bis cuatro, por 

art. 84.2 LPGE 2010. 



Derogación: art. 70.5 por disp. adic. 34.ª 

2 LPGE 2010. 

1999 

• Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo 

a la movilidad geográfica de los miembros de las 

Fuerzas Armadas. 


arts. 2.1º y 2º, 3.2, 5.1, por disp. fin. 

4.ª LPGE 2010 

2000 

• Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se 

aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al 

ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa. 


disp. adic. 2.ª.1 (apoyo financiero 

a empresas de base tecnológica), 

por disp. adic. 24 LPGE 2010. 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 



2001 

artículo 48, por disp. final 

12.ª LPGE 2010. 




Efectos 1 enero 2010: art. 22.5.6 y 7, por art. 83 

LPGE 2010. 

• Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

XLVIII

Índices de Disposiciones Afectadas 


Efectos 1 enero 2010: Anexo Tasas, por art. 87 

LPGE 2010. 

• Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades 

2003 



art. 15.9.a) (coeficientes de 

corrección monetaria), por 

art. 74.1 y 2 LPGE 2010. 

• Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del 

Diseño Industrial 


Efectos 1 enero 2010: disposición adicional 3ª 

(Anexo Tasas), por art. 89 

LPGE 2010. 

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 

Cuantificación: 

Tasas por reserva del dominio público, 


• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 


Efectos 1 enero 2010: arts. 43, 44, 56, 76, 100, 122 

y 128, por disp. fin. 5ª LGPE 

2010. 

Se añade disp. trans. 4.ª, por 

disp. fin. 5ª LGPE 2010 



art. 26.6 (interés de demora) por 

disp. adic. 18ª. Dos LPGE 2010. 

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 




2004 

artículo 48.3, por disp. final 

6.ª LPGE 2010. 


el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario 


art. 29.4, por disp. adic 69ª LPGE 

2010. 


el que se aprueba el texto refundido de la Ley Haciendas 

Locales 



actualización de todos los 

valores catastrales de los 

bienes inmuebles mediante 

la aplicación del coeficiente 

1,01, por art. 78 LPGE 2010 

art. 53.2, por disp. adic. 46ª 

LPGE 2010 





art. 45.3 y 4 (pago fraccionado), 

por art. 75 LPGE 

2010. 

art. 140.6.a), por art. 76 LP- 

GE 2010. 

se añade una disp. adic. 

12ª, por art. 77 LPGE 2010. 

disp. adic. 3.ª.1, por disp. 

fin. 14ª Tres LPGE 2010. 

• Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 

5 de marzo. 



arts. 19.2 y 25.1.f), por art. 

73 LPGE 2010. 




disp. adic. 25.ª (financiación pymes) 

por disp. adic. 25.ª LPGE 

2010. 

• Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de 

tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos 

de excepcional interés público 



disp. adic. 1 (porcentaje de 

la recaudación de la tasa de 

seguridad aeroportuaria a ingresar 

en el Tesoro Público), 

por art. 85.2 LPGE 2010. 

• Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la 

racionalización de la regulación del salario mínimo 

interprofesional y para el incremento de su cuantía 


art. 2.2 (IPREM), por disp. adic. 

19.ª LPGE 2010. 

2005 

• Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce 

una prestación económica a los ciudadanos de origen 

español desplazados al extranjero, durante su 

minoría de edad, como consecuencia de la Guerra 

Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida 

fuera del territorio nacional. 


cuantía de las prestaciones económicas 

por disp. adic. 11.ª LPGE 

2010. 

XLIX

Índice de Disposiciones Afectadas 

2006 

profesionales), por disp. final 

8.ª LPGE 2010. 

• Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales 

para la mejora de los servicios públicos. 



art. 27.2.3. y 4, por disp. fin. 

7ª LPGE 2010. 

se añade apartado 5, por 

disp. fin. 7ª LPGE 2010. 



parcial de las leyes de los Impuestos sobre 

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 

sobre el Patrimonio. 


Vigencia exclusiva ejercicio 2010: arts. 20 y 32.2.1.º, 


2010. 

arts. 57, 58, 59, 60 

y 61.4.ª, por art. 67 

LPGE 2010. 

arts. 63.1 y 74.1, 


2010. 


art. 7.n), por art. 65 LPGE 

2010. 

arts. 66 y 76, por art. 69 

LPGE 2010 

introduce una nueva disp. 

adic. 28ª, por art. 69 LPGE 

2010. 

art. 80 bis.1, por art. 70 

LPGE 2010. 

art. 101, por art. 71 LPGE 

2010. 

art. 93, por disp. fin. 13ª 

LPGE 2010. 

añade una nueva disp. 

trans. 17ª, por disp. fin. 13ª 

LPGE 2010. 

Efectos 1 enero 2009: añade una disp. adic. 27ª, 



disp. adic. 5ª.1, por disp. fin. 

14ª. Cuatro LPGE 2010. 

2007 

• Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. 



arts. 57.1.2º, disps. trans 

5ª.5.2º, 6ª y 7ª.1, por disp. 

adic. 62ª LPGE 2010. 



Modificación: disp. adic. 59ª.5, por disp. fin. 11ª LPGE 

2010 

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que reconoce y 

amplia derechos y establece medidas a favor de 

quienes padecieron persecución o violencia durante 

la guerra civil y la dictadura. 

Modificación: artículo 10.2.2º, por disp. adic. 60ª LPGE 

2010 

2008 


Generales del Estado para el año 2009. 



art. 74.1 (tipos de cuantía 

fija de las tasas de la Hacienda 

Estatal), por art. 81.1 

y 2 LPGE 2010. 

art. 81 (tasa de aterrizaje), 

se mantienen en el importe 

exigible durante el año 2009, 


art. 82 (tasa por prestación 

de servicios y utilización del 

dominio público aeroportuario), 

por art. 84.1 LPGE 

2010. 

art. 83 (tasa de seguridad), 

por art. 85.1 LPGE 2010. 



art. 35.2 (coeficientes de actualización), 

por art. 64.1 y 2 

LPGE 2010. 

2009 





disp. adic. 16ª.2, por disp. 

adic. 56ª LPGE 2010. 

disp. adic. 4.ª (tarifa para 

la cotización por accidente 

de trabajo y enfermedades 

• Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan 

las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 

en el Mercado Inmobiliario. 



arts. 9.3 y 7, 10.1.a), 10.2.a), 

11.1.b), por disp. fin. 15ª 

LPGE 2010.. 

L

Índices de Disposiciones Afectadas 

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, 

de medidas urgentes para el 

mantenimiento y el fomento del 

empleo y la protección de las 

personas desempleadas 

2007 

esta misma fecha, en conformidad 

con el apartado dos 

de la disposición adicional 

decimoctava 

1994 

• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 



A partir de 1 enero 2010: disp. adic. 31.ª, por art. 2 

L 27/2009 

disp. adic. 4.º 2, por disp. 

adic. 17.ª L 27/2009 

2006 

• Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 

crecimiento y del empleo. 


A partir de 1 enero 2010: art. 1.1, por art. 6.1 

L 27/2009 

art. 2.7, por art. 6.2 

L 27/2009 

art. 2.3, por art. 7.1 

L 27/2009 

art. 6.3, por art. 7.2 

L 27/2009 




Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 

sobre el Patrimonio. 


Efectos 1 enero 2010: art. 7.e), por disp. adic. 13.ª 

1 L 27/2009. 

La modificación de la letra 

e) del artículo 7 será 

de aplicación a los despidos 

derivados de los expedientes 

de regulación de empleo 

aprobados a partir de 

la entrada en vigor del Real 

Decreto-Ley 2/2009, de 6 

de marzo, así como a los 

despidos producidos por las 

causas previstas en la letra 

c) del artículo 52 del Estatuto 

de los Trabajadores desde 



del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social 

en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 


A partir de 1 enero 2010: art. 2.1, por disp. adic. 16.ª 

L 27/2009 


autónomo. 


A partir de 1 enero 2010: introducido párr. 2ª de la disp. 

adic. 10.ª, por disp. adic. 5.ª 

L 27/2009 


del régimen de las empresas de inserción. 


A partir de 1 enero 2010 art. 15.3, por disp. adic. 12.ª 

L 27/2009 

art. 10.3.b), por disp. adic. 

12.ª Dos L 27/2009 

2008 





2009 

introducido punto 9 en apartado 

4 del art. 120, por disp. 

adic. 18.ª L 27/2009. 

• Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales 

de las sociedades mercantiles. 


Efectos 1 enero 2010: introducida disp. adic. 3.ª, 

por disp. fin. 4.ª L 27/2009. 

LI

1 

1.- 

ÍNDICE SISTEMÁTICO 

PREÁMBULO.............................................................................................................................................. 3 

TÍTULO I. De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones (Arts. 1 a 16)...................... 9 

CAPÍTULO I. CRÉDITOS INICIALES Y FINANCIACIÓN DE LOS MISMOS (Arts. 1 a 8)................................................ 9 

CAPÍTULO II. NORMAS DE MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (Arts. 9 a 15)..... 11 

CAPÍTULO III. DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Art. 16 )....................................................................................................... 

13 

TÍTULO II. De la gestión presupuestaria (Arts. 17 a 21).......................................................................... 13 

CAPÍTULO I. DE LA GESTIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DOCENTES (Arts. 17 y 18).................................................... 13 

CAPÍTULO II. DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SANIDAD Y DE LOS SERVICIOS SOCIALES (Arts. 19 

y 20)............................................................................................................................................................................................ 15 

CAPÍTULO III. OTRAS NORMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA (Art. 21 )................................................................ 

15 

TÍTULO III. De los gastos de personal (Arts. 22 a 39).............................................................................. 15 

CAPÍTULO I. DEL INCREMENTO DE LOS GASTOS DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO 

(Arts. 22 y 23)............................................................................................................................................................................. 15 

CAPÍTULO II. DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS (Arts. 24 a 33)................................................................................ 17 

CAPÍTULO III. OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DEL PERSONAL ACTIVO (Arts. 34 a 39)...... 

26 

TÍTULO IV. De las pensiones públicas (Arts. 40 a 49).............................................................................. 28 

CAPÍTULO I. DETERMINACIÓN INICIAL DE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ES- 

TADO, ESPECIALES DE GUERRA Y NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Arts. 40 a 42)................. 28 

CAPÍTULO II. LIMITACIONES EN EL SEÑALAMIENTO INICIAL DE LAS PENSIONES PÚBLICAS (Art. 43 ).......... 31 

CAPÍTULO III. REVALORIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LAS PENSIONES PÚBLICAS PARA 

EL AÑO 2010 (Arts. 44 a 46)..................................................................................................................................................... 32 

CAPÍTULO IV. COMPLEMENTOS PARA MÍNIMOS (Arts. 47 y 48)................................................................................... 33 

CAPÍTULO V. OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PENSIONES PÚBLICAS (Art. 49 )...................................... 

35 

TÍTULO V. De las operaciones financieras (Arts. 50 a 63)...................................................................... 36 

CAPÍTULO I. DEUDA PÚBLICA (Arts. 50 a 53)..................................................................................................................... 36 

CAPÍTULO II. AVALES PÚBLICOS Y OTRAS GARANTÍAS (Arts. 54 a 57)...................................................................... 36 

CAPÍTULO III. RELACIONES DEL ESTADO CON EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (Arts. 58 a 62).................. 38 

CAPÍTULO IV. CAPÍTULO 8 DEL PRESUPUESTO (Art. 63 ).............................................................................................. 

39 

TÍTULO VI. Normas Tributarias (Arts. 64 a 90)...................................................................................... 39 

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS (Arts. 64 a 78).......................................................................................................... 39 

SECCIÓN 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Arts. 64 a 72).................................................................... 39 

SECCIÓN 2.2. Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Art. 73 ).................................................................................... 44 

SECCIÓN 3. Impuesto sobre Sociedades (Arts. 74 a 77)...................................................................................................... 45 

SECCIÓN 4. Impuestos Locales (Art. 78 )............................................................................................................................ 

46 

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS (Arts. 79 y 80).................................................................................................... 47 

SECCIÓN 1. Impuesto sobre el Valor Añadido (Art. 79 )..................................................................................................... 47 

SECCIÓN 2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Art. 80 )............................ 

47 

CAPÍTULO III. OTROS TRIBUTOS (Arts. 81 a 90)................................................................................................................. 

47 

TÍTULO VII. De los Entes Territoriales (Arts. 91 a 128).......................................................................... 63 

CAPÍTULO I. ENTIDADES LOCALES (Arts. 91 a 120).......................................................................................................... 63 

SECCIÓN 1. Liquidación definitiva de la participación en Tributos del Estado correspondiente al año 2008 (Art. 91 )... 63 

SECCIÓN 2. Cesión a favor de los municipios de la recaudación de Impuestos Estatales en el año 2010 (Arts. 92 a 95).. 64 

SECCIÓN 3. Participación de los Municipios en los Tributos del Estado (Arts. 96 a 99).................................................... 65 

SUBSECCIÓN 1. Participación de los municipios en el Fondo Complementario de Financiación (Arts. 96 y 97)......... 65 

SUBSECCIÓN 2. Participación del resto de municipios (Arts. 98 y 99)......................................................................... 

66 

SECCIÓN 4. Cesión a favor de las provincias, Comunidades autónomas Uniprovinciales, Cabildos y Consejos Insulares, 

de la recaudación de Impuestos Estatales (Arts. 100 a 103).......................................................................................... 68 

SECCIÓN 5. Participación de las Provincias, Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Consejos y Cabildos Insulares 

en los tributos del Estado (Arts. 104 a 107)..................................................................................................................... 69 

1

1 

SUBSECCIÓN 1. Participación en el Fondo Complementario de Financiación (Arts. 104 y 105).................................. 69 

SUBSECCIÓN 2. Participación en el fondo de aportación a la asistencia sanitaria (Arts. 106 y 107)............................ 

70 

SECCIÓN 6. Regímenes Especiales (Arts. 108 a 110).......................................................................................................... 70 

SECCIÓN 7. Compensaciones, Subvenciones y Ayudas (Arts. 111 a 114)........................................................................... 71 

SECCIÓN 8. Normas Instrumentales en Relación con las Disposiciones incluidas en este capítulo (Arts. 115 a 120)....... 

73 

CAPÍTULO II. COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Arts. 121 a 128)........................................................................................ 

76 

TÍTULO VIII. Cotizaciones Sociales (Arts. 129 y 130).............................................................................. 79 

DISPOSICIONES ADICIONALES............................................................................................................. 84 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS........................................................................................................... 104 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS......................................................................................................... 106 

DISPOSICIONES FINALES........................................................................................................................ 106 

ANEXO I. Distribución de los créditos por programas (Miles de euros) .................................................... 122 

ANEXO II. Créditos ampliables .................................................................................................................. 127 

ANEXO III. Operaciones de crédito autorizadas a Organismo Públicos .................................................... 128 

ANEXO IV. Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros 

Concertados .................................................................................................................................................. 129 

ANEXO V. Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento deCentros 

Concertados ubicados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ...................................................... 132 

ANEXO VI. Costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ............. 133 

ANEXO VII. Remanentes de crédito incorporables en el ejercicio 2010 ................................................... 133 

ANEXO VIII. Bienes del Patrimonio Histórico Español ............................................................................ 134 

ANEXO IX. Compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios futuros ............................................... 137 

ANEXO X. Cuantía a incluir en la paga extraordinaria de los Miembros de la Carrera Judicial y de la 

Carrera Fiscal del artículo 32.Uno de esta Ley ............................................................................................ 137 

ANEXO XI. Cuantía a incluir en la paga extraordinaria de los Miembros de los cuerpos de secretarios 

judiciales y de los cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de justicia ............................. 138 

ANEXO XII. Fundaciones del Sector Público Estatal ................................................................................. 140 

ANEXO XIII................................................................................................................................................. 141 

ANEXO XIV. Instalaciones científicas ....................................................................................................... 141 

ANEXO XV. Operaciones del Ente Público RTVE en liquidación a asumir por el Estado en el Ejercicio 

2010 .............................................................................................................................................................. 142 

2

1 

1 LEY 26/2009, de 23 de diciembre 

BOE nº 309, de 24 de diciembre de 2009 

"De Presupuestos Generales del Estado para el año 2010." 

organismo 

JEFATURA DEL ESTADO 

materia 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 

Sabed: Que las Cortes generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley. 

PREÁMBULO 

Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su 

marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución 

Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la 

Ley General Presupuestaria y en la Ley General de Estabilidad 

Presupuestaria. 

El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido 

posible de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado 

y ha venido a manifestar que existe un contenido necesario, 

que está constituido por la determinación de la previsión de 

ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar el 

Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en el 

ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, 

cabe la posibilidad de que se añada un contenido eventual, 

aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones 

que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, 

las habilitaciones de gasto o los criterios de política económica 

general, que sean complemento necesario para la más 

fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos 

Generales del Estado y de la política económica del Gobierno. 

Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio 

de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad 

o no de una norma desde la perspectiva de su 

inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley 

de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente 

temporal, nada impide que accidentalmente puedan 

formar parte de la Ley preceptos de carácter plurianual o 

indefinido. 

De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 

134 de la Constitución dispone que la Ley de Presupuestos 

no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando una 

Ley tributaria sustantiva así lo prevea. 

Las materias que queden al margen de estas previsiones 

son materias ajenas a la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está constitucionalmente 

acotado -a diferencia de lo que sucede con las 

demás Leyes, cuyo contenido resulta, en principio, ilimitadodentro 

del ámbito competencial del Estado y con las exclusiones 

propias de la materia reservada a Ley Orgánica. 

Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2010 regula únicamente, junto a su contenido 

necesario aquellas disposiciones que respetan la doctrina del 

Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual. 

Estos Presupuestos Generales del Estado elaborados en 

el marco de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, persisten en el objetivo de conseguir una 

mayor racionalización del proceso presupuestario a través de 

la confluencia de las mejoras introducidas a nivel de sistematización, 

en tanto que se procede a la ordenación económica 

y financiera del sector público estatal, a ordenar sus 

normas de contabilidad y control y, a nivel de eficacia y eficiencia. 

Desde finales de 2008, la economía española atraviesa una 

situación de recesión que se inscribe en un contexto de crisis 

económica generalizada a nivel mundial. Dentro de este 

marco, los Presupuestos Generales del Estado para el año 

2010, junto con la futura Ley de Economía Sostenible, se 

configuran como pilares fundamentales para sentar las bases 

de una recuperación sólida cimentada en la transformación de 

nuestro modelo de crecimiento. En esta línea resulta fundamental 

seguir priorizando la inversión en I+D+i, en educación 

y en infraestructuras, como elementos esenciales del nuevo 

modelo; y todo ello sin perjuicio de mantener el esfuerzo realizado 

en los últimos ejercicios en lo relativo al gasto social. 

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 

se caracterizan también por iniciar un proceso de consolidación 

fiscal que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas 

a medio plazo. Tras los esfuerzos de estabilización, es 

necesario reconducir los ingresos y los gastos hacia una 

senda equilibrada, de forma que las finanzas públicas supongan 

un apoyo para la recuperación de nuestro potencial 

de crecimiento. 

La Ley acomoda este conjunto de medidas dentro de un 

compromiso con la estabilidad cuyos efectos positivos sobre 

las expectativas redunda a favor del crecimiento económico y 

la creación de empleo. El objetivo de estabilidad presupuestaria 

para el período 2010-2012, fijado por Acuerdo de Consejo 

de Ministros de 19 de junio de 2009, se aprobó por el 

Pleno del Congreso el 25 de junio y se ratificó por el mismo 

el 8 de julio de 2009. 

II. 

La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en 

el Título I, «De la aprobación de los Presupuestos y de sus 

modificaciones», por cuanto que en su Capítulo I, bajo la rúbrica 

«Créditos iniciales y financiación de los mismos» se 

aprueban la totalidad de los estados de ingresos y gastos del 

sector público estatal y se consigna el importe de los beneficios 

fiscales que afectan a los tributos del Estado. 

En este Capítulo I al definir el ámbito de los Presupuestos 

Generales del Estado se tiene en cuenta la clasificación que 

de los Organismos Públicos realiza la Ley 6/1997, de Organización 

y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado, así como la Ley47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, clasificación que se hace presente en el 

resto de la Ley. Igualmente se tiene presente la Ley 28/2006, 

de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los 

Servicios Públicos. La distribución de los fondos atiende, en 

cambio, a la finalidad perseguida con la realización del gasto, 

distribuyéndose por funciones. 

El ámbito de los Presupuestos Generales del Estado se 

completa con el presupuesto de gastos de funcionamiento e 

inversiones del Banco de España, que, de acuerdo con su 

legislación específica (artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de 

3

1 

junio, de Autonomía del Banco de España), no se consolida 

con los restantes presupuestos del sector público estatal. 

El Capítulo II contiene las normas de modificación y ejecución 

de créditos presupuestarios, las limitaciones presupuestarias 

y los créditos vinculantes que han de operar durante el 

ejercicio 2010. 

El Capítulo III, de la Seguridad Social, regula la financiación 

de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria y de las aportaciones del 

Estado, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales y al Instituto 

Social de la Marina, así como aquellas que se destinen 

a la Seguridad Social, para atender la financiación de los 

complementos para mínimos de pensiones. 

III. 

El Título II de la Ley de Presupuestos relativo a la «Gestión 

Presupuestaria» se estructura en tres capítulos. 

El Capítulo I regula la gestión de los Presupuestos docentes. 

En él se fija el módulo económico de distribución de 

fondos públicos para sostenimiento de Centros concertados y 

el importe de la autorización de los costes de personal de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

En el Capítulo II relativo a la «Gestión presupuestaria de la 

Sanidad y de los Servicios Sociales», se recogen competencias 

específicas en materia de modificaciones presupuestarias 

en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y 

del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

El Capítulo III recoge otras normas de gestión presupuestaria 

y en él se establece el porcentaje de participación de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria en la recaudación 

bruta obtenida por su actividad propia, fijándose dicho 

porcentaje para 2010 en un 5 por ciento. 

IV. 

El Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

se rubrica como «De los gastos de personal», y se estructura 

en tres capítulos. 

La repercusión que la estabilidad y la actual situación de 

nuestra economía tienen sobre el personal al servicio del 

sector público se refleja en el Capítulo I, relativo al «Incremento 

de los gastos del personal al servicio del sector público», 

que tras definir lo que constituye «sector público» a 

estos efectos, establece un incremento de las retribuciones 

de este personal, cifrado en un 0,3 por ciento. 

Asimismo se incluye en este capítulo la regulación de la 

Oferta de Empleo Público. La presente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, al igual que la anterior, mantiene su 

regulación en un único artículo, y establece las restricciones a 

la incorporación de personal de nuevo ingreso que no podrá 

superar el quince por ciento de la tasa de reposición de efectivos 

lo que resulta congruente con la actual coyuntura, criterio 

que no será de aplicación en determinados supuestos, 

entre los que podemos citar al Personal de la Administración 

de Justicia, a las Administraciones Públicas con competencias 

educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, 

de Educación, a las Administraciones Públicas con competencias 

sanitarias en relación con la cobertura de las correspondientes 

plazas en los hospitales y centros de salud del 

Sistema nacional de Salud, a las Administraciones que tengan 

encomendadas las funciones de control y vigilancia del 

cumplimiento de la normativa en el orden social, la gestión de 

las políticas activas de empleo y de las prestaciones por desempleo 

y a Instituciones penitenciarias y Banco de España. 

Por lo que respecta a las Fuerzas Armadas el límite a aplicar 

a la tasa de reposición será del ochenta y cinco por ciento 

para las plazas de oficiales y suboficiales, elevándose dicho 

límite al cien por cien, entre otros, a la seguridad aérea, a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al despliegue de 

efectivos de Policía Autónoma, y, en el ámbito de la Administración 

Local, a la policía local. 

Se mantienen las restricciones a la contratación de personal 

laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, 

atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente 

excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables. 

En el Capítulo II, bajo la rúbrica «De los regímenes retributivos», 

se mantienen en 2010, como medida de austeridad, en 

los mismos términos y cuantías que en la Ley 51/2007, de 26 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, las retribuciones 

de los altos cargos del Gobierno de la Nación y de 

la Administración General del Estado, las correspondientes a 

los altos cargos del Consejo de Estado, del Consejo Económico 

y Social, así como a los miembros del Tribunal de 

Cuentas, del Tribunal Constitucional y del Consejo General 

del Poder Judicial, y a los altos cargos de las Fuerzas Armadas, 

de la Policía y de la Guardia Civil, así como a determinados 

cargos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. La 

necesidad de inclusión de estas previsiones en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado deriva de que la aprobación 

de los Presupuestos de estos Órganos y, por ende, de 

las referidas retribuciones, ha de hacerse por las Cortes Generales. 

Los principios de unidad y universalidad del presupuesto 

exigen que esa aprobación se realice en un 

documento único, comprensivo de todos los gastos del Estado, 

como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

Este capítulo se completa con las normas relativas a las 

retribuciones de los funcionarios del Estado, personal de las 

Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional 

de Policía, y del personal de la Seguridad Social, así 

como las relativas al incremento retributivo que experimentará 

el personal del sector público estatal sujeto a régimen administrativo 

y estatutario y el personal laboral de dicho sector 

público. 

Junto a las normas reguladoras del personal al servicio de 

la Administración de Justicia, mención específica merecen las 

relativas a la regulación de las retribuciones de los miembros 

de la Carrera Judicial y Fiscal de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 15/2003, de 26 de mayo. 

El Capítulo III de este Título, contiene una norma de cierre, 

aplicable al personal cuyo sistema retributivo no tenga adecuado 

encaje en las normas contenidas en el Capítulo II. 

Junto a ella, recoge, como en Leyes de Presupuestos anteriores, 

otras disposiciones comunes en materia de régimen de 

personal activo, así como las relativas a la prohibición de ingresos 

atípicos y al incremento de las cuantías a percibir por 

los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones 

de mutilación. 

Finalmente, en este Título III se han introducido las mínimas 

modificaciones que derivan de la entrada en vigor de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público y que, básicamente, se limitan a dar cumplimiento a lo 

previsto en la Disposición transitoria Tercera en relación con 

el artículo 76 y la Disposición final Cuarta de la citada norma 

básica. Asimismo, en el artículo 22 se mantiene la equivalencia 

de los grupos de clasificación de la Ley 30/1984 con 

los establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto 

Básico del Empleado Público, de esta forma, de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 22.Seis y 24.Uno.d), de la 

presente Ley, y sin perjuicio de que, según lo dispuesto en la 

disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, del Estatuto 

4

1 

Básico del Empleado Público, no figure ningún Cuerpo o Escala 

adscrito al Grupo B, se determinan las retribuciones, y 

contribuciones individuales al plan de pensiones, correspondientes 

al mismo en previsión de que, por norma con rango 

de Ley, se creen Cuerpos o Escalas que, de acuerdo con el 

artículo 76 de dicha Ley, deban clasificarse en dicho Grupo. 

V. 

El Título IV, en línea con los anteriores ejercicios, refleja el 

compromiso del Gobierno de mejorar la cuantía de las pensiones 

mínimas, y ello tanto para las de la Seguridad Social 

como para las de Clases Pasivas del Estado. 

Reproduciendo la estructura de ejercicios anteriores, el Título 

IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, bajo 

la rúbrica «De las pensiones públicas», se divide en cinco 

capítulos. El Capítulo I está dedicado a regular la determinación 

inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas 

del Estado, especiales de guerra y no contributivas de la 

Seguridad Social, y cuya modificación respecto de ejercicios 

anteriores, es la derivada de la actualización de las cuantías 

reflejadas en él. 

El Capítulo II contiene las limitaciones del señalamiento 

inicial de las pensiones públicas, instrumentando un sistema 

de limitación máxima. Esta limitación es ya tradicional en 

nuestro sistema de pensiones, alterándose, exclusivamente, 

el importe máximo. 

En el Capítulo III de este Título IV, el relativo a la revalorización 

y modificación de los valores de las pensiones públicas, 

se establece un incremento de las mismas para el año 

2010 de un 1 por ciento, lo que garantiza el poder adquisitivo 

de los pensionistas, asegurando de esta manera los niveles 

de cobertura y protección del gasto social. Esta regulación se 

completa con el establecimiento de limitaciones a la revalorización 

de pensiones, coherente con el sistema de limitación 

de la cuantía máxima de las mismas, así como la determinación 

de las pensiones no revalorizables en 2010. 

El Capítulo IV recoge el sistema de complementos para 

mínimos, que regula en dos artículos, relativos, respectivamente, 

a pensiones de Clases Pasivas y pensiones del sistema 


El Capítulo V, recoge en un único artículo la fijación de la 

cuantía de las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro 

Obligatorio de Vejez e Invalidez. 

VI. 

El Título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura 

en tres capítulos, relativos, respectivamente, a Deuda 

Pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del 

Estado con el Instituto de Crédito Oficial. 

El objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía 

hasta la cual el Estado y los Organismos Públicos puedan 

realizar operaciones de endeudamiento, materia que se regula 

en el Capítulo I, bajo la rúbrica «Deuda Pública». Estas 

autorizaciones genéricas se completan con la determinación 

de la información que han de suministrar los Organismos 

Públicos y el propio Gobierno sobre evolución de la Deuda 

Pública y las cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de 

España y otras entidades financieras. 

En materia de Deuda del Estado, la autorización viene referida 

a la cuantía del incremento del saldo vivo de la Deuda 

del Estado a 31 de diciembre. Así, para el ejercicio del año 

2010 se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para 

que incremente la misma, con la limitación de que el saldo 

vivo de dicha Deuda a 31 de diciembre del año2010 no supere 

el correspondiente a 1 de enero de 2010 en más de 

77.676.707,98 miles de euros, permitiéndose que dicho límite 

sea sobrepasado durante el curso del ejercicio previa autorización 

del Ministerio de Economía y Hacienda y estableciendo 

los supuestos en que quedará automáticamente 

revisado. 

Respecto de la Deuda de los Organismos Públicos, se determina 

el importe autorizado a cada uno de ellos para el 

ejercicio en el Anexo III de la Ley. 

En el Capítulo II, relativo a los «Avales Públicos y Otras 

Garantías» se fija el límite total de los avales a prestar por el 

Estado y los Organismos Públicos. Dentro de los avales del 

Estado merece especial mención la autorización de avales 

públicos para garantizar valores de renta fija emitidos por 

Fondos de Titulización de Activos, orientados a mejorar la financiación 

de la actividad productiva empresarial, para lo 

cual se establece una cuantía de 3.000 millones de euros. 

En relación con los avales a prestar por los Organismos 

públicos se circunscribe la autorización a la Sociedad Estatal 

de Participaciones Industriales, autorización debidamente 

acompañada de la determinación de la información a suministrar 

por el Gobierno a las Cortes Generales sobre la evolución 

de los avales otorgados. 

Las relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial 

están recogidas en el Capítulo III, y se centran en regular los 

reembolsos del Estado a ese Instituto, la información a suministrar 

a las Cortes Generales y la dotación del Fondo de 

Ayuda al Desarrollo, dotación que en 2010 se incrementará 

en 1.847.885,65 miles de euros. 

Con independencia de la dotación anual al Fondo de Ayuda 

al Desarrollo, se fija el volumen de las operaciones que el 

Consejo de Ministros puede autorizar durante el ejercicio con 

cargo a dicho Fondo, que asciende en el presente ejercicio a 

2.153.860 miles de euros. 

También se establece la dotación del Fondo de Cooperación 

para Agua y Saneamiento, que asciende para el año 

2010 a 300.000 miles de euros. Finalmente el Capítulo IV 

regula los préstamos y anticipos con cargo al Capítulo 8 del 

Presupuesto. 

VII. 

En el ámbito tributario, la Ley de Presupuestos incorpora un 

conjunto de medidas, además de las que con habitualidad 

recoge esta norma, poniendo con ello de manifiesto el papel 

que la política fiscal puede y debe desempeñar en un contexto 

como el actual marcado por la crisis económica que se 

viene padeciendo desde hace meses, medidas que inciden en 

las principales figuras del sistema tributario. 

Así, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

se suprime la deducción de hasta 400 euros por obtención de 

rendimientos del trabajo o de actividades económicas, por 

cuanto las razones que justificaron su implantación en 2008, 

como mecanismo de ayuda a las familias proporcionándolas 

una mayor renta disponible, para hacer frente a una situación 

caracterizada por elevadas tasas del euribor y de la inflación, 

así como por los efectos de un precio muy alto del petróleo, 

han desaparecido. 

Como consecuencia de la supresión de dicha deducción, 

procede efectuar un ajuste técnico, equivalente al que se 

realizó cuando se introdujo aquélla, pero en sentido inverso, 

en el límite de la obligación de declarar. 

Otra medida relevante en el impuesto sobre la renta personal 

la constituye la moderada elevación que se introduce, 

por razones coyunturales, en el gravamen de las rentas del 

ahorro, cuyo objetivo es conseguir que quienes tienen una 

capacidad económica mayor contribuyan de manera superior 

para hacer frente a los gastos sociales adicionales que una 

5

1 

situación económica como la existente requiere que se efectúen 

para atender a los más perjudicados por la crisis económica. 

También cabe destacar la elevación que se establece en el 

límite de la exención por las prestaciones por desempleo 

percibidas en su modalidad de pago único, medida que incorpora 

al ordenamiento un acuerdo alcanzado en la Mesa 

del Trabajo Autónomo y que está dirigida a estimular la iniciativa 

empresarial para contribuir a la recuperación económica. 

Como quiera que la futura Ley de Economía Sostenible incluirá 

una redefinición de los incentivos fiscales relacionados 

con la vivienda, al objeto de garantizar la necesaria seguridad 

jurídica, se considera oportuno introducir una disposición 

adicional en esta Ley que confirme la aplicación durante 2010 

de la normativa actualmente en vigor. 

En el Impuesto sobre Sociedades, la principal medida que 

se introduce supone una reducción del tipo de gravamen 

aplicable a las pequeñas y medianas empresas que creen o 

mantengan empleo, actuación que tiene por objeto favorecer 

la recuperación económica y, en particular, la mejora de 

aquella variable, medida que se extiende a los empresarios y 

profesionales individuales que tengan asalariados en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 

En la imposición indirecta debe destacarse la elevación de 

los tipos impositivos general y reducido del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, que pasan del 16 y 7 por ciento al 18 y 8 por 

ciento, respectivamente. Esta medida se adopta con efectos a 

partir del segundo semestre del año 2010 pues su fin no es 

tanto la suficiencia recaudatoria a corto plazo cuanto garantizar 

la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo 

plazo, de manera que su repercusión cuantitativa será bastante 

limitada en el próximo ejercicio. A resultas de esta modificación, 

también se incorpora un cambio en los porcentajes 

de compensación aplicables en el régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca. 

Junto a las antedichas medidas también ha de aludirse a 

aquellas que, año tras año, se recogen en la Ley de Presupuestos. 

Así, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, para las transmisiones de bienes inmuebles no 

afectos a actividades económicas, se incluye la actualización 

de los coeficientes correctores del valor de adquisición al uno 

por ciento. Además, se regulan las compensaciones por la 

pérdida de beneficios fiscales que afectan a determinados 

contribuyentes con la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas: los adquirentes de vivienda habitual 

y los perceptores de determinados rendimientos del capital 

mobiliario con período de generación superior a dos años en 

2009 respecto a los establecidos en la normativa del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas vigente hasta 

31 de diciembre de 2006. 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, las 

medidas incluidas son la actualización de los coeficientes 

aplicables a los activos inmobiliarios, que permite corregir la 

depreciación monetaria en los supuestos de transmisión, y la 

regulación de la forma de determinar los pagos fraccionados 

del Impuesto durante el ejercicio 2010. 

En materia de tributos locales se actualizan los valores catastrales 

de los bienes inmuebles en un 1 por ciento. 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados se procede a actualizar la escala 

que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos 

Nobiliarios al 1 por ciento. 

Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carácter 

general, al 1 por ciento los tipos de cuantía fija de las 

tasas de la Hacienda estatal, excepto las tasas que se hayan 

creado o actualizado específicamente por normas dictadas en 

el año 2009. Por su parte, la tasa por reserva del dominio 

público radioeléctrico se mantiene, en términos generales, sin 

variación. 

También se mantienen, con carácter general, para el ejercicio 

2010, los tipos y cuantías fijas establecidas para las 

tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los 

importes exigibles durante 2009, salvo las referidas a máquinas 

tipo «B», que no habían experimentado modificación 

desde el año 2002. 

La tasa por aprovechamiento especial del dominio público 

portuario en el ejercicio de actividades comerciales, industriales 

y de servicios mantiene la tarifa actual. 

Las tasas de aterrizaje, por prestación de servicios y utilización 

del dominio público aeroportuario, así como la de seguridad 

aeroportuaria, mantienen las tarifas establecidas en 

la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año2009. 

La tasa de aproximación es objeto de modificación en la 

regulación de tarifa, para adaptarla al Reglamento (CE) 

1794/2006, de 6 de diciembre, por el que establece un sistema 

común de tarificación de los servicios de navegación 

aérea, sin sufrir incremento respecto de la actualmente exigible. 

En fin, se modifican las tarifas de las tasas por las distintas 

modalidades de Propiedad Industrial, reduciéndose en términos 

generales respecto de las actualmente vigentes. 

VIII. 

El Título VII se estructura en dos capítulos, dedicados, 

respectivamente, a Corporaciones Locales y Comunidades 

Autónomas. 

Dentro del Capítulo I se contienen normas relativas a la financiación 

de las Corporaciones Locales, englobando en el 

mismo a los municipios, provincias, cabildos y consejos insulares, 

así como Comunidades Autónomas uniprovinciales. 

El núcleo fundamental está constituido por la articulación de 

la participación de las Corporaciones Locales en los tributos 

del Estado, tanto en la determinación de su cuantía, como en 

la forma de hacerla efectiva. Cabe destacar como instrumento 

la participación, mediante cesión, en la recaudación de determinados 

impuestos como el IRPF, IVA y los impuestos 

especiales sobre fabricación de alcoholes, sobre hidrocarburos 

y sobre las labores del tabaco; la participación a través 

del Fondo Complementario de Financiación con atención 

específica a las compensaciones a las entidades locales por 

pérdidas de recaudación en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas, que incluye tanto la inicialmente establecida por 

la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, como la compensación 

adicional instrumentada a través de la Ley 22/2005, de 18 de 

noviembre, así como a la participación en el Fondo de Aportación 

a la Asistencia Sanitaria para el mantenimiento de los 

centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, 

Comunidades Autónomas insulares no provinciales, y 

Consejos y Cabildos insulares. 

Por su parte, la liquidación de 2008, a practicar en 2010, 

presenta como novedad el aplazamiento y fraccionamiento de 

su saldo negativo. Así, se prevé que si el saldo global de las 

liquidaciones resulta a favor de una Entidad Local se procederá 

de forma análoga a ejercicios anteriores. Sin embargo, 

si el indicado saldo resultara a favor del Estado, se establece 

su aplazamiento, previéndose también que el reintegro de las 

6

1 

cantidades aplazadas se realice, mediante retenciones en las 

entregas a cuenta a partir de enero de 2011, y en un plazo 

máximo de 48 mensualidades. 

Finalmente, se recoge la regulación de los regímenes especiales 

de participación de Ceuta y Melilla, de las entidades 

locales de las Islas Canarias, así como al relativo a las entidades 

locales de los Territorios Históricos del País Vasco y 

Navarra. 

No obstante, esta regulación se completa con otras transferencias, 

constituidas por subvenciones por servicios de 

transporte colectivo urbano, compensación a los ayuntamientos 

de los beneficios fiscales concedidos a las personas 

físicas o jurídicas en los tributos locales, dando cumplimiento 

a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Igualmente, se regulan las obligaciones de información a 

suministrar por las Corporaciones Locales, las normas de 

gestión presupuestaria, el otorgamiento de anticipos a los 

ayuntamientos para cubrir los desfases que puedan ocasionarse 

en la gestión recaudatoria de los tributos locales y la 

articulación del procedimiento para dar cumplimiento a las 

compensaciones de deudas firmes contraídas con el Estado 

por las Corporaciones Locales. 

El Capítulo II regula determinados aspectos de la financiación 

de las Comunidades Autónomas de régimen común y de 

las Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

Con fecha 15 de julio de 2009, el Consejo de Política Fiscal 

y Financiera adoptó el Acuerdo 6/2009, para la reforma 

del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 

de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía 

con efectos desde 1 de enero de 2009. Dicho Acuerdo ha de 

ser incorporado al ordenamiento jurídico mediante las correspondientes 

leyes de reforma de la LOFCA y de financiación 

cuyos proyectos fueron aprobados en el Consejo de 

Ministros de 11 de septiembre, que fueron remitidos para su 

tramitación en las Cortes Generales. 

Una vez aprobadas las Leyes que instrumenten el nuevo 

sistema, el mismo será aplicable a aquellas Comunidades 

Autónomas y Ciudades que lo acepten en Comisión Mixta, en 

el plazo de 6 meses. 

Tanto el Acuerdo 6/2009 como el proyecto de ley que 

aprueba el nuevo sistema contemplan para los años 2009 y 

2010 un régimen transitorio en cuanto a los pagos a cuenta 

de la Administración General del Estado a las Comunidades y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía con cargo a los recursos 

del citado sistema. 

Así, establecen que en dichos años percibirán básicamente 

los siguientes recursos a cuenta de los correspondientes al 

nuevo sistema: 

Las entregas a cuenta del IRPF, IVA, IIEE de fabricación y 

del Fondo de Suficiencia, tal y como se regula la cesión de 

tributos en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. 

Las Comunidades Autónomas también percibirán la Dotación 

Complementaria para la Financiación de la Asistencia 

Sanitaria y la Dotación de Compensación de Insularidad, 

ambas derivadas de la II Conferencia de Presidentes aprobadas 

por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su 

sesión de 13 de septiembre de 2005. 

Además de los recursos anteriores, el Acuerdo y el proyecto 

de ley de financiación también contemplan la posibilidad 

de concesión por el Estado de anticipos a cuenta de los recursos 

y fondos adicionales del nuevo sistema. Estos anticipos 

se cancelarán cuando se liquiden los correspondientes 

recursos. 

En cumplimiento de lo anterior y dado que las entregas a 

cuenta de los tributos cedidos no tienen reflejo en los Presupuestos 

Generales del Estado, en el capítulo II de este Título 

se articula el crédito para el pago de las entregas a cuenta 

del Fondo de Suficiencia de2010, de la Dotación Complementaria 

para la Financiación de la Asistencia Sanitaria y de 

la Dotación de Compensación de Insularidad así como de los 

anticipos a cuenta de los recursos y fondos adicionales del 

nuevo sistema de financiación. 

Por otra parte, en el año 2010 se practicará la liquidación 

del sistema de financiación correspondiente a 2008. Esta liquidación 

se practicará de acuerdo al modelo vigente en la 

Ley 21/2001, aunque como consecuencia el citado Acuerdo 

6/2009 del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presenta 

como novedad el aplazamiento y fraccionamiento de sus 

saldos negativos. Así, se prevé que si el saldo global de las 

liquidaciones fuera a favor de una Comunidad se procederá 

de forma análoga a ejercicios anteriores. Sin embargo, si el 

indicado saldo resultara a favor del Estado, se establece su 

aplazamiento y fraccionamiento, previéndose también que el 

reintegro de las cantidades aplazadas se realice, mediante 

retenciones en las entregas a cuenta de los recursos del sistema 

a partir de enero de 2011, y en un plazo máximo de 48 

mensualidades. 

También se regula en el citado capítulo el régimen de 

transferencia en el año 2010 correspondiente al coste efectivo 

de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, 

así como el contenido mínimo de los Reales Decretos que 

aprueben las nuevas transferencias. 

Por último, se recoge la regulación de los Fondos de 

Compensación Interterritorial, distinguiendo entre Fondo de 

Compensación y Fondo Complementario. Ambos Fondos 

tienen como destino la financiación de gastos de inversión 

por las Comunidades Autónomas. No obstante, el Fondo 

Complementario puede destinarse a la financiación de gastos 

de puesta en marcha o funcionamiento de las inversiones 

realizadas con cargo a la Sección33 de los Presupuestos 

Generales del Estado. 

IX. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en 

este Título VIII, bajo la rúbrica «Cotizaciones Sociales», la 

normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los 

distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a la 

actualización de estas últimas. 

El Título consta de dos artículos relativos, respectivamente, 

a «Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, 

Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional 

durante el año 2010» y «Cotización a las Mutualidades 

Generales de Funcionarios para el año 2010». 

X. 

El contenido de la Ley de Presupuestos se completa con 

diversas Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatorias 

y Finales, en las que se recogen preceptos de índole muy 

variada, algunos ya comentados en puntos anteriores. 

En materia de pensiones públicas y prestaciones asistenciales, 

entre otras medidas, se establecen las cuantías de las 

prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a 

cargo, de las pensiones asistenciales y subsidios económicos 

de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 

Minusválidos, revalorización para el año 2010 de las prestaciones 

de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas y de las Ayudas sociales 

7

1 

a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH). Por otro lado, teniendo en cuenta la actual coyuntura 

económica, en especial la evolución del Índice de Precios al 

Consumo, no se incluye, por no ser aplicable en el año 2010, 

la previsión contenida tradicionalmente en las leyes de presupuestos 

anteriores relativa al mantenimiento del poder adquisitivo 

de las pensiones. 

En materia de personal, se fijan las plantillas máximas de 

Militares profesionales de Tropa y Marinería a alcanzar a 31 

de diciembre del año 2010, que no podrá superara los 86.000 

efectivos. 

Por lo que respecta al Servicio Público de Empleo Estatal 

se regula la aportación financiera que se hace a la financiación 

del Plan Integral de Empleo de las Comunidades Autónomas 

de Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura. Se 

establece detalladamente la financiación de la formación 

profesional para el empleo. 

Igualmente se recogen los preceptos relativos a la Garantía 

del Estado para obras de interés cultural cedidas temporalmente 

para su exhibición en instituciones de competencia 

exclusiva del Ministerio de Cultura. 

Las normas de índole económica se refieren al interés legal 

del dinero, que se fija en un 4 por ciento y al interés de 

demora, que se fija en un 5 por ciento. Se produce la determinación 

del indicador público de renta de efectos múltiples 

(IPREM) para 2010. 

El fomento del comercio exterior tiene su plasmación en 

sendas disposiciones adicionales relativas, una a la dotación 

de fondos de fomento de la inversión española en el exterior 

(Fondo para Inversiones en el Exterior, Fondo para Operaciones 

de Inversiones en el Exterior de la Pequeña y Mediana 

Empresa), y otra relativa al Seguro de Crédito a la Exportación. 

El límite máximo de cobertura para nueva contratación, que 

puede asegurar y distribuir CESCE en el ejercicio 2010 se 

eleva a 9.000.000 miles de euros, excluida la modalidad de 

Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones (PAGEX), Póliza 

100 y Póliza Master. 

La dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior se 

establece en 1.000 miles de euros. El importe total máximo de 

las operaciones que pueden aprobar los respectivos Comités 

Ejecutivos, se fija en 250.000 miles de euros en el Fondo para 

Inversiones en el Exterior y en 15.000 miles de euros en el 

Fondo para Operaciones de Inversiones en el Exterior para la 

Pequeña y Mediana Empresa. 

También tiene reflejo en las disposiciones adicionales el 

apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, 

que se manifiesta de una triple forma, mediante la concesión 

de moratorias a empresas que hubieran resultado beneficiarias 

de créditos otorgados con cargo al Fondo Nacional para 

el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica; mediante 

la concesión de ayudas reembolsables para la financiación 

de actuaciones concertadas; y mediante la instrumentación 

del apoyo financiero a empresas de base 

tecnológica. 

Se regulan igualmente las subvenciones al transporte aéreo 

y marítimo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y 

Melilla. En la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas 

del Estado se dota un fondo de reserva con el 2 por ciento 

del beneficio bruto anual para garantizar su capitalización e 

inversiones en nuevos productos, canales y tecnologías. 

Asimismo, Loterías y Apuestas del Estado con el límite del 

2 por ciento anual, podrá celebrar acuerdos con entidades, 

entre otras, como la Cruz Roja Española y la Asociación Española 

de Lucha contra el Cáncer, con el fin de garantizarles 

una estabilidad presupuestaria y financiera, de forma que sus 

planes de acción social no se condicionen a la suerte o azar 

en un sorteo. 

Asimismo, como consecuencia de la Ley de Contratos del 

Sector Público y la no consideración de Loterías y Apuestas 

del Estado como poder adjudicador, estando sujeta por tanto 

a derecho privado, se clarifica para el futuro el régimen jurídico 

en cuanto a su red comercial, garantizando a la actualmente 

existente la permanencia en el régimen vigente y 

otorgándoles la opción de incorporación voluntaria al nuevo, 

si lo estimasen de su interés. También se establecen las actividades 

y programas prioritarios de mecenazgo. 

Se aprueba la dotación del Fondo de apoyo para la promoción 

y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema 

de Autonomía y Atención a la Dependencia, que tiene 

por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven 

a cabo dicha actividad, con un importe para el ejercicio 2010 

de 17.000 miles de euros 

En el proceso de construcción de algunas autopistas estatales 

de peaje, el justiprecio de los terrenos ha sido fijado por 

acuerdos del Jurado de Expropiación o por sentencias de los 

Tribunales, que han valorado el suelo muy por encima de las 

estimaciones que sirvieron de base al contrato de concesión, 

debiendo las sociedades concesionarias abonarlo dentro de 

los plazos fijados por las leyes procesales. Para hacer frente 

a la situación descrita, se hace necesario instrumentar medidas 

que permitan reequilibrar el modelo concesional. 

Por otra parte, la situación económica actual ha dado lugar 

a un descenso muy significativo del tráfico en las carreteras 

frente al inicialmente estimado, lo que está afectando al equilibrio 

económico-financiero de las sociedades concesionarias 

de obras públicas para la conservación y explotación de las 

autovías de primera generación, y pone en riesgo la viabilidad 

de la colaboración privada en su financiación. Por ello se 

hace preciso articular medidas que permitan el buen fin de 

tales contratos y la prestación del servicio público. 

A continuación se recogen una serie de Disposiciones 

transitorias entre las que destacamos los Planes de Pensiones 

de Empleo o Seguros Colectivos, la indemnización por 

residencia del personal al servicio del sector público estatal y 

la absorción de los Complementos Personales y Transitorios 

y las compensaciones fiscales a adquirentes de vivienda habitual 

en 2009. 

Se incluye igualmente, una disposición derogatoria, relativa 

al artículo 190 del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo1/1994, de 20 de junio. 

La Ley se cierra con un conjunto de Disposiciones finales, 

en las que se recogen las modificaciones realizadas a varias 

normas legales. Entre ellas, merecen citarse la Ley13/1994, 

de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 

y del orden social; la Ley 28/2006, de 18 de 

julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 

públicos; y la Ley42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2007. La Ley finaliza con 

la gestión de créditos presupuestarios en materia de Clases 

Pasivas. 

8

1 

TÍTULO I 

De la aprobación de los Presupuestos y de sus 

modificaciones 

CAPÍTULO I 

CRÉDITOS INICIALES Y FINANCIACIÓN DE LOS MISMOS 

Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado.— 

En los Presupuestos Generales del Estado para el 

ejercicio del año 2010 se integran: 

a) El presupuesto del Estado. 

b) Los presupuestos de los Organismos autónomos de la 

Administración General del Estado. 

c) El presupuesto de la Seguridad Social. 

d) Los presupuestos de las Agencias Estatales. 

e) Los presupuestos de los Organismos Públicos cuya 

normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos 

de su presupuesto de gastos. 

f) Los presupuestos de las restantes entidades del sector 

público administrativo estatal. 

g) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad 

jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

h) Los presupuestos de las Sociedades mercantiles estatales. 

i) Los presupuestos de las Fundaciones del sector público 

estatal. 

j) Los presupuestos de las Entidades públicas empresariales 

y restantes Organismos públicos de esta naturaleza. 

Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e 

ingresos de los Entes referidos en las letras a) a d) del artículo 

1 de la presente Ley.— Uno. Para la ejecución de los 

programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos 

de los Entes mencionados en los apartados a), b), 

c), d) y e) del artículo anterior, se aprueban créditos en los 

Capítulos económicos I a VIII por importe de350.695.865,78 

miles de euros, según la distribución por programas detallada 

en el anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los 

créditos de estos programas es la siguiente: 

APROBADO POR EL PLENO 

Presupuesto 2010 

Agrupación por políticas del presupuesto de gastos 

N.º Pol. Políticas Capítulos 1 a 8 

11 Justicia 1.818.796,36 

12 Defensa 7.357.062,90 

13 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 8.872.807,37 

14 Política exterior 3.547.956,46 

21 Pensiones 108.282.711,67 

22 Otras prestaciones económicas 14.402.516,98 

N.º Pol. Políticas Capítulos 1 a 8 

32 Educación 3.092.088,26 

33 Cultura 1.198.893,35 

41 Agricultura, pesca y alimentación 8.959.117,58 

42 Industria y energía 3.229.336,16 

43 Comercio, turismo y PYMES 1.511.350,60 

44 Subvención al transporte 1.186.167,34 

45 Infraestructuras 14.886.322,33 

46 Investigación, desarrollo e innovación 9.270.778,25 

49 Otras actuaciones de carácter económico 691.435,64 

91 Alta dirección 818.190,32 

92 Servicios de carácter general 9.314.307,19 

93 Administración financiera y tributaria 1.499.960,10 

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 73.598.570,60 

95 Deuda Pública 23.200.000,00 

Total 350.695.865,78 

* No se ha incorporado a los estados de gastos la enmienda 

256 del Congreso por no estar definidos los proyectos 

de baja. 

Dos. En los estados de ingresos de los Entes a que se 

refiere el apartado anterior, se recogen las estimaciones de 

los derechos económicos que se prevé liquidar durante el 

ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, 

expresado en miles de euros, se recoge a continuación: 

Entes 

Capítulos I a VII Ingresos 

no financieros 

Capítulos económicos 

Capítulo VIII Activos 

financieros 

Total ingresos 

Estado 120.878.416,08 3.191.915,82 124.070.331,90 

Organismos autónomos 35.404.138,74 1.653.100,97 37.057.239,71 

Seguridad Social 111.151.190,15 1.094.592,04 112.245.782,19 

Agencias estatales 183.126,85 250.433,63 433.560,48 

Organismos del artículo 

1.e) de la presente Ley 

127.952,25 68.778,13 196.730,38 

Total 267.744.824,07 6.258.820,59 274.003.644,66 

Tres. Para las transferencias internas entre los Entes a 

que se refiere el apartado Uno de este artículo, se aprueban 

créditos por importe de 36.072.133,24 miles de euros con el 

siguiente desglose por Entes: 

Miles de euros 

23 Servicios sociales y promoción social 2.737.038,45 

Transferencias 

Transferencias según destino 

24 Fomento del empleo 7.750.665,17 

según origen 

Estado 

Organismos 

Seguridad So- 

Agencias Esta- 

Organismos 

Total 

25 Desempleo 30.974.836,28 

26 Acceso vivienda y fomento de la edificación 1.498.064,74 

Autónomos 

cial 

tales 

del Artículo 

1.e) de la presente 

Ley 

29 Gestión y administración de la Seguridad Social 6.362.289,83 

Estado 20.113.777,30 8.336.884,79 1.460.440,09 1.624.835,43 31.535.937,61 

31 Sanidad 4.634.601,85 

9

1 

Transferencias 

según origen 

Estado 

Organismos 

Autónomos 

Transferencias según destino 


Agencias Estatales 

Organismos 

del Artículo 

1.e) de la presente 

Ley 

Total 

6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 

la Administración General del Estado, se encontraban incluidos 

en el apartado b) del artículo 4.1 del Texto Refundido de 

la Ley General Presupuestaria, así como las del Organismo 

público Instituto Cervantes. 

Organismos autónomos 

132.276,38 155.307,37 11.618,80 299.202,55 

Agencias estatales 30.366,00 2.000,00 32.366,00 

Seguridad Social 164.876,02 4.039.751,06 4.204.627,08 


1.e) de la 

presente Ley 

Total 327.518,40 20.271.084,67 12.376.635,85 1.472.058,89 1.624.835,43 36.072.133,24 

Cuatro. Los créditos incluidos en los programas y transferencias 

entre subsectores de los estados de gastos aprobados 

en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente, 

expresados en miles de euros, según se indica a 

continuación: 

Entes 

Capítulos I a VII Gastos 

no financieros 

Capítulos económicos 

Capítulo VIII Activos 

financieros 

Total Gastos 

Estado 185.035.637,45 15.998.191,70 201.033.829,15 

Organismos autónomos 56.921.695,01 456.106,03 57.377.801,04 

Seguridad Social 120.647.931,69 3.980.273,48 124.628.205,17 

Agencias estatales 1.905.334,94 1.262,91 1.906.597,85 


1.e) de la presente Ley 

1.819.829,91 1.735,90 1.821.565,81 

Total 366.330.429,00 20.437.570,02 386.767.999,02 

Cinco. Para la amortización de pasivos financieros, se 

aprueban créditos en el Capítulo IX de los estados de gastos 

de los Entes a que se refiere el apartado Uno, por importe de 

35.703.735,12 miles de euros cuya distribución por programas 

se detalla en el Anexo I de esta Ley. 

Artículo 3. De los beneficios fiscales.— Los beneficios 

fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 

47.474.730 miles de euros. Su ordenación sistemática se incorpora 

como Anexo al estado de ingresos del Estado. 

Artículo 4. De la financiación de los créditos aprobados en 

el artículo 2 de la presente Ley.— Los créditos aprobados 

en el apartado Uno del artículo 2 de esta Ley, que ascienden 

a 350.695.865,78 miles de euros se financiarán: 

a) Con los derechos económicos a liquidar durante el 

ejercicio, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes 

y que se estiman en 274.003.644,66 miles de 

euros; y 

b) Con el endeudamiento neto resultante de las operaciones 

que se regulan en el Capítulo I del Título V de esta Ley. 

Artículo 5. De la cuenta de operaciones comerciales.— 

Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de 

ingresos referidas a las operaciones comerciales de los Organismos 

autónomos que, a la entrada en vigor de la Ley 

Artículo 6. De los presupuestos de los Entes referidos en 

las letras f), g), h), i) y j) del artículo 1 de esta Ley.— Uno. 

Se aprueban los presupuestos de las restantes entidades del 

sector público administrativo estatal que se relacionan en el 

Anexo XIII, en los que se incluyen las estimaciones de gastos 

y previsiones de ingresos referidos a las mismas y a sus estados 

financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control 

que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les 

resulten de aplicación. 

Dos. Se aprueban los presupuestos de los fondos carentes 

de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de 

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 

en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones 

de ingresos referidos a los mismos y a sus estados 

financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, 

en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten 

de aplicación. 

Tres. Se aprueban los presupuestos de las Sociedades 

mercantiles estatales con mayoría de capital público, que recogen 

sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, 

presentados de forma individualizada o consolidados con el 

grupo de empresas al que pertenecen, relacionándose en 

este último caso las Sociedades objeto de presentación consolidada. 

Sin perjuicio de lo anterior, se incluyen, en cualquier 

caso, de forma separada los de las Sociedades mercantiles 

estatales que reciben subvenciones con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado. 

Cuatro. Se aprueban los presupuestos de las Fundaciones 

estatales que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones 

de ingresos que se relacionan en el Anexo XII. 

Cinco. Se aprueban los presupuestos de las Entidades 

públicas empresariales y de los Organismos públicos que se 

especifican en el Anexo XIII, en los que se incluyen las estimaciones 

de gastos y previsiones de ingresos referidos a los 

mismos y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos 

de control que, en su caso, pudieran contener las 

disposiciones que les resulten de aplicación. 

Artículo 7. Presupuesto del Banco de España.— De 

acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, 

de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, se 

aprueba el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones 

del Banco de España, que se une a esta Ley. 

Artículo 8. Presupuesto de los Consorcios de la Disposición 

adicional novena de la Ley47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria.— De conformidad con la disposición 

adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, se unen a esta Ley los 

presupuestos de explotación y capital de los Consorcios en 

los que el porcentaje de participación del Sector Público Estatal 

es igual o superior al de cada una de las restantes Administraciones 

Públicas consorciadas. 

10

1 

CAPÍTULO II 

NORMAS DE MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

Artículo 9. Principios Generales.— Con vigencia exclusiva 

para el año 2010, las modificaciones de los créditos 

presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán a las 

siguientes reglas: 

Primera. Las modificaciones de créditos presupuestarios 

se ajustaran a lo dispuesto en esta Ley, y a lo que al efecto se 

dispone en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, en los extremos que no resulten modificados 

por aquella. 

Segunda. Con independencia de los niveles de vinculación 

establecidos en los artículo 43 y 44 de la Ley General Presupuestaria, 

todo acuerdo de modificación presupuestaria 

deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u Órgano 

público a que se refiera así como el programa, artículo, concepto 

y subconcepto, en su caso, afectados por la misma. 

Artículo 10. Créditos vinculantes.— Uno. Con vigencia 

exclusiva durante el año 2010, se considerarán vinculantes, 

con el nivel de desagregación económica con que aparezcan 

en los estados de gastos, los créditos consignados para 

atender obligaciones de ejercicios anteriores. 

Dos. Con vigencia exclusiva durante el año 2010, se 

considerará vinculante el crédito 221.09. «Labores de la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre». 

Tres. Con vigencia exclusiva durante el año 2010 tendrá 

carácter vinculante el crédito 26.18.231A.227.11 «Para actividades 

de prevención, investigación, persecución y represión 

de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás 

fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo». 

Cuatro. Con vigencia exclusiva durante el año 2010 tendrá 

carácter vinculante el crédito 3591-4875 «Prestaciones Fondo 

11M» del Presupuesto de Gastos del IMSERSO. 

Cinco. Con vigencia exclusiva para 2010 vincularán a nivel 

de capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas, 

y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto 

en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados 

en el capítulo 7 «Transferencias de capital», del 

Presupuesto de la Sección 17 «Ministerio de Fomento», organismo 

autónomo 238 «Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas», programa 467B «Investigación, 

desarrollo y experimentación en el transporte e infraestructuras». 

Seis. Con vigencia exclusiva para 2010 vincularán a nivel 

de capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas, 

y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los 

estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados 

en el capítulo 7 «Transferencias de capital», del Presupuesto 

de la Sección 20 «Ministerio de Industria, Turismo y Comercio» 

para los siguientes Servicios y Programas: Servicio 13 

«Dirección General de Telecomunicaciones», programa 467 I 

«Innovación tecnológica de las comunicaciones» y Servicio 

14 «Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información», programa 467G «Investigación y Desarrollo de 

la Sociedad de la Información» y programa 467 I «Innovación 

tecnológica de las comunicaciones». 

Siete. Con vigencia exclusiva para el año 2010, vincularán 

a nivel de capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas 

y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto 

en los estados de gasto, los créditos presupuestarios 

consignados en el capítulo 7 «Transferencias de capital», del 

presupuesto de gastos de la Sección 21 «Ministerio de 

Ciencia e Innovación», para los siguientes servicios y programas: 

Servicio 04 «Dirección General de Investigación y 

gestión del Plan Nacional de I+D+I» programa 463B «Fomento 

y coordinación de la investigación científica y técnica», 

Servicio 05 «Dirección General de Cooperación Internacional 

y Relaciones Institucionales», programa 463 B «Fomento y 

coordinación de la investigación científica y técnica», Servicio 

07 «Dirección General de Transferencia de la Tecnología y 

Desarrollo Empresarial», programa 467C «Investigación y 

desarrollo tecnológico-industrial». 

Artículo 11. Competencias específicas en materia de 

modificaciones presupuestarias.— Uno. Con vigencia 

exclusiva para el año 2010, corresponden a la Ministra de 

Economía y Hacienda las siguientes competencias específicas 

en materia de modificaciones presupuestarias: 

1. Autorizar las transferencias que afecten a los créditos 

contemplados en el artículo9.Uno de la presente Ley, cuando 

su nivel de vinculación sea distinto del establecido con carácter 

general para los capítulos en los que estén consignados. 

En el Presupuesto de la Seguridad Social dicha autorización 

corresponderá al Ministro de Trabajo e Inmigración, salvo 

en los Presupuestos de INGESA y del IMSERSO que corresponderá 

a la Ministra de Sanidad y Política Social. 

2. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al 

crédito 26.18.231A.227.11 «Para actividades de prevención, 

investigación, persecución y represión de los delitos relacionados 

con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere 

la Ley 17/2003, de 29 de mayo», cuando se destinen a otros 

Departamentos ministeriales. 

3. Autorizar las transferencias de crédito que afecten al 

subconcepto 221.09 «Labores Fábrica Nacional Moneda y 

Timbre». 

4. Autorizar las transferencias de crédito entre servicios u 

Organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, 

cuando ello fuere necesario para la distribución de los 

créditos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación 

Científica y Técnica o del Fondo Estratégico de Infraestructuras 

Científicas y Tecnológicas y el Fondo 

Internacional para la Investigación Científica y Técnica. 

5. Autorizar transferencias de crédito entre servicios u Organismos 

autónomos de distintos Departamentos ministeriales, 

cuando ello fuere necesario para hacer efectiva la 

redistribución, reasignación o movilidad de los efectivos de 

personal o de los puestos de trabajo, en los casos previstos 

en el Capítulo IV del Título III del Reglamento General de Ingresos 

del Personal al Servicio de la Administración General 

del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 

10 de marzo, así como para hacer efectiva la movilidad forzosa 

del personal laboral de la Administración General del 

Estado de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. 

6. Autorizar generaciones de crédito en el Ministerio de 

Defensa como consecuencia de ingresos procedentes de la 

Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de Defensa, 

destinados a gastos operativos de las Fuerzas Armadas. 

7. Autorizar las transferencias que resulten necesarias 

desde los créditos 32.18.941O.750 «A las CC.AA. de Cataluña, 

Illes Balears y Castilla y León, en cumplimiento de lo 

11

1 

establecido en materia de inversiones en sus respectivos Estatutos 

de Autonomía» y 32.18.941O.751 «Para actuaciones 

a realizar por la Administración General del Estado, directamente 

o mediante Convenio, a la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en cumplimiento de lo establecido en materia de 

inversiones en la Ley 19/1994», a los correspondientes Departamentos 

ministeriales. 

Dos. Con vigencia exclusiva para el año 2010, corresponden 

a la Ministra de Defensa las siguientes competencias 

específicas en materia de modificaciones presupuestarias: 

1. Autorizar las generaciones de crédito contempladas en 

el artículo 53.2.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, motivadas por ingresos procedentes 

de ventas de productos farmacéuticos o de prestación de 

servicios hospitalarios, así como por ingresos procedentes de 

suministros de víveres, combustibles o prestaciones alimentarias 

debidamente autorizadas, y prestaciones de servicios a 

ejércitos de países integrados en la OTAN. 

2. Autorizar las transferencias de crédito que deban realizarse 

en el presupuesto de la Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamiento de Defensa, para remitir fondos al Estado con 

destino a cubrir necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, 

incluso con creación de conceptos nuevos. 

Tres. Con vigencia exclusiva para el año 2010, corresponde 

al Director General del Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas autorizar en el Presupuesto del 

indicado Organismo, transferencias de crédito que afecten a 

las transferencias de capital entre subsectores incluso con la 

creación de conceptos nuevos, cuando sean consecuencia 

del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el 

marco de convocatorias públicas, y se financien desde el 

programa 467B «Investigación, Desarrollo y Experimentación 

en Transporte e Infraestructuras». 

Cuatro. Con vigencia exclusiva para el año 2010, corresponden 

al Ministro de Industria, Turismo y Comercio autorizar 

en el presupuesto de su departamento las transferencias de 

crédito que afectan a las transferencias de capital entre subsectores, 

cuando estas sean consecuencia del otorgamiento 

de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias 

públicas y se financien desde los programas 467G «Investigación 

y Desarrollo de la Sociedad de la Información» y 

467I «Innovación tecnológica de las comunicaciones». 

Cinco. Con vigencia exclusiva para el año 2010 corresponden 

a la Ministra de Ciencia e Innovación las siguientes 

competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias: 

1. Autorizar generaciones de crédito en las aplicaciones 

21.04.463B.740, 21.04.463B.750, 21.04.463B.760, 

21.04.463B.770 y 21.04.463B.780 por los ingresos que se 

deriven de la devolución de ayudas reembolsables contempladas 

en la disposición adicional vigésimo tercera de esta 

Ley. 

2. Autorizar en el presupuesto de su departamento las 

transferencias de crédito que afecten a las transferencias corrientes 

y de capital entre subsectores, cuando éstas sean 

consecuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos 

en el marco de convocatorias públicas y se financien 

desde los programas de investigación 463B «Fomento y 

coordinación de la investigación científica y técnica» y 467C 

«Investigación y desarrollo tecnológico-industrial». 

Seis. Con vigencia exclusiva para el año 2010, corresponden 

a la Ministra de Sanidad y Política Social autorizar las 

generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 

como consecuencia de los ingresos a que se refiere la 

Disposición adicional vigésima segunda del Texto Refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

Al objeto de reflejar las repercusiones que en el Presupuesto 

de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 

hubieran de tener las transferencias del Estado a la Seguridad 

Social, por la generación de crédito que se hubiera producido 

como consecuencia de la recaudación efectiva de 

ingresos a que se refiere la disposición adicional vigésima 

segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, la Ministra de Sanidad y Política Social podrá 

autorizar las ampliaciones de crédito que fueran necesarias 

en el Presupuesto de gastos de dicha entidad. 

En todo caso, una vez autorizadas las modificaciones presupuestarias 

a que se refiere el párrafo anterior, se remitirán 

al Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de 

Presupuestos, para su conocimiento. 

Siete. Con vigencia exclusiva para el año 2010, en el caso 

de modificaciones de crédito en el presupuesto de los organismos 

públicos del apartado e) del artículo 1 de la presente 

Ley cuya financiación se realice con cargo al presupuesto de 

gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante 

el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado. 

Ocho. De todas las transferencias a que se refiere este 

artículo, se remitirán trimestralmente información a las Comisiones 

de Presupuestos del Congreso de los Diputados y 

del Senado, identificando las partidas afectadas, su importe y 

finalidad de las mismas. 

Artículo 12. De las limitaciones presupuestarias.— 

Uno. La limitación para realizar transferencias de crédito 

desde operaciones de capital a corrientes, a que se refiere el 

artículo 52.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, no será de aplicación para las siguientes 

transferencias: 

a) Las que sean necesarias para atender obligaciones de 

todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de 

reconocida urgencia declaradas por norma con rango de Ley. 

b) Las que sean necesarias para distribuir los créditos del 

Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica 

y Técnica, del Fondo Estratégico de Infraestructuras 

Científicas y Tecnológicas y del Fondo Internacional para la 

Investigación Científica y Técnica. 

c) Las que resulten procedentes en el presupuesto de la 

Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa 

para posibilitar el ingreso en el Estado de fondos destinados a 

atender necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. 

Dos. Las limitaciones contenidas en el artículo 52.1.b) de 

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 

no serán de aplicación cuando las transferencias se efectúen 

en uso de la autorización contenida en los apartados 2, 4 y 5 

del artículo 11.Uno de la presente Ley. 

Tres. Con vigencia exclusiva para el año 2010, las generaciones 

de crédito que supongan incrementos en los créditos 

para incentivos al rendimiento y cuya autorización no sea 

competencia de la Ministra de Economía y Hacienda, requerirán 

informe favorable previo de dicho Departamento. 

Cuatro. Con vigencia exclusiva para el año 2010, no serán 

de aplicación las limitaciones contenidas en los artículos 50 


según redacción dada por el Real Decreto Legislativo 

12

1 

2/2007, de 28 de diciembre, respecto de la financiación de las 

siguientes modificaciones presupuestarias: 

1. Las ampliaciones de crédito que se realicen en la aplicación 

presupuestaria 15.19.923O.351.01 «Cobertura de 

riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos 

de ejercicios anteriores», cuando sean consecuencia de 

las medidas financieras contenidas en el Real Decreto-Ley 

7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en materia 

Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción 

Concertada de los Países de la Zona Euro, el artículo 1 del 

Real Decreto-Ley 4/2009, de 29 de marzo, por el que se autoriza 

la concesión de garantías derivadas de la financiación 

que pueda otorgar el Banco de España a favor de la Caja de 

Ahorros de Castilla-La Mancha, el artículo 1 del Real Decreto-Ley 

6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas en el sector energético y se aprueba el 

bono social y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 

9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración 

bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades 

de crédito. 

2. Las incorporaciones de los remanentes de crédito procedentes 

del Fondo Especial del Estado para la Dinamización 

de la Economía y el Empleo, dotado por del Real Decreto Ley 

9/2008, de 28 de noviembre. 

Cinco. El Gobierno comunicará trimestralmente a las 

Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado las 

operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado realizadas 

en dicho período de tiempo, a los efectos de informar 

del cumplimiento de lo previsto en este artículo. 

Artículo 13. De las ampliaciones e incorporaciones de 

crédito.— Uno. A efectos de lo dispuesto en el artículo 54 


tendrán la condición de ampliables los créditos que se 

relacionan en el Anexo II de esta Ley. 

Dos. A efectos de lo dispuesto en el artículo 58 a) de la 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 

podrán incorporarse a los créditos del ejercicio 2010 los remanentes 

que se recogen en el Anexo VII de esta Ley. 

Artículo 14. Imputaciones de crédito.— Con vigencia 

exclusiva para el año 2010, podrán aplicarse a créditos del 

ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, 

de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las 

que se anulará crédito en el ejercicio de procedencia sin que 

sea de aplicación el procedimiento de imputación establecido 

en el artículo 34.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria. 

Asimismo podrán atenderse con cargo a créditos del presente 

presupuesto obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, 

en los casos en que figure dotado un crédito 

específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, 

con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado 

en el ejercicio de procedencia. 

Artículo 15. Autorización para adquirir compromisos de 

gasto con cargo a ejercicios futuros.— Se autoriza a los 

Departamentos y Organismos que se relacionan en el Anexo 

IX de esta Ley a adquirir compromisos de gasto con cargo a 

ejercicios futuros en los términos contenidos en el mismo. 

CAPÍTULO III 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 16. De la Seguridad Social.— Uno. La financiación 

de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto 

del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, se efectuará con 

dos aportaciones finalistas del Estado, una para operaciones 

corrientes, por un importe de 211.405,97 miles de euros, y 

otra para operaciones de capital, por un importe de 23.086,49 

miles de euros, y con cualquier otro ingreso afectado a aquella 

entidad, por importe estimado de 447,46 miles de euros. 

Dos. El Estado aporta al sistema de la Seguridad Social 

2.706.350,00 miles de euros para atender a la financiación de 

los complementos para mínimos de las pensiones de dicho 

sistema. 

Tres. El Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales se financiará en el ejercicio del año 2010 con aportaciones 

del Estado para operaciones corrientes por un importe 

de 4.016.946,59 miles de euros y para operaciones de 

capital por un importe de 20.743,38 miles de euros, así como 

por cualquier otro ingreso afectado a los servicios prestados 

por la Entidad, por un importe estimado de 57.860,19 miles de 

euros. 

Cuatro. La asistencia sanitaria no contributiva del Instituto 

Social de la Marina se financia con una aportación finalista 

del Estado de 51.077,29 miles de euros. Asimismo, se financiarán 

por aportación del Estado los servicios sociales de 

dicho Instituto, a través de una transferencia corriente por un 

importe de 23.734,84 miles de euros y de una transferencia 

para operaciones de capital por valor de 2.338,60 miles de 

euros. 

TÍTULO II 

De la gestión presupuestaria 

CAPÍTULO I 

DE LA GESTIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DOCENTES 

Artículo 17. Módulo económico de distribución de fondos 

públicos para sostenimiento de centros concertados.— 

Uno. De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo 

y tercero del artículo117 y de la Disposición adicional 

vigesimoséptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, el importe del módulo económico por unidad 

escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los 

fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros 

concertados para el año 2010 es el fijado en el Anexo IV de 

esta Ley. 

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 116.1 

en relación con el 15.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, las unidades que se concierten en las 

enseñanzas de Educación Infantil, se financiarán conforme a 

los módulos económicos establecidos en el Anexo IV de esta 

Ley. 

Los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior 

se financiarán con arreglo a los módulos económicos establecidos 

en el Anexo IV de la presente Ley. En la partida 

correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas 

de formación profesional que cuenten con autorización 

para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad escolar, se 

aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno 

menos autorizado. 

La financiación de la Formación en Centros de Trabajo 

(FCT) correspondiente a los ciclos formativos de grado medio 

y superior, en lo relativo a la participación de las empresas en 

el desarrollo de las prácticas de los alumnos, se realizará en 

términos análogos a los establecidos para los centros públicos. 

13

1 

Las unidades concertadas de Programas de Cualificación 

Profesional Inicial se financiarán conforme al módulo económico 

establecido en el Anexo IV de la presente Ley si bien 

los conciertos de los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial tendrán carácter singular. 

Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan 

las enseñanzas de Bachillerato, se financiarán conforme al 

módulo económico establecido en el Anexo IV de esta Ley. 

Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de competencias 

educativas, podrán adecuar los módulos establecidos 

en el citado Anexo a las exigencias derivadas del 

currículo establecido por cada una de las enseñanzas, 

siempre que ello no suponga una disminución de las cuantías 

de dichos módulos en ninguna de las cantidades en que se 

diferencian, fijadas en la presente Ley. 

Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad 

desde el 1 de enero de 2010, sin perjuicio de la fecha en que 

se firmen los respectivos Convenios Colectivos de Empresas 

de Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con 

fondos públicos, aplicables a cada nivel educativo en los 

centros concertados, pudiendo la Administración aceptar 

pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas 

las organizaciones patronales y consulta con las sindicales 

negociadoras de los citados Convenios Colectivos, hasta 

el momento en que se produzca la firma del correspondiente 

Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán 

efecto desde el 1 de enero de 2010. El componente del módulo 

destinado a «Otros Gastos» surtirá efecto a partir del 1 

de enero de 2010. 

Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, 

incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por 

la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre el 

profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución 

de los importes que integran los «Gastos Variables» se efectuará 

de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras 

del régimen de conciertos. 

La cuantía correspondiente a «Otros gastos» se abonará 

mensualmente pudiendo los centros justificar su aplicación al 

finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma 

conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro. 

En los ciclos formativos de grado medio y superior cuya duración 

sea de 1.300 ó 1.400 horas, las Administraciones 

educativas podrán establecer el abono de la partida de otros 

gastos del segundo curso, fijada en el módulo contemplado 

en el Anexo IV, de forma conjunta con la correspondiente al 

primer curso; sin que ello suponga en ningún caso un incremento 

de la cuantía global resultante. 

Dos. A los centros docentes que tengan unidades concertadas 

en todos los cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, se les dotará de la financiación de los servicios de 

orientación educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación 

se realizará sobre la base de calcular el equivalente a 

una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, 

por cada 25 unidades concertadas de Educación 

Secundaria Obligatoria. Por tanto, los centros concertados 

tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, 

en función del número de unidades de Educación 

Secundaria Obligatoria que tengan concertadas. En el ámbito 

de sus competencias y de acuerdo con sus disponibilidades 

presupuestarias, las Administraciones educativas podrán incrementar 

la financiación de los servicios de orientación 

educativa. 

Tres. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones 

educativas podrán fijar las relaciones profesor/unidad 

concertada, adecuadas para impartir el plan de estudios vigente 

en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a 

jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales. 

La Administración no asumirá los incrementos retributivos, 

las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que 

conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos 

del Anexo IV. 

Asimismo, la Administración no asumirá los incrementos 

retributivos, fijados en Convenio Colectivo, que supongan un 

porcentaje superior al incremento establecido para el profesorado 

de la enseñanza pública en los distintos niveles de 

enseñanza salvo que, en aras a la consecución de la equiparación 

gradual a que hace referencia el artículo 117.4 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se produzca 

su reconocimiento expreso por la Administración y la 

consiguiente consignación presupuestaria. 

Cuatro. Las Administraciones educativas podrán, en el 

ámbito de sus competencias, incrementar las relaciones profesor/unidad 

de los centros concertados, en función del número 

total de profesores afectados por las medidas de 

recolocación que se hayan venido adoptando hasta la entrada 

en vigor de esta Ley y se encuentren en este momento incluidos 

en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva 

potenciación de los equipos docentes. 

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades 

que se produzcan en los centros concertados, como consecuencia 

de la normativa vigente en materia de conciertos 

educativos. 

Cinco. A los centros concertados se les dotará de las 

compensaciones económicas y profesionales para el ejercicio 

de la función directiva a que hace referencia el artículo 117.3 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Seis. Las cantidades máximas a percibir de los alumnos 

en concepto de financiación complementaria a la proveniente 

de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos 

singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no 

obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, 

son las que se establecen a continuación: 

a) Ciclos formativos de grado superior: 18,03 euros alumno/mes 

durante diez meses, en el período comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 

b) Bachillerato: 18,03 euros alumno/mes durante diez 

meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2010. 

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del 

cobro a los alumnos de estas cantidades tendrá el carácter de 

complementaria a la abonada directamente por la Administración 

para la financiación de los «Otros gastos». 

Los centros que en el año 2009 estuvieran autorizados para 

percibir cuotas superiores a las señaladas podrán mantenerlas 

para el ejercicio 2010. 

La cantidad abonada por la Administración, no podrá ser 

inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe 

correspondiente al componente de «Otros gastos» de 

los módulos económicos establecidos en el Anexo IV de la 

presente Ley, pudiendo las Administraciones educativas 

competentes establecer la regulación necesaria al respecto. 

Siete. Financiación de la enseñanza concertada en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla. Al objeto de dotar a los centros 

de los equipos directivos en los términos establecidos en el 

artículo 117.3 de la citada Ley y de proceder al aumento de la 

14

1 

dotación de la financiación de los servicios de orientación 

educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la misma Ley, 

sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa 

del profesional adecuado a estas funciones, por cada 16 

unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria; 

el importe del módulo económico por unidad escolar para el 

ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla será el 

que se establece en el Anexo V de la presente Ley. 

Artículo 18. Autorización de los costes de personal de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).— 

Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera 

de la Ley Orgánica6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 

se autorizan los costes de personal docente (funcionario 

y contratado) y del personal de administración y 

servicios (funcionario y laboral fijo) de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) para el año 2010 y por 

los importes consignados en el Anexo VI de esta Ley. 

CAPÍTULO II 

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SANIDAD Y 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Artículo 19. Competencias específicas en materia de 

modificaciones presupuestarias del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.— 

Corresponde a la Ministra de Economía y Hacienda 

autorizar respecto de los Presupuestos del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales las siguientes modificaciones presupuestarias: 

1. Las transferencias de crédito que afecten a gastos de 

personal o a los demás créditos presupuestarios que enumera 

el apartado 2 del artículo 44 de la Ley General Presupuestaria. 

2. Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 

58 de la Ley General Presupuestaria. 

Artículo 20. Aplicación de remanentes de tesorería en el 

Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.— 

Los remanentes de tesorería, a favor del Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales, existentes en la Tesorería General 

de la Seguridad Social a 31 de diciembre de cada año se 

podrán destinar a financiar el Presupuesto de Gasto del Instituto 

de Mayores y Servicios Sociales. Asimismo, podrán ser 

utilizados para financiar posibles modificaciones en el ejercicio 

siguiente al que se produzcan. 

CAPÍTULO III 

OTRAS NORMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Artículo 21. Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

— Uno. El porcentaje de participación en la recaudación 

bruta obtenida en el 2010 derivada de los actos de liquidación 

y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados 

o dictados por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria será del 5 por 100. 

Dos. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del 

punto cinco. b) del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de 

diciembre, la variación de recursos de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria derivada de la indicada participación, 

se instrumentará a través de una generación de crédito 

que será autorizada por la Ministra de Economía y Hacienda, 

cuya cuantía será la resultante de aplicar el porcentaje señalado 

en el punto anterior. 

Tres. La recaudación derivada de los actos de liquidación 

y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados 

o dictados por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, aplicada al Presupuesto de Ingresos del Estado en 

el mes de diciembre de 2009, podrá generar crédito en el 

mismo concepto, o equivalente, del Presupuesto del Estado 

para 2010, en el porcentaje establecido en el apartado uno de 

este artículo, según el procedimiento previsto en la Orden de 

4 de marzo de 1993, que desarrolla el artículo 97 de la Ley 

39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1993. 

TÍTULO III 

De los gastos de personal 

CAPÍTULO I 

DEL INCREMENTO DE LOS GASTOS DEL PERSONAL AL 

SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO 

Artículo 22. Bases y coordinación de la planificación general 

de la actividad económica en materia de gastos de 

personal al servicio del sector público.— Uno. A efectos 

de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector 

público: 

a) La Administración General del Estado, sus Organismos 

autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su 

competencia. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, 

los Organismos de ellas dependientes y las Universidades de 

su competencia. 

c) Las Corporaciones Locales y Organismos de ellas dependientes, 

de conformidad con los artículos 126.1 y 4 y 

153.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

d) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 

Social. 

e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 72.1 de la Constitución. 

f) El Banco de España. 

g) Las sociedades mercantiles públicas que perciban 

aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos 

públicos o con cargo a los presupuestos de los entes 

o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a 

cubrir déficit de explotación. 

h) Las entidades públicas empresariales y el resto de los 

organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico 

y local. 

Dos. Con efectos de 1 de enero de 2010, las retribuciones 

del personal al servicio del sector público, incluidas, en su 

caso, las que en concepto de pagas extraordinarias correspondieran 

en aplicación del artículo 21.Tres de la Ley 

42/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 2007, en los términos de lo recogido en el apartado 

Dos del artículo 22 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 2009, no 

podrán experimentar un incremento global superior al 0,3 por 

ciento con respecto a las del año 2009, en términos de homogeneidad 

para los dos períodos de la comparación, tanto 

por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad 

del mismo. 

Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las 

mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos 

previamente firmados por las diferentes Administraciones en 

el marco de sus competencias. 

15

1 

Tres. Además del incremento general de retribuciones 

previsto en el apartado precedente las Administraciones, entidades 

y sociedades a que se refiere el apartado Uno del 

presente artículo podrán destinar hasta un 0,3 por ciento de la 

masa salarial a financiar aportaciones a planes de pensiones 

de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la 

cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal 

incluido en sus ámbitos respectivos, de acuerdo con lo establecido 

en la disposición final segunda del Texto Refundido 

de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes 

de pensiones o contratos de seguro, conforme a lo previsto 

en este apartado, tendrán a todos los efectos la 

consideración de retribución diferida. 

Cuatro. Para el cálculo del límite a que se refiere, el apartado 

anterior para el personal funcionario se aplicará el porcentaje 

sobre el gasto correspondiente al conjunto de las 

retribuciones básicas y complementarias devengadas por dicho 

personal; y para el personal sometido a legislación laboral 

el porcentaje se aplicará sobre la masa salarial definida en 

el artículo 25.Uno de esta Ley, sin computar a estos efectos 

los gastos de acción social, salvo en el caso del incremento 

previsto en el apartado Dos de este mismo artículo. 

No computarán, a los efectos de lo señalado en el párrafo 

anterior, la indemnización por residencia y la indemnización 

por destino en el extranjero. 

Cinco. Las retribuciones a percibir en el año 2010 por los 

funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del 

Estatuto Básico del Empleado Público incluidos en el ámbito 

de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos 

de la Disposición Final Cuarta del citado Estatuto Básico, 

en concepto de sueldo y trienios que correspondan al 

Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o 

Escala a que pertenezca el funcionario, referidas a doce 

mensualidades, serán las siguientes: 

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 

Sueldo - Euros 

Trienios - Euros 

A1 13.935,60 535,80 

A2 11.827,08 428,76 

B 10.264,44 373,68 

C1 8.816,52 322,08 

C2 7.209,00 215,28 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 6.581,64 161,64 

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las 

retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que 

hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación 

previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 

de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están referenciadas 

a los grupos y subgrupos de clasificación profesional 

establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria 

tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 

aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar 

otras variaciones que las derivadas de los incrementos 

previstos en esta Ley. Las equivalencias entre ambos 

sistemas de clasificación son las siguientes: 

Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007. 

Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007. 

Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007. 

Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007. 

Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 

7/2007. 

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse 

sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 

con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles 

por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación 

del número de efectivos asignados a cada programa o por el 

grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, 

siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen 

crecimientos retributivos superiores a los que se establecen 

en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen 

deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo 

inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan 

al mismo. 

Nueve. Lo dispuesto en los apartados Dos, Tres, Cuatro, 

Cinco, Seis, Siete y Ocho del presente artículo será de aplicación, 

asimismo, al personal de las fundaciones del sector 

público y a los consorcios participados mayoritariamente por 

las Administraciones y Organismos que integran el sector 

público. 

Diez. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo 

de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 

Las Leyes de Presupuestos de las Comunidades Autónomas 

y los Presupuestos de las Corporaciones Locales correspondientes 

al ejercicio 2010 recogerán los criterios señalados 

en el presente artículo. 

Artículo 23. Oferta de Empleo Público u otro instrumento 

similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.— 

Uno. Durante el año 2010, el número total de 

plazas de nuevo ingreso del personal del sector público delimitado 

en el artículo anterior será, como máximo, igual al 15 

por 100 de la tasa de reposición de efectivos y se concentrará 

en los sectores, funciones y categorías profesionales que se 

consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 

servicios públicos esenciales. Dentro de este límite, la oferta 

de empleo público incluirá los puestos y plazas desempeñados 

por personal interino, contratado o nombrado en el ejercicio 

anterior al que se refiere la letra a) del apartado 1 del 

artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público, excepto aquellos sobre los que 

exista reserva de puesto, o estén incursos en procesos de 

provisión. 

Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias 

del Capítulo 1 de los correspondientes presupuestos de 

gastos, la limitación a que se hace referencia en el párrafo 

anterior no será de aplicación: 

a) Al personal de la Administración de Justicia, para el que 

el número de plazas se determinará de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación 

y de Planta Judicial. 

b) A las Administraciones Públicas con competencias 

educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, en relación con la determinación del 

número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios 

docentes. 

c) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias 

en relación con la cobertura de las correspondientes 

16

1 

plazas en los hospitales y centros de salud del Sistema Nacional 

de Salud. 

d) Al personal de las Administraciones Públicas que tenga 

encomendadas las funciones de control y vigilancia del 

cumplimiento de la normativa en el orden social, la gestión de 

las políticas activas de empleo y de las prestaciones por desempleo. 

e) A Instituciones Penitenciarias. 

f) A las Corporaciones Locales cuya población sea inferior 

a 50.000 habitantes y a las mancomunidades que puedan 

constituir para la prestación de servicios comunes. 

g) Al Banco de España. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este 

apartado, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el número de 

plazas de militares profesionales de Tropa y Marinería será 

el necesario para alcanzar los efectivos fijados en la disposición 

adicional décima, aplicándose un límite del ochenta y 

cinco por ciento de la tasa de reposición de efectivos a la 

cobertura de plazas de oficiales y suboficiales. 

Por lo que respecta a la cobertura de las plazas correspondientes 

a seguridad aérea y ferroviaria, al personal de los 

servicios de prevención y extinción de incendios, personal 

investigador de los Organismos Públicos de Investigación, al 

personal que tenga encomendado el desarrollo de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia, 

a Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, a 

las correspondientes a aquellas Comunidades Autónomas 

que deban efectuar un despliegue de los efectivos de Policía 

Autónoma en su territorio y, en el ámbito de la Administración 

Local, a las correspondientes al personal de la policía local, 

el límite máximo será del cien por cien de la tasa de reposición 

de efectivos. 

Dos. Durante el año 2010 no se procederá a la contratación 

de personal temporal, ni al nombramiento de funcionarios 

interinos del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, en el ámbito a 

que se refiere el apartado Uno del artículo anterior, salvo en 

casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables. En cualquier caso, las plazas correspondientes 

a los nombramientos a que se refiere el artículo 10.1.a) de la 

Ley 7/2007 y contrataciones de personal interino por vacante 

computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa 

de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente 

al mismo año en que aquéllos se produzcan y, 

si no fuera posible, en la siguiente oferta de empleo público, 

salvo que se decida su amortización. 

No se tomarán en consideración a efectos de dicha limitación 

las plazas que estén incursas en procesos de consolidación 

de empleo derivados de la aplicación de la disposición 

transitoria 4.ª del EBEP. 

Tres. El Gobierno, con el límite establecido en el apartado 

Uno de este artículo podrá autorizar, a través de la oferta de 

empleo público, previo informe favorable del Ministerio de 

Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de la Presidencia 

y a iniciativa de los Departamentos u Organismos 

públicos competentes en la materia, la convocatoria de plazas 

vacantes de nuevo ingreso que se refieran al personal de la 

Administración Civil del Estado, sus Organismos autónomos y 

Agencias estatales, personal civil de la Administración Militar, 

sus Organismos autónomos y Agencias estatales, personal 

de la Administración de la Seguridad Social, personal estatutario 

de la Seguridad Social, personal de la Administración de 

Justicia, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y personal de los entes públicos Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria, Consejo de Seguridad Nuclear, 

Agencia de Protección de Datos, Comisión Nacional de 

la Competencia y de la Entidad pública empresarial «Loterías 

y apuestas del Estado». 

La oferta de empleo público aprobada de acuerdo con lo 

indicado en el párrafo anterior prestará especial atención a la 

cobertura de plazas relativas al control y lucha contra el 

fraude fiscal, unidades de atención al ciudadano y de prestación 

directa de servicios públicos en los ámbitos de extranjería 

e inmigración y servicios de emergencia. 

La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento 

de funcionarios interinos, en las condiciones establecidas 

en el apartado Dos de este artículo, requerirá la previa 

autorización conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de 

Economía y Hacienda. 

Dichos Departamentos podrán, asimismo, autorizar las correspondientes 

convocatorias de puestos o plazas vacantes 

de las entidades públicas empresariales, organismos y entes 

públicos no mencionados anteriormente, respetando la tasa 

de reposición de efectivos establecida con carácter general. 

Cuatro. La contratación de personal fijo o temporal en el 

extranjero con arreglo a la legislación local o, en su caso, legislación 

española, en el ámbito al que se refiere el apartado 

Cuatro de este artículo, requerirá la previa autorización conjunta 

de los Ministerios de la Presidencia y de Economía y 

Hacienda. 

Cinco. Los apartados Uno y Dos de este artículo tienen 

carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 

149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Las Leyes de Presupuestos 

de las Comunidades Autónomas y los Presupuestos 

de las Corporaciones Locales correspondientes al ejercicio 

del año 2010 recogerán los criterios señalados en dichos 

apartados. 

Seis. La Mesa General de Negociación de las Administraciones 

Públicas adoptará, en el primer trimestre de 2010, 

un Plan de reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Dicho Plan contendrá las medidas, procedimientos e indicadores 

que permitan reducir dicha temporalidad a un límite 

del 8%, y contemplará medidas incentivadoras en el marco de 

las respectivas Ofertas de Empleo Público. Los resultados de 

dicho Plan serán tenidos en cuenta para la determinación de 

la Oferta de Empleo Público para 2011. 

CAPÍTULO II 

DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS 

Artículo 24. Personal del sector público estatal sometido a 

régimen administrativo y estatutario.— Uno. Con efectos 

de 1 de enero de 2010, las cuantías de los componentes de 

las retribuciones del personal del sector público estatal sometido 

a régimen administrativo y estatutario, sin perjuicio de 

lo que se establece en los artículos siguientes en relación con 

determinados cargos, puestos y colectivos, serán las derivadas 

de la aplicación de las siguientes normas: 

a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como 

las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a 

los puestos de trabajo que desempeñe, experimentarán un 

crecimiento del 0,3 por ciento respecto de las establecidas 

para el ejercicio de 2009, sin perjuicio de la adecuación de las 

retribuciones complementarias cuando sea necesaria para 

asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden 

la relación procedente con el contenido de especial dificultad 

técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad 

del mismo. 

17

1 

Las pagas extraordinarias del personal incluido en el ámbito 

de aplicación de este artículo y que se percibirán en los meses 

de junio y diciembre serán de una mensualidad del sueldo, 

trienios, en su caso, y del complemento de destino o 

concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo 

de los colectivos a los que este artículo resulte de 

aplicación. 

b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias 

tendrá, asimismo, un crecimiento del 0,3 por ciento 

respecto de las establecidas para el ejercicio de 2009, sin 

perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación 

del número de efectivos asignados a cada programa, del 

grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y 

del resultado individual de su aplicación. 

c) Los complementos personales y transitorios y demás 

retribuciones que tengan análogo carácter, así como las indemnizaciones 

por razón del servicio, se regirán por su normativa 

específica y por lo dispuesto en esta Ley, sin que les 

sea de aplicación el aumento del 0,3 por ciento previsto en la 

misma. 

d) Para el año 2010, las cuantías de la contribución individual 

al plan de pensiones de la Administración General del 

Estado correspondiente al personal funcionario serán las siguientes 

por grupos y/o subgrupos de titulación: 

Grupo/Subgrupo 

Cuantía por sueldo - Euros 

A1 97,08 

A2 82,39 

B 71,51 

C1 61,42 

C2 50,22 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 45,85 

La cuantía de la contribución individual correspondiente a 

los trienios de personal funcionario para el año 2010 será de 

4,44 euros por trienio. 

Dos. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, 

a las retribuciones fijadas en euros que corresponderían 

en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extranjero, 

sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos 

que procedan en virtud de la normativa vigente. 

Tres. Las retribuciones básicas del personal funcionario 

que presta servicios en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 

Sociedad Anónima, experimentarán un crecimiento 

del 0,3 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio 

de 2009, siéndoles de aplicación a este colectivo lo dispuesto 

en el segundo párrafo del apartado Uno.a) de este 

artículo. 

Las retribuciones complementarias de estos funcionarios 

experimentarán, en su conjunto, un incremento del 0,3 por 

ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 2009, 

sin perjuicio de las adecuaciones que resulten necesarias 

para adaptarlas a los requerimientos y contenidos específicos 

de los puestos de trabajo de la Sociedad Estatal y del grado 

de consecución de sus objetivos. 

Cuatro. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe 

entenderse en términos de homogeneidad para los dos períodos 

de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos 

de personal como a la antigüedad del mismo. 

Artículo 25. Personal laboral del sector público estatal.— 

Uno. A los efectos de esta Ley se entiende por masa salarial 

el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales 

y los gastos de acción social devengados durante 2009 

por el personal laboral del sector público estatal, con el límite 

de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio 

de Economía y Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, 

exceptuándose, en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad 

Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a 

cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, 

suspensiones o despidos. 

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera 

realizado el trabajador. 

Con efectos de 1 de enero de 2010 la masa salarial del 

personal laboral del sector público estatal no podrá experimentar 

un crecimiento global superior al 0,3 por ciento respecto 

de la establecida para el ejercicio de 2009, 

comprendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Tres del artículo 

22 de la presente Ley, y de lo que pudiera derivarse de la 

consecución de los objetivos asignados a cada Departamento 

ministerial u Organismo público mediante el incremento de la 

productividad o modificación de los sistemas de organización 

del trabajo o clasificación profesional. 

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en 

términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 

comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal 

y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de 

trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras 

condiciones laborales, computándose por separado las cantidades 

que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 

Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite 

máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación 

individual se producirá a través de la negociación colectiva. 

La autorización de la masa salarial será requisito previo para 

el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos 

colectivos que se celebren en el año 2010, y con cargo a ella 

deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del 

personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y 

todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 

Dos. Durante el primer trimestre de 2010 el Ministerio de 

Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de los Departamentos 

ministeriales, Organismos, Agencias estatales, 

entidades públicas empresariales y demás entes públicos. La 

masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, 

en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes 

a las retribuciones del personal laboral afectado. 

Tres. Para el año 2010 las cuantías de la contribución individual 

al plan de pensiones de la Administración General 

del Estado correspondiente al personal laboral al que se refiere 

este artículo serán las establecidas para el personal 

funcionario. Para el personal laboral acogido al Convenio 

Único para el personal laboral de la Administración General 

del Estado las cuantías se ajustarán a la siguiente equivalencia: 

18

1 

Grupo/subgrupo 

Grupo profesional personal 

laboral 

A1 1 

A2 2 

C1 3 

C2 4 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 5 

Para el personal laboral no acogido al citado Convenio 

Único la equivalencia se efectuará de acuerdo con el nivel de 

titulación exigido en su convenio colectivo o contrato laboral, 

en consonancia con la establecida para el acceso a los grupos 

de titulación del personal funcionario. 

La cuantía de la contribución individual correspondiente a 

los trienios de personal laboral para el año 2010 será de 4,44 

euros por trienio. 

Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio 

colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o 

en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse 

al Ministerio de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas 

y devengadas durante 2009. 

Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, 

que se regirán por su normativa específica, no podrán 

experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan 

con carácter general para el personal no laboral de la 

Administración General del Estado. 

Artículo 26. Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno 

de la Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración 

General del Estado y otro personal directivo.— 

Uno. Continúan vigentes para 2010 las retribuciones de los 

Altos Cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos Consultivos 

en los mismos términos y cuantías establecidas en el 

artículo 26.Uno de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2008. 

Dos. Continúan vigentes para 2010 las retribuciones de 

los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales 

y asimilados en los mismos términos y cuantías establecidas 

en el artículo 26.Dos de la Ley 51/2007, de 26 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008. 

Dichos Altos Cargos percibirán el complemento de productividad 

que, en su caso, y de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 28.Uno.E de la presente Ley, se asigne a los mismos 

por el titular del Departamento, dentro de los créditos asignados 

para tal fin, créditos que no experimentarán incremento 

en relación con los asignados en 2008, en términos homogéneos 

de número y tipo de Altos Cargos, y sin perjuicio de 

que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes 

de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora 

de este complemento. 

Tres. Las retribuciones de los Presidentes de las Agencias 

estatales y de los Presidentes y Vicepresidentes de las entidades 

públicas empresariales y demás entes públicos y, en 

su caso, las de los Directores Generales y Directores de los 

citados organismos, cuando les corresponda el ejercicio de 

funciones ejecutivas de máximo nivel, durante el ejercicio 

2010, seguirán siendo las autorizadas a 31 de diciembre de 

2009 por la Ministra de Economía y Hacienda. 

La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo 

de las fundaciones del sector público estatal y de los consorcios 

participados mayoritariamente por la Administración 

General del Estado y sus Organismos, cuando les corresponda 

el ejercicio de funciones ejecutivas de máximo nivel, 

corresponderá a la Ministra de Economía y Hacienda. 

Las retribuciones de los cargos a que se refieren los párrafos 

anteriores que deban autorizarse por primera vez en 

2010, lo serán por la Ministra de Economía y Hacienda a 

propuesta del titular del Departamento al que se encuentren 

adscritos con respeto al criterio señalado en dichos párrafos. 

Cuatro. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores 

se percibirá, en catorce mensualidades, la retribución 

por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la 

normativa vigente. Asimismo, mantendrán la categoría y 

rango que les corresponda de conformidad con la normativa 

vigente. 

Cinco. 1. Continúan vigentes para 2010 las retribuciones 

de los Consejeros Permanentes y del Secretario General del 

Consejo de Estado en los mismos términos y cuantías establecidas 

en el artículo 26.Cuatro.1, de la Ley 51/2007, de 26 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

2008 sin perjuicio de la que pudiera corresponderles por el 

concepto de antigüedad. 

2. Dentro de los créditos establecidos al efecto, el Presidente 

del Consejo de Estado podrá asignar complemento de 

productividad a los Consejeros Permanentes y Secretario 

General del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

28.Uno.E de la presente Ley, créditos que no experimentarán 

incremento en relación con los asignados en 2008, en términos 

homogéneos de número y tipo de cargos a que hace 

referencia este artículo 26.Cinco. 

3. Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en 

los números anteriores de este apartado Cinco, dichos Altos 

Cargos percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los 

Acuerdos aprobados por el propio Órgano en materia de 

adecuación por el concepto de antigüedad, y, si hubieran tenido 

la condición previa de funcionarios públicos, con independencia 

de su situación de actividad, jubilación o retiro 

como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando 

los trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa 

en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, 

la diferencia resultante por este concepto cuando 

la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la 

aprobada en los referidos Acuerdos. 

Artículo 27. Retribuciones de los miembros del Consejo 

General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del 

Tribunal de Cuentas.— Uno. Continúan vigentes en el año 

2010 las retribuciones de los miembros del Consejo General 

del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

de Cuentas a que hace referencia el artículo 27, apartados 

Uno, Dos y Tres respectivamente de la Ley 51/2007, de 26 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, 

en los mismos términos y cuantías que las establecidas en 

dicho artículo, sin perjuicio de las que pudiera corresponderles 

por el concepto de antigüedad. 

Dos. Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto 

en el apartado anterior dichos cargos percibirán, en su caso, 

las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el 

propio Órgano en materia de adecuación por el concepto de 

antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios 

públicos, con independencia de su situación de actividad, 

jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho 

a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha 

condición según la normativa en cada caso aplicable y a 

percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante 

19

1 

por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa 

fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos. 

Artículo 28. Retribuciones de los funcionarios del Estado 

incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 

en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público.— Uno. De conformidad con lo establecido en los 

artículos 22. Cinco y 24.Uno de esta Ley, las retribuciones a 

percibir en el año 2010 por los funcionarios incluidos en el 

ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 

los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que 

desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno ha 

aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en dicha 

Ley, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la letra 

d) del citado artículo 24.Uno de esta Ley, serán las siguientes: 

A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o 

Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a 

que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las cuantías 

reflejadas en el artículo 22. Cinco de esta misma Ley, referidas 

a 12 mensualidades. 

B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se 

devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la 


del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas 

será de una mensualidad de sueldo, trienios y complemento 

de destino mensual que se perciba. 

Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de 

trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores 

a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria 

experimentará la correspondiente reducción 

proporcional. 

C) El complemento de destino correspondiente al nivel del 

puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes 

cuantías referidas a doce mensualidades: 

Nivel 

Importe/euros 

30 12.236,76 

29 10.975,92 

28 10.514,52 

27 10.052,76 

26 8.819,28 

25 7.824,84 

24 7.363,20 

23 6.901,92 

22 6.440,04 

21 5.979,12 

20 5.554,08 

19 5.270,52 

18 4.986,72 

17 4.703,04 

16 4.420,08 

Nivel 

Importe/euros 

15 4.136,04 

14 3.852,72 

13 3.568,68 

12 3.285,00 

11 3.001,44 

10 2.718,12 

9 2.576,40 

8 2.434,20 

7 2.292,60 

6 2.150,76 

5 2.008,92 

4 1.796,28 

3 1.584,24 

2 1.371,36 

1 1.158,84 

En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del 

complemento de destino fijada en la escala anterior podrá ser 

modificada, en los casos en que así proceda de acuerdo con 

la normativa vigente, sin que ello implique variación del nivel 

de complemento de destino asignado al puesto de trabajo. 

D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado 

al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 24.Uno.a), experimentará 

con carácter general un incremento del 0,3 por ciento respecto 

de la aprobada para el ejercicio de 2009. 

El complemento específico anual se percibirá en catorce 

pagas iguales de las que doce serán de percibo mensual y 

dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los 

meses de junio y diciembre, respectivamente. 

E) El complemento de productividad, que retribuirá el especial 

rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y 

el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de 

trabajo. 

Cada Departamento ministerial determinará, dentro del 

crédito total disponible, las cuantías parciales asignadas a 

sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de 

tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución 

y de fijación de las cuantías individuales del complemento 

de productividad, de acuerdo con las siguientes 

normas: 

1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en 

función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de 

puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, 

con el grado de participación en la consecución de los resultados 

u objetivos asignados al correspondiente programa. 

2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento 

de productividad durante un período de tiempo originarán 

derechos individuales respecto de las valoraciones o 

apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 

F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se 

concederán por los Departamentos ministeriales u Organismos 

públicos dentro de los créditos asignados a tal fin que no 

experimentarán crecimiento respecto a los asignados en 

2009. 

20

1 

Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente 

podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios 

prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en 

ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en 

su devengo, ni originar derechos individuales en períodos 

sucesivos. 

Dos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno.b) 

de esta Ley, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá 

modificar la cuantía de los créditos globales destinados a 

atender el complemento de productividad, las gratificaciones 

por servicios extraordinarios y otros incentivos al rendimiento, 

para adecuarla al número de efectivos asignados a cada 

programa y al grado de consecución de los objetivos fijados 

al mismo. Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán 

cuenta de los criterios de asignación y las cuantías individuales 

de dichos incentivos a los Ministerios de Economía y Hacienda 

y de la Presidencia, especificando los criterios de 

concesión aplicados. 

Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de 

aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas, 

incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo 

en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, 

siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 

28.Uno.B) de esta Ley, las retribuciones complementarias 

que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen 

y lo previsto en el artículo 28.Uno.D), de la presente Ley, excluidas 

las que estén vinculadas a la condición de funcionario 

de carrera. 

Cuatro. El personal eventual regulado en el artículo 12 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, percibirá las retribuciones por sueldo y pagas 

extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de 

clasificación al que el Ministerio de la Presidencia asimile sus 

funciones, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto 

en el artículo 28.Uno.B) de la presente Ley, las retribuciones 

complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado 

a personal eventual, que desempeñe y lo previsto en 

el artículo 28.Uno.D), de esta Ley. 

Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de 

servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a 

personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes 

a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos 

trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias 

que correspondan al puesto de trabajo que 

desempeñen siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 

28.Uno.B) de la presente Ley. 

Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, 

en su caso, a los funcionarios interinos y al personal eventual, 

así como a los funcionarios en prácticas, cuando las 

mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, 

siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios 

de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, 

salvo que dicho complemento esté vinculado a la condición 

de funcionario de carrera. Así mismo, les será de aplicación lo 

previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo 

en cuenta lo establecido en el Texto Refundido de la 

Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

Seis. Los funcionarios en cualquier situación administrativa 

en la que, de acuerdo con la normativa vigente aplicable 

en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción 

de trienios percibirán, además, el importe de la parte proporcional 

que, por dicho concepto, corresponda a las pagas extraordinarias. 

Siete. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas 

a que se refiere el artículo 24.1 del Reglamento aprobado 

por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, recaiga en 

funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos y/o 

subgrupos de titulación inferior a aquél en que se aspira a 

ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de 

prácticas o el curso selectivo, éstos seguirán percibiendo los 

trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho 

tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos 

pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en 

el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición 

de funcionario de carrera en estos últimos. 

Artículo 29. Retribuciones del personal de las Fuerzas 

Armadas.— Uno. Las retribuciones y otras remuneraciones 

del personal de las Fuerzas Armadas cuyas retribuciones 

básicas se vengan imputando al artículo 10 de la estructura 

económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado 

y de sus organismos públicos, no experimentarán variación 

en el ejercicio 2010 respecto a las establecidas para 

el año 2008, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que 

pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento 

de dedicación especial que, en su caso, se atribuya a 

los mismos por el titular del Departamento, dentro de los 

créditos asignados a tal fin; estos créditos no tendrán incremento 

alguno respecto de los existentes en el año 2008, en 

términos homogéneos de número y tipo de cargo. 

Dos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno de 

esta Ley las retribuciones a percibir en el año 2010 por los 

militares profesionales contemplados en la Ley 39/2007, de 

19 de noviembre, de la carrera militar, no incluidos en el 

apartado anterior, serán las siguientes: 

A) Las retribuciones básicas, excluidos trienios en los casos 

en que la normativa así lo prevea, que correspondan al 

grupo o subgrupo de equivalencia en que se halle clasificado 

el empleo correspondiente, en la cuantía establecida para los 

funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación 

de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 

de la Función Pública en los términos de la Ley 


Público. 

La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias 

se efectuará de acuerdo con la normativa específica 

aplicable a este personal y, supletoriamente, con la 

normativa de los funcionarios incluidos en el ámbito de la referida 

Ley, siendo igualmente de aplicación al personal en 

activo lo dispuesto en el artículo 24.Uno a), segundo párrafo, 

de la presente Ley en relación con las citadas pagas, por lo 

que se incluirá en las mismas la cuantía del complemento de 

empleo mensual que perciba. 

B) Las retribuciones complementarias de carácter general, 

el componente singular del complemento específico y el 

complemento por incorporación, en su caso, que experimentarán 

un incremento del 0,3 por ciento respecto de las establecidas 

en 2009, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 

24.Uno.a) de la presente Ley. 

C) El complemento de dedicación especial, incluido el 

concepto de «atención continuada» a que hace referencia el 

artículo 13.1 del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, 

y la gratificación por servicios extraordinarios, cuyas cuantías 

serán determinadas por el Ministerio de Defensa dentro de 

los créditos que se asignen específicamente para estas finalidades. 

21

1 

El crédito correspondiente a gratificaciones extraordinarias 

no experimentará variación respecto del asignado en 2009, 

en términos de homogeneidad con dicho año. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno.b) de esta 

Ley y en la regulación específica del régimen retributivo del 

personal militar, la Ministra de Economía y Hacienda podrá 

modificar la cuantía de los créditos destinados a atender la 

dedicación especial y la gratificación por servicios extraordinarios, 

para adecuarla al número de efectivos asignados a 

cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados 

al mismo. 

En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento 

de dedicación especial o por gratificación por servicios extraordinarios 

originarán derechos individuales respecto de 

valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos 

sucesivos. 

D) El incentivo por años de servicio, cuyas cuantías y requisitos, 

para su percepción, serán fijadas por la Ministra de 

Defensa, previo informe favorable de la Ministra de Economía 

y Hacienda. 

Tres. Cuando el Ministerio de Defensa haya suscrito 

conciertos con las Universidades para la utilización de las 

Instituciones sanitarias del Departamento según las bases 

establecidas para el régimen de los mismos en el Real Decreto 

1652/1991, de 11 de octubre, el personal militar médico 

y sanitario que ocupe puestos de trabajo en dichos centros 

con la condición de plazas vinculadas percibirá en 2010, 

además de las retribuciones básicas que les corresponda, en 

concepto de retribuciones complementarias, los complementos 

de destino, específico y de productividad en las cuantías 

establecidas en aplicación de la base decimotercera. ocho, 4, 

5 y 6.a) y b) del citado Real Decreto. 

Dicho personal podrá percibir asimismo la ayuda para vestuario 

y las pensiones de recompensas, el importe del complemento 

de dedicación especial en concepto de atención 

continuada, según lo establecido en el apartado C) del número 

anterior, así como las prestaciones familiares a que 

hace referencia el artículo 13.1 del Reglamento de Retribuciones 

del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por 

Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, todo ello sin 

perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en cuanto a la 

nómina única por la Universidad y a los mecanismos de 

compensación presupuestaria a que se refieren, respectivamente, 

el apartado siete de la citada base decimotercera y las 

bases establecidas al efecto en el correspondiente concierto. 

Cuatro. Los miembros de las Fuerzas Armadas que ocupen 

puestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos 

de trabajo del Ministerio o sus Organismos autónomos, percibirán 

en el año 2010 las retribuciones básicas correspondientes 

a su empleo militar, de acuerdo con lo establecido en 

el número Dos de este artículo, y las complementarias asignadas 

al puesto que desempeñen, de acuerdo con las cuantías 

establecidas en la presente Ley para los funcionarios del 

Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición 

final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, todo ello sin perjuicio 

de continuar percibiendo las pensiones y gratificaciones 

que sean consecuencia de recompensas militares, así como 

la ayuda para vestuario en la misma cuantía y condiciones 

que el resto del personal de las Fuerzas Armadas. 

Cinco. Asimismo, al personal al que se refiere este artículo 

le será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 

24.Uno, en su caso, teniendo en cuenta lo establecido en el 

Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 

Fondos de Pensiones. 

Lo dispuesto en el presente artículo debe entenderse sin 

perjuicio de la regulación específica que para determinados 

conceptos y personal de las Fuerzas Armadas se establece 

en la normativa vigente. 

Artículo 30. Retribuciones del personal del Cuerpo de la 

Guardia Civil.— Uno. Las retribuciones y otras remuneraciones 

del personal del Cuerpo de la Guardia Civil cuyas 

retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura 

económica del gasto de los Presupuestos Generales del 

Estado y de sus organismos públicos, no experimentarán variación 




de productividad que, en su caso, se atribuya a los 

mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos 

asignados a tal fin; estos créditos no tendrán incremento alguno 

respecto de los existentes en el año 2008, en términos 

homogéneos de número y tipo de cargo. 

Dos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de 

esta Ley, las retribuciones a percibir en el año 2010 por el 

personal del Cuerpo de la Guardia Civil, no incluido en el 

apartado anterior, serán las siguientes: 

A) Las retribuciones básicas que correspondan al Grupo o 

Subgrupo de equivalencia en que se halle clasificado el empleo 

correspondiente, en la cuantía establecida para los funcionarios 

del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la 

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 

la Función Pública, en los términos de la Disposición Final 

Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público. 


se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable 

a este personal y, supletoriamente, con la normativa de 

los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación 

de la referida Ley 30/1984, siendo igualmente de aplicación 

para el personal en servicio activo lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 24.Uno.a) de la presente Ley en relación 

con las citadas pagas extraordinarias, por lo que se incluirá 

en las mismas la cuantía del complemento de destino mensual 

que se perciba. 

B) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y 

periódico, que experimentarán un incremento del 0,3 por 

ciento respecto de las establecidas en 2009, sin perjuicio, en 

su caso, de lo previsto en el artículo 24.Uno.a) de esta Ley. 

El complemento de productividad y las gratificaciones por 

servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas 

para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito 

de aplicación del artículo 28 de esta Ley determinándose sus 

cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos 

que se asignen para estas finalidades. El crédito correspondiente 

a gratificaciones extraordinarias no experimentará 

crecimiento respecto del asignado en 2009 en términos de 

homogeneidad con dicho año. 

Tres. Asimismo, al personal al que se refiere este artículo 


24.Uno, en su caso, teniendo en cuenta lo establecido en el 

Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 

Fondos de Pensiones. 

Artículo 31. Retribuciones del personal del Cuerpo Nacional 

de Policía.— Uno. Las retribuciones y otras remu- 

22

1 

neraciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía cuyas 

retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura 

económica del gasto de los Presupuestos Generales del 

Estado y de sus organismos públicos no experimentarán variación 




de productividad que, en su caso, se atribuya a los 

mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos 

asignados a tal fin; estos créditos no tendrán incremento alguno 

respecto de los existentes en el año 2008, en términos 

homogéneos de número y tipo de cargo. 


esta Ley, las retribuciones a percibir en el año 2010 por los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, no incluidos en 

el apartado anterior, serán las siguientes: 

A) Las retribuciones básicas que correspondan al Grupo o 

Subgrupo de equivalencia en que se halle clasificada, a 

efectos económicos, la categoría correspondiente, en la 

cuantía establecida para los funcionarios incluidos en el ámbito 

de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 

para la Reforma de la Función Pública en los términos 

de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 


se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable 

a este personal y, supletoriamente, con la normativa de 

los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la referida 

Ley 30/1984, siendo igualmente de aplicación para el 

personal en servicio activo lo dispuesto en el segundo párrafo 

del artículo 24.Uno.a) de la presente Ley en relación con las 

citadas pagas extraordinarias por lo que se incluirá en las 

mismas la cuantía del complemento de destino mensual que 

se perciba. 

B) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y 

periódico, que experimentarán un incremento del 0,3 por 

ciento respecto de las establecidas en 2009, sin perjuicio, en 

su caso, de lo previsto en el artículo 24.Uno.a) de esta Ley. 

El complemento de productividad y las gratificaciones por 

servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas 

para los funcionarios del Estado incluidos en el artículo 

28 de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio 

del Interior dentro de los créditos que se asignen para estas 

finalidades. El crédito correspondiente a gratificaciones extraordinarias 

no experimentará crecimiento respecto del 

asignado en 2009 en términos de homogeneidad con dicho 

año. 

Tres. Asimismo les será de aplicación lo previsto en la letra 

d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en cuenta lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de 

los Planes y Fondos de Pensiones. 

Artículo 32. Retribuciones de los miembros de las Carreras 

Judicial y Fiscal, de los del Cuerpo de Secretarios Judiciales 

y del personal al servicio de la Administración de 

Justicia.— Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

24.Uno de esta Ley, las retribuciones a percibir en el año 

2010 por los miembros de las carreras judicial y fiscal serán 

las siguientes: 

1. El sueldo, a que se refieren los Anexos I y IV, respectivamente, 

de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del 

régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, queda establecido 

para el año 2010, en las cuantías siguientes referidas 

a doce mensualidades: 

Euros 

Carrera Judicial: 

Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 26.517,36 

Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 

25.121,04 

Presidente del Tribunal Superior Justicia 25.599,60 

Magistrado 22.755,96 

Juez 19.910,88 

Carrera Fiscal: 

Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma 25.599,60 

Fiscal 22.755,96 

Abogado Fiscal 19.910,88 

2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, 

corresponda. 

3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de 

acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos 

en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 

agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 


Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, 

de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según 

el caso, y la cuantía que se señala en el Anexo X de esta 

Ley. 

4. Las retribuciones complementarias y las variables y 

especiales de los miembros de las carreras judicial y fiscal 

experimentarán un incremento del 0,3 por ciento respecto de 

las vigentes en 2009. 

El crédito total destinado a las retribuciones variables por 

objetivos de los miembros de las carreras judicial y fiscal señaladas 

en el Capítulo III del Título I y en el Título II de la Ley 

15/2003, no podrá exceder del 5 por ciento de la cuantía 

global de las retribuciones de los miembros de las carreras 

judicial y fiscal, respectivamente. 

5. Asimismo, al personal a que se refiere este apartado le 

será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 

24.Uno, de la presente Ley, conforme a la titulación correspondiente 

a las distintas Carreras. 

6. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 

de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de 

diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal, sean nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de 

Área creada donde exista una sección de la Audiencia Provincial 

en sede distinta de la capital de provincia, percibirán 

el complemento de destino por el criterio de grupo de población 

correspondiente a los Fiscales destinados en la Sede de 

la Fiscalía Provincial y el complemento de destino en concepto 

de representación, el complemento específico y las 

pagas extraordinarias que corresponden al Teniente Fiscal de 

la Fiscalía Provincial. 

Los restantes Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área percibirán 

el complemento específico correspondiente al Teniente 

Fiscal de la Fiscalía Provincial. 

Los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial 

percibirán las retribuciones complementarias y paga 

extraordinaria que hubieran correspondido a los Fiscales Jefe 

y Tenientes Fiscales de la Audiencia Provincial, respectivamente. 

El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía 

General del Estado percibirá las retribuciones complementa- 

23

1 

rias y paga extraordinaria que corresponden al Teniente Fiscal 

Inspector de la Fiscalía General del Estado. 

Los Fiscales adscritos a Fiscales de Sala de la Fiscalía 

General del Estado y los Fiscales de la Unidad de Apoyo de 

la Fiscalía General del Estado percibirán en concepto de 

complemento específico el correspondiente a los Fiscales de 

la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. 

Los Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía 

Provincial percibirán, en concepto de complemento específico, 

el correspondiente a los Fiscales Coordinadores. 

7. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio 

de lo previsto en el artículo 9.2 de la precitada Ley 15/2003. 


esta Ley, las retribuciones a percibir en el año 2010 por los 

miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de los 

Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia serán las 

siguientes: 

1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación 

se refleja, y la retribución por antigüedad o trienios que, en su 

caso, les corresponda. 

a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Secretarios 

Judiciales queda establecido para el año 2010 en las cuantías 

siguientes, referidas a doce mensualidades: 

Euros 

Secretarios Judiciales de Primera Categoría 19.910,88 

Secretarios Judiciales de Segunda Categoría 18.488,52 

Secretarios Judiciales de Tercera Categoría 17.066,76 

b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio 

de la Administración de Justicia, a que se refiere el Libro VI 

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 

según la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 

de diciembre, queda establecido para el año 2010 en las 

cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades: 

Euros 

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y 17.066,76 

Ciencias Forenses 

Gestión Procesal y Administrativa 14.222,04 

Tramitación Procesal y Administrativa 11.377,80 

Auxilio Judicial 9.955,68 

Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

14.222,04 

Ayudantes Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

11.377,80 

c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de 

enero de 2004, en los Cuerpos al servicio de la Administración 

de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 

19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos 

para el año 2010 en las siguientes cuantías, referidas 


Euros 

Cuerpo de Oficiales 569,28 

Cuerpo de Auxiliares 427,08 

Cuerpo de Agentes Judiciales 355,80 

Cuerpo de Técnicos Especialistas 569,28 

Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio 427,08 

Euros 

Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir 355,80 

Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios con mas de 7.000 640,44 

habitantes a extinguir 

Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero 

de 1995 por el personal encuadrado en los Cuerpos de Médicos 

Forenses y Técnicos Facultativos, quedan establecidos 

para el año 2010 en 711,24 euros anuales, referidos a doce 


2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de 

acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos 

en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 

agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 


Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, 

de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según 

el caso, y la cuantía complementaria que se señala en el 

Anexo XI de esta Ley. 

3. a) El complemento general de puesto para los puestos 

adscritos a los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 

cuando de conformidad con la normativa vigente les 

resulte de aplicación este concepto, queda establecido para 

el año 2010 en las cuantías siguientes, referidas a doce 

mensualidades: 

Euros 

Puestos de Tipo I 16.955,16 

Puestos de Tipo II 14.482,44 

Puestos de Tipo III 13.827,48 

Puestos de Tipo IV 13.722,96 

Puestos de Tipo V 9.923,28 

Las restantes retribuciones complementarias, variables y 

especiales de los funcionarios del párrafo anterior, experimentarán 

un incremento del 0,3 por ciento respecto de las 

vigentes en 2009, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 

24.Uno.a), de esta Ley. 

Para los restantes puestos del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 

las retribuciones complementarias, variables y especiales 

establecidas en el Real Decreto 1130/2003, de 5 de 

septiembre, experimentarán un incremento del 0,3 por ciento 

respecto de las vigentes en 2009. 

3. b) El complemento general de puesto para los puestos 

adscritos a los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la 

Administración de Justicia, a que se refiere el apartado 

Dos.1.b) de este mismo artículo, de conformidad con lo previsto 

en el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, queda 

establecido para el año 2010 en las cuantías siguientes, referidas 


Gestión Procesal y Administrativa y Técnicos Especialistas 

del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. 

Tipo Subtipo Euros 

I A 4.192,44 

I B 5.008,08 

II A 3.860,16 

II B 4.675,80 

III A 3.694,08 

III B 4.509,72 

IV C 3.527,88 

24

1 

Tramitación Procesal y Administrativa y Ayudantes de 

Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses. 

Tipo Subtipo Euros 

IV D 3.694,44 

I A 3.638,88 

I B 4.454,64 

II A 3.306,72 

II B 4.122,36 

III A 3.140,52 

III B 3.956,16 

IV C 2.974,56 

Auxilio judicial. I A 2.858,40 

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional 

de Toxicología y Ciencias Forenses. 

Escala a extinguir de Gestión Procesal y Administrativa, procedentes del 

Cuerpo Secretarios de Juzgados Municipios de más de 7.000 habitantes. 

I B 3.674,04 

II A 2.526,00 

II B 3.341,76 

III A 2.359,92 

III B 3.175,68 

IV C 2.193,84 

I 19.798,20 

II 19.542,72 

III 19.287,24 

5.353,56 

Las restantes retribuciones complementarias, variables y 

especiales de los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior 

experimentarán un incremento del 0,3 por ciento respecto 

de las aplicadas el 31 de diciembre de 2009, sin 

perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 24.Uno.a), 

de esta Ley. 

En el caso en que a los funcionarios de los citados Cuerpos, 

en virtud de las previsiones contenidas en la disposición 

transitoria única del Real Decreto 1033/2007, les sea de 

aplicación lo previsto en el Real Decreto 1714/2004, de 23 de 

julio, sus retribuciones complementarias, variables y especiales, 

experimentarán un incremento del 0,3 por ciento respecto 

de las vigentes en 2009. 

4. En las retribuciones complementarias a que se hace referencia 

en los apartados anteriores, se entenderán incluidas 

las cantidades que, en cada caso, se reconocen, en concepto 

de paga adicional complementaria en el apartado Segundo 

del Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009 

publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio 

de la Presidencia (BOE de 20 de mayo de 2009). 

Asimismo, al personal al que se refiere este apartado Dos 


24.Uno, de la presente Ley, conforme a la titulación correspondiente 

a los distintos Cuerpos. 

Tres. En el año 2010 las retribuciones básicas y complementarias 

correspondientes a los funcionarios a que se 

refiere el artículo 145.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley 

Orgánica 19/2003, experimentarán un incremento del 0,3 por 

ciento respecto a las vigentes en 31 de diciembre de 2009, 

sin perjuicio, en su caso, y por lo que se refiere a las citadas 

retribuciones complementarias, de lo previsto en el artículo 

24.Uno.a) de esta Ley. 

Cuatro. Continúan vigentes para 2010 las retribuciones de 

los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal incluidos 

en los números 1 y 2 del apartado Cuatro del artículo 32 

de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2008, en idénticos términos y 

cuantías que las fijadas para los mismos en el citado apartado, 

números 1, 2 y 3, sin perjuicio de lo que se indica a continuación 

en relación con la retribución por antigüedad o 

trienios. 

El sueldo y las retribuciones complementarias de los 

miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a los que 

se refiere el párrafo anterior serán las establecidas en el 

mismo, quedando excluidos, a estos efectos, del ámbito de 

aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del 

régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sin perjuicio 

del derecho a la percepción, en 14 mensualidades, de la 

retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, les corresponda, 

así como del devengo de las retribuciones especiales 

que, asimismo, les pudieran corresponder. 

Por otra parte, al personal al que se refiere este apartado, 


24.Uno de la presente Ley, conforme al correspondiente nivel 

de titulación. 

Artículo 33. Retribuciones del personal de la Seguridad 

Social.— Uno. Las retribuciones a percibir en el año 2010 

por el personal funcionario de la Administración de la Seguridad 

Social, ya homologado con el resto del personal de la 

Administración General del Estado, serán las establecidas en 

el artículo 24 de esta Ley para los funcionarios del Estado 

incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 

de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público. Asimismo les será de aplicación lo previsto en la letra 

d) del artículo 24.Uno de la presente Ley. 

Dos. El personal incluido en el ámbito de aplicación del 

Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones 

del personal estatutario del Instituto Nacional de la 

Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento 

de destino, en las cuantías señaladas para dichos conceptos 

retributivos en el artículo 28.Uno.A), B) y C) de esta Ley, sin 

perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, 

dos, de dicho Real Decreto-Ley y de que la cuantía 

anual del complemento de destino, fijado en la letra C) del citado 

artículo 28.Uno se satisfaga en catorce mensualidades. 

A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, 

de lo dispuesto en el artículo 28.Uno.B) de la presente 

Ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a 

cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también 

en catorce mensualidades, calculándose dicha cuantía 

en una doceava parte de los correspondientes importes por 

niveles señalados en el artículo 28.Uno.C). 

El importe de las retribuciones correspondientes a los 

complementos específico y de atención continuada que, en su 

caso, estén fijados al referido personal, experimentarán un 

incremento del 0,3 por ciento respecto al aprobado para el 

ejercicio de 2009, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en 

el artículo 24.Uno.a) de esta Ley. 

La cuantía individual del complemento de productividad se 

determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 

2.tres.c) y disposición transitoria tercera del Real Decreto-Ley 

3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. 

Por otra parte, al personal al que se refiere este mismo 

apartado le será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 

24.Uno de la presente Ley. 

25

1 

Tres. En el año 2010 las retribuciones del restante personal 

funcionario y estatutario de la Seguridad Social experimentarán 

el incremento previsto en el artículo 24.Uno de 

esta Ley. Asimismo les será de aplicación lo dispuesto en la 

letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en cuenta lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de 

los Planes y Fondos de Pensiones. 

CAPÍTULO III 

OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DEL 

PERSONAL ACTIVO 

Artículo 34. Prohibición de ingresos atípicos.— Los 

empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de 

aplicación de la presente Ley, con excepción de aquéllos 

sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación 

alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de 

cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o 

a cualquier poder público como contraprestación de cualquier 

servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas 

impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas 

a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones 

del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio 

de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades 

y de lo dispuesto en la normativa específica sobre 

disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado. 

Artículo 35. Recompensas, cruces, medallas y pensiones 

de mutilación.— Uno. Durante el año 2010 las cuantías a 

percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas, 

y pensiones de mutilación, experimentarán un incremento 

del 0,3 por ciento sobre las reconocidas en 2009. 

Dos. La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar 

individual se regirán por su legislación especial. 

Tres. La Cruz a la Constancia y las diferentes categorías 

de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo se regirán 

por lo establecido en el Real Decreto 1189/2000, de 23 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar 

Orden de San Hermenegildo. 

Artículo 36. Otras normas comunes.— Uno. El personal 

contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos 

de Sanitarios Locales, así como el personal cuyas retribuciones 

en 2009 no correspondieran a las establecidas con 

carácter general en el Título III de la Ley 2/2008, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, y no les 

fueran de aplicación las establecidas expresamente en el 

mismo Título de la presente Ley, continuarán percibiendo, 

durante el año 2010, las mismas retribuciones que en 2009 

con un incremento del 0,3 por ciento respecto de las cuantías 

correspondientes a dicho año, sin perjuicio de la aplicación a 

este personal de lo dispuesto en el apartado Tres del artículo 

22 de la presente Ley. 

Dos. En la Administración General del Estado, sus Organismos 

autónomos y Agencias estatales, en los casos de 

adscripción durante el año 2010 de un funcionario sujeto a un 

régimen retributivo distinto del correspondiente al puesto de 

trabajo al que se le adscribe, dicho funcionario percibirá las 

retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, 

previa la oportuna asimilación de las retribuciones 

básicas que se autorice conjuntamente por los Ministerios de 

Economía y Hacienda y de la Presidencia, a propuesta de los 

Departamentos ministeriales interesados. 

A los solos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo 

anterior, se podrá autorizar que la cuantía de la retribución 

por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el 

régimen retributivo de origen del funcionario. 

Tres. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad 

Anónima, y la Entidad Pública Empresarial de Loterías y 

Apuestas del Estado no podrán abonar a su personal funcionario 

en situación de servicio activo, por retribuciones variables 

en concepto de incentivos al rendimiento, cantidades 

superiores a las que, para esta finalidad, se consignen en su 

presupuesto, salvo que exista informe previo favorable del 

Ministerio de Economía y Hacienda. 

Cuatro. Las referencias relativas a retribuciones contenidas 

en la presente Ley se entienden siempre hechas a retribuciones 

íntegras. 

Artículo 37. Requisitos para la determinación o modificación 

de retribuciones del personal laboral y no funcionario.— 

Uno. Durante el año 2010 será preciso informe favorable 

conjunto de los Ministerios de Economía y Hacienda y de la 

Presidencia para proceder a determinar o modificar las condiciones 

retributivas del personal laboral y no funcionario al 

servicio de: 

a) La Administración General del Estado y sus Organismos 

autónomos. 

b) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 

Social. 

c) Las Agencias estatales, de conformidad con su normativa 

específica. 

d) Las restantes entidades públicas empresariales y el 

resto de los organismos y entes públicos, en las condiciones 

y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la 

Comisión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las 

características específicas de aquéllas. 

Dos. Se entenderá por determinación o modificación de 

condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes 

actuaciones: 

a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva 

creación. 

b) Firma de convenios colectivos suscritos por los organismos 

citados en el apartado Uno anterior, así como sus 

revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos. 

c) Aplicación del Convenio único para el personal laboral 

de la Administración del Estado y de los convenios colectivos 

de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones 

o extensiones a los mismos. 

d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya 

se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, 

cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante 

convenio colectivo, con excepción del personal temporal sujeto 

a la relación laboral de carácter especial regulada en el 

artículo 2, apartado 1, letra e), del Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, 

se deberá facilitar información de las retribuciones de 

este último personal a los Ministerios de Economía y Hacienda 

y de la Presidencia. 

e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales 

de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque 

se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo 

de los funcionarios públicos. 

26

1 

f) Determinación de las retribuciones correspondientes al 

personal contratado en el exterior. 

Tres. El informe citado en el apartado Uno de este artículo 

afectará a todos los Organismos, Entidades y Agencias señalados 

en las letras a), b), c) y, para los del apartado d) en 

los términos en que se determine por la Comisión Interministerial 

de Retribuciones, y será emitido por el procedimiento y 

con el alcance previsto en los puntos siguientes: 

1. Los organismos afectados remitirán a los Ministerios de 

Economía y Hacienda y de la Presidencia el correspondiente 

proyecto, con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso 

de los convenios colectivos o contratos individuales, acompañando 

la valoración de todos sus aspectos económicos. 

2. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios 

colectivos será evacuado en el plazo máximo de quince 

días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de 

su valoración, versará sobre todos aquellos extremos de los 

que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia 

de gasto público, tanto para el año 2010 como para ejercicios 

futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación 

de la masa salarial correspondiente y al control de su 

crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de 

esta Ley. 

Cuatro. Los Ministerios de Economía y Hacienda y de la 

Presidencia determinarán y, en su caso, actualizarán las retribuciones 

del personal laboral en el exterior de acuerdo con 

las circunstancias específicas de cada país. 

Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados 

en esta materia con omisión del trámite de informe o en 

contra de un informe desfavorable, así como los pactos que 

impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos 

contrarios a los que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 

No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de 

las retribuciones para el año 2010 sin el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el presente artículo. 

Artículo 38. Contratación de personal laboral con cargo a 

los créditos de inversiones.— Uno. Los Departamentos 

ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales y 

Entidades Gestoras de la Seguridad Social podrán formalizar 

durante el año 2010, con cargo a los respectivos créditos de 

inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal 

para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la 

concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de 

obras por administración directa y con aplicación de la legislación 

de contratos del Estado, o la realización de servicios 

que tengan la naturaleza de inversiones. 

b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones 

previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales del 

Estado. 

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con 

el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente 

en el crédito presupuestario destinado a la contratación de 

personal. 

Dos. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las 

prescripciones de los artículos 15 y 17 del Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y con respeto a lo 

dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 

del Personal al Servicio de la Administración 

Pública. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la 

obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato 

y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades 

que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales 

o temporales. Los departamentos, organismos o entidades 

habrán de evitar el incumplimiento de las citadas 

obligaciones formales, así como la asignación de personal 

contratado para funciones distintas de las determinadas en 

los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de 

permanencia para el personal contratado, actuaciones que, 

en su caso, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, 

de conformidad con el artículo 176 de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

La información a los representantes de los trabajadores se 

realizará de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Tres. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario 

cuando se trate de obras o servicios que hayan de 

exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de 

inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos 

que para éstos se prevé en el artículo 47 de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en esta propia 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2010. 

Cuatro. Los contratos habrán de ser informados, con carácter 

previo a su formalización, por la Abogacía del Estado 

en el Departamento, organismo o entidad que, en especial, se 

pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la 

observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y 

formalidades exigidos por la legislación laboral. 

Cinco. La realización de los contratos regulados en el 

presente artículo será objeto de fiscalización previa en los 

casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 152 a 156 de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A estos 

efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados 

para la contratación de personal eventual si no existe 

crédito suficiente para ello en el concepto presupuestario 

destinado específicamente a dicha finalidad. 

En los Organismos autónomos del Estado, con actividades 

industriales, comerciales, financieras o análogas, y en las 

entidades públicas empresariales, esta contratación requerirá 

informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, 

que versará sobre la no disponibilidad de crédito en el concepto 

presupuestario destinado a la contratación de personal 

eventual en el capítulo correspondiente. En caso de disconformidad 

con el informe emitido, el organismo autónomo o la 

Entidad pública empresarial podrán elevar el expediente al 

Ministerio de Economía y Hacienda para su resolución. 

Artículo 39. Competencia del Ministerio de Economía y 

Hacienda en materia de costes del personal al servicio del 

sector público.— Todos los acuerdos, convenios, pactos o 

instrumentos similares, así como las medidas que se adopten 

en su cumplimiento o desarrollo, adoptados en el ámbito de 

los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias Estatales, 

entidades públicas empresariales y demás entes públicos 

del sector público estatal de los que deriven 

incrementos, directa o indirectamente, de gasto público en 

materia de costes de personal requerirán, para su plena 

efectividad, el informe previo y favorable del Ministerio de 

Economía y Hacienda siendo nulos de pleno derecho los que 

se alcancen sin dicho informe. 

27

1 

TÍTULO IV 

De las pensiones públicas 

CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN INICIAL DE LAS PENSIONES DEL 

RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO, 

ESPECIALES DE GUERRA Y NO CONTRIBUTIVAS DE LA 


Artículo 40. Determinación inicial de las pensiones del 

Régimen de Clases Pasivas del Estado.— Uno. Para la 

determinación inicial de las pensiones reguladas en los Capítulos 

II, III, IV y VII del Subtítulo Segundo del Título Primero 

del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 


abril, causadas por el personal a que se refiere el artículo 3, 

apartado 1, letras a), b) y e) del mismo texto legal, se tendrán 

en cuenta para el 2010 los haberes reguladores que a continuación 

se establecen, asignándose de acuerdo con las reglas 

que se contienen en cada uno de los respectivos 

apartados del artículo 30 de la citada norma: 

a) Para el personal incluido en los supuestos del apartado 

2 del artículo 30 del Texto Refundido de la Ley de Clases 

Pasivas del Estado: 

Multiplicador 

Haber regulador - Euros/año 

3,00 38.769,75 

2,50 38.769,75 

2,25 30.512,77 

2,00 26.718,89 

1,50 18.540,45 

1,25 15.807,20 

Tribunal Constitucional 

Cuerpo 


Secretario General 38.769,75 

De Letrados 38.769,75 

Gerente 38.769,75 

Cortes Generales 

Cuerpo 



Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 

Haber regulador - Euros/ 

año 

De Archiveros-Bibliotecarios 38.769,75 

De Asesores Facultativos 38.769,75 

A1 38.769,75 

A2 30.512,77 

B 26.718,88 

C1 23.434,34 

C2 18.540,45 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales 15.807,20 

b) Para el personal mencionado en el apartado 3 del referido 

artículo 30 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas 

del Estado: 

Índice 

Administración Civil y Militar del Estado 


10 38.769,75 

8 30.512,77 

6 23.434,34 

4 18.540,45 

3 15.807,20 

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas 38.769,75 

Técnico-Administrativo 38.769,75 

Administrativo 23.434,34 

De Ujieres 18.540,45 

Dos. Para la determinación inicial de las pensiones causadas 

por el personal a que se refiere el artículo 3, apartado 

2, letras a) y c), del Texto Refundido de la Ley de Clases 

Pasivas del Estado, que surtan efectos económicos a partir 

de 1 de enero del 2010, se tendrán en cuenta las bases reguladoras 

que resulten de la aplicación de las siguientes reglas: 

a) Se tomará el importe que, dentro de los cuadros que se 

recogen a continuación, corresponda al causante por los 

conceptos de sueldo y, en su caso, grado, en cómputo anual, 

en función del cuerpo o del índice de proporcionalidad y grado 

de carrera administrativa o del índice multiplicador que tuviera 

asignado a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, carrera, escala, 

plaza, empleo o categoría al que perteneciese aquél. 


Índice 

Gra- 

Grado especial 

Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo 

do 

anual - Euros 

Multiplicador 

Administración de Justicia 


10 (5,5) 8 25.990,29 

10 (5,5) 7 25.275,99 

4,75 38.769,75 

4,50 38.769,75 

4,00 38.769,75 

3,50 38.769,75 

3,25 38.769,75 

10 (5,5) 6 24.561,72 

10 (5,5) 3 22.418,83 

10 5 22.054,10 

10 4 21.339,83 

10 3 20.625,56 

28

1 

Índice 

Gra- 

Grado especial 

Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo 

do 

anual - Euros 


10 2 19.911,22 

10 1 19.196,93 

8 6 18.545,78 

8 5 17.974,45 

8 4 17.403,12 

Cuerpo 

Importe por concepto de sueldo en cómputo anual - Euros 



Gerente 35.741,35 

8 3 16.831,76 

8 2 16.260,44 

8 1 15.689,08 

6 5 14.128,49 

Cuerpo 


Importe por concepto de sueldo en 

cómputo anual - Euros 

6 4 13.700,11 

6 3 13.271,79 

6 2 12.843,38 

6 1 (12 por 100) 13.853,43 

6 1 12.414,99 

4 3 10.454,39 

4 2 (24 por 100) 12.474,67 

4 2 10.168,73 

4 1 (12 por 100) 11.037,09 

4 1 9.883,07 

3 3 9.026,65 

3 2 8.812,43 

3 1 8.598,25 



De Archiveros-Bibliotecarios 23.390,51 

De Asesores Facultativos 23.390,51 

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. 21.479,84 

Técnico-Administrativo 21.479,84 

Administrativo 12.935,93 

De Ujieres 10.232,45 

b) Al importe anual por los conceptos de sueldo y, en su 

caso, grado, a que se refiere el apartado anterior, se sumará 

la cuantía que se obtenga de multiplicar el número de trienios 

que tenga acreditados el causante por el valor unitario en 

cómputo anual que corresponda a cada trienio en función del 

cuerpo o plaza en los que hubiera prestado servicios el causante, 

atendiendo, en su caso, a los índices de proporcionalidad 

o multiplicadores asignados a los mismos en los 

cuadros siguientes: 

Multiplicador 

Importe por concepto de sueldo en cómputo anual - Euros 


4,75 42.442,88 

Índice 

Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros 

4,50 40.209,03 

4,00 35.741,35 

3,50 31.273,68 

3,25 29.039,85 

3,00 26.806,01 

10 839,61 

8 671,70 

6 503,75 

4 335,87 

3 251,88 

2,50 22.338,34 

2,25 20.104,50 

2,00 17.870,68 

1,50 13.403,00 

1,25 11.169,18 

29

1 


Multiplicadores a efectos de trienios Valor unitario del trienio en cómputo anual - 

Cuerpo 

Euros 

3,50 1.563,66 

3,25 1.452,00 

3,00 1.340,30 

2,50 1.116,90 

2,25 1.006,60 

2,00 893,55 

1,50 670,15 

1,25 558,47 


Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros 



Gerente 1.563,66 

Cuerpo 


Valor unitario del trienio en cómputo 

anual - Euros 

De Letrados 956,39 

De Archiveros-Bibliotecarios 956,39 

De Asesores Facultativos 956,39 

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas 956,39 

Técnico-Administrativo 956,39 

Administrativo 573,85 

De Ujieres 382,55 

Tres. El importe mensual de las pensiones a que se refiere 

este precepto se obtendrá dividiendo por 14 el anual calculado 

según lo dispuesto en las reglas precedentes y la legislación 

correspondiente. 

Artículo 41. Determinación inicial y cuantía de las pensiones 

especiales de guerra para el 2010.— Uno. El 

importe de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 

5/1979, de 18 de septiembre, en favor de familiares de fallecidos 

como consecuencia de la guerra civil, no podrá ser 

inferior, para el 2010, al establecido como cuantía mínima en 

el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad 

en favor de titulares mayores de sesenta y cinco años. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a 

las pensiones causadas por el personal no funcionario en 

favor de huérfanos no incapacitados con derecho a pensión, 

de acuerdo con su legislación reguladora, cuya cuantía será 

de 146,77 euros mensuales. 

Dos. 1. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 

35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra ex combatientes 

de la zona republicana, cuyos causantes no tuvieran la 

condición de militar profesional de las Fuerzas e Institutos 

Armados, se fijan para el 2010 en las siguientes cuantías: 

a) La pensión de mutilación será la que resulte de aplicar 

los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad 

a la cantidad de 4.790,73 euros, referida a 12 mensualidades. 

b) La suma de la remuneración básica, la remuneración 

sustitutoria de trienios y las remuneraciones suplementarias 

en compensación por retribuciones no percibidas, será de 

12.920,50 euros, referida a 12 mensualidades, siendo el importe 

de cada una de las dos mensualidades extraordinarias 

de la misma cuantía que la de la mensualidad ordinaria por 

estos conceptos. 

c) Las pensiones en favor de familiares se fijan en el 

mismo importe que el establecido como de cuantía mínima en 

el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad 

en favor de titulares mayores de sesenta y cinco años, 

salvo las pensiones en favor de huérfanos no incapacitados 

mayores de 21 años con derecho a pensión, de acuerdo con 

su legislación reguladora, cuya cuantía será de 146,77 euros 

mensuales. 

2. El importe de las pensiones en favor de familiares de 

excombatientes profesionales reconocidas al amparo de la 

Ley 35/1980, no podrá ser inferior, para el 2010, al establecido 

como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad 

Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares 

mayores de 65 años. 

Tres. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 

6/1982, de 29 de marzo, sobre retribución básica a Mutilados 

Civiles de Guerra, se fijan para el 2010 en las siguientes 

cuantías: 

a) La retribución básica para quienes tengan reconocida 

una incapacidad de segundo, tercero o cuarto grado, en el 

100 por ciento de la cantidad de 9.044,35 euros, referida a 12 


b) Las pensiones en favor de familiares en el mismo importe 

que el establecido como de cuantía mínima en el sistema 

de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad 

en favor de titulares mayores de 65 años. 

Cuatro. Las pensiones reconocidas al amparo del Decreto 

670/1976, de 5 de marzo, en favor de mutilados de guerra 

que no pudieron integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados, 

se establecerán, para el 2010, en el importe que resulte 

de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado 

de incapacidad a la cuantía de 5.739,90 euros, referida a 12 


Cinco. La cuantía para el 2010 de las pensiones causadas 

al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, 

sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a 

quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas 

Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la 

República, se fijará tomando en consideración el importe por 

los conceptos de sueldo y grado que proceda de entre los 

contenidos en el apartado Dos.a) del precedente artículo 40. 

Las cuantías de estas pensiones no podrán ser inferiores a 


a) En las pensiones en favor de causantes, al importe establecido 

como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad 

Social para las pensiones de jubilación, con cónyuge a 

cargo, en favor de titulares mayores de 65 años. 

b) En las pensiones de viudedad, al importe establecido 

como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad So- 

30

1 

cial para las pensiones de viudedad en favor de titulares 

mayores de 65 años. 

Artículo 42. Determinación inicial de las pensiones no 

contributivas de la Seguridad Social.— Uno. Para el año 

2010, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez de 

la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fijará 

en 4.755,80 euros íntegros anuales. 

Dos. Para el año 2010, se establece un complemento de 

pensión, fijado en 525 euros anuales, para aquellos pensionistas 

que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en 

propiedad, y residir como residencia habitual en una vivienda 

alquilada al pensionista por propietarios que no tengan con él 

o ella relación de parentesco hasta tercer grado. En el caso 

de unidades familiares en las que convivan varios perceptores 

de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el 

complemento el titular del contrato de alquiler, o de ser varios, 

el primero de ellos. 

Las normas de desarrollo necesarias para regular el procedimiento 

de solicitud, reconocimiento y abono de este 

complemento serán reglamentariamente determinadas por el 

Gobierno en la norma en la que se establezcan las cuantías y 

la revalorización a aplicar en el año 2010 a las pensiones del 

sistema de la Seguridad Social. 

CAPÍTULO II 

LIMITACIONES EN EL SEÑALAMIENTO INICIAL DE LAS 

PENSIONES PÚBLICAS 

Artículo 43. Limitación del señalamiento inicial de las 

pensiones públicas.— Uno. El importe a percibir como 

consecuencia del señalamiento inicial de las pensiones públicas 

no podrá superar durante el año 2010 la cuantía íntegra 

de 2.466,20 euros mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias 

que pudieran corresponder a su titular y cuya 

cuantía también estará afectada por el citado límite. 

No obstante lo anterior, si el pensionista tuviera derecho a 

percibir menos o más de 14 pagas al año, incluidas las extraordinarias, 

dicho límite mensual deberá ser adecuado, a 

efectos de que la cuantía íntegra anual que corresponda al 

interesado alcance o no supere, durante el año 2010 el importe 

de 34.526,80 euros. 

Dos. En aquellos supuestos en que un mismo titular cause 

simultáneamente derecho a dos o más pensiones públicas de 

las enumeradas en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de 

junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, 

conforme a la redacción dada por la disposición adicional 

décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por la disposición 

final segunda de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, el importe 

conjunto a percibir como consecuencia del señalamiento 

inicial de todas ellas estará sujeto a los mismos límites 

que se establecen en el apartado anterior. 

A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro 

de cada una de las pensiones públicas de que se trate 

y, si la suma de todas ellas excediera de 2.466,20 euros 

mensuales, se reducirán proporcionalmente hasta absorber 

dicho exceso. 

No obstante, si alguna de las pensiones que se causen estuviera 

a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades 

de Funcionarios incluidas en la letra c) del artículo 37 de 

la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la 

disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 

la minoración se efectuará preferentemente y, de 

resultar posible, con simultaneidad a su reconocimiento sobre 

el importe íntegro de dichas pensiones, procediéndose con 

posterioridad, si ello fuera necesario, a la aplicación de la 

reducción proporcional en las restantes pensiones, para que 

la suma de todas ellas no supere el indicado límite máximo. 

Tres. Cuando se efectúe el señalamiento inicial de una 

pensión pública en favor de quien ya estuviera percibiendo 

otra u otras pensiones públicas, si la suma conjunta del importe 

íntegro de todas ellas superase los límites establecidos 

en el apartado Uno de este precepto, se minorará o suprimirá 

el importe íntegro a percibir como consecuencia del último 

señalamiento hasta absorber la cuantía que exceda del referido 

límite legal. 

No obstante, si la pensión objeto de señalamiento inicial, en 

el presente o en anteriores ejercicios económicos, tuviera la 

consideración de renta exenta en la legislación reguladora 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a solicitud 

de su titular, procederá efectuar la citada minoración o 

supresión sobre la pensión o pensiones públicas que el interesado 

hubiera causado anteriormente. En tales supuestos 

los efectos de la regularización se retrotraerán al día 1 de 

enero del año en que se solicite o a la fecha inicial de abono 

de la nueva pensión, si ésta fuese posterior. 

Cuatro. Si en el momento del señalamiento inicial a que se 

refieren los apartados anteriores, los organismos o entidades 

competentes no pudieran conocer la cuantía y naturaleza de 

las otras pensiones que correspondan al beneficiario, dicho 

señalamiento se realizará con carácter provisional hasta el 

momento en que se puedan practicar las oportunas comprobaciones. 

La regularización definitiva de los señalamientos provisionales 

llevará, en su caso, aparejada la exigencia del reintegro 

de lo indebidamente percibido por el titular de la pensión. Este 

reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades 

de pensión. 

Cinco. Si con posterioridad a la minoración o supresión 

del importe del señalamiento inicial a que se refieren los 

apartados Dos y Tres, se alterase, por cualquier circunstancia, 

la cuantía o composición de las otras pensiones públicas 

percibidas por el titular, se revisarán de oficio o a instancia de 

parte las limitaciones que se hubieran efectuado, con efectos 

del primer día del mes siguiente a aquel en que se haya 

producido la variación. 

En todo caso, los señalamientos iniciales realizados en 

supuestos de concurrencia de pensiones públicas estarán 

sujetos a revisión periódica. 

Seis. La minoración o supresión del importe de los señalamientos 

iniciales de pensiones públicas que pudieran efectuarse 

por aplicación de las normas limitativas no significará, 

en modo alguno, merma o perjuicio de los derechos anejos al 

reconocimiento de la pensión diferentes al del cobro de la 

misma. 

Siete. El límite máximo de percepción establecido en este 

artículo no se aplicará a las siguientes pensiones públicas 

que se causen durante el año 2010: 

a) Pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas 

del Estado, originadas por actos terroristas. 

b) Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado 

mejoradas al amparo del Real Decreto-Ley 19/1981, de 30 de 

octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo. 

c) Pensiones extraordinarias reconocidas por la Seguridad 

Social, originadas por actos terroristas. 

31

1 

d) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la 

disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 

y del Orden Social. 

e) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, 

reconocidas al amparo del Real Decreto-Ley 6/2006, 

de 23 de junio. 

Ocho. Cuando en el momento del señalamiento inicial de 

las pensiones públicas concurran en un mismo titular alguna o 

algunas de las pensiones mencionadas en el apartado Siete 

de este artículo o de las establecidas en el Título II del Real 

Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas 

pensiones extraordinarias causadas por actos de 

terrorismo, con otra u otras pensiones públicas, las normas 

limitativas de este artículo sólo se aplicarán respecto de las 

no procedentes de actos terroristas. 

Nueve. Cuando durante 2010 se originen situaciones de 

concurrencia de pensiones de vejez o invalidez del extinguido 

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez con pensiones de 

viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad 

Social, o entre todas éstas y, además, cualquier otra 

pensión pública de viudedad, regirá el límite establecido en la 

disposición transitoria séptima del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

CAPÍTULO III 

REVALORIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS VALORES 

DE LAS PENSIONES PÚBLICAS PARA EL AÑO 2010 

Artículo 44. Revalorización y modificación de los valores 

de las pensiones públicas para el 2010.— Uno. Las pensiones 

de Clases Pasivas del Estado, salvo las excepciones 

que se contienen en los siguientes artículos de este Capítulo 

y que les sean de aplicación, experimentarán en el 2010 un 

incremento del 1 por ciento, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas 

del Estado. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los 

importes de garantía que figuran en el precedente artículo41, 

respecto de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación 

especial de la guerra civil. 

Dos. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad 

Social, en su modalidad contributiva, experimentarán en 

el año 2010 un incremento del 1 por ciento, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 48 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, sin perjuicio de las excepciones 

contenidas en los artículos siguientes de este Capítulo 

y que les sean expresamente de aplicación. 

Tres. Las pensiones referidas en el artículo 42 de este Título 

que vinieran percibiéndose a 31 de diciembre de 2009, se 

fijarán en el año 2010 en 4.755,80 euros íntegros anuales. 

Cuatro. De acuerdo con lo establecido en la disposición 

adicional sexta, punto uno del texto refundido de la Ley sobre 

Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, 

las pensiones de las Mutualidades integradas en el 

Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado, cuando hubieran sido causadas con posterioridad 

a 31 de diciembre de2004, experimentarán el 1 de 

enero del año 2010 una reducción, respecto de los importes 

percibidos en 31 de diciembre de 2009, del 20 por ciento de la 

diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre 

de 1978 -o tratándose del Montepío de Funcionarios de la 

Organización Sindical, a 31 de diciembre de 1977- y la que 

corresponderíaen 31 de diciembre de 1973. 

Cinco. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes 

o sistemas de previsión enumerados en el artículo 37 de 

la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la 

disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 

y no referidas en los apartados anteriores de este 

artículo, experimentarán en el año 2010 la revalorización o 

modificación que, en su caso, proceda según su normativa 

propia, que se aplicará sobre las cuantías percibidas a 31 de 

diciembre de 2009, salvo las excepciones que se contienen 

en los siguientes artículos de este capítulo y que les sean 

expresamente de aplicación. 

Artículo 45. Pensiones no revalorizables durante el año 

2010.— Uno. En el año 2010 no experimentarán revalorización 

las pensiones públicas siguientes: 

a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los 

regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 

37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por 

la disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, y por la disposición final segunda de la Ley2/2008, 

de 23 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, 

en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones 

públicas percibidas por su titular, exceda de 2.466,20 euros 

íntegros en cómputo mensual, entendiéndose esta cantidad 

en los términos expuestos en el precedente artículo 43. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a 

las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas 

del Estado y de la Seguridad Social, originadas por actos terroristas, 

así como a las pensiones mejoradas al amparo del 

Real Decreto-ley 19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones 

extraordinarias a víctimas del terrorismo, y a las pensiones 

reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima 

tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social y a las 

pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, 

reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de 

junio. 

b) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor 

de los Camineros del Estado y causadas con anterioridad a 1 

de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular sólo 

percibiera esta pensión como tal caminero. 

c) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez 

e Invalidez, cuando entren en concurrencia con otras 

pensiones públicas, excepto en los supuestos regulados en 

el artículo 49 de esta Ley. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la 

suma de todas las pensiones concurrentes y las del citado 

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, una vez revalorizadas 

aquéllas, sea inferior a la cuantía fijada para la pensión 

de tal Seguro en el apartado Uno del mencionado artículo 49 

de esta Ley, calculadas unas y otras en cómputo anual, la 

pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará 

en un importe igual a la diferencia resultante. Esta 

diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible 

con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones 

del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones 

o por reconocimiento de nuevas prestaciones de 

carácter periódico. 

d) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el 

Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado que, en 31 de diciembre de 2009, hubieran 

32

1 

ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre 

de 1973. 

Dos. En el caso de que Mutualidades, Montepíos o Entidades 

de Previsión Social de cualquier tipo que integren a 

personal perteneciente a empresas o sociedades con participación 

mayoritaria del Estado, de Comunidades Autónomas, 

de Corporaciones Locales o de Organismos autónomos 

y se financien con fondos procedentes de dichos órganos o 

entidades públicas, o en el caso de que éstos, directamente, 

estén abonando al personal incluido en la acción protectora 

de aquellas pensiones complementarias por cualquier concepto 

sobre las que les correspondería abonar a los regímenes 

generales que sean de aplicación, las revalorizaciones a 

que se refiere el artículo 44 serán consideradas como límite 

máximo, pudiendo aplicarse coeficientes menores e incluso 

inferiores que la unidad, a dichas pensiones complementarias, 

de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pactos 

que se produzcan. 

Artículo 46. Limitación del importe de la revalorización 

para el año 2010 de las pensiones públicas.— Uno. El 

importe de la revalorización para el año 2010 de las pensiones 

públicas que, conforme a las normas de los preceptos de 

este Capítulo, puedan incrementarse, no podrá suponer para 

éstas, una vez revalorizadas, un valor íntegro anual superior a 

34.526,80 euros. 

Dos. En aquellos supuestos en que un mismo titular perciba 

dos o más pensiones públicas, la suma del importe 

anual íntegro de todas ellas, una vez revalorizadas las que 

procedan, no podrá superar el límite máximo a que se refiere 

el apartado anterior. Si lo superase, se minorará proporcionalmente 

la cuantía de la revalorización, hasta absorber el 

exceso sobre dicho límite. 

A tal efecto, cada entidad u organismo competente para 

revalorizar determinará su propio límite máximo de percepción 

anual para las pensiones a su cargo. Este límite consistirá 

en una cifra que guarde con la citada cuantía íntegra de 

34.526,80 euros anuales la misma proporción que la que 

guarda la pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad 

de que se trate con el conjunto total de las pensiones 

públicas que perciba el titular. 

El referido límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de 

la siguiente fórmula: 

L = P/T × 34.526,80 euros anuales. 

Siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de 

diciembre de 2009 por la pensión o pensiones a cargo del 

organismo o entidad competente, y «T» el resultado de añadir 

a la cifra anterior el valor íntegro anual de las restantes 

pensiones concurrentes del mismo titular en idéntico momento. 

No obstante lo anterior, si alguna de las pensiones que 

percibiese el interesado estuviera a cargo del Fondo Especial 

de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en la 

letra c) del artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la 

redacción dada por la disposición adicional décima de la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, o se tratase de las pensiones no 

revalorizables a cargo de alguna de las Entidades a que se 

refiere el apartado Dos del artículo 45 la aplicación de las 

reglas recogidas en los párrafos anteriores se adaptará reglamentariamente 

a fin de que se pueda alcanzar, en su caso, 

el límite máximo de percepción, en el supuesto de 

concurrir dichas pensiones complementarias con otra u otras 

cuyo importe hubiese sido minorado o suprimido a efectos de 

no sobrepasar la cuantía máxima fijada en cada momento. 

Tres. Cuando el organismo o entidad competente para 

efectuar la revalorización de la pensión pública, en el momento 

de practicarla, no pudiera comprobar fehacientemente 

la realidad de la cuantía de las otras pensiones públicas que 

perciba el titular, dicha revalorización se efectuará con carácter 

provisional hasta el momento en que se puedan practicar 

las oportunas comprobaciones. 

La regularización definitiva llevará aparejada, en su caso, la 

exigencia del reintegro de lo indebidamente percibido por el 

titular. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas 

mensualidades de pensión. 

En todo caso, las revalorizaciones efectuadas en supuestos 

de concurrencia de pensiones públicas estarán sujetas a revisión 

o inspección periódica. 

Cuatro. Las normas limitativas reguladas en este precepto 

no se aplicarán a: 

a) Pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas 

del Estado, originadas por actos terroristas. 

b) Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado 

mejoradas al amparo del Real Decreto-ley 19/1981, de 30 de 

octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo. 

c) Pensiones extraordinarias reconocidas por la Seguridad 

Social, originadas por actos terroristas. 

d) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la 

disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 


e) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, 

reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 

23 de junio. 

Cinco. Cuando en un mismo titular concurran alguna o 

algunas de las pensiones mencionadas en el precedente 

apartado Tres o de las establecidas en el Título II del Real 

Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas 

pensiones extraordinarias causadas por actos terroristas, 

con otra u otras pensiones públicas, las normas 

limitativas de este precepto sólo se aplicarán respecto de las 

no procedentes de actos terroristas. 

Seis. En los supuestos de concurrencia de pensiones de 

vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 

Invalidez con pensiones de viudedad, contemplados en el 

apartado Dos del artículo 49 de esta Ley, regirá el límite establecido 

en la disposición transitoria séptima del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, salvo que 

los interesados tuvieran reconocidos importes superiores con 

anterioridad a 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso se 

aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre 

que, por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de 

las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado 

límite. 

CAPÍTULO IV 

COMPLEMENTOS PARA MÍNIMOS 

Artículo 47. Reconocimiento de complementos para mínimos 

en las pensiones de Clases Pasivas.— Uno. En los 

términos que reglamentariamente se determinen, tendrán 

derecho a percibir los complementos económicos necesarios 

para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, los pensionistas 

de Clases Pasivas del Estado, que no perciban durante 

el ejercicio de 2010 ingresos de trabajo o de capital o 

33

1 

que, percibiéndolos, no excedan de6.923,90 euros al año. A 

tal efecto, también se computarán entre tales ingresos las 

plusvalías o ganancias patrimoniales. 

Para acreditar las rentas e ingresos, el Centro Gestor podrá 

exigir al pensionista una declaración de las mismas y, en su 

caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. 

Se presumirá que concurren los requisitos indicados 

cuando el interesado hubiera percibido durante 2009 ingresos 

por cuantía igual o inferior a 6.923,90 euros anuales. Esta 

presunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas 

obtenidas por la Administración. 

A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, 

se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones 

públicas que no estén a cargo de cualesquiera de los regímenes 

públicos básicos de previsión social. 

En los supuestos en que, de conformidad con las previsiones 

legales, se tenga reconocida una parte proporcional de la 

pensión de viudedad, el complemento para mínimos a aplicar, 

en su caso, lo será en la misma proporción que se tuvo 

en cuenta para el reconocimiento de la pensión. 

Los efectos económicos del reconocimiento de los complementos 

económicos se retrotraerán al día 1 de enero del 

Complementos para mínimos 

año en que se soliciten o a la fecha de arranque de la pensión, 

si ésta fuese posterior al 1 de enero. 

No obstante si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara 

con ocasión de ejercitar el derecho al cobro de la pensión, 

los efectos económicos podrán ser los de la fecha de 

arranque de la misma, con una retroactividad máxima de un 

año desde que se soliciten y siempre que se reúnan los requisitos 

necesarios para su percibo. 

Dos. Los reconocimientos de complementos económicos 

que se efectúen en el 2010 con base en declaraciones del 

interesado tendrán carácter provisional hasta que se compruebe 

la realidad o efectividad de lo declarado. 

En todo caso, la Administración podrá revisar periódicamente, 

de oficio o a instancia del interesado, las resoluciones 

de reconocimiento de complementos económicos, pudiendo 

llevar aparejado, en su caso, la exigencia del reintegro de lo 

indebidamente percibido por el titular de la pensión. Este 

reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades 

de pensión. 

Tres. Durante el 2010 las cuantías mínimas de las pensiones 

de Clases Pasivas quedan fijadas, en cómputo anual, 

en los importes siguientes: 

Cuatro. Los complementos económicos regulados en los 

apartados precedentes no se aplicarán a las pensiones reconocidas 

al amparo de la legislación especial derivada de la 

guerra civil cuyas cuantías se fijan en el artículo 41 de esta 

Ley, excepto a las pensiones de orfandad reconocidas al 

amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, así 

como a las reconocidas a favor de huérfanos no incapacitados 

mayores de 21 años, causadas por personal no funcionario 

al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 

35/1980, de 26 de junio. 

Artículo 48. Reconocimiento de los complementos para 

las pensiones inferiores a la mínima en el sistema de la Seguridad 

Social e importes de dichas pensiones en el año 

2010.— Uno. En los términos que reglamentariamente se 

determinen, tendrán derecho a percibir los complementos 

necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones, los 

pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad 

contributiva, que no perciban ingresos de capital o trabajo 

personal o que, percibiéndolos, no excedan de6.923,90 

euros al año. A tal efecto, también se computarán entre tales 

ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales. 

Para acreditar las rentas e ingresos, la Entidad Gestora 

podrá exigir al pensionista una declaración de los mismos y, 

en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias 

presentadas. 

No obstante, los pensionistas de la Seguridad Social en su 

modalidad contributiva que perciban ingresos por los conceptos 

indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el 

párrafo primero de este apartado tendrán derecho a un 

complemento por mínimos cuando la suma en cómputo 

anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión 

ya revalorizada resulte inferior a la suma de 6.923,90 euros 

más el importe en cómputo anual de la cuantía mínima fijada 

para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el 

complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre 

los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no 

determine para el interesado una percepción mensual conjunta 

de pensión y complemento por importe superior al de la 

cuantía mínima de pensión que corresponda en términos 

mensuales. 

A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, 

se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones 

públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes 

públicos básicos de previsión social. 

Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, 

con carácter compensatorio, a los pensionistas españoles, 

al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el 

Reino Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán 

a ningún efecto para el reconocimiento de los complementos 

para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones. 

Dos. Se presumirá que concurren los requisitos indicados 

en el número anterior cuando el interesado hubiera percibido 

durante el año 2009 ingresos por cuantía igual o inferior a 

6.923,90 euros. Esta presunción podrá destruirse, en su caso, 

por las pruebas obtenidas por la Administración. 

Tres. A efectos de lo previsto en este artículo, se considerará 

que existe cónyuge a cargo del titular de una pensión 

cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y dependa 

económicamente de él. 

Se entenderá que existe dependencia económica cuando 

concurran las circunstancias siguientes: 

34

1 

a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular 

de una pensión a cargo de un régimen básico público de 

previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto 

los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de 

ayuda por tercera persona, ambos de la Ley 13/1982, de 7 de 

abril, de Integración Social de los Minusválidos, y las pensiones 

asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de 

julio. 

b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista 

y de su cónyuge, computados en la forma señalada 

en el apartado Uno de este artículo, resulten inferiores a 

8.076,80 euros anuales. 

Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos 

referidos en el párrafo anterior y del importe, también en 

cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar 

resulte inferior a la suma de 8.076,80 euros y de la cuantía 

anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo de que se 

trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, 

distribuido entre el número de mensualidades que corresponda. 

Cuatro. A los efectos previstos en el apartado Uno de este 

artículo, los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad 

contributiva que tengan reconocido complemento por 

mínimos y hubiesen percibido durante el año 2009 ingresos 

de capital o trabajo personal que excedan de 6.923,90 euros, 

vendrán obligados a presentar antes del 1 de marzo del año 

2010 declaración expresiva de la cuantía de dichos ingresos. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar al reintegro de 

las cantidades indebidamente percibidas por el pensionista 

con los efectos y en la forma que reglamentariamente se determinen. 

Cinco. Durante el año 2010, las cuantías mínimas de las 

pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad 

contributiva, quedan fijadas, en cómputo anual, clase de 

pensión y requisitos concurrentes en el titular, en las cuantías 

siguientes: 


Titulares 

Con cónyuge 

a cargo - Euros/añnal 

Sin cónyuge: Unidad 

económica uniperso- 

Con cónyuge no a 

cargo - Euros/año 

- Euros/año 

Viudedad: 

Titular con cargas familiares 9.515,80 

Titular con sesenta y cinco años 

8.229,20 

o con discapacidad en grado 

igual o superior al 65%. 

Titular con edad entre sesenta y 

7.697,20 

sesenta y cuatro años 

Titular con menos de sesenta 

6.228,60 

años 


Euros/año 

Orfandad: 


En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.228,60 euros/año 

distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. 

Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en 4.944,80 

grado igual o superior al 65 por ciento 

En favor de familiares: 



Un solo beneficiario con sesenta y cinco años 6.074,60 

Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años 5.720,40 

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará 

en el importe que resulte de prorratear 3.717,00 euros/año entre el 

número de beneficiarios. 


Con cónyuge 

a cargo - Euros/año 

Titulares 

Sin cónyuge: Unidad 

económica unipersonal 

- Euros/año 


cargo - Euros/año 

CAPÍTULO V 

OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PENSIONES 

PÚBLICAS 

Jubilación: 

Titular con sesenta y cinco años 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Titular menor de sesenta y cinco 9.515,80 7.697,20 7.273,00 

años 

Incapacidad Permanente: 

Gran invalidez 15.229,20 12.343,80 11.708,20 

Absoluta 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Total: Titular con sesenta y cinco 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

años 

Total: Titular con edad entre sesenta 

9.515,80 7.697,20 7.273,00 

y sesenta y cuatro años 

Total: Derivada de enfermedad 

común menor de sesenta años 

5.115,60 5.115,60 55% base mínima 

cotización Régimen 

General. 

Parcial del régimen de accidentes 

de trabajo: Titular con sesenta 

y cinco años 

10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Artículo 49. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio 

de Vejez e Invalidez.— Uno. A partir del 1 de enero del 

año 2010, la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro 

Obligatorio de Vejez e Invalidez, no concurrentes con otras 

pensiones públicas, queda fijada en cómputo anual, en 

5.259,80 euros. 

A dichos efectos no se considerará pensión concurrente la 

prestación económica reconocida al amparo de la Ley 

3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español 

desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como 

consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida por los 

mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de 

la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación 

reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona 

previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 

Social de los Minusválidos, ni las pensiones extraordinarias 

derivadas de actos de terrorismo. 

Dos. El importe de las pensiones de vejez o invalidez del 

extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez será el 

establecido en el apartado anterior, aun cuando concurran 

35

1 

con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del 

sistema de la Seguridad Social, o con alguna de estas pensiones 

y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, 

sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los 

importes de todas ellas, del límite establecido en la disposición 

transitoria séptima del texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio. 

Tres. Cuando, para el reconocimiento de una pensión del 

extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, se hayan 

totalizado períodos de seguro o de residencia cumplidos en 

otros países vinculados a España por norma internacional de 

Seguridad Social que prevea dicha totalización, el importe de 

la pensión prorrateada a cargo de España no podrá ser inferior 

al 50 por 100 de la cuantía de la pensión del Seguro 

Obligatorio de Vejez e Invalidez que en cada momento corresponda. 

TÍTULO V 

De las operaciones financieras 

CAPÍTULO I 

DEUDA PÚBLICA 

Artículo 50. Deuda Pública.— Uno. Se autoriza a la 

Ministra de Economía y Hacienda para que incremente la 

Deuda del Estado, con la limitación de que el saldo vivo de la 

misma a 31 de diciembre del año 2010 no supere el correspondiente 

saldo a 1 de enero de 2010 en más de 

78.135.978,85 miles de euros. 

Dos. Este límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo 

ser sobrepasado en el curso del mismo, y quedará 

automáticamente revisado: 

a) Por el importe de las modificaciones netas de créditos 

presupuestarios correspondientes a los capítulos I a VIII. 

b) Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos 

contenidas en la presente Ley y la evolución real de los 

mismos. 

c) Por los anticipos de tesorería y la variación neta de las 

operaciones no presupuestarias previstas legalmente. 

d) Por la variación neta en los derechos y las obligaciones 

del Estado reconocidos y pendientes de ingreso o pago. 

Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite 

señalado en el apartado anterior según supongan un aumento 

o una disminución, respectivamente, de la necesidad de financiación 

del Estado. 

Artículo 51. Operaciones de crédito autorizadas a Organismos 

Públicos.— Uno. Se autoriza a los Organismos 

públicos que figuran en el Anexo III de esta Ley a concertar 

operaciones de crédito durante el año 2010 por los importes 

que, para cada uno, figuran en el Anexo citado. 

Asimismo, se autoriza a las entidades públicas empresariales 

que figuran en ese mismo Anexo III a concertar operaciones 

de crédito durante el año 2010 por los importes que, 

para cada una, figuran en dicho Anexo. La autorización se 

refiere, en este caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

111.4 de la Ley General Presupuestaria, a las operaciones 

de crédito que no se concierten y cancelen dentro del 

año. 

Dos. Los Organismos Públicos de Investigación dependientes 

del Ministerio de Ciencia e Innovación (Instituto Nacional 

de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Instituto 

Geológico y Minero de España; Instituto de Salud Carlos III; 

Instituto de Astrofísica de Canarias; Instituto Español de 

Oceanografía; Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 

y Tecnológicas), el Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, dependiente del 

Ministerio de Defensa, y la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia podrán concertar operaciones de crédito en 

forma de anticipos reembolsables en el ámbito de las convocatorias 

de ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación, 

con cargo al capítulo VIII de los Presupuestos Generales del 

Estado. 

Esta autorización será aplicable únicamente a los anticipos 

que se concedan con el fin de facilitar la disponibilidad de 

fondos para el pago de gastos que, una vez justificados, se 

financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Artículo 52. Asunción de deuda del Ente Público Radiotelevisión 

Española en liquidación.— Uno. El Estado asumirá, 

en la fecha de su vencimiento y por un importe máximo 

de1.500.000,00 miles de euros, el nominal de la operación de 

endeudamiento del Ente Público Radiotelevisión Española en 

liquidación, que se relacionan en el Anexo XV. 

Dos. La Ministra de Economía y Hacienda autorizará las 

operaciones de tesorería y adoptará las medidas necesarias 

para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Artículo 53. Información de la evolución de la Deuda del 

Estado al Ministerio de Economía y Hacienda y al Congreso 

de los Diputados y al Senado; y de las cuentas abiertas por 

el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras 

al Congreso de los Diputados y al Senado.— Los 

Organismos públicos que tienen a su cargo la gestión de la 

Deuda del Estado o asumida por éste, aun cuando lo asumido 

sea únicamente la carga financiera, remitirán a la Dirección 

General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de 

Economía y Hacienda la siguiente información: trimestralmente, 

sobre los pagos efectuados y sobre la situación de la 

Deuda el día último del trimestre, y al comienzo de cada año, 

sobre la previsión de gastos financieros y amortizaciones para 

el ejercicio. 

El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones 

de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado 

el saldo detallado de las operaciones financieras concertadas 

por el Estado y los Organismos Autónomos. 

Asimismo, el Gobierno comunicará trimestralmente el número 

de cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España 

o en otras entidades financieras, así como los importes 

y la evolución de los saldos. 

CAPÍTULO II 

AVALES PÚBLICOS Y OTRAS GARANTÍAS 

Artículo 54. Importe de los Avales del Estado.— Uno. 

El importe máximo de los avales a otorgar por el Estado durante 

el ejercicio del año 2010 no podrá exceder de 

42.000.000 miles de euros. 

Dos. Dentro del total señalado en el apartado anterior, se 

reservan los siguientes importes: 

13.500.000 miles de euros para garantizar, de acuerdo con 

lo establecido en la disposición adicional vigésima primera, 

apartado 8, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico, según la redacción dada por el artículo 1 del 

Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan 

determinadas medidas en el sector energético y se aprueba 

36

1 

el bono social, las obligaciones económicas exigibles al 

Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, derivadas 

de las emisiones de instrumentos financieros que realice 

dicho Fondo con cargo a los derechos de cobro que 

constituyan el activo del mismo. 

27.000.000 miles de euros para garantizar las obligaciones 

económicas exigibles al Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria, derivadas de las emisiones de instrumentos financieros, 

de la concertación de operaciones de préstamo y 

crédito, así como de la realización de cualesquiera otras 

operaciones de endeudamiento que realice dicho Fondo,de 

acuerdo con lo establecido por la Disposición adicional segunda 

del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre 

reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos 

propios de las entidades de crédito. 

Tres. Dentro del importe total máximo de los avales a 

otorgar por el Estado durante el ejercicio 2010, se reserva el 

importe de 1.000.000 miles de euros para garantizar las 

obligaciones derivadas de operaciones de financiación concertadas 

por empresas fabricantes de vehículos automóviles, 

válidamente constituidas en España, destinadas a la ejecución 

de planes industriales que contemplen inversiones productivas 

en España, así como de procesos de mejora de la 

competitividad. 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 

determinará el procedimiento de concesión de avales, 

los requisitos que deberán concurrir para la concesión de 

los mismos y las condiciones a que quedará sujeta la efectividad 

de los avales otorgados. 

Cuatro. Dentro del importe de 500.000 miles de euros no 

reservado en los apartados anteriores, se establece un límite 

máximo de 40.000 miles de euros para garantizar las obligaciones 

derivadas de operaciones de crédito concertadas por 

empresas navieras domiciliadas en España destinadas a la 

renovación y modernización de la flota mercante española 

mediante la adquisición por compra, por arrendamiento con 

opción a compra o por arrendamiento financiero con opción a 

compra, de buques mercantes nuevos, en construcción o 

usados cuya antigüedad máxima sea de cinco años. 

Las solicitudes de aval que se presenten transcurridos seis 

meses desde la fecha de formalización de la adquisición del 

buque no podrán ser tenidas en cuenta. 

La efectividad del aval que sea otorgado con anterioridad a 

la formalización de la adquisición del buque quedará condicionada 

a que dicha formalización se produzca dentro de los 

seis meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento 

del aval. 

El importe avalado no podrá superar el 35% del precio total 

del buque financiado. 

Las condiciones de los préstamos asegurables bajo este 

sistema serán, como máximo, las establecidas en el Real 

Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación 

a la construcción naval, o disposiciones posteriores que 

lo modifiquen. 

En todo caso, la autorización de avales se basará en una 

evaluación de la viabilidad económico-financiera de la operación 

y del riesgo. 

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos determinará 

el procedimiento de concesión de avales, los requisitos 

que deberán concurrir para la concesión de los mismos y 

las condiciones a que quedará sujeta la efectividad de los 

avales otorgados. 

Cinco. Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y 

Política Financiera para que, en la ejecución de los avales 

del Estado a los que se refiere el artículo 1 del Real Decretoley 

7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia 

Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción 

Concertada de los Países de la Zona Euro, pueda efectuar 

los pagos correspondientes a las obligaciones garantizadas 

mediante operaciones de tesorería con cargo al concepto 

específico establecido a tal fin. 

Con posterioridad a su realización, la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva 

al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el 

ejercicio, salvo los efectuados en el mes de diciembre de 

cada año, que se aplicarán al presupuesto en el primer trimestre 

del siguiente año. 

Artículo 55. Avales de las entidades públicas empresariales 

y sociedades mercantiles estatales.— Se autoriza a la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a prestar 

avales en el ejercicio del año 2010, en relación con las operaciones 

de crédito que concierten y con las obligaciones 

derivadas de concursos de adjudicación en que participen 

durante el citado ejercicio las sociedades mercantiles en cuyo 

capital participe directa o indirectamente, hasta un límite 

máximo de 1.210.000 miles de euros. 

Artículo 56. Información sobre avales públicos otorgados. 

— El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones 

de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del 

Senado el importe y características principales de los avales 

públicos otorgados. 

Artículo 57. Avales para garantizar valores de renta fija 

emitidos por Fondos de Titulización de activos.— Uno. El 

Estado podrá otorgar avales hasta una cuantía máxima, durante 

el ejercicio de 2010, de 3.000 millones de euros, con el 

objeto de garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos 

de titulización de activos constituidos al amparo de los convenios 

que suscriban la Administración General del Estado y 

las sociedades gestoras de Fondos de titulización de activos 

inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

con el objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva 

empresarial. 

Los activos cedidos al Fondo de titulización serán préstamos 

o créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras 

domiciliadas en España. No obstante, el activo 

cedido correspondiente a un mismo sector, de acuerdo con 

el nivel de división de la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas 2009, no podrá superar el 25 por ciento del total 

del activo cedido al Fondo de titulización. 

Los Fondos de titulización de activos se podrán constituir 

con carácter abierto, en el sentido del artículo 4 del Real Decreto 

926/1998, de 14 de mayo, por el que se regula los fondos 

de titulización de activos y las sociedades gestoras de 

fondos de titulización, por un período máximo de 2 años 

desde su constitución, siempre y cuando los activos cedidos 

al Fondo de titulización sean préstamos o créditos concedidos 

a partir del 1 de enero de2008. 

Para la constitución de un Fondo de titulización, las entidades 

de crédito interesadas, deberán ceder préstamos y 

créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras 

domiciliadas en España. Al menos, el 50 por ciento del saldo 

vivo de los préstamos y créditos cedidos, deberán tener un 

plazo de amortización inicial no inferior a un año y haber sido 

concedidos a pequeñas y medianas empresas. 

La entidad que ceda los préstamos y créditos deberá reinvertir 

la liquidez obtenida como consecuencia del proceso de 

37

1 

titulización, en préstamos o créditos, con un plazo de amortización 

inicial no inferior a un año, concedidos a todo tipo de 

empresas no financieras domiciliadas en España y que, al 

menos, el 80 por ciento sean a pequeñas y medianas empresas. 

La reinversión deberá realizarse, al menos, el 50 por 

ciento en el plazo de un año, a contar desde la efectiva disposición 

de la liquidez, y el resto en el plazo de dos años. A 

estos efectos, se entenderá por liquidez obtenida, el importe 

de los activos que la entidad cede al Fondo de Titulización en 

el momento de su constitución y, en su caso, en las posteriores 

cesiones que se realicen como consecuencia del carácter 

abierto del Fondo, durante el período de dos años anteriormente 

indicado. 

Dos. El importe vivo acumulado de todos los avales otorgados 

por el Estado a valores de renta fija emitidos por los 

Fondos de titulización de activos señalados en el apartado 

anterior no podrá exceder de 10.100 millones de euros a 31 


Tres. El otorgamiento de los avales señalados en el apartado 

uno de este artículo deberá ser acordado por el Ministerio 

de Economía y Hacienda, con ocasión de la constitución 

del fondo y previa tramitación del preceptivo expediente. 

Cuatro. Las Sociedades Gestoras de Fondos de titulización 

de activos deberán remitir a la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera la información necesaria para el 

control del riesgo asumido por parte del Estado en virtud de 

los avales, en particular la referente al volumen total del 

principal pendiente de amortización de los valores de renta 

fija emitidos por los Fondos de titulización de activos y a la 

tasa de activos impagados o fallidos de la cartera titulizada. 

Cinco. La constitución de los Fondos de titulización de 

activos a que se refieren los apartados anteriores estará 

exenta de todo arancel notarial y, en su caso, registral. 

Seis. Se faculta a la Ministra de Economía y Hacienda 

para que establezca las normas y requisitos a los que se 

ajustarán los convenios a que hace mención el apartado uno 

de este artículo. 

CAPÍTULO III 

RELACIONES DEL ESTADO CON EL INSTITUTO DE 

CRÉDITO OFICIAL 

Artículo 58. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito 

Oficial.— Uno. Reembolsos del Estado al Instituto de 

Crédito Oficial como consecuencia de la gestión del sistema 

CARI. El Estado reembolsará durante el año 2010 al Instituto 

de Crédito Oficial tanto las cantidades que éste hubiera satisfecho 

a las instituciones financieras en pago de las operaciones 

de ajuste de intereses previstas en la Ley 11/1983, de 

16 de agosto, de Medidas financieras de estímulo a la exportación, 

como los costes de gestión de dichas operaciones en 

que aquel haya incurrido. 

Para ese propósito, la dotación para el año 2010 al sistema 

C.A.R.I. (Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses), será la 

que figure en la partida presupuestaria 20.06.431A.444. 

En el caso de que existan saldos positivos del sistema a 

favor del Instituto de Crédito Oficial a 31 de diciembre del año 

2010, una vez deducidos los costes de gestión en los que 

haya incurrido el ICO, éstos se ingresarán en el Tesoro. 

Dentro del conjunto de operaciones de ajuste de intereses 

aprobadas a lo largo del ejercicio 2010, el importe de los 

créditos a la exportación a que se refiere el artículo 4.2 del 

Reglamento aprobado por el Real Decreto 677/1993, de 7 de 

mayo, que podrán ser aprobados durante el año 2010, asciende 

a 480.000 miles de euros. 

Con la finalidad de optimizar la gestión financiera de las 

operaciones de ajuste recíproco de intereses, el Instituto de 

Crédito Oficial podrá, concertar por sí o a través de agentes 

financieros de intermediación, operaciones de intercambio 

financiero que tengan por objeto cubrir el riesgo que para el 

Tesoro pueda suponer la evolución de los tipos de interés, 

previo informe de la Dirección General del Tesoro y Política 

Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda y autorización 

de la Dirección General de Comercio e Inversiones 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Dos. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial 

como consecuencia de otras actividades. En los supuestos de 

intereses subvencionados por el Estado, en operaciones financieras 

instrumentadas a través del Instituto de Crédito 

Oficial, los acuerdos del Consejo de Ministros o de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos incluirán 

información acerca de la reserva de créditos en los 

Presupuestos Generales del Estado. 

Artículo 59. Información a las Cortes Generales.— 

Uno. Información a las Cortes Generales en materia del 

Instituto de Crédito Oficial. El Gobierno remitirá trimestralmente 

a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de 

los Diputados y del Senado información detallada de todas 

las compensaciones del Estado, en virtud de lo establecido en 

el artículo 58 de esta Ley. Asimismo, la información incluirá 

las cantidades reembolsadas al Instituto por el Estado a que 

se refiere el último párrafo del apartado diez de la disposición 

adicional vigésima segunda de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. 

Dos. Información a las Cortes Generales en materia de 

inversión y gasto público. El Gobierno remitirá semestralmente 

a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de 

los Diputados y del Senado información del grado de ejecución 

de la inversión, en su caso, con el detalle de la distribución 

territorial del Estado y de sus Organismos Autónomos. 

Artículo 60. Fondo de Ayuda al Desarrollo.— Uno. La 

dotación al Fondo de Ayuda al Desarrollo se incrementará en 

el año 2010 en1.847.885,65 miles de euros, que se destinarán 

a los fines previstos en el apartado 2 de la disposición 

adicional vigésima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Asimismo, 

con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo podrán 

financiarse, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación, aportaciones de capital y contribuciones financieras 

a Organismos e Instituciones Internacionales, 

Programas de Desarrollo y Fondos Multilaterales de Desarrollo 

con los que España tenga o suscriba el oportuno convenio 

o acuerdo de financiación. 

Dos. El incremento en la dotación al Fondo de Ayuda al 

Desarrollo se hará con cargo a las siguientes aplicaciones 

presupuestarias y por los siguientes importes: 

12.03.143A.872 «Fondo de Ayuda al Desarrollo en materia 

de Cooperación», 1.355.230,00 miles de euros. 

15.21.923P.871 «Fondo de Ayuda al Desarrollo para Instituciones 

Financieras Internacionales y para la Gestión de la 

Deuda Externa (FIDE)», 298.630,00 miles de euros. 

20.06.431A.871 «Fondo de Ayuda al Desarrollo para la Internacionalización», 

194.025,65 miles de euros. 

Tres. El Consejo de Ministros podrá aprobar operaciones 

con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo por un importe de 

hasta 2.153.860,00 miles de euros a lo largo del año2010, sin 

38

1 

que, en ningún caso, las dotaciones que se utilicen para financiar 

las operaciones realizadas con cargo al Fondo de 

Ayuda al Desarrollo puedan rebasar los importes indicados en 

el párrafo anterior, con arreglo a la siguiente distribución por 

Departamentos: 

Operaciones a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación: Hasta1.355.230,00 miles de euros. 

Dentro de este límite de aprobaciones por Consejo de Ministros, 

las operaciones que por su carácter no reembolsable 

conlleven ajuste en déficit público tendrá un límite máximo de 

800.000 miles de euros. 

Operaciones a iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda: 

Hasta 298.630,00 miles de euros. 

Operaciones a iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio: Hasta 500.000 miles de euros. 

Quedan expresamente excluidas de esta limitación las 

operaciones de refinanciación de créditos concedidos con 

anterioridad con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo que 

se lleven a cabo en cumplimiento de los oportunos acuerdos 

bilaterales o multilaterales acordados en el seno del Club de 

París, de renegociación de la deuda exterior de los países 

prestatarios. 

Cuatro. Serán recursos adicionales a la dotación prevista 

para cada una de las aplicaciones del Fondo de Ayuda al 

Desarrollo y se aplicarán a cada una de las mismas, los retornos 

que tengan lugar durante el ejercicio económico 2010 

y que tengan su origen en operaciones aprobadas a iniciativa 

del departamento ministerial correspondiente. 

Cinco. La compensación anual al ICO establecida en el 

punto 10 de la Disposición adicional vigésimo segunda de la 

Ley 62/2003, será efectuada por los tres Departamentos 

mencionados en un porcentaje determinado por la proporción 

que supone el límite de aprobación de operaciones asignado 

a cada Departamento respecto al límite total de aprobaciones. 

Seis. El Gobierno informará semestralmente al Congreso 

y al Senado del importe, país de destino y condiciones de las 

operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros con 

cargo a dicho Fondo. 

Artículo 61. Fondo para la concesión de microcréditos 

para proyectos de desarrollo social básico en el exterior.— 

La dotación al Fondo para la concesión de microcréditos a 

que se refiere el artículo105 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, ascenderá a 100.000,00 miles de euros y se destinará 

a los fines previstos en el apartado tres de ese artículo, así 

como a los gastos de asistencia técnica de los distintos proyectos. 

El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con 

cargo al Fondo por un importe máximo de hasta 100.000,00 

miles de euros a lo largo del año 2010. 

El Gobierno informará semestralmente al Congreso y al 

Senado del importe, país de destino y condiciones de las 

operaciones autorizadas por Consejo de Ministros con cargo 

a este Fondo. 

Artículo 62. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.— 

La dotación al Fondo de Cooperación para Agua 

y Saneamiento ascenderá en el año2010 a 300.000,00 miles 

de euros y se destinará a los fines previstos en el apartado3 

de la Disposición adicional sexagésima primera de la Ley 


Estado para 2008. 

El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con 

cargo al Fondo por un importe máximo de hasta 300.000,00 

miles de euros a lo largo del año 2010. 

El Gobierno informará semestralmente al Congreso y al 

Senado del importe, país de destino y condiciones de las 

operaciones autorizadas por Consejo de Ministros con cargo 

a este Fondo. 

CAPÍTULO IV 

CAPÍTULO 8 DEL PRESUPUESTO 

Artículo 63. Préstamos y anticipos con cargo al capítulo 8 

del Presupuesto.— Será preceptivo y vinculante el informe 

del Ministerio de Economía y Hacienda para la concesión de 

préstamos y anticipos, con cargo al capítulo 8 de los Presupuestos 

Generales del Estado, a las entidades del sector 

público comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 

del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 

28 de diciembre. 

El citado informe tendrá por objeto determinar el efecto que 

las condiciones de concesión de dichos préstamos y anticipos 

puedan tener sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria a que se refiere el artículo 7 del texto 

refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de28 de diciembre, 

y en atención a dichas consideraciones determinará 

la procedencia de la concesión de las operaciones propuestas. 

Mediante Orden de la Ministra de Economía y Hacienda 

podrán dictarse las instrucciones que sean precisas para el 

cumplimiento de esta disposición. 

TÍTULO VI 

Normas Tributarias 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Sección 1 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Artículo 64. Coeficientes de actualización del valor de 

adquisición.— Uno. A efectos de lo previsto en el apartado 

2 del artículo 35 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 

para las transmisiones de bienes inmuebles no 

afectos a actividades económicas que se efectúen durante el 

año 2010, los coeficientes de actualización del valor de adquisición 

serán los siguientes: 


Coeficiente 

1994 y anteriores 1,2780 

1995 1,3502 

1996 1,3040 

1997 1,2780 

1998 1,2532 

1999 1,2307 

2000 1,2070 

2001 1,1833 

39

1 


Coeficiente 

2002 1,1601 

2003 1,1374 

2004 1,1150 

2005 1,0932 

2006 1,0718 

2007 1,0508 

2008 1,0302 

2009 1,0100 

2010 1,0000 

No obstante, cuando las inversiones se hubieran efectuado 

el 31 de diciembre de 1994, será de aplicación el coeficiente 

1,3502. 

La aplicación de un coeficiente distinto de la unidad exigirá 

que la inversión hubiese sido realizada con más de un año de 

antelación a la fecha de la transmisión del bien inmueble. 

Dos. A efectos de la actualización del valor de adquisición 

prevista en el apartado anterior, los coeficientes aplicables a 

los bienes inmuebles afectos a actividades económicas serán 

los previstos para el Impuesto sobre Sociedades en el artículo 

74 de esta Ley. 

Tres. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decretoley 

7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter 

fiscal y de fomento y liberalización de la actividad 

económica, se aplicarán las siguientes reglas: 

1.ª Los coeficientes de actualización a que se refiere el 

apartado anterior se aplicarán sobre el precio de adquisición y 

sobre las amortizaciones contabilizadas correspondientes al 

mismo, sin tomar en consideración el importe del incremento 

neto del valor resultante de las operaciones de actualización. 

2.ª La diferencia entre las cantidades determinadas por la 

aplicación de lo establecido en el número anterior se minorará 

en el importe del valor anterior del elemento patrimonial. 

Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial 

actualizado se tomarán los valores que hayan sido considerados 

a los efectos de aplicar los coeficientes de actualización. 

3.ª El importe que resulte de las operaciones descritas en 

el número anterior se minorará en el incremento neto de valor 

derivado de las operaciones de actualización previstas en el 

Real Decreto-Ley 7/1996, siendo la diferencia positiva así 

determinada el importe de la depreciación monetaria. 

4.ª La ganancia o pérdida patrimonial será el resultado de 

minorar la diferencia entre el valor de transmisión y el valor 

contable en el importe de la depreciación monetaria a que se 

refiere el número anterior. 

Artículo 65. Exención de las prestaciones por desempleo 

en la modalidad de pago único.— Con efectos desde 1 de 

enero de 2010 y vigencia indefinida, el apartado n) del artículo 

7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 

las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 

de no Residentes y sobre el Patrimonio, queda redactado de 

la siguiente forma: 

«n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la 

respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad 

de pago único establecida en el Real Decreto 

1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la 

prestación por desempleo en su modalidad de pago único, 

con el límite de 15.500 euros, siempre que las cantidades 

percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos 

en la citada norma. 

El límite establecido en el párrafo anterior no se aplicará en 

el caso de prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores 

que sean personas con discapacidad que se conviertan 

en trabajadores autónomos, en los términos del 

artículo 31 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social. 

La exención prevista en el párrafo primero estará condicionada 

al mantenimiento de la acción o participación durante 

el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente 

se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas 

de trabajo asociado, o al mantenimiento, durante idéntico 

plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo.» 

Artículo 66. Reducción por obtención de rendimientos del 

trabajo y de determinados rendimientos de actividades económicas.— 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2010, 

se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 

los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 

y sobre el Patrimonio: 

Uno. Se modifica el artículo 20, que quedará redactado 

como sigue: 

«Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del 

trabajo.— 1. El rendimiento neto del trabajo se minorará 

en las siguientes cuantías: 

a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales 

o inferiores a 9.180 euros: 4.080 euros anuales. 

b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo 

comprendidos entre 9.180,01 y 13.260 euros: 4.080 euros 

menos el resultado de multiplicar por 0,35 la diferencia entre 

el rendimiento del trabajo y 9.180 euros anuales. 

c) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores 

a 13.260 euros o con rentas, excluidas las exentas, 

distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros: 2.652 

euros anuales. 

2. Se incrementará en un 100 por ciento el importe de la 

reducción prevista en el apartado 1 de este artículo, en los 

siguientes supuestos: 

a) Trabajadores activos mayores de 65 años que continúen 

o prolonguen la actividad laboral, en las condiciones que reglamentariamente 

se determinen. 

b) Contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de 

empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado 

de su residencia habitual a un nuevo municipio, en las condiciones 

que reglamentariamente se determinen. Este incremento 

se aplicará en el periodo impositivo en el que se 

produzca el cambio de residencia y en el siguiente. 

3. Adicionalmente, las personas con discapacidad que 

obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos 

podrán minorar el rendimiento neto del trabajo en 3.264 euros 

anuales. 

Dicha reducción será de 7.242 euros anuales, para las 

personas con discapacidad que siendo trabajadores activos 

acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad 

40

1 

reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 

ciento. 

4. Como consecuencia de la aplicación de las reducciones 

previstas en este artículo, el saldo resultante no podrá ser 

negativo.» 

Dos. Se modifica el número 1.º del apartado 2 del artículo 

32, que quedará redactado como sigue: 

«1.º Cuando se cumplan los requisitos previstos en el 

número 2.º de este apartado, el rendimiento neto de las actividades 

económicas se minorará en las cuantías siguientes: 

a) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades 

económicas iguales o inferiores a 9.180 euros: 4.080 euros 

anuales. 

b) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades 

económicas comprendidos entre 9.180,01 y 13.260 euros: 

4.080 euros menos el resultado de multiplicar por 0,35 la diferencia 

entre el rendimiento neto de actividades económicas 

y 9.180 euros anuales. 

c) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades 

económicas superiores a 13.260 euros o con rentas, excluidas 

las exentas, distintas de las de actividades económicas 

superiores a 6.500 euros: 2.652 euros anuales. 

Adicionalmente, las personas con discapacidad que obtengan 

rendimientos netos derivados del ejercicio efectivo de 

actividades económicas podrán minorar el rendimiento neto 

de las mismas en 3.264 euros anuales. 

Dicha reducción será de 7.242 euros anuales, para las 

personas con discapacidad que ejerzan de forma efectiva una 

actividad económica y acrediten necesitar ayuda de terceras 

personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía 

igual o superior al 65 por ciento.» 

Artículo 67. Mínimo personal y familiar.— Con vigencia 

exclusiva para el ejercicio 2010, se introducen las siguientes 

modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio: 

Uno. Se modifica el artículo 57, que quedará redactado 

como sigue: 

«Artículo 57. Mínimo del contribuyente.— 1. El mínimo 

del contribuyente será, con carácter general, de 5.151 euros 

anuales. 

2. Cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 

años, el mínimo se aumentará en 918 euros anuales. Si la 

edad es superior a 75 años, el mínimo se aumentará adicionalmente 

en 1.122 euros anuales.» 

Dos. Se modifica el artículo 58, que quedará redactado 

como sigue: 

«Artículo 58. Mínimo por descendientes.— 1. El mínimo 

por descendientes será, por cada uno de ellos menor de 

veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su 

edad, siempre que conviva con el contribuyente y no tenga 

rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 

euros, de: 

1.836 euros anuales por el primero. 

2.040 euros anuales por el segundo. 

3.672 euros anuales por el tercero. 

4.182 euros anuales por el cuarto y siguientes. 

A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas 

personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y 

acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil 

aplicable. 

Entre otros casos, se considerará que conviven con el 

contribuyente los descendientes que, dependiendo del mismo, 

estén internados en centros especializados. 

2. Cuando el descendiente sea menor de tres años, el 

mínimo a que se refiere el apartado 1 anterior se aumentará 

en 2.244 euros anuales. 

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo 

como permanente, dicho aumento se producirá, con 

independencia de la edad del menor, en el período impositivo 

en que se inscriba en el Registro Civil y en los dos siguientes. 

Cuando la inscripción no sea necesaria, el aumento se 

podrá practicar en el período impositivo en que se produzca la 

resolución judicial o administrativa correspondiente y en los 

dos siguientes.» 

Tres. Se modifica el artículo 59, que quedará redactado 

como sigue: 

«Artículo 59. Mínimo por ascendientes.— 1. El mínimo 

por ascendientes será de 918 euros anuales, por cada uno de 

ellos mayor de 65 años o con discapacidad cualquiera que 

sea su edad que conviva con el contribuyente y no tenga 

rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 

euros. 

Entre otros casos, se considerará que conviven con el 

contribuyente los ascendientes discapacitados que, dependiendo 

del mismo, sean internados en centros especializados. 

2. Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo 

a que se refiere el apartado 1 anterior se aumentará en 

1.122 euros anuales.» 

Cuatro. Se modifica el artículo 60, que quedará redactado 

como sigue: 

«Artículo 60. Mínimo por discapacidad.— El mínimo por 

discapacidad será la suma del mínimo por discapacidad del 

contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes 

y descendientes. 

1. El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 

2.316 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad 

y 7.038 euros anuales cuando sea una persona con 

discapacidad y acredite un grado de minusvalía igual o superior 

al 65 por ciento. 

Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de 

asistencia, en 2.316 euros anuales cuando acredite necesitar 

ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado 

de minusvalía igual o superior al 65 por ciento. 

2. El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes 

será de 2.316 euros anuales por cada uno de los 

descendientes o ascendientes que generen derecho a la 

aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 

de esta Ley, que sean personas con discapacidad, cualquiera 

que sea su edad. El mínimo será de 7.038 euros anuales, por 

cada uno de ellos que acrediten un grado de minusvalía igual 

o superior al 65 por ciento. 

Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de 

asistencia, en 2.316 euros anuales por cada ascendiente o 

descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas 

o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o 

superior al 65 por ciento. 

3. A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración 

de personas con discapacidad los contribuyentes que 

41

1 

acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, 

un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 

ciento. 

En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía 

igual o superior al 33 por ciento en el caso de los 

pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida 

una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o 

gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas 

que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro 

por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía 

igual o superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas 

cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque 

no alcance dicho grado.» 

Cinco. Se modifica el artículo 61.4.ª, que quedará redactado 

como sigue: 

«Artículo 61.4. No obstante lo dispuesto en el apartado 

anterior, en caso de fallecimiento de un descendiente que 

genere el derecho al mínimo por descendientes, la cuantía 

será de 1.836 euros anuales por ese descendiente.» 

Artículo 68. Escalas general y complementaria del Impuesto.— 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2010, se 

introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, 

de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 


Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 63, que quedará 

redactado como sigue: 

«1. La parte de la base liquidable general que exceda del 

importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 

56 de esta Ley será gravada de la siguiente forma: 

1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos que 

se indican en la siguiente escala: 

Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado la escala 

a que se refiere el párrafo anterior será aplicable la siguiente 

escala complementaria: 

Base liquidable - Hasta Cuota íntegra - 

euros 

Euros 

Resto base liquidable - 

Hasta euros 

Tipo aplicable - Porcentaje 

17.707,20 8,34 

17.707,20 1.476,78 15.300,00 9,73 

33.007,20 2.965,47 20.400,00 12,86 

53.407,20 5.588,91 En adelante 15,87 

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado 

de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente 

al mínimo personal y familiar, la escala prevista 

en el número 1.º anterior.» 

Artículo 69. Tipos de gravamen del ahorro.— Con 

efectos desde 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, se 


de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 


Uno. Se modifica el artículo 66, que queda redactado de la 

siguiente forma: 

«Artículo 66. Tipos de gravamen del ahorro.— 1. La 

base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en 

su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere el 

artículo 56 de esta Ley, se gravará a los tipos que aparecen 

en la siguiente escala: 

Parte de la base liquidable - Euros 


Hasta 6.000 euros 11,72 

Base liquidable - Hasta 

euros 

Cuota íntegra - 

Euros 

Resto base liquidable - 

Hasta euros 


Desde 6.000,01 euros en adelante 12,95 

0,00 0,00 17.707,20 15,66 

17.707,20 2.772,95 15.300,00 18,27 

33.007,20 5.568,26 20.400,00 24,14 

53.407,20 10.492,82 En adelante 27,13 

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado 

de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente 

al mínimo personal y familiar, la escala prevista 

en el número 1.º anterior.» 

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 74, que quedará 


«1. La parte de la base liquidable general que exceda del 

importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 

56 de esta Ley será gravada de la siguiente forma: 

1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos de 

la escala autonómica del Impuesto que, conforme a lo previsto 

en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 

regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema 

de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 

común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, hayan 

sido aprobadas por la Comunidad Autónoma. 

2. En el caso de los contribuyentes que tuviesen su residencia 

habitual en el extranjero por concurrir alguna de las 

circunstancias a las que se refieren el apartado 2 del artículo 

8 y el apartado 1 del artículo 10 de esta Ley, la base liquidable 

del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, 

con el mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 

56 de esta Ley, se gravará a los tipos que aparecen en la siguiente 

escala: 



Hasta 6.000 euros 19 

Desde 6.000,01 euros en adelante 21» 

Dos. Se modifica el artículo 76, que queda redactado de la 


«Artículo 76. Tipo de gravamen del ahorro.— La base 

liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su 

caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 

56 de esta Ley, se gravará tipos que aparecen en la 

siguiente escala: 

42

1 



Hasta 6.000 euros 7,28 

Desde 6.000,01 euros en adelante 8,05» 

Tres. Se introduce una nueva disposición adicional vigésima 

octava, que queda redactada de la siguiente forma: 

«Disposición adicional vigésima octava. Porcentajes de 

reparto de la escala del ahorro.— La escala del ahorro 

aplicable para la determinación de la cuota íntegra estatal y 

autonómica será la resultante de aplicar a la escala prevista 

en el artículo 66.2 de esta Ley el porcentaje de reparto entre 

el Estado y la Comunidad Autónoma que derive del modelo 

de financiación existente en la Comunidad Autónoma en la 

que el contribuyente tenga su residencia habitual.» 

Artículo 70. Deducción por obtención de rendimientos del 

trabajo o de actividades económicas.— Con efectos desde 

1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, se introduce la siguiente 

modificación en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 



sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: 

Se modifica el apartado 1 del artículo 80 bis, que queda 

redactado en los siguientes términos: 

«1. Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 

12.000 euros anuales que obtengan rendimientos del trabajo 

o rendimientos de actividades económicas se deducirán la 

siguiente cuantía: 

a) cuando la base imponible sea igual o inferior a 8.000 

euros anuales: 400 euros anuales. 

b) cuando la base imponible esté comprendida enter 

8.000,01 y 12.000 euros anuales: 400 euros menos el resultado 

de multiplicar por 0,1 la diferencia entre la base imponible 

y 8.000 euros anuales.» 

Artículo 71. Importe de los pagos a cuenta.— Con 

efectos desde 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, el 

artículo 101 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 



Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 

queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 101. Importe de los pagos a cuenta.— 1. Las 

retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del 

trabajo derivados de relaciones laborales o estatutarias y de 

pensiones y haberes pasivos se fijarán reglamentariamente, 

tomando como referencia el importe que resultaría de aplicar 

las tarifas a la base de la retención o ingreso a cuenta. 

Para determinar el porcentaje de retención o ingreso a 

cuenta se podrán tener en consideración las circunstancias 

personales y familiares y, en su caso, las rentas del cónyuge 

y las reducciones y deducciones, así como las retribuciones 

variables previsibles, en los términos que reglamentariamente 

se establezcan. 

A estos efectos, se presumirán retribuciones variables 

previsibles, como mínimo, las obtenidas en el año anterior, 

salvo que concurran circunstancias que permitan acreditar de 

manera objetiva un importe inferior. 

Reglamentariamente podrá establecerse que el porcentaje 

de retención o ingreso a cuenta se exprese en números enteros, 

con redondeo al más próximo. 

2. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los 

rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de 

administradores y miembros de los consejos de administración, 

de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros 

de otros órganos representativos, será del 35 por ciento. Este 

porcentaje de retención e ingreso a cuenta se reducirá a la 

mitad cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o 

Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista 

en el artículo 68.4 de esta Ley. 


rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, 

coloquios, seminarios y similares, o derivados de la 

elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre 

que se ceda el derecho a su explotación, será del 15 por 

ciento. Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate 

de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que 

tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 

68.4 de esta Ley. 


rendimientos del capital mobiliario será del 19 por ciento. En 

el caso de los rendimientos previstos en los párrafos a) y b) 

del apartado 1 del artículo 25 de esta Ley, la base de retención 

estará constituida por la contraprestación íntegra, sin que 

se tenga en consideración, a estos efectos, la exención prevista 

en la letra y) del artículo 7 de esta Ley. 

Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de 

rendimientos que tengan derecho a la deducción en la cuota 

prevista en el artículo 68.4 de esta Ley, procedentes de sociedades 

que operen efectiva y materialmente en Ceuta o 

Melilla y con domicilio y objeto social exclusivo en dichas 

Ciudades. 

5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta 

sobre los rendimientos derivados de actividades económicas 

serán: 

a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades 

profesionales establecidos en vía reglamentaria. 

No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre 

los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan 

reglamentariamente. 

Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los rendimientos 

tengan derecho a la deducción en la cuota prevista 

en el artículo 68.4 de esta Ley. 

b) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes 

de actividades agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de las 

actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura, en 

que se aplicará el 1 por ciento. 

c) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes 

de actividades forestales. 

d) El 1 por ciento para otras actividades empresariales que 

determinen su rendimiento neto por el método de estimación 

objetiva, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente 

se establezcan. 

6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias 

patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos 

de acciones y participaciones de instituciones de inversión 

colectiva será del 19 por ciento. 

No se aplicará retención cuando no proceda computar la 

ganancia patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

94.1.a) de esta Ley. 

43

1 

El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las 

ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos 

forestales de los vecinos en montes públicos que reglamentariamente 

se establezcan, será del 19 por 100. 


premios que se entreguen como consecuencia de la participación 

en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, 

estén o no vinculadas a la oferta, promoción o venta de 

determinados bienes, productos o servicios, será del 19 por 

ciento. 


rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento 

de bienes inmuebles urbanos, cualquiera que sea su 

calificación, será del 19 por ciento. 

Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando el inmueble 

esté situado en Ceuta o Melilla en los términos previstos en 

el artículo 68.4 de esta Ley. 


rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, 

de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento 

de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento 

sobre los bienes anteriores, cualquiera que sea su calificación, 

será del 19 por ciento. 

10. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre 

los rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la 

explotación del derecho de imagen, cualquiera que sea su 

calificación, será el 24 por ciento. El porcentaje de ingreso a 

cuenta en el supuesto previsto en el artículo 92.8 de esta Ley 

será del 19 por ciento. 

11. Los porcentajes de los pagos fraccionados que deban 

practicar los contribuyentes que ejerzan actividades económicas 


a) El 20 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen 

el rendimiento neto por el método de estimación 

directa, en cualquiera de sus modalidades. 

b) El 4 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen 

el rendimiento neto por el método de estimación 

objetiva. El porcentaje será el 3 por ciento cuando se trate de 

actividades que tengan sólo una persona asalariada, y el 2 

por ciento cuando no se disponga de personal asalariado. 

c) El 2 por ciento, cuando se trate de actividades agrícolas, 

ganaderas, forestales o pesqueras, cualquiera que fuese 

el método de determinación del rendimiento neto. 

Estos porcentajes se reducirán a la mitad para las actividades 

económicas que tengan derecho a la deducción en la 

cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.» 

Artículo 72. Reducción del rendimiento neto de las actividades 

económicas por mantenimiento o creación de empleo. 

— Con efectos desde 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, 

se añade una disposición adicional vigésima séptima 

en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 


de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada 

de la siguiente forma: 

«Disposición adicional vigésima séptima. Reducción del 

rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento 

o creación de empleo.— 1. En cada uno de los 

períodos impositivos 2009, 2010 y 2011, los contribuyentes 

que ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de la 

cifra de negocios para el conjunto de ellas sea inferior a 5 

millones de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 

empleados, podrán reducir en un 20 por 100 el rendimiento 

neto positivo declarado, minorado en su caso por las reducciones 

previstas en el artículo 32 de esta Ley, correspondiente 

a las mismas, cuando mantengan o creen empleo. 

A estos efectos, se entenderá que el contribuyente mantiene 

o crea empleo cuando en cada uno de los citados períodos 

impositivos la plantilla media utilizada en el conjunto de 

sus actividades económicas no sea inferior a la unidad y a la 

plantilla media del período impositivo 2008. 

El importe de la reducción así calculada no podrá ser superior 

al 50 por ciento del importe de las retribuciones satisfechas 

en el ejercicio al conjunto de sus trabajadores. 

La reducción se aplicará de forma independiente en cada 

uno de los períodos impositivos en que se cumplan los requisitos. 

2. Para el cálculo de la plantilla media utilizada a que se 

refiere el apartado 1 anterior se tomarán las personas empleadas, 

en los términos que disponga la legislación laboral, 

teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la 

jornada completa y la duración de dicha relación laboral respecto 

del número total de días del período impositivo. 

No obstante, cuando el contribuyente no viniese desarrollando 

ninguna actividad económica con anterioridad a 1 de 

enero de 2008 e inicie su ejercicio en el período impositivo 

2008, la plantilla media correspondiente al mismo se calculará 

tomando en consideración el tiempo transcurrido desde el 

inicio de la misma. 

Cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna 

actividad económica con anterioridad a 1 de enero de 2009 e 

inicie su ejercicio con posterioridad a dicha fecha, la plantilla 

media correspondiente al período impositivo 2008 será cero. 

3. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de 

negocios, se tendrá en consideración lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 108 del Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades. 

Cuando en cualquiera de los períodos impositivos la duración 

de la actividad económica hubiese sido inferior al año, el 

importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 

4. Cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna 

actividad económica con anterioridad a 1 de enero de 

2009 e inicie su ejercicio en 2009, 2010 ó 2011, y la plantilla 

media correspondiente al período impositivo en el que se 

inicie la misma sea superior a cero e inferior a la unidad, la 

reducción establecida en el apartado 1 de esta disposición 

adicional se aplicará en el período impositivo de inicio de la 

actividad a condición de que en el período impositivo siguiente 

la plantilla media no sea inferior a la unidad. 

El incumplimiento del requisito a que se refiere el párrafo 

anterior motivará la no aplicación de la reducción en el período 

impositivo de inicio de su actividad económica, debiendo 

presentar una autoliquidación complementaria, con los 

correspondientes intereses de demora, en el plazo que medie 

entre la fecha en que se incumpla el requisito y la finalización 

del plazo reglamentario de declaración correspondiente al 

período impositivo en que se produzca dicho 

incumplimiento.» 

Sección 2.2 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

Artículo 73. Tipo de gravamen de las rentas del ahorro.— 

Con efectos desde 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, 

se introducen las siguientes modificaciones en el Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Re- 

44

1 

sidentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 

5 de marzo: 

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 19, que queda 

redactado de la siguiente forma: 

«2. Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas por establecimientos 

permanentes de entidades no residentes se 

transfieran al extranjero, será exigible una imposición complementaria, 

al tipo de gravamen del 19 por ciento, sobre las 

cuantías transferidas con cargo a las rentas del establecimiento 

permanente, incluidos los pagos a que hace referencia 

el artículo 18.1.a), que no hayan sido gastos deducibles a 

efectos de fijación de la base imponible del establecimiento 

permanente. 

La declaración e ingreso de dicha imposición complementaria 

se efectuará en la forma y plazos establecidos para las 

rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.» 

Dos. Se modifica la letra f) del apartado 1 del artículo 25, 

que queda redactada de la siguiente forma: 

«f) El 19 por ciento cuando se trate de: 

1.º Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación 

en los fondos propios de una entidad. 

2.º Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a 

terceros de capitales propios. 

3.º Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto 

con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales.» 

Sección 3 

Impuesto sobre Sociedades 

Artículo 74. Coeficientes de corrección monetaria.— 

Uno. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien 

durante el año 2010, los coeficientes previstos en el artículo 

15.9.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

4/2004, de 5 de marzo, en función del momento de adquisición 

del elemento patrimonial transmitido, serán los siguientes: 

Coeficiente 

Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,2719 

En el ejercicio 1984 2,0630 






















Coeficiente 






Dos. Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera: 

a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, 

atendiendo al año de adquisición o producción del elemento 

patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente 

al año en que se hubiesen realizado. 

b) Sobre las amortizaciones contabilizadas, atendiendo al 

año en que se realizaron. 

Tres. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto- 

Ley 7/1996, de 7 de junio, los coeficientes se aplicarán sobre 

el precio de adquisición y sobre las amortizaciones contabilizadas 

correspondientes al mismo, sin tomar en consideración 

el importe del incremento neto de valor resultante de las 

operaciones de actualización. 

La diferencia entre las cantidades determinadas por la 

aplicación de lo establecido en el apartado anterior se minorará 

en el importe del valor anterior del elemento patrimonial y 

al resultado se aplicará, en cuanto proceda, el coeficiente a 

que se refiere la letra c) del apartado 9 del artículo 15 del 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

El importe que resulte de las operaciones descritas en el 

párrafo anterior se minorará en el incremento neto de valor 

derivado de las operaciones de actualización previstas en el 

Real Decreto-Ley 7/1996, siendo la diferencia positiva así 

determinada el importe de la depreciación monetaria a que 

hace referencia el apartado 9 del artículo 15 del Texto Refundido 

de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial 

actualizado se tomarán los valores que hayan sido considerados 

a los efectos de aplicar los coeficientes establecidos en 

el apartado uno. 

Artículo 75. Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.— 

Respecto de los períodos impositivos que se 

inicien durante el año 2010, el porcentaje a que se refiere el 

apartado 4 del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será el 18 por ciento para 

la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 2 

del mismo. Las deducciones y bonificaciones a las que se 

refiere dicho apartado incluirán todas aquellas otras que le 

fueren de aplicación al sujeto pasivo. 

Para la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 

del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 

el porcentaje será el resultado de multiplicar por cinco 

séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto. 

Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el 

párrafo anterior los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, 

calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 

de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 

euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se 

inicien los períodos impositivos dentro del año 2010. 

Artículo 76. Porcentaje de retención o ingreso a cuenta.— 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir 

de 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, se modifica la 

45

1 

letra a) del apartado 6 del artículo 140 del Texto Refundido de 

la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 marzo, que queda redactada 


«a) Con carácter general, el 19 por 100. 

Cuando se trate de rentas procedentes del arrendamiento o 

subarrendamiento de inmuebles urbanos situados en Ceuta, 

Melilla o sus dependencias, obtenidas por entidades domiciliadas 

en dichos territorios o que operen en ellos mediante 

establecimiento o sucursal, dicho porcentaje se dividirá por 

dos.» 

Artículo 77. Tipo de gravamen reducido por mantenimiento 

o creación de empleo.— Con efectos para los períodos 

impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2009 y 

vigencia indefinida, se añade una disposición adicional duodécima 

en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente 

forma: 

«Disposición adicional duodécima. Tipo de gravamen reducido 

en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o 

creación de empleo.— 1. En los períodos impositivos iniciados 

dentro de los años 2009, 2010 y 2011, las entidades 

cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos 

períodos sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media 

en los mismos sea inferior a 25 empleados, tributarán con 

arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 28 de esta ley deban tributar a un tipo 

diferente del general: 

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 

120.202,41 euros, al tipo del 20 por ciento. 

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 25 

por ciento. 

Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al 

año, se aplicará lo establecido en el último párrafo del artículo 

114 de esta ley. 

2. La aplicación de la escala a que se refiere el apartado 

anterior está condicionada a que durante los doce meses siguientes 

al inicio de cada uno de esos períodos impositivos, 

la plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad y, 

además, tampoco sea inferior a la plantilla media de los doce 

meses anteriores al inicio del primer período impositivo que 

comience a partir de 1 de enero de 2009. 

Cuando la entidad se haya constituido dentro de ese plazo 

anterior de doce meses, se tomará la plantilla media que resulte 

de ese período. 

Los requisitos para la aplicación de la escala se computarán 

de forma independiente en cada uno de esos períodos 

impositivos. 

En caso de incumplimiento de la condición establecida en 

este apartado, procederá realizar la regularización en la forma 

establecida en el apartado 5 de esta disposición adicional. 

3. Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se 

tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga 

la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada 

contratada en relación con la jornada completa. 

Se computará que la plantilla media de los doce meses 

anteriores al inicio del primer período impositivo que comience 

a partir de 1 de enero de 2009 es cero cuando la 

entidad se haya constituido a partir de esa fecha. 

4. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de 

negocios, se tendrá en consideración lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 108 de esta Ley. 

Cuando la entidad sea de nueva creación, o alguno de los 

períodos impositivos a que se refiere al apartado 1 de esta 

disposición adicional hubiere tenido una duración inferior al 

año, o bien la actividad se hubiera desarrollado durante un 

plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios 

se elevará al año. 

5. Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los 

años 2009, 2010 ó 2011 y la plantilla media en los doce meses 

siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior 

a cero e inferior a la unidad, la escala establecida en el 

apartado 1 de esta disposición adicional se aplicará en el período 

impositivo de constitución de la entidad a condición de 

que en los doce meses posteriores a la conclusión de ese 

período impositivo la plantilla media no sea inferior a la unidad. 

Cuando se incumpla dicha condición, el sujeto pasivo deberá 

ingresar junto con la cuota del período impositivo en que 

tenga lugar el incumplimiento el importe resultante de aplicar 

el 5 por ciento a la base imponible del referido primer período 

impositivo, además de los intereses de demora. 

6. Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad 

de pago fraccionado establecida en el apartado 3 del 

artículo 45 de esta ley, la escala a que se refiere el apartado 1 

anterior no será de aplicación en la cuantificación de los pagos 

fraccionados.» 

Sección 4 

Impuestos Locales 

Artículo 78. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.— Uno. 

Con efectos de 1 de enero del año 2010, se actualizarán 

todos los valores catastrales de los bienes inmuebles mediante 

la aplicación del coeficiente 1,01. Este coeficiente se 

aplicará en los siguientes términos: 

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme 

a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, se 

aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2009. 

b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el 

ejercicio 2009, obtenidos de la aplicación de Ponencias de 

valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se 

aplicará sobre dichos valores. 

c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido 

alteraciones de sus características conforme a los datos 

obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones 

hubieran tenido efectividad, el mencionado coeficiente se 

aplicará sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud 

de las nuevas circunstancias, por la Dirección General del 

Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido 

de base para la fijación de los valores catastrales del resto de 

los bienes inmuebles del municipio. 

d) En el caso de inmuebles rústicos que se valoren, con 

efectos 2010, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la 

disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley 

del Catastro Inmobiliario, el coeficiente únicamente se aplicará 

sobre el valor catastral vigente en el ejercicio 2009 para 

el suelo del inmueble no ocupado por las construcciones. 

Dos. Quedan excluidos de la actualización regulada en 

este artículo los valores catastrales obtenidos de la aplicación 

de las Ponencias de valores totales aprobadas entre el 1 de 

enero de 2000 y el 30 de junio de 2002, así como los valores 

resultantes de las Ponencias de valores parciales aprobadas 

46

1 

desde la primera de las fechas indicadas en los municipios en 

que haya sido de aplicación el artículo segundo de la Ley 

53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica parcialmente 

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 

las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la 

base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Tres. El incremento de los valores catastrales de los 

bienes inmuebles rústicos previsto en este artículo no tendrá 

efectos respecto al límite de base imponible de las explotaciones 

agrarias que condiciona la inclusión en el Régimen 

Especial Agrario de la Seguridad Social de los Trabajadores 

por Cuenta Propia, que seguirá rigiéndose por su legislación 

específica. 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Sección 1 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Artículo 79. Impuesto sobre el Valor Añadido.— Con 

efectos desde el 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida, se 


de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 90, que 


«Uno. El Impuesto se exigirá al tipo del 18 por ciento, 

salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.» 

El resto del artículo queda con el mismo contenido. 

Dos. Se modifica el encabezado del apartado uno del artículo 

91, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Uno. Se aplicará el tipo del 8 por ciento a las operaciones 

siguientes:» 

El resto del apartado y artículo quedan con el mismo contenido. 

Tres. Se modifica el apartado cinco del artículo 130, que 


«Cinco. La compensación a tanto alzado a que se refiere 

el apartado tres de este artículo será la cantidad resultante de 

aplicar, al precio de venta de los productos o de los servicios 

indicados en dicho apartado, el porcentaje que proceda de 

entre los que se indican a continuación: 

1.º El 10 por 100, en las entregas de productos naturales 

obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales y en los 

servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones. 

2.º El 8,5 por 100, en las entregas de productos naturales 

obtenidos en explotaciones ganaderas o pesqueras y en los 

servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones. 

Para la determinación de los referidos precios, no se computarán 

los tributos indirectos que graven las citadas operaciones, 

ni los gastos accesorios o complementarios a las 

mismas cargados separadamente al adquirente, tales como 

comisiones, embalajes, portes, transportes, seguros, financieros 

u otros. 

En las operaciones realizadas sin contraprestación dineraria, 

los referidos porcentajes se aplicarán sobre el valor de 

mercado de los productos entregados o de los servicios 

prestados. 

El porcentaje aplicable en cada operación será el vigente 

en el momento en que nazca el derecho a percibir la compensación.» 

El resto del artículo queda con el mismo contenido. 

Sección 2 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados 

Artículo 80. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de 

grandezas y títulos nobiliarios.— Con efectos desde 1 de 

enero del año 2010, la escala a que hace referencia el párrafo 

primero del artículo 43 del Texto Refundido de la Ley del impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1993, de 24 de septiembre, será la siguiente: 

Escala 

Transmisiones 

directas 

- 

Euros 

Transmisiones 

transversales 

- 

Euros 

Rehabilitaciones y 

reconocimiento de títulos 

extranjeros 

- 

Euros 

1.º Por cada título con grandeza 2.568 6.438 15.435 

2.º Por cada grandeza sin título 1.836 4.603 11.019 

3.º Por cada título sin grandeza 732 1.836 4.417 

CAPÍTULO III 

OTROS TRIBUTOS 

Artículo 81. Tasas.— Uno. Se elevan a partir del 1 de 

enero de 2010 los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda 

estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación 

del coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año 2009, 

teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 74.uno de la 


del Estado para el año 2009. 

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas 

que hubieran sido creadas u objeto de actualización específica 

por normas dictadas en el año 2009. 

Dos. La variación porcentual prevista en el apartado Uno 

no será aplicable a las tasas por utilización especial de las 

instalaciones portuarias ni a la tasa por servicio de señalización 

marítima reguladas en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 

de régimen económico y de prestación de servicios 

de los puertos de interés general. Tampoco será aplicable 

esta actualización a las tasas por ocupación privativa del 

dominio público portuario y por aprovechamiento especial del 

dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, 

industriales y de servicios, para las que dicha Ley establece 

un régimen de actualización propio. 

Tres. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no 

se determinen por un porcentaje de la base o cuya base no 

se valore en unidades monetarias. 

Cuatro. A partir del 1 de enero de 2010, el apartado 4 del 

artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por 

el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales 

de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas quedará 


«4. A partir de 1 de enero de 2010 regirán los siguientes 

tipos y cuotas fijas: 

Tipos tributarios y cuotas fijas. 

Uno. Tipos tributarios. 

a) El tipo tributario general será del 20 por 100. 

b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa: 

47

1 

Porción de la base imponible comprendida entre euros 


- 

Porcentaje 

Entre 0 y 1.322.226,63 20 

Entre 1.322.226,64 y 2.187.684,06 35 

Entre 2.187.684,07 y 4.363.347,88 45 

Más de 4.363.347,88 55 

Dos. Cuotas fijas. 

En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos 

aptos para la realización de los juegos, la cuota se 

determinará en función de la clasificación de las máquinas 

realizada por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de 

Azar, aprobado por el Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre, 

según las normas siguientes: 

A) Máquinas tipo "B" o recreativas con premio: 

a) Cuota anual: 3.531 euros. 

b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos 

tipo "B" en los que puedan intervenir dos o más jugadores de 

forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos 

sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de 

aplicación las siguientes cuotas: 

Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos cuotas con 

arreglo a lo previsto en la letra a) anterior. 

Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: La cuota se 

incrementará en un 50% por cada jugador adicional a partir 

del tercero. 

B) Máquinas tipo "C" o de azar: 

a) Cuota anual: 4.020,77 euros.» 

Artículo 82. Tasa de Aterrizaje.— No obstante lo dispuesto 

en el artículo 81, se mantienen para el año 2010 las 

cuantías de la tasa de aterrizaje en el importe exigible durante 

el año 2009 de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de 


del Estado para el año 2009. 

Artículo 83. Tasa de aproximación.— Con efectos 1 de 

enero de 2010 y vigencia indefinida, se modifican los apartados 

cinco, seis y siete del artículo 22 de la Ley 24/2001, de 

27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social, por el que se regula la tasa de aproximación, 

que pasarán a tener la siguiente redacción: 

«Cinco. El importe de la tasa de aproximación exigible a 

una aeronave en un aeropuerto será igual al producto de la 

tarifa unitaria establecida a dicho aeropuerto por las unidades 

de servicio de aproximación de dicha aeronave. 

A estos efectos y sin perjuicio de la posibilidad de financiar 

parte de los costes de los servicios de navegación aérea con 

cargo a otras fuentes de financiación, la tasa unitaria se calculará 

dividiendo los costes de los servicios de navegación 

aérea de aproximación previstos entre el número de unidades 

de servicio de aproximación tasables para el año correspondiente. 

Los costes previstos incluirán el saldo resultante de la 

recuperación por exceso o defecto de los años anteriores. 

Las unidades de servicio de aproximación serán igual al 

factor "peso" de la aeronave considerada. 

El factor "peso", expresado en una cifra de dos decimales, 

será igual al cociente obtenido dividiendo por cincuenta la cifra 

correspondiente al peso máximo al despegue más elevado 

de la aeronave, expresado en toneladas métricas, aplicándose 

el exponente 0,9. 

El peso máximo certificado de despegue de la aeronave, 

expresado en toneladas métricas, será el que figura en el 

certificado de aeronavegabilidad o en otro documento oficial 

equivalente proporcionado por el operador de la aeronave. 

Cuando no se conozca el peso, se utilizará el peso de la aeronave 

más pesada que se conozca del mismo tipo. Si una 

aeronave cuenta con varios pesos máximos certificados de 

despegue, se escogerá el máximo. Si un operador de aeronaves 

trabaja con dos o más aeronaves que son diferentes 

versiones del mismo tipo, se utilizará para todas ellas el 

promedio de los pesos máximos de despegue de todas las 

aeronaves del mismo tipo. El cálculo del factor peso por tipo 

de aeronave y por operador se efectuará, al menos, una vez 

al año. 

El cálculo e imputación de costes se realizará conforme 

establece el Reglamento de la Comisión n.º 1794/2006, de 6 

de diciembre, por el que se establece un sistema común de 

tarificación de los servicios de navegación aérea. 

Seis. La tasa unitaria por zona de tarificación, así como el 

exponente a que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 

anterior se fijará anualmente por el Ministerio de Fomento 

para cada aeropuerto, pudiendo preverse otras fuentes 

de financiación de los costes de los servicios de aproximación. 

En caso de cambios importantes e inesperados del tráfico 

o de los costes, las tasas unitarias podrán ser 

modificadas a lo largo del año. 

Con carácter previo a la determinación de la tasa, el prestador 

de los servicios de aproximación llevará a cabo el trámite 

de consulta previsto en el artículo 15 del Reglamento 

(CE) 1794/2006, de la Comisión, de 6 de diciembre de 2006. 

Siete. Las tasas aplicables a partir del 1 de enero de 2010 

serán: 

Los aeropuertos de Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, 

Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid/Barajas, Málaga, 

Menorca, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife/Norte, 

Tenerife/Sur y Valencia: 171,22 euros. 

Los aeropuertos de Santiago, Almería, Asturias, Girona, 

Granada, Jerez, A Coruña, La Palma, Reus y Vigo: 154,10 

euros. 

Los aeropuertos de Santander, Zaragoza, El Hierro, La 

Gomera, Madrid/Cuatro Vientos, Melilla, Pamplona, San Sebastián, 

Vitoria, Badajoz, Murcia/San Javier, Valladolid, Salamanca, 

Sabadell y el resto de los aeropuertos a los que 

AENA preste servicios de navegación aérea de aproximación: 

128,42 euros. 

La presente clasificación podrá ser modificada por el Ministerio 

de Fomento en función del tráfico que los mismos 

soporten.» 

Artículo 84. Tasa por prestación de servicios y utilización 

del dominio público aeroportuario.— Uno. No obstante lo 

dispuesto en el artículo 81, se mantienen para el año 2010 las 

cuantías de la tasa por prestación de servicios y utilización 

del dominio público aeroportuario en el importe exigible durante 

el año 2009 de acuerdo con lo establecido en el artículo 

82 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos 


Dos. Con efectos de 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, 

se añade un nuevo artículo 9 bis cuatro a la Ley 

25/1998 de 13 de julio, con la siguiente redacción: 

48

1 

«Artículo 9 bis cuatro. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 81 de esta Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2010, y de lo dispuesto en los artículos 9, 

9 bis, 9 bis dos, este último en su redacción dada por el artículo 

71 dos de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, y 9 bis 

tres de esta Ley, las cuantías para la tarifa G.6 serán las que 

a continuación se expresan: 

Tarifa G.6. Sistemas de energía a 400 hertzios. 

Las cuantías a aplicar por cada servicio de suministro de 

energía eléctrica transformada a 400 Hz serán las siguientes: 

Concepto 

1.ª hora o 

fracción 

Euros/cuarto de 

hora o fracción 

Aeronaves con peso menor de 40 Tm 23,84 5,96 

Aeronaves cuyo peso esté comprendido entre 40 Tm y 

150 Tm 

25,09 6,27 

Aeronaves con peso mayor de 150 Tm 40,76 10,19» 

Artículo 85. Tasa de seguridad aeroportuaria.— Uno. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 81, se mantienen para 

el año 2010 las cuantías de la tasa de seguridad en el importe 

exigible durante el año 2009 de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 83 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos 


Dos. Con efectos de 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida 

se modifica el porcentaje de la recaudación de la tasa 

de seguridad a ingresar en el Tesoro Publico, de acuerdo con 

lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 

4/2004, de 29 de diciembre, quedando la redacción del artículo 

contenido en la mencionada Ley como sigue: 

«Nueve. El importe íntegro de lo recaudado por esta tasa, 

disminuido en el importe transferido a la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, formará parte del presupuesto de ingresos 

de la Entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea.» 

Artículo 86. Cuantificación de la tasa por reserva del dominio 

público radioeléctrico.— Uno. La tasa por reserva 

de dominio público radioeléctrico establecida en la Ley 

32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 

ha de calcularse mediante la expresión: 

T = [N x V] / 166,386= [S (km²) x B(kHz) x F (C 1 , C 2 , C 3 , C 4 , 

C 5 )] / 166,386 

En donde: 

T = Es la tasa anual por reserva de dominio público radioeléctrico. 

N = Es el número de unidades de reserva radioeléctrica 

(URR) que se calcula como el producto de S x B, es decir, 

superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por 

ancho de banda expresado en kHz. 

V = Es el valor de la URR, que viene determinado en función 

de los cinco coeficientes C i , establecidos en la Ley General 

de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de 

conformidad con dicha Ley, será la establecida en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. 

F (C 1 , C 2 , C 3 , C 4 , C 5 ) = Es la función que relaciona los 

cinco coeficientes C i . Esta función es el producto de los cinco 

coeficientes indicados anteriormente. 

El importe, en euros, a satisfacer en concepto de esta tasa 

anual será el resultado de dividir entre el tipo de conversión 

contemplado en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de Introducción 

del Euro, el resultado de multiplicar la cantidad de 

unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado 

por el valor que se asigne a la unidad: 

T = [N x V] / 166,386 = [S (km²) x B(kHz) x (C 1 , C 2 , C 3 , C 4 , 

C 5 )] / 166,386 

En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico 

afectando a todo el territorio nacional, el valor de la superficie 

a considerar para el cálculo de la tasa, es la extensión del 

mismo, la cual según el Instituto Nacional de Estadística es 

de 505.990 kilómetros cuadrados. 

En los servicios de radiocomunicaciones que procedan, la 

superficie a considerar podrá incluir, en su caso, la correspondiente 

al mar territorial español. 

Para fijar el valor de los parámetros C 1 a C 5 en cada servicio 

de radiocomunicaciones, se ha tenido en cuenta el significado 

que les atribuye la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones y las normas reglamentarias 

que la desarrollen. 

Estos cinco parámetros son los siguientes: 

1.º Coeficiente C 1 : Grado de utilización y congestión de 

las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas. Se 

valoran los siguientes conceptos: 

Número de frecuencias por concesión o autorización. 

Zona urbana o rural. 

Zona de servicio. 

2.º Coeficiente C 2 : Tipo de servicio para el que se pretende 

utilizar y, en particular, si éste lleva aparejado para 

quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas 

en el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones. Se 


Soporte a otras redes (infraestructura). 

Prestación a terceros. 

Autoprestación. 

Servicios de telefonía con derechos exclusivos. 

Servicios de radiodifusión. 

3.º Coeficiente C 3 : Banda o sub-banda del espectro. Se 


Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la 

banda para el servicio solicitado). 

Previsiones de uso de la banda. 

Uso exclusivo o compartido de la sub-banda. 

4.º Coeficiente C 4 : Equipos y tecnología que se emplean. 

Se valoran los siguientes conceptos: 

Redes convencionales. 

Redes de asignación aleatoria. 

Modulación en radioenlaces. 

Diagrama de radiación. 

5.º Coeficiente C 5 : Valor económico derivado del uso o 

aprovechamiento del dominio público reservado. Se valoran 

los siguientes conceptos: 

Experiencias no comerciales. 

Rentabilidad económica del servicio. 

Interés social de la banda. 

Usos derivados de la demanda de mercado. 

Densidad de población. 

49

1 

Considerando los distintos factores que afectan a la determinación 

de la tasa, se han establecido diversas modalidades 

para cada servicio a cada una de las cuales se le 

asigna un código identificativo. 

A continuación se indican cuáles son los factores de ponderación 

de los distintos coeficientes, así como su posible 

margen de valoración respecto al valor de referencia. Dicho 

valor de referencia es el que se toma por defecto, el cual se 

aplica en aquellos casos en los que, por la naturaleza del 

servicio o de la reserva efectuada, el parámetro correspondiente 

no es de aplicación. 

Coeficiente C 1 : Mediante este parámetro se tiene en cuenta 

el grado de ocupación de las distintas bandas de frecuencia 

para un determinado servicio. A estos efectos se ha hecho 

una tabulación en márgenes de frecuencia cuyos extremos 

inferior y superior comprenden las bandas típicamente utilizadas 

en los respectivos servicios. También contempla este 

parámetro la zona geográfica de utilización, distinguiendo 

generalmente entre zonas de elevado interés y alta utilización, 

las cuales se asimilan a las grandes concentraciones 

urbanas, y zonas de bajo interés y escasa utilización como 

puedan ser los entornos rurales. Se parte de un valor unitario 

o de referencia para las bandas menos congestionadas y en 

las zonas geográficas de escasa utilización, subiendo el coste 

relativo hasta un máximo de dos por estos conceptos para las 

bandas de frecuencia más demandadas y en zonas de alto 

interés o utilización. 

Concepto Escala de valores Observaciones 

Valor de referencia 1 De aplicación en una o varias modalidades 

en cada servicio. 

Margen de valores 1 a 2 - 

Zona alta/baja utilización + 25% De aplicación según criterios específicos 

Demanda de la banda Hasta + 20% 

por servicios y bandas de frecuen- 

Concesiones y usuarios Hasta + 30% 

cias en las modalidades y conceptos 

afectados. 

Coeficiente C 2 : Mediante este coeficiente se hace una distinción 

entre las redes de autoprestación y las que tienen por 

finalidad la prestación a terceros de un servicio de radiocomunicaciones 

con contraprestación económica. Dentro de 

estos últimos se ha tenido en cuenta la consideración en su 

caso de servicio público, tomándose en consideración en el 

valor de este coeficiente la bonificación por servicio público 

que se establece en el anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de 

noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda incluida 

en el valor que se establece para este parámetro. 





Prestación a terceros/autoprestación 

Hasta + 10% 

De aplicación según criterios específicos 

por servicios y bandas de frecuencias 

en las modalidades y conceptos 

afectados. 

Coeficiente C 3 : Con el coeficiente C 3 se consideran las 

posibles modalidades de otorgamiento de la reserva de dominio 

público radioeléctrico de una determinada frecuencia o 

sub-banda de frecuencias, con carácter exclusivo o compartido 

con otros usuarios en una determinada zona geográfica. 

Estas posibilidades son de aplicación en el caso del servicio 

móvil. Para otros servicios la reserva de dominio público radioeléctrico 

ha de ser con carácter exclusivo por la naturaleza 

del mismo. Aquellas reservas solicitadas en bandas no adecuadas 

al servicio, en función de las tendencias de utilización 

y previsiones del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 

(CNAF), se penalizan con una tasa más elevada, 

con el fin de favorecer la tendencia hacia la armonización de 

las utilizaciones radioeléctricas, lo cual se refleja en la valoración 

de este coeficiente. 





Frecuencia exclusiva/compartida 

Idoneidad de la banda de 

frecuencia 

Hasta + 75% 

Hasta + 60% 




afectados. 

Coeficiente C 4 : Con este coeficiente es posible ponderar de 

una manera distinta las diferentes tecnologías o sistemas 

empleados, favoreciendo aquellas que hacen un uso más 

eficiente del espectro radioeléctrico respecto a otras tecnologías. 

Así, por ejemplo, en redes móviles, se favorece la 

utilización de sistemas de asignación aleatoria de canal frente 

a los tradicionales de asignación fija. En el caso de radioenlaces, 

el tipo de modulación utilizado es un factor determinante 

a la hora de valorar la capacidad de transmisión de 

información por unidad de anchura de banda y esto se ha 

tenido en cuenta de manera general, considerando las tecnologías 

disponibles según la banda de frecuencias. En radiodifusión 

se han contemplado los nuevos sistemas de 

radiodifusión sonora y televisión digital, además de los clásicos 

analógicos. 





Tecnología utilizada/tecnología 

de referencia 

Hasta + 50% 




afectados. 

Coeficiente C 5 : Este coeficiente considera los aspectos de 

relevancia social de un determinado servicio frente a otros 

servicios de similar naturaleza desde el punto de vista radioeléctrico. 

También contempla el relativo interés económico 

o rentabilidad del servicio prestado, gravando más por unidad 

de anchura de banda aquellos servicios de alto interés y rentabilidad 

frente a otros que, aun siendo similares desde el 

punto de vista radioeléctrico, ofrezcan una rentabilidad muy 

distinta y tengan diferente consideración desde el punto de 

vista de relevancia social. 

50

1 

En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio, se 

ha considerado un factor determinante para fijar la tasa de 

una determinada reserva de dominio público radioeléctrico, la 

densidad de población dentro de la zona de servicio de la 

emisora considerada. 

Cuando la reserva de frecuencias se destine a la realización 

de emisiones de carácter experimental y sin contraprestación 

económica para el titular de la misma, ni otra finalidad 

que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías durante 

un período de tiempo limitado y definido, el valor del 

coeficiente C 5 en estos casos será el 15% del valor general. 




Margen de valores > 0 - 

Rentabilidad económica Hasta + 30% De aplicación según criterios específicos 

Interés social servicio Hasta - 20% 

por servicios y bandas de frecuen- 

Población Hasta + 100% 

cias en las modalidades y conceptos 

afectados. 

Experiencias no comerciales - 85% 

Cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico: 

Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas. 

Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones: 

1. Servicios móviles. 

1.1. Servicio móvil terrestre y otros asociados. 

1.2. Servicio móvil terrestre con cobertura nacional. 

1.3. Sistemas de telefonía móvil automática (TMA). 

1.4. Servicio móvil marítimo. 

1.5. Servicio móvil aeronáutico. 

1.6. Servicio móvil por satélite. 

2. Servicio fijo. 

2.1. Servicio fijo punto a punto. 

2.2. Servicio fijo punto a multipunto. 

2.3. Servicio fijo por satélite. 

3. Servicio de Radiodifusión. 

3.1. Radiodifusión sonora. 

Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media (OL/ 

OM). 

Radiodifusión sonora de onda corta (OC). 

Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM). 

Radiodifusión sonora digital terrenal (T-DAB). 

3.2. Televisión. 

Televisión (analógica). 

Televisión digital terrenal (DVB-T). 

3.3. Servicios auxiliares a la radiodifusión. 

4. Otros servicios. 

4.1. Radionavegación. 

4.2. Radiodeterminación. 

4.3. Radiolocalización. 

4.4. Servicios por satélite, tales como de investigación 

espacial, de operaciones espaciales y otros. 

4.5. Servicios no contemplados en apartados anteriores. 

Teniendo en cuenta estos grupos de servicios radioeléctricos, 

las posibles bandas de frecuencias para la prestación 

del servicio y los cinco coeficientes con sus correspondientes 

conceptos o factores a considerar para calcular la tasa de diferentes 

reservas de dominio público radioeléctrico de un 

servicio dado, se obtienen las modalidades que se indican a 

continuación. 

1. SERVICIOS MÓVILES. 

1.1. Servicio móvil terrestre y servicios asociados. 

Se incluyen en esta clasificación las reservas de dominio 

público radioeléctrico para redes del servicio móvil terrestre y 

otras modalidades como operaciones portuarias y de movimiento 

de barcos y los enlaces monocanales de banda estrecha. 

Los cinco parámetros establecidos en el apartado 3.1 del 

Anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones obligan a 

distinguir en redes del servicio móvil terrestre, al menos las 

siguientes modalidades, y evaluar diferenciadamente los criterios 

para fijar la tasa de una determinada reserva. 

En cada modalidad se han tabulado los márgenes de frecuencia 

que es preciso distinguir a efectos de calcular la tasa 

para tener en cuenta la ocupación relativa de las distintas 

bandas de frecuencia y otros aspectos contemplados en la 

Ley General de Telecomunicaciones, como por ejemplo la 

idoneidad o no de una determinada banda de frecuencias 

para el servicio considerado. 

Dentro de estos márgenes de frecuencia, únicamente se 

otorgarán reservas de dominio público radioeléctrico en las 

bandas de frecuencias reservadas en el CNAF al servicio 

considerado. 

Con carácter general, para redes del servicio móvil se 

aplica, a efectos de calcular la tasa, la modalidad de zona 

geográfica de alta utilización, siempre que la cobertura de la 

red comprenda, total o parcialmente, poblaciones con más de 

50.000 habitantes. Para redes con frecuencias en diferentes 

bandas el concepto de zona geográfica se aplicará de forma 

independiente para cada una de ellas. 

1.1.1. Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/ 

zona de baja utilización/autoprestación. 

En estos casos, la superficie a considerar es la que figure 

en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, 

estableciéndose una superficie mínima de 1000 kilómetros 

cuadrados. 

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta, es el resultante 

de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz, 25 kHz, 

etc) por el número de frecuencias utilizadas. 

Frecuencias Coeficientes Código de modalidad 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 100 MHz 1,2 1,25 1 1,3 0,4707 1111 

100-200 MHz 1,7 1,25 1 1,3 0,5395 1112 

200-400 MHz 1,6 1,25 1,1 1,3 0,4937 1113 

400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,2 1,3 0,4590 1114 

1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,1 1,3 0,4590 1115 

> 3.000 MHz 1 1,25 1,2 1,3 0,4590 1116 

1.1.2. Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/ 

zona de alta utilización/autoprestación. 

51

1 




cuadrados. 

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante 


etc.) por el número de frecuencias utilizadas. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 100 MHz 1,4 1,25 1 1,3 0,4707 1121 

100-200 MHz 2 1,25 1 1,3 0,5395 1122 

200-400 MHz 1,8 1,25 1,1 1,3 0,4937 1123 

400-1.000 MHz 1,7 1,25 1,2 1,3 0,4590 1124 

1.000-3.000 MHz 1,25 1,25 1,1 1,3 0,4590 1125 

> 3.000 MHz 1,15 1,25 1,2 1,3 0,4590 1126 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

1.000-3.000 MHz 1,25 1,25 1,65 1,3 0,4590 1145 

> 3.000 MHz 1,15 1,25 1,8 1,3 0,4590 1146 

1.1.5. Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/ 

cualquier zona/prestación a terceros. 

En estos casos la superficie a considerar es la que figure en 

la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, 

estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros 

cuadrados. 





C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 


zona de baja utilización/autoprestación. 




cuadrados. 





C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 100 MHz 1,2 1,25 1,5 1,3 0,4707 1131 

100-200 MHz 1,7 1,25 1,5 1,3 0,5395 1132 

200-400 MHz 1,6 1,25 1,65 1,3 0,4937 1133 

400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,8 1,3 0,4590 1134 

f < 100 MHz 1,4 1,375 1,5 1,3 0,4707 1151 

100-200 MHz 2 1,375 1,5 1,3 0,5395 1152 

200-400 MHz 1,8 1,375 1,65 1,3 0,4937 1153 

400-1.000 MHz 1,7 1,375 1,8 1,3 0,4590 1154 

1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 1,65 1,3 0,4590 1155 

> 3.000 MHz 1,15 1,375 1,8 1,3 0,4590 1156 

1.1.6. Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier 

zona/autoprestación. 




cuadrados. 




1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,65 1,3 0,4590 1135 

> 3.000 MHz 1 1,25 1,8 1,3 0,4590 1136 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 


zona de alta utilización/autoprestación. 




cuadrados. 


de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz; 25 kHz, 



C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 100 MHz 1,4 1,25 1,5 1,3 0,4707 1141 

100-200 MHz 2 1,25 1,5 1,3 0,5395 1142 

200-400 MHz 1,8 1,25 1,65 1,3 0,4937 1143 

400-1.000 MHz 1,7 1,25 1,8 1,3 0,4590 1144 

f < 100 MHz 1,1 1,25 2 1 0,1491 1161 

100-200 MHz 1,6 1,25 2 1 0,1491 1162 

200-400 MHz 1,7 1,25 2 1 0,1491 1163 

400-1.000 MHz 1,4 1,25 2 1 0,1491 1164 

1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 2 1 0,1491 1165 

> 3.000 MHz 1 1,25 2 1 0,1491 1166 

1.1.7. Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier 

zona/prestación a terceros. 




cuadrados. 




52

1 



C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 100 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1171 

100-200 MHz 1,6 1,375 2 1 0,1491 1172 

200-400 MHz 1,7 1,375 2 1 0,1097 1173 

400-1.000 MHz 1,4 1,375 2 1 0,1491 1174 

1.000-3.000 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1175 

> 3.000 MHz 1 1,375 2 1 0,1491 1176 

1.1.8. Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación 

a terceros). 


en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. 

En redes de ámbito nacional se aplicará el valor de superficie 

correspondiente a todo el territorio nacional. 


de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz ó 25 kHz) 

por el número de frecuencias utilizadas. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 50 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1191 

50-174 MHz 1,8 1,25 1,5 1 19,5147 1192 

406-470 MHz 2 1,25 1,5 1 19,5147 1193 

862-870 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1194 

> 1.000 MHz 1,5 1,25 1,5 1 19,5147 1195 

1.2. Servicio móvil terrestre de cobertura nacional. 

1.2.1. Servicio móvil asignación fija/redes de cobertura nacional. 

Este epígrafe únicamente será de aplicación a los títulos 

habilitantes otorgados con anterioridad al 1 de enero de 2007 

y hasta que finalice su plazo de vigencia. En caso de prórroga, 

al finalizar la vigencia de los mencionados títulos serán de 

aplicación los códigos de modalidad que en cada caso corresponda 

de los incluidos en los epígrafes 1.1.5 ó 1.1.6. 

En estos casos, la superficie a considerar es la correspondiente 

a todo el territorio nacional. 




C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

F < 50 MHz UN 34 1 2 1 2 19,5147 1181 

50 < f < 174 MHz 1 2 1 1,5 0,3444 1182 

CNAF UN 24 1 2 1,3 1 0,3444 1183 

1.1.9. Dispositivos de corto alcance: Telemandos, alarmas, 

datos, etc./cualquier zona. 

Se incluyen en este epígrafe las instalaciones de dispositivos 

de corto alcance siempre que el radio de cobertura de la 

red no sea mayor que 3 kilómetros en cualquier dirección. 

Para redes de mayor distancia de cobertura se aplicará la 

modalidad correspondiente entre el resto de servicios móviles 

o servicio fijo en función de la naturaleza del servicio y características 

propias de la red. 


de multiplicar el valor de la canalización (10, 12,5, 25 ó 200 

kHz) en los casos que sea de aplicación por el número de 

frecuencias utilizadas. Si en virtud de las características técnicas 

de la emisión no es aplicable ninguna canalización entre 

las indicadas se tomará el ancho de banda de la denominación 

de la emisión o, en su defecto, se aplicará la totalidad de 

la correspondiente banda de frecuencias destinada en el 

CNAF para estas aplicaciones. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 100 MHz 1,4 1,375 2 1,25 8,800 10 -3 1211 

100-200 MHz 1,6 1,375 2 1,25 8,800 10 -3 1212 

200-400 MHz 1,44 1,375 2 1,25 8,800 10 -3 1213 

400-1.000 MHz 1,36 1,375 2 1,25 8,800 10 -3 1214 

1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 2 1,25 8,800 10 -3 1215 

> 3.000 MHz 1,15 1,375 2 1,25 8,800 10 -3 1216 

1.2.2. Servicio móvil asignación aleatoria/redes de cobertura 

nacional. 

En estos casos, la superficie a considerar es la correspondiente 

a todo el territorio nacional. 



otro) por el número de frecuencias utilizadas. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 100 MHz 1,1 1,375 2 1 9,383 10 -3 1221 

100-200 MHz 1,6 1,375 2 1 9,383 10 -3 1222 

200-400 MHz 1,7 1,375 2 1 9,383 10 -3 1223 

400-1.000 MHz 1,4 1,375 2 1 9,383 10 -3 1224 

1.000-3.000 MHz 1,1 1,375 2 1 9,383 10 -3 1225 

> 3.000 MHz 1 1,375 2 1 9,383 10 -3 1226 

53

1 

1.3. Sistemas de telefonía móvil automática (TMA) y asociados. 

Las modalidades que se contemplan en este apartado son 


1.3.1. Este epígrafe ha sido suprimido. 

1.3.2. Sistema GSM (prestación a terceros). 

La superficie a considerar es la correspondiente a todo el 

territorio nacional. 


de multiplicar el valor de la canalización (200 kHz) por el 

número de frecuencias utilizadas. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

CNAF UN 41 2 2 1 1,8 3,543 10 -2 1321 

1.3.3. Sistema DCS-1800 (prestación a terceros). 



El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultado 

de multiplicar el valor de la canalización (200 kHz) por el 


La superficie a considerar será de 1 Km² por cada 200 aeronaves, 

o fracción. 

El ancho de banda a considerar será el total reservado en 

función de la tecnología utilizada. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

En las bandas previstas en el CNAF 1,4 2 1 1 1,20 1371 

1.4. Servicio móvil marítimo. 

1.4.1. Servicio móvil marítimo. 







C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 30 MHz 1 1,25 1,25 1 0,1146 1411 

30-300 MHz 1,3 1,25 1,25 1 0,9730 1412 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

CNAF UN 140 2 2 1 1,6 3,190 10 -2 1331 


1.3.5. Comunicaciones Móviles de Tercera Generación, 

Sistema UMTS (prestación a terceros). 



El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta, es el resultante 

de multiplicar el valor de la canalización (5.000 kHz) por el 



En las bandas previstas en 

el CNAF 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

2 2 1 1,5 4,251 10 -2 1351 

1.3.6. Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles 

(GSM-R). 

La superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la 

suma de las longitudes de todos los trayectos viarios, expresadas 

en kilómetros, por una anchura de diez kilómetros. 

El ancho de banda a tener en cuenta será el ancho de 

banda total asignado expresado en kHz. 


1.5. Servicio móvil aeronáutico. 

1.5.1. Servicio móvil aeronáutico. 







C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 30 MHz 1 1,25 1,25 1 0,1146 1511 

30-300 MHz 1,3 1,25 1,25 1 0,1146 1512 

1.6. Servicio móvil por satélite. 

En este servicio la superficie a considerar será la correspondiente 

al área de la zona de servicio autorizada del sistema 

o la estación de que se trate que, en general, será la 

correspondiente a todo el territorio nacional, estableciéndose 

una superficie mínima de 100.000 kilómetros cuadrados. 

El ancho de banda para cada frecuencia será la anchura de 

banda reservada al sistema, computándose la suma del ancho 

de banda del enlace ascendente y del ancho de banda 

del enlace descendente. 

1.6.1. Servicio de comunicaciones móviles por satélite. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

CNAF UN 40 2 2 1 1,8 0,02812 1361 

En las bandas previstas 

en el CNAF 

1 1,25 1 1 1,950 10 -3 1611 

1.3.7. Comunicaciones móviles a bordo de aeronaves. 

1.6.2. Servicio móvil aeronáutico por satélite. 

54

1 



C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

Banda 10-15 GHz 1 1 1 1 0,865 10 -5 1621 

Banda 1500-1700 MHz 1 1 1 1 7,852 10 -5 1622 

1.6.3. Servicio móvil marítimo por satélite. 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 0,4286 2111 

1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,45 1,2 0,4286 2112 

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,4019 2113 

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,3616 2114 

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,3616 2115 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

Banda 1500-1700 MHz 1 1 1 1 2,453 10 -4 1631 

2. Servicio fijo. 

2.1. Servicio fijo punto a punto. 

En cada uno de los márgenes de frecuencia tabulados el 

servicio considerado podrá prestarse únicamente en las 

bandas de frecuencias destinadas al mismo en el CNAF. 

Con carácter general, para reservas de frecuencia del servicio 

fijo punto a punto, se aplicará a efectos de cálculo de la 

tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización en 

aquellos vanos individuales o que forman parte de una red 

radioeléctrica extensa, en los que alguna de las estaciones 

extremo de los vanos se encuentran ubicadas en alguna población 

con más de 250.000 habitantes, o en sus proximidades 

o el haz principal del radioenlace la atraviese hasta su 

estación receptora. Asimismo, para aquellos vanos de radioenlaces 

donde se reserven frecuencias con doble polarización 

se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como 

si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias. 

Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal 

con independencia de que los extremos del canal pudieran 

comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y 

si este valor nominal coincide con uno de dichos extremos, se 

tomará el margen para el que resulte una menor cuantía de la 

tasa. 

2.1.1. Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona 

de baja utilización/autoprestación. 


suma de las longitudes de todos los vanos por una anchura 

de un kilómetro. 


de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, 

se tomará el ancho de banda, según la denominación 

de la emisión, por el número de frecuencias usadas en cada 

dirección del radioenlace. 

39,5-105 GHz 1 1 1 1 0,0821 2116 

2.1.2. Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona 

de alta utilización/autoprestación. 





de multiplicar el valor de la canalización utilizada, o, en su 

defecto, se tomará el ancho de banda, según la denominación 




C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 1.000 MHz 1,6 1 1,3 1,25 0,4286 2121 

1.000-3.000 MHz 1,55 1 1,45 1,2 0,4286 2122 

3.000-10.000 MHz 1,55 1 1,15 1,15 0,4019 2123 

10-24 GHz 1,5 1 1,1 1,15 0,3616 2124 

24-39,5 GHz 1,3 1 1,05 1,1 0,3616 2125 

39,5-105 GHz 1,2 1 1 1 0,0821 2126 



2.1.5. Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/prestación 

a terceros. 





de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, 

se tomará el ancho de banda, según la denominación 




C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 0,1962 2151 

1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,7 1,2 0,1962 2152 

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,1840 2153 

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,1655 2154 

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,1655 2155 

39,5-105 GHz 1 1 1 1 0,0377 2156 

55

1 

2.1.6. Servicio fijo punto a punto/reservas de espectro en 

todo el territorio nacional. 

En estos casos, a efectos de calcular la correspondiente 

tasa, se considerará el ancho de banda reservado, expresado 

en kHz, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio 

nacional, con total independencia de la reutilización efectuada 

de toda o parte de la banda asignada. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 4,627 10 -3 2184 

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 4,627 10 -3 2185 

39,5-105 GHz 1 1 1 1 1,157 10 -3 2186 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 2,359 10 -3 2161 

1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,2 1,2 2,359 10 -3 2162 

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 2,359 10 -3 2163 

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 2,359 10 -3 2164 

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 2,359 10 -3 2165 

39,5-105 GHz 1 1 1 1 0,578 10 -3 2166 

2.1.7. Servicio fijo punto a punto, de alta densidad en 

cualquier zona. 

Para el servicio fijo punto a punto de alta densidad, en frecuencias 

no coordinadas con otras autorizaciones de uso en 

la misma zona, a efectos de determinar la superficie que se 

ha de considerar en el cálculo de la tasa, por cada vano autorizado 

será el resultado de multiplicar una longitud nominal 

de 1,5 kilómetros por una anchura de un kilómetro. 

El ancho de banda (expresado en kHz) a tener en cuenta 

para cada canal autorizado es el correspondiente a la canalización 

utilizada en el enlace (50 MHz, 100 MHz, otro). En su 

defecto se tomará el ancho de banda de la denominación de 

la emisión. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

CNAF UN 126 1,12 1 1,10 2 0,1103 2171 

64-66 GHz 1,12 1 1,05 2 0,1103 2172 

> 66 GHz 1,12 1 1 2 0,1103 2173 

2.1.8. Servicio fijo punto a punto/reservas de espectro de 

ámbito provincial ó multiprovincial. 

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro 

para una o más provincias con un límite máximo de zona de 

cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados. 



en kHz, sobre la superficie cubierta, independientemente de 

la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 4,627 10 -3 2181 

1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,2 1,2 4,627 10 -3 2182 

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 4,627 10 -3 2183 

2.2. Servicio fijo punto a multipunto. 

En cada uno de los márgenes de frecuencia tabulados el 

servicio considerado podrá prestarse únicamente en las 

bandas de frecuencias destinadas al mismo en el CNAF. 

Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal 

con independencia de que los extremos del canal pudieran 

comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, 

y, si este valor nominal coincidiera con uno de dichos extremos, 

se tomará el margen para el que resulte una menor 

cuantía de la tasa. 

2.2.1. Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/ 

cualquier zona/autoprestación. 

La superficie a considerar es la zona de servicio indicada 


con la excepción indicada en 2.2.4. 

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta se obtendrá de 

las características de la emisión. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 1.000 MHz 1,5 1 1,3 1,25 0,1338 2211 

1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,1137 2212 

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,0669 2213 

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,1004 2214 

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,1004 2215 

39,5-105 GHz 1 1 1 1 0,0165 2216 


2.2.3. Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/ 

cualquier zona/prestación a terceros. 

La superficie a considerar es la zona de servicio indicada 


con la excepción indicada en 2.2.4. 

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta se obtendrá de 

las características de la emisión. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 1.000 MHz 1,5 1 1,3 1,25 0,0673 2231 

1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,0570 2232 

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,0337 2233 

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,0503 2234 

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,0503 2235 

39,5-105 GHz 1 1 1 1 0,0083 2236 

2.2.4. Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en 


56

1 



en kHz, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio 

nacional, con total independencia de la reutilización efectuada 

de toda o parte de la banda asignada. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 2,572 10 -3 2241 

1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 2,572 10 -3 2242 

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 2,572 10 -3 2243 

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 2,572 10 -3 2244 

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 2,572 10 -3 2245 

39,5-105 GHz 1 1 1 1 0,630 10 -3 2246 

2.2.5. Servicio fijo punto a multipunto/reservas de espectro 

de ámbito provincial ó multiprovincial. 


para una o más provincias con un límite máximo de zona de 

cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados. 



en kHz, sobre la superficie cubierta independientemente de la 

reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 5,045 10 -3 2251 

1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 5,045 10 -3 2252 

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 5,045 10 -3 2253 

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 5,045 10 -3 2254 

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 5,045 10 -3 2255 

39,5-105 GHz 1 1 1 1 1,261 10 -3 2256 

2.3. Servicio fijo por satélite. 

En este servicio la superficie a considerar será la correspondiente 

al área de la zona de servicio que, en general o en 

caso de no especificarse, corresponderá con la superficie de 

todo el territorio nacional, con los mínimos que se especifiquen. 

Para los distintos tipos de enlace, en cada epígrafe se 

detalla el área a considerar. 

El ancho de banda para cada frecuencia será la anchura de 

banda de la denominación de la emisión, computándose tanto 

el ancho de banda del enlace ascendente como el ancho de 

banda del enlace descendente, cada uno con sus superficies 

respectivas; se exceptúan los enlaces de conexión de radiodifusión 

que, por tratarse de un enlace ascendente, sólo se 

computará el ancho de banda del mismo. 

Dentro de este servicio se consideran los siguientes apartados: 

2.3.1. Servicio fijo por satélite punto a punto, incluyendo 

enlaces de conexión al servicio móvil por satélite, y enlaces 

de contribución de radiodifusión vía satélite (punto a multipunto). 

En los enlaces punto a punto tanto para el enlace ascendente 

como para el enlace descendente se considerará una 

superficie de 31.416 kilómetros cuadrados, en esta categoría 

se consideran incluidos los enlaces de contribución de radiodifusión 

punto a punto. En los enlaces de contribución 

punto a multipunto se considerará una superficie de 31.416 

kilómetros cuadrados, para el enlace ascendente y para el 

enlace descendente se considerará el área de la zona de 

servicio que, en general, corresponderá con la superficie de 

todo el territorio nacional, estableciéndose una superficie 

mínima de 100.000 kilómetros cuadrados. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,950 10 -4 2311 

3000-30000 MHz 1,25 1,25 1,15 1,15 1,950 10 -4 2312 

> 30 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 1,950 10 -4 2314 

2.3.2. Enlaces de conexión del servicio de radiodifusión 

(sonora y de televisión) por satélite. 

Para los enlaces de conexión (enlace ascendente) del 

servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite, 

se considerará una superficie de 31.416 kilómetros cuadrados. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,7207 10 -4 2321 

3-30 GHz 1,25 1,25 1,50 1,20 1,7207 10 -4 2322 

> 30 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 1,7207 10 -4 2324 

2.3.3. Servicios tipo VSAT (redes de datos por satélite) y 

SNG (enlaces transportables de reportajes por satélite). 

Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose 

una superficie mínima de 10.000 kilómetros 

cuadrados. En el caso de los enlaces SNG se considerará 

una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. En todos los 

casos anteriores, la superficie se tomará tanto en transmisión 

como en recepción y todo ello independientemente del número 

de estaciones transmisoras y receptoras. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,7207 10 -4 2331 

3-17 GHz 1,25 1,25 1,50 1,20 1,7207 10 -4 2332 

> 17 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 6,32 10 -5 2334 

3. Servicio de radiodifusión. 

En el cálculo del importe a satisfacer en concepto de tasa 

anual por reserva de cualquier frecuencia se tendrán en 

cuenta las consideraciones para los servicios de radiodifusión 

(sonora y de televisión). 

En general, la superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, 

será la correspondiente a la zona de servicio. Por lo 

57

1 

tanto, en los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) 

que tienen por objeto la cobertura nacional, la superficie 

de la zona de servicio será la superficie del territorio nacional 

y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las 

estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura. Igualmente, 

en los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) 

que tienen por objeto la cobertura autonómica, la 

superficie de la zona de servicio será la superficie del territorio 

autonómico correspondiente y no se evaluará la tasa individualmente 

por cada una de las estaciones necesarias para 

alcanzar dicha cobertura. 

La anchura de banda B a considerar, expresada en kHz, se 

indica para cada tipo de servicio en los apartados que siguen 

a continuación, ya que depende de las características técnicas 

de la emisión. En los servicios de radiodifusión (sonora y 

de televisión) que tienen por objeto la cobertura nacional o 

cualquiera de las coberturas autonómicas, la anchura de 

banda a aplicar será la correspondiente al tipo de servicio de 

que se trate e igual a la que se aplicaría a una estación de 

servicio considerada individualmente. 

En las modalidades de servicio para las que se califica la 

zona geográfica, se considera que se trata de una zona de 

alto interés y rentabilidad cuando la zona de servicio incluya 

alguna capital de provincia o autonómica u otras localidades 

con más de 50.000 habitantes. 

En el servicio de radiodifusión, el parámetro C 5 se encuentra 

ponderado por un factor k, función de la densidad de población, 

obtenida en base al censo de población en vigor, en 

la zona de servicio, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Densidad de población 

Factor k 

Hasta 100 habitantes/km² 0,015 

Superior a 100 hb/km² y hasta 250 hb/km² 0,050 

Superior a 250 hb/km² y hasta 500 hb/km² 0,085 

Superior a 500 hb/km² y hasta 1.000 hb/km² 0,120 

Superior a 1.000 hb/km² y hasta 2.000 hb/km² 0,155 






Superior a 12.000 hb/km² 1,125 

Las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión 

sonora y de televisión serán, en cualquier caso, 

las especificadas en el CNAF; sin embargo, el Secretario de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

podrá autorizar usos de carácter temporal o experimental 

diferentes a los señalados en dicho cuadro que no 

causen perturbaciones a estaciones radioeléctricas legalmente 

autorizadas. Dichos usos, de carácter temporal o experimental, 

estarán igualmente gravados con una tasa por 

reserva de dominio público radioeléctrico, cuyo importe se 

evaluará siguiendo los criterios generales del servicio al que 

se pueda asimilar o, en su caso, los criterios que correspondan 

a la banda de frecuencias reservada. 

Para el servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) 

por satélite se considerarán únicamente los enlaces ascendentes 

desde el territorio nacional, que están tipificados como 

enlaces de conexión dentro del apartado 2.3.2 del servicio fijo 

por satélite. 

Los enlaces de contribución de radiodifusión (sonora y de 

televisión) vía satélite, están igualmente tipificados como tales 

dentro del apartado 2.3.1 del servicio fijo por satélite. 

3.1. Radiodifusión sonora. 

Se distinguen las siguientes modalidades a efectos de calcular 

la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico: 

3.1.1. Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media: 

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la 

correspondiente a la zona de servicio. 

La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los 

sistemas de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz 

en los sistemas de modulación con banda lateral única. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

148,5 a 283,5 kHz 1 1 1 1,25 650,912 k 3111 

526,5 a 1.606,5 kHz 1 1 1,5 1,25 650,912 k 3112 

3.1.2. Radiodifusión sonora de onda corta. 

En el caso de la radiodifusión sonora de onda corta se 

considerará que la superficie S, expresada en kilómetros 

cuadrados, corresponde a la superficie del territorio nacional y 

que la densidad de población corresponde a la densidad de 

población nacional. 

La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los 

sistemas de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz 

en los sistemas de modulación con banda lateral única. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

3 a 30 MHz según CNAF. 1 1 1 1,25 325,453 k 3121 

3.1.3. Radiodifusión sonora con modulación de frecuencias 

en zonas de alto interés y rentabilidad. 



La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en 

los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas estereofónicos 

y 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

87,5 a 108 MHz 1,25 1 1,5 1,25 13,066 k 3131 

3.1.4. Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia 

en otras zonas. 



La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en 

los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas estereofónicos 

y de 300 kHz en los sistemas con subportadoras 

suplementarias. 

58

1 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

87,5 a 108 MHz 1 1 1,5 1,25 13,066 k 3141 

3.1.5. Radiodifusión sonora digital terrenal en zonas de alto 

interés y rentabilidad. 



La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en 

los sistemas con norma UNE ETS 300 401. 

3.2.3. Televisión digital terrenal en zonas de alto interés y 

rentabilidad. 


de ámbito nacional y autonómico. 




los sistemas con la norma UNE ETS 300 744. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

470 a 862 MHz 1,25 1 1,3 1 0,7023 3231 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

195 a 223 MHz 1,25 1 1,5 1 0,3756 k 3151 

1.452 a 1.492 MHz 1,25 1 1 1 0,3756 k 3152 

3.1.6. Radiodifusión sonora digital terrenal en otras zonas. 




los sistemas con norma UNE ETS 300 401. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

195 a 223 MHz 1 1 1,5 1 0,3756 k 3161 

1.452 a 1.492 MHz 1 1 1 1 0,3756 k 3162 

3.2. Televisión. 

Se distinguen las siguientes modalidades, a efectos de 

calcular la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico: 

3.2.1. Televisión analógica en zonas de alto interés y rentabilidad. 




los sistemas con la norma G/PAL. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

470 a 830 MHz 1,25 1 1,3 1,25 0,3798 k 3212 

3.2.2. Televisión analógica en otras zonas. 




los sistemas con la norma G/PAL. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

470 a 830 MHz 1 1 1,3 1,25 0,3798 k 3222 

3.2.4. Televisión digital terrenal en otras zonas. 


de ámbito nacional y autonómico. 






C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

470 a 862 MHz 1 1 1,3 1 0,7023 3241 

3.2.5. Televisión digital terrenal de ámbito local en zonas de 

alto interés y rentabilidad. 


de ámbito local. 






C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

470 a 862 MHz 1,25 1 1,3 1 0,3512 3251 

3.2.6. Televisión digital terrenal de ámbito local en otras 

zonas. 


de ámbito local. 






C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

470 a 862 MHz 1 1 1,3 1 0,3512 3261 

3.3. Servicios auxiliares a la radiodifusión. 

Las modalidades de estos servicios son las siguientes: 

3.3.1. Enlaces móviles de fonía para reportajes y transmisión 

de eventos radiofónicos. 

59

1 




cuadrados. 

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia por 

debajo de 195 MHz destinadas al efecto en el CNAF. 

La anchura de banda computable para el cálculo de la tasa 

es la correspondiente al canal utilizado (300 kHz, 400 kHz, 

otro). 


En las bandas previstas 

en el CNAF 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

1 1 1 2 0,8017 3311 

3.3.2. Enlaces de transporte de programas de radiodifusión 

sonora entre estudios y emisoras. 

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia destinadas 

al mismo según el CNAF. 

En estos casos la superficie a considerar es la que resulte 

de multiplicar la suma de las longitudes de todos los vanos 

por una anchura de un kilómetro, estableciéndose una superficie 

mínima de 10 kilómetros cuadrados. 


es la correspondiente al canal utilizado (300 kHz, 400 kHz, 

otro). 



En las bandas previstas en el 

CNAF 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

1 1 1 1 0,0100 4111 

4.2. Servicio de radiodeterminación. 

La superficie a considerar en este servicio será la del círculo 

que tiene como radio el de servicio autorizado. 

El ancho de banda se obtiene directamente de la denominación 

de la emisión. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,0602 4211 

4.3. Servicio de radiolocalización. 






C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,03090 4311 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

CNAF UN 111 1,25 1 1,25 2 5,72 3321 

CNAF UN 47 1,15 1 1,10 1,90 5,72 3322 

CNAF UN 88 1,05 1 0,75 1,60 5,72 3323 

CNAF UNs 105 y 106 1,5 1 1,3 2 5,72 3324 

3.3.3. Enlaces móviles de televisión (ENG). 

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia por 

encima de 2000 MHz destinadas al mismo según el CNAF. 

En estos casos, se establece una superficie mínima de 10 

kilómetros cuadrados, independientemente del número de 

equipos funcionando en la misma frecuencia para su uso en 



es la correspondiente al canal utilizado. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

En las bandas previstas en el 1,25 1 1,25 2 0,7177 3331 

CNAF 

4. Otros servicios. 

Servicios incluidos en este capítulo: 

4.1. Servicio de radionavegación. 





4.4. Servicios por satélite, tales como operaciones espaciales, 

exploración de la tierra por satélite y otros. 

La superficie a considerar en estos servicios será la correspondiente 

a la zona de servicio, estableciéndose una 

superficie mínima de 31.416 kilómetros cuadrados, tanto en 

transmisión como en recepción. 

El ancho de banda a considerar, tanto en transmisión como 

en recepción, será el exigido por el sistema solicitado en cada 

caso. 


C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

Operaciones espaciales (Telemando, 

telemedida y seguimiento) 

Exploración de la Tierra por 

satélite 

1 1 1 1 1,977 10 -4 4412 

1 1 1 1 0,7973 10 -4 4413 

Otros servicios espaciales. 1 1 1 1 3,904 10 -3 4411 

4.5. Servicios no contemplados en apartados anteriores. 

Para los servicios y sistemas que puedan presentarse y no 

sean contemplados en los apartados anteriores o a los que 

razonablemente, no se les puedan aplicar las reglas anteriores, 

se fijará la tasa en cada caso en función de los siguientes 

criterios: 

Comparación con alguno de los servicios citados anteriormente 

con características técnicas parecidas. 

60

1 

Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria. 

Superficie cubierta por la reserva efectuada. 

Importe de la tasa devengada por sistemas que, bajo tecnologías 

diferentes, resulten similares en cuanto a los servicios 

que prestan. 

Dos. Las disposiciones reglamentarias reguladoras de la 

tasa por reserva de dominio público radioeléctrico conservarán 

su vigencia en todo lo que no se oponga a lo previsto en 

el presente artículo. 

Tres. El importe de la tasa anual que, conforme al apartado 

1, del Anexo I, de la Ley General de Telecomunicaciones, 

los operadores deben satisfacer por la prestación de 

servicios a terceros, será el resultado de aplicar el tipo del 

1,25 por mil a la cifra de los ingresos brutos de explotación 

que obtengan aquéllos. 

Artículo 87. Tasas de la Propiedad Industrial: Marcas.— 

Con efectos de 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, se 

modifica el Anexo de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas, que queda redactado de la siguiente manera: 

«TARIFA PRIMERA 

Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos 

1.1. Tasa de solicitud de registro: 

a. De una marca o nombre comercial. Por la primera clase 

solicitada: 154,38 euros. Por la segunda clase y cada una de 

las sucesivas: 100,00 euros. 

b. De una marca de garantía o colectiva. Por la primera 

clase solicitada: 308,72 euros. Por la segunda clase y cada 

una las sucesivas: 200,00 euros. 

c. De un registro internacional (tasa nacional): 41,43 euros. 

d. De una marca comunitaria (tasa de recepción y transmisión): 

27,61 euros. 

1.2. Tasa de división. Por cada solicitud o registro divisional 

resultante: 58,68 euros. 

1.3. Tasa de restablecimiento de derechos: 102,26. 

1.4. Tasa de solicitud de resolución urgente: 51,11 euros. 

1.5. Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada: 

21,20. 

1.6. Modificaciones: por la modificación de la modalidad, 

distintivo, lista de productos o servicios, del reglamento de 

uso o, en general, por cualquier modificación del expediente 

autorizada por la Ley, ya sea de la solicitud o del registro de 

la marca, cuando se efectúe de modo espontáneo por el solicitante 

o titular y no como consecuencia de un suspenso 

decretado de oficio: 22,50 euros. 

1.7. Oposiciones: Por formulación de oposición: 42,00. 

1.8. Tasas de la renovación del registro: 

a. De una marca o nombre comercial. Por la primera clase 

renovada: 178,73 euros. Por la segunda clase renovada y 

cada una de las sucesivas: 120 euros. 

b. De una marca de garantía o colectiva. Por la primera 

clase renovada: 359 euros. Por la segunda clase renovada y 

cada una de las sucesivas: 240 euros. 

1.9. Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de 

renovación y quinquenios sucesivos (régimen transitorio), los 

recargos serán del 25%, dentro de los tres primeros meses, y 

del 50%, dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de 

seis meses de demora. 

1.10. Recursos y revisión de actos administrativos: por la 

presentación de un recurso o solicitud de revisión: 95 euros. 

1.11. Quinquenios sucesivos (régimen transitorio): 79,90 

euros. 

TARIFA SEGUNDA 

Inscripción de cesión de derechos y otras 

modificaciones 

2.1. Por la inscripción o cancelación de cambios en la titularidad, 

licencias, derechos reales, opciones de compra u 

otras trabas o medidas cautelares o de ejecución. Por cada 

registro afectado: 32,44 [hasta un máximo de 6.768,37 euros]. 

2.2. Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por 

cada registro afectado 15,90 euros, hasta un máximo de 

2.654,25 euros. 

TARIFA TERCERA 

Otros servicios 

3.1. Certificaciones: 16,40 euros. 

3.2. Consulta y vista de un expediente: 3,46 euros. 

3.3. Copia de los documentos obrantes en el expediente: 

11,05 euros más un suplemento por cada página que exceda 

de 10 de 1,10 euros. 

TARIFA CUARTA 

Publicaciones 

4.1. Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad 

Industrial, a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición 

de un recurso contencioso-administrativo en materia 

de signos distintivos: 138,06 euros. 


Industrial a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo 

sobre signos distintivos: 138,06 euros.» 

Artículo 88. Tasas de la Propiedad Industrial: Patentes.— 

Con efectos de 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, 

se modifican las tasas contenidas en el Anexo de la Ley 

11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y se crea una nueva 

Tarifa Cuarta, así como los epígrafes 1.9 y 1.10 de la Tarifa 

Primera. Este Anexo queda redactado como sigue: 

«TARIFA PRIMERA 

Adquisición y defensa de derechos 

1.1. Solicitudes: 

Por la solicitud de una demanda de depósito de patente de 

invención, certificado de adición o modelo de utilidad, ya sea 

directamente o como consecuencia de la división de una solicitud, 

así como por la solicitud de rehabilitación prevista en 

el artículo 117, inclusive en ambos casos la inserción de la 

solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»: 

80,00 euros. 

Por solicitud de cambio de modalidad de protección: 10,00 

euros. 

Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica: 

664,51 euros. 

Por solicitud de examen previo: 378,31 euros. 

61

1 

Por la presentación de un recurso o solicitud de revisión. 

95,00 euros. 

Por solicitud de resolución urgente de un expediente: 51,11 

euros. 

1.2. Tasa de restablecimiento de derechos: 102,26 euros. 

1.3. Prioridad extranjera: 

Por cada prioridad extranjera reivindicada en materia de 

patentes y modelos de utilidad: 21,20 euros. 

1.4. Modificaciones: 

Por cualquier modificación del expediente presentado, ya 

sean modificaciones en la Memoria o reivindicaciones, ya 

sean aportaciones posteriores de documentos o rectificaciones 

de errores materiales, aritméticos o de hecho, y en general 

por cualquier modificación en supuestos autorizados 

por la Ley: 22,50 euros. 

1.5. Contestación a suspensos: 

Por contestación a suspensiones provocadas por defectos 

formales del expediente presentado en demanda de registro 

de patentes y modelos de utilidad: 45,35 euros. 

1.6. Oposiciones: 

Por formulación de oposiciones a la concesión de expedientes 


1.7. Derechos de concesión de patentes y modelos de utilidad: 

28,25 euros. 

1.8. Tasa de Solicitud para la Tramitación de los Expedientes 

de Certificados Complementarios de Protección de 

Medicamentos-Productos Fitosanitarios (CCP): 458,42 euros. 

TARIFA SEGUNDA 

Mantenimiento y transmisión de derechos 

2.1. Anualidades: 

3ª anualidad: 22,64 euros. 


















2.1.1. Tasas de mantenimiento de: 

CCP de duración igual o inferior a un año: 656,74 euros. 

CCP de duración igual o inferior a dos años: 1379,15 euros. 

CCP de duración igual o inferior a tres años: 2173,84 euros. 

CCP de duración igual o inferior a cuatro años: 3047,95 

euros. 

CCP de duración igual o inferior a cinco años: 4009,50 euros. 

Por demoras en los pagos de tasa de mantenimiento de 

CCP y tasa de mantenimiento de prórroga de CCP de medicamentos, 

recargos del 25 por 100, dentro de los tres primeros 

meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, 

hasta un máximo de seis meses de demora. 

2.2. Demoras: 

Por demoras en los pagos de anualidad, recargos del 25 

por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, 

dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses 

de demora. No obstante, en los siguientes seis meses y hasta 

un máximo de tiempo que coincida con la fecha aniversario 

de la siguiente anualidad, el interesado podrá regularizar el 

pago de la anualidad no pagada abonando una tasa equivalente 

al importe de la vigésima anualidad. 

2.3. Explotación y licencias: 

Por la tramitación de expedientes de puesta en explotación 


Por la tramitación de cada uno de los ofrecimientos de licencias 

de pleno derecho o de solicitud, mediación o de obtención 

de alguna licencia de pleno derecho o licencia 

obligatoria en los casos previstos en la Ley: 21,23 euros. 

Por mediación aceptada por el Organismo para la obtención 

de una licencia contractual: 141,42 euros. 

2.4. Transferencias: 

Por tramitación de expedientes de inscripción de transmisiones 

o de cesiones o modificaciones. Por cada registro 

efectuado. 12,85 euros. 

2.5. Por la inscripción de cambio de nombre del titular: 

15,90 euros. 

TARIFA TERCERA 


3.1. Por cada certificación de datos registrados relativos a 

patentes o modelos de utilidad, así como por la expedición de 

copia autorizada de cada uno de los documentos permitidos 

por la Ley. 20,00 euros.» 

Artículo 89. Tasas de la Propiedad Industrial: Diseño Industrial.— 

Con efectos de 1 de enero de 2010 y vigencia 

indefinida, se modifican las tasas contenidas en el anexo 

previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 20/2003, 

de 7 de junio (sic), de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

Este anexo queda redactado como sigue: 

«TARIFA primera 

Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos 

1.1. Tasa de solicitud de registro: 80,00 euros. 

Por los diseños adicionales incluidos en la misma solicitud 

de registro a partir del décimo: 

De 11 a 20 diseños: 70,00 euros. 




1.2. Tasa de división de registro: 

Por cada solicitud o registro divisional resultante: 58,68 

euros. 

62

1 

1.3. Tasa de restablecimiento de derechos: 102,26 euros. 

1.4. Por solicitud de un diseño comunitario o de un registro 

internacional por mediación de la Oficina Española de Patentes 

y Marcas: 27,07 euros. 

1.5. Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada: 

8,11 euros. 

1.6. Modificaciones de la solicitud o del diseño autorizadas 

por la Ley: 22,50 euros. 

1.7. Oposiciones: por formulación de oposición: 42,00 euros. 

1.8. Tasa de renovación del registro: 103,24 euros. 

Por los diseños adicionales incluidos en la misma solicitud 

de renovación a partir del décimo: 





1.9. Demoras: Por demoras en los pagos de las tasas de 

renovación y quinquenios sucesivos (régimen transitorio), los 

recargos serán del 25%, dentro de los tres primeros meses, y 

del 50% dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de 

seis meses de demora. 

1.10. Recursos y revisión de actos administrativos: por la 

presentación de un recurso o solicitud de revisión: 95,00 euros. 

1.11. Tasas de mantenimiento y renovación de modelos y 

dibujos industriales y modelos y dibujos artísticos concedidos 

bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial: 

Tasa de título y título de renovación:18,99 euros. 

Primer quinquenio: 20,75 euros. 

Tasa de solicitud de renovación: 51,11 euros. 

Quinquenios sucesivos: 79,90 euros. 

TARIFA segunda 

Cesión de derechos, licencias y otras modificaciones 

2.1. Por la inscripción o cancelación de cambios de titularidad, 

licencias, derechos reales, opciones de compra u otras 

trabas o medidas cautelares o de ejecución: Por cada registro 

afectado: 32,44 euros (hasta un máximo de 6.768,37 euros). 

2.2. Por la inscripción del cambio de nombre del titular: Por 

cada registro afectado: 15,90 euros hasta un máximo de 

2.654,25 euros. 

TARIFA tercera 


3.1. Certificaciones: 16,40 euros. 

3.2. Consulta y vista de un expediente: 3,46 euros. 

3.3. Copia de los documentos obrantes en un expediente: 

11,05 euros (más un suplemento por cada página que exceda 

de 10 de 1,10 euros). 

TARIFA cuarta 

Publicaciones 


Industrial, a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición 

de un recurso contencioso-administrativo en materia 

de diseño: 138,06 euros. 


Industrial, a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo 

en materia de diseño: 138,06 euros.» 

Artículo 90. Tasas de la Propiedad Industrial: Patentes 

Europeas.— Con efectos de 1 de enero de 2010 y vigencia 

indefinida, se modifica el artículo 1 de la Ley 20/1987, de 7 de 

octubre, sobre tasas a satisfacer por solicitantes y concesionarios 

de patentes europeas, por determinadas actividades a 

realizar en la Oficina Española de Patentes y Marcas, quedando 

redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 1. 1. Las tasas previstas en los artículos 6, 9, 

12 y 18 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo 

a la aplicación en España del Convenio de Munich, de 5 

de octubre de 1973, sobre concesión de Patentes Europeas, 

que entró en vigor en España el 1 de octubre de 1986, serán 


a) Tasa por publicación de las reivindicaciones y, en su 

caso, dibujos, de una solicitud de patente europea traducida 

al español o de la revisión de la traducción de la ya publicada: 

103,58 euros. 

b) Tasa por los conceptos señalados en el apartado a) 

cuando la traducción se presente en soporte magnético o por 

medios telemáticos: Reducción de un 15% sobre el importe 

de la tasa fijada en apartado a). 

c) Tasa por publicación de un fascículo de patente europea 

tal y como haya sido concedida, o modificada y concedida 

tras un procedimiento de oposición, o limitada tras un procedimiento 

de limitación, traducido al español, o de su revisión: 

Hasta 22 páginas: 308,41 euros. Por cada página adicional: 

12,39 euros. 

d) Tasa por los conceptos señalados en el apartado c), 

cuando la traducción se aporte en soporte magnético o por 

medios telemáticos, en las condiciones generales, requisitos 

y características técnicas fijadas por resolución del Director 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas: reducción de un 

15% sobre el importe de la tasa fijada en el apartado c). 

e) Tasa por solicitud de un informe de búsqueda complementaria: 

111,34 euros. 

2. La falta de pago de la tasa correspondiente producirá la 

nulidad en España de la patente europea, la falta de protección 

provisional de la solicitud de patente europea o la no 

emisión del informe de búsqueda complementaria.» 

TÍTULO VII 

De los Entes Territoriales 

CAPÍTULO I 

ENTIDADES LOCALES 

Sección 1 

Liquidación definitiva de la participación en Tributos del 

Estado correspondiente al año 2008 

Artículo 91. Régimen jurídico y saldos deudores.— 

Uno. Una vez conocido el incremento de los ingresos tributarios 

del Estado del año 2008 respecto de 2004, y los demás 

datos necesarios, se procederá al cálculo de la liquidación 

definitiva de la participación en tributos del Estado, correspondiente 

al ejercicio 2008, en los términos de los artículos 

111 a 124 y 135 a 146 del texto refundido de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo además en 

63

1 

cuenta las normas recogidas en los artículos 87 a 90, 92 y 

93, 95 a 98 y 100 a 102 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2008. 

Dos. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la 

liquidación a la que se refiere el apartado anterior, en el 

componente de financiación que no corresponda a cesión de 

rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán 

reembolsados por las Entidades Locales afectadas mediante 

compensación con cargo a las entregas a cuenta que, por 

cualquier concepto del sistema de financiación, se perciban a 

partir de enero de 2011, en 48 mensualidades, teniendo en 

cuenta, en su caso, lo dispuesto en los siguientes apartados. 

Tres. Las liquidaciones a favor de cada Entidad local correspondientes 

a tributos cedidos se aplicarán a compensar 

las liquidaciones a favor del Estado correspondientes a los 

Impuestos Especiales sobre la Cerveza, Productos Intermedios, 

Alcohol y Bebidas derivadas, Hidrocarburos y Labores 

de Tabaco, al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, en este mismo orden 

de prelación. Si una vez practicada esta compensación existiera 

aún remanente de saldo a favor de las Entidades locales 

se destinará a cancelar el importe de la liquidación a favor 

del Estado por Fondo Complementario de Financiación. 

Cuatro. Las liquidaciones a favor de cada Entidad local 

correspondientes al Fondo Complementario de Financiación 

se aplicarán a cancelar las liquidaciones a favor del Estado 

por Impuestos Especiales, Impuesto sobre el Valor Añadido e 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, existentes 

tras la compensación indicada en el apartado anterior. 

Cinco. Los saldos deudores restantes después de aplicar 

las compensaciones anteriormente citadas, serán reembolsados 

por las Entidades Locales a partir de enero de 2011, en 

60 mensualidades, mediante descuento en los pagos que 

realice el Estado por las entregas a cuenta de cualquier recurso 

del sistema de financiación. 

Seis. Cuando las retenciones citadas en este artículo 

concurran con las reguladas en el artículo 117 tendrán carácter 

preferente frente a aquellas y no computarán para el 

cálculo de los porcentajes establecidos en el apartado Dos 

del citado artículo. 

Siete. Si el importe de las liquidaciones definitivas a que 

se refiere el apartado Dos de este artículo fuera a favor del 

Estado, se reflejará como derecho en el capítulo IV del Presupuesto 

de Ingresos del Estado. 

Sección 2 

Cesión a favor de los municipios de la recaudación de 

Impuestos Estatales en el año 2010 

Artículo 92. Cesión de rendimientos recaudatorios del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación 

de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. 

— Uno. Los municipios incluidos en el ámbito subjetivo 

del artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida 

que se obtenga en 2010 mediante doce entregas mensuales 

a cuenta de la liquidación definitiva. El importe total de estas 

entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: 

ECIRPF m = 0,016875 x CL 2007 m x IA 2010/2007 x 0,95 

Siendo: 

ECIRPF m :Importe anual de entregas a cuenta por cesión de 

rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas del municipio m. 

CL m 2007 : Cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas en el municipio m en el año 2007, último 

conocido. 

IA 2010/2007 : Índice de actualización de la cuota líquida entre 

el año 2007, último conocido, y el año 2010. Este índice es el 

resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, 

para 2010, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, 

entre el importe de los derechos liquidados por estos 

conceptos, correspondientes al año 2007, último del que se 

conocen las cuotas líquidas de los municipios. El importe que 

se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula 

anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose 

como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto 


Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia 

entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo 

de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada 

municipio, determinada en los términos del artículo 115 del 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 


marzo. 

Artículo 93. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto 

sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas a 

cuenta y de la liquidación definitiva.— Uno. Los municipios 

a los que se refiere el artículo precedente participarán en 

la recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre 

el Valor Añadido, mediante la determinación de doce entregas 

mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. 

La determinación para cada municipio del importe total de 

estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente 

operación: 

ECIVAm = 0,017897 x RPIVA x ICPi x (Pm/Pi) x 0,95 

Siendo: 

ECIVAm: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio 

m, en concepto de cesión de la recaudación de Impuesto 

sobre el Valor Añadido prevista para el año 2010. 

RPIVA: Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación 

líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido para 

el año 2010. 

ICPi: Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma 

i para el año 2010. A estos efectos se tendrá en 

cuenta el último dato disponible, que corresponde al utilizado 

para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2007. 

Pm y Pi: Poblaciones del municipio m y de la Comunidad 

Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la 

población de derecho según el Padrón de la población municipal 

vigente a 1 de enero de 2010 y aprobado oficialmente 

por el Gobierno. 

El importe que se obtenga en concepto de entregas a 

cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada 

municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el 

concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido. 



de la cesión de la recaudación líquida por IVA que 

resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 


marzo. 

64

1 

Artículo 94. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos 

Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: Determinación 

de las entregas a cuenta y de la liquidación 

definitiva.— Uno. Los municipios a los que se refiere el 

artículo 92, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, 

por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y 

Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre 

el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la determinación de 

doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. 

La determinación para cada municipio del importe total de 

estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente 

operación: 

ECIIEE(h)m = 0,020454 x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pm / Pi) x 

0,95 

Siendo: 

ECIIEE(h)m: Importe anual de las entregas a cuenta del 

municipio m, en concepto de cesión de la recaudación del 

Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de 

este apartado prevista en el año 2010. 

RPIIEE(h): Importe de la previsión presupuestaria de la 

recaudación líquida del Impuesto Especial h de los señalados 

en el primer párrafo de este apartado para el año 2010. 

ICPi(h): Índice provisional de consumo de la Comunidad 

Autónoma i a la que pertenece el municipio m, elaborado, 

para el año 2010, a efectos de la asignación del Impuesto 

Especial h de los señalados en el primer párrafo de este 

apartado. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos 

datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el 

cálculo de la liquidación definitiva del año 2007. 

Pm y Pi: Poblaciones del municipio m y de la Comunidad 

Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la 

población de derecho según el Padrón de la población municipal 

vigente a 1 de enero de 2010 y aprobado oficialmente 





concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales 

señalados en el primer párrafo de este apartado. 



de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos 

Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior 

que resulte de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 

1 y 2 del artículo 117 del texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 


Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del 

Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación 

definitiva.— Uno. Los municipios a los que se 

refiere el artículo 92 participarán en la recaudación líquida 

que se obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y 

sobre las Labores del Tabaco, mediante la determinación de 

doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. 

El cálculo para cada municipio del importe total de estas 

entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: 

ECIIEE(k)m = 0,020454 x RPIIEE(k) x IPm(k) x 0,95 

Siendo: 

ECIIEE(k)m: Importe anual de las entregas a cuenta del 

municipio m, en concepto de cesión de la recaudación del 

Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de 

este apartado prevista en el año 2010. 

RPIIEE(k): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación 

líquida del Impuesto Especial k de los señalados 


IPm(k): Índice provisional, para el año 2010, referido al 

municipio m, de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, 

y el de ventas a expendedurías de tabaco, ponderadas ambas 

por los correspondientes tipos impositivos. A estos efectos 

se considerará índice provisional el que corresponda al 

último año disponible. 










que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

117 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo. 

Sección 3 

Participación de los Municipios en los Tributos del Estado 

Subsección 1 

Participación de los municipios en el Fondo Complementario 

de Financiación 

Artículo 96. Determinación de las entregas a cuenta.— 

Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación 

de cada municipio incluido en el ámbito subjetivo del 

artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, en el Fondo Complementario de Financiación 

correspondiente a 2010, se reconocerá con cargo 

al crédito específico consignado en la Sección 32, Servicio 

23, Dirección General de Coordinación Financiera con las 

Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, Programa 

942 M. 

Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo 

Complementario de Financiación del año base 2004 multiplicado 

por el índice de evolución correspondiente según el artículo 

121 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 


2/2004, de 5 de marzo. 

Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior 

para cada municipio, se le añadirá el 95 por ciento de las 

compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma 

del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: 

a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 

51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos 

términos que los ingresos tributarios del Estado en 2010 

respecto a 2004. 

b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda 

de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, incrementada en los 

mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 

2010 respecto a 2006. 

65

1 

Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el 

Fondo Complementario de Financiación para el ejercicio 2010 

serán abonadas mediante pagos mensuales equivalentes a la 

doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de 

las normas recogidas en los apartados anteriores. 

Artículo 97. Liquidación definitiva.— Uno. La práctica 

de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación 

del año 2010 a favor de los municipios, se realizará 

con cargo al crédito que se dote en la Sección 32, 

Servicio 23, Dirección General de Coordinación Financiera 

con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, 

Programa 942M, Concepto 468, relativo a la liquidación 

definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del 

nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas 

en los artículos 119 y 121 del texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Dos. A la cuantía calculada para cada municipio en los 

términos del apartado anterior, se le añadirán las compensaciones 

por mermas de ingresos derivadas de la reforma 











Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia 

entre los importes de las entregas a cuenta calculadas 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y de la participación 

definitiva calculada en los términos de los apartados 

anteriores. 

Subsección 2 

Participación del resto de municipios 

Artículo 98. Participación de los municipios en los tributos 

del Estado para el ejercicio 2010.— Uno. El importe total 

destinado a pagar las entregas a cuenta a los municipios incluidos 

en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto refundido 

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

será el equivalente al 95 por ciento de su participación 

total en los tributos del Estado para el año base 2004, multiplicado 

por el índice de evolución correspondiente según el 

artículo 123 del texto refundido de la Ley reguladora de las 


2/2004, de 5 de marzo, y se reconocerá con cargo al crédito 

específico consignado en la Sección 32, Servicio 23, Dirección 

General de Coordinación Financiera con las Comunidades 

Autónomas y con las Entidades Locales, Programa 

942M. 

Dos. La práctica de la liquidación definitiva correspondiente 

al año 2010 a favor de los municipios antes citados se 

realizará con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 

123 y 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las 


2/2004, de 5 de marzo, y con cargo al crédito que se dote en 

el Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años 

anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de 

financiación, incluido en la Sección, Servicio y Programa citados 

en el apartado anterior. 

Tres. El importe total que resulte de la aplicación de las 

reglas contenidas en los apartados anteriores, se distribuirá 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Como regla general, cada Ayuntamiento percibirá una 

cantidad igual a la resultante de la liquidación definitiva de la 

participación en los tributos del Estado del año 2003, calculada 

con arreglo a lo dispuesto en los apartados dos, tres, 

cuatro y cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2003 

b) El resto se distribuirá proporcionalmente a las diferencias 

positivas entre la cantidad que cada Ayuntamiento obtendría 

de un reparto en función de las variables y 

porcentajes que a continuación se mencionan y las cantidades 

previstas en el párrafo anterior. A estos efectos, las variables 

y porcentajes a aplicar serán los siguientes: 

1. El 75 por ciento en función del número de habitantes de 

derecho de cada municipio, según el Padrón de la población 

municipal vigente a 31 de diciembre de 2010 y aprobado oficialmente 

por el Gobierno, ponderado por los siguientes coeficientes, 

según estratos de población: 

Estrato Número de Habitantes Coeficientes 

1 De más de 50.000. 1,40 

2 De 20.001 a 50.000. 1,30 

3 De 5.001 a 20.000. 1,17 

4 Hasta 5.000. 1,00 

2. El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio 

de cada municipio en el ejercicio 2008 ponderado por el número 

de habitantes de derecho de cada municipio, según el 

Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2010 y oficialmente 

aprobado por el Gobierno. 

A estos efectos, se considera esfuerzo fiscal municipal en 

el año 2008 el resultante de la aplicación de la fórmula siguiente: 

Efm = [Σ a(RcO/RPm)] x Pi 

En el desarrollo de esta fórmula se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

A. El factor a representa el peso medio relativo de cada 

tributo en relación con la recaudación líquida total obtenida en 

el ejercicio económico de 2008, durante el período voluntario, 

por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto 

sobre Actividades Económicas, excluidas las cantidades 

percibidas como consecuencia de la distribución de las cuotas 

nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades 

Económicas y el recargo provincial atribuible a las respectivas 

Diputaciones Provinciales, y por el Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, para todos los municipios integrados 

en esta forma de financiación. 

B. La relación RcO/RPm se calculará, para cada uno de 

los tributos citados en el párrafo precedente y en relación a 

cada municipio, de la siguiente manera: 

i. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos o rústicos, 

multiplicando el factor a por el tipo impositivo real fijado 

por el Pleno de la Corporación para el período de referencia, 

dividido por 0,4 ó 0,3, respectivamente, que representan los 

tipos mínimos exigibles en cada caso y dividiéndolo a su vez 

66

1 

por el tipo máximo potencialmente exigible en cada municipio. 

A estos efectos, se aplicarán los tipos de gravamen real y 

máximo, según lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 

72 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

El resultado así obtenido en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

urbanos se ponderará por la razón entre la base 

imponible media por habitante de cada Ayuntamiento y la 

base imponible media por habitante del estrato en el que se 

encuadre, incluyendo, en su caso, la que corresponda a los 

bienes inmuebles de características especiales. A estos 

efectos, los tramos de población se identificarán con los utilizados 

para la distribución del 75 por ciento asignado a la 

variable población. 

ii. En el Impuesto sobre Actividades Económicas, multiplicando 

el factor a por el importe del Padrón municipal del impuesto 

incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente 

de situación a que se refiere el artículo 87 del texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vigente en 

el período impositivo de 2008, y dividiéndolo por la suma de 

las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del impuesto, en relación 

con cada supuesto de sujeción al mismo, y ponderadas 

por los coeficientes recogidos en el artículo 86 de la misma 

norma. 

iii. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 

multiplicando el factor a por 1. 

iv. La suma Σa(RcO/RPm) se multiplicará por el factor Pj, 

siendo éste su población de derecho deducida del Padrón 

municipal vigente a 31 de diciembre de 2010 y aprobado oficialmente 


C. El coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante, 

para cada municipio, en ningún caso podrá ser superior al 

quíntuplo del menor valor calculado del coeficiente de esfuerzo 

fiscal medio por habitante de los ayuntamientos incluidos 

en el estrato de población superior a 50.000 

habitantes. 

3. El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad 

tributaria. Se entenderá como capacidad tributaria la resultante 

de la relación existente entre las bases imponibles medias 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos por 

habitante de cada Ayuntamiento y la del estrato en el que 

este se encuadre, ponderada por la relación entre la población 

de derecho de cada municipio y la población total de los 

incluidos en esta modalidad de participación, deducidas del 

Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2010 y aprobado 

oficialmente por el Gobierno. A estos efectos, los tramos 

de población se identificarán con los utilizados para la distribución 

del 75 por ciento asignado a la variable población. 

Para el cálculo de esta variable se tendrán en cuenta los 

datos relativos a las bases imponibles del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y de características 

especiales, de las entidades locales, correspondientes al 

ejercicio 2008. 

Cuatro. En la cuantía que resulte de la aplicación de las 

normas del apartado anterior, se le añadirán las compensaciones 

por mermas de ingresos derivadas de la reforma del 

Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: 


51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora 








Cinco. La participación de los municipios turísticos se determinará 

con arreglo al apartado 4 del artículo 125 del texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 


y a lo dispuesto en los apartados Tres y Cuatro anteriores. 

El importe de la cesión así calculada no podrá suponer, 

en ningún caso, minoración de la participación que resulte de 

la aplicación de los apartados Tres y Cuatro del presente artículo. 

Se considerarán municipios turísticos los que cumplan 

las condiciones recogidas en el apartado 1 del mencionado 

artículo 125, referidas a 1 de enero de 2008. 

Seis. Para los nuevos municipios turísticos resultantes de 

la revisión efectuada a 1 de enero de 2008, la cesión de la 

recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre 

las Labores del Tabaco calculada en el año base 2004, a que 

hace referencia el artículo 125.4 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será el resultado 

de dividir la cesión de la recaudación líquida de los Impuestos 

sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco correspondiente 

a cada municipio en el ejercicio 2008 por la evolución 

de los ingresos tributarios del Estado en este último 

respecto de 2004. 

Artículo 99. Entregas a cuenta.— Uno. Las entregas a 

cuenta de la participación en los tributos del Estado para el 

ejercicio de 2010 a que se refiere el artículo anterior serán 

abonadas a los Ayuntamientos mediante pagos mensuales 

equivalentes a la doceava parte del respectivo crédito. 

Dos. La participación individual de cada municipio se determinará 

de acuerdo con los criterios establecidos para la 

distribución de la liquidación definitiva, con las siguientes variaciones: 

a) Se empleará la población del Padrón Municipal vigente y 

oficialmente aprobado por el Gobierno a 1 de enero del año 

2010. Las variables esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad 

tributaria se referirán a los datos de la última liquidación definitiva 

practicada. En todo caso, se considerará como entrega 

mínima a cuenta de la participación en los tributos del Estado 

para cada municipio una cantidad igual al 95 por ciento de la 

participación total definitiva correspondiente al año 2003, 

calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados dos, 

tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2003. 

b) A la cuantía calculada según el párrafo anterior para 

cada municipio, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones 

por mermas de ingresos derivadas de la reforma 


1. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 





2. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda 


67

1 



Tres. La participación individual de cada municipio turístico 

se determinará de acuerdo con el apartado anterior. El importe 

resultante se reducirá en la cuantía de la cesión de la 

recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre 

las Labores del Tabaco calculada en el año base 2004, incrementada 

en los mismos términos que la previsión de crecimiento 

de los ingresos tributarios del Estado en 2010 

respecto de 2004, sumándose al resultado anterior la cesión 

que, por aquellos impuestos, les correspondiese, en concepto 

de entregas a cuenta en 2010, aplicando las normas del 

apartado Uno del artículo 95 de esta Ley, sin que, en ningún 

caso, la cuantía a transferir sea inferior a la calculada con 

arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior. 

Sección 4 

Cesión a favor de las provincias, Comunidades autónomas 

Uniprovinciales, Cabildos y Consejos Insulares, de la 

recaudación de Impuestos Estatales 

Artículo 100. Cesión de rendimientos recaudatorios del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación 

de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. 

— Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el 

ámbito subjetivo del artículo 135 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la 

recaudación líquida que se obtenga en 2010, mediante el 

pago de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación 

definitiva. 

El cálculo global de la cuantía de estas entregas a cuenta 

se efectuará mediante la siguiente operación: 

ECIRPFp = 0,009936 x CL2007p x IA2010/2007 x 0,95 

Siendo: 

ECIRPFp: Importe anual de entregas a cuenta por cesión 

de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas de la entidad provincial o asimilada p. 

CL2007p: Cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas en el ámbito de la entidad provincial o 

asimilada p en el año 2007, último conocido. 

IA2010/2007: Índice de actualización de la cuota líquida 

entre el año 2007, último conocido, y el año 2010. Este índice 

es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, 

para 2010, por retenciones, pagos a cuenta y pagos 

fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados 

por estos conceptos, correspondientes al año 2007, último 

del que se conocen las cuotas líquidas en el ámbito de la entidad 

provincial o asimilada. 



provincia o entidad asimilada mediante transferencia por doceavas 

partes mensuales, tramitándose como devoluciones 

de ingresos en el concepto del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 



de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada 

provincia o ente asimilado, determinada en los términos del 

artículo 137 del texto refundido de la Ley reguladora de las 


2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 101. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto 

sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas 

a cuenta y de la liquidación definitiva.— Uno. Las provincias 

y entes asimilados a los que se refiere el artículo precedente 

participarán en la recaudación líquida que se obtenga, 

por el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la determinación 

de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación 

definitiva. 

La determinación, para cada una de aquellas entidades, de 

la cuantía global de estas entregas a cuenta se efectuará 

mediante la siguiente operación: 

ECIVAp = 0,010538 x RPIVA x ICPi x (Pp / Pi) x 0,95 

Siendo: 

ECIVAp: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia 

o entidad asimilada p, en concepto de cesión de la 

recaudación de Impuesto sobre el Valor Añadido prevista en 

el año 2010. 

RPIVA: Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación 

líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido para 

el año 2010. 

ICPi: Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma 

i para el año 2010. A estos efectos se tendrán en 

cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los 

utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 

2007. 

Pp y Pi: Poblaciones de la provincia o ente asimilado p y de 

la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se 

considerará la población de derecho según el padrón de la 

población municipal vigente a 1 de enero de 2010 y aprobado 

oficialmente por el Gobierno. 



provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones 

de ingresos en el concepto de Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 



de la cesión de la recaudación líquida del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que resulte de la aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 138 del texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 



Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: 

Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación 

definitiva.— Uno. Las entidades incluidas en el ámbito 

subjetivo del artículo 135 del texto refundido de la Ley reguladora 


Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación 

líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la 

Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos 

Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, 

mediante la determinación de doce entregas mensuales a 

cuenta de la liquidación definitiva. 

El cálculo, para cada provincia o ente asimilado, de la 

cuantía global de estas entregas a cuenta se efectuará mediante 

la siguiente operación: 

ECIIEE(h)p = 0,012044 x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pp / Pi) x 

0,95 

Siendo: 

ECIIEE(h)p: Importe anual de las entregas a cuenta de la 

provincia o ente asimilado p, en concepto de cesión de la recaudación 

del Impuesto Especial h de los señalados en el 

primer párrafo de este apartado prevista en el año 2010. 

68

1 

RPIIEE(h): Importe de la previsión presupuestaria de la 

recaudación líquida del Impuesto Especial h de los señalados 


ICPi(h): Índice provisional de consumo de la Comunidad 

Autónoma i a la que pertenece la provincia o entidad asimilada 

p, elaborado, para el año 2010, a efectos de la asignación 

del Impuesto Especial h de los señalados en el primer 

párrafo de este apartado. A estos efectos se tendrán en 

cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los 

utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 

2007. 

Pp y Pi: Poblaciones de la provincia o entidad asimilada p y 

de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se 

considerará la población de derecho según el Padrón de la 

población municipal vigente a 1 de enero de 2010 y aprobado 




provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones 

de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los 

Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este 

apartado. 





que resulte de la aplicación del artículo 139 del texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 


Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores 

del Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la 

liquidación definitiva.— Uno. Las provincias y entes asimilados 

incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 del 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 


marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, 

por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores 

del Tabaco, mediante la determinación de doce entregas 

mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. 

El cálculo, para cada provincia o entidad asimilada, del 

importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante 

la siguiente operación: 

ECIIEE(k)p = 0,012044 x RPIIEE(k) x IPp(k) x 0,95 

Siendo: 

ECIIEE(k)p: Importe anual de las entregas a cuenta de la 

provincia o ente asimilado p, en concepto de cesión de la recaudación 

del Impuesto Especial k de los señalados en el 

primer párrafo de este apartado prevista en el año 2010. 

RPIIEE(k): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación 

líquida del Impuesto Especial k de los señalados 


IPp(k): Índice provisional, para el año 2010, referido a la 

provincia o ente asimilado p, de entregas de gasolinas, gasóleos 

y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, 

ponderadas ambas por los correspondientes tipos impositivos. 

A estos efectos se tendrán en cuenta datos correspondientes 

al último año disponible. 



entidad, tramitándose como devoluciones de ingresos en el 






Especiales señalados en el artículo anterior, que resulte de la 

aplicación del artículo 139 del texto refundido de la Ley Reguladora 



Sección 5 

Participación de las Provincias, Comunidades Autónomas 

Uniprovinciales y Consejos y Cabildos Insulares en los 

tributos del Estado 

Subsección 1 

Participación en el Fondo Complementario de Financiación 


Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación 

de cada provincia y entidad asimilada incluida en el 

ámbito subjetivo del vigente artículo 135 del texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el Fondo 

Complementario de Financiación correspondiente a 2010, se 

reconocerá con cargo al crédito Transferencias a las Diputaciones 

y Cabildos Insulares. Entregas a cuenta a las Diputaciones 

y Cabildos Insulares por su participación en los 

ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado 

por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades 

Autónomas, consignado en la Sección 32, Servicio 23, Dirección 


Autónomas y con las Entidades Locales, Programa 

942 M. 

Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo 

Complementario de Financiación del año 2004 aplicando el 

índice de evolución correspondiente según el artículo 121 del 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior, se 

le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas 

de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre 

Actividades Económicas siguientes: 










Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el 

Fondo Complementario de Financiación para el ejercicio 2010 

serán abonadas a las entidades locales a las que se refiere 

este artículo, mediante pagos mensuales equivalentes a la 

doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de 

las normas recogidas en los apartados anteriores. 


de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación 

del año 2010 a favor de las provincias y entidades 

asimiladas, se realizará con cargo al crédito que se dote en la 

Sección 32, Servicio 23, Dirección General de Coordinación 

Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 

Locales, Programa 942M, Concepto 468, relativo a la 

69

1 

liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones 

derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las 

reglas contenidas en los artículos 141 y 143 del texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Dos. La cuantía anterior se incrementará, en su caso, en 

el importe de las compensaciones por mermas de ingresos 

derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades 

Económicas siguientes: 










Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia 

entre la suma de los importes de las entregas a cuenta 

calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y 

de la participación definitiva calculada en los términos de los 

apartados anteriores. 

Subsección 2 

Participación en el fondo de aportación a la asistencia 

sanitaria 


Uno. Para el mantenimiento de los centros sanitarios de 

carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades 

Autónomas uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos 

Insulares se asigna, con cargo al crédito Transferencias a 

las Diputaciones y Cabildos Insulares. Entregas a cuenta a 

las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en 

los ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado 

por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades 

Autónomas consignado en la Sección 32, Servicio 23, Programa 

942M, Dirección General de Coordinación Financiera 


transferencias a Entidades Locales por participación en 

ingresos del Estado, la cantidad de 517,94 millones de euros 

en concepto de entregas a cuenta. Las entregas a cuenta de 

la participación en este fondo para el año 2010 serán abonadas 

a las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas 

uniprovinciales no insulares, Cabildos y Consejos 

Insulares mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava 

parte del crédito. La asignación para el mantenimiento 

de los centros sanitarios se realizará en proporción a las 

cuantías percibidas por este concepto en la liquidación definitiva 

de la participación en tributos del Estado del año 2004, 

y se librará simultáneamente con las entregas a cuenta de la 

participación en el Fondo Complementario de Financiación 

regulado en la Subsección anterior. 

Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los 

centros hospitalarios, en los términos previstos en la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a 

las correspondientes Comunidades Autónomas, se asignará 

a dichas entidades las entregas a cuenta de la participación 

del ente transferidor del servicio, pudiendo ser objeto de integración 

en su participación en los tributos del Estado por 

acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la 

Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de 

la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las 

modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos 

créditos presupuestarios. 


de la liquidación definitiva de la asignación del fondo de 

aportación a la asistencia sanitaria del año 2010, correspondiente 

a las Provincias, Comunidades Autónomas uniprovinciales 

no insulares e Islas, se realizará con cargo al crédito 

que se dote en la Sección 32, Servicio 23, Dirección General 

de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas 

y con las Entidades Locales, Programa 942M, Concepto 468, 

relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones 

derivadas del nuevo sistema de financiación, 

con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 143 y 144 

del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, tomando como base de cálculo las cuantías que, 

por este concepto, resultaron de la liquidación definitiva de la 

participación en tributos del Estado del año 2004. 

Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los 

centros hospitalarios, en los términos previstos en la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a 

las correspondientes Comunidades Autónomas, se procederá 

en la misma medida a asignar a dichas entidades la participación 

del ente transferidor del servicio en el citado fondo. 

Sección 6 

Regímenes Especiales 

Artículo 108. Participación de los Territorios Históricos del 

País Vasco y Navarra en los tributos del Estado.— Uno. 

La participación de los municipios del País Vasco y de Navarra 

en los tributos del Estado se fijará con arreglo a las normas 

contenidas en la Subsección 2.ª, de la Sección 3.ª de 

este Capítulo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, 

respectivamente. 

Dos. La participación de las Diputaciones Forales del País 

Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra en los tributos del 

Estado se determinará según lo establecido en el artículo 146 



de marzo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, 

respectivamente. 

Artículo 109. Participación de las entidades locales de las 

Islas Canarias en los tributos del Estado.— Uno. La cesión 

de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales a 

favor de los municipios de las Islas Canarias incluidos en el 

ámbito subjetivo de aplicación del artículo 111 del texto refundido 

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 


así como de los Cabildos Insulares, se ajustará a lo dispuesto 

en el artículo 158 de esta última norma. 

Dos. La participación en el Fondo Complementario de Financiación 

de las entidades locales citadas en el apartado 

anterior se determinará con arreglo a lo dispuesto en la Subsección 

1.ª, de la Sección 3.ª, y en la Subsección 1.ª, de la 

Sección 5.ª, de este Capítulo, teniendo en consideración lo 

dispuesto en el mencionado artículo 158 de aquella norma. 

Tres. La participación del resto de municipios de las Islas 

Canarias en los tributos del Estado se determinará mediante 

la aplicación de las normas contenidas en la Subsección 2.ª, 

de la Sección 3.ª, de este Capítulo y con arreglo a la misma 

proporción que los municipios de régimen común. 

70

1 

Artículo 110. Participación de las Ciudades de Ceuta y de 

Melilla en los tributos del Estado.— Uno. Las Ciudades de 

Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a los 

municipios, participarán en los tributos del Estado con arreglo 

a las normas generales contenidas en este Capítulo. 

Dos. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades 

asimiladas a las provincias, participarán en los tributos 

del Estado según lo establecido en el artículo 146 del texto 


aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Sección 7 

Compensaciones, Subvenciones y Ayudas 

Artículo 111. Subvenciones a las Entidades locales por 

servicios de transporte colectivo urbano.— Uno. Para dar 

cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional quinta 



de marzo, se fija en 69,0 millones de euros el crédito destinado 

a subvencionar el servicio de transporte colectivo urbano 

prestado por las Entidades locales que reúnan los 

requisitos que se especifican en el siguiente apartado. 

Dos. En la distribución del crédito podrán participar las 

Entidades locales que dispongan de un servicio de transporte 

público colectivo urbano interior, cualquiera que sea la forma 

de gestión, que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener más de 50.000 habitantes de derecho, según el 

Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2009 y aprobado 


b) Tener más de 20.000 habitantes de derecho, según las 

cifras de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero 

de 2009 y aprobado oficialmente por el Gobierno, en los que 

concurran simultáneamente que el número de unidades urbanas 

censadas en el catastro inmobiliario urbano sea superior 

a 36.000 en la fecha señalada. 

c) Los municipios que, aun no reuniendo alguna de las 

condiciones anteriores, sean capitales de provincia. 

d) Se exceptúan los municipios que, cumpliendo los requisitos 

anteriores, participen en un sistema de financiación 

alternativo del servicio de transporte público urbano interior, 

en el que aporte financiación la Administración General del 

Estado. Esta excepción será, en todo caso, de aplicación al 

Convenio de colaboración instrumentado en el ámbito territorial 

de las Islas Canarias y los contratos programas concertados 

con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y 

la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona. 

Tres. La dotación presupuestaria, una vez satisfechas las 

obligaciones de pago correspondientes a sentencias judiciales 

firmes del mismo concepto, se distribuirá conforme a los 

siguientes criterios, que se aplicarán con arreglo a los datos 

de gestión económica y financiera que se deduzcan del modelo 

al que se refiere el apartado seis del presente artículo: 

A. El 5 por ciento del crédito en función de la longitud de la 

red municipal en trayecto de ida y expresada en kilómetros. 

Las líneas circulares que no tengan trayecto de ida y vuelta 

se computarán por la mitad. 

B. El 5 por ciento del crédito en función de la relación viajeros/habitantes 

de derecho de cada municipio ponderada 

por la razón del número de habitantes citado dividido por 

50.000. La cifra de habitantes de derecho será la de población 

del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2009 y 

oficialmente aprobado por el Gobierno. 

C. El 90 por ciento del crédito en función del déficit medio 

por título de transporte emitido, con arreglo al siguiente procedimiento: 

a) El importe a subvencionar a cada municipio vendrá dado 

por el resultado de multiplicar el número de títulos de transporte 

por la subvención correspondiente a cada uno de dichos 

títulos. 

b) La subvención correspondiente a cada título se obtendrá 

aplicando a su déficit medio las cuantías y porcentajes 

definidos en la escala siguiente: 

1.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, 

de cada municipio, que no supere el 12,5 por ciento 

del déficit medio global se subvencionará al 100 por cien. 

2.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, 

de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no 

supere el 25 por ciento del déficit medio global se subvencionará 


3.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, 







con el porcentaje de financiación que resulte de dividir 

el resto del crédito no atribuido a los tramos anteriores 

entre el total del déficit incluido en este tramo, considerando 

todos los municipios que tengan derecho a subvención. 


de cada municipio, que exceda del déficit medio global 

no será objeto de subvención. 

El porcentaje de financiación del 4.º tramo de la escala no 

podrá exceder del 27 por ciento. El exceso de crédito que 

pudiera resultar de la aplicación de esta restricción se distribuirá 

proporcionalmente a la financiación obtenida por cada 

municipio, correspondiente a los tramos 2.º y 3.º 

En ningún caso, de la aplicación de estas normas se podrá 

reconocer una subvención que, en términos globales, exceda 

del 90 por ciento del crédito disponible. Si se produjera esta 

circunstancia se ajustará de forma sucesiva, en la proporción 

necesaria el porcentaje correspondiente a los tramos 3.º, 2.º 

y, en su caso, 1.º, en la forma dispuesta en el tramo 4.º, hasta 

agotar el citado crédito. 

c) El déficit medio de cada municipio será el resultado de 

dividir el déficit de explotación entre el número de títulos de 

transporte. El déficit medio global será el resultado de dividir 

la suma de los déficit de todos los municipios que tengan derecho 

a la subvención entre el total de títulos de transporte de 

dichos municipios. 

d) El importe de la subvención por título vendrá dada por la 

suma de la cuantía a subvencionar en cada tramo, que se 

obtendrá multiplicando la parte del déficit medio incluida en 

cada tramo por el porcentaje de financiación aplicable en dicho 

tramo. 

El déficit de explotación estará determinado por el importe 

de las pérdidas de explotación que se deduzca de las cuentas 

de pérdidas y ganancias de las empresas o entidades que 

presten el servicio de transporte público, elaboradas con 

arreglo al Plan de Contabilidad y a las normas y principios 

71

1 

contables generalmente aceptados que, en cada caso, resulten 

de aplicación, con los siguientes ajustes: 

a') En cuanto a los gastos de explotación se excluirán 

aquellos que se refieran a tributos, con independencia del 

sujeto activo de la relación jurídico-tributaria. 

b') En cuanto a los gastos e ingresos de explotación se 

excluirán aquellos que tengan su origen en la prestación de 

servicios o realización de actividades ajenas a la del transporte 

público urbano por la que se solicita la subvención. 

Asimismo, se excluirán cualesquiera subvenciones y aportaciones 

que reconozca, a favor de la empresa o entidad que 

preste el servicio de transporte público urbano, el Ayuntamiento 

en cuyo término municipal se realice la prestación. 

c') En todo caso se deducirán del déficit para el cálculo de 

la financiación correspondiente a este apartado los importes 

atribuidos como subvención por los criterios de longitud de la 

red y relación viajeros/habitantes de derecho. 

Cuatro. Las subvenciones deberán destinarse a financiar 

la prestación de este servicio. 

Cinco. Para los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, 

la subvención que les corresponda se corregirá en la misma 

proporción aplicable a su participación en tributos del Estado. 

Seis. Antes del 1 de julio del año 2010, con el fin de distribuir 

el crédito destinado a subvencionar la prestación de los 

servicios de transporte público colectivo urbano, las respectivas 

Entidades locales deberán facilitar, en la forma que se 

determine por los órganos competentes del Ministerio de 

Economía y Hacienda, la siguiente documentación: 

1. En todos los casos, el número de kilómetros de calzada 

de la red en trayecto de ida, el número de viajeros al año, el 

número de plazas ofertadas al año, recaudación y precios 

medios referidos al ejercicio 2009, según el modelo definido 

por la Dirección General de Coordinación Financiera con las 

Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales. 

2. Tratándose de servicios realizados por la propia entidad 

u organismo autónomo dependiente en régimen de gestión 

directa, documento detallado de las partidas de ingresos y 

gastos imputables al servicio de transporte y del déficit o resultado 

real producido en el ejercicio 2009, según el modelo 

definido por la Dirección General de Coordinación Financiera 

con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales. 

3. Tratándose de servicios realizados en régimen de gestión 

directa por una sociedad mercantil municipal o de empresas 

o particulares que presten el servicio en régimen de 

concesión o cualquier otra modalidad de gestión indirecta, se 

adjuntarán las cuentas anuales con su correspondiente informe 

de auditoría. 

Asimismo, los administradores deberán elaborar un documento 

en el que se detallen las partidas de ingresos y gastos 

del servicio de transporte y del déficit o resultado real producido 

en el ejercicio 2009, y los criterios de imputación de los 

referidos ingresos y gastos, según el modelo definido por la 

Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 

Autónomas y con las Entidades Locales. 

Deberá ser objeto de revisión por un auditor el documento 

con las partidas de ingresos y gastos imputables al servicio y 

del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2009 y los 

criterios de imputación de los ingresos y gastos, entendiendo 

que está auditado cuando dicha información esté incluida en 

la Memoria de las Cuentas Anuales y éstas hayan sido auditadas. 

4. En cualquier caso, el documento oficial en el que se recojan, 

actualizados, los acuerdos reguladores de las condiciones 

financieras en que la actividad se realiza. 

5. En todos los casos, justificación de encontrarse el 

ayuntamiento solicitante de la subvención y la empresa, organismo 

o entidad que preste el servicio, al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

6. Certificación del Interventor de la aplicación del importe 

recibido como subvención al transporte colectivo urbano en 

el ejercicio inmediato anterior a la finalidad prevista en el 

apartado Cuatro del artículo 104 de la Ley 2/2008, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009. 

A los Ayuntamientos que no cumplieran con el envío de la 

documentación en la forma prevista en este artículo no se les 

reconocerá el derecho a percibir la ayuda destinada a financiar 

el servicio de transporte público colectivo de viajeros por 

causa de interés general y con el fin de evitar perjuicios financieros 

a los demás perceptores. 

Artículo 112. Compensación a los Ayuntamientos de los 

beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas 

en los tributos locales.— Para dar cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora 


Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se dota en la Sección 32 

del vigente Presupuesto de Gastos del Estado un crédito con 

la finalidad de compensar los beneficios fiscales en tributos 

locales de exacción obligatoria que se puedan conceder por 

el Estado mediante Ley y en los términos previstos en el 

apartado dos del citado artículo 9. 

Las solicitudes de compensación serán objeto de comprobación 

previa a su pago, en el caso del Impuesto sobre Actividades 

Económicas con la información existente en las 

bases de datos de la matrícula de dicho impuesto, y en el 

caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en las bases de 

datos del Catastro Inmobiliario. 

A dichos efectos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

del Estado y la Dirección General del Catastro del 

Ministerio de Economía y Hacienda, facilitarán la intercomunicación 

informática con la Dirección General de Coordinación 

Financiera con las Comunidades Autónomas y con las 

Entidades Locales. 

Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a dictar 

las normas necesarias para el establecimiento del procedimiento 

a seguir en cada caso, con el fin de proceder a la 

compensación, en favor de los municipios, de las deudas tributarias 

efectivamente condonadas y de las exenciones legalmente 

concedidas. 

Artículo 113. Otras subvenciones a las Entidades locales.— 

Uno. Con cargo a los créditos consignados en la 

Sección 32, Servicio 23, Dirección General de Coordinación 

Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 

Locales, Programa 942N, se hará efectiva una compensación 

equivalente al importe de las cuotas del actual 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de 

condonación en el año 2010, como consecuencia de la aplicación 

de los beneficios fiscales establecidos en el vigente 

Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados 

Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988. 

El cálculo de la cantidad a compensar se realizará con 

arreglo a los Convenios suscritos con los ayuntamientos 

afectados. 

72

1 

Dos. Con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 

23, Dirección General de Coordinación Financiera con las 

Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, Programa 

942 N, se concede una ayuda de 8 millones de euros 

para su asignación a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, 

destinada a compensar los costes de funcionamiento de las 

plantas desalinizadoras instaladas para el abastecimiento de 

agua, así como otras actuaciones para la mejora de la gestión 

del agua. 

Las ayudas a las que se refiere el párrafo anterior se harán 

efectivas en la forma establecida en los correspondientes 

Convenios suscritos entre el Ministerio de Economía y Hacienda 

y cada una de las Ciudades mencionadas, en el marco 

de los principios generales del artículo 111 bis del texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, y de la normativa comunitaria. 

De la anterior cuantía, un tercio se repartirá entre las Ciudades 

de Ceuta y Melilla en función del número de habitantes 

de derecho de cada municipio, según el Padrón de la población 

municipal vigente a 1 de enero del ejercicio inmediatamente 

anterior, que se destinará a compensar parcialmente 

los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras. 

A la Ciudad de Ceuta le corresponden 1,39 millones de euros 

y a la Ciudad de Melilla 1,28 millones de euros. 

Los dos tercios restantes se destinarán a la financiación de 

actuaciones para la mejora de la gestión del agua, con el 

mismo reparto entre ambas ciudades señalado en el párrafo 

anterior. A la Ciudad de Ceuta le corresponden 2,77 millones 

de euros y a la de Melilla 2,56 millones de euros. 

Artículo 114. Anticipos a favor de los Ayuntamientos por 

desfases en la gestión recaudatoria de los tributos locales.— 

Uno. Cuando por circunstancias relativas a la emisión de 

los padrones no se pueda liquidar el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles antes del 1 de agosto del año 2010, los ayuntamientos 

afectados podrán percibir del Tesoro Público anticipos 

a cuenta del mencionado impuesto, a fin de salvaguardar 

sus necesidades mínimas de tesorería, previa autorización 

del Pleno de la respectiva corporación. 

Tales anticipos serán concedidos a solicitud de los respectivos 

municipios, previo informe de la Dirección General del 

Catastro y serán tramitados y resueltos por la Dirección General 


y con las Entidades Locales. 

En la tramitación de los expedientes se tendrán en cuenta 

los siguientes condicionamientos: 

a) Los anticipos no podrán exceder del 75 por ciento del 

importe de la recaudación previsible como imputable a cada 

padrón. 

b) El importe anual a anticipar a cada corporación mediante 

esta fórmula no excederá del doble de la última anualidad 

percibida por la misma en concepto de participación en 

los tributos del Estado. 

c) En ningún caso podrán solicitarse anticipos correspondientes 

a más de dos períodos impositivos sucesivos con 

referencia a un mismo tributo. 

d) Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares 

y Comunidades Autónomas uniprovinciales y otros 

organismos públicos recaudadores que, a su vez, hayan realizado 

anticipos a los Ayuntamientos de referencia, en la 

forma prevista en el artículo 149.2 del texto refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán ser perceptores 

de la cuantía que corresponda del anticipo, hasta el 

importe de lo efectivamente anticipado y con el fin de poder 

cancelar en todo o en parte las correspondientes operaciones 

de tesorería, previa la oportuna justificación. 

e) Una vez dictada la correspondiente resolución definitiva, 

los anticipos se librarán por su importe neto a favor de los 

Ayuntamientos o entidades a que se refiere la letra d) anterior 

por cuartas partes mensuales, a partir del día 1 de septiembre 

de cada año, y se suspenderán las correlativas entregas en 

el mes siguiente a aquel en que se subsanen las deficiencias 

señaladas en el párrafo primero de este apartado. 

Los anticipos concedidos con arreglo a lo dispuesto en este 

apartado, estarán sometidos, en su caso, a las mismas retenciones 

previstas en la disposición adicional cuarta del texto 



y serán reintegrados por las respectivas entidades locales 

una vez recibido informe de la Dirección General del Catastro 

comunicando la rectificación de los mencionados padrones. 

Dos. Mediante resolución de la Dirección General de 

Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y 

con las Entidades Locales se podrán conceder a los Ayuntamientos, 

en caso de urgente y extraordinaria necesidad de 

tesorería, anticipos a reintegrar dentro del ejercicio corriente 

con cargo a su participación en los tributos del Estado. Para 

la concesión de estos anticipos se deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Acuerdo del Pleno de la Corporación, autorizando a su 

Presidente la solicitud del anticipo y fijando los términos de 

tal solicitud. 

b) Informe de la Intervención municipal en el que se concrete 

la situación económico-financiera de la Entidad Local 

que justifique con precisión la causa extraordinaria que hace 

necesario el anticipo. 

c) Informe de la Tesorería municipal de la previsión de ingresos 

y los gastos del ejercicio correspondiente. 

Sección 8 

Normas Instrumentales en Relación con las Disposiciones 

incluidas en este capítulo 

Artículo 115. Normas de gestión presupuestaria de determinados 

créditos a favor de las Entidades locales.— 

Uno. Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a 

comprometer gastos con cargo al ejercicio de 2011, hasta un 

importe máximo equivalente a la doceava parte de los créditos 

consignados en el Presupuesto para 2010, destinados a 

satisfacer las entregas a cuenta de la participación en tributos 

del Estado a favor de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales 

o entes asimilados, del mes de enero de 2011. Las 

diferencias que pudieran surgir en relación con la determinación 

de las entregas a cuenta definitivas imputables al mencionado 

ejercicio serán objeto de ajuste en las entregas a 

cuenta del mes de febrero del ejercicio citado. 

Dos. Los expedientes de gasto y las órdenes de pago 

conjuntas que se expidan a efectos de cumplir los compromisos 

que se establecen en los artículos precedentes del 

presente capítulo se tramitarán, simultáneamente, a favor de 

las Corporaciones locales afectadas, y su cumplimiento, en 

cuanto a la disposición efectiva de fondos, podrá realizarse 

con cargo a las cuentas de acreedores no presupuestarios 

que, a estos fines, están habilitadas en la Dirección General 

del Tesoro y Política Financiera, de forma que se produzca el 

73

1 

pago conjunto y simultáneo de las respectivas obligaciones a 

todos los perceptores en razón de la fecha de las correspondientes 

resoluciones y en igualdad de condiciones. 

Se declaran de urgente tramitación: 

Los expedientes de modificación de crédito con relación a 

los compromisos señalados. 

Los expedientes de gasto, vinculados a los compromisos de 

referencia, a que se refiere la Orden de 27 de diciembre de 

1995. 

A estos efectos, deberán ser objeto de acumulación las 

distintas fases del procedimiento de gestión presupuestaria, 

adoptándose en igual medida procedimientos especiales de 

registro contable de las respectivas operaciones. 

Tres. En los supuestos previstos en el apartado anterior, 

cuando proceda la tramitación de expedientes de ampliación 

de crédito y a los efectos previstos en el artículo 54 de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las 

solicitudes de incrementos de crédito se justificarán, en todo 

caso, en base a las peticiones adicionales formuladas por las 

Entidades Locales afectadas. 

Cuatro. Los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos 

a los fines señalados en el apartado Uno anterior se podrán 

transferir con la periodicidad necesaria a la cuenta 

extrapresupuestaria correspondiente, habilitada a estos efectos 

en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

Este procedimiento se podrá aplicar al objeto de materializar 

el pago simultáneo de las obligaciones que se deriven de la 

participación de las Entidades locales en los tributos del Estado, 

tanto en concepto de entregas a cuenta como de liquidación 

definitiva, así como para proceder al pago simultáneo 

de las obligaciones que traigan causa de las solicitudes presentadas 

por las Corporaciones locales, una vez se dicten las 

resoluciones pertinentes que den origen al reconocimiento de 

dichas obligaciones por parte del Estado. 

Artículo 116. Información a suministrar por las Corporaciones 

locales.— Uno. Con el fin de proceder a la liquidación 

definitiva de la participación de los Ayuntamientos en 

los tributos del Estado, correspondiente a 2010, las respectivas 

Corporaciones locales deberán facilitar, antes del 30 de 

junio del año 2010, en la forma que se determine por los órganos 

competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, 

la siguiente documentación: 

1. Una certificación comprensiva de la recaudación líquida 

obtenida en 2008 por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

por el Impuesto sobre Actividades Económicas y por el Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles se especificará la recaudación 

correspondiente a los bienes inmuebles de 

características especiales. 

2. Una certificación comprensiva de las bases imponibles 

deducidas de los padrones del año 2008, así como de las altas 

producidas en los mismos, correspondientes al Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, urbanos, y de los tipos exigibles en 

el municipio en los tributos que se citan en el párrafo precedente. 

En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

se especificará la información tributaria correspondiente a los 

bienes inmuebles de características especiales. 

3. Una certificación de las cuotas exigibles en el Impuesto 

sobre Actividades Económicas en 2008, incluida la incidencia 

de la aplicación del coeficiente a que se refiere el artículo 86 



de marzo, vigentes en aquel período impositivo. 

Dos. El procedimiento de remisión de la documentación en 

papel podrá sustituirse por la transmisión electrónica de la 

información en los modelos habilitados para tal fin, siempre 

que el soporte utilizado para el envío incorpore la firma electrónica 

del Interventor o, en su caso, del titular del órgano de 

la Corporación local que tenga atribuida la función de contabilidad. 

La firma electrónica reconocida, entendida en los términos 

previstos por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 

electrónica, tendrá respecto de los datos transmitidos por la 

Entidad local el mismo valor que la firma manuscrita en relación 

con los consignados en papel, por lo que su aplicación 

en la transmisión electrónica de la información eximirá de la 

obligación de remitir la citada documentación en soporte papel. 

Tres. Por la Dirección General de Coordinación Financiera 


se procederá a dictar la correspondiente resolución estableciendo 

los modelos que contengan el detalle de la 

información necesaria, así como la regulación del procedimiento 

para la presentación telemática de la documentación y 

la firma electrónica de la misma. 

Cuatro. A los municipios que, estando en el ámbito de 

aplicación de la Subsección 2.ª de la Sección 3.ª de este 

Capítulo, no aportaran la documentación que se determina en 

las condiciones señaladas anteriormente se les aplicará, en 

su caso, un módulo de ponderación equivalente al 60 por 

ciento del esfuerzo fiscal medio aplicable al municipio con 

menor coeficiente por este concepto, dentro del tramo de 

población en que se encuadre, a efectos de practicar la liquidación 

definitiva de su participación en los tributos del Estado 

para el año 2009. 

Artículo 117. Retenciones a practicar a las Entidades locales 

en aplicación de la disposición adicional cuarta del texto 


aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.— 

Uno. Previa solicitud del órgano competente que 

tenga atribuida legalmente la gestión recaudatoria, de 

acuerdo con la normativa específica aplicable, la Dirección 


Autónomas y con las Entidades Locales aplicará las retenciones 

que deban practicarse en la participación de los municipios 

y provincias en los tributos del Estado. 

Si concurrieran en la retención deudas derivadas de tributos 

del Estado y deudas por cuotas de la Seguridad Social y 

conceptos de recaudación conjunta con las mismas, y la 

cuantía de todas ellas superase la cantidad retenida, aquella 

se prorrateará en función de los importes de éstas. 

Dos. El importe de la retención será el 50 por ciento de la 

cuantía asignada a la respectiva entidad local, tanto en cada 

entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual correspondiente 

a la participación en los tributos del Estado, 

excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esa 

cantidad. 

Cuando se trate de deudas derivadas de tributos del Estado 

que hayan sido legalmente repercutidos, de ingresos a cuenta 

correspondientes a retribuciones en especie, de cantidades 

retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de 

cualquier impuesto, o de cotizaciones sociales que hayan sido 

o hubieran debido ser objeto de retención, la retención a 

practicar será del 100 por cien de la cuantía asignada a la 

respectiva entidad local, tanto en cada entrega a cuenta como 

74

1 

en la liquidación definitiva anual correspondiente a la participación 

en los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía 

de la deuda sea inferior a esa cantidad. 

Tres. La cuantía a retener en el conjunto del ejercicio podrá 

reducirse cuando se justifique la existencia de graves 

desfases de tesorería generados por la prestación de aquellas 

obligaciones relativas: 

a) al cumplimiento regular de las obligaciones de personal; 

b) a la prestación de los servicios públicos obligatorios en 

función del número de habitantes del municipio; 

c) a la prestación de servicios sociales, protección civil y 

extinción de incendios, para cuya realización no se exija contraprestación 

alguna en forma de precio público o tasa equivalente 

al coste del servicio realizado. 

En ningún caso podrá establecerse un porcentaje de retención 

inferior al 25 por ciento de la entrega a cuenta. 

No será aplicable la reducción de retenciones a aquellas 

entidades locales que se hayan integrado en consorcios de 

saneamiento financiero del que formen parte instituciones de 

otras administraciones públicas. 

En los procedimientos de reducción del porcentaje de retención, 

la Dirección General de Coordinación Financiera con 

las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales 

dictará la resolución correspondiente, teniendo en cuenta la 

situación financiera de la entidad y la necesidad de garantizar 

la prestación de los servicios públicos obligatorios. Para ello, 

la entidad local deberá aportar, con carácter imprescindible y 

no exclusivo: 

Certificado expedido por los órganos de recaudación de las 

Entidades acreedoras por el que se acredite haber atendido 

el pago de las obligaciones corrientes en los doce meses 

precedentes al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud 

de la certificación; 

Informe de la situación financiera actual suscrito por el Interventor 

local que incluya el cálculo del remanente de tesorería 

a la fecha de solicitud de la reducción del porcentaje de 

retención y ponga de manifiesto los términos en los que dicha 

situación afecta al cumplimiento de las obligaciones recogidas 

en el párrafo primero del presente apartado; 

Plan de Saneamiento, aprobado por el Pleno, que incluya 

el ejercicio en curso. 

En la resolución se fijará el período de tiempo en que el 

porcentaje de retención habrá de ser reducido, sin que quepa 

la extensión de este más allá de la finalización del ejercicio 

económico. En todo caso, tal reducción estará condicionada a 

la aprobación por la entidad local de un plan de saneamiento, 

o a la verificación del cumplimento de otro en curso. 

Cuatro. Cuando la deuda nazca como consecuencia del 

reintegro de anticipos de financiación a cargo del Tesoro 

Público, la retención habrá de adecuarse a las condiciones 

fijadas en la resolución de concesión del correspondiente anticipo, 

ya sea mediante la cancelación total del débito en 

forma singular, o en retenciones sucesivas hasta la definitiva 

extinción de éste. 

Cinco. Las resoluciones declarando la extinción de las 

deudas con cargo a las cantidades que se hayan retenido 

corresponderán, en cada caso, al órgano legalmente competente 

que tenga atribuida la gestión recaudatoria, de acuerdo 

con la normativa específica aplicable, produciendo sus efectos, 

en la parte concurrente de la deuda, desde el momento 

en que se efectuó la retención. 

Seis. Las normas contenidas en este artículo serán de 

aplicación en los supuestos de deudas firmes contraídas por 

las Entidades Locales con el Instituto de Crédito Oficial, por 

las líneas de crédito o aval instruidas por este último a las que 

se refiere el Título II del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de 

abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las 

Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de 

pago con empresas y autónomos. 

Artículo 118. Financiación de instituciones del municipio 

de Barcelona.— Uno. En el marco de la Ley 1/2006, de 13 

de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio 

de Barcelona, con cargo al Concepto 461, Al Ayuntamiento 

de Barcelona para la financiación de actividades 

culturales, de acuerdo con el Convenio que se suscriba en el 

ámbito de la Comisión de Colaboración Interadministrativa, 

del Programa 334A, Promoción y Cooperación Cultural, del 

Servicio 02, Secretaría General Técnica, de la Sección 24, 

Ministerio de Cultura, de los Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2010, se podrán reconocer obligaciones 

hasta un montante global de 10,75 millones de euros para la 

financiación de instituciones con amplia proyección y relevancia 

del Municipio de Barcelona. 

Para la materialización de las transferencias destinadas a 

financiar las instituciones citadas en el apartado anterior deberá 

suscribirse previamente el correspondiente Convenio en 

el ámbito de la Comisión de Colaboración Interadministrativa 

creada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 

1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen 

Especial del Municipio de Barcelona. 

Dos. En el mismo marco legal antes citado, se podrán 

reconocer obligaciones hasta un importe de 4,30 millones de 

euros, con cargo al Programa 942N, del Servicio 23, de la 

Sección 32, Entes Territoriales, de los Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2010 para la financiación de los 

servicios específicos del Área Metropolitana de Barcelona. 

La contribución anterior deberá ajustarse a lo dispuesto en 

la letra b del apartado 1 del artículo 153 del texto refundido de 

la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y sólo podrá 

hacerse efectiva una vez creada por la correspondiente Ley 

de la Comunidad Autónoma, con arreglo a lo establecido en la 

disposición adicional segunda de la Ley 1/2006, de 13 de 

marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio 

de Barcelona. 

Tres. En el supuesto de que a 1 de noviembre de 2010 no 

existiese posibilidad material de aprobación, dentro del mismo 

año, de la Ley mencionada en el apartado anterior, se podrán 

reconocer obligaciones hasta la cuantía citada en el mismo 

para complementar la financiación de instituciones con amplia 

proyección y relevancia del municipio de Barcelona que se 

especifiquen en el Convenio al que se refiere el apartado Uno 

de este artículo. 

Artículo 119. Fondo especial de financiación a favor de los 

municipios de población no superior a 20.000 habitantes.— 

Uno. Como mecanismo especial de financiación de los 

municipios con población no superior a 20.000 habitantes, se 

dota para el año 2010, en la Sección 22, Ministerio de Política 

Territorial, Programa 942 A, Cooperación económica local 

del Estado, un fondo para atender transferencias corrientes a 

favor de los municipios que pertenezcan a aquel grupo de 

población, asignándose por la Dirección General de Cooperación 

Local, del Ministerio de Política Territorial, con arreglo 

a los criterios contenidos en el apartado siguiente. 

75

1 

Dos. El fondo se distribuirá entre los municipios citados en 

el apartado anterior que no alcancen una participación en 

tributos del Estado de 150 euros por habitante en concepto de 

entregas a cuenta correspondientes a 2010, y cuyo coeficiente 

de esfuerzo fiscal medio por habitante, según datos de 

la última liquidación definitiva practicada, sea superior a 1. La 

cuantía asignada por este crédito, sumada al importe que les 

corresponda por la aplicación del modelo descrito en los artículos 

98 y 99, no superará la cuantía de 150 euros por habitante. 

A los efectos anteriores, la Dirección General de Coordinación 


Entidades Locales, del Ministerio de Economía y Hacienda, 

certificará la participación en tributos del Estado por habitante 

correspondiente a las entregas a cuenta de dicho ejercicio de 

los municipios con población no superior a 20.000 habitantes, 

así como los coeficientes de esfuerzo fiscal medio por habitante 

citados en el párrafo anterior. 

El pago de las cuantías resultantes de la distribución anterior 

se realizará por la Dirección General de Cooperación 

Local, del Ministerio de Política Territorial, en el primer semestre 

del ejercicio, no teniendo carácter de entrega a cuenta, 

por lo que, en ningún caso, estará sujeto a liquidación 

posterior. 

Artículo 120. Compensaciones al Instituto de Crédito Oficial 

derivados de la «Línea de avales para garantizar los impagos 

de facturas endosadas por las empresas y autónomos, 

correspondientes a obras y servicios prestados a entidades 

locales».— Uno. Con cargo al concepto 358 «Comisión de 

gestión a favor del ICO, en cumplimiento del Real Decreto-ley 

5/2009», del Programa 942 N, del Servicio 23, «Dirección 


Autónomas y con las Entidades Locales», de la Sección 32, 

«Entes Territoriales», se abonará al Instituto de Crédito Oficial 

una comisión de gestión del 0,25% flat que se liquidará 

sobre los importes de aval que se ejecuten por el ICO, en el 

marco de la «Línea de avales para garantizar los impagos de 

facturas endosadas por las empresas y autónomos, correspondientes 

a obras y servicios prestados a entidades locales: 

Línea ICO - anticipos empresas y autónomos con entidades 

locales», que da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 23 de 

abril de 2009. 

Dos. Con cargo al concepto 440 «Compensación de costes 

financieros a abonar al ICO, derivados del tiempo transcurrido 

desde la ejecución de avales hasta la cancelación de 

las deudas de las Entidades locales, en cumplimiento del 

Real Decreto-ley 5/2009» del Programa, Sección y Servicio 

citados en el apartado anterior, se abonarán al Instituto de 

Crédito Oficial los posibles costes financieros que se le ocasionen 

por aplazamientos causados por la imposibilidad de 

retener en una sola operación la totalidad de la deuda vencida 

y no liquidada por las Entidades Locales. 

CAPÍTULO II 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Artículo 121. Entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia.— 

Los créditos presupuestarios destinados a la financiación 

del Fondo de Suficiencia, correspondientes a las 

entregas a cuenta establecidas en el artículo 15.1 de la Ley 

21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 

fiscales y administrativas del nuevo Sistema de financiación 

de las Comunidades Autónomas de régimen común y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía son, para cada Comunidad 

Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía, los que 

se incluyen en la Sección 32, Dirección General de Coordinación 


Entidades Locales-Entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia- 

Programa 941M. 

Artículo 122. Liquidación definitiva de los recursos del 

Sistema de Financiación del año 2008 de las Comunidades 

Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.— 

Uno. De conformidad con lo que establece el punto 2 del 

artículo 7 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, cuando se 

conozcan los valores definitivos en el año 2010 de los recursos 

correspondientes al año 2008 regulados en la citada Ley, 

se practicará la liquidación de dicho ejercicio. En ese momento 

se efectuará igualmente la liquidación de la garantía de 

financiación de los servicios de asistencia sanitaria correspondiente 

al año 2008, a que se refiere el artículo 123 siguiente. 

Dos. En el supuesto de que el saldo global de las liquidaciones 

anteriores fuera a favor de la Comunidad, se realizarán 

los pagos de las liquidaciones positivas descontando en 

ellos, mediante compensación, el importe de las liquidaciones 

a favor del Estado. 

Tres. Si de las liquidaciones a que se refiere el apartado 

uno resultara un saldo global a favor del Estado, se realizarán 

los pagos de las liquidaciones a favor de la Comunidad descontando 

en ellos y hasta el importe de dichos pagos las 

liquidaciones a favor del Estado. 

Una vez practicadas las compensaciones anteriores, los 

saldos a favor del Estado pendientes de compensar se ingresarán 

por cada Comunidad en 60 mensualidades a partir 

de enero de 2011, mediante descuento en los pagos que 

realice el Estado por las entregas a cuenta de cualquier recurso 

del sistema de financiación. 

Cuatro. A efectos de lo previsto en el primer párrafo del 

apartado anterior, en la práctica de las compensaciones se 

observarán las siguientes reglas: 

Los saldos a favor de cada Comunidad correspondientes a 

la Garantía de Asistencia Sanitaria se aplicarán a compensar 

los saldos a favor del Estado correspondientes a la liquidación 

del Fondo de Suficiencia. Si una vez practicada esta compensación 

existiera remanente de saldo de Garantía, o bien 

no existiera saldo a favor del Estado de liquidación de Fondo 

de Suficiencia, se aplicará a compensar saldos a favor del 

Estado correspondientes a la liquidación de IVA. 

Las liquidaciones a favor de cada Comunidad correspondientes 

a tributos cedidos se aplicarán a compensar las liquidaciones 

a favor del Estado correspondientes a los 

Impuestos Especiales sobre la Cerveza, Productos Intermedios, 

Alcohol y Bebidas derivadas, Hidrocarburos, Labores de 

Tabaco y Electricidad, al IVA y al IRPF, en este mismo orden 

de prelación. Si una vez practicada esta compensación existiera 

aún remanente de saldo a favor de las CC.AA. se destinará 

a cancelar el importe de la liquidación a favor del 

Estado por Fondo de Suficiencia. 

Las liquidaciones a favor de cada Comunidad correspondientes 

a Fondo de Suficiencia se aplicarán a cancelar las 

liquidaciones a favor del Estado por Impuestos Especiales, 

IVA e IRPF existentes tras las compensaciones indicadas en 

los apartados anteriores de este punto. 

Cinco. Lo dispuesto en los apartados tres y cuatro anteriores 

sólo será de aplicación a aquellas Comunidades o 

Ciudades con Estatuto de Autonomía cuyas respectivas 

76

1 

Comisiones Mixtas hayan adoptado el sistema de financiación 

aprobado por el Acuerdo 6/2009 del Consejo de Política Fiscal 

y Financiera de 15 de julio de 2009, en el plazo de los seis 

meses siguientes a la aprobación de las correspondientes 

leyes que lo regulen. 

Para aquellas Comunidades o Ciudades con Estatuto de 

Autonomía cuyas respectivas Comisiones Mixtas no adopten 

el indicado sistema de financiación, el pago de la liquidación 

se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de 

la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. 

Seis. El importe de las liquidaciones definitivas del año 

2008 del Fondo de Suficiencia, regulado en las letras a) y b) 

del punto 1 del artículo 15.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, 

que resulten a favor de las Comunidades Autónomas 

y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se aplicará al 

crédito dotado en la Sección 32, Servicio 18 -Dirección General 


y con las Entidades Locales. Varias, -Liquidación 

definitiva de la financiación de las Comunidades Autónomas y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía de ejercicios anteriores-Fondo 

de Suficiencia-Programa 941M. 

Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere 

el párrafo anterior fuera a favor del Estado, se reflejará como 

derecho en el capítulo IV, del Presupuesto de Ingresos del 

Estado. 

Artículo 123. Garantía de financiación de los servicios de 

asistencia sanitaria en el año 2008.— Uno. En la Sección 

32 de los Presupuestos Generales del Estado, Servicio 18 - 

Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 

Autónomas y con las Entidades Locales-. Varias, 

Liquidación definitiva de la financiación de las Comunidades 

Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de ejercicios 

anteriores- Garantía de asistencia sanitaria- Programa 

941M, se incluye una dotación presupuestaria, por importe de 

500 millones de euros, destinada a apoyar a las Comunidades 

Autónomas cuyos ingresos asignados a la sanidad en el 

año 2008 evolucionen por debajo del crecimiento del Producto 

Interior Bruto estatal nominal a precios de mercado. 

Dos. De conformidad con lo previsto en los acuerdos 

adoptados en la Sesión Plenaria del Consejo de Política Fiscal 

y Financiera de 13 de septiembre de 2005, el cálculo del 

importe de la garantía de asistencia sanitaria para cada Comunidad 

Autónoma se realizará según las reglas contenidas 

en el apartado Tres siguiente. 

No obstante, en el supuesto de que la suma de los importes 

así determinados resultara superior a 500 millones de euros, 

éste será el importe que se distribuirá a las Comunidades 

Autónomas en concepto de garantía sanitaria. En tal caso, los 

500 millones de euros se prorratearán en proporción al importe 

que, por aplicación de las reglas del apartado Tres siguiente, 

corresponda a cada Comunidad Autónoma. 

Tres. La garantía indicada se calculará conforme a las 

siguientes reglas: 

1.ª Se determinará el índice de crecimiento entre los años 

1999 y 2008 de la financiación asignada a los servicios de 

asistencia sanitaria para cada Comunidad Autónoma como el 

cociente entre el importe de la financiación de los servicios de 

asistencia sanitaria en el año 2008 y las necesidades de financiación 

de los servicios de asistencia sanitaria en el año 

base 1999. 

2.ª Las necesidades de financiación de los servicios de 

asistencia sanitaria en el año base 1999 para cada Comunidad 

son las que resultan de incrementar las consideradas en 

la liquidación definitiva del Sistema de financiación de 2007, 

de acuerdo a lo recogido en la regla 2.ª del apartado número 

Tres del artículo 115 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en el 

importe de las revisiones relativas a la financiación de los 

servicios de asistencia sanitaria, que se hayan aplicado al 

Fondo de Suficiencia de la Comunidad Autónoma correspondiente 

con efectos de 1 de enero de 2008, conforme a lo 

establecido en el artículo 16.1 de la Ley 21/2001. 

3.ª El importe de la financiación de los servicios de asistencia 

sanitaria en el año 2008 para cada Comunidad Autónoma 

se determinará multiplicando el porcentaje que 

representan las necesidades de financiación de los servicios 

de asistencia sanitaria en el año base 1999 sobre las necesidades 

totales de financiación de la Comunidad Autónoma 

en este año base 1999, por el volumen de recursos que proporciona 

a cada Comunidad en el año 2008 el Sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas regulado en la 

Ley 21/2001, de 27 de diciembre. A estos efectos: 

a) Las necesidades de financiación de los servicios de 

asistencia sanitaria en el año base 1999 para cada Comunidad 

Autónoma son las definidas en la regla 2.ª anterior. 

b) Las necesidades totales de financiación en el año base 

1999 para cada Comunidad Autónoma son las que resultan 

de incrementar las consideradas en la liquidación definitiva 

del Sistema de financiación de 2007, de acuerdo a lo recogido 

en el artículo 115 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en el 

importe de las revisiones que se hayan aplicado al Fondo de 

Suficiencia de la Comunidad Autónoma correspondiente con 

efectos de 1 de enero de 2008, conforme a lo establecido en 

el artículo 16.1 de la Ley 21/2001. 

c) El volumen de recursos que proporciona a cada Comunidad 

en el año 2008 el Sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas regulado en la Ley 21/2001, de 27 

de diciembre resulta de adicionar los siguientes importes: 

La recaudación por los tributos cedidos sobre Patrimonio, 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

Sucesiones y Donaciones y sobre el Juego y Tasas 

afectas a los servicios transferidos, por sus valores normativos 

del año 2008. A estos efectos, se consideran valores 

normativos del año 2008 de estos tributos, su valor en el año 

base 1999 actualizado al año 2008 aplicando el porcentaje de 

crecimiento entre los años 1999 y 2008 del ITE utilizado para 

actualizar el Fondo de Suficiencia de cada Comunidad, conforme 

al artículo 15 de dicha Ley. 

El rendimiento definitivo de la tarifa autonómica del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas en el año 

2008. En el caso en que alguna Comunidad Autónoma hubiese 

ejercitado la potestad normativa en relación con el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, en lugar del 

importe arrojado por el rendimiento de la tarifa autonómica 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 

computará el que hubiese resultado de no haberse ejercitado 

dicha potestad. 

El rendimiento definitivo en el año 2008 de la cesión del 

Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos sobre la 

Cerveza, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y 

Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos, sobre Labores del 

Tabaco y sobre la Electricidad. 

El rendimiento definitivo en el año 2008 del Impuesto sobre 

Determinados Medios de Transporte. A estos efectos se en- 

77

1 

tenderá como rendimiento definitivo de 2008 por este impuesto 

el importe de la recaudación real líquida imputada a 

cada Comunidad desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de 

diciembre de 2008. En el supuesto de que alguna Comunidad 

Autónoma haya ejercido la competencia normativa en este 

tributo, se computará como rendimiento definitivo el que hubiese 

resultado de no haber ejercitado dicha potestad. 

El rendimiento definitivo en el año 2008 del Impuesto sobre 

Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. A estos 

efectos, se entenderá como rendimiento definitivo de 2008 

por este impuesto el importe de la recaudación real líquida 

imputada a cada Comunidad desde el 1 de abril de 2008 

hasta el 31 de marzo de 2009. En el supuesto de que alguna 

Comunidad Autónoma haya ejercido la competencia normativa 

en este tributo, se computará como rendimiento definitivo 

el que hubiese resultado de no haber ejercitado dicha potestad. 

El importe definitivo del Fondo de Suficiencia de la Comunidad 

Autónoma en el año 2008. 

4.ª En el caso de que para alguna Comunidad Autónoma 

el índice que resulte de la regla 1.ª anterior sea inferior al índice 

de incremento entre 1999 y 2008 del Producto Interior 

Bruto estatal nominal a precios de mercado, la Comunidad 

percibirá la cantidad que resulte de aplicar a las necesidades 

de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el 

año base 1999, definidas en la regla 2.ª anterior, la diferencia 

entre el índice que resulte de la regla 1.ª anterior y el índice 

de incremento entre 1999 y 2008 del Producto Interior Bruto 

estatal nominal a precios de mercado. 

Artículo 124. Transferencias a Comunidades Autónomas 

correspondientes al coste de los nuevos servicios traspasados.— 

Si a partir de 1 de enero del año 2010 se efectúan 

nuevas transferencias de servicios a las Comunidades Autónomas, 

los créditos correspondientes a su coste efectivo se 

dotarán en la Sección 32 «Transferencias a Comunidades 

Autónomas por coste de los servicios asumidos» en conceptos 

específicos que serán determinados, en su momento, por 

la Dirección General de Presupuestos. 

A estos efectos, los Reales Decretos que aprueben las 

nuevas transferencias de servicios contendrán como mínimo 

los siguientes extremos: 

a) Fecha en que la Comunidad Autónoma debe asumir 

efectivamente la gestión del servicio transferido. 

b) La financiación anual, en euros del ejercicio 2010, desglosada 

en los diferentes capítulos de gasto que comprenda. 

c) La valoración referida al año base del sistema de financiación 

aplicable, correspondiente al coste efectivo anual del 

mismo, a efectos de la revisión del valor del Fondo de Suficiencia 

de la Comunidad Autónoma que corresponda. 

Artículo 125. Fondos de Compensación Interterritorial.— 

Uno. En la Sección 33 de los Presupuestos Generales del 

Estado se dotan dos Fondos de Compensación Interterritorial 

ascendiendo la suma de ambos a 1.225.770,00 miles de euros, 

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2001, de 27 

de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación 

Interterritorial. 

Dos. El Fondo de Compensación, dotado con 919.350,50 

miles de euros, se destinará a financiar gastos de inversión 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 22/2001. 

Tres. El Fondo Complementario, dotado con 306.419,50 

miles de euros, podrá aplicarse por las Comunidades Autónomas 

y Ciudades con Estatuto de Autonomía propio a la 

financiación de los gastos de puesta en marcha o funcionamiento 

de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 

33 de los Presupuestos Generales del Estado en los términos 

previstos en el artículo 6.2 de la Ley 22/2001. 

Cuatro. El porcentaje que representa el Fondo de Compensación 

destinado a las Comunidades Autónomas sobre la 

base de cálculo constituida por la inversión pública es del 

27,08 por 100, de acuerdo al artículo 2.1.a) de dicha Ley. 

Además, en cumplimiento de la disposición adicional única de 

la Ley 22/2001, el porcentaje que representan los Fondos de 

Compensación Interterritorial destinados a las Comunidades 

Autónomas es del 36,11 por ciento elevándose al 36,67 por 

ciento si se incluyen las Ciudades con Estatuto de Autonomía 

de Ceuta y Melilla. 

Cinco. Los proyectos de inversión que pueden financiarse 

con cargo a los Fondos anteriores son los que se detallan en 

el anexo a la Sección 33. 

Seis. En el ejercicio 2010 serán beneficiarias de estos 

Fondos las Comunidades Autónomas de: Galicia, Andalucía, 

Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad 

Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, 

Castilla y León y las Ciudades de Ceuta y Melilla de 

acuerdo con la disposición adicional única de la Ley 22/2001, 

de 27 de diciembre. 

Siete. Los remanentes de crédito de los Fondo de Compensación 

Interterritorial de ejercicios anteriores se incorporarán 

automáticamente al Presupuesto del año 2010 a 

disposición de la misma Administración a la que correspondía 

la ejecución de los proyectos en 31 de diciembre de 2009. 

Ocho. En tanto los remanentes de créditos presupuestarios 

de ejercicios anteriores se incorporan al vigente, el Tesoro 

Público podrá efectuar anticipos de tesorería a las 

Comunidades Autónomas por igual importe a las peticiones 

de fondos efectuadas por las mismas «a cuenta» de los recursos 

que hayan de percibir una vez que se efectúe la antedicha 

incorporación. 

Los anticipos deberán quedar reembolsados antes de finalizar 

el ejercicio económico. 

Artículo 126. Dotación Complementaria para la Financiación 

de la Asistencia Sanitaria.— Uno. En la Sección 32 

de los Presupuestos Generales del Estado, Programa 941O 

«Otras transferencias a Comunidades Autónomas», se incluye 

una dotación complementaria para la Financiación de la 

Asistencia Sanitaria, por importe total de 600.000 miles de 

euros, distribuido entre las Comunidades Autónomas de conformidad 

con el criterio de reparto adoptado en la Sesión 

Plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada 

el día 13 de septiembre de 2005. 

Dos. El importe de estos créditos se hará efectivo por 

doceavas partes mensuales. 

Artículo 127. Dotación de Compensación de Insularidad. 

— Uno. En la Sección 32 de los Presupuestos Generales 

del Estado, Programa 941O «Otras transferencias a Comunidades 

Autónomas», Servicios 12 «Canarias» y 15 «Illes 

Balears», se incluye una dotación para compensar las circunstancias 

derivadas del hecho insular, por importe total de 

55.000 miles de euros, distribuida entre ambas Comunidades 

Autónomas de conformidad con las cuantías acordadas en la 

Sesión Plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera 

celebrada el día 13 de septiembre de 2005. 

Dos. El importe de estos créditos se hará efectivo por 

doceavas partes mensuales. 

78

1 

Artículo 128. Anticipo a cuenta de los recursos previstos 

en el sistema de financiación aprobado por el Acuerdo 6/2009 

del Consejo de Política Fiscal y Financiera.— Uno. En la 

Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, Servicio 

18 -Dirección General de Coordinación Financiera con 

las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales. 

Varias- Programa 941O «Otras transferencias a Comunidades 

Autónomas», se incluye una dotación para hacer efectiva 

la aplicación a las Comunidades Autónomas de régimen 

común y Ciudades con Estatuto de Autonomía del sistema de 

financiación aprobado por el Acuerdo 6/2009 del Consejo de 

Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009. 

Dos. El reparto del citado importe entre las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 

Autonomía se realizará en función de los criterios de distribución 

de los recursos y fondos adicionales recogidos en la 

Ley que apruebe el citado sistema de financiación. 

Tres. El importe resultante para cada Comunidad o Ciudad 

se le hará efectivo por doceavas partes mensuales previa 

aceptación en Comisión Mixta del indicado sistema de financiación. 

TÍTULO VIII 

Cotizaciones Sociales 

Artículo 129. Bases y tipos de cotización a la Seguridad 

Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 

Profesional durante el año 2010.— Las bases y tipos de 

cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía 

Salarial y Formación Profesional, a partir de 1 de enero 

de 2010, serán las siguientes: 

Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a 

la Seguridad Social.- 

1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno 

de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, 

queda fijado, a partir de 1 de enero de 2010, en la 

cuantía de 3.198,00 euros mensuales. 

2. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 

16 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 

de junio, durante el año 2010, las bases de cotización en los 

Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las contingencias 

que se determinan en este artículo, tendrán como 

tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional 

vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo 

disposición expresa en contrario. 

Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de 

la Seguridad Social.- 

1. Las bases mensuales de cotización para todas las 

contingencias y situaciones protegidas por el Régimen General 

de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, estarán limitadas, 

para cada grupo de categorías profesionales, por las bases 

mínimas y máximas siguientes: 

a) Las bases mínimas de cotización, según categorías 

profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, 

desde 1 de enero de 2010 y respecto de las vigentes en 31 

de diciembre de 2009, en el mismo porcentaje en que aumente 

el salario mínimo interprofesional. 

No obstante lo anterior, las bases mínimas de cotización 

aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se 

adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de 

contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo 

por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones. 

b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría 

profesional y grupo de cotización, durante el año 2010, serán 

de 3.198,00 euros mensuales o de 106,60 euros diarios. 

2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la 

Seguridad Social serán, durante el año 2010, los siguientes: 

a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, 

siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 

por ciento a cargo del trabajador. 

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales se aplicarán los porcentajes de la 

tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de 


del Estado para el año 2007, modificada por la disposición 

final decimotercera de la Ley 2/2008, de 23 de 


en la redacción dada por la disposición final octava de esta 

ley, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la 

empresa. 

3. Durante el año 2010, para la cotización adicional por 

horas extraordinarias establecida en el artículo 111 del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán 

los siguientes tipos de cotización: 

a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas 

por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del que el 12,00 por 

ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo 

del trabajador. 

b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas 

en el párrafo anterior, el 28,30 por ciento, del que 

el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por 

ciento a cargo del trabajador. 

4. A partir de 1 de enero de 2010, la base máxima de cotización 

por contingencias comunes aplicable a los representantes 

de comercio será la prevista con carácter general en 

el apartado Dos.1.b) del presente artículo. 

5. A efectos de determinar, durante el año 2010, la base 

máxima de cotización por contingencias comunes de los artistas, 

se aplicará lo siguiente: 

a) La base máxima de cotización para todos los grupos 

correspondientes a las distintas categorías profesionales será 

de 3.198,00 euros mensuales. 

No obstante, el límite máximo de las bases de cotización en 

razón de las actividades realizadas por un artista, para una o 

varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará por 

la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima 

señalada. 

b) El Ministerio de Trabajo e Inmigración, teniendo en 

cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado 

anterior, fijará las bases de cotización para determinar 

las liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere 

el artículo 32.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y 

Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado 

por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. 

6. A efectos de determinar, durante el año 2010, la base 

máxima de cotización por contingencias comunes de los profesionales 

taurinos, se aplicará lo siguiente: 

a) La base máxima de cotización para todos los grupos 

correspondientes a las distintas categorías profesionales será 

de 3.198,00 euros mensuales. No obstante, el límite máximo 

de las bases de cotización para los profesionales taurinos 

tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a 

cómputo anual de la base mensual máxima señalada. 

79

1 

b) El Ministerio de Trabajo e Inmigración, teniendo en 

cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado 

anterior, fijará las bases de cotización para determinar 

las liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a 

que se refiere el artículo 33.5.b) del Reglamento General 

sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad 

Social. 

Tres. Cotización en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 

Social.- 

1. Durante el año 2010, los importes de las bases mensuales 

de cotización de los trabajadores por cuenta ajena 

incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 

Social, que presten servicios durante todo el mes, serán los 

siguientes: 

Para el grupo de cotización 1, el importe fijado como base 

mínima para los trabajadores del mismo grupo en el Régimen 

General de la Seguridad Social. 

Para los grupos de cotización 2 a 11,897 euros. 

Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin 

coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que 

dicha actividad tenga una duración de al menos 30 días naturales 

consecutivos, esta modalidad de cotización se realizará 

con carácter proporcional a los días en que figuren en 

alta en este Régimen Especial durante el mes. 

2. Durante el año 2010, los importes de las bases diarias 

de cotización por jornadas reales de los trabajadores por 

cuenta ajena incluidos en este Régimen Especial serán los 

resultantes de dividir entre 23 la cuantía de las bases mensuales 

de cotización señaladas en el apartado anterior. 

3. Durante el año 2010, los importes de las bases mensuales 

de cotización de los trabajadores agrarios por cuenta 

ajena incluidos en el censo de este Régimen Especial serán, 

durante los períodos de inactividad dentro del mes natural y 

para cada grupo profesional, los fijados como bases mínimas 

para los trabajadores de los mismos grupos en el Régimen 


A estos efectos, se entenderá que existen períodos de 

inactividad dentro de un mes natural cuando el número de 

jornadas reales realizadas durante el mismo sea inferior al 

76,67 por ciento de los días naturales en que el trabajador 

figure inscrito en el censo agrario en dicho mes. 

La cotización respecto a estos períodos de inactividad se 

determinará aplicando la siguiente fórmula: 

C = [(n/N) - (jr x 1,304/N)] bc x tc 

En la que: 

C = Cuantía de la cotización. 

n = Número de días en el censo agrario sin cotización por 

bases mensuales de cotización. 

N = Número de días de alta en el censo agrario en el mes 

natural. 

jr = Número de Jornadas Reales realizadas en el mes natural. 

bc = Base de cotización mensual. 

tc = Tipo de cotización aplicable, conforme a lo indicado en 

el apartado 4.b). 

En ningún caso, la aplicación de la fórmula anterior podrá 

dar lugar a que C alcance un valor inferior a cero. 

A efectos de la aplicación de esta fórmula, cuando los trabajadores 

no figuren en alta en el censo agrario durante un 

mes natural completo, la cotización respecto de los períodos 

de inactividad se realizará con carácter proporcional a los 

días en alta en dicho mes. 

Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a 

los trabajadores que coticen con arreglo a lo establecido en 

el apartado 1. 

4. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores 

por cuenta ajena incluidos en este Régimen Especial serán 

los siguientes: 

a) Durante los períodos de actividad: 

Para la cotización por contingencias comunes y respecto de 

los trabajadores incluidos en el censo agrario, el 20,20 por 

ciento, siendo el 15,50 por ciento a cargo de la empresa y el 

4,70 por ciento a cargo del trabajador. 

Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de 

cotización de la tarifa de primas aprobada por la disposición 

adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2007, modificada 

por la disposición final decimotercera de la Ley 2/2008, de 23 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2009, en la redacción dada por la disposición final octava 

de esta ley, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo 

de la empresa. 

b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización 

será el 11,5 por ciento, siendo la cotización resultante a cargo 

exclusivo del trabajador. 

5. Se establecen las siguientes reducciones en las aportaciones 

empresariales a la cotización a este Régimen Especial: 

a) En la cotización respecto a los trabajadores incluidos en 

el censo agrario a que se refiere el apartado 1, encuadrados 

en los grupos de cotización 2 al 11, ambos inclusive, la aportación 

mensual a satisfacer por la empresa se reducirá en 

38,70 euros, en cómputo mensual. Del importe a reducir, el 

90 por ciento se aplicará a la cotización por contingencias 

comunes y el 10 por ciento a la cotización por las contingencias 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

b) En la cotización por jornadas reales respecto de los 

trabajadores con contrato temporal y fijo discontinuo, encuadrados 

en los grupos de cotización 2 al 11, ambos inclusive, e 

incluidos en el censo agrario, la reducción será de 1,68 euros 

por cada jornada, de los que 1,50 euros se aplicarán a la cotización 

por contingencias comunes y 0,18 euros a la cotización 

por las contingencias de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

6. Se autoriza al Ministerio de Trabajo e Inmigración a 

regular los procedimientos y adaptaciones normativas necesarios 

para articular la armonización de la cotización en situación 

de actividad e inactividad, así como la comprobación 

de los requisitos necesarios para la aplicación de las reducciones 

previstas y la regularización de la cotización resultante 

de ellas. 

Cuatro. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos.- 

En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos, las bases mínima y máxima y los tipos 

de cotización serán, desde el 1 de enero de 2010, los siguientes: 

1. La base máxima de cotización será de 3.198 euros 

mensuales. La base mínima de cotización será de 841,80 

euros mensuales. 

2. La base de cotización de los trabajadores autónomos 

que, a 1 de enero de 2010, tengan una edad inferior a 50 

años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y 

mínima fijadas en el apartado anterior. 

80

1 

3. La base de cotización de los trabajadores autónomos 

que, a primero de enero de 2010, tuvieran 50 o más años 

cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 907,50 y 

1.665,90 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge 

supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del 

fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del 

mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o 

más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará 

comprendida entre las cuantías de 841,80 y 1.665,90 euros 

mensuales. 

No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad 

a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los 

Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de 

cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas: 

a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido 

igual o inferior a 1.649,40 euros mensuales, habrán de cotizar 

por una base comprendida entre 841,80 euros mensuales 

y 1.665,90 euros mensuales. 

b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido 

superior a 1.649,40 euros mensuales, habrán de cotizar por 

una base comprendida entre 841,80 euros mensuales y el 

importe de aquélla, incrementado en un porcentaje igual al 

del aumento que haya experimentado la base máxima de cotización 

a este Régimen. 

4. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante 

o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor en 

mercados y mercadillos de alimentos, bebidas y tabaco; 4782 

Comercio al por menor en mercados y mercadillos de textiles, 

prendas de vestir y calzado; 4789 Otro comercio al por 

menor en mercados y mercadillos no mencionado anteriormente 

y 4799 Comercio al por menor por medio de máquinas 

expendedoras o vendedores ambulantes) podrán elegir como 

base mínima de cotización durante el año 2010 la establecida 

con carácter general en el punto 1, o la base mínima de cotización 

vigente para el Régimen General. 

Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio 

(CNAE 4799 Comercio al por menor a domicilio) podrán 

elegir como base mínima de cotización durante el año 2010 la 

establecida con carácter general en el punto 1, o una base 

equivalente al 55% de esta última. 

5. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la 

Seguridad Social será el 29,80 por ciento. Cuando el interesado 

no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, 

el tipo de cotización será el 26,50 por ciento. 

Los trabajadores incluidos en este Régimen Especial que 

no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias 

derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente 

al 0,1 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, 

para la financiación de las prestaciones previstas en los 

capítulos IV quater y IV quinquies, del Título II, de la Ley 


6. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales se aplicarán los porcentajes de la 

tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de 


del Estado para el año 2007, modificada por la disposición 

final decimotercera de la Ley 2/2008, de 23 de 


2009, en la redacción dada por la disposición final octava de 

esta Ley. 

7. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo 

por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen, 

respecto de las contingencias comunes, en régimen de pluriactividad 

y lo hayan hecho en el año 2010, teniendo en 

cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes 

al trabajador en el Régimen General, así como 

las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual 

o superior a 10.752 euros, tendrán derecho a una devolución 

del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones superen 

la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las 

cuotas ingresadas en el citado Régimen Especial, en razón 

de su cotización por las contingencias comunes de cobertura 

obligatoria. 

La devolución se efectuará a instancias del interesado, que 

habrá de formularla en los cuatro primeros meses del ejercicio 

siguiente. 

8. Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo 

Asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos 

directamente de los compradores, quedarán incluidos, 

a efectos de la Seguridad Social, en el Régimen Especial de 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siéndoles de 

aplicación, a efectos de la cotización, lo previsto en el punto 

4, párrafo primero, de este apartado. 

En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante 

se lleva a cabo durante un máximo de tres días a la 

semana en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario 

de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir 

entre cotizar por la base mínima establecida en el punto 1 o 

una base equivalente al 55 por 100 de esta última. En cualquier 

caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias 

de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, aplicando, sobre la base de cotización elegida, 

la tarifa de primas contenida en la disposición adicional cuarta 


Generales del Estado para el año 2007, modificada por la 

disposición final decimotercera de la Ley 2/2008, de 23 de 


2009, en la redacción dada por la disposición final octava de 

esta Ley. 

9. Los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo 

Asociado dedicados a la venta ambulante que, con anterioridad 

al 31 de diciembre de 2008, vinieran encuadrados en el 

Régimen General y que, en razón de lo establecido en el 

punto 8, apartado Cuatro del artículo 120 de la Ley 2/2008, de 

23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

2009, hayan quedado incluidos, a efectos de la Seguridad 

Social, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos, tendrán derecho, durante 2010, a una 

reducción del 50 por 100 de la cuota a ingresar. 

La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de 

aplicar sobre la base mínima elegida, de conformidad con lo 

previsto en el punto 8 de este apartado, el tipo de cotización 

vigente en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos. 

10. Lo dispuesto en el segundo párrafo del punto 8 anterior, 

será de aplicación a las personas que se dediquen, de 

forma individual, a la venta ambulante, durante un máximo de 

tres días a la semana, en mercados tradicionales o «mercadillos» 

con horario de venta inferior de ocho horas al día, 

siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni 

produzcan los artículos o productos que vendan. 

Cinco. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores 

por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial 

de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.- 

1. Desde el 1 de enero de 2010, los tipos de cotización de 

los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Traba- 

81

1 

jadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen 

Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos, serán los siguientes: 

a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, 

cuando el trabajador haya optado por elegir como base de 

cotización la base mínima a que se refiere el apartado Cuatro.1 

de este artículo, el tipo de cotización aplicable será del 

18,75 por ciento. 

Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización 

superior a dicha base mínima, a la cuantía que exceda de 

esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 

28,30 por ciento. 

b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal 

por contingencias comunes, el tipo de cotización a 

aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado 

será del 3,30 por ciento. 

2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales se estará a lo dispuesto en el 

apartado Cuatro.6 de este artículo. En el supuesto que los 

interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad 

de las contingencias profesionales, se seguirá abonando, 

en concepto de cobertura de las contingencias de 

«invalidez, muerte y supervivencia» una cuota resultante de 

aplicar a la base de cotización indicada en el apartado 1.a) el 

tipo del 1 por ciento. 

3. Los trabajadores incluidos en este Sistema Especial 

que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección 

dispensada, a la totalidad de las contingencias de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán 

una cotización adicional equivalente al 0,1 por ciento, 

aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación 

de las prestaciones previstas en los capítulos IV quater 

y IV quinquies, del Título II, de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

Seis. Cotización en el Régimen Especial de Empleados de 

Hogar.- 

En el Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados 

de Hogar, la base y tipo de cotización serán, a partir 

de 1 de enero de 2010, los siguientes: 

1. La base de cotización será equivalente a la base mínima 

vigente en el Régimen General. 

2. El tipo de cotización en este Régimen será el 22,00 por 

ciento, siendo el 18,30 por ciento a cargo del empleador y el 

3,70 por ciento a cargo del trabajador. Cuando el empleado 

de hogar preste servicios con carácter parcial o discontinuo a 

uno o más empleadores, será de su exclusivo cargo el pago 

de la cuota correspondiente. 

3. Para la financiación de las prestaciones establecidas en 

los capítulos IV quater y IV quinquies, Título II, de la Ley 

General de la Seguridad Social, se efectuará una cotización 

adicional equivalente al 0,1 por ciento, aplicado sobre la base 

única de cotización. 

La cotización adicional, en el caso de trabajadores a tiempo 

completo, será por cuenta exclusiva del empleador. 

Siete. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores 

del Mar.- 

1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos de este artículo 

será de aplicación en el Régimen Especial de los Trabajadores 

del Mar, sin perjuicio, en su caso, y para la 

cotización por contingencias comunes, de lo dispuesto en el 

artículo 19.6 del texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 

de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, aprobado por Decreto 

2864/1974, de 30 de agosto, de lo que se establece en 

el apartado 2 siguiente, y con excepción del tipo de cotización 

por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta 

propia, que será del 29,80 por ciento. 

2. La cotización para todas las contingencias y situaciones 

protegidas en este Régimen Especial de los trabajadores incluidos 

en los grupos segundo y tercero a que se refiere el 

artículo 19.5 del texto refundido aprobado por Decreto 

2864/1974, de 30 de agosto, se efectuará sobre las remuneraciones 

que se determinen anualmente mediante Orden del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, a propuesta del Instituto 

Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas 

del sector. Tal determinación se efectuará por provincias, 

modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la 

base de los valores medios de remuneración percibida en el 

año precedente. 

Las bases que se determinen serán únicas, sin que puedan 

ser inferiores ni superiores a las que se establezcan para las 

distintas categorías profesionales, de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 1 del apartado Dos de este artículo. 

Ocho. Cotización en el Régimen Especial de la Minería del 

Carbón.- 

1. A partir de 1 de enero de 2010 la cotización en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social para la Minería del 

Carbón se determinará mediante la aplicación de lo previsto 

en el apartado Dos, sin perjuicio de que, a efectos de la cotización 

por contingencias comunes, las bases de cotización se 

normalicen de acuerdo con las siguientes reglas: 

Primera. Se tendrá en cuenta el importe de las remuneraciones 

percibidas o que hubieran tenido derecho a percibir los 

trabajadores, computables a efectos de cotización por accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, durante el 

período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 

2009 ambos inclusive. 

Segunda. Dichas remuneraciones se totalizarán agrupándolas 

por categorías, grupos profesionales y especialidades 

profesionales y zonas mineras, teniendo en cuenta lo dispuesto 

en el artículo 57 del Reglamento General sobre Cotización 

y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. 

Los importes obtenidos, así totalizados, se dividirán por la 

suma de los días a que correspondan. 

Tercera. Este resultado constituirá la base normalizada 

diaria de cotización por contingencias comunes, cuyo importe 

no podrá ser inferior al fijado para el ejercicio inmediatamente 

anterior para esa categoría profesional, incrementado en el 

mismo porcentaje experimentado en el presente ejercicio por 

el tope máximo de cotización a que se refiere el apartado 

Uno.1 del presente artículo, ni superior a la cantidad resultante 

de elevar a cuantía anual el citado tope máximo y dividirlo 

por los días naturales del año 2009. 

2. El Ministerio de Trabajo e Inmigración fijará la cuantía 

de las bases normalizadas, mediante la aplicación de las 

reglas previstas en el número anterior. 

Nueve. Base de cotización a la Seguridad Social durante la 

percepción de la prestación por desempleo de nivel contribu- 

tivo.- 

1. Durante la percepción de la prestación por desempleo 

por extinción de la relación laboral la base de cotización a la 

Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista 

obligación legal de cotizar, será la base reguladora de la 

prestación por desempleo, determinada según lo establecido 

en el apartado 1 del artículo 211 del texto refundido de la ley 

General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, 

del importe de la base mínima por contingencias comunes 

prevista para cada categoría profesional, y a efectos de las 

82

1 

prestaciones de Seguridad Social, dicha base tendrá consideración 

de base de contingencias comunes. 

Durante la percepción de la prestación por desempleo por 

suspensión de la relación laboral, en virtud de expediente de 

regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en el 

seno de un procedimiento concursal, o por reducción de jornada, 

la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos 

trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, 

será equivalente al promedio de las bases de los últimos seis 

meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y 

por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o 

al momento en que cesó la obligación legal de cotizar. 

La reanudación de la prestación por desempleo, en los 

supuestos de suspensión del derecho, supondrá la reanudación 

de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada 

en los párrafos anteriores correspondiente al momento 

del nacimiento del derecho. 

Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación 

por desempleo y, en aplicación del número 3 del artículo 210 

del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de 

cotización a la Seguridad Social será la base reguladora de la 

prestación por desempleo correspondiente al momento del 

nacimiento del derecho inicial por el que se opta. 

Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará 

la base de cotización indicada en los párrafos anteriores, 

cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la 

Seguridad Social vigente en cada momento que corresponde 

al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse 

la situación legal de desempleo y hasta dicho tope. 

2. Durante la percepción de la prestación por desempleo, 

si corresponde cotizar en el Régimen Especial Agrario de la 

Seguridad Social, la base de cotización será la base mínima 

del Régimen General de la Seguridad Social que corresponda 

al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse 

la situación legal de desempleo, a que se refiere el 

apartado Tres.3 del presente artículo. 

3. Durante la percepción de la prestación por desempleo, 

si corresponde cotizar en el Régimen Especial de la Minería 

del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente 

que corresponda a la categoría o especialidad profesional del 

trabajador en el momento de producirse la situación legal de 

desempleo. 

4. La base de cotización regulada en los apartados 2 y 3 

se actualizará conforme a la base vigente en cada momento 

que corresponda al grupo de cotización o categoría o especialidad 

profesional del trabajador en el momento de producirse 

la situación legal de desempleo. 

Diez. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial 

y Formación Profesional.- 

La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo 

de Garantía Salarial y Formación Profesional se llevará a 

cabo, a partir de 1 de enero de 2010, de acuerdo con lo que a 

continuación se señala: 

1. La base de cotización por las contingencias citadas y en 

todos los Regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas 

las mismas, será la correspondiente a las contingencias 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

A las bases de cotización para Desempleo en el Régimen 

Especial de los Trabajadores del Mar será también de aplicación 

lo dispuesto en el artículo 19.6 del texto refundido 

aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, y en las 

normas de desarrollo de dicho precepto, sin perjuicio de lo 

señalado en el apartado Siete de este artículo. 

Las bases de cotización por desempleo y al Fondo de Garantía 

Salarial por los trabajadores por cuenta ajena incluidos 

en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social serán 

las establecidas en el apartado Tres.1 y 2 de este artículo, 

según la modalidad de cotización por contingencias comunes 

que corresponda a cada trabajador 

2. A partir de 1 de enero de 2010 los tipos de cotización 


A) Para la contingencia de desempleo: 

a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos 

a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación 

de duración determinada en las modalidades de 

contratos formativos en prácticas, de relevo, interinidad y 

contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados 

con trabajadores discapacitados: el 7,05 por ciento, del 

que el 5,50 por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 

por ciento a cargo del trabajador. 

b) Contratación de duración determinada: 

1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: 

el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a 

cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 

2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: 

el 9,30 por ciento, del que el 7,70 por ciento será a cargo del 

empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 

El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena 

de carácter eventual, incluidos en el Régimen Especial Agrario 

de la Seguridad Social, será el fijado en el apartado 1.º 

del párrafo b) anterior, para la contratación de duración determinada 

a tiempo completo, salvo cuando sea de aplicación 

el tipo de cotización previsto en el párrafo a) anterior, para 

contratos concretos de duración determinada o para trabajadores 

discapacitados. 

B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 

por ciento a cargo exclusivo de la empresa. 

C) Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 

por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo de la empresa y 

el 0,10 por ciento a cargo del trabajador. 

Once. Cotización en los contratos para la formación.- 

Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario 

y a cargo del trabajador, por contingencias profesionales, 

al Fondo de Garantía Salarial y por formación profesional 

de los contratos para la formación se incrementarán, desde 

el 1 de enero de 2010 y respecto de las cuantías vigentes a 

31 de diciembre de 2009, en el mismo porcentaje que aumente 

la base mínima del Régimen General. 

Doce. Cotización de becarios e investigadores.- 

La cotización de los becarios e investigadores, incluidos en 

el campo de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de 

enero, durante los dos primeros años se llevará a cabo, aplicando 

las reglas contenidas en el apartado anterior, respecto 

de la cotización en los contratos para la formación, en lo que 

se refiere a la cotización por contingencias comunes y profesionales. 

El sistema de cotización previsto en este apartado no afectará 

a la determinación de la cuantía de las prestaciones 

económicas a que se tengan derecho, respecto de la cual se 

seguirá aplicando el importe de la base mínima correspondiente 

al Grupo Primero de cotización del Régimen General. 

83

1 

Trece. Especialidades en materia de cotización en relación 

con el anticipo de la edad de jubilación de los bomberos.- 

En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 

383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el 

coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los 

bomberos al servicio de las administraciones y organismos 

públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional 

sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto 

para la empresa como para el trabajador. 

Durante el año 2010 el tipo de cotización adicional a que se 

refiere el párrafo anterior será del 6,50 por ciento, del que el 

5,42 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,08 por 

ciento a cargo del trabajador. 

Catorce. No obstante lo establecido en los apartados anteriores 

de este artículo, en ningún caso y por aplicación del 

artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, las bases mínimas o únicas de cualquiera de los 

Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social 

podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen General. 

Quince. Se faculta al Ministro de Trabajo e Inmigración 

para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo 

de lo previsto en este artículo. 

Artículo 130. Cotización a las Mutualidades Generales de 

Funcionarios para el año 2010.— Uno. Los tipos de cotización 

y de aportación del Estado al Régimen Especial de 

Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 

gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 

del Estado (MUFACE) a que se refiere el Real Decreto Legislativo 

4/2000, de 23 de junio, para la financiación de las 

prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada 

en el párrafo h), de la citada disposición, serán las siguientes: 

1. El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo 

y asimilados integrados en MUFACE, se fija en el 1,69 por 

ciento sobre los haberes reguladores a efectos de cotización 

de Derechos Pasivos. 

2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el 

artículo 35 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad 

Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 4/2000, representará el 5,03 por 

ciento de los haberes reguladores a efectos de cotización de 

Derechos Pasivos. De dicho tipo de 5,03, el 4,85 corresponde 

a la aportación del Estado por activo y el 0,18 a la aportación 

por pensionista exento de cotización. 

Dos. Los tipos de cotización y de aportación del Estado al 

Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

gestionado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas 

(ISFAS), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 

1/2000, de 9 de junio, para la financiación de las prestaciones 

a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada en el párrafo 

f), de la citada disposición, serán los siguientes: 

1. El porcentaje de cotización y de aportación del personal 

militar en activo y asimilado integrado en ISFAS, se fija en el 

1,69 por ciento sobre los haberes reguladores a efectos de 

cotización de Derechos Pasivos. 

2. La cuantía de la aportación del Estado regulada en el 

artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/2000, representará 

el 10,04 por ciento de los haberes reguladores a efectos de 

cotización de Derechos Pasivos. De dicho tipo del 10,04, el 

4,85 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 

5,19 a la aportación por pensionista exento de cotización. 

Tres. Los tipos de cotización y de aportación del Estado 

al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios 

de la Administración de Justicia, gestionado por la Mutualidad 

General Judicial (MUGEJU), a que se refiere el Real 

Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, para la financiación 

de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo 

la indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán los 

siguientes: 

1. El porcentaje de cotización del personal de la Administración 

de Justicia en activo y asimilado, integrado en MU- 

GEJU, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes 

reguladores a efectos de cotización de Derechos Pasivos. 

2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el 

artículo 23 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad 

Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2000, representará el 4,86 por 

ciento de los haberes reguladores a efectos de cotización de 

Derechos Pasivos. De dicho tipo del 4,86, el 4,85 corresponde 

a la aportación del Estado por activo y el 0,01 a la 

aportación por pensionista exento de cotización. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Prestaciones familiares de la Seguridad Social.— 

A partir de 1 de enero de 2010, la cuantía de las prestaciones 

familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no 

contributiva, así como el importe del límite de ingresos para 

el acceso a las mismas, regulados en la Sección Segunda 

del Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, serán los siguientes: 

Uno. La cuantía de la asignación económica establecida en 

el artículo 182 bis.1 será en cómputo anual de 500 euros 

cuando el hijo o menor acogido a cargo tenga una edad inferior 

a 5 años, y de 291 euros cuando el hijo o menor acogido 

a cargo tenga una edad comprendida entre los 5 y los 18 

años de edad. 

Dos. Las cuantías de la asignación establecidas en el artículo 

182 bis.2 para los casos en que el hijo o menor acogido 

a cargo tenga la condición de discapacitado, serán: 

a) 1.000 euros cuando el hijo o menor acogido a cargo 

tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 

ciento. 

b) 4.076,40 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 

años y esté afectado por una discapacidad en un grado igual 


c) 6.115,20 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 

años, esté afectado por una discapacidad en un grado igual o 

superior al 75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas 

anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona 

para realizar los actos más esenciales de la vida, tales 

como vestirse, desplazarse, comer o análogos. 

Tres. La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción 

de hijo establecida en el artículo 186.1 será de 1.000 

euros. 

Cuatro. La cuantía de la prestación por nacimiento o 

adopción de hijo establecida en el artículo 188 ter será de 

2.500 euros. 

Cinco. El límite de ingresos a que se refiere el primer párrafo 

del artículo 182.1.c) queda fijado en 11.264,01 euros 

anuales. 

El límite de ingresos a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 182.1.c) queda fijado en 16.953,05 euros anuales, 

incrementándose en 2.745,93 euros por cada hijo a cargo 

a partir del cuarto, éste incluido. 

84

1 

Segunda. Subsidios económicos de la Ley 13/1982, de 7 

de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y pensiones 

asistenciales.— Uno. A partir del 1 de enero del año 

2010, los subsidios económicos a que se refiere la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, 

se fijarán, según la clase de subsidio, en las siguientes 

cuantías: 

Euros/mes 

Subsidio de garantía de ingresos mínimos 149,86 

Subsidio por ayuda de tercera persona 58,45 

Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte 58,10 

La cuantía del subsidio de movilidad y compensación para 

los gastos de transporte a que se refiere el apartado anterior 

lleva incorporados los efectos de la desviación de inflación 

del ejercicio 2009 y la posible revalorización para 2010. 

Dos. A partir del 1 de enero del año 2010, las pensiones 

asistenciales reconocidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 

de 21 de julio de 1960 y en el Real Decreto 2620/1981, de24 

de julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros íntegros 

mensuales, abonándose dos pagas extraordinarias del mismo 

importe que se devengarán en los meses de junio y diciembre. 

Las pensiones asistenciales serán objeto de revisión periódica, 

a fin de comprobar que los beneficiarios mantienen 

los requisitos exigidos para su reconocimiento y, en caso 

contrario, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro 

de las cantidades indebidamente percibidas. El Ministerio de 

Trabajo e Inmigración podrá instar la incoación de los procedimientos 

de revisión, a efectos de practicar el ajuste económico 

y presupuestario del gasto generado. Los resultados 

que ofrezcan aquellos procedimientos serán comunicados al 

citado Departamento ministerial. 

Tercera. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones 

sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones 

Públicas o instituciones sin ánimo de lucro.— Las 

instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones 

Públicas o instituciones públicas o privadas sin 

ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición 

adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 

podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social 

la ampliación de la carencia concedida a dieciséis años, 

junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un 

máximo de diez años con amortizaciones anuales. 

Cuarta. Reducción de cuotas para el mantenimiento del 

empleo.— Uno. Los contratos de trabajo de carácter indefinido 

de los trabajadores de cincuenta y nueve o más 

años, con una antigüedad en la empresa de cuatro o más 

años, darán derecho a la reducción, a cargo del Presupuesto 

de la Seguridad Social, del 40 por ciento de la aportación 

empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias 

comunes, salvo por incapacidad temporal derivada 

de las mismas, sobre las cuotas devengadas desde la fecha 

de cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados. 

Si, al cumplir cincuenta y nueve años, el trabajador no tuviere 

la antigüedad en la empresa de cuatro años, la reducción 

será aplicable a partir de la fecha en que alcance la 

citada antigüedad. 

Dos. Podrán ser beneficiarios de la reducción las empresas, 

incluidos los trabajadores autónomos, y sociedades laborales 

o cooperativas a las que se incorporen trabajadores 

como socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas últimas 

hayan optado por un régimen de Seguridad Social 

propio de trabajadores por cuenta ajena. 

Quedarán excluidos de la aplicación de la reducción la 

Administración General del Estado y los Organismos regulados 

en el Título III y en la disposición adicional décima de la 

Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 

de la Administración General del Estado, así como las Administraciones 

Autonómicas y las Entidades Locales y sus 

Organismos públicos. 

Tres. La duración de la reducción de la aportación empresarial 

será de un año, salvo que, en una fecha anterior, los 

interesados cumplan los requisitos para ser beneficiarios de 

las bonificaciones reguladas en el artículo 4 de la Ley 

43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 

del empleo, en cuyo caso se aplicarán desde dicha fecha estas 

últimas. 

Cuatro. Respecto a los requisitos que han de cumplir los 

beneficiarios, las exclusiones en la aplicación de la reducción, 

cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios 

se aplicarán las previsiones contenidas en la Ley 

43/2006. 

Quinta. Reducción en la cotización a la Seguridad Social 

en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo 

durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como 

en los supuestos de enfermedad profesional.— En los supuestos 

en que, por razón de riesgo durante el embarazo o 

riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, en virtud de 

lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada 

a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su 

estado, se aplicará, con respecto a las cuotas devengadas 

durante el período de permanencia en el nuevo puesto de 

trabajo o función, una reducción, a cargo del Presupuesto de 

la Seguridad Social, del 50 por ciento de la aportación empresarial 

en la cotización a la Seguridad Social por contingencias 

comunes. 

Esta misma reducción será aplicable, en los términos y 

condiciones que reglamentariamente se determinen, en 

aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, 

se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma 

empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de 

trabajo compatible con el estado del trabajador. 

Sexta. Extensión de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 

sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado 

al resto de funcionarios.— Sin perjuicio de la integración en 

el régimen general de la Seguridad Social del régimen especial 

de los funcionarios de la Administración Local y de la 

integración en dicho régimen de los funcionarios de la Administración 

General del Estado y de las Administraciones Autonómicas 

en los casos en los que así proceda, todos los 

funcionarios integrados en el régimen general de la Seguridad 

Social, sea cual sea la administración en la que prestan sus 

servicios, cuando se encuentren en la situación de incapacidad 

temporal, durante los tres primeros meses, tendrán la 

misma protección en dicha situación que la prevista para los 

funcionarios civiles del Estado en el artículo 21.1.a) del texto 

refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios 

Civiles del Estado aprobado por Real Decreto Legislativo 

4/2000, de 23 de junio. 

85

1 

Lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá vigencia indefinida 

y retrotraerá sus efectos a la fecha de entrada en vigor 

de la disposición derogatoria primera de la Ley 2/2008, de 23 


año 2009. 

Séptima. Retribuciones de los cargos directivos y personal 

de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social y otras limitaciones en 

los presupuestos de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social.— 

Uno. Las retribuciones que perciban las personas que a la 

entrada en vigor de esta ley ostenten cargos directivos en las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social, que sean abonadas con cargo al 

concepto 130 «Laboral fijo», subconceptos 0 «Altos cargos» y 

1 «Otros directivos» del presupuesto de gastos de la correspondiente 

entidad, no podrán exceder del importe más alto de 

los que corresponda a los altos cargos del Gobierno de la 

Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración 

General del Estado, de los miembros del Consejo General 

del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

de Cuentas. 

No obstante la limitación fijada en el párrafo anterior, los 

citados cargos directivos podrán percibir retribuciones complementarias 

por encima de la cantidad que resulte de aplicar 

la misma, en cuyo caso quedará determinada su exclusiva 

dedicación y, por consiguiente la incompatibilidad para el 

desempeño de cualquier otra actividad retribuida. El importe 

de estas retribuciones complementarias tendrá la naturaleza 

de absorbible por las retribuciones básicas. 

En ningún supuesto, las retribuciones que, por cualquier 

concepto, perciban las personas a que se refiere este apartado 

podrán experimentar incremento alguno en el ejercicio 

2010, respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2009. 

Dos. Las retribuciones que, por cualquier concepto, perciban 

las personas que ostenten cargos directivos en las mutuas 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social, que sean abonadas con cargo al 

concepto 130 «Laboral fijo», subconceptos 0 «Altos cargos» y 

1 «Otros directivos», del presupuesto de gastos de la correspondiente 

entidad, y que inicien la prestación de sus 

servicios durante el año 2010, no podrán exceder las cuantías 

establecidas para dicho año en el régimen retributivo de los 

Directores Generales de las entidades gestoras y servicios 

comunes de la Seguridad Social. 

Tres. Las retribuciones del resto del personal al servicio de 

las mutuas quedan sometidas a las limitaciones establecidas 

en el artículo 25 de esta Ley. 

Cuatro. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2010, se 

establece el carácter vinculante, al nivel que corresponde a su 

concreta clasificación económica, de las dotaciones autorizadas 

en los presupuestos de gastos de las mutuas contenidas 

en cada una de las aplicaciones presupuestarias que se 

detallan a continuación y las modificaciones que les afecten 

habrán de ser autorizadas por el Ministro de Trabajo e Inmigración: 

226.2.1 Información y divulgación. De comunicación. 

226.5 Cuotas de asociación. 

226.6.0 Reuniones, conferencias y celebración de actos. 

227.0 Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales. 

227.1 Estudios, proyectos de investigación y actividades 

científicas generales. 

227.6 Servicios contratados administrativos. 

227.8 Colaboración en la gestión para la prestación de 

servicios, con excepción de las dotaciones consignadas en la 

partida 2 y destinadas a servicios de carácter informático. 

227.9 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 

Cinco. A efectos de la aplicación de las limitaciones previstas 

en los apartados Uno y Dos, serán computables 

igualmente las retribuciones que provengan del patrimonio 

histórico de las mutuas o de las entidades vinculadas a dicho 

patrimonio. 

Octava. Ayudas sociales a los afectados por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH).— Durante el año 2010 

las cuantías mensuales de las ayudas sociales reconocidas 

en favor de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), establecidas en las letras b), 

c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de 

mayo, se determinarán mediante la aplicación de las proporciones 

reguladas en las letras citadas sobre el importe de 

587,61 euros. 

Novena. Revalorización para el año 2010 de las prestaciones 

de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas.— Las prestaciones de 

gran invalidez destinadas a remunerar a la persona encargada 

de la asistencia al gran inválido, causadas hasta el 31 

de diciembre de 2009 en el Régimen Especial de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas, experimentarán con efectos 

de 1 de enero de 2010 un incremento del 1 por ciento. 

Décima. Militares de Tropa y Marinería.— Las plantillas 

máximas de militares de Tropa y Marinería a alcanzar el 31 

de diciembre del año 2010 no podrán superar los 86.000 

efectivos. 

Se autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos 

de selección y reclutamiento a partir de la aprobación de la 

presente Ley. 

Undécima. Actualización de la cuantía de la prestación 

económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo.— 

A partir del 1 de enero de 2010, la cuantía de las prestaciones 

económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, 

de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados 

al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia 

de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor 

parte de su vida fuera del territorio nacional ascenderá, en 

cómputo anual, a la diferencia entre 6.989,20 euros y el importe 

anual que perciba cada beneficiario por las pensiones a 

que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 de la 

Ley 3/2005, o a la diferencia entre 6.989,20 euros y las rentas 

o ingresos anuales que perciban los beneficiarios a que se 

refiere el apartado d) del artículo 2 de la Ley 3/2005. 

Duodécima. Gestión de los programas establecidos en la 

letra e) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 

de Empleo.— El Servicio Público de Empleo Estatal, de 

conformidad con lo establecido en el artículo13.e) de la Ley 

56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, realizará la gestión 

de los programas financiados con cargo a la reserva de crédito 

de su presupuesto de gastos, que comprenderá las aplicaciones 

19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401, 19.101.000- 

X.402, 19.101.000-X.410, 19.101.000-X.411, 19.101.000- 

86

1 

X.412, 19.101.000-X431 y 19.101.241-A.482, desagregadas 

a través de varios subconceptos, según los diferentes ámbitos 

funcionales de las políticas activas de empleo, para financiar 

las siguientes actuaciones: 

a) Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico 

superior al de una Comunidad Autónoma, cuando éstos exijan 

la movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores 

participantes en los mismos a otra Comunidad Autónoma 

distinta a la suya y precisen de una coordinación unificada. 

b) Programas para la mejora de la ocupación de los demandantes 

de empleo mediante la colaboración del Servicio 

Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración 

General del Estado o sus organismos autónomos para la 

realización de acciones formativas y ejecución de obras y 

servicios de interés general y social, relativas a competencias 

exclusivas del Estado. 

c) Programas de intermediación y políticas activas de 

empleo cuyo objetivo sea la integración laboral de trabajadores 

inmigrantes, realizados en sus países de origen, facilitando 

la ordenación de los flujos migratorios. 

Dicha reserva presupuestaria opera como reserva de gestión 

de políticas activas de empleo en los supuestos anteriormente 

señalados en favor del Servicio Público de Empleo 

Estatal, no obstante las competencias asumidas por las Comunidades 

Autónomas en el ámbito del trabajo, el empleo y la 

formación. 

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 14.3 de la precitada 

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, la financiación de la 

reserva de gestión es independiente de la destinada a programas 

de fomento de empleo, cuya distribución territorial, en 

aplicación del procedimiento establecido en el artículo 86 de 

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General presupuestaria, 

se efectuará entre las Comunidades Autónomas con competencias 

de gestión asumidas. 

Decimotercera. Aportación financiera del Servicio Público 

de Empleo Estatal a la financiación de los Planes Integrales 

de Empleo de las Comunidades Autónomas de Canarias, 

Castilla-La Mancha y Extremadura.— Uno. Durante el año 

2010, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará a la financiación 

de los Planes Integrales de Empleo de las Comunidades 

Autónomas de Canarias, Castilla-La Mancha y 

Extremadura las siguientes cantidades: A la Comunidad Autónoma 

de Canarias, 42.070.850 euros; a la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, 15.000.000 de euros, y a la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, 20.000.000 de euros. 

Las mencionadas aportaciones financieras tienen el carácter 

de subvenciones nominativas, habida cuenta de su consignación 

en el estado de gastos del presupuesto del Servicio 

Público de Empleo Estatal con la correspondiente identificación 

desagregada para cada una de las tres Comunidades 

Autónomas expresada a nivel de subconcepto de la clasificación 

económica del gasto público estatal. 

Dos. Las mencionadas cantidades se destinarán, conjuntamente 

con la aportación financiera que realicen la respectivas 

Comunidades Autónomas, a financiar las acciones y las 

medidas de fomento de empleo que se describen en los 

Convenios de Colaboración que les son de aplicación, suscritos 

entre la Administración General del Estado y la Administración 

de las Comunidades Autónomas, en las fechas que 

se citan a continuación: Canarias, el 23 de octubre de 2007; 

Castilla-La Mancha, el 24 de abril de 2007, y Extremadura, el 

2 de noviembre de 2009. 

La articulación de las aportaciones financieras, que se harán 

efectivas en la forma indicada en el apartado Tres siguiente, 

se instrumentará mediante la suscripción de la 

pertinente adenda entre el Servicio Público de Empleo Estatal 

y las respectivas Comunidades Autónomas. 

Tres. La citada aportación se librará en el segundo mes de 

cada cuatrimestre natural del año 2010, previa solicitud documentada 

de la Comunidad Autónoma respectiva al Servicio 

Público de Empleo Estatal de la aplicación de los fondos. No 

obstante lo anterior, el Servicio Público de Empleo Estatal no 

dará curso a la tramitación de los libramientos hasta en tanto 

no haya sido justificada ante dicho Organismo, con la correspondiente 

aportación documental, la ejecución de los 

fondos librados en el ejercicio anterior. 

Cuatro. La aplicación por la Comunidad Autónoma correspondiente 

de la aportación financiera, así como su seguimiento 

y evaluación se regirá por lo estipulado, al efecto, 

en los citados Convenios de Colaboración. 

Cinco. Finalizado el ejercicio 2010 y con anterioridad al 1 

de abril de 2011, las Comunidades Autónomas remitirán a la 

Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal información 

de los colectivos de desempleados atendidos con 

las aportaciones hechas efectivas, las acciones realizadas, 

así como la documentación necesaria a efectos de la cofinanciación 

del Fondo Social Europeo. 

Seis. No obstante lo indicado en el apartado Cinco anterior, 

el remanente de la aportación financiera no comprometido 

por la respectiva Comunidad Autónoma en el ejercicio 

2010 será reintegrado al Servicio Público de Empleo Estatal 

en la forma que se determine en la resolución de concesión 

que adopte dicho Organismo para la efectividad de los libramientos 

a que se refiere el apartado Tres, con sujeción a 

las prescripciones que, en materia de subvenciones, establece 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Decimocuarta. Financiación de la formación profesional 

para el empleo.— Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de 

financiación, los fondos provenientes de la cuota de formación 

profesional se destinarán a financiar el subsistema de formación 

profesional para el empleo regulado por el Real Decreto 

395/2007, de 23 de marzo, con el objeto de impulsar y 

extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y 

desempleados una formación que responda a sus necesidades 

y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento. 

En el ejercicio inmediato al que se cierre el presupuesto, se 

efectuará una liquidación en razón de las cuotas de formación 

profesional efectivamente percibidas, cuyo importe se incorporará 

al presupuesto del ejercicio siguiente, con el signo que 

corresponda. 

Dos. El 60 por ciento, como mínimo, de los fondos previstos 

en el apartado anterior se afectará a la financiación de las 

siguientes iniciativas y conceptos: 

• Formación de demanda, que abarca las acciones formativas 

de las empresas y los permisos individuales de formación. 

• Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores 

ocupados. 

• Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. 

• Formación en las Administraciones Públicas. 

87

1 

• Gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo. 

A la financiación de la formación en las Administraciones 

Públicas se destinará un10,75 por 100 de la cuantía indicada 

en el párrafo primero de este apartado. Esta cuantía vendrá 

consignada en el presupuesto del Servicio Público de Empleo 

Estatal como dotación diferenciada para su aportación dineraria 

al Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito 

al Ministerio de la Presidencia, en tres libramientos en los 

meses de febrero, abril y junio. En el presupuesto del Instituto 

Nacional de Administración Pública figurarán territorializados 

los fondos correspondientes a las Comunidades Autónomas y 

Ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de la formación 

continua de sus empleados públicos. El abono de 

dichos fondos se realizará desde el Instituto Nacional de 

Administración Pública mediante transferencia nominativa a 

cada Comunidad y Ciudad Autónoma. 

El Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo los fondos para la 

financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. El 

citado libramiento se efectuará por cuartas partes, en la segunda 

quincena natural de cada trimestre. La Fundación deberá 

presentar anualmente y antes del 30 de abril del ejercicio 

siguiente ante el Servicio Público de Empleo Estatal, la justificación 

contable de los gastos realizados con cargo a los 

fondos asignados para su funcionamiento. 

Tres. Las Comunidades Autónomas con competencias 

estatutariamente asumidas en materia de políticas activas de 

empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las 

transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones 

en el ámbito de la formación profesional para el empleo 

gestionadas por dichas Comunidades, en la cuantía que 

resulte según los criterios de distribución territorial de fondos 

que se aprueben en la Conferencia Sectorial de Empleo y 

Asuntos Laborales. 

La Comunidad Autónoma que no haya recibido todavía el 

correspondiente traspaso de funciones y servicios en materia 

de políticas activas de empleo y, en concreto, en materia de 

formación profesional para el empleo, durante el ejercicio 

2010 podrá recibir del Servicio Público de Empleo Estatal, 

previo acuerdo de la Comisión Estatal de Formación para el 

Empleo, una transferencia de fondos por la cuantía que le 

corresponda para la formación de oferta dirigida prioritariamente 

a trabajadores ocupados y las acciones de apoyo y 

acompañamiento a la formación, según los criterios de distribución 

territorial de fondos aprobados en la Conferencia 

Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. La transferencia de 

fondos se efectuará con cargo a los créditos autorizados por 

esta Ley en el estado de gastos del presupuesto del Servicio 

Público de Empleo Estatal para la financiación de las citadas 

iniciativas, sin que suponga incremento alguno respecto de 

los específicamente consignados para dicha finalidad. 

Cuatro. Las empresas que cotizan por la contingencia de 

formación profesional dispondrán de un crédito para la formación 

de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en 

el capítulo II del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por 

el que se regula el subsistema de formación profesional para 

el empleo, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por 

la empresa en concepto de formación profesional durante el 

año2009 el porcentaje de bonificación que, en función del 

tamaño de las empresas, se establece a continuación: 

a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento 

b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento 

c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento 

d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento 

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un 

crédito de bonificación por empresa de 420 euros, en lugar de 

un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito 

de formación, en los términos establecidos en la citada normativa, 

las empresas que durante el año 2010 abran nuevos 

centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, 

cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En 

estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de 

bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de 

trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros. 

Las empresas que durante el año 2010 concedan permisos 

individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de 

un crédito de bonificaciones para formación adicional al crédito 

anual que les correspondería de conformidad con lo establecido 

en el párrafo primero de este apartado, por el 

importe que resulte de aplicar los criterios determinados por 

Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El crédito 

adicional asignado al conjunto de las empresas que concedan 

los citados permisos no podrá superar el 5 por ciento del 

crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de 

Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en 

las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional 

para el empleo. 

Decimoquinta. Convenios con la Comunidad Autónoma 

de Canarias.— Uno. Convenios en materia de inversiones 

con la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El crédito 32.18.941O.751 dotado en la Sección 32 «Entes 

Territoriales» se destinará a actuaciones inversoras en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación 

del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Las indicadas actuaciones podrán realizarse directamente 

por la Administración General del Estado o, en su caso, a 

través de convenios con la citada Comunidad. 

El crédito podrá ponerse a disposición de las Comunidades 

Autónomas desde la propia Sección 32 «Entes Territoriales», 

o bien ser transferido, para su ejecución, a los Departamentos 


Dos. Convenio entre el Ministerio de Educación y la Comunidad 

Autónoma de Canarias en desarrollo del Plan Integral 

de Empleo de Canarias. 

Se autoriza al Gobierno para que durante el año 2010, a la 

vista de los resultados de los sucesivos acuerdos singulares 

anuales suscritos entre el Ministerio de Educación y la Consejería 

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias para el desarrollo del Plan Integral de 

Empleo de Canarias, pueda continuar con esta línea de actuación 

mediante la suscripción, en su caso, de un nuevo 

convenio que podrá suponer una aportación máxima por parte 

del Ministerio de Educación de 40.000,00 miles de euros. 

Decimosexta. Convenios en materia de inversiones con 

las Comunidades Autónomas de Cataluña, Illes Balears y 

Castilla y León.— El crédito 32.18.941O.750 dotado en la 

Sección 32 «Entes Territoriales» se destinará a actuaciones 

inversoras en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Illes 

Balears y Castilla y León, en cumplimiento de lo dispuesto en 

los respectivos Estatutos de Autonomía. 

Las indicadas actuaciones podrán realizarse directamente 

por la Administración General del Estado o, en su caso, a 

través de convenios con las Comunidades Autónomas. 

88

1 

El crédito podrá ponerse a disposición de las Comunidades 

Autónomas desde la propia Sección 32 «Entes Territoriales, o 

bien ser transferido, para su ejecución a los Departamentos 


Decimoséptima. Garantía del Estado para obras de interés 

cultural.— Uno. De acuerdo con lo establecido en el 

apartado 3 de la disposición adicional novena de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 

durante el ejercicio 2010, el importe total acumulado, en todo 

momento, de los compromisos otorgados por el Estado respecto 

a todas las obras o conjuntos de obras cedidas temporalmente 

para su exhibición en instituciones de competencia 

exclusiva del Ministerio de Cultura y sus Organismos públicos 

adscritos, así como del Consejo de Administración del Patrimonio 

Nacional no podrá exceder de 1.848.000 miles de 

euros. 

El límite máximo de los compromisos específicos que se 

otorguen por primera vez en el año 2010 para obras o conjuntos 

de obras destinadas a su exhibición en una misma 

exposición será de 231.000 miles de euros. Una vez devueltas 

las obras a los cedentes y acreditado por los responsables 

de las exposiciones el término de la Garantía otorgada 

sin incidencia alguna, las cantidades comprometidas dejarán 

de estarlo y podrán ser de nuevo otorgadas a una nueva exposición. 

Excepcionalmente este límite máximo podrá elevarse por 

encima de los 231.000 miles de euros por acuerdo del Consejo 

de Ministros a propuesta de la Ministra de Economía y 

Hacienda, por iniciativa del Ministerio de Cultura, en cuyo 

caso el importe total acumulado, durante el periodo de vigencia 

de esa exposición, no podrá exceder de 2.750.000 

miles de euros. 

El límite máximo de los compromisos específicos que se 

otorguen a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza 

respecto a las obras destinadas a su exhibición en las sedes 

de la Fundación ubicadas en España en relación con el 

«Contrato de Préstamo de Obras de arte entre de una parte la 

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de otra Omicron 

Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale 

Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt, y la Baronesa 

Carmen Thyssen-Bornemisza», para el año 2010 será de 

540.910 miles de euros. 

Dos. En el año 2010 será de aplicación lo dispuesto en el 

apartado anterior a las exposiciones organizadas por la 

«Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior», y por la 

«Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales» que se 

celebren en instituciones dependientes de la Administración 

General del Estado. 

Decimoctava. Interés legal del dinero.— Uno. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 

24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo de interés 

legal del dinero, éste queda establecido en el 4 por ciento 

hasta el 31 de diciembre del año 2010. 

Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a 

que se refiere al artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, será del 5 por ciento. 

Decimonovena. Determinación del indicador público de 

renta de efectos múltiples (IPREM) para 2010.— De conformidad 

con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 

3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la 

regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento 

de su cuantía, el indicador público de renta de 

efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 

2010: 

a) EL IPREM diario, 17,75 euros. 

b) El IPREM mensual, 532,51 euros. 

c) El IPREM anual, 6.390,13 euros. 

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo 

interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM 

en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley3/2004, 

de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 

euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario 

mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que 

expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este 

caso, la cuantía será de 6.390,13 euros. 

Vigésima. Proyectos concertados de investigación de los 

programas nacionales científico-tecnológicos.— En relación 

con los Proyectos Concertados de Investigación de los Programas 

Nacionales Científico-Tecnológicos, financiados mediante 

créditos privilegiados sin intereses con cargo al Fondo 

Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y 

Técnica, cuya gestión tiene atribuidas el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), se autoriza a dicho 

Centro para la concesión de moratorias o aplazamientos de 

hasta un máximo de cinco años y al interés de demora a que 

se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, siempre que se presten garantías 

suficientes por parte del deudor, mediante avales 

bancarios, hipotecas e, incluso, garantías personales, en los 

casos en que las anteriores no pudieran obtenerse, para la 

devolución de las cantidades adeudadas por empresas que 

hubieran resultados beneficiarias de tales créditos en el período 

de 1987 a 1993, y cuya situación financiera, justifique la 

imposibilidad de atender los pagos en sus fechas, siempre y 

cuando se acredite documentalmente dicha situación, y previo 

informe favorable de la Dirección General de Investigación 

y Gestión del Plan Nacional de I+D+I, del Ministerio de Ciencia 

e Innovación. 

Vigésima primera. Dotación de los fondos de fomento a la 

inversión española o con interés español en el exterior.— 

Uno. La dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior 

se establece en 1.000 miles de euros en el año 2010. El 

Comité Ejecutivo del Fondo para Inversiones en el Exterior 

podrá aprobar durante el año 2010 operaciones por un importe 

total máximo de250.000 miles de euros. 

Dos. El Comité Ejecutivo del Fondo de Operaciones de 

Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa 

podrá aprobar durante el año 2010 operaciones por un importe 

total máximo de 15.000 miles de euros. 

Vigésima segunda. Seguro de Crédito a la exportación.— 

El límite máximo de cobertura para nueva contratación, 

excluidas la Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones 

(PAGEX), la Póliza 100 y la Póliza Master, que podrá asegurar 

y distribuir la Compañía Española de Seguros de Crédito a 

la Exportación, Sociedad Anónima (CESCE) será, para el 

ejercicio del año 2010, de 9.000.000 miles de euros. 

Vigésima tercera. Ayudas reembolsables.— Las ayudas 

públicas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5 de la Ley13/1986, de Fomento y Coordinación General de la 

Investigación Científica y Técnica, se conceden a empresas 

para la financiación de actuaciones de las previstas en los 

apartados 1 y 2 del citado artículo, podrán configurarse como 

89

1 

ayudas reembolsables total o parcialmente -con cesión a la 

Administración General del Estado, en este último caso, de 

los derechos sobre los resultados- en función de lo conseguido 

en la ejecución de dichas actuaciones, y en los términos 

que establezcan las respectivas bases reguladoras. Los 

ingresos derivados de los reembolsos de las ayudas públicas 

con fines de investigación científica y desarrollo tecnológico a 

que se refiere este precepto podrán generar crédito en las 

aplicaciones 21.04.463B.740, 21.04.463B.750, 

21.04.463B.760, 21.04.463B.770 y 21.04.463B780 del estado 

de gastos. 

Vigésima cuarta. Apoyo financiero a empresas de base 

tecnológica.— El importe total máximo que podrá aprobarse 

durante el año 2010 para las operaciones a las que se 

refiere el apartado 1 de la disposición adicional segunda de la 

Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas 

fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la 

pequeña y mediana empresa será de 18.579,76 miles de euros, 

cantidad que se financiará con cargo a la aplicación 

presupuestaria 21.07.467C.831.15. 

El importe total máximo que podrá aprobarse durante el año 

2010 para las operaciones a las que se refiere el apartado 2 

de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de13 de 

diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes 

de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, 

será de 13.921,00 miles de euros, cantidad que se 

financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 

20.17.433M.821.11. 

Vigésima quinta. Apoyo financiero a las pequeñas y medianas 

empresas.— El importe de la aportación del Estado 

a la línea de financiación a que se refiere la disposición adicional 

vigésimo quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, 

será de 70.000,00 miles de euros, cantidad que se financiará 

con cargo a la aplicación presupuestaria 20.17.433M.821.10. 

Vigésima sexta. Pagos correspondientes a la financiación 

de actuaciones de Medio Ambiente en los Programas de 

Desarrollo Rural cofinanciados por Fondos europeos.— En 

relación con las Ayudas reguladas por el artículo 86 de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los 

pagos correspondientes a la financiación de los Programas de 

Desarrollo Rural cofinanciados por FEADER para actuaciones 

de Medio Ambiente, así como aquellos pagos correspondientes 

a la financiación de actuaciones recogidas en el 

Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad regulados 

en el artículo74 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad, así como las transferencias a las Comunidades 

Autónomas para ayuda para Planes de Recuperación 

de especies en peligro de extinción y corrección de infraestructuras 

peligrosas, podrán librarse en su totalidad una vez 

hayan sido acordados en Conferencia Sectorial los criterios 

objetivos de distribución y la distribución resultante así como 

el refrendo mediante Acuerdo del Consejo de Ministros. 

Vigésima séptima. Declaración de interés general de determinadas 

obras de infraestructuras hidráulicas con destino a 

riego y otras infraestructuras.— 1. Se declaran de interés 

general las siguientes obras de mejora de infraestructuras 

rurales en: 

Castilla y León: 

- Adecuación del Camino de Santiago y áreas colindantes 

en Camponaraya (León). 

- Restauración ambiental del valle del río Tejadilla (Segovia). 

- Dotación complementaria en el recinto ferial de Cacabelos 

(León). 

- Camino Rural entre Villanueva del Campo- Castroverde 

de Campos (Zamora). 

- Camino Rural entre Castroverde de Campos-Barcial de la 

Loma (Zamora). 

- Adecuación de infraestructuras rurales en la Comarca de 

Garoña. 

- Adecuación de caminos naturales en la Provincia de Soria. 

Términos municipales: Abejar, Agreda, Almazán, Alcubilla 

de las Peñas, Aldealafuente, Aldehuela de Periañez, Adradas, 

Bayubas de Abajo, Borjabad, Buberos, Cabrejas del Pinar, 

Calatañazor, Cihuela, Coscurita, Cubo de la Solana, 

Cueva de Ágreda, Escobosa de Almazán, Fuentelsanz de 

Soria, Gormaz, Maján, Matamala de Almazán, Miño de San 

Esteban, Nepas, Nolay, Noviercas, Quintanas de Gormaz, 

Rioseco de Soria, San Leonardo de Yagüe, Serón de Nágima, 

Soliedra, Sotillo del Rincón, Taroda, Tejado, Valdegeña, 

Valderrodilla, Viana de Duero, Velamazán, Villar del Campo, 

Villasayas, Vinuesa, Yanguas. 

- Centro de Interpretación Geológica de Juzbado (Salamanca). 

- Mejora Camino Rural Sesnández-Escober (Zamora). 

- Mejora Camino Rural Sejas-Tola (Zamora). 

- Mejora Camino Rural Malva-Abezames-Vezdemarbán 

(Zamora). 

- Mejora Camino Rural Mellanes-Ceadea (Zamora). 

- Mejora Camino Rural Moraleja-Carretera Ledesma (Zamora). 

- Mejora Camino Rural Villalazán-Madridanos-Bamba 

(Zamora). 

- Rehabilitación de infraestructuras y recuperación medioambiental 

en los cauces de los arroyos de Fradellos, Mellanes, 

Ufones y término municipal de Rabanales (Zamora). 

Canarias: 

- Recuperación de paisajes rurales en la Isla de La Gomera. 

Asturias: 

- Mejoras en accesos y dotaciones infraestructurales en 

diversos municipios situados en zonas rurales delimitadas de 

acuerdo al artículo 10 de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, 

para el desarrollo sostenible del medio rural (Valdés, Tapia de 

Casariego, Castropol, Allande, Grandas de Salime, Boal, 

Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Tineo, Teberga, Grado, 

Lena, Aller, Laviana, Caso, Cangas de Onís, Piloña, Villaviciosa, 

Ribadesella). 

Cataluña: 

- Red rural de caminos y otras infraestructuras rurales 

básicas asociadas a las grandes zonas de regadíos siguientes: 

- Infraestructuras Rurales de la Zona del Canal Segarra 

Garrigues (Lleida). 

- Infraestructuras Rurales de la Zona de los Canales de 

Urgell (Lleida). 

- Infraestructuras Rurales de la Zona del Canal de Aragón 

y Catalunya (Lleida). 

90

1 

- Infraestructuras Rurales de la Zona del Canal de Piñana 

(Lleida). 

- Infraestructuras Rurales de la Zona del Canal del Regadío 

de apoyo del Garrigues Sud (Lleida). 

- Infraestructuras Rurales de la Zona del regadío de apoyo 

del Segrià Sud (Lleida). 

- Infraestructuras Rurales de la Zona del Canal de la Derecha 

del Delta del Ebro (Tarragona). 

- Infraestructuras Rurales de la Zona del Canal de la Izquierda 

del Delta del Ebro (Tarragona). 

- Infraestructuras Rurales de la Zona de los Regadíos del 

Bajo Ter, margen izquierdo y margen derecho (Girona). 

Aragón: 

- Adecuación de infraestructuras rurales en Egea de los 

Caballeros. 

Extremadura: 

- Acondicionamiento de los Caminos rurales de la Mancha 

de la Raña y desde la Serilla hasta la Ermita de la Concepción 

en el T.M. de Alia. 

- Acondicionamiento de los Caminos rurales del Pozo de la 

Dehesilla, del cementerio, de las Viñas y de la Vascona en el 

T.M. de Miajadas. 

- Acondicionamiento de los Caminos rurales de Belén y de 

la Cañada Real Puerto de Miravete y Cordel de Aldea del 

Obispo en el T.M. de Trujillo. 

- Acondicionamiento de los Caminos rurales de Montetrigo, 

de Buenavista, del Cortinal, pista del pantano, de las Vegas 

y de Garciatroje en el T.M. de Valencia de Alcántara. 

2. Las obras incluidas en esta disposición adicional llevarán 

implícitas las declaraciones siguientes: 

a) La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 

9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 

Expropiación Forzosa. 

b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de los 

bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de 


3. Esta declaración de interés general permitirá las expropiaciones 

forzosas requeridas para dichas obras y la urgente 

ocupación de los bienes afectados. 

Vigésima octava. Declaración de interés general de determinadas 

obras de infraestructuras hidráulicas con destino a 

la recuperación y gestión medioambiental de los recursos 

hídricos, mejora de la garantía de los usos y gestión de los 

riesgos frente a sequías e inundaciones.— 1. Se declaran 

de interés general las siguientes obras: 

a) Obras de mejora de calidad de las aguas superficiales: 

Baleares: 

- Nueva EDAR, colectores y emisario de Eivissa. 

- Aliviadero de emergencia terrestre y submarino Palma I. 

- Nueva EDAR, colectores y emisario en Ca'n Picafort. 

- EDAR de Santa Eulalia. 

- EDAR de Addaia. 


- Ampliación, mejora y adecuación de la EDAR. Miranda de 

Ebro, Burgos. 

- Incorporación de tratamiento terciario a la EDAR de Salamanca. 

- Ampliación y mejora o nueva EDAR, con terciario de Soria. 

- Emisario de Golmayo. Soria. 

- EDAR mancomunada Valle del Órbigo (Zamora). 

- EDAR mancomunada Valle del Tera, trama Sitrama-desembocadura 

(Zamora). 

- EDAR mancomunada Valle del Eria (Zamora). 

Castilla-La Mancha: 

- EDAR de Albacete, ampliación y mejora del tratamiento 

de depuración y clausura de vertidos directos al Dominio 

Público Hidráulico. 

- EDAR de Almansa, ampliación y mejora del tratamiento 

de depuración. 

Comunidad Valenciana: 

- Tanques de tormenta y colectores asociados a la EDAR 

de La Safor (Gandia). 

- Adecuación de las instalaciones de tratamiento y colectores 

del valle del Vinalopó (Elda, Petrer, Aspe). 

- EDAR de Benicassim (Castellón), ampliación y mejora de 

las instalaciones de depuración. 

- Prolongación de canalización de rambla en Pilar de la 

Horadada. 

Extremadura: 

- EDAR de Cáceres. 

- Saneamiento y depuración en Don Benito. 

- Saneamiento y depuración en Montijo. 

- Saneamiento y depuración en Plasencia. 

- Saneamiento y depuración en Villafranca de los Barros. 

Galicia: 

- Interceptor general del Río Sarela en Santiago. 

La Rioja: 

- Tanque de tormentas en la EDAR de Logroño. 

- Colector del bajo Iregua en la EDAR de Logroño. 

Madrid: 

- Aglomeración Sur de Madrid. 

- Aglomeración La China Butarque. 

Navarra: 

- Colector Tiebas-Muruarte de Reta (Sistema Arazuri). 

- Colector Berrioplano (Sistema Arazuri). 

b) Obras de restauración del patrimonio medio ambiental: 

Andalucía: 

- Proyecto de restauración del río Chico. Tt.mm. Vélez 

Blanco y Vélez Rubio (Almería). 

Aragón: 

- Restauración del Río Ara (t.m. Fiscal. Huesca). 

- Restauración de la margen derecha del Ebro en el término 

municipal de Fayón (Zaragoza). 

- Restauración del Río Segre en la confluencia con el Ebro 

(t.m. Mequinenza, Zaragoza). 

- Plan desarrollo sostenible del entorno del Embalse de 

Mularroya. 

Asturias: 

- Actuaciones de mejora ambiental y dinámica fluvial en el 

Bajo Sella. 

91

1 

- Restauración del Río Narcea entre Cornellana y la confluencia 

con el Río Nalón. 

Cantabria: 

- Recuperación morfológica y ambiental del cauce del río 

Saja desde Mazcuerras -Cabezón de la Sal hasta la ega de 

Sopeña. 

- Recuperación de márgenes fluviales y mejora de la conectividad 

lateral y longitudinal en la confluencia de los ríos 

Saja y Besaya en Torrelavega. 

- Recuperación ambiental y protección del ámbito fluvial en 

el tramo Entrambasaguas-Hoznayo (cuenca del Miera). 

- Recuperación y puesta en valor del espacio fluvial y protección 

frente a inundaciones del río Pas en Piélagos. 

- Recuperación morfodinámica del cauce del Pas y del 

ecosistema fluvial asociado en el Valle de Toranzo. 


- Restauración fluvial del Río Guadiana. Tramo: Presa de 

El Vicario-Puente Nuevo de Alarcos (Ciudad Real). 

- Restauración fluvial y protección del dominio público hidráulico 

en diversos afluentes del Río Bullaque (Ciudad 

Real). 

- Proyecto de recuperación de la morfología fluvial y mejora 

de la cobertura vegetal en el tramo bajo del Río Valdemembra 

(Albacete). 

- Proyecto de restauración en el tramo medio del Río Ojos 

de Moya (Cuenca). 


- Proyecto de mejora del estado ecológico del Río Órbigo, 

tramo I (León). 


tramo II (León). 


tramo III (León y Zamora). 

- Mejora del estado ecológico del Río Pisuerga entre la 

Presa de Aguilar de Campoo y Alar del Rey (Palencia) 2.ª 

fase. 

- Recuperación integral del entorno ecológico y aprovechamiento 

de recursos ambientales del valle del Tera entre 

Sitrama y desembocadura (Zamora). 


- Restauración del Río Verde en los TTMM de Benimodo, 

Massalaves, Alberique y Alzira (Valencia). 

- Restauración del Río Serpis en los TTMM de Lorcha 

(Alicante) y Villalonga (Valencia). 

- Restauración del Río Turia en los TTMM de Gestalgar, 

Bugarra y Pedralba (Valencia). 

- Proyecto de Restauración de los Ríos Júcar, Cabriel y 

Magro en los tt.mm. de Huélamo, Cuenca, Salvacañete, Requena 

y Yátova (Cuenca y Valencia). 

- Proyecto de mejora de la conectividad longitudinal y restauración 

del tramo alto del Río Vinalopó. 

- Recuperación medioambiental del entorno del pantano de 

Elche (Alicante). 

Extremadura: 

- Restauración fluvial del Río Guadiana en un tramo de la 

cuenca media a su paso por el entorno de Villagonzalo (Badajoz). 

- Rehabilitación ambiental del Río Limonetes en la zona 

regable de Talavera la Real (Badajoz). 

- Proyecto de Restauración del Río Viejas desde la Toma 

de la Piscifactoría hasta la Desembocadura. TT.MM. Varios 

(Cáceres). 

Galicia: 

- Protección y restauración de hábitats fluviales y ecosistemas 

asociados en el Alto Miño. 

- Mejora de la Conectividad longitudinal en el Alto Miño y 

afluentes. 

La Rioja: 

- Plan de restitucion territorial por las obras de la Presa de 

Soto Terroba. 

- Proyecto de actuaciones medioambientales en la ciudad 

de Logroño. 

Madrid y Castilla-La Mancha: 

- Proyecto de Rehabilitación de los Ríos Tajo y Jarama en 

la Junta de Ríos. TT.MM. Aranjuez (Madrid) y Seseña (Toledo). 

Murcia: 

- Proyecto de mejora ambiental de la rambla de la carrasquilla. 

T.M. Cartagena (Murcia). 

- Proyecto de mejora ambiental del Río Mula y la rambla de 

Perea. TT.MM. Mula y Albudeite (Murcia). 

- Recogida y eliminación de las salmueras procedentes de 

la red de desalobradoras del Campo de Cartagena y su vertido 

al Mar Mediterráneo. 

Navarra: 

- Proyecto de conexión hidrológica y mejora de hábitats en 

los meandros del tramo bajo del Río Arga (TT.MM. Funes y 

Peralta. Navarra). 

- Plan de Sostenibilidad de los municipios del entorno del 

Embalse de Itoiz. 

c) Obras de mejora de la garantía de los usos: 

Andalucía: 

- Abastecimiento de agua para riego a los sectores Baldíos 

de la Puebla y Tharsis, de la zona del Andévalo Occidental 

Fronterizo (Huelva). 

- Abastecimiento de agua para riego a los sectores de 

Campos Baldíos de la Puebla de Guzmán, Tharsis y El Cerro 

de Andévalo, de la Zona Regable del Andévalo (Huelva). 

Cantabria: 

- Autovía del Agua. Cantabria. 

Castilla- La Mancha: 

- Modernización de los regadíos de Azután. 

- Abastecimiento a la Mancomunidad de La Muela (Guadalajara). 

Cataluña: 

- Construcción de elevaciones para garantizar el regadío 

en el tramo final del Río Ebro. 


- Adecuación de las infraestructuras del ferrocarril y de la 

carretera que condicionan el llenado del embalse de Bellús 

(Valencia). 

- Rehabilitación de los azudes de Cullera, Sueca y Antella 

en el río Júcar (Valencia). 

92

1 

- Actuaciones de regulación de aguas regeneradas para su 

adaptación a la demanda en el ámbito territorial de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

- Desalobración de aguas con tratamiento terciario en el 

ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

- Actuaciones de modernización de la Real Acequia de 

Moncada (Valencia). 

- Infraestructuras de conexión entre EDARs en la provincia 

de Alicante y colectores a EDARs (Elche). 

Murcia: 

- Conducción de las aguas depuradas de la EDAR de 

Jumilla a embalses de la Comunidad de Regantes de Miraflores 

(Murcia). 

- Reposición de la tubería General de Riego de la Comunidad 

de Regantes de Mula (Murcia). 

País Vasco: 

- Renovación y mejora del tratamiento primario de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales EDAR de Galindo. 

- Conducción alternativa al Canal Bajo del Añarbe. Mancomunidad 

del Añarbe (Guipúzcoa). 

d) Obras de gestión de los riesgos frente a las sequías e 

inundaciones: 

Aragón: 

- Formación de cauces de alivio en varios términos municipales 

del cauce medio del Río Ebro. 

- Proyecto de construcción de dique de cola en el Embalse 

de Joaquín Costa. 

- Actuaciones de encauzamiento y defensa frente a las 

inundaciones en el río Alfambra en la provincia de Teruel. 

- Actuaciones de encauzamiento y defensa frente a las 

inundaciones en el río Guadalaviar en la provincia de Teruel. 


- Adecuación del drenaje del río Valdemembra y afluentes 

en los términos municipales de Quintanar del Rey y Motilla 

del Palancar (Cuenca). 

Murcia: 

- Actuaciones necesarias para interceptar y canalizar las 

escorrentías provenientes de Sierra Espuña en el T.M. de 

Alhama (Murcia). 

- Obras de prolongación de la canalización de la rambla 

del Pilar de la Horadada (Murcia). 


- Actuaciones necesarias para interceptar y canalizar las 

escorrentías provenientes de la Sierra de Orihuela. 

- Drenaje integral de la rambla de Alcalá (Castellón). 












Vigésima novena. Declaración de interés general de determinadas 

obras de Parques Nacionales.— 1. Se declaran 

de interés general las siguientes obras: 

Andalucía: 

- Construcción de un Centro de visitantes del Parque Nacional 

de Sierra Nevada en Hoya de la Mora. 


- Construcción del Centro de Visitantes del Parque Nacional 

de Picos de Europa en Posada de Valdeón. 

- Construcción del Punto de información del Parque Nacional 

de Picos de Europa en Oseja de Sajambre. 

Canarias: 

- Contenido interpretativo del Centro de visitantes del 

Parque Nacional del Teide en la Orotava. 

Cataluña: 


de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici en Espot. 


- Contenido interpretativo del Centro de Visitantes del 

Parque Nacional de Cabañeros en Horcajo de los Montes. 

Extremadura: 


de las Monfragüe en Malpartida de Plasencia. 

Galicia: 


de las Islas Atlánticas de Galicia en el Cambón. 

Aragón: 


de Ordesa y Monte Perdido en Escalona. 












Trigésima. Subvenciones al transporte aéreo y marítimo 

para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.— 

Se autoriza al Gobierno de la Nación para que, durante el año 

2010, modifique, o en su caso, reemplace el actual régimen 

de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes 

en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, por 

otro sistema de compensación. Dicha modificación nunca 

podrá suponer una disminución de la ayuda prestada o un 

deterioro en la calidad del servicio, ni incremento de los créditos 

asignados a esta finalidad. 

En todo caso, para las Comunidades de Canarias y de Baleares 

se estará a lo regulado en el artículo 6 de la Ley 

19/1994, de 6 de junio, de Modificación del Régimen Económico 

y Fiscal de Canarias, así como el artículo 5 de la Ley 

30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las islas 

Baleares, respectivamente. 

Trigésima primera. Creación de Agencias Estatales.— 

Uno. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año 

93

1 

desde la entrada en vigor de esta Ley, mediante Real Decreto 

del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro de adscripción 

del respectivo Organismo Público y a propuesta conjunta 

de las Ministras de la Presidencia y de Economía y Hacienda, 

proceda a transformar los actuales Organismos Públicos 

cuyos objetivos y actividades se ajusten a la naturaleza de las 

Agencias Estatales en los términos previstos en el artículo 2 

de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para 

la mejora de los servicios públicos. 

Se exceptúan de lo indicado en el número anterior a aquellos 

Organismos previstos en las disposiciones adicionales 9.ª 

y 10.ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado, que 

por Ley dispongan de una especial autonomía o independencia 

funcional respecto de la Administración General del 

Estado. 

Dicha transformación se ajustará a los siguientes requisitos: 

a) El régimen jurídico del personal de las Entidades Públicas 

Empresariales que se transformen en Agencia podrá 

seguir siendo laboral cuando su Ley de creación le hubiera 

otorgado este carácter. 

b) Los Organismos Públicos que no se transformen en 

Agencias Estatales mantendrán su actual regulación. 

c) A los organismos de investigación científica y técnica 

que se transformen en Agencias Estatales, les será de aplicación 

lo dispuesto en la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 

fomento y coordinación general de la investigación científica y 

técnica, en lo que no se oponga a la Ley 28/2006, de 18 de 

julio. 

d) Los organismos públicos a que se refiere el artículo 

4.1.g de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, que se transformen en Agencias Estatales 

seguirán manteniendo el régimen previsto en la misma. 

Dos. Las Agencias estatales que se creen en total durante 

el ejercicio 2010 no podrán exceder, en ningún caso, de cuatro. 

La creación de nuevas Agencias prevista en el apartado 

Uno de esta disposición, en la disposición adicional tercera de 

la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la 

mejora de los servicios públicos, y las previstas o que se 

prevean en otras normas, deberá ir precedida de un informe 

conjunto de los Ministerios de la Presidencia y de Economía y 

Hacienda, de carácter preceptivo y vinculante que determine 

la oportunidad de su creación, así como los efectos de dicha 

creación sobre el gasto público teniendo en cuenta la política 

del Gobierno y la necesidad de contención del gasto público. 

Trigésima segunda. Fondo de reserva de la entidad pública 

empresarial Loterías y Apuestas del Estado.— En 

ejecución del contrato programa previsto en la disposición 

adicional cuadragésima séptima de la Ley 42/2006, de 28 de 

diciembre, Loterías y Apuestas del Estado, durante los ejercicios 

cuyas cuentas se aprueben a partir de la entrada en 

vigor de esta ley, destinará un porcentaje del 2 por ciento del 

beneficio neto anual a dotar de su fondo de reserva de forma 

que, en el desarrollo de su actividad empresarial, garantice su 

capitalización y fondo de maniobra, su plan general, la adquisición 

de inmovilizado, la adaptación tecnológica precisa y 

la inversión en nuevos mercados o productos, así como la 

puesta en práctica de cualesquiera otras medidas derivadas 

del contrato programa. 

Trigésima tercera. Acuerdos de colaboración de Loterías 

y Apuestas del Estado con la Cruz Roja Española, la Asociación 

Española de Lucha contra el Cáncer y otras entidades.— 

Durante el año 2010 y los tres siguientes, la Entidad 

Pública Loterías y Apuestas del Estado, con cargo a su fondo 

de reserva, podrá suscribir acuerdos de colaboración y patrocinio, 

en régimen de derecho privado, con la Cruz Roja 

Española y la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, 

en las condiciones que en los mismos se establezcan, 

garantizando, para cada una de las anteriores, una aportación 

económica no inferior a la media de los ingresos percibidos, 

de forma individual, como resultado de los sorteos finalistas 

de Lotería Nacional en beneficio de las respectivas Instituciones 

efectuados en los últimos cuatro ejercicios. 

Adicionalmente, podrá suscribir acuerdos con otras entidades 

para el fomento de actividades, entre otras, de carácter 

social, cultural y deportivo. 

Las aportaciones contempladas en los dos párrafos anteriores 

no podrán superar en su conjunto el 2 por ciento del 

beneficio neto de Loterías y Apuestas del Estado en el ejercicio 

anterior. 

Trigésima cuarta. Comercialización de los juegos que 

gestiona Loterías y Apuestas del Estado.— Uno. Con 

efectos de 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, se dispone: 

1. La entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del 

Estado comercializa sus productos directamente, o mediante 

los puntos de venta y Delegaciones Comerciales que conforman 

su red comercial externa los cuales, a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley, con respeto a los principios 

de publicidad y concurrencia, estarán sometidos en su 

selección, contratación, extinción y régimen jurídico, así como 

en su vinculación con la mencionada entidad, al Derecho 

Privado, de conformidad con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público y la Instrucción de Contratación 

de la entidad. 

Las modificaciones contempladas en el párrafo anterior 

habrán de asegurar el respeto a los derechos adquiridos de 

los titulares de puntos de venta y delegaciones. 

2. Los actuales titulares de los puntos de venta y Delegaciones 

Comerciales de Loterías y Apuestas del Estado que 

formen parte de la red comercial externa podrán optar, en el 

plazo de dos años, al nuevo régimen previsto en el punto 1 de 

este apartado o mantener, respecto a su vinculación con la 

entidad pública empresarial, la naturaleza y régimen jurídico 

actual hasta el fallecimiento, jubilación, renuncia o cese del 

titular. 

3. Los juegos y apuestas que gestiona la entidad pública 

empresarial Loterías y Apuestas del Estado se comercializarán, 

en las condiciones que la misma establezca con sujeción 

a las normas de derecho privado. A dicho efecto establecerá, 

según proceda, mediante resolución o contrato, cualquier 

aspecto de carácter material o formal, técnico o procedimental, 

relativo a la organización, explotación, diseño, soporte, 

tecnología y comercialización de los juegos. 

Dos. Se deroga expresamente el apartado cinco del artículo 

70 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Trigésima quinta. Incorporación de remanentes de tesorería 

del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración 

Pública.— Se autoriza al Organismo Autónomo 

Instituto Nacional de Administración Pública, dependiente del 

94

1 

Ministerio de la Presidencia, a incorporar al remanente de 

tesorería propio del Organismo los importes no utilizados a 

final del ejercicio 2009, hasta un límite máximo de 832.000,00 

euros, de los fondos destinados a ejecución de los Planes de 

Formación Continua asignados al INAP como promotor, y de 

los destinados a las actividades complementarias que tengan 

relación con el programa de formación continua en las Administraciones 

Públicas. 

Trigésima sexta. Aplicación de las transferencias de fondos 

del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.— 

Con vigencia exclusiva para el año 2010, los ingresos que 

se produzcan en el Estado como consecuencia de las transferencias 

de fondos que realice el Instituto para la Vivienda de 

las Fuerzas Armadas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

16.2 de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de 

apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las 

Fuerzas Armadas, se destinarán a financiar gastos operativos 

y de inversión derivados del proceso de profesionalización y 

modernización de las Fuerzas Armadas. 

Trigésima séptima. Generación de crédito a favor de la 

Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad 

del Estado (GIESE).— Los recursos obtenidos como consecuencia 

del proceso de liquidación del Patronato de Viviendas 

de la Guardia Civil que, de conformidad con lo 

establecido en el apartado 5 de la disposición final primera 

del Real Decreto 1885/1996 (modificado por el Real Decreto 

341/1997), se ingresen en el Tesoro Público, podrán generar 

crédito en el Presupuesto del Ministerio del Interior con destino 

a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 

Seguridad del Estado (GIESE), para financiar la construcción 

y reforma de infraestructuras para las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

Trigésima octava. Asignación de cantidades a fines sociales.— 

Uno. El Estado destinará a subvencionar actividades 

de interés social, en la forma que reglamentariamente 

se establezca, el 0.7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 

2010 correspondiente a los contribuyentes que manifiesten 

expresamente su voluntad en tal sentido. 

A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto 

la formada por la suma de la cuota íntegra estatal y de 

la cuota íntegra autonómica o complementaria en los términos 

previstos en la Ley reguladora del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al 

ejercicio de 2010 se llevará a cabo antes del 30 de abril de 

2012, efectuándose una liquidación provisional el 30 de noviembre 

de 2011 que posibilite la iniciación anticipada del 

procedimiento para la concesión de las subvenciones. 

Dos. El resultado de la aplicación de este sistema no podrá 

ser inferior a 135.517,09 miles de euros; cuando no se 

alcance esta cifra, el Estado aportará la diferencia. 

Trigésima novena. Actividades prioritarias de mecenazgo.— 

Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 

de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 

al mecenazgo, durante el año 2010 se considerarán actividades 

prioritarias de mecenazgo las siguientes: 

1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la 

promoción y la difusión de la lengua española y de la cultura 

mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios 

audiovisuales. 

2.ª La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de 

los diferentes territorios del Estado español llevadas a cabo 

por las correspondientes instituciones de las Comunidades 

Autónomas con lengua oficial propia. 

3.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los 

bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan en 

el Anexo VIII de esta Ley, así como las actividades y bienes 

que se incluyan, previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura 

y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el programa 

de digitalización, conservación, catalogación, difusión 

y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español 

«patrimonio.es» al que se refiere el artículo 75 de la 

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 


4.ª Los programas de formación del voluntariado que hayan 

sido objeto de subvención por parte de las Administraciones 

públicas. 

5.ª Los proyectos y actuaciones de las Administraciones 

públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información 

y, en particular, aquellos que tengan por objeto la 

prestación de los servicios públicos por medio de los servicios 

informáticos y telemáticos a través de Internet. 

6.ª La investigación en las Instalaciones Científicas que, a 

este efecto, se relacionan en el Anexo XIV de esta Ley. 

7.ª La investigación en los ámbitos de microtecnologías y 

nanotecnologías, genómica y proteómica y energías renovables 

referidas a biomasa y biocombustibles, realizadas por las 

entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio 

de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de 

Ciencia e Innovación y oídas previamente las Comunidades 

Autónomas competentes en materia de investigación científica 

y tecnológica, en el plazo de dos meses desde la entrada 

en vigor de esta Ley. 

8.ª Los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de 

género que hayan sido objeto de subvención por parte de las 

Administraciones públicas o se realicen en colaboración con 

éstas. 

9.ª Las llevadas a cabo por la Fundación Spanish & Portuguese 

Bid Committee en actuaciones de promoción de la 

candidatura de España a la organización de los campeonatos 

del mundo de Fútbol de 2018. 

Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas 

en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 

49/2002 se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación 

con las actividades incluidas en el apartado anterior. 

Cuadragésima. Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo 

de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía 

y atención a la Dependencia.— Uno. El Fondo de 

apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y 

servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, 

creado en la Disposición Adicional sexagésima primera 

de la Ley 2/2008 de Presupuestos Generales del Estado 

para 2009 y que tiene por objeto prestar apoyo financiero a 

las empresas que lleven a cabo dicha actividad, tendrá una 

dotación para el ejercicio 2010 de 17.000 miles de euros, 

aportados por el Ministerio de Sanidad y Política Social. Dicha 

dotación será desembolsada y transferida a la Sociedad Estatal 

de Participaciones Industriales (SEPI) con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado de 2010. 

95

1 

Dos. El procedimiento y condiciones aplicables a la gestión 

del Fondo, así como los criterios y procedimientos de 

selección, concesión y control de la financiación a otorgar por 

el mismo, serán los establecidos en el convenio firmado para 

el ejercicio 2009 entre los Ministerios de Economía y Hacienda 

y de Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI), salvo que por las Instituciones 

firmantes se considere necesario efectuar alguna 

modificación para su mejor funcionamiento. 

Tres. El Fondo podrá dedicar parte de sus recursos a la 

constitución de Fondos que tendrían el mismo fin pero limitarían 

su ámbito de actuación a una Comunidad Autónoma, 

previa decisión por unanimidad de la Comisión de Inversiones 

y Seguimiento prevista en el citado Convenio. Estos nuevos 

Fondos, constituidos a través de un Convenio de las partes, 

contarían con los recursos aportados por el Fondo del Ministerio 

de Sanidad y Política Social, la Comunidad Autónoma 

correspondiente y las entidades económico-financieras que 

pudieran estar interesadas. 

Cuatro. A la liquidación del Fondo, SEPI ingresará en el 

Tesoro Público la dotación percibida con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado, menos el importe correspondiente 

a las operaciones de financiación fallidas, si las 

hubiere, y los gastos derivados de la gestión del Fondo desde 

su creación, más los rendimientos financieros que puedan 

generar las cantidades aportadas al mismo. 

Cinco. Este Fondo carece de personalidad jurídica. Las 

responsabilidades del Fondo se limitarán exclusivamente a 

aquéllas que la entidad gestora haya contraído por cuenta 

del mismo. Igualmente, los posibles acreedores del Fondo no 

podrán hacer efectivos sus créditos contra el patrimonio de la 

entidad gestora. 

Cuadragésima primera. Reequilibrio económico financiero 

de las concesiones de autopistas de peaje.— Uno. 

Objeto y ámbito de aplicación. 

Con efectos de 1 de enero de 2010, respecto de las concesiones 

administrativas, que a continuación se relacionan y 

con vigencia idéntica a la del plazo inicial o prorrogado de las 

mismas, como consecuencia de lo que a continuación se 

dispone, se establecen las siguientes medidas para las sociedades 

concesionarias de autopistas de peaje competencia 

de la Administración General del Estado: 

Autopista de peaje Alicante-Cartagena: Tramo, desde la 

autovía AP-7 (Alicante-Murcia) hasta Cartagena. Adjudicada 

por Real Decreto 1808/1998, de 31 de julio. 

Tramos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje 

R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40-Navalcarnero, de la 

autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la 

M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409. Adjudicada 

por Real Decreto 1515/1999, de 24 de septiembre. 

Tramos de autopista de peaje: autopista AP-6, conexión 

con Segovia y autopista AP-6, conexión con Ávila y para la 

conservación y explotación de la autopista de peaje AP-6, 

tramo Villalba-Adanero. Adjudicada por Real Decreto 


Autopista de peaje R-2, de Madrid a Guadalajara, y de la 

circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera 

N-II hasta la carretera N-I. Adjudicada por Real Decreto 


Autopista de peaje R-4, de Madrid a Ocaña, tramo M-50- 

Ocaña; la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la 

carretera N-IV hasta la carretera N-II; del eje sureste, tramo 

M-40-M-50, y de la prolongación de la conexión de la carretera 

N-II con el distribuidor este, y actuaciones de mejora en 

la M-50, tramo M-409-N-IV. Adjudicada por Real Decreto 

3540/2000, de 29 de diciembre. 

Autopista de peaje eje aeropuerto, desde la carretera 

M-110 hasta la A-10; de la autopista de peaje eje aeropuerto, 

desde la A-10 hasta la M-40; y construcción de la prolongación 

y mejoras del acceso sur a Barajas; de la ampliación a 

tres carriles de la autovía A-10, entre la conexión con el eje 

aeropuerto y el nudo de Hortaleza, y de la conexión aeropuerto-variante 

N-II y vías de servicio sur de Barajas. Adjudicada 

por Real Decreto 1197/2002, de 8 de noviembre. 

Autopista de peaje Cartagena-Vera. Adjudicada por Real 

Decreto 245/2004, de 6 de febrero. 

Autopista de peaje Madrid-Toledo y autovía libre de peaje 

A-40 de Castilla-La Mancha, tramo: Circunvalación norte de 

Toledo. Adjudicada por Real Decreto 281/2004, de 13 de febrero. 

Autopista de peaje circunvalación de Alicante, la variante 

libre de peaje de El Campello y otras actuaciones. Adjudicada 

por Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero. 

Autopista de peaje «Santiago de Compostela-Ourense, 

tramo: Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo». 

Adjudicada por Real Decreto 1702/1999, de 29 de octubre. 

Dos. Préstamo participativo por sobrecostes de expropiaciones. 

a) Concesión y requisitos para acceder al préstamo. 

Dentro de los límites de las dotaciones asignadas cada año 

en el Presupuesto del Ministerio de Fomento, el Estado 

otorgará un préstamo participativo a las sociedades concesionarias 

en las que concurran los siguientes requisitos: 

1.º Que el justiprecio ya pagado o legalmente consignado 

por las expropiaciones de los terrenos necesarios para la 

concesión haya alcanzado la cantidad prevista para el abono 

de las expropiaciones conforme a la cláusula 8.r) del Decreto 

215/1973, de 25 de enero. 

2.º Que el importe total de las expropiaciones quede determinado 

en más del 50 por 100 mediante acuerdos del Jurado 

Provincial de Expropiación Forzosa o sentencias de los 

Tribunales que hayan considerado para la fijación del justiprecio 

el valor urbanístico de los terrenos o de sus expectativas 

urbanísticas, sin que dicha circunstancia se hubiera 

previsto al tiempo de celebrar el contrato de concesión. 

3.º Que el importe total de las expropiaciones exceda del 

175 por 100 de las cantidades previstas por la concesionaria 

en su oferta. 

Se entenderá por importe total de las expropiaciones la 

suma del justiprecio de todas las fincas expropiadas para la 

concesión. El justiprecio de las fincas que, al tiempo de la 

entrada en vigor de esta ley, no esté fijado por acuerdo firme 

del Jurado o sentencia firme, se estimará con carácter provisional 

por comparación con el de fincas análogas. 

Para la determinación de dicho importe total de las expropiaciones, 

cada sociedad concesionaria deberá presentar una 

relación completa e individualizada de las fincas y derechos 

expropiados, precisando su justiprecio, ya sea cierto o estimado. 

Esta relación deberá ser aprobada por la Delegación 

del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 

Nacionales de Peaje, previas las comprobaciones y correcciones 

que estime oportunas. 

Si, una vez fijado por acuerdo firme del Jurado o sentencia 

firme el justiprecio de todas las fincas expropiadas, resultara 

96

1 

que alguna concesionaria no reúne los requisitos establecidos 

en este apartado Dos.a), quedará obligada a devolver el 

préstamo en el plazo de un año y en las condiciones que establezca 

la Delegación del Gobierno en las Sociedades 

Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. 

b) Condiciones del préstamo. 

El préstamo se otorgará, a solicitud de la concesionaria, 

para el abono del justiprecio fijado por acuerdos firmes del 

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa o sentencias firmes 

y sólo por la suma del justiprecio pagado o pendiente de 

pago que exceda del 175 por 100 de las cantidades previstas 

por la concesionaria en su oferta para el abono de las expropiaciones. 

Podrá igualmente solicitarse el préstamo por los intereses 

abonados o adeudados por retraso en el pago del justiprecio, 

siempre que dicho retraso no sea imputable a la concesionaria. 

A tal fin, deberá aportarse la correspondiente resolución 

judicial o administrativa firme en que se determine su importe. 

Las solicitudes de préstamo se presentarán ante la Delegación 

del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de 

Autopistas Nacionales de Peaje en los 15 primeros días naturales 

de cada trimestre, con referencia a las cantidades 

fijadas en el trimestre inmediatamente anterior. En la primera 

solicitud que se presente tras la entrada en vigor de esta Ley 

podrán incluirse todas las cantidades fijadas en cualquier fecha 

anterior. 

Las solicitudes se acompañarán de los documentos que 

acrediten el derecho al préstamo. Con la primera solicitud se 

aportará además el listado de expropiaciones regulado en el 

apartado Dos.a) anterior. 

Las solicitudes se resolverán antes de que expire el trimestre 

en el que se presentaron. El vencimiento de este 

plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa determinará 

que la correspondiente solicitud se entienda desestimada 

por silencio administrativo, sin perjuicio de la 

resolución que deba dictarse. 

El préstamo se hará efectivo en los 15 días naturales siguientes 

a la expiración del plazo señalado para resolver la 

correspondiente solicitud. 

Las condiciones del préstamo serán las siguientes: 

1.ª El plazo será el que reste de la vigencia, inicial o prorrogada, 

de la concesión o 50 años, si el primero es mayor. 

2.ª El Estado percibirá como remuneración del préstamo, 

anualmente, la mayor de las cantidades siguientes: 

a) La cantidad resultante de aplicar, sobre el saldo del 

préstamo participativo vivo a 31 de diciembre, un tipo de interés 

fijo de 175 puntos básicos. 

b) La cantidad resultante de aplicar el porcentaje que suponga 

el saldo del préstamo participativo vivo a 31 de diciembre 

respecto al valor de la inversión total, incluido el 

importe total de las expropiaciones definido en el apartado 

Dos.a), a la diferencia obtenida de detraer del 75 por 100 de 

los ingresos netos de peaje, la cuantía anual de amortización 

lineal de la inversión total, conforme a la siguiente expresión: 

R = Remuneración. 

PPV = Saldo del préstamo participativo vivo. 

IT = Inversión total en autopista incluidos el importe total de 

las expropiaciones y los adicionales por obra. 

INP = Ingresos netos de peaje que figuran en las cuentas 

de la sociedad concesionaria. 

N = Número de años de concesión, inicial o prorrogada, en 

su caso. 

3.ª Se establece un periodo de carencia de tres años, que 

alcanzará tanto a la amortización del capital como al pago de 

la remuneración del préstamo. Los intereses devengados en 

este periodo se capitalizarán junto con el principal del préstamo, 

considerándose como tal a todos los efectos. 

4.ª El préstamo se liquidará, por años naturales vencidos, 

conforme a las siguientes reglas: 

1. Antes del 31 de enero la Administración notificará la 

amortización que proceda y la liquidación provisional de los 

intereses exigibles según el apartado Dos.b).2.ª.a). Estos 

importes se ingresarán por el concesionario en el Tesoro a 

más tardar el 15 de febrero siguiente. 

2. En los primeros 10 días naturales del mes de julio y verificada 

por un auditor de cuentas, el concesionario presentará 

ante la Administración la liquidación definitiva de los 

intereses, por comparación de las cantidades señaladas en 

el apartado Dos.b).2.ª, letras a) y b). El saldo resultante deberá 

aprobarse por la Administración antes del 31 de julio y 

se abonará por el obligado al pago en el mes siguiente a dicha 

aprobación. 

3. El importe de la amortización anual, se realizará en la 

forma que se determine en la resolución que otorgue el préstamo, 

y será el correspondiente a los ingresos adicionales a 

que se refiere este apartado Dos letra c). 

4. El pago de los intereses del préstamo participativo y la 

amortización del principal del mismo se harán por este orden, 

con los ingresos anuales generados como consecuencia de 

las medidas de reequilibrio que se adopten. En su caso, los 

intereses devengados y no pagados se capitalizarán junto con 

el principal del préstamo, considerándose como tal a todos 

los efectos. 

El Ministerio de Fomento podrá autorizar, a instancia del 

concesionario y previo informe del Ministerio de Economía y 

Hacienda, la amortización, total o parcial, del préstamo de 

forma anticipada. 

5.ª Sin perjuicio de lo anterior, el vencimiento del préstamo 

se producirá a su término. 

6.ª Cada préstamo que se haga efectivo, figurará separadamente 

como préstamo de interés variable en el pasivo a 

largo plazo del balance social. No computará la inversión en 

expropiaciones asociada al préstamo a los efectos de la determinación 

de los ratios de solvencia que figuran en los decretos 

de adjudicación. 

7.ª La deuda con el Estado tendrá el carácter de subordinada, 

salvo respecto de cualesquiera créditos no privilegiados 

que correspondan a los accionistas. 

c) Ampliación del plazo de las concesiones, elevación de 

tarifas y liquidación de ingresos adicionales. 

Con el fin de compensar los sobrecostes por expropiaciones, 

el Ministerio de Fomento, previo informe del Ministerio de 

Economía y Hacienda, propondrá al Gobierno modificar las 

concesiones a que se refiere esta disposición acordando, 

conjunta o aisladamente, una elevación de tarifas o una ampliación 

del plazo de concesión, a los solos efectos de generar 

ingresos adicionales directa y exclusivamente destinados 

a amortizar el principal y los intereses a que se refiere el 

97

1 

apartado Dos.b).2ª.a) del préstamo participativo otorgado al 

amparo de esta disposición. 

La elevación de las tarifas será escalonada. 

En caso de declaración de concurso de acreedores de la 

sociedad concesionaria, dichos ingresos adicionales no formarán 

parte de la masa del concurso y se ingresarán directamente 

en el Tesoro para la amortización del préstamo. 

Si con estos ingresos adicionales se amortizase totalmente 

el préstamo antes de su vencimiento, se procederá a su 

cancelación anticipada y al reequilibrio económico-financiero 

de la concesión. 

Tres. Obras adicionales. 

Con carácter excepcional, podrán compensarse las obras 

adicionales ya ejecutadas al tiempo de la entrada en vigor de 

esta ley y no previstas en los proyectos iniciales, y que se 

encuentren integradas en el dominio público estatal por ser de 

interés para la Administración concedente. 

El Ministerio de Fomento, previo informe del Ministerio de 

Economía y Hacienda, podrá proponer al Gobierno, en los 

tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, la finalización 

convencional de los procedimientos derivados de 

las reclamaciones ya presentadas por dicho concepto. 

El acuerdo de finalización, determinará las medidas necesarias 

para restablecer el equilibrio económico financiero de 

la concesión, que consistirán preferentemente en un aumento 

de tarifas o del plazo concesional. 

Cuatro. Reclamaciones y recursos. 

El acogimiento por las sociedades concesionarias a una 

cualquiera de las medidas reguladas en los anteriores apartados 

Dos y Tres implica la renuncia a entablar acciones 

contra el Estado, o el compromiso de desistir de las ya iniciadas, 

por razón del reequilibrio económico de la concesión, 

basadas tanto en el sobrecoste de las expropiaciones como 

en la ejecución de obras adicionales. 

Otras fórmulas de financiación 

Cuando se ponga de manifiesto que estas medidas no posibiliten 

el reequilibrio de la concesión, podrá acordarse, 

previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, la 

adopción de otras fórmulas de financiación que permitan 

reequilibrar la concesión, salvaguardando los elementos 

fundamentales del contrato en cuanto a riesgo del concesionario. 

Cuadragésima segunda. Reequilibrio económico financiero 

de las concesiones de obras públicas para la conservación 

y explotación de las autovías de primera generación.— 

Con efectos de 1 de enero de 2010, respecto de los contratos 

incluidos en el Programa de Adecuación de las Autovías 

de Primera Generación, adjudicados en el momento de 

entrada en vigor de esta ley, y con vigencia idéntica a la duración 

de dichos contratos, se establecen las medidas siguientes 

en relación con las sociedades concesionarias: 

Uno. Obras adicionales no contempladas en los anteproyectos 

de adecuación, reforma y conservación. 

El órgano de contratación, de acuerdo con las normas 

aplicables al contrato y cuando el interés público lo exija, 

podrá acordar que las obras adicionales no contempladas en 

los anteproyectos de adecuación, reforma y conservación 

sean ejecutadas por las sociedades concesionarias y se 

consideren comprendidas, a todos los efectos, en el ámbito 

de la respectiva concesión, siempre que no sean susceptibles 

de explotación independiente, en cuyo caso serán objeto de 

nueva licitación conforme a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público. 

Dos. Alternativas y mejoras en relación con las obras de 

primer establecimiento descritas en los anteproyectos de 

adecuación, reforma y conservación. 

El órgano de contratación, de acuerdo con las normas 

aplicables al contrato, podrá admitir alternativas o mejoras en 

relación con las obras de primer establecimiento descritas en 

los anteproyectos de adecuación, reforma y conservación, 

siempre que dichas alternativas o mejoras tengan una funcionalidad 

análoga a la establecida en los anteproyectos. 

Tres. Préstamo participativo. 

a) El Estado otorgará un préstamo participativo, dentro de 

los límites de las dotaciones asignadas cada año en el Presupuesto 

del Ministerio de Fomento, para financiar tanto las 

obras adicionales no contempladas en los anteproyectos, 

como las alternativas o mejoras correspondientes a las obras 

de primer establecimiento incluidas en el Área 1, cuando representen 

un incremento económico respecto al anteproyecto. 

El préstamo se otorgará sólo por el importe correspondiente 

a dicho incremento económico, de conformidad con los 

proyectos aprobados por el Ministerio de Fomento. 

b) A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, cada 

sociedad concesionaria podrá presentar en 2010 una única 

solicitud de préstamo, en el plazo de un mes desde la aprobación 

de todos los proyectos de reforma, la aprobación 

provisional de todos los proyectos de trazado y cuando se 

hayan aprobado, al menos, los proyectos de construcción de 

obras de primer establecimiento que, sumados a los proyectos 

de reforma, superen el 65 por ciento de la inversión de las 

obras del Área 1. 

En todo caso, el importe total de las solicitudes se ajustará 

a lo recogido en el apartado a). 

La solicitud se resolverá por el Ministerio de Fomento en el 

plazo de un mes desde su presentación. El vencimiento de 

este plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa 

determinará que dicha solicitud se entienda desestimada por 

silencio administrativo, sin perjuicio de la resolución que deba 

dictarse. 

c) Las condiciones del préstamo serán las siguientes: 

1.ª El préstamo se hará efectivo en los quince días naturales 

siguientes a la fecha de la resolución de su otorgamiento. 

2.ª El plazo será el que reste de la vigencia de la concesión. 

3.ª El reembolso del principal se realizará, mediante un 

único pago, seis meses antes de la finalización del período 

concesional, salvo que por el Ministerio de Fomento, previo 

informe del Ministerio de Economía y Hacienda, se autorice la 

amortización anticipada. 

4.ª El Estado percibirá como remuneración del préstamo, 

con devengo a 31 de diciembre de cada año, desde la fecha 

de su desembolso, la mayor de las cantidades siguientes: 

a) La cantidad resultante de aplicar sobre el saldo del 

préstamo participativo un tipo de interés fijo de 175 puntos 

básicos. 

b) La cantidad resultante de aplicar la siguiente fórmula: 

Siendo: 

R = Remuneración anual. 

T = TIR proyecto antes de impuestos. 

98

1 

CaR = Canon anual real. 

CaM = Canon anual máximo. 

PP = Saldo del préstamo participativo otorgado. 

5.ª Se establece un periodo de carencia de tres años para 

el pago de la remuneración del préstamo. Los intereses devengados 

en este periodo se capitalizarán junto con el principal 

del préstamo, considerándose como tal a todos los 

efectos. 

6.ª Cada préstamo recibido figurará separadamente como 

préstamo de interés variable en el pasivo a largo plazo del 

balance social. 

7.ª La deuda con el Estado tendrá el carácter de subordinada, 

salvo respecto de cualesquiera créditos no privilegiados 

que correspondan a los accionistas. 

Cuatro. Niveles de tráfico. 

Durante un periodo de cinco años desde la entrada en vigor 

de esta ley, se unifican en un solo nivel máximo los niveles 

máximos ofertados por las concesionarias para el tráfico 

ligero y pesado, a razón de 1,4 vehículos ligeros por vehículo 

pesado. 

Los excesos o defectos que se produzcan anualmente en 

relación con el nivel máximo unificado, podrán ser compensados 

entre sí, no superando nunca el nivel máximo unificado 

acumulado hasta ese momento. A estos efectos, se comparará 

el número real de vehículos, a fecha 31 de diciembre, 

con el previsto en el nivel máximo unificado. 

El abono de las cantidades correspondientes a la compensación 

calculada en el párrafo anterior, se realizará en 

enero del año siguiente, junto con el canon correspondiente a 

dicho mes de acuerdo con los términos iniciales de la concesión. 

Cinco. Tarifa. 

Para el abono de las obras a que se refieren los apartados 

Uno y Dos se procederá al reequilibrio económico financiero 

de la concesión. 

El reconocimiento de la inversión efectuada en obras del 

Área 1 puestas en servicio se realizará de forma trimestral. 

La actualización de la tarifa se realizará anualmente, con el 

Índice de Precios de Consumo publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística, una vez ejecutado el 20 por ciento de 

las citadas obras. 

Seis. Recursos propios de la sociedad concesionaria. 

El capital social de la sociedad concesionaria deberá quedar 

íntegramente desembolsado en el plazo máximo de tres 

años desde su constitución. 

Cuadragésima tercera. Plan de Acción 2008-2012 de la 

Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 

2004-2012.— Uno. Para el año 2010, las cantidades 

previstas en el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de 

ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 8 de julio 

de 2005, que tienen la consideración de reinversiones sectoriales, 

serán financiadas con cargo a las tarifas de acceso de 

gas natural y electricidad. 

Dos. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio establecerá 

las cuantías máximas y su distribución con carácter 

objetivo de acuerdo con el citado plan, así como el procedimiento 

de liquidación previa comprobación de la consecución 

de los objetivos previstos. 

Cuadragésima cuarta. Financiación a la Iglesia Católica. 

— Durante el año 2010 el Estado entregará, mensualmente, 

a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros, a cuenta de la 

cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo 

dispuesto en los apartados Uno y Dos de la disposición adicional 

decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 

Antes del 30 de noviembre de 2011, se efectuará una liquidación 

provisional de la asignación correspondiente a 

2010, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de 

abril de 2012. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, 

se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o 

en otro, el saldo existente. 

Cuadragésima quinta. Deducción por vivienda habitual en 

2010.— Durante el período impositivo 2010, los contribuyentes 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

podrán practicar la deducción por inversión en vivienda habitual 

en los términos establecidos en la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 

el Patrimonio. 

Cuadragésima sexta. Operaciones de crédito a largo 

plazo de las Entidades locales.— Con carácter excepcional 

y exclusivamente para el año 2010, y hasta que se 

apruebe la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, se eleva del 110 al 125 por ciento el porcentaje establecido 

en el artículo 53.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a efectos de determinar 

los supuestos en los que, por su nivel de endeudamiento, 

las Entidades locales deberán solicitar autorización 

para concertar operaciones de crédito a largo plazo a los órganos 

competentes del Ministerio de Economía y Hacienda o 

de la Comunidad Autónoma respectiva en el caso de que 

tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía competencia en 

esta materia. 

Cuadragésima séptima. Cumplimiento de determinadas 

disposiciones adicionales de los Estatutos de Autonomía de 

Andalucía y Aragón.— Uno. Una vez fijada por la Comisión 

Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad 

Autónoma de Andalucía la cuantía definitiva de las 

asignaciones complementarias a las que se refiere la disposición 

adicional segunda de la Ley 2/2007, de 19 de marzo, 

de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la cancelación 

de los compromisos pendientes de la Administración 

General del Estado derivados de dicho acuerdo podrá realizarse 

mediante la transmisión de la propiedad de los bienes y 

derechos de titularidad estatal que se acuerde entre ambas 

administraciones en la citada Comisión Mixta. 

Dos. Se efectuará un seguimiento de la ejecución presupuestaria 

de las inversiones del Estado en Andalucía, a través 

de la Comisión prevista en la disposición adicional tercera 

de su Estatuto de Autonomía, de forma que se determine el 

volumen real de inversión ejecutado en Andalucía durante el 

período de los 7 años contemplados en la misma. 

Tres. Asimismo se efectuará un seguimiento de la ejecución 

presupuestaria de las inversiones en infraestructuras del 

Estado en Aragón, en cumplimiento de la disposición adicional 

sexta de su Estatuto de Autonomía, de forma que se determine 

el volumen real de inversiones en infraestructuras 

ejecutadas en Aragón. 

99

1 

Cuadragésima octava. Seguimiento de objetivos.— Los 

programas y actuaciones a los que les será de especial aplicación 

durante el año 2010 el sistema previsto en la disposición 

adicional decimosexta de la Ley 37/1988, de 28 de 


serán, cualquiera que sea el agente del sector público estatal 

que los ejecute o gestione, los siguientes: 

Seguridad Vial. 

Acción del Estado en el Exterior. 

Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y 

acceso a vivienda. 

Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío. 

Creación de Infraestructuras de Carreteras. 

Infraestructuras del transporte ferroviario. 

Protección y mejora del medio natural. 

Actuación en la costa. 

Investigación científica. 

Investigación energética, medioambiental y tecnológica. 

También será de aplicación el sistema de seguimiento especial, 

previsto en la presente disposición, a los objetivos 

establecidos en los Planes de Actuaciones de los entes públicos 

Puertos del Estado, Autoridades Portuarias y Aeropuertos 

Españoles y Navegación Aérea. 

Cuadragésima novena. Complejo Policial de Zapadores 

en Valencia.— Durante el año 2010 se realizarán las actuaciones 

necesarias para la remodelación general del 

Complejo Policial de Zapadores para la Jefatura Superior de 

Policía de Valencia, habilitándose a tal efecto los créditos 

presupuestarios necesarios hasta un importe de 4.000 miles 

de €. 

Quincuagésima. Pensión excepcional del régimen de 

Clases Pasivas del Estado.— Uno. En atención a las circunstancias 

especiales que concurren en el fallecimiento de 

Don Juan Andrés Suárez García, que falleció en acto de 

servicio como consecuencia de atentado terrorista, se reconoce 

pensión excepcional a su beneficiaria Doña María 

Consuelo Muiño Cobas (DNI: 52430694-D), en la cuantía 

anual de 59.236,52 euros y con fecha de efectos 1 de diciembre 

de 2008. 

Dos. La pensión mencionada en el apartado anterior se 

percibirá en doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, 

que se devengarán el primer día de los meses de junio 

y diciembre. 

Tres. Esta pensión se regirá, respecto de su revalorización, 

concurrencia, incompatibilidades y limitaciones, por las 

normas generales que regulan las pensiones del Régimen de 

Clases Pasivas del Estado. 

Cuatro. La percepción de esta pensión será incompatible 

con la de las pensiones ordinarias o extraordinarias que 

pueda reconocer cualquier régimen público de protección 

social básica, siempre que deriven de los mismos hechos y 

sujeto causante. 

Cinco. La pensión regulada en esta disposición no será 

transmisible y se extinguirá en los supuestos de pérdida de 

aptitud legal del beneficiario previstos en la legislación de 

Clases Pasivas del Estado. 

Seis. La Dirección General de Personal del Ministerio de 

Defensa procederá de oficio al reconocimiento de la pensión 

establecida en esta disposición adicional. 

Quincuagésima primera. Refundición de los Organismos 

Autónomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 

y Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. 

— Uno. Se aprueba la refundición de los Organismos 

Autónomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 

y Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 

que se hará efectiva, a iniciativa del Ministerio de Defensa, en 

el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley. 

Dos. El Organismo Autónomo resultante de la fusión pasará 

a denominarse Instituto de Vivienda, Infraestructura y 

Equipamiento de la Defensa, tendrá personalidad jurídica 

pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como 

autonomía de gestión y plena capacidad de obrar, dentro de 

su esfera de competencia, para el ejercicio de las potestades 

administrativas precisas para el cumplimiento de los fines que 

la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad 

geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

sus normas de desarrollo, el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 

30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 

Orden Social, el Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre, 

por el que se aprueba el Estatuto de la Gerencia de Infraestructura 

y Equipamiento de la Defensa y demás normativas de 

desarrollo, atribuyen en la actualidad al Instituto para la vivienda 

de las Fuerzas Armadas y a la Gerencia de Infraestructura 

y Equipamiento de la Defensa, y asumirá las 

funciones, los derechos y las obligaciones que en la actualidad 

desarrollan los citados Organismos Autónomos y las 

demás que se establecen en esta disposición adicional. 

Tres. En el plazo de seis meses a partir de la publicación 

de esta Ley el organismo asumirá la gestión, explotación, utilización 

e, incluso, la enajenación, tanto en el ámbito interno 

como en el extranjero de los bienes muebles pertenecientes 

al patrimonio de defensa que se pongan a su disposición para 

el cumplimiento de sus fines. 

La enajenación de los citados bienes será acordada por 

resolución de su Director General Gerente con los requisitos y 

procedimientos que establezca la legislación especial del 

Organismo y supletoriamente por la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 

sus normas de desarrollo. 

Cuatro. El Ministerio de Defensa podrá encomendar al 

Organismo la utilización y explotación económica y comercial 

de los bienes afectados al dominio público cuyas características, 

situación y régimen de utilización hagan posible este 

tipo de utilización adicional. 

Cinco. Los ingresos procedentes de la actividad de este 

organismo podrán ser aplicados por el mismo a los fines de 

profesionalización y modernización de la Defensa y del personal 

al servicio de la misma y a programas específicos de 

investigación, desarrollo e innovación en este mismo ámbito. 

Seis. Durante el plazo de tres años a partir de la entrada 

en vigor de esta Ley, y sin perjuicio de lo expuesto en el 

apartado uno de este artículo, el Organismo Autónomo Instituto 

de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, 

podrá enajenar las viviendas militares y los demás 

bienes inmuebles que estuvieren inscritos en los diferentes 

registros de la propiedad a favor del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas o de los extintos patronatos de casas 

militares del Ejército de Tierra, de casas de la Armada y 

de casas del Ejército del Aire, y de la Gerencia de Infraestructura 

y Equipamiento de la Defensa, sin necesidad de actualizar 

las titularidades registrales de dichos bienes o de los 

100

1 

que se pusieren a su disposición, así como, en su caso, de 

los bienes muebles de los que sea titular. 

Siete. En el plazo de seis meses a partir de la publicación 

de esta Ley se procederá a adaptar su estructura y la normativa 

rectora de su actividad para la plena asunción y ejecución 

de sus competencias. 

Ocho. En el citado plazo se procederá a modificar el Real 

Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa para 

acoger la nueva organización. 

Quincuagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables 

al «Misteri de Elx».— Uno. La celebración del Misteri de 

Elx en 2010, tendrá la consideración de acontecimiento de 

excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo. 

Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento 

alcanzará desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 


Tres. La certificación de la adecuación de los gastos e 

inversiones realizadas a los objetivos y planes del programa 

será competencia de un Consorcio que se creará conforme a 

lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de 


Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren 

el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y 

concreción en planes y programas de actividades específicas 

se realizará por el Consorcio al que se ha hecho referencia en 

el apartado Tres de este artículo. 

Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los 

máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, 


Quincuagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables a 

la celebración del «Año Jubilar Guadalupense».— Uno. 

La celebración de los actos del «Año Jubilar Guadalupense 

2010» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional 

interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 

27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo. 




Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados 

a los objetivos y planes del programa será competencia 

de un Consorcio que se creará conforme a lo dispuesto 

en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002. 





el apartado tres. 


máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. 

Quincuagésima cuarta. Beneficios Fiscales aplicables a 

las Jornadas Mundiales de la Juventud 2011.— Uno. La 

celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud 2011 

tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés 

público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de 

la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. 


abarcará desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de 

agosto de 2011. 


a los objetivos y planes de programa será competencia 

del Comité de Apoyo a las Jornadas Mundiales de la 

Juventud 2011. 





el apartado Tres. 



Quincuagésima quinta. Restitución o compensación a los 

partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación 

de la normativa sobre responsabilidades políticas.— 

El reconocimiento de los derechos previstos en la Ley 

50/2007, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 

43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a 

los partidos políticos de bienes y derechos incautados en 

aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas 

del periodo 1936-1939, así como la tramitación y resolución 

de los procedimientos iniciados al amparo de dicha Ley, 

quedarán suspendidos hasta que se verifiquen las condiciones 

que permitan atender las prestaciones que la Ley reconoce 

sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones 

públicas prioritarias. 

El Gobierno, en todo caso, antes de 31 de diciembre de 

2010 aprobará el Reglamento de desarrollo de la Ley, el cual 

fijará un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes 

de restitución o compensación. 

Quincuagésima sexta. Modificación del apartado 2 de la 

disposición adicional decimosexta de la Ley 42/2006, de 28 


año 2007, por la que se declara a «Barcelona World Race» 

como acontecimiento de excepcional interés público.— Se 

introducen las siguientes modificaciones en el apartado 2 de 

la disposición adicional decimosexta de la Ley 42/2006, de 28 


año 2007, por la que se declara a la «Barcelona World Race» 

como acontecimiento de excepcional interés público que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento 

alcanzará desde el 1 de julio de 2007 hasta el 30 de 

mayo de 2011.» 

Quincuagésima séptima. Indemnización a las personas 

afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 

1960-1965.— Uno. Se concederá una indemnización por 

una sola vez a quienes durante el periodo 1960-1965 sufrieron 

malformaciones corporales durante el proceso de gestación 

como consecuencia de la ingestión de talidomida por la 

madre gestante. Estas indemnizaciones serán compatibles 

con cualquier pensión pública a que el beneficiario tuviera 

derecho. 

Dos. Las cuantías serán las siguientes: 

A los afectados con un grado de discapacidad del 33% al 

44%, 30.000 euros. 

101

1 


64%, 60.000 euros. 


74%, 80.000 euros. 

A los afectados con un grado de discapacidad del 75% o 

superior, 100.000 euros. 

Tres. Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones 

necesarias para el desarrollo de lo previsto en esta 

disposición adicional. 

Quincuagésima octava. Adecuar las fechas para los beneficios 

fiscales aplicables a la Fundación Nao Victoria en la 

que se desarrolla el programa «Guadalquivir río de Historia» 

en 2010, 2011 y 2012.— Uno. La celebración de «Guadalquivir 

río de Historia» tendrá la consideración de acontecimiento 

de excepcional interés público a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 

y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 


alcanzará desde el 1 de enero de 2008 y el 31 de 

diciembre de 2012. 



será competencia de un Consorcio que se creará conforme a 

lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de 






el apartado Tres de este artículo. 




Quincuagésima novena. Beneficios fiscales aplicables a 

la Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de 

Granada.— Uno. La celebración de la «Conmemoración 

del Milenio de la fundación del Reino de Granada» tendrá la 

consideración de acontecimiento de excepcional interés público 

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 


será de 1 de julio de 2010 a 1 de julio de 2013. 



será competencia de un Consorcio creado conforme a lo 

dispuesto en el artículo 27.2b) de la citada Ley 49/2002, de 23 

de diciembre. 









Sexagésima. Modificación de la Ley 52/2007, de 26 de 

diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución 

o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.— 

Uno. El artículo 10.2, segundo párrafo, de la Ley 52/2007, de 

26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos 

y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución 

o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, 

queda redactado en los siguientes términos: 

«Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, serán 

beneficiarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los 

nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la 

persona conviviente.» 

Dos. La Comisión de Evaluación a que se refiere el artículo 

10.5 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, revisará de 

oficio los expedientes incoados conforme a lo dispuesto en el 

artículo 10 de la indicada Ley sobre los que hayan recaído 

resoluciones denegatorias basadas en la no concurrencia del 

requisito de dependencia económica de los solicitantes respecto 

de los fallecidos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la presente Ley. 

Tres. Los beneficiarios de las indemnizaciones incluidos 

en el ámbito de aplicación del artículo 10.2, segundo párrafo, 

de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en los términos establecidos 

en el apartado Uno de esta Disposición Adicional, 

dispondrán de un nuevo plazo de 1 año desde la entrada en 

vigor de la presente Ley para la presentación de las solicitudes 

pertinentes. 

Sexagésima primera. Medidas para el fomento del 

transporte aéreo en Canarias.— Uno. Durante el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 25 de marzo de 2010 y 

respecto al tráfico de pasajeros operado en el conjunto de los 

aeropuertos de las Islas Canarias, se mantendrá la subvención 

extraordinaria para el fomento del transporte aéreo a los 

sujetos pasivos de la tarifa B.1 en el importe que se prevé en 

el apartado segundo de la Disposición adicional primera de la 

Ley 5/2009, de 29 de junio, por cada pasajero adicional que 

hayan transportado respecto a idéntico período del año 2009. 

La subvención deberá solicitarse dentro del mes de abril de 

2010, y se satisfará por AENA compensando su importe con 

cualesquiera cantidades que le adeuden los beneficiarios y, 

no siendo posible en todo o en parte, mediante su abono en 

dinero antes del 25 de agosto de 2010. 

Dos. Asimismo desde el 25 de octubre de 2009 al 25 de 

marzo de 2010, los sujetos pasivos de la tasa de aterrizaje y 

de la tarifa B.1, regulada en el artículo 4 de la Ley 25/1998, de 

13 de julio tendrán derecho a una subvención del 50% del 

importe devengado por tales tasas por los vuelos realizados 

en los aeropuertos de las Islas Canarias -con excepción de 

los vuelos interinsulares- los días de la semana que se reflejan 

en el siguiente cuadro, siempre y cuando el beneficiario 

de la subvención mantenga el número de operaciones ya 

programadas para los restantes días de la semana, en la fecha 

límite establecida por la industria para la devolución de 

slots de la Temporada de Invierno 2009-2010 (31 de agosto 

de 2009): 

Aeropuerto 

Gran Canaria 

Tenerife Sur 

Lanzarote 

Fuerteventura 

Día de la semana 

Martes 

Jueves 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

102

1 

Aeropuerto 

Tenerife Norte 

La Palma 

Día de la semana 

Sábado 

Todos los días 

El disfrute de la presente subvención excluirá la aplicación 

de la bonificación establecida para las citadas tasas en el artículo 

103 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, durante el 

período que abarca la aplicación de esta medida extraordinaria. 

La subvención deberá solicitarse durante el mes de abril de 

2010 y se satisfará por AENA compensando su importe con 

cualesquiera cantidades que le adeuden los beneficiarios y, 

no siendo ello posible en todo o en parte, mediante su abono 

en dinero antes del 25 de agosto de 2010. 

No procederá aplicar la subvención regulada en este apartado 

por el número de pasajeros adicionales que hayan sido 

objeto de la subvención extraordinaria a la tarifa B.1, prevista 

en el apartado primero de este artículo y en la disposición 

adicional primera de la Ley 5/2009, de 29 de junio. 

Tres. Asimismo, con efectos durante el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 25 de marzo de 2010, se 

mantiene la bonificación del 30 por 100 de las tasas de aterrizaje 

de aeronaves y tasas aplicables a los pasajeros en los 

términos establecidos en el apartado primero de la disposición 

adicional primera de la Ley 5/2009, de 29 de junio. 

Sexagésima segunda. Modificación de la Ley 39/2007, de 

19 de noviembre, de la carrera militar.— Con efectos de 1 

de enero de 2010 y vigencia indefinida, se modifican las disposiciones 

de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 

carrera militar, que se señalan a continuación: 

Uno. Se añade al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 

57 lo siguiente: 

«A tal efecto, el Ministerio de Defensa adoptará las medidas 

para facilitar el acceso de los suboficiales y los militares 

profesionales de tropa y marinería a las titulaciones requeridas 

para dicho ingreso, potenciando la promoción interna.» 

Dos. Se modifica el apartado 5, segundo párrafo, de la 

Disposición transitoria quinta, que queda redactado en los 

siguientes términos: 

«El militar de complemento con un compromiso de larga 

duración, que con 45 años de edad no haya cumplido los 18 

de servicios y tenga posibilidad de alcanzarlos antes de 

cumplir los 50 años de edad podrá ampliar su compromiso 

hasta que adquiera el tiempo de servicios mencionados. Si 

hubiera adquirido la condición de militar de complemento con 

más de 31 años de edad, podrá prorrogar su compromiso 

hasta alcanzar el tiempo de servicio mencionado si tiene posibilidad 

de hacerlo antes de cumplir los 52 años de edad.» 

Tres. Se da nueva redacción a la Disposición transitoria 

sexta. Ascensos en reserva, que queda redactada en los siguientes 

términos: 

«Disposición transitoria sexta. Ascensos en reserva.— 

Los tenientes coroneles, los comandantes y los capitanes que 

pasen a la situación de reserva a partir de la entrada en vigor 

de esta Ley, pertenezcan a una escala en la que exista el 

empleo de coronel, no tengan limitación legal para ascender y 

cumplan diez años en su empleo computando el tiempo en 

reserva, podrán obtener, si reúnen esas condiciones antes 

del 30 de junio del año 2019 y lo solicitan el empleo de coronel, 

teniente coronel o comandante, respectivamente. Se les 

concederá con efectos de 1 de julio siguiente a la fecha en 

que reúnan las condiciones.» 

Cuatro. Se modifica el apartado 1 de la Disposición transitoria 

séptima. Ascenso de suboficiales al empleo de teniente, 

que queda redactado en los siguientes términos: 

«1. Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo 

de sargento a partir del 1 de enero de 1977 y con anterioridad 

al 20 de mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de 

la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de 

las Fuerzas Armadas, y que no tuvieran limitación legal para 

alcanzar el empleo de subteniente, podrán obtener, previa 

solicitud, el empleo de teniente de las escalas de oficiales de 

la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que se les concederá cuando 

estén en la situación de reserva y con 56 años cumplidos 

hasta el 31 de julio de 2013 y con 58 años cumplidos desde 

el 1 de agosto de 2013, con antigüedad, tiempo de servicios y 

efectos económicos desde la fecha de ascenso.» 

Sexagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables al 

acontecimiento Solar Decathlon Europe 2010 y 2012.— 

Uno. La celebración de Solar Decathlon Europe en España 

con sede en Madrid en los años 2010 y 2012 tendrá la consideración 

de acontecimiento de excepcional interés público a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 








en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002. 









Sexagésima cuarta. Beneficios fiscales aplicables al 

evento de salida de la vuelta al mundo a vela, «Alicante 

2011».— Uno. El evento de la salida desde la ciudad de 

Alicante de la vuelta al mundo a Vela «Alicante 2011» tendrá 

la consideración de acontecimiento de excepcional interés 

público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades 


Dos. La duración de este programa de apoyo será desde 1 

de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. 




en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002 de 23 de diciembre. 


una adecuada preparación y desarrollo del acontecimiento. 

El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades 

específicas se realizará por el Consorcio al que se ha 

hecho referencia en el apartado Tres de esta disposición 

adicional. 

103

1 



No obstante, las cantidades satisfechas, en concepto de 

patrocinio por los espónsores o patrocinadores a la entidad 

organizadora de «Alicante 2011» o a los equipos participantes, 

que tengan la consideración de comunicación y publicidad 

de proyección plurianual, se tendrán en cuenta a efectos 

del cálculo del límite previsto en el segundo párrafo del número 

primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002 de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 


Sexagésima quinta. Convenio para el Protocolo General 

para la Construcción y Financiación del Tren de Alta Velocidad 

en Navarra.— La Administración General del Estado, a 

través del Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio 

de Fomento, y la Comunidad Foral de Navarra deberán suscribir, 

con anterioridad al 31 de marzo de 2010, el Convenio 

que desarrolle el Protocolo General para la Construcción y 

Financiación del Tren de Alta Velocidad en Navarra firmado 

el 16 de mayo de 2009. En dicho Convenio, y según lo previsto 

en el Protocolo General, las dos Administraciones establecerán 

los plazos de construcción de dicha línea de Alta 

Velocidad, y los procedimientos definitivos y compromisos de 

financiación de la parte de obra a construir por Navarra. 

Sexagésima sexta. Tasas en el helipuerto de Ceuta.— 

Uno. Se modifican el título y el primer párrafo del artículo 

103 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, que quedan redactados 

de la siguiente manera: 

«Artículo 103. Tasas aeroportuarias en los aeropuertos de 

las islas Canarias, Baleares y Melilla y en el helipuerto de 

Ceuta, y obligaciones de servicio público en el tráfico aéreo 

interinsular.— La tarifa de aterrizaje de aeronaves en los 

aeropuertos de las islas Canarias, Baleares y Melilla y en el 

helipuerto de Ceuta y las tasas aplicables a los pasajeros en 

dichos aeropuertos y helipuerto se reducirán en un 15 por 100 

respecto de las cuantías establecidas con carácter general en 

los supuestos de servicios regulares con el territorio peninsular. 

Ambas tarifas se reducirán en un 70 por 100 cuando se 

trate de servicios regulares interinsulares.» 

El resto del artículo mantiene la misma redacción. 

Dos. La bonificación de las citadas tasas en el helipuerto 

de Ceuta se producirá con los mismos efectos retroactivos 

que se prevén en la Disposición Adicional primera de la Ley 

5/2009, de 29 de junio. 

Sexagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables a la 

competición tecnológica internacional «Google Lunar X Prize».— 

Uno. La celebración de la competición tecnológica 

internacional «Google Lunar X Prize» tendrá la consideración 

de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos 

de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 

de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 



abarcará desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de 

diciembre de 2012. 




en el artículo 27.2.b de la citada Ley 49/2002. 


el adecuado desarrollo del acontecimiento, de acuerdo con 

las condiciones de dicha competición internacional. 

El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades 

específicas se realizará por el Consorcio al que se ha 

hecho referencia en el apartado Tres. 



Sexagésima octava. Consideración de familia numerosa a 

las familias monoparentales con dos hijos a cargo.— El 

Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de 

esta Ley, dará cumplimiento a la disposición adicional septuagésima 

de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2008 y a la disposición adicional sexagésima 

cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2009, llevando a cabo las oportunas modificaciones 

legales para que las familias monoparentales con dos hijos a 

cargo, así como las familias con un cónyuge discapacitado y 

dos hijos a cargo, tengan la consideración de familia numerosa. 

Sexagésima novena. Se añade el siguiente párrafo al 

apartado 4 del artículo 29 de la Ley del catastro Inmobiliario, 

Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 

1/2004, de 5 de marzo: 

«Los Ayuntamientos, como destinatarios del impuesto de 

Bienes Inmuebles y sujetos activos del mismo, serán notificados 

por el Catastro de la presentación de reclamaciones 

que interpongan los sujetos pasivos contra la notificación de 

valores.» 

Septuagésima. Compensación al transporte marítimo de 

mercancías y productos industrializados originarios de las Islas 

Canarias o transformados en éstas.— Las subvenciones 

concedidas en aplicación del régimen vigente hasta el 31 

de diciembre de 2006, para la compensación de los costes 

del transporte marítimo de mercancías y de productos industriales 

originarios de las Islas Canarias o transformados en 

éstas, no incluidas en el anexo 1 del Tratado Constitutivo de 

la Comunidad Europea, podrán cubrir hasta el 50% del coste 

del flete y de las tarifas portuarias correspondientes, siempre 

que se haya justiciado fehacientemente el gasto realizado en 

los plazos y condiciones previstos en dicho régimen. 

En ningún caso se podrán percibir, como consecuencia de 

esta disposición, importes superiores a los ya obtenidos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos.— 

Los planes de Pensiones de Empleo o Seguros 

colectivos en los que las Administraciones, Entidades o Sociedades 

a las que se refiere el artículo 22.Uno de esta Ley, 

actúen como promotores, que estuvieran en vigor y autorizados 

con anterioridad al 1 de octubre de 2003, y cuyas 

aportaciones por cuenta de los citados promotores, superaran 

el porcentaje del 0,3 por ciento de la masa salarial prevista en 

el artículo 22. Tres de esta Ley, podrán mantener la cuantía y 

estructura de dicha aportación, siendo el exceso absorbido 

del incremento previsto en el apartado Dos del artículo 22 de 

esta Ley. 

A dichos planes podrán incorporarse nuevos promotores, 

de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y en el artículo 

22. Tres de esta Ley. 

104

1 

Segunda. Indemnización por residencia del personal al 

servicio del sector público estatal.— Durante el año 2010, 

la indemnización por residencia del personal en activo del 

sector público estatal continuará devengándose en las áreas 

del territorio nacional que la tienen reconocida, con un incremento 

del 0,3 por ciento sobre las cuantías vigentes a 31 


No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quienes 

vinieran percibiendo la indemnización por residencia en 

cuantías superiores a las establecidas para el personal del 

sector público estatal continuarán devengándola sin incremento 

alguno en el año 2010 o con el que proceda para alcanzar 

estas últimas. 

Tercera. Complementos personales y transitorios.— 

Uno. Los complementos personales y transitorios reconocidos 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la 


del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de 

aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, serán absorbidos 

por cualquier mejora retributiva que se produzca en el 

año 2010, incluidas las derivadas del cambio de puesto de 

trabajo. 

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo 

determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el 

complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación 

del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará 

cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan 

derivarse del cambio de puesto de trabajo. 

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, 

el incremento de retribuciones de carácter general que se 

establece en esta Leysólo se computará en el 50 por 100 de 

su importe, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, 

referido a catorce mensualidades, el complemento de destino 

y el específico. En ningún caso se considerarán los trienios, 

el complemento de productividad, ni las gratificaciones por 

servicios extraordinarios. 

Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos 

al personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos 

de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal 

funcionario de la Administración de la Seguridad Social y 

al estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y 

restante personal con derecho a percibir dichos complementos, 

se regirán por las mismas normas establecidas en el 

apartado Uno anterior para los funcionarios incluidos en el 

ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos 

al personal destinado en el extranjero se absorberán 

aplicando las mismas normas establecidas para el que preste 

servicios en territorio nacional, sin perjuicio de su supresión 

cuando el funcionario afectado cambie de país de destino. 

Cuarta. Plazo de publicación de la Orden de desarrollo del 

método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y del régimen especial simplificado 

del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2010.— 

La Orden ministerial por la que se desarrollan para el año 

2010 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado 

del Impuesto sobre el Valor Añadido tendrá en cuenta 

los nuevos tipos impositivos establecidos por la presente Ley 

para el Impuesto sobre el Valor Añadido y deberá publicarse 

en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de un mes 

desde la entrada en vigor de esta Ley. 

Así mismo, la citada Orden Ministerial, a los efectos de 

desarrollar los módulos de estimación objetiva para el año 

2010, tendrá en consideración la situación económica del 

sector ganadero. 

Quinta. Compensación fiscal por deducción en adquisición 

de vivienda habitual en 2009.— Uno. Tendrán derecho a 

la deducción regulada en esta disposición los contribuyentes 

que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 

20 de enero de 2006 utilizando financiación ajena y puedan 

aplicar en 2009 la deducción por inversión en vivienda habitual 

prevista en el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 

el Patrimonio, al constituir su residencia habitual. 

Dos. La cuantía de esta deducción será la suma de las 

deducciones correspondientes a la parte estatal y al tramo 

autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual, 

calculadas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 

siguientes. 

Tres. La deducción correspondiente a la parte estatal de la 

deducción por inversión en vivienda habitual será la diferencia 

positiva entre el importe del incentivo teórico que hubiera correspondido 

al contribuyente de mantenerse la normativa vigente 

a 31 de diciembre de 2006 y la deducción por inversión 

en vivienda habitual prevista en el artículo 68.1 de la Ley del 

Impuesto que proceda para 2009. 

El importe del incentivo teórico será el resultado de aplicar 

a las cantidades invertidas en 2009 en la adquisición de la 

vivienda habitual los porcentajes de deducción previstos en 

el artículo 69.1.1º.b) del texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, en su 

normativa vigente a 31 de diciembre de 2006. 

Cuatro. La deducción correspondiente al tramo autonómico 

de la deducción por inversión en vivienda habitual será 

la diferencia positiva entre el importe del incentivo teórico que 

hubiera correspondido al contribuyente de mantenerse la 

normativa vigente a 31 de diciembre de 2006 y el tramo autonómico 

de deducción por inversión en vivienda que proceda 

para 2009. 

El importe del incentivo teórico será el resultado de aplicar 

a las cantidades invertidas en 2009 en la adquisición de la 

vivienda habitual los porcentajes de deducción previstos en 

el artículo 79 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas para la correspondiente 

Comunidad Autónoma, en su normativa vigente a 31 de diciembre 

de 2006. 

A estos efectos, el tramo autonómico de la deducción por 

inversión en vivienda no podrá ser inferior al que resultaría de 

aplicar el porcentaje de deducción previsto en el artículo 79 

del texto refundido de la Ley del Impuesto para los supuestos 

de no utilización de financiación ajena en esa Comunidad 

Autónoma, en su normativa vigente a 31 de diciembre de 

2006. 

Cinco. Se entenderá que el contribuyente ha adquirido su 

vivienda habitual utilizando financiación ajena cuando cumpla 

los requisitos establecidos en el artículo 55 del Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 

por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, según 

redacción vigente a 31 de diciembre de 2006. 

Seis. La cuantía de la deducción así calculada se restará 

de la cuota líquida total, después de la deducción por obten- 

105

1 

ción de rendimientos del trabajo o de actividades económicas 

a que se refiere el artículo 80 bis de la Ley 35/2006. 

Sexta. Compensación fiscal por percepción de determinados 

rendimientos del capital mobiliario con período de generación 

superior a dos años en 2009.— Uno. Tendrán 

derecho a la deducción regulada en esta disposición los contribuyentes 

que en el período impositivo 2009 integren en la 

base imponible del ahorro cualquiera de los siguientes rendimientos 

del capital mobiliario: 

a) Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales 

propios a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 




y sobre el Patrimonio, procedentes de instrumentos 

financieros contratados con anterioridad a 20 de enero de 

2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación el porcentaje 

de reducción del 40 por ciento previsto en el artículo 

24.2.a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por tener un período de 

generación superior a dos años. 

b) Rendimientos derivados de percepciones en forma de 

capital diferido a que se refiere el artículo 25.3.a) 1º de la Ley 

35/2006 procedentes de seguros de vida o invalidez contratados 

con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les 

hubiera resultado de aplicación los porcentajes de reducción 

del 40 ó 75 por ciento previstos en los artículos 24.2.b) y 94 

del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 

Dos. La cuantía de esta deducción será la diferencia positiva 

entre la cantidad resultante de aplicar el tipo de gravamen 

del 18 por ciento al saldo positivo resultante de 

integrar y compensar entre sí el importe total de los rendimientos 

netos previstos en el apartado anterior, y el importe 

teórico de la cuota íntegra que hubiera resultado de haber integrado 

dichos rendimientos en la base liquidable general con 

aplicación de los porcentajes indicados en el apartado anterior. 

Tres. El importe teórico de la cuota íntegra a que se refiere 

el apartado anterior será el siguiente: 

a) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre 

sí los rendimientos a que se refiere el apartado uno anterior, 

aplicando los porcentajes de reducción previstos en los 

artículos 24.2, 94 y disposición transitoria sexta del texto refundido 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 

2006, sea cero o negativo, el importe teórico de la cuota íntegra 

será cero. 

b) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre 

sí los rendimientos previstos en el apartado uno anterior, 

aplicando los porcentajes de reducción previstos en los artículos 

24.2, 94 y disposición transitoria sexta del texto refundido 


Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, 

sea positivo, el importe teórico de la cuota íntegra será la diferencia 

positiva entre la cuota resultante de aplicar a la suma 

de la base liquidable general y del saldo positivo anteriormente 

señalado lo dispuesto en los artículos 63.1.1.º y 

74.1.1.º de la Ley 35/2006, y la cuota correspondiente de 

aplicar lo señalado en dichos artículos a la base liquidable 

general. 

Cuatro. Para la determinación del saldo a que se refiere 

el apartado tres anterior, solamente se aplicarán las reducciones 

previstas en los artículos 24.2.b) y 94 del texto refundido 

de la Ley del Impuesto a la parte del rendimiento neto 

que corresponda a primas satisfechas hasta el 19 de enero 

de 2006, y las posteriores cuando se trate de primas ordinarias 

previstas en la póliza original del contrato de seguro. 

A efectos de determinar la parte del rendimiento total obtenido 

que corresponde a cada prima del contrato de seguro 

de capital diferido, se multiplicará dicho rendimiento total por 

el coeficiente de ponderación que resulte del siguiente cociente: 

En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente 

por el número de años transcurridos desde que 

fue satisfecha hasta el cobro de la percepción. 

En el denominador, la suma de los productos resultantes de 

multiplicar cada prima por el número de años transcurridos 

desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción. 

Cinco. La entidad aseguradora comunicará al contribuyente 

el importe de los rendimientos netos derivados de percepciones 

en forma de capital diferido procedentes de 

seguros de vida e invalidez correspondientes a cada prima, 

calculados según lo dispuesto en el apartado anterior y con la 

aplicación de los porcentajes de reducción previstos en los 

artículos 24.2, 94 y disposición transitoria sexta del texto refundido 


Físicas. 

Seis. La cuantía de la deducción así calculada se restará 

de la cuota líquida total, después de la deducción por obtención 

de rendimientos del trabajo o de actividades económicas 

a que se refiere el artículo 80 bis de la Ley 35/2006. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera. Derogación de precepto del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio.— Se deroga el 

artículo 190 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio. 

Segunda. Derogación normativa.— Quedan derogadas 

cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en la presente 

Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Modificación de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 1991.— 

Con efectos de 1 de enero y vigencia indefinida se modifica 

el apartado 6 del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de 


que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 103.Apartado Seis. Régimen presupuestario.— 

1. La Agencia elaborará anualmente un anteproyecto de 

presupuesto que refleje los costes necesarios para la consecución 

de sus objetivos, con la estructura que señale el Ministerio 

de Hacienda, y lo remitirá a éste para su elevación al 

acuerdo del Gobierno y posterior remisión a las Cortes Generales, 

formando parte de los Presupuestos Generales del 

Estado y consolidándose con los de las Administraciones 

Centrales. 

Este presupuesto tendrá carácter limitativo por su importe 

global y carácter estimativo para la distribución de los créditos 

106

1 

en categorías económicas, con excepción de los correspondientes 

a gastos de personal que en todo caso tienen carácter 

limitativo y vinculante por su cuantía total, y de las 

subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y 

representativas que tendrán carácter limitativo y vinculante 

cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al 

que se establezcan. 

2. Las variaciones en la cuantía global del presupuesto y 

las que afecten a los gastos de personal a nivel de capítulo 

serán autorizadas por el Ministro de Hacienda. Las restantes 

variaciones internas serán acordadas por el presidente de la 

Agencia.» 

El resto de apartados y artículo se mantienen con la misma 

redacción. 

Segunda. Modificación de la Ley 13/1994, de 1 de junio, 

de Autonomía del Banco de España.— Con efectos de 1 de 

enero de 2010 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 

2, letra b), de la disposición adicional sexta de la Ley 

13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, 

que pasa a tener la siguiente redacción: 

«b) Para su ejecución bastará con la certificación expedida 

por el Banco de España, el Banco Central Europeo o el 

Banco Central Nacional de la Unión Europea que corresponda, 

acreditativa de la cuantía de los importes vencidos, 

líquidos y exigibles que se ejecutan, junto con la orden de 

enajenación o de traspaso libre de pago de los activos constitutivos 

de la garantía, según corresponda de conformidad 

con lo previsto en este apartado. 

En esta certificación deberá hacerse constar que la liquidación 

se ha practicado de conformidad con el acuerdo, pacto 

o norma de que deriva la obligación de que se trate. 

Cuando el objeto de la garantía esté constituido por activos 

negociables en un mercado organizado, su ejecución se hará 

a través del organismo rector correspondiente. En los demás 

casos, se realizará mediante subasta organizada por el Banco 

de España. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, la 

ejecución podrá realizarse mediante la apropiación por el 

Banco de España, el Banco Central Europeo o el Banco 

Central Nacional de la Unión Europea que corresponda del 

objeto sobre el que se constituyó la garantía y compensación 

de su valor o aplicación de su valor al cumplimiento de las 

obligaciones garantizadas, siempre y cuando: (i) así se hubiera 

pactado entre la entidad que aporta los activos de garantía 

y el Banco de España, el Banco Central Europeo o el 

Banco Central Nacional de la Unión Europea que corresponda 

y (ii) se hubiera previsto entre las partes las modalidades 

de valoración de los activos de garantía. 

En todo caso, el sobrante que resulte una vez satisfecha la 

deuda correspondiente, se reintegrará a la entidad que haya 

aportado los citados activos de garantía. 

En las operaciones simultáneas o de compraventa con 

pacto de recompra, en caso de incumplimiento de cualquiera 

de las partes de la operación, se aplicará lo establecido en el 

Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes 

para el impulso a la productividad y para la mejora de 

la contratación pública.» 

El resto de la disposición se mantiene con la misma redacción. 

Tercera. Modificación del texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio.— Con efectos de 1 de enero 

de 2010 y vigencia indefinida, se modifica el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes 

términos: 

Uno. Se modifica el artículo 31 del Texto Refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado en 

los siguientes términos: 

«Artículo 31. Actas de liquidación de cuotas.— 1. Procederá 

la formulación de actas de liquidación en las deudas 

por cuotas originadas por: 

a) Falta de afiliación o de alta de trabajadores en cualquiera 

de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. 

b) Diferencias de cotización por trabajadores dados de alta, 

cuando dichas diferencias no resulten directamente de los 

documentos de cotización presentados dentro o fuera del 

plazo reglamentario. 

c) Por derivación de la responsabilidad del sujeto obligado 

al pago, cualquiera que sea su causa y régimen de la Seguridad 

Social aplicable, y en base a cualquier norma con rango 

de ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad 

Social. En los casos de responsabilidad solidaria legalmente 

previstos, la Inspección podrá extender acta a todos 

los sujetos responsables o a alguno de ellos, en cuyo caso el 

acta de liquidación comprenderá el principal de la deuda a 

que se extienda la responsabilidad solidaria, los recargos, intereses 

y costas devengadas hasta la fecha en que se extienda 

el acta. 

d) Aplicación indebida de las bonificaciones en las cotizaciones 

de la Seguridad Social, previstas reglamentariamente 

para la financiación de las acciones formativas del subsistema 

de formación profesional para el empleo. 

En los casos a los que se refieren los párrafos anteriores 

a), b) y c), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá 

formular requerimientos a los sujetos obligados al pago de 

cuotas adeudadas por cualquier causa, previo reconocimiento 

de la deuda por aquéllos ante el funcionario actuante. En este 

caso, el ingreso de la deuda por cuotas contenida en el requerimiento 

será hecho efectivo en el plazo que determine la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que no será inferior 

a un mes ni superior a cuatro meses. En caso de incumplimiento 

del requerimiento se procederá a extender acta de 

liquidación y de infracción por impago de cuotas. 

Las actas de liquidación de cuotas se extenderán por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, notificándose en 

todos los casos a través de los órganos de dicha Inspección 

que, asimismo, notificarán las actas de infracción practicadas 

por los mismos hechos, en la forma que reglamentariamente 

se establezca. 

2. Las actas de liquidación extendidas con los requisitos 

reglamentariamente establecidos, una vez notificadas a los 

interesados, tendrán el carácter de liquidaciones provisionales 

y se elevarán a definitivas mediante acto administrativo de 

la Dirección General o de la respectiva Dirección provincial de 

la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del 

órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, preceptiva y no vinculante, tras el trámite de audiencia 

al interesado. Contra dichos actos liquidatorios definitivos 

cabrá recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico 

del que los dictó. De las actas de liquidación se dará traslado 

a los trabajadores, pudiendo los que resulten afectados interponer 

reclamación respecto del período de tiempo o la 

base de cotización a que la liquidación se contrae. 

107

1 

3. Los importes de las deudas figurados en las actas de 

liquidación serán hechos efectivos hasta el último día del mes 

siguiente al de su notificación, una vez dictado el correspondiente 

acto administrativo definitivo de liquidación, iniciándose 

en otro caso el procedimiento de deducción o el procedimiento 

de apremio en los términos establecidos en esta Ley y 

en las normas de desarrollo. 

4. Las actas de liquidación y las de infracción que se refieran 

a los mismos hechos se practicarán simultáneamente 

por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La competencia 

y procedimiento para su resolución son los señalados 

en el apartado 2 de este artículo. 

Las sanciones por infracciones propuestas en dichas actas 

de infracción se reducirán automáticamente al 50 por ciento 

de su cuantía, si el infractor diese su conformidad a la liquidación 

practicada ingresando su importe en el plazo señalado 

en el apartado 3.» 

Dos. Se añade un nuevo artículo, 66 bis, en el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente 

tenor literal: 

«Artículo 66. bis. Suministro de información a las entidades 

gestoras de las prestaciones económicas de la Seguridad 

Social.— 1. Por los organismos competentes dependientes 

del Ministerio de Economía y Hacienda o, en su caso, de 

las Comunidades Autónomas o de las Diputaciones Forales 

se facilitarán, dentro de cada ejercicio anual, a las entidades 

gestoras de la Seguridad Social responsables de la gestión 

de las prestaciones económicas, y, a petición de las mismas, 

los datos relativos a los niveles de renta y demás ingresos de 

los titulares de prestaciones, en cuanto determinen el derecho 

a las mismas, así como de los beneficiarios cónyuges y otros 

miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse 

en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o 

cuantía de dichas prestaciones a fin de verificar si aquéllos 

cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la 

percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente 

establecida. 

También se facilitará por los mismos organismos, a petición 

de las entidades gestoras de la Seguridad Social, un número 

de cuenta corriente del interesado para proceder, cuando se 

reconozca la prestación, a su abono. 

2. El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará 

a las entidades gestoras de la Seguridad Social la información 

que éstas soliciten acerca de las inscripciones y 

datos obrantes en el mismo y que puedan guardar relación 

con el nacimiento, modificación, conservación o extinción del 

derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

3. Los empresarios facilitarán a las entidades gestoras de 

la Seguridad Social, los datos que éstas les soliciten para 

poder efectuar las comunicaciones a través de sistemas informáticos, 

electrónicos y/o telemáticos, que garanticen un 

procedimiento de comunicación ágil en el reconocimiento y 

control de las prestaciones de la Seguridad Social relativas a 

sus trabajadores. 

Los datos que se faciliten en relación con los trabajadores 

deberán identificar, en todo caso, nombre y apellidos, documento 

nacional de identidad o número de identificación de 

extranjero y domicilio. 

Todos los datos relativos a los solicitantes de prestaciones 

económicas del Sistema de Seguridad Social, que obren en 

poder de las entidades gestoras y que hayan sido remitidos 

por otros organismos públicos o por empresas mediante 

transmisión telemática o cuando aquéllos se consoliden en 

las bases de datos corporativas del Sistema de la Seguridad 

Social como consecuencia del acceso informático directo a 

las bases de datos corporativas de otros organismos o empresas, 

surtirán plenos efectos y tendrán la misma validez 

que si hubieran sido notificados, por dichos organismos o 

empresas mediante certificación en soporte papel.» 

Tres. Se modifica el artículo 73 del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado en 


«Artículo 73. Excedentes.— 1. Los excedentes anuales 

obtenidos por las mutuas en su gestión habrán de afectarse, 

en primer lugar, a la constitución de las reservas que reglamentariamente 

se determinen. Asimismo, se establecerá reglamentariamente 

el destino que haya de darse al exceso de 

excedentes que resulte, una vez cubiertas las indicadas reservas. 

2. En todo caso, el 80 por 100 del exceso de excedentes 

deberá adscribirse a los fines generales de prevención y 

rehabilitación, entre los que se encuentra el fomento de las 

actuaciones extraordinarias de las empresas en la prevención 

de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Dicha adscripción se efectuará mediante su ingreso en la 

cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación 

abierta en el Banco de España a disposición del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración y cuya titularidad corresponde a la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

La Tesorería General de la Seguridad Social podrá materializar 

los fondos depositados en la cuenta del Fondo de 

Prevención y Rehabilitación, hasta su uso definitivo, en activos 

financieros emitidos por personas jurídicas públicas, en 

las cantidades, plazos y demás condiciones que determine el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Los rendimientos y gastos que generen los activos financieros 

en que se haya materializado el Fondo, así como los 

de la propia cuenta, se abonarán y cargarán respectivamente 

en ésta, salvo que el Ministerio de Trabajo e Inmigración 

disponga otra cosa. 

3. Las Mutuas podrán dedicar un porcentaje de las dotaciones 

constituidas por cada una de ellas en el Fondo de 

Prevención y Rehabilitación a incentivar la adopción de medidas 

y procesos que contribuyan eficazmente y de manera 

contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral, mediante 

un sistema de "bonus-malus", todo ello en los términos 

y condiciones que se determinen reglamentariamente. 

Teniendo en cuenta la efectividad de los resultados obtenidos, 

el Ministerio de Trabajo e Inmigración determinará 

anualmente el porcentaje dedicado a esta finalidad.» 

Cuatro. Se modifican los dos primeros párrafos del apartado 

a) del número 1 del artículo 128 del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, que quedan redactados 


«a) Las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, 

sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba 

asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido 

para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta 

y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días 

cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser 

dado de alta médica por curación. 

Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco 

días previsto en el párrafo anterior, el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, a través de los órganos competentes para 

evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del 

108

1 

trabajador, será el único competente para reconocer la situación 

de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta 

días más, o bien para determinar la iniciación de un expediente 

de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta 

médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los 

reconocimientos médicos convocados por el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social. De igual modo, el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social será el único competente para 

emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad 

temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de ciento 

ochenta días posteriores a la antes citada alta médica por la 

misma o similar patología, con los efectos previstos en los 

párrafos siguientes.» 

El resto del artículo permanece con la misma redacción. 

Cinco. Se modifican el párrafo segundo del apartado 1 y 

los párrafos primero y segundo del apartado 2 del artículo 

131. bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, que quedan redactados de la siguiente forma: 

«1. ... 

En el supuesto de que el derecho al subsidio se extinga por 

el transcurso del plazo máximo establecido en el apartado a) 

del número 1 del artículo 128 y el trabajador hubiese sido 

dado de alta médica sin declaración de incapacidad permanente, 

sólo podrá generarse un nuevo proceso de incapacidad 

temporal por la misma o similar patología si media un 

período de actividad laboral superior a 180 días o si el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos 

competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de 

incapacidad permanente del trabajador, emite la baja a los 

exclusivos efectos de la prestación económica por incapacidad 

temporal. 

... 

2. Cuando la situación de incapacidad temporal se extinga 

por el transcurso del plazo de 545 días fijado en el párrafo 

primero de la letra a) del apartado 1 del artículo 128, se 

examinará necesariamente, en el plazo máximo de tres meses, 

el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en 

el grado de incapacidad permanente que corresponda. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en aquellos 

casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento 

médico por la expectativa de recuperación o la mejora del 

estado del trabajador, con vistas a su reincorporación laboral, 

la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar 

la citada calificación, ésta podrá retrasarse por el período 

preciso, que en ningún caso podrá rebasar los 730 días siguientes 

a la fecha en que se haya iniciado la incapacidad 

temporal.» 


Seis. Se modifica el artículo 133.quater del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado 


«Artículo 133 quater. Prestación económica.— La prestación 

económica por maternidad consistirá en un subsidio 

equivalente al 100 por 100 de la base reguladora correspondiente. 

A tales efectos, la base reguladora será equivalente a 

la que esté establecida para la prestación de incapacidad 

temporal, derivada de contingencias comunes. 

No obstante lo anterior, el subsidio podrá reconocerse 

mediante resolución provisional por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social con la última base de cotización que conste 

en las bases de datos corporativas del sistema. 

Si la base de cotización del mes inmediatamente anterior 

al inicio del descanso fuese diferente a la utilizada en la resolución 

provisional, se recalculará la prestación y se emitirá 

resolución definitiva. Si la base no hubiese variado, la resolución 

provisional devendrá en definitiva en un plazo de tres 

meses desde su emisión.» 

Siete. Se da nueva redacción al artículo 140 del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, que queda 


«Artículo 140. Base reguladora de las pensiones de incapacidad 

permanente derivada de contingencias comunes.— 

1. La base reguladora de las pensiones de incapacidad 

permanente derivada de enfermedad común se determinará 

de conformidad con las siguientes normas: 

a) Se hallará el cociente que resulte de dividir por 112 las 

bases de cotización del interesado durante los 96 meses anteriores 

al mes previo al del hecho causante. 

El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las 

siguientes reglas, de las que es expresión matemática la 

fórmula que figura al final de las mismas. 

1ª) Las bases correspondientes a los veinticuatro meses 

anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán 

en su valor nominal. 

2ª) Las restantes bases de cotización se actualizarán de 

acuerdo con la evolución que haya experimentado el índice 

de precios al consumo desde los meses a que aquéllas correspondan 

hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se 

inicie el período de bases no actualizables a que se refiere la 

regla anterior. 

Siendo: 

Br = Base reguladora. 

Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes 

previo al del hecho causante. 

Ii =Índice General de Precios al Consumo del mes i-ésimo 

anterior al mes previo al del hecho causante. 

Siendo i = 1,2,...,96. 

b) Al resultado obtenido en razón a lo establecido en la 

norma anterior se le aplicará el porcentaje que corresponda 

en función de los años de cotización, según la escala prevista 

en el apartado 1 del artículo 163, considerándose a tal efecto 

como cotizados los años que le resten al interesado, en la 

fecha del hecho causante, para cumplir la edad de 65 años. 

En el caso de no alcanzarse 15 años de cotización, el porcentaje 

aplicable será del 50 por ciento. 

El importe resultante constituirá la base reguladora a la 

que, para obtener la cuantía de la pensión que corresponda, 

habrá de aplicarse el porcentaje previsto para el grado de 

incapacidad reconocido. 

2. En los supuestos en que se exija un período mínimo de 

cotización inferior a ocho años, la base reguladora se obtendrá 

de forma análoga a la establecida en el número anterior, 

pero computando bases mensuales de cotización en número 

igual al de meses de que conste el período mínimo exigible, 

sin tener en cuenta las fracciones de mes, y excluyendo, en 

todo caso, de la actualización las bases correspondientes a 

109

1 

los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al mes 

previo a aquél en que se produzca el hecho causante. 

3. Respecto a las pensiones de incapacidad absoluta o 

gran invalidez derivadas de accidente no laboral a que se refiere 

el apartado 3 del artículo 138, para el cómputo de su 

base reguladora, se aplicarán las reglas previstas en la norma 

a) del apartado 1 del presente artículo. 

4. Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de 

la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no 

hubiese existido obligación de cotizar, dichas lagunas se integrarán 

con la base mínima de entre todas las existentes en 

cada momento para trabajadores mayores de dieciocho 

años. 

En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en 

cuenta para la determinación de la base reguladora, la obligación 

de cotizar exista sólo durante una parte del mismo, 

procederá la integración señalada en el párrafo anterior, por 

la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, 

siempre que la base de cotización correspondiente al primer 

período no alcance la cuantía de la base mínima mensual 

señalada. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta 

última cuantía.» 

Ocho. Se adiciona un nuevo párrafo segundo al apartado 3 

del artículo 143 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, en los siguientes términos: 

«3. ... 

Cuando, como consecuencia de revisiones por mejoría del 

estado invalidante profesional proceda reintegrar, parcialmente 

o en su totalidad, la parte no consumida de los capitales 

coste constituidos por las mutuas de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o por 

las empresas que hubieran sido declaradas responsables de 

su ingreso, este último no tendrá la consideración de ingreso 

indebido, a los efectos previstos en los apartados 1 y 3 del 

artículo 23 de esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria.» 


Nueve. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 y la 

totalidad del apartado 1.1 del artículo 162 del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado 

en los siguientes términos: 

«1. La base reguladora de la pensión de jubilación, en su 

modalidad contributiva, será el cociente que resulte de dividir 

por 210, las bases de cotización del interesado durante los 

180 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del 

hecho causante. 

1.1. El cómputo de las bases a que se refiere el párrafo 

anterior se realizará conforme a las siguientes reglas, de las 

que es expresión matemática la fórmula que figura al final del 

presente apartado. 

1.ª Las bases correspondientes a los 24 meses anteriores 

al mes previo al del hecho causante se computarán en su 

valor nominal. 

2.ª Las restantes bases de cotización se actualizarán de 

acuerdo con la evolución que haya experimentado el índice 

de precios al consumo desde el mes a que aquéllas correspondan, 

hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se 

inicie el período a que se refiere la regla anterior. 

Siendo: 

Br = Base reguladora. 

Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes 

previo al del hecho causante. 

Ii =Índice general de precios al consumo del mes i-ésimo 

anterior al mes previo al del hecho causante. 

Siendo i = 1,2,...,180» 


Diez. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 

174 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, que queda redactado en los siguientes 

términos: 

«2. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la 

pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los 

requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea 

o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre 

que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido 

una pareja de hecho en los términos a que se refiere el 

apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas 

divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la 

pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del 

Código Civil y ésta quedara extinguida a la muerte del causante. 

En el supuesto de que la cuantía de la pensión de 

viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla 

se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. En 

todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres 

que, aún no siendo acreedoras de pensión compensatoria, 

pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de 

género en el momento de la separación judicial o el divorcio 

mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción 

de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de 

sentencia, a través de la orden de protección dictada a su 

favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia 

de indicios de violencia de género, así como por cualquier 

otro medio de prueba admitido en Derecho.» 

Once. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 179 

del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

en los siguientes términos: 

«3. Los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho 

a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión 

de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, 

podrán optar entre una y otra. Cuando el huérfano haya sido 

declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al 

cumplimiento de la edad de 18 años, la pensión de orfandad 

que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad 

permanente que pudiera causar, después de los 18 años, 

como consecuencia de unas lesiones distintas a las que dieron 

lugar a la pensión de orfandad, o en su caso, con la 

pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo 

que realice por cuenta propia o ajena.» 


Doce. Se añade un nuevo artículo, el 179 bis, al texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, con la siguiente 

redacción: 

«Artículo 179 bis. Base reguladora de las prestaciones 

derivadas de contingencias comunes.— Para el cálculo de 

110

1 

la base reguladora en los supuestos de prestaciones derivadas 

de contingencias comunes se computará la totalidad de 

las bases por las que se haya efectuado la cotización durante 

el periodo establecido reglamentariamente anterior al mes 

previo al del hecho causante.» 

Trece. Se añade una nueva disposición adicional, la cuadragésima 

séptima, al Texto Refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional cuadragésima séptima. Coeficientes 

reductores de la edad de jubilación de los miembros del 

Cuerpo de la Ertzaintza.— 1. La edad ordinaria de 65 

años exigida para el acceso a la pensión de jubilación se reducirá 

en un período equivalente al que resulte de aplicar el 

coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente 

trabajados como miembros del Cuerpo de la Ertzaintza 

o como integrantes de los colectivos que quedaron incluidos 

en el mismo. 

La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista 

en el párrafo anterior en ningún caso dará ocasión a que 

el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con 

una edad inferior a los 60 años, o a la de 59 años en los supuestos 

en que se acrediten 35 o más años de actividad 

efectiva y cotización en el Cuerpo de la Ertzaintza, o en los 

colectivos que quedaron incluidos en el mismo, sin cómputo 

de la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, 

por el ejercicio de la actividad a que se refiere el 

párrafo anterior. 

2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de 

jubilación del trabajador, de acuerdo con lo establecido en el 

apartado anterior, se computará como cotizado al exclusivo 

efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente 

base reguladora para calcular el importe de la pensión 

de jubilación. 

Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos 

de cotización, del tiempo en que resulte reducida aquélla, que 

se establecen en el apartado anterior, serán de aplicación a 

los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza que hayan permanecido 

en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha 

en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación. 

Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios 

quienes habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación 

que en cada caso resulte de la aplicación de lo 

establecido en el apartado 1 de esta Disposición adicional 

cesen en su actividad como miembro de dicho Cuerpo pero 

permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad 

laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la 

Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrados. 

3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición 

procederá aplicar un tipo de cotización adicional 

sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto 

para la empresa como para el trabajador. Durante el año 

2010 dicho tipo de cotización adicional será del 4,00 por 

ciento, del que el 3,34 por ciento será a cargo de la empresa 

y el 0,66 por ciento a cargo del trabajador. Estos tipos de cotización 

se ajustarán en los años siguientes a la situación del 

colectivo de activos y pasivos. 

4. El sistema establecido en la presente Disposición adicional 

será de aplicación después de que en la Comisión 

Mixta de Cupo se haga efectivo un acuerdo de financiación 

por parte del Estado de la cuantía anual correspondiente a las 

cotizaciones recargadas que se deban implantar como consecuencia 

de la pérdida de cotizaciones por el adelanto de la 

edad de jubilación y por el incremento en las prestaciones en 

los años en que se anticipe la edad de jubilación, en cuantía 

equiparable a la que la Administración del Estado abona en 

los casos de jubilación anticipada de los miembros de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el Régimen 

de Clases Pasivas.» 

Catorce. Se añade una nueva Disposición transitoria decimoctava 

al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, con la siguiente redacción: 

«Disposición transitoria decimoctava. Norma transitoria 

sobre pensión de viudedad en supuestos de separación judicial 

o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008.— El 

reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no 

quedará condicionado a que la persona divorciada o separada 

judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria 

a que se refiere el segundo inciso del párrafo primero del 

apartado 2 del artículo 174 de esta Ley, cuando entre la fecha 

del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento 

del causante de la pensión de viudedad haya transcurrido 

un periodo de tiempo no superior a diez años, siempre 

que el vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima 

de diez años y además concurra en el beneficiario alguna de 

las condiciones siguientes: 

a) La existencia de hijos comunes del matrimonio o 

b) Que tenga una edad superior a los 50 años en la fecha 

del fallecimiento del causante de la pensión. 

La cuantía de la pensión de viudedad resultante se calculará 

de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad a la 

fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, 

de medidas en materia de Seguridad Social. 

En los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta 

disposición transitoria, la persona divorciada o separada judicialmente 

que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria 

no tendrá derecho a pensión de viudedad. 

En cualquier caso, la separación o divorcio debe haberse 

producido con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 

de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia 

de Seguridad Social. 

Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de 

aplicación a los hechos causantes producidos entre el 1 de 

enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, e igualmente les 

será de aplicación lo dispuesto en el artículo 174, apartado 2, 

de esta Ley.» 

Quince. Se añade una nueva Disposición transitoria decimonovena 

en el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, con la siguiente redacción: 

«Disposición transitoria decimonovena. Actas de liquidación 

de la Seguridad Social.— Los procedimientos referidos 

a actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, 

contemplados en el artículo 31 de esta Ley, que se hayan 

iniciado con anterioridad a 1 de enero de 2010, se tramitarán 

hasta su finalización de conformidad con la normativa vigente 

en el momento de su inicio.» 

Cuarta. Modificación de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de 

medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros 

de las Fuerzas Armadas.— Con efectos de 1 de enero y 

vigencia indefinida se modifican los siguientes preceptos de la 

Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad 

geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

111

1 

Uno. Se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 

2 de la Ley 26/1999, que quedan redactados de la siguiente 

forma: 

«El Ministerio de Defensa facilitará al militar de carrera de 

las Fuerzas Armadas, que se encuentre en situación de servicio 

activo o en la de reserva con destino, cuando cambie de 

destino que suponga cambio de localidad o área geográfica y 

de residencia habitual respecto de la que tenía en el momento 

inmediatamente anterior al del nuevo destino una compensación 

económica o, con carácter extraordinario, una vivienda 

en régimen de arrendamiento especial, conforme a lo establecido 

en esta Ley. 

Al militar de complemento y al militar profesional de tropa y 

marinería que mantiene una relación de servicios de carácter 

temporal, que se encuentre en la situación de servicio activo y 

haya cumplido tres años de tiempo de servicios se le facilitará 

una compensación económica cuando cambie de destino que 

suponga cambio de localidad o área geográfica y de residencia 

habitual respecto de la que tenía en el momento inmediatamente 

anterior al del nuevo destino. 

El reconocimiento del derecho a percibir compensación 

económica respecto de solicitudes presentadas con anterioridad 

al 1 de enero de 2010, se hará en función de los requisitos 

y condiciones exigidos en el momento de la solicitud.» 


Dos. Se modifica el número 2 del artículo 3 de la Ley 

26/1999, de 9 de julio, que queda redactado en los siguientes 

términos: 

«2. La compensación económica, sin perjuicio de sus 

efectos fiscales, no tiene carácter retributivo. Su percepción 

indebida dará lugar al reintegro, siendo de aplicación, a tales 

efectos, lo establecido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento 

General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio. La compensación de deudas podrá 

tener lugar, entre otros casos, cuando los pagos indebidos 

hayan sido originados por la falta de comunicación debida a 

los beneficiarios o por errores en las liquidaciones mensuales 

de pagos efectuados y el obligado al reintegro tenga reconocido 

el derecho a percibir la referida compensación económica.» 

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 

26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad 

geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, que 

queda redactado en los siguientes términos: 

«Se facilitarán en arrendamiento especial, las viviendas 

militares localizadas dentro de bases, acuartelamientos, edificios 

o establecimientos militares, las que por su ubicación 

supongan un riesgo para la seguridad de los mismos y aquellas 

otras que se encuentren en zonas específicas en las que 

resulte necesario disponer de viviendas para el personal 

destinado en las mismas, en especial en Ceuta y Melilla, 

donde, no obstante, podrán declararse enajenables las que 

no sean útiles para atender las necesidades de vivienda de 

las Fuerzas Armadas. 

El Ministro de Defensa, mediante las correspondientes 

Órdenes ministeriales comunicadas, determinará la relación 

de dichas viviendas. Sólo estas viviendas serán objeto de 

cesión de uso, mediante contrato administrativo especial, que 

se formalizará en el correspondiente documento administrativo.» 


Quinta. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria.— Con efectos de 1 de 

enero de 2010 y vigencia indefinida, se modifican los siguientes 

preceptos de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria: 

Uno. Se modifica el artículo 43 de la Ley General Presupuestaria, 

que queda con la siguiente redacción: 

«Artículo 43. Especificación de los presupuestos del Estado.— 

1. En el presupuesto del Estado los créditos se 

especificarán a nivel de concepto, salvo los créditos destinados 

a gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y 

servicios, que se especificarán a nivel de artículo y las inversiones 

reales a nivel de capítulo. 

2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda 

conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes 

créditos: 

a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas 

y los gastos reservados. 

b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras 

construcciones. 

c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en 


d) Los que establezcan subvenciones nominativas. 

e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos 

de cada ejercicio. 

f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el 

ejercicio.» 

Dos. Se modifica el artículo 44 de la Ley General Presupuestaria, 


«Artículo 44. Especificación del presupuesto de los organismos 

autónomos y de la Seguridad Social.— 1. En el 

presupuesto de los organismos autónomos, de la Seguridad 

Social y, en su caso, de las demás entidades del apartado 1 

del artículo 3 de esta Ley, excepto las relacionadas en el artículo 

anterior, los créditos se especificarán a nivel de concepto, 

salvo los destinados a gastos de personal, gastos 

corrientes en bienes y servicios y las inversiones reales, que 

se especificarán a nivel de capítulo. 

2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda 

conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes 

créditos: 

a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas. 

b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras 

construcciones. 

c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en 


d) Los que establezcan subvenciones nominativas. 

e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos 

de cada ejercicio. 

f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el 

ejercicio. 

3. Los créditos del Presupuesto de la Seguridad Social se 

especificarán a nivel de grupo de programas, excepto los 

créditos para la acción protectora en su modalidad no contributiva 

y universal que se especificarán a nivel de programa.» 

Tres. Se modifica el artículo 56 de la Ley General Presupuestaria, 


112

1 

«Artículo 56. Reglas para los créditos extraordinarios y 

suplementarios de los organismos autónomos.— 1. 

Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario 

afecte al presupuesto de un organismo autónomo se 

tramitará su autorización de conformidad con lo establecido 

en los apartados siguientes. 

2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios 

únicamente podrá realizarse con cargo a la 

parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior 

que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, o 

con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. 

En el caso de que la financiación propuesta para la modificación 

del presupuesto del organismo haga necesaria la 

modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas 

modificaciones se acordarán conjuntamente, mediante el 

procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado. 

3. La competencia para autorizar créditos extraordinarios o 

suplementarios corresponderá: 

a. A los Presidentes o Directores de los organismos hasta 

un importe del 10% del correspondiente capítulo de su presupuesto 

inicial de gastos, cuando no supere la cuantía de 

500.000 euros, excluidos los que afecten a gastos de personal 

o a los contemplados en el apartado 2 del artículo 44 de 

esta Ley, dando cuenta de los acuerdos al Ministro de que 

dependan y al Ministro de Hacienda. 

b. Al Ministro de Hacienda cuando, superándose alguno de 

los anteriores límites, no se alcance el 20% del correspondiente 

capítulo de su presupuesto inicial de gastos ni se supere 

la cuantía de 1.000.000 de euros. Asimismo, le 

corresponderá la autorización de los que se encuentren entre 

los supuestos de exclusión a que se refiere el párrafo a 

siempre que su cuantía no supere los límites establecidos en 

este apartado. 

c. Al Consejo de Ministros en los restantes casos. 

4. Los límites establecidos en el apartado 3 anterior, a los 

efectos de determinar la competencia para realizar estas 

modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en 

el ejercicio presupuestario, computándose de forma independiente 

según afecte a gastos de personal o a los incluidos 

en el apartado 2 del artículo 44 o se trate del resto de los 

gastos. 

No se computarán para la determinación de dichos límites 

las modificaciones que se financien con incremento en la 

aportación del Estado. 

5. Cuando un crédito extraordinario deba autorizarse en 

un capítulo que no exista en el presupuesto de gastos inicial 

del organismo autónomo, la autorización le corresponderá al 

Presidente o Director del organismo autónomo cuando no 

supere la cuantía de 500.000 euros, al Ministro de Economía 

y Hacienda si excediendo del anterior importe no supera la 

cuantía de 1.000.000 de euros, y al Consejo de Ministros en 

los restantes casos. 

6. El Ministro de Hacienda dará cuenta trimestralmente a 

las Cortes Generales de los créditos extraordinarios y suplementos 

de crédito tramitados al amparo de este artículo.» 

Cuatro. Se modifica el artículo 76 de la Ley 47/2003, General 

Presupuestaria, que queda redactado en los siguientes 

términos: 

«Artículo 76. Embargo de derechos de cobro.— Las 

providencias y diligencias de embargo, mandamientos de 

ejecución, acuerdos de inicio de procedimiento administrativo 

de compensación y actos de contenido análogo, dictados por 

órganos judiciales o administrativos, en relación con derechos 

de cobro que los particulares ostenten frente a la Administración 

General del Estado o frente a la Administración de la 

Seguridad Social y que sean pagaderos a través de la Ordenación 

de Pagos del Estado o a través de la Ordenación de 

pagos de las entidades gestoras y servicios comunes de la 

Seguridad Social, se comunicarán necesariamente a la Dirección 

General del Tesoro y Política Financiera o a la Tesorería 

General de la Seguridad Social para su debida práctica 

mediante consulta al sistema de información contable y contendrán 

al menos la identificación del afectado con expresión 

del nombre o denominación social y su número de identificación 

fiscal, el importe del embargo, ejecución o retención y la 

especificación del derecho de cobro afectado con expresión 

del importe, órgano a quien corresponde la propuesta de 

pago y obligación a pagar. 

Los órganos de la Administración General del Estado, distintos 

de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 

a los que se comuniquen los actos referidos en el párrafo 

anterior que recaigan sobre derechos de cobro pagaderos 

por la Ordenación de Pagos del Estado únicamente deberán 

remitirlos a la citada Dirección General cuando los mismos 

reúnan los requisitos especificados en el párrafo anterior. En 

caso contrario, aquéllos deberán proceder a la devolución 

motivada de los documentos recibidos al órgano judicial o 

administrativo que haya dictado el acuerdo.» 

Cinco. Se modifica el artículo 100 de la Ley General Presupuestaria, 


«Artículo 100. 1. La concertación de líneas de crédito u 

operaciones de préstamos en moneda nacional o en divisas 

se realizará de conformidad con los procedimientos que reglamentariamente 

se establezcan, en los que se garantizarán 

los principios de objetividad, transparencia y publicidad adecuados 

al tipo de operación que se trate. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, la concertación de aquellas 

operaciones que se documenten mediante contratos o instrumentos 

normalizados habituales en los mercados financieros 

se hará conforme a las reglas, técnicas, condiciones y 

cláusulas que sean usuales en los mismos.» 

Seis. Se modifica el artículo 122 de la Ley General Presupuestaria, 


«Artículo 122. Principios contables públicos.— 1. Las 

entidades previstas en el apartado 2 del artículo anterior deberán 

aplicar los siguientes principios contables de carácter 

económico-patrimonial. 

a) Salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la 

actividad de la entidad por tiempo indefinido. 

b) El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, 

gastos e ingresos debe realizarse, desde el punto de vista 

económico- patrimonial, en función de la corriente real de 

bienes y servicios que los mismos representan, sin perjuicio 

de los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria. 

c) No se variarán los criterios contables de un ejercicio a 

otro. 

d) Se deberá de mantener cierto grado de precaución en 

los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones 

de incertidumbre, de tal manera que los activos, obligaciones, 

ingresos y gastos no se sobrevaloren ni se 

minusvaloren. 

e) No podrán compensarse las partidas del activo y del 

pasivo, ni las de gastos e ingresos que integran las cuentas 

113

1 

anuales y se valorarán separadamente los elementos integrantes 

de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que 

de forma excepcional así se regule. 

f) La aplicación de estos principios deberá estar presidida 

por la consideración de la importancia en términos relativos 

que los mismos y sus efectos pudieran presentar, siempre 

que no se vulnere una norma de obligado cumplimiento. 

2. Los elementos de las cuentas anuales figurarán de 

acuerdo con los criterios y normas de valoración establecidos 

en el Plan General de Contabilidad Pública. 

3. La imputación de las transacciones o hechos contables 

debe efectuarse, desde el punto de vista económico-patrimonial, 

a activos, pasivos, gastos o ingresos de acuerdo con 

las reglas establecidas en el Plan General de Contabilidad 

Pública. Además aquellas operaciones que deban aplicarse a 

los Presupuestos de gastos e ingresos, se registrarán, desde 

el punto de vista presupuestario, de acuerdo con las reglas 

previstas en el título II de esta Ley. 

4. En los casos de conflicto entre los anteriores principios 

contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las 

cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y del resultado económico-patrimonial de 

la entidad. 

5. Cuando la aplicación de estos principios contables no 

sea suficiente para mostrar la imagen fiel, deberá suministrarse 

en la memoria de las cuentas anuales la información 

complementaria precisa para alcanzar dicho objetivo. 

6. En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación 

de un principio contable sea incompatible con la imagen 

fiel que deben mostrar las cuentas anuales, se considerará 

improcedente dicha aplicación, lo cual se mencionará en la 

memoria de las cuentas anuales, explicando su motivación e 

indicando su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera 

y los resultados económico-patrimoniales de la entidad.» 

Siete. Se modifica el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria, 


«Artículo 128. Contenido de las cuentas anuales de las 

entidades que deben aplicar los principios contables públicos.— 

1. Las cuentas anuales de las entidades que deben 

aplicar los principios contables públicos comprenderán: el 

balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el 

estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 

de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la 

memoria. Estos documentos forman una unidad. 

2. El balance comprenderá, con la debida separación, el 

activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad. 

3. La cuenta del resultado económico-patrimonial recogerá 

el resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), separando 

debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo. 

4. El estado de cambios en el patrimonio neto informará 

de todas las variaciones habidas en el patrimonio neto, de los 

ingresos y gastos totales reconocidos y de las operaciones 

realizadas con la entidad o entidades propietarias. 

5. El estado de flujos de efectivo informará sobre el origen 

y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias 

de activo representativas de efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes e indicará la variación neta de las 

mismas en el ejercicio. 

6. El estado de liquidación del presupuesto comprenderá, 

con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de 

gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como 

el resultado presupuestario. 

7. La memoria completará, ampliará y comentará la información 

contenida en los otros documentos que integran las 

cuentas anuales. 

En particular, la memoria informará del remanente de tesorería 

de la entidad obtenido a partir de las obligaciones 

reconocidas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos 

pendientes de cobro y los fondos líquidos existentes a 

31 de diciembre, debiendo tener en cuenta en su cálculo los 

posibles recursos afectados a la financiación de gastos concretos 

y los derechos pendientes de cobro que se consideren 

de difícil o imposible recaudación. 

Asimismo, en la memoria se incluirá el balance de resultados 

y el informe de gestión a los que se refiere el artículo 71 

de esta ley, en los que se informará del grado de realización 

de los objetivos, los costes en los que se ha incurrido y las 

desviaciones físicas y financieras que, en su caso, se hubieran 

producido. 

8. El Ministro de Economía y Hacienda determinará el 

contenido y estructura de los documentos anteriores.» 

Ocho. Se añade una disposición transitoria cuarta a la Ley 

General Presupuestaria, que queda redactada de la siguiente 

forma: 

«Disposición transitoria cuarta. Hasta la entrada en vigor 

del desarrollo reglamentario correspondiente, siguen vigentes 

los principios de registro, precio de adquisición, correlación de 

ingresos y gastos y entidad contable, establecidos en el Plan 

General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. 

Asimismo, hasta dicha fecha, el estado de cambios en el 

patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo se sustituirán 

por la información prevista en la memoria de dicho Plan y su 

normativa de desarrollo; y el balance de resultados y el informe 

de gestión formarán parte del estado de liquidación del 

presupuesto.» 

Sexta. Modificación de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 

de medidas fiscales, administrativas y del orden social.— 

Con efectos de 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida se 

modifica el apartado tres del artículo 48, de la Ley 62/2003, 

de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 

del orden social, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 48. Incremento de la multa a imponer a quien 

emplee a un trabajador extranjero sin la preceptiva autorización 

de trabajo.— ... 

Tres. El importe correspondiente al incremento de esta 

sanción se recaudará conjuntamente con el de esta última 

conforme al procedimiento reglamentariamente establecido 

en ejecución de la citada Ley Orgánica 4/2000. Las cantidades 

recaudadas se transferirán periódicamente a la Tesorería 

General de la Seguridad Social a instancias del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración.» 

El resto de apartados permanece con la misma redacción. 

Séptima. Modificación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 

Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.— 

Con efectos de 1 de enero y vigencia indefinida, se modifican 

los apartados 2, 3, 4 y se añade un nuevo apartado 5 

del artículo 27 de la Ley 28/2006, de Agencias estatales para 

la mejora de los servicios públicos que quedan redactados de 


114

1 

«Artículo 27. Estructura, contenido y modificación del presupuesto.— 

1. ... 

2. El presupuesto de gastos de las Agencias Estatales, en 

los términos establecidos en esta Sección, tiene carácter limitativo 

por su importe global y carácter estimativo para la 

distribución de los créditos en categorías económicas, con 

excepción de los correspondientes a gastos de personal que 

en todo caso tienen carácter limitativo y vinculante por su 

cuantía total, y de las subvenciones nominativas y las atenciones 

protocolarias y representativas que tendrán carácter 

limitativo y vinculante cualquiera que sea el nivel de la clasificación 

económica al que se establezcan. 

3. La autorización de las variaciones presupuestarias corresponde: 

a) Al Ministro de Economía y Hacienda, las variaciones de 

la cuantía global del presupuesto y las que afecten a gastos 

de personal, a iniciativa del Director y propuesta del Consejo 

Rector, salvo las previstas en la letra siguiente. 

Así mismo, corresponde al Ministro de Economía y Hacienda 

acordar o denegar las modificaciones presupuestarias, 

en los supuestos de competencia de los Directores de 

las Agencias Estatales, cuando exista informe negativo de la 

Intervención Delegada y el titular de la competencia lo remita 

en discrepancia al Ministro de Economía y Hacienda. 

b) Al Director de la propia Agencia Estatal, todas las restantes 

variaciones, incluso en la cuantía global cuando sean 

financiadas con recursos derivados de los apartados b), e), 

f), y g) del artículo 24.1 por encima de los inicialmente presupuestados, 

no afecten a gastos de personal y existan garantías 

suficientes de su efectividad, dando cuenta inmediata 

a la Comisión de Control. 

4. Los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación 

del ejercicio presupuestario no afectados a la financiación 

del presupuesto del ejercicio siguiente, podrán 

aplicarse al presupuesto de ingresos y destinarse a financiar 

incremento de gastos por acuerdo del Director, dando cuenta 

a la Comisión de Control. Los déficit derivados del incumplimiento 

de la estimación de ingresos anuales se compensarán 

en la forma que se prevea en el Contrato de gestión. 

5. Compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 

1.º Las agencias estatales podrán adquirir compromisos 

de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a 

aquel en que se autoricen, siempre que no se superen alguno 

de los siguientes límites: 

a) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los 

gastos no será superior a cuatro. 

b) El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios 

posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de 

aplicar al importe total de cada programa, excluido el capítulo 

de gastos de personal y los restantes créditos que tengan 

carácter vinculante, los siguientes porcentajes: 

El 70 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por 

ciento en el segundo ejercicio y el 50 por ciento en los ejercicios 

tercero y cuarto. 

2.º En el caso de gastos de personal o de otros que tengan 

carácter vinculante, podrán adquirirse compromisos de gasto 

con cargo a ejercicios futuros dentro de los límites señalados 

anteriormente, tomando como referencia de cálculo su dotación 

inicial. 

3.º El Gobierno podrá acordar la modificación de los límites 

anteriores en los casos especialmente justificados. A estos 

efectos, el Ministro de Economía y Hacienda, a iniciativa de la 

Agencia Estatal correspondiente, elevará al Consejo de Ministros 

la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección 

General de Presupuestos.» 

Octava. Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 2007.— 

Con efectos de 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, se 

modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 

28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

2007, en la redacción dada por la disposición final decimotercera 


Generales del Estado para 2009, que queda redactada en 


Uno. La cotización a la Seguridad Social de los empresarios, 

cualquiera que sea el régimen de encuadramiento, y, en 

su caso, de los trabajadores por cuenta propia incluidos en 

los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y de 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, por las contingencias 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

se llevará a cabo, a partir del 1.º de enero de 2010, 

en función de la correspondiente actividad económica, ocupación 

o situación, mediante la aplicación de la siguiente tarifa: 

Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

Cuadro I 

Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica 

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 

mismas Excepto: 

Tipos de cotización 

IT IMS Total 

1,50 1,10 2,60 

0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 1,15 1,10 2,25 

0119 Otros cultivos no perennes 1,15 1,10 2,25 

0129 Otros cultivos perennes 2,25 2,90 5,15 

0130 Propagación de plantas 1,15 1,10 2,25 

014 Producción ganadera (Excepto el 0147) 1,80 1,50 3,30 

0147 Avicultura 1,20 1,15 2,35 

015 Producción agrícola combinada con la producción ganadera 1,60 1,20 2,80 

016 Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación 

posterior a la cosecha (Excepto 0164) 

1,60 1,20 2,80 

0164 Tratamiento de semillas para reproducción 1,15 1,10 2,25 

017 Caza, captura de animales y servicios relacionados con las 

mismas 

1,80 1,50 3,30 

02 Silvicultura y explotación forestal 2,25 2,90 5,15 

03 Pesca y acuicultura (Excepto v, w y 0322) 3,05 3,35 6,40 

v Grupo segundo de cotización del Régimen especial del Mar 2,10 2,00 4,10 

w Grupo tercero de cotización del Régimen especial del Mar 1,65 1,70 3,35 

0322 Acuicultura en agua dulce 3,05 3,20 6,25 

05 Extracción de antracita, hulla y lignito (Excepto y) 2,30 2,90 5,20 

y Trabajos habituales en interior de minas 3,45 3,70 7,15 

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 2,30 2,90 5,20 

07 Extracción de minerales metálicos 2,30 2,90 5,20 

08 Otras industrias extractivas (Excepto 0811) 2,30 2,90 5,20 

0811 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra 3,45 3,70 7,15 

caliza, yeso, creta y pizarra 

115

1 





IT IMS Total 

IT IMS Total 

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 2,30 2,90 5,20 

10 Industria de la alimentación (Excepto 101,102,106, 107 y 108) 1,60 1,60 3,20 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 1,60 1,20 2,80 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 2,00 1,85 3,85 

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 

2,00 1,90 3,90 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremol- 

1,60 1,20 2,80 

cárnicos 

ques 

102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y molus- 

1,80 1,50 3,30 

30 Fabricación de otro material de transporte (Excepto 3091 y 

2,00 1,85 3,85 

cos 

3092) 

106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos 1,70 1,60 3,30 

amiláceos 

107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 1,00 0,85 1,85 

108 Fabricación de otros productos alimenticios 1,00 0,85 1,85 

11 Fabricación de bebidas 1,60 1,60 3,20 

12 Industria del tabaco 1,00 0,80 1,80 

13 Industria textil (Excepto 1391) 1,00 0,85 1,85 

1391 Fabricación de tejidos de punto 0,80 0,70 1,50 

14 Confección de prendas de vestir (Excepto 1411, 1420 y 143) 0,50 0,40 0,90 

1411 Confección de prendas de vestir de cuero 1,50 1,10 2,60 

1420 Fabricación de artículos de peletería 1,50 1,10 2,60 

143 Confección de prendas de vestir de punto 0,80 0,70 1,50 

15 Industria del cuero y del calzado 1,50 1,10 2,60 

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería 2,25 2,90 5,15 

y espartería (Excepto 1624 y 1629) 

1624 Fabricación de envases y embalajes de madera 2,10 2,00 4,10 

1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, 2,10 2,00 4,10 

cestería y espartería 

17 Industria del papel (Excepto 171) 1,00 1,05 2,05 

171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 2,00 1,50 3,50 

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1,00 1,00 2,00 

19 Coquerías y refino de petróleo 1,90 2,55 4,45 

20 Industria química (Excepto 204 y 206) 1,60 1,40 3,00 

204 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza 

1,50 1,20 2,70 

y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos 

206 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 1,50 1,20 2,70 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 1,30 1,10 2,40 

22 Fabricación de productos de caucho y plástico 1,75 1,25 3,00 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (Excepto 

2,10 2,00 4,10 

231, 232, 2331, 234 y 237) 

231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1,60 1,50 3,10 

232 Fabricación de productos cerámicos refractarios 1,60 1,50 3,10 

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 1,60 1,50 3,10 

234 Fabricación de otros productos cerámicos 1,60 1,50 3,10 

237 Corte, tallado y acabado de la piedra 2,75 3,35 6,10 

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 

2,00 1,85 3,85 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 2,00 1,85 3,85 

equipo 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 1,50 1,10 2,60 

3091 Fabricación de motocicletas 1,60 1,20 2,80 

3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con 1,60 1,20 2,80 

discapacidad 

31 Fabricación de muebles 2,00 1,85 3,85 

32 Otra industria manufacturera (Excepto 321, 322) 1,60 1,20 2,80 

321 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 1,00 0,85 1,85 

322 Fabricación de instrumentos musicales 1,00 0,85 1,85 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo (Excepto 3313 2,00 1,85 3,85 

y 3314) 

3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos 1,50 1,10 2,60 

3314 Reparación de equipos eléctricos 1,60 1,20 2,80 

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

1,80 1,50 3,30 

36 Captación, depuración y distribución de agua 2,10 1,60 3,70 

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 2,10 1,60 3,70 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 2,10 1,60 3,70 

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 2,10 1,60 3,70 

de residuos 

41 Construcción de edificios (Excepto 411) 3,35 3,35 6,70 

411 Promoción inmobiliaria 0,85 0,80 1,65 

42 Ingeniería civil 3,35 3,35 6,70 

43 Actividades de construcción especializada 3,35 3,35 6,70 

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (Excepto 

1,00 1,00 2,00 

452 y 454) 

452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 2,45 2,00 4,45 

454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 1,70 1,20 2,90 

repuestos y accesorios 

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 1,40 1,20 2,60 

de vehículos de motor y motocicletas. Excepto: 

4623 Comercio al por mayor de animales vivos 1,80 1,50 3,30 

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles 1,80 1,50 3,30 

4632 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 1,80 1,50 3,30 

4638 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos 

1,60 1,40 3,00 

alimenticios 

4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 1,80 1,50 3,30 

4673 Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción 1,80 1,50 3,30 

y aparatos sanitarios 

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 1,80 1,55 3,35 

4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 1,80 1,55 3,35 

4690 Comercio al por mayor no especializado 1,80 1,55 3,35 

116

1 





IT IMS Total 

IT IMS Total 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 

0,95 0,70 1,65 

(Excepto 473) 

473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en 1,00 0,85 1,85 

establecimientos especializados 

49 Transporte terrestre y por tubería (Excepto 494) 1,80 1,50 3,30 

494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza 2,00 1,70 3,70 

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 2,00 1,85 3,85 

51 Transporte aéreo 1,90 1,70 3,60 

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte (Excepto x, 1,80 1,50 3,30 

5221) 

x Carga y descarga; estiba y desestiba 3,35 3,35 6,70 

5221 Actividades anexas al transporte terrestre 1,00 1,10 2,10 

53 Actividades postales y de correos 0,95 0,70 1,65 

55 Servicios de alojamiento 0,75 0,50 1,25 

56 Servicios de comidas y bebidas 0,75 0,50 1,25 

58 Edición 0,65 1,00 1,65 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería (Excepto 811) 2,10 1,50 3,60 

811 Servicios integrales a edificios e instalaciones 1,00 0,85 1,85 

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares 

1,00 1,05 2,05 

a las empresas (Excepto 8220 y 8292) 

8220 Actividades de los centros de llamadas 0,70 0,70 1,40 

8292 Actividades de envasado y empaquetado 1,80 1,50 3,30 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 0,65 1,00 1,65 

(Excepto 842) 

842 Prestación de servicios a la comunidad en general 1,40 2,20 3,60 

85 Educación 0,65 0,35 1,00 

86 Actividades sanitarias 0,80 0,70 1,50 

87 Asistencia en establecimientos residenciales 0,80 0,70 1,50 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 0,80 0,70 1,50 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 0,75 0,50 1,25 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales. (Excepto 9104) 

0,75 0,50 1,25 

59 Actividades cinematográfica, de vídeo y de programas de tele- 

0,75 0,50 1,25 

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y 

1,75 1,20 2,95 

visión, grabación de sonido y edición musical 

reservas naturales 

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 0,75 0,50 1,25 

61 Telecomunicaciones 0,70 0,70 1,40 

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con 0,65 1,00 1,65 

la informática 

63 Servicios de información (Excepto 6391) 0,65 1,00 1,65 

6391 Actividades de las agencias de noticias 0,75 0,50 1,25 

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 0,65 0,35 1,00 

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad 

0,65 0,35 1,00 

Social obligatoria 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 0,65 0,35 1,00 

68 Actividades inmobiliarias 0,65 1,00 1,65 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 0,65 1,00 1,65 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 0,75 0,50 1,25 

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (Excepto 

1,70 1,30 3,00 

u) 

u Espectáculos taurinos 2,85 3,35 6,20 

94 Actividades asociativas 0,65 1,00 1,65 

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de 1,50 1,10 2,60 

uso doméstico (Excepto 9524) 

9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 2,00 1,85 3,85 

96 Otros servicios personales (Excepto 9602, 9603 y 9609) 0,80 0,70 1,50 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 0,65 0,45 1,10 

9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 1,80 1,50 3,30 

9609 Otros servicios personales n.c.o.p. 1,50 1,10 2,60 

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría 

1,00 0,80 1,80 

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal 

0,65 0,45 1,10 

de gestión empresarial 

doméstico 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 

0,65 1,00 1,65 

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 1,60 1,50 3,10 

72 Investigación y desarrollo 0,65 0,35 1,00 

73 Publicidad y estudios de mercado 0,90 0,80 1,70 

Cuadro II 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (Excepto 

0,90 0,85 1,75 

Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades 


742) 

IT IMS Total 

742 Actividades de fotografía 0,50 0,40 0,90 

75 Actividades veterinarias 1,50 1,10 2,60 

a Personal en trabajos exclusivos de oficina 0,65 0,35 1,00 

b Representantes de Comercio 1,00 1,00 2,00 

77 Actividades de alquiler 1,00 1,00 2,00 

d 

Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edifi- 

3,35 3,35 6,70 

78 Actividades relacionadas con el empleo (Excepto 781) 1,55 1,20 2,75 

cios, obras y trabajos de construcción en general 

781 Actividades de las agencias de colocación 0,95 1,00 1,95 

79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 

0,80 0,70 1,50 

e 

Conductores de vehículo automóvil de transporte de pasajeros 

en general (taxis, automóviles, autobuses, etc.) y de transporte 

de mercancías que tenga una capacidad de carga útil no superior 

a 3,5 Tm 

1,80 1,50 3,30 

80 Actividades de seguridad e investigación 1,40 2,20 3,60 

117

1 

Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades 

f Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías 

que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm 

g 

Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo 

tipo de establecimientos. Limpieza de calles 


IT IMS Total 

3,35 3,35 6,70 

2,10 1,50 3,60 

Cuatro. El Gobierno procederá al correspondiente ajuste 

anual de los tipos de cotización incluidos en la tarifa recogida 

en la presente disposición, así como a la adaptación de las 

actividades económicas a las nuevas clasificaciones CNAE 

que se aprueben y a la supresión progresiva de las ocupaciones 

que se enumeran en la clasificación contenida en la 

referida tarifa. 

h Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad 1,40 2,20 3,60 

Dos. En orden a la aplicación de lo establecido en el 

apartado Uno anterior se tendrán en cuenta las siguientes 

reglas: 

Primera. En los períodos de baja por incapacidad temporal 

y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con 

obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el 

tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad 

económica. 

Segunda. Para la determinación del tipo de cotización 

aplicable en función a lo establecido en la tarifa contenida en 

esta disposición se tomará como referencia lo previsto en su 

Cuadro I para identificar el tipo asignado en el mismo en razón 

de la actividad económica principal desarrollada por la 

empresa o por el trabajador por cuenta propia o autónomo, 

conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, 

de 13 de abril, y a los códigos que en la misma se contienen 

en relación con cada actividad. 

Cuando en una empresa concurran, junto con la actividad 

principal, otra u otras que deban ser consideradas auxiliares 

respecto de aquélla, el tipo de cotización será el establecido 

para dicha actividad principal. Cuando la actividad principal de 

la empresa concurra con otra que implique la producción de 

bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo 

de la primera, disponiendo de medios de producción diferentes, 

el tipo de cotización aplicable con respecto a los 

trabajadores ocupados en éste será el previsto para la actividad 

económica en que la misma quede encuadrada. 

Cuando los trabajadores por cuenta propia realicen varias 

actividades que den lugar a una única inclusión en el Régimen 

Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 

el tipo de cotización aplicable será el más elevado de 

los establecidos para las actividades que lleve a cabo el trabajador. 

Tercera. No obstante lo indicado en la regla anterior, 

cuando la ocupación desempeñada por el trabajador por 

cuenta ajena, o la situación en que éste se halle, se correspondan 

con alguna de las enumeradas en el Cuadro II, el tipo 

de cotización aplicable será el previsto en dicho Cuadro para 

la ocupación o situación de que se trate, en tanto que ésta 

difiera del que corresponda en razón de la actividad de la 

empresa. 

Tres. La determinación del tipo de cotización aplicable será 

efectuada, en los términos que reglamentariamente se establezca, 

por la Tesorería General de la Seguridad Social en 

función de la actividad económica declarada por la empresa o 

por el trabajador autónomo o, en su caso, por las ocupaciones 

o situaciones de los trabajadores, con independencia de 

que, para la formalización de la protección frente a las contingencias 

profesionales, se hubiera optado en favor de una 

entidad gestora de la Seguridad Social o de una entidad colaboradora 

de la misma. 

Novena. Gestión de créditos presupuestarios en materia 

de Clases Pasivas.— Se prorroga durante el año 2010 la 

facultad conferida en la disposición final tercera de la Ley 


Estado para 1993. 

Décima. Modificación del Texto Refundido de la Ley de 

Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 

670/1987, de 30 de abril.— Con efectos de 1 de 

enero de 2010 y vigencia indefinida, se modifica el Texto Refundido 

de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en los 


Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 

38 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 

Estado, con la siguiente redacción: 

«2. En los casos de separación o divorcio, con independencia 

de las causas que los hubieran determinado, el derecho 

a la pensión de viudedad, o en su caso a la prestación 

temporal, corresponderá a quien, reuniendo los requisitos 

exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge 

legítimo, en este último caso siempre que no hubiese contraído 

nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho 

en los términos a que se refiere el apartado 4. Asimismo, se 

requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente 

sean acreedoras de la pensión compensatoria a 

que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedara 

extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la 

cuantía de la pensión de viudedad, o de la prestación temporal 

a que hubiere lugar, fuera superior a la pensión compensatoria, 

aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de 

esta última. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de 

viudedad las mujeres que, aún no siendo acreedoras de 

pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas 

de violencia de género en el momento de la separación judicial 

o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la 

causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; 

en defecto de sentencia, a través de la orden de protección 

dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que 

indique la existencia de indicios de violencia de género, así 

como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.» 

Dos. Se añade una nueva Disposición transitoria duodécima 

al Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del 

Estado, con la siguiente redacción: 

«Disposición transitoria duodécima. Norma transitoria sobre 

pensión de viudedad en supuestos de separación judicial 

o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008.— El reconocimiento 

del derecho a la pensión de viudedad no quedará 

condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente 

sea acreedora de la pensión compensatoria a que 

se refiere el párrafo primero del apartado 2 del artículo 38 de 

este texto, cuando concurran en el beneficiario, además de la 

existencia de hijos comunes en el matrimonio o bien que 

118

1 

tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento 

del causante de la pensión, los siguientes requisitos: 

a) El divorcio o la separación judicial se haya producido 

con anterioridad a 1 de enero de 2008, fecha de entrada en 

vigor de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 


b) Entre las fechas del divorcio o separación y del fallecimiento 

del causante de la pensión de viudedad haya transcurrido 

un período de tiempo no superior a diez años. 

c) El vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima 

de diez años. 

En los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta 

disposición transitoria, la persona divorciada o separada judicialmente 

que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria 

no tendrá derecho a la pensión de viudedad que 

pudiera causar, en su caso, la persona acreedora de aquélla. 

Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de 

aplicación a los hechos causantes producidos entre el 1 de 

enero de 2008 y 31 de diciembre de 2009, e igualmente les 

será de aplicación lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, 

de esta Ley.» 

Undécima. Modificación de la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2008.— Se añade el siguiente 

párrafo en el apartado cinco de la Disposición Adicional 

Quincuagésima Novena de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 2008: 

«No obstante, las cantidades satisfechas, en concepto de 

patrocinio, por los espónsores o patrocinadores al Consorcio 

para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución 

de 1812, entidades de titularidad pública o entidades a que se 

refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, encargadas de la realización 

de programas y actividades del acontecimiento, se tendrán 

en cuenta a efectos del cálculo del límite previsto en el 

segundo párrafo del número primero del artículo 27.3 de la 

Ley 49/2002, antes mencionada.» 

Duodécima. Modificación del Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.— Se 

modifica el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que queda 


«Artículo 48. Atribución de competencias sancionadoras.— 

1. La competencia para sancionar las infracciones en el orden 

social, en el ámbito de la Administración General del 

Estado, corresponde, a propuesta de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, a la autoridad competente a nivel provincial, 

hasta 12.500 euros; al Director General competente, 

hasta 62.500 euros; al Ministro de Trabajo e Inmigración 

hasta 125.000 euros y al Consejo de Ministros, a propuesta 

del de Trabajo e Inmigración, hasta 187.515 euros. 

2. En el ámbito de las competencias de la Administración 

General del Estado, las infracciones en materia de prevención 

de riesgos laborales serán sancionadas, a propuesta de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la autoridad 

competente a nivel provincial, hasta 40.985 euros; por el Director 

General competente, hasta 123.000 euros; por el Ministro 

de Trabajo e Inmigración, hasta 409.900 euros, y por el 

Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo e Inmigración, 

hasta 819.780 euros. 

3. Las infracciones en materia de cooperativas tipificadas 

en la presente Ley serán sancionadas, a propuesta de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el órgano directivo 

del que dependa el Registro de Sociedades Cooperativas, 

hasta 7.600 euros, y por el Ministro de Trabajo e 

Inmigración, hasta 37.920 euros y la descalificación. 

4. La imposición de las sanciones por infracciones leves y 

graves a los trabajadores en materia de empleo, formación 

profesional y ayudas para el fomento del empleo, corresponde 

al servicio público de empleo competente, y la de las 

muy graves a la autoridad competente, a propuesta de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

5. La imposición de sanciones por infracciones en materia 

de Seguridad Social a los trabajadores corresponde, a propuesta 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la 

entidad gestora o servicio común de la Seguridad Social 

competente, salvo que la sanción afecte a las prestaciones 

por desempleo, en cuyo caso la competencia corresponde a 

la entidad gestora de éstas. 

El servicio público de empleo comunicará, en el momento 

en que se produzcan o conozcan, las infracciones contenidas 

en los artículos 24.3 y 25.4 de esta Ley, a la entidad gestora 

de las prestaciones por desempleo, a los efectos sancionadores 

que a ésta le corresponden. 

6. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las 

infracciones del orden social, cuando corresponda a la Administración 

de las Comunidades Autónomas con competencia 

en materia de ejecución de la legislación del orden 

social, se ejercerá por los órganos y con los límites de distribución 

que determine cada Comunidad Autónoma. 

7. La atribución de competencias a que se refieren los 

apartados anteriores no afecta al ejercicio de la potestad 

sancionadora que pueda corresponder a otras Administraciones 

por razón de las competencias que tengan atribuidas. 

8. En los supuestos de acumulación de infracciones correspondientes 

a la misma materia en un solo procedimiento, 

será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad 

de dichas infracciones, el que lo sea para imponer la de 

mayor cuantía, de conformidad con la atribución de competencias 

sancionadoras efectuada en los apartados anteriores. 

9. La potestad para acordar las sanciones accesorias establecidas 

en esta Ley corresponderá a quien la ostente para 

imponer las de carácter principal de las que deriven aquéllas.» 

Decimotercera. Trabajadores desplazados a territorio 

español.— Uno. Con efectos de 1 de enero de 2010 se 

modifica el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 



sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 


«Artículo 93. Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores 

desplazados a territorio español.— Las personas 

físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 

consecuencia de su desplazamiento a territorio español podrán 

optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, manteniendo la condición de contribuyentes por 

el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante 

el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia 

y durante los cinco períodos impositivos siguientes, 

119

1 

cuando, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 

se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que no hayan sido residentes en España durante los 10 

años anteriores a su nuevo desplazamiento a territorio español. 

b) Que el desplazamiento a territorio español se produzca 

como consecuencia de un contrato de trabajo. Se entenderá 

cumplida esta condición cuando se inicie una relación laboral, 

ordinaria o especial, o estatutaria con un empleador en 

España, o cuando el desplazamiento sea ordenado por el 

empleador y exista una carta de desplazamiento de este, y el 

contribuyente no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas 

mediante un establecimiento permanente situado en 

territorio español. 

c) Que los trabajos se realicen efectivamente en España. 

Se entenderá cumplida esta condición aun cuando parte de 

los trabajos se presten en el extranjero, siempre que la suma 

de las retribuciones correspondientes a los citados trabajos 

tengan o no la consideración de rentas obtenidas en territorio 

español de acuerdo con el artículo 13.1.c) del Texto Refundido 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 


marzo, no exceda del 15 por ciento de todas las contraprestaciones 

del trabajo percibidas en cada año natural. Cuando 

en virtud de lo establecido en el contrato de trabajo el contribuyente 

asuma funciones en otra empresa del grupo, en los 

términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, 

fuera del territorio español, el límite anterior se elevará 


Cuando no pueda acreditarse la cuantía de las retribuciones 

específicas correspondientes a los trabajos realizados en 

el extranjero, para el cálculo de la retribución correspondiente 

a dichos trabajos deberán tomarse en consideración los días 

que efectivamente el trabajador ha estado desplazado al extranjero. 

d) Que dichos trabajos se realicen para una empresa o 

entidad residente en España o para un establecimiento permanente 

situado en España de una entidad no residente en 

territorio español. Se entenderá cumplida esta condición 

cuando los servicios redunden en beneficio de una empresa o 

entidad residente en España o de un establecimiento permanente 

situado en España de una entidad no residente en 

territorio español. En el caso de que el desplazamiento se 

hubiera producido en el seno de un grupo de empresas, en 

los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 

Comercio, y exclusivamente a estos efectos, será necesario 

que el trabajador sea contratado por la empresa del grupo 

residente en España o que se produzca un desplazamiento a 

territorio español ordenado por el empleador. 

e) Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha 

relación laboral no estén exentos de tributación por el 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

f) Que las retribuciones previsibles derivadas del contrato 

de trabajo en cada uno de los períodos impositivos en los que 

se aplique este régimen especial no superen la cuantía de 

600.000 euros anuales. 

El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación 

real en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

El Ministro de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento 

para el ejercicio de la opción mencionada en este 

apartado.» 

Dos. Con efectos de 1 de enero de 2010 se añade una 

nueva disposición transitoria decimoséptima de la Ley 




y sobre el Patrimonio, que queda redactada en los 


«Disposición transitoria decimoséptima. Trabajadores 

desplazados a territorio español con anterioridad a 1 de enero 

de 2010.— Los contribuyentes que se hubieran desplazado 

a territorio español con anterioridad a 1 de enero de 2010 

podrán aplicar el régimen especial previsto en el artículo 93 

de esta Ley conforme a la redacción del citado artículo en 

vigor a 31 de diciembre de 2009.» 

Decimocuarta. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de 

diciembre, de Impuestos Especiales, del Texto Refundido de 

la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y de la Ley 




y sobre el Patrimonio.— Uno. Con efectos desde 

el 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, se modifica la letra 

a) del apartado 6 del artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 

28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que queda redactada 


«a) El tipo de la devolución, expresado en euros por 1.000 

litros, será el importe positivo resultante de restar la cantidad 

de 278 euros del tipo impositivo del epígrafe 1.3 vigente en el 

momento de generarse el derecho a la devolución.» 

Dos. Con efectos desde el 1 de enero de 2010 y vigencia 

indefinida, se crea un nuevo artículo 52 ter en la Ley 

38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que 


«Artículo 52 ter. Devolución parcial por el gasóleo empleado 

en la agricultura y ganadería.— Uno. a) Se 

reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto 

sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas por los 

agricultores con ocasión de las adquisiciones de gasóleo que 

haya tributado al tipo de epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la 

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, 

que hayan efectuado durante el año natural anterior. 

b) El importe de las cuotas a devolver será igual al resultado 

de aplicar el tipo de 78,71 euros por 1.000 litros sobre 

una base constituida por el resultado de multiplicar el volumen 

de gasóleo efectivamente empleado en la agricultura, incluida 

la horticultura, ganadería y silvicultura durante el período indicado, 

expresado en miles de litros, por el coeficiente 0,998. 

Dos. A los efectos de esta devolución, se consideran 

agricultores las personas o entidades que, en el periodo indicado, 

hayan tenido derecho a la utilización de gasóleo que 

tributa al tipo del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley 

38/1992 y que, efectivamente, lo hayan empleado como carburante 

en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y 

silvicultura, y que, además, hayan estado inscritos, en relación 

con el ejercicio de dichas actividades, en el Censo de 

Empresarios, Profesionales y Retenedores al que se refiere la 

disposición adicional quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

Tres. La devolución se llevará a cabo por el procedimiento 

que establezca el Ministro de Economía y Hacienda y podrá 

120

1 

comprender la obligación de que los interesados presenten 

declaraciones tributarias, incluso de carácter censal.» 

Tres. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a 

partir de 1 de enero de 2007 y vigencia indefinida, se modifica 

el apartado 1 de la disposición adicional tercera del Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 

que queda redactado de la siguiente forma: 

«1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto 

sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de 

manifiesto como consecuencia de: 

a) La percepción de las siguientes ayudas de la política 

agraria comunitaria: 

1.ª Abandono definitivo del cultivo del viñedo. 

2.ª Prima al arranque de plantaciones de manzanos. 

3.ª Prima al arranque de plataneras. 

4.ª Abandono definitivo de la producción lechera. 

5.ª Abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y 

nectarinas. 

6.ª Arranque de plantaciones de peras, melocotones y 

nectarinas. 

7.ª Abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera 

y de la caña de azúcar. 

b) La percepción de las siguientes ayudas de la política 

pesquera comunitaria: por la paralización definitiva de la actividad 

pesquera de un buque y por su transmisión para la 

constitución de sociedades mixtas en terceros países, así 

como por el abandono definitivo de la actividad pesquera. 

c) La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto 

reparar la destrucción, por incendio, inundación o hundimiento 

de elementos patrimoniales afectos al ejercicio de actividades 

económicas. 

d) La percepción de las ayudas al abandono de la actividad 

de transporte por carretera satisfechas por el Ministerio de 

Fomento a transportistas que cumplan los requisitos establecidos 

en la normativa reguladora de la concesión de dichas 

ayudas. 

e) La percepción de indemnizaciones públicas, a causa 

del sacrificio obligatorio de la cabaña ganadera, en el marco 

de actuaciones destinadas a la erradicación de epidemias o 

enfermedades. Esta disposición sólo afectará a los animales 

destinados a la reproducción.» 

Cuatro. Con efectos desde 1 de enero de 2007 y vigencia 

indefinida, se modifica el apartado 1 de la disposición adicional 

quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio, que queda redactado de la siguiente forma: 

«1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas las rentas positivas 

que se pongan de manifiesto como consecuencia de: 

a) La percepción de las siguientes ayudas de la política 

agraria comunitaria: 

1.ª Abandono definitivo del cultivo del viñedo. 

2.ª Prima al arranque de plantaciones de manzanos. 

3.ª Prima al arranque de plataneras. 

4.ª Abandono definitivo de la producción lechera. 

5.ª Abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y 

nectarinas. 

6.ª Arranque de plantaciones de peras, melocotones y 

nectarinas. 

7.ª Abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera 

y de la caña de azúcar. 

b) La percepción de las siguientes ayudas de la política 

pesquera comunitaria: paralización definitiva de la actividad 

pesquera de un buque y por su transmisión para la constitución 

de sociedades mixtas en terceros países, así como por 

el abandono definitivo de la actividad pesquera. 

c) La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto 

reparar la destrucción, por incendio, inundación o hundimiento 

de elementos patrimoniales. 

d) La percepción de las ayudas al abandono de la actividad 

de transporte por carretera satisfechas por el Ministerio de 

Fomento a transportistas que cumplan los requisitos establecidos 

en la normativa reguladora de la concesión de dichas 

ayudas. 

e) La percepción de indemnizaciones públicas, a causa 

del sacrificio obligatorio de la cabaña ganadera, en el marco 

de actuaciones destinadas a la erradicación de epidemias o 

enfermedades. Esta disposición sólo afectará a los animales 

destinados a la reproducción.» 

Decimoquinta. Modificación de la Ley 11/2009, de 26 de 

octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas 

de Inversión en el Mercado Inmobiliario.— Con 

efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de 

enero de 2010 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes 

modificaciones en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, 

por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de 

Inversión en el Mercado Inmobiliario: 

Uno. Los apartados 3 y 7 del artículo 9 quedan redactados 


«3. El tipo de gravamen de estas sociedades será del 19 

por ciento. 

No obstante, tributarán al tipo general de gravamen las 

rentas procedentes: 

a) De la transmisión de los inmuebles o participaciones 

afectos a su objeto social principal cuando se haya incumplido 

el requisito de permanencia a que se refiere el apartado 3 del 

artículo 3 de esta Ley, así como cuando el adquirente sea una 

entidad vinculada que forma parte del mismo grupo en el 

sentido del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades o resida en un país o territorio con 

el que no exista efectivo intercambio de información tributaria, 

en los términos establecidos en la disposición adicional 

primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas 

para la prevención del fraude fiscal. 

b) Del arrendamiento de dichos inmuebles cuando el 

arrendatario sea una entidad que forme parte del mismo 

grupo en el sentido del artículo 16 del Texto Refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades o resida en un país o territorio, 

en los términos establecidos en la letra anterior. 

c) De operaciones que no determinen un resultado por 

aplicación de la normativa contable.» 

«7. El incumplimiento del requisito de permanencia a que 

se refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley implicará, 

para cada inmueble, que junto con la cuota del período impositivo 

en el que se produjo el incumplimiento, deberá ingresarse 

el importe resultante de aplicar el porcentaje del 11 

por ciento o, tratándose de rentas parcialmente exentas, del 

15 por ciento, a las rentas generadas por dichos inmuebles 

121

1 

que formó parte de la base imponible de la totalidad de los 

períodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación 

este régimen fiscal especial, sin perjuicio de los intereses 

de demora que resulten procedentes. La renta procedente 

del arrendamiento de dichos inmuebles devengada en el período 

impositivo en el que se produce el incumplimiento, tributará 

al tipo general de gravamen, así como la renta 

correspondiente a los beneficios no distribuidos derivada del 

arrendamiento de esos inmuebles en ejercicios anteriores que 

se integrará en la autoliquidación del período impositivo en el 

que se produce el incumplimiento. 

Esta misma regularización procedería en el caso de que la 

sociedad, cualquiera que fuese su causa, pase a tributar por 

otro régimen distinto en el Impuesto sobre Sociedades antes 

de que se cumpla el referido plazo de tres o siete años, según 

corresponda.» 

Dos. La letra a) del apartado 1 del artículo 10 queda redactada 


«a) Cuando el perceptor sea un sujeto pasivo del Impuesto 

sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes con establecimiento permanente, la 

renta a integrar en la base imponible correspondiente al dividendo 

distribuido con cargo a beneficios o reservas procedentes 

de rentas sujetas al tipo de gravamen del 19 por 

ciento, será el resultado de multiplicar por 100/81 el ingreso 

contabilizado correspondiente a los dividendos percibidos. 

Sobre dicha renta no será de aplicación la deducción para 

evitar la doble imposición regulada en el artículo 30 del Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

En este caso, de la cuota íntegra podrá deducirse el 19 por 

ciento, o el tipo de gravamen del sujeto pasivo de ser inferior, 

de la renta integrada en la base imponible. 

No se aplicará esta deducción cuando se manifieste alguno 

de los casos establecidos en el apartado 4 del referido artículo 

30, excepto en el caso de la letra e) de ese apartado, 

donde la deducción será del 19 por ciento del dividendo percibido. 

A efectos de la prueba a que se refiere dicho apartado, 

cuando la adquisición de la participación se haya 

realizado a una entidad, se entenderá también como deducción 

por doble imposición interna de plusvalías la establecida 

en la letra a) del apartado 2 de este mismo artículo. 

A los dividendos distribuidos con cargo a beneficios procedentes 

de rentas sujetas al tipo general de gravamen, se 

aplicará el régimen general de dicho Impuesto.» 

Tres. La letra a) del apartado 2 del artículo 10 queda redactada 


«a) Cuando el transmitente sea un sujeto pasivo del Impuesto 

sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, 

podrá aplicarse la deducción en la cuota íntegra en 

las condiciones establecidas en el artículo 30.5 del Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades sobre la 

parte de plusvalía que se corresponda, en su caso, con los 

beneficios no distribuidos generados por la sociedad durante 

todo el tiempo de tenencia de la participación transmitida 

procedentes de rentas sujetas al tipo general de gravamen. 

La parte de plusvalía que se corresponda, en su caso, con 

los beneficios no distribuidos generados por la sociedad durante 

todo el tiempo de tenencia de la participación transmitida 

procedentes de rentas que estarían sujetas al tipo de 

gravamen del 19 por ciento, la renta a integrar en la base 

imponible será el resultado de multiplicar el importe de esos 

beneficios por 100/81, pudiéndose deducir de la cuota íntegra 

el 19 por ciento, o el tipo de gravamen del sujeto pasivo de 

ser inferior, del importe que resulte de dicha integración. 

Esta deducción será también aplicable a los supuestos a 

los que se refiere el artículo 30.3 del Texto Refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

La pérdida generada en la transmisión de la participación 

no será deducible en el caso de que se hubiese adquirido a 

una persona o entidad vinculada en los términos establecidos 

en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades, hasta el importe de la renta exenta que 

obtuvo dicha persona o entidad en la transmisión de esa participación.» 

Cuatro. La letra b) del apartado 1 del artículo 11 queda 

redactada de la siguiente forma: 

«b) Beneficios aplicados a reservas de cada ejercicio en 

que ha resultado aplicable el régimen fiscal especial establecido 

en esta Ley, diferenciando la parte que procede de 

rentas gravadas al tipo general de gravamen, de rentas que 

estarían sujetas al tipo de gravamen reducido establecido en 

el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley, así como la que 

procede de la transmisión de inmuebles y participaciones 

afectos a su objeto social principal, mencionando en cada 

ejercicio la cantidad reinvertida y la pendiente de reinvertir. 

Deberá identificarse de forma separada el ejercicio del que 

proceden dichos beneficios, el importe del beneficio total del 

ejercicio así como la base imponible, diferenciando en ese 

beneficio y base imponible la que procede de rentas parcialmente 

exentas y las sujetas al tipo general de gravamen.» 

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, 

que guarden y hagan guardar este ley. 

Madrid, 23 de diciembre de 2009. 

El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

Clasif. por 

programas 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO I 

Distribución de los créditos por programas (1) 

(Miles de euros) 

Explicación Cap. 1 a 8 Cap. 9 Total 

111M Gobierno del Poder Judicial. 42.615,20 42.615,20 

111N 

Dirección y Servicios Generales 

de Justicia. 

65.481,56 65.481,56 

111O Selección y formación de jueces. 25.160,33 25.160,33 

111P 

111Q 

112A 

113M 

Documentación y publicaciones 

judiciales. 

Formación del Personal de la 

Administración de Justicia. 

Tribunales de Justicia y Ministerio 

Fiscal. 

Registros vinculados con la Fe 

Pública. 

121 M Administración y Servicios Generales 

de Defensa. 

121 N Formación del Personal de las 


10.335,26 10.335,26 

18.408,97 18.408,97 

1.611.465,15 1.611.465,15 

45.329,89 45.329,89 

1.367.436,10 1.367.436,10 

518.018,23 518.018,23 

121O Personal en reserva. 604.256,91 604.256,91 

122

1 

Clasif. por 


Clasif. por 


programas 

programas 

122A Modernización de las Fuerzas 438.993,84 438.993,84 

Armadas. 

122B Programas especiales de modernización. 

333.744,59 333.744,59 

122M Gastos Operativos de las Fuerzas 2.390.438,54 2.390.438,54 

Armadas. 

122N Apoyo Logístico. 1.704.174,69 1,60 1.704.176,29 

223M Prestaciones de garantía salarial. 1.344.411,39 1.344.411,39 

231A Plan Nacional sobre Drogas. 29.566,33 29.566,33 

231 B Acciones en favor de la ciudadanía 

135.564,67 135.564,67 

española en el exterior. 

231 C Servicios Sociales de la Seguridad 

Social a personas con discapacidad. 

100.507,07 100.507,07 

131 M Dirección y Servicios Generales 

82.968,13 82.968,13 

231 D Servicios Sociales de la Seguridad 

220.025,57 220.025,57 

de Seguridad y Protección Civil. 

Social a personas mayores. 

131N 

Formación de Fuerzas y Cuerpos 

129.779,60 129.779,60 

231 E Otros servicios sociales de la Se- 

56.580,02 56.580,02 

de Seguridad del Estado. 

guridad Social. 

131O Fuerzas y Cuerpos en reserva. 804.934,85 804.934,85 

131 P Derecho de asilo y apátridas. 3.678,47 3.678,47 

132A Seguridad ciudadana. 5.655.815,15 72,72 5.655.887,87 

132B Seguridad vial. 849.857,21 849.857,21 

132C Actuaciones policiales en materia 70.732,61 70.732,61 

de droga. 

133A Centros e Instituciones Penitenciarias. 

1.208.848,56 1.208.848,56 

133B Trabajo, formación y asistencia a 32.674,35 32.674,35 

reclusos. 

134M Protección Civil. 18.093,28 18.093,28 

231 F Otros servicios sociales del Estado. 

250.403,11 250.403,11 

231 G Atención a la infancia y a las familias. 

10.851,26 10.851,26 

231H Integración de los inmigrantes. 184.919,46 184.919,46 

231I Autonomía personal y Atención a 1.581.569,77 1.581.569,77 

la Dependencia. 

231 M Servicios sociales de la Seguridad 6.178,49 6.178,49 

Social gestionados por las Comunidades 

Autónomas. 

231 N Coordinación en materia de extranjería 

e inmigración. 

8.051,80 8.051,80 

135M 

Protección de datos de carácter 

personal. 

15.425,16 15.425,16 

232A 

Promoción y servicios a la juventud. 

34.647,80 34.647,80 


de Asuntos Exteriores. 

88.790,77 88.790,77 

232B 

Igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

33.596,62 33.596,62 

142A Acción del Estado en el exterior. 581.338,43 581.338,43 

232C 

Actuaciones para la prevención 

31.577,44 31.577,44 

142B 

Acción diplomática ante la Unión 

32.098,11 32.098,11 

integral de la violencia de género. 

Europea. 

232M 


10.434,80 10.434,80 

143A Cooperación para el desarrollo. 2.686.817,14 2.686.817,14 

de Promoción Social. 

144A 

Cooperación, promoción y difusión 

cultural en el exterior. 

158.912,01 158.912,01 

239M 

Gestión de los servicios sociales 


42.564,24 42.564,24 

211M 

Pensiones contributivas de la Seguridad 

Social. 

95.483.939,84 95.483.939,84 

241A 

Fomento de la inserción y estabilidad 

laboral. 

7.742.841,57 7.742.841,57 

211N Pensiones de Clases Pasivas. 9.804.195,50 9.804.195,50 

2110 Otras pensiones y prestaciones de 102.231,00 102.231,00 

Clases Pasivas. 

212M Pensiones no contributivas y 2.039.117,67 2.039.117,67 

prestaciones asistenciales. 

212N Pensiones de guerra. 371.787,00 371.787,00 

219M Gestión de las prestaciones económicas 

de Seguridad Social. 

472.812,70 472.812,70 

241 N Desarrollo de la economía social y 7.823,60 7.823,60 

de la responsabilidad social de las 

empresas. 

251 M Prestaciones a los desempleados. 30.974.836,28 30.974.836,28 

261 M Dirección y Servicios Generales 19.640,05 19.640,05 

de Vivienda. 

261 N Promoción, administración y ayudas 

para rehabilitación y acceso a 

vivienda. 

1.393.237,73 400,00 1.393.637,73 

219N 

Gestión de pensiones de Clases 

Pasivas. 

8.627,96 8.627,96 

261O 

Ordenación y fomento de la edificación. 

82.802,19 82.802,19 

221 M Subsidios de incapacidad temporal 

y otras prestaciones económicas 


222M Prestaciones económicas del Mutualismo 

Administrativo. 

12.478.901,73 12.478.901,73 

579.203,86 181,50 579.385,36 

261 P Suelo y Políticas Urbanas. 2.384,77 2.384,77 

291A Inspección y control de Seguridad 161.227,06 161.227,06 

y Protección Social. 

123

1 

Clasif. por 


Clasif. por 


programas 

programas 


de Seguridad Social y Protección 

Social. 


de Sanidad y Política Social. 

3110 Cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud. 

312A Asistencia hospitalaria en las 


312B Atención primaria de salud. Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria. 

312C Atención especializada de salud. 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 

6.201.062,77 466,43 6.201.529,20 

97.047,05 97.047,05 

199.937,05 199.937,05 

205.102,81 205.102,81 

63.005,08 63.005,08 

150.983,55 150.983,55 

322J Nuevas tecnologías aplicadas a la 108.090,48 108.090,48 

educación. 

322K Deporte en edad escolar y en la 19.321,07 19.321,07 

Universidad. 

323M Becas y ayudas a estudiantes. 1.395.518,47 1.395.518,47 

324M Servicios complementarios de la 6.817,11 6.817,11 

enseñanza. 

324N Apoyo a otras actividades escolares. 

20.905,40 20.905,40 


de Cultura. 

332A Archivos. 52.815,10 52.815,10 

332B Bibliotecas. 97.369,30 97.369,30 

333A Museos. 229.650,71 229.650,71 

312D Medicina marítima. 38.548,16 38.548,16 

333B Exposiciones. 4.833,25 4.833,25 

312E 

312F 

312G 

Asistencia sanitaria del Mutualismo 

Administrativo. 

Atención primaria de salud de 

Mutuas de Accidentes de Trabajo 

y E.P e I.S.M. 

Atención especializada de salud 

de Mutuas de Accidentes de Tra- 

2.104.700,06 2.104.700,06 

1.180.958,39 1.180.958,39 

438.147,32 438.147,32 

334A Promoción y cooperación cultural. 57.718,63 57.718,63 

334B Promoción del libro y publicaciones 

14.410,31 14.410,31 

culturales. 

334C Fomento de las industrias culturales. 

29.552,00 29.552,00 

335A Música y danza. 122.817,07 122.817,07 

bajo y E.P e I.S.M. 

335B Teatro. 54.725,98 54.725,98 

312M Asistencia sanitaria de la Seguridad 

46.872,36 46.872,36 

Social gestionada por Comu- 

nidades Autónomas. 

313A Oferta y uso racional de medicamentos 

54.951,20 54.951,20 

y productos sanitarios. 

313B Salud pública y sanidad exterior. 27.959,62 27.959,62 

313C Seguridad alimentaria y nutrición. 18.805,44 18.805,44 

335C Cinematografía. 123.166,12 123.166,12 

336A Fomento y apoyo de las actividades 

165.749,33 165.749,33 

deportivas. 

337A Administración del Patrimonio 122.555,95 100,00 122.655,95 

Histórico-Nacional. 

337B Conservación y restauración de 

bienes culturales. 

60.460,55 60.460,55 

313D 

Terapias avanzadas, medicina 

7.583,76 7.583,76 

337C 

Protección del Patrimonio Históri- 

11.579,88 11.579,88 

regenerativa y transplantes en el 

co. 

Sistema Nacional de Salud. 

411M 


3.712,40 3.712,40 

321M 


82.197,26 82.197,26 

de Agricultura, Pesca y Alimenta- 

de la Educación. 

ción. 

321 N Formación permanente del profe- 

7.562,05 7.562,05 

412A 

Competitividad y calidad de la 

77.564,25 77.564,25 

sorado de Educación. 

producción agrícola. 

322A Educación infantil y primaria. 643.820,37 643.820,37 

412B 

Competitividad y calidad de la 

174.340,06 174.340,06 

322B 

Educación secundaria, formación 

217.390,65 217.390,65 

producción ganadera. 

profesional y Escuelas Oficiales 

412M 

Regulación de los mercados 

6.174.689,82 90.151,82 6.264.841,64 

de Idiomas. 

agrarios. 

322C Enseñanzas universitarias. 374.053,36 374.053,36 

413A 

Competitividad industria agroali- 

79.795,56 79.795,56 

322D Educación especial. 14.149,13 14.149,13 

mentaria y calidad alimentaria. 

322E Enseñanzas artísticas. 6.915,57 6.915,57 

322F Educación en el exterior. 125.727,90 125.727,90 

322G Educación compensatoria. 61.799,93 61.799,93 

322H Educación permanente y a distancia 

6.625,23 6.625,23 

no universitaria. 

322I Enseñanzas especiales. 1.194,28 1.194,28 

414A Gestión de Recursos Hídricos para 

181.889,32 181.889,32 

el Regadío. 

414B Desarrollo del medio rural. 1.558.827,41 1.558.827,41 

414C Programa de Desarrollo Rural 244.550,00 244.550,00 

Sostenible. 

415A Protección de los recursos pesqueros 

y desarrollo sostenible. 

47.676,48 47.676,48 

124

1 

Clasif. por 


Clasif. por 


programas 

programas 

415B 

Mejora de estructuras y mercados 

125.110,38 125.110,38 

453A 

Infraestructura del transporte fe- 

2.454.140,52 2.454.140,52 

pesqueros. 

rroviario. 

416A 

Previsión de riesgos en las pro- 

290.961,90 290.961,90 

453B 

Creación de infraestructura de ca- 

2.901.333,12 2.901.333,12 

ducciones agrarias y pesqueras. 

rreteras. 


102.081,78 102.081,78 

453C 

Conservación y explotación de 

1.325.878,71 1.325.878,71 

de Industria y Energía. 

carreteras. 

421 N Regulación y protección de la 

66.806,65 66.806,65 

453M 

Ordenación e inspección del 

253.487,91 253.487,91 

propiedad industrial. 

transporte terrestre. 

421O Calidad y seguridad industrial. 7.264,44 7.264,44 

422A Incentivos regionales a la localización 

199.234,15 199.234,15 

industrial. 

422B Desarrollo industrial. 692.149,83 692.149,83 

422M Reconversión y reindustrialización. 

802.818,89 802.818,89 

423M Desarrollo alternativo de las comarcas 

260.000,00 260.000,00 

mineras del carbón. 

423N Explotación minera. 720.283,97 720.283,97 

424M Seguridad nuclear y protección 50.977,30 50.977,30 

radiológica. 

425A Normativa y desarrollo energético. 327.719,15 327.719,15 

431A Promoción comercial e internacionalización 

486.798,52 486.798,52 

de la empresa. 


de Comercio y Turismo. 

431 N Ordenación del comercio exterior. 13.462,39 13.462,39 

431O Ordenación y modernización de 28.777,53 28.777,53 

las estructuras comerciales. 

432A Coordinación y promoción del turismo. 

776.533,55 776.533,55 

433M Apoyo a la pequeña y mediana 

empresa. 

177.685,36 177.685,36 

441 M Subvenciones y apoyo al transporte 

652.357,29 652.357,29 

terrestre. 

441 N Subvenciones y apoyo al transporte 

104.545,75 104.545,75 

marítimo. 

441O Subvenciones y apoyo al transporte 

372.264,30 372.264,30 

aéreo. 

441 P Subvenciones al transporte extrapeninsular 

57.000,00 57.000,00 

de mercancías. 

451 M Estudios y servicios de asistencia 46.567,73 46.567,73 

técnica en Obras Públicas y Urbanismo. 

451 N Dirección y Servicios Generales 3.803.741,00 3.803.741,00 

de Fomento. 

451O Dirección y Servicios Generales 225.431,67 225.431,67 

de Medio Ambiente. 

452A Gestión e infraestructuras del 1.621.669,11 189.545,14 1.811.214,25 

agua. 

452M Normativa y ordenación territorial 

de los recursos hídricos. 

290.518,71 290.518,71 

454M 

455M 

Seguridad del tráfico marítimo y 

vigilancia costera. 

219.097,53 219.097,53 

Regulación y supervisión de la 

64.046,90 64.046,90 

aviación civil. 

456A Calidad del agua. 460.717,77 11.116,80 471.834,57 

456B 

456C 

Protección y mejora del medio 

ambiente. 

55.770,61 55.770,61 

Protección y mejora del medio natural. 

371.903,39 371.903,39 

456D Actuación en la costa. 280.829,10 280.829,10 

456M 

457M 

462M 

462N 

Actuaciones para la prevención de 

la contaminación y el cambio climático. 

121.188,55 121.188,55 

Infraestructuras en comarcas mineras 

390.000,00 390.000,00 

del carbón. 

Investigación y estudios sociológicos 

13.981,03 13.981,03 

y constitucionales. 

Investigación y estudios estadísticos 

7.623,48 7.623,48 

y 

económicos. 

463A Investigación científica. 861.030,69 21,52 861.052,21 

463B 

464A 

464B 

Fomento y coordinación de la investigación 

científica y técnica. 

2.097.057,76 2.097.057,76 

Investigación y estudios de las 231.889,89 231.889,89 


Apoyo a la innovación tecnológica 950.908,61 950.908,61 

en el sector de la defensa. 

465A Investigación sanitaria. 386.412,38 386.412,38 

466A 

Investigación y evaluación educativa. 

5.126,32 5.126,32 

467A Astronomía y astrofísica. 20.929,96 1.133,36 22.063,32 

467B 

467C 

467D 

467E 

467F 

467G 

Investigación, desarrollo y experimentación 

en transporte e infraestructuras. 

4.617,90 4.617,90 

Investigación y desarrollo tecnológico-industrial. 

2.898.733,27 2.898.733,27 

Investigación y experimentación 80.835,28 2.000,00 82.835,28 

agraria. 

Investigación oceanográfica y 

61.211,67 72,89 61.284,56 

pesquera. 

Investigación geológico-minera y 31.140,32 31.140,32 

medioambiental. 

Investigación y desarrollo de la 524.549,35 524.549,35 

Sociedad de la Información. 

125

1 

Clasif. por 


Clasif. por 


programas 

programas 

467H Investigación energética, medioambiental 

91.563,52 163,05 91.726,57 

y tecnológica. 

467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones. 

1.003.166,82 1.003.166,82 

491 M Ordenación y promoción de las 35.984,11 35.984,11 

telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información. 

491 N Servicio postal universal. 80.039,03 80.039,03 

492M Defensa de la competencia. 13.260,48 13.260,48 

492N Regulación y vigilancia de la 

10.256,68 10.256,68 

competencia en el Mercado de 

Tabacos. 

492O Protección y promoción de los derechos 

24.972,55 24.972,55 

de los consumidores y 

usuarios. 

493M Dirección, control y gestión de 293.652,78 293.652,78 

seguros. 

493N Regulación de mercados financieros. 

1.585,62 1.585,62 

493O Regulación contable y de auditorías. 

7.721,35 7.721,35 

494M Administración de las relaciones 

laborales y condiciones de trabajo. 

54.496,65 54.496,65 

495A Desarrollo y aplicación de la información 

49.756,69 49.756,69 

geográfica española. 

495B Meteorología. 109.517,69 109.517,69 

495C Metrología. 10.192,01 10.192,01 

911M Jefatura del Estado. 8.896,92 8.896,92 

911N Actividad legislativa. 231.023,22 20,00 231.043,22 

911O Control externo del Sector Público. 

61.188,81 61.188,81 

911P Control Constitucional. 27.686,97 27.686,97 

911Q Apoyo a la gestión administrativa 6.530,77 6.530,77 

de la Jefatura del Estado. 

912M Presidencia del Gobierno. 99.987,69 99.987,69 

912N Alto asesoramiento del Estado. 11.546,63 11.546,63 

912O Relaciones con las Cortes Generales, 

119.534,60 119.534,60 

Secretariado del Gobierno y 

apoyo a la Alta Dirección. 

912P Asesoramiento del Gobierno en 10.422,13 10.422,13 

materia social, económica y laboral. 

912Q Asesoramiento para la protección 241.372,58 241.372,58 

de los intereses nacionales. 

921 N Dirección y organización de la 

24.668,55 24.668,55 

Administración Pública. 

921O Formación del personal de las 159.774,14 159.774,14 

Administraciones Públicas. 

921 P Administración periférica del Estado. 

336.861,47 336.861,47 

921Q Cobertura informativa. 19.016,80 19.016,80 

921 R Publicidad de las normas legales. 39.112,92 39.112,92 

921S 

921T 

Asesoramiento y defensa intereses 

del Estado. 

35.112,29 35.112,29 

Servicios de transportes de Ministerios. 

53.652,02 53.652,02 

921U Publicaciones. 3.113,30 3.113,30 

922M 

922N 

922Q 

4.927,75 4.927,75 

921 V Evaluación de políticas y programas 

públicos, calidad de los servicios 

e impacto normativo. 

Organización territorial del Estado 4.090,97 4.090,97 

y desarrollo de sus sistemas de 

colaboración. 

Coordinación y relaciones financieras 

6.746,65 6.746,65 

con los Entes Territoriales. 

Dirección y Servicios Generales 22.341,04 6,01 22.347,05 

de Política Territorial. 

923A Gestión del Patrimonio del Estado. 585.054,45 585.054,45 

923C Elaboración y difusión estadística. 217.597,86 217.597,86 

923M 

923N 

923O 

923P 


de Economía y Hacienda. 

1.123.700,67 1.123.700,67 

Formación del personal de Economía 

15.722,09 15.722,09 

y Hacienda. 

Gestión de la Deuda y de la Tesorería 

11.275,10 11.275,10 

del Estado. 

Relaciones con los Organismos 709.417,36 709.417,36 

Financieros Multilaterales. 

924M Elecciones y Partidos Políticos. 97.769,82 97.769,82 

929M 

929N 

Imprevistos y funciones no clasificadas. 

2.139.374,44 2.139.374,44 

Fondo de contingencia de ejecución 

3.704.977,50 3.704.977,50 

presupuestaria. 

931 M Previsión y política económica. 65.284,66 65.284,66 

931 N Política presupuestaria. 53.154,12 53.154,12 

931O Política tributaria. 8.549,43 8.549,43 

931 P Control interno y Contabilidad 

932A 

88.076,20 88.076,20 

Pública. 

Aplicación del sistema tributario 1.135.151,18 1.135.151,18 

estatal. 

932M Gestión del catastro inmobiliario. 117.186,46 117.186,46 

932N 

Resolución de reclamaciones 

32.558,05 32.558,05 

económico-administrativas. 

941 M Transferencias a Comunidades 

Autónomas por participación en 

ingresos Estado. 

941 N Transferencias a Comunidades 

941O 

Autónomas por los Fondos de 

Compensación Interterritorial. 

Otras transferencias a Comunidades 

Autónomas. 

30.361.914,56 30.361.914,56 

1.225.770,00 1.225.770,00 

12.361.848,40 12.361.848,40 

126

1 

Clasif. por 

programas 

942A 

942M 

942N 

943M 

943N 


Cooperación económica local del 

Estado. 

Transferencias a Entidades Locales 

por participación en ingresos 

Estado. 

Otras aportaciones a Entidades 

Locales. 

Transferencias al Presupuesto 

General de la Unión Europea. 

Cooperación al desarrollo a través 

del Fondo Europeo de Desarrollo. 

951 M Amortización y gastos financieros 

de la deuda pública en moneda 

nacional. 

951 N Amortización y gastos financieros 

de la deuda pública en moneda 

extranjera. 

5.159.539,57 5.159.539,57 

11.827.145,32 11.827.145,32 

241.015,75 241.015,75 

12.202.917,00 12.202.917,00 

218.420,00 218.420,00 

21.937.902,97 34.524.761,57 56.462.664,54 

1.262.097,03 883.520,71 2.145.617,74 

Total 350.695.865,78 35.703.735,12 386.399.600,90 

ANEXO II 

Créditos ampliables 

Se considerarán ampliables hasta una suma igual a las 

obligaciones que se reconozcan, previo el cumplimiento de 

las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan, 

los créditos que, incluidos en el Presupuesto del 

Estado, en los de los Organismos autónomos y en los de los 

otros Organismos públicos aprobados por esta Ley, se detallan 

a continuación: 

Primero. Aplicables a todas las Secciones y Programas. 

Los destinados a satisfacer: 

a) Las cuotas de la Seguridad Social, de acuerdo con los 

preceptos en vigor, y la aportación del Estado al régimen de 

previsión social de los funcionarios públicos, civiles o militares, 

establecida por los Reales Decretos Legislativos 1/2000, 

de 9 de junio, y 3/2000 y 4/2000, de 23 de junio. 

b) Los créditos de transferencias a favor del Estado que 

figuren en los presupuestos de gastos de los Organismos 

autónomos, hasta el importe de los remanentes que resulten 

como consecuencia de la gestión de los mismos. 

Segundo. Aplicables a las Secciones y Programas que se 

indican. 

Uno. En la Sección 07, «Clases Pasivas»: 

Los créditos relativos a atender obligaciones de pensiones 

e indemnizaciones. 

Dos. En la Sección 12, «Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación»: 

El crédito 12.000X.03.431 «A la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, para los fines 

sociales que se realicen en el campo de la cooperación internacional 

(artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de 

julio). Porcentaje IRPF». 

Tres. En la Sección 13, «Ministerio de Justicia»: 

El crédito 13.112 A. 02. 830.10 «Anticipos reintegrables a 

trabajadores con sentencia judicial favorable». 

Cuatro. En la Sección 14, «Ministerio de Defensa»: 

a) El crédito 14.121M.01.489 para el pago de las indemnizaciones 

derivadas de la aplicación del Real Decreto-Ley 

8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes 

en operaciones internacionales de paz y seguridad. 

b) El crédito 14.122M.03.228 para gastos originados por 

participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de 

mantenimiento de la paz. 

Cinco. En la Sección 15, «Ministerio de Economía y Hacienda»: 

a) El crédito 15.231G.13.875, destinado al «Fondo de Garantía 

del Pago de Alimentos». 

b) El crédito 15.923O.19.351.01, destinado a la cobertura 

de riesgos en avales prestados por el Tesoro. 

c) El crédito 15.923 O.19.355, destinado a compensaciones 

derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro, a 

que se refiere el Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, 

de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera, en 

relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la 

Zona Euro. 

d) El crédito 15.493M.20.821.20, «Al Consorcio de Compensación 

de Seguro. Seguro de crédito a la exportación». 

Seis. En la Sección 16, «Ministerio del Interior»: 

a) El crédito 16.131M.01.487, destinado al pago de indemnizaciones 

en aplicación de los artículos 93 al 96 de la 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

para 1997, así como las que se deriven de los daños a terceros, 

en relación con los artículos 139 a 144 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, y la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, de Protección 

de medios de transporte que se hallen en territorio español 

realizando viajes de carácter internacional. 

b) Los créditos 16.134M.01.461, 16.134M.01.471 

16.134M.01.472, 16.134M.01.482, 16.134M.01.761, 

16.134M.01.771 y 16.134M.01.782, destinados a la cobertura 

de necesidades de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes 

u otras de reconocida urgencia. 

c) El crédito 16.131M.01.483, destinado a atender el pago 

de las indemnizaciones y compensaciones derivadas de la 

aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad 

con las Victimas del Terrorismo. 

d) El crédito 16.924M.01.227.05 para gastos derivados de 

procesos electorales y consultas públicas. 

e) El crédito 16.924M.01.485.02, para subvencionar los 

gastos electorales de los partidos políticos (Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General). 

Siete. En la Sección 19, «Ministerio de Trabajo e Inmigración»: 

a) El crédito 19.241A.101.487.03, destinado a financiar las 

bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social 

acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación 

laboral. 

b) El crédito 19.251M.101.480.00, destinado a financiar las 

prestaciones contributivas, incluso obligaciones de ejercicios 

anteriores. 

c) El crédito 19.251M.101.480.01, destinado a financiar 

subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios 

anteriores. 

127

1 

d) El crédito 19.251M.101.487.00, destinado a financiar 

cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, 

incluso obligaciones de ejercicios anteriores. 

e) El crédito 19.251M.101.487.01, destinado a financiar 

cuotas de beneficiarios del subsidio de desempleo, incluso 

obligaciones de ejercicios anteriores. 

f) El crédito 19.251M.101.480.02, destinado a financiar 

subsidio por desempleo para eventuales del Régimen Agrario 

de la Seguridad Social, incluso obligaciones de ejercicios anteriores. 

g) El crédito 19.251M.101.488 destinado a financiar la 

Renta Activa de Inserción. 

h) El crédito 19.231B.07.483.01, destinado a financiar 

pensiones asistenciales por ancianidad para españoles de 

origen retornados. 

Ocho. En la Sección 20, «Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio»: 

El crédito 20.431A.06.444, «Para cobertura de las diferencias 

producidas por operaciones autorizadas al amparo de la 

Ley 11/1983, de subvención al crédito a la exportación a librar 

a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)». 

Nueve. En la Sección 23, «Ministerio de Medio Ambiente, 

y Medio Rural y Marino»: 

a) El crédito 23.416A.01.440, «Al Consorcio de Compensación 

de Seguros para la cobertura de pérdidas del Seguro 

Agrario Combinado». 

b) El crédito 23.451O.01.485 «Para fines de interés social 

regulados por el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 

de julio». 

Diez. En la Sección 24, «Ministerio de Cultura»: 

Los créditos 24.337C.03.621 y 24.337B.03.631, por la diferencia 

entre la consignación inicial para inversiones producto 

del «1 por 100 cultural» (artículo 68, Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español y artículo 58 del Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, en la redacción dada por el artículo 

único del Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero) y las retenciones 

de crédito no anuladas a que se refiere el apartado 

tres del artículo 20 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1988. 

Once. En la Sección 26, «Ministerio de Sanidad y Política 

Social»: 

a) El crédito 26.311O.12.453, «Fondo de Cohesión Sanitaria». 

b) El crédito 26.231F.16.484, «Para los fines de interés 

social regulados en el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, 

de 15 de julio». 

Doce. En la Sección 27 «Ministerio de Vivienda»: 

El crédito 27.261N.09.782.02 «Renta básica de emancipación». 

Trece. En la Sección 28, «Ministerio de Igualdad»: 

El crédito 28.232C.04.480 «Ayudas Sociales, para mujeres 

(artículo 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre).» 

Catorce. En la Sección 32, «Entes Territoriales»: 

a) El crédito 32.941M.18.452.00 «Liquidación definitiva de 

la financiación de las Comunidades Autónomas y ciudades 

con Estatuto de Autonomía, de ejercicios anteriores. Fondo 

de Suficiencia». 

b) El crédito 32.942M.23.468, en la medida que lo exija la 

liquidación definitiva de la participación de las Corporaciones 

Locales en los ingresos del Estado correspondiente a ejercicios 

anteriores y las compensaciones derivadas del nuevo 

Modelo de Financiación Local. 

c) Los créditos 32.942N.23.460.04 y 32.942N.23.460.05, 

por razón de otros derechos legalmente establecidos o que se 

establezcan a favor de las Corporaciones Locales, habilitando, 

si fuera necesario, los conceptos correspondientes. 

d) El crédito 32.941O.01.450, «Compensación financiera 

derivada del Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, 

incluida la liquidación definitiva del ejercicio anterior». 

e) El crédito 32.941O.02.455 «Coste provisional de la Policía 

Autónoma de Cataluña, incluso liquidaciones definitivas 

de ejercicios anteriores». 

f) El crédito 32.942N.23.440 «Compensación de costes financieros 

a abonar al ICO, derivados del tiempo transcurrido 

entre la ejecución de avales hasta la cancelación de las 

deudas de las Entidades Locales, en cumplimiento del Real 

Decreto-ley 5/2009». 

g) Los créditos que se habiliten para hacer frente a las 

transferencias a las Comunidades Autónomas por el coste de 

los servicios asumidos. 

Quince. Los créditos de la Sección 34, «Relaciones Financieras 

con la Unión Europea», ampliables tanto en función 

de los compromisos que haya adquirido o que pueda adquirir 

el Estado Español con la Unión Europea o que se deriven de 

las disposiciones financieras de las mismas, como en función 

de la recaudación efectiva de las exacciones agrarias, derechos 

de aduanas por la parte sujeta al arancel exterior comunitario, 

y cotizaciones del azúcar e isoglucosa. 

Tercero. Todos los créditos de este presupuesto en función 

de los compromisos de financiación exclusiva o de cofinanciación 

que puedan contraerse con las Comunidades 

Europeas. 

Cuarto. En el presupuesto de la Seguridad Social, los 

créditos que sean necesarios en los programas de gastos del 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para reflejar las repercusiones 

que en los mismos tengan las modificaciones de 

los créditos, que figuran en el estado de transferencias entre 

Subsectores de los Presupuestos Generales del Estado. 

ANEXO III 

Operaciones de crédito autorizadas a Organismo 

Públicos 

Ministerio de Economía y Hacienda: 


Instituto de Crédito Oficial (ICO) (2) 25.000.000,00 

Ministerio de Fomento: 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) (3) 1.982.115,00 

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (3) 758.828,00 

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) (3) 108.327,00 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (3) 2.100.000,00 

RENFE-Operadora (3) 1.234.802,00 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) (4) 74.992,00 

Ministerio de Vivienda: 

SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo (EPE SUELO) (5) 40.000,00 

128

1 


Euros 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 90.151,82 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 114.985,94 

Confederación Hidrográfica del Júcar 20.000,00 

Psíquicos 33.470,20 

Autistas o problemas graves de personalidad 29.936,97 

Auditivos 25.932,76 

Plurideficientes 37.218,45 

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 50.285,06 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico 38.000,00 

Confederación Hidrográfica del Tajo 20.000,00 

Euros 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla 10.350,00 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

I. Primer y segundo curso (7) 

ANEXO IV 

Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos 

para sostenimiento de Centros Concertados 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, los 

importes anuales y desglose de los módulos económicos por 

unidad escolar en los Centros concertados de los distintos 

niveles y modalidades educativas quedan establecidos con 

efectos de 1 de enero, y hasta el 31 de diciembre de 2010 de 


EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 

Euros 

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 28.926,68 

Gastos variables 3.937,15 

Otros gastos 5.956,13 

IMPORTE TOTAL ANUAL 38.819,96 





I. Primer y segundo curso (8) 





II. Tercer y cuarto curso: 





Euros 

EDUCACIÓN ESPECIAL (6) (niveles obligatorios y gratuitos). 

I. Educación Básica/Primaria: 




Euros 

BACHILLERATO. 






Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos 

educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social), según deficiencias: 

Psíquicos 20.962,91 

Autistas o problemas graves de personalidad 17.004,16 

Auditivos 19.505,18 

Plurideficientes 24.208,71 

II. Programas de formación para la transición a la vida adulta: 





Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos 

educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social), según deficiencias: 

Euros 

CICLOS FORMATIVOS. 

I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales: 

Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas. 

Primer curso 51.730,62 

Segundo curso 0,00 

Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas. 


Segundo curso 51.730,62 

Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas. 



129

1 

Euros 

Euros 

Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas. 



II. Gastos variables: 

Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas. 



Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas. 



Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas. 



Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas. 



III. Otros gastos: 

Grupo 1. Ciclos formativos de: 

- Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural. 

- Servicios de Restaurante y Bar. 

- Animación Turística. 

- Estética Personal Decorativa. 

- Química Ambiental. 

- Farmacia. 

- Higiene Bucodental: 




- Gestión Administrativa. 

- Secretariado. 

- Buceo a Media Profundidad. 

- Laboratorio de Imagen. 

- Comercio. 

- Gestión Comercial y Marketing. 

- Servicios al Consumidor. 

- Agencias de Viajes. 

- Alojamiento. 

- Información y Comercialización Turísticas. 

- Elaboración de Aceites y Jugos. 

- Elaboración de Productos Lácteos. 

- Elaboración de Vino y Otras Bebidas. 

- Matadero y Carnicería-Charcutería. 

- Molinería e Industrias Cerealistas. 

- Laboratorio. 

- Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. 

- Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

- Documentación Sanitaria. 

- Curtidos. 

- Patronaje. 

- Procesos de Ennoblecimiento Textil. 

- Aceites de oliva y vinos: 




- Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. 

- Transformación de Madera y Corcho. 

- Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. 

- Operaciones de Proceso y Pasta de Papel. 

- Operaciones de Proceso de Planta Química. 

- Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. 

- Industrias de Proceso de Pasta y Papel. 

- Industrias de Proceso Químico. 

- Plástico y Caucho. 

- Operaciones de Ennoblecimiento Textil: 




- Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. 

- Impresión en Artes Gráficas. 

- Fundición. 

- Tratamientos Superficiales y Térmicos. 

- Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. 

- Calzado y Marroquinería. 

- Confección. 

- Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada. 

- Producción de Tejidos de Punto. 

- Procesos de Confección Industrial. 

- Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. 

- Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. 

- Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. 

- Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. 

- Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio: 




- Realización y Planes de Obra. 

- Asesoría de Imagen Personal. 

- Radioterapia. 

130

1 

Euros 

Euros 

- Animación Sociocultural. 

- Integración Social: 




- Operaciones de Cultivo Acuícola: 




- Explotaciones Ganaderas. 

- Jardinería. 

- Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. 

- Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. 

- Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos. 

- Administración y Finanzas. 

- Pesca y Transporte Marítimo. 

- Navegación, Pesca y Transporte Marítimo. 

- Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos. 

- Comercio Internacional. 

- Gestión del Transporte. 

- Obras de Albañilería. 

- Obras de Hormigón. 

- Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. 

- Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. 

- Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. 

- Óptica de Anteojería. 

- Gestión de alojamientos turísticos. 

- Servicios en restauración. 

- Caracterización. 

- Peluquería. 

- Estética. 

- Panadería, repostería y confitería. 

- Explotación de Sistemas Informáticos. 

- Administración de Sistemas Informáticos. 

- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 

- Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble. 

- Prevención de riesgos profesionales. 

- Anatomía Patológica y Citología. 

- Salud Ambiental. 

- Laboratorio de análisis y de control de calidad. 

- Química industrial. 

- Planta química. 

- Audioprótesis. 

- Dietética. 

- Imagen para el Diagnóstico. 

- Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 

- Ortoprotésica. 

- Audiología protésica. 

- Emergencias Sanitarias. 

- Farmacia y Parafarmacia. 

- Educación Infantil. 

- Interpretación de la Lengua de Signos. 

- Atención Sociosanitaria. 

- Educación Infantil (actualizado): 




- Explotaciones Agrarias Extensivas. 

- Explotaciones Agrícolas Intensivas. 

- Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. 

- Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque. 

- Equipos Electrónicos de Consumo. 

- Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. 

- Desarrollo de Productos Electrónicos. 

- Instalaciones Electrotécnicas. 

- Sistemas de Regulación y Control Automáticos. 

- Instalaciones eléctricas y automáticas. 

- Sistemas microinformático y redes. 

- Acabados de Construcción. 

- Cocina y Gastronomía. 

- Restauración. 

- Mantenimiento de Aviónica. 

- Prótesis Dentales. 

- Confección y Moda. 

- Patronaje y Moda: 




- Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

- Diseño y Producción Editorial. 

- Producción en Industrias de Artes Gráficas. 

- Imagen. 

- Realización de Audiovisuales y Espectáculos. 

- Sonido. 

- Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. 

- Desarrollo de Proyectos Mecánicos. 

- Producción por Fundición y Pulvimetalurgia. 

- Producción por Mecanizado. 

131

1 

Euros 

Euros 

- Programación de la producción. 

- Fabricación a medida e instalación de Madera y Mueble. 

- Producción de Madera y Mueble. 

- Montaje y Mantenim. de Instalaciones de Frío, Climatización y Produc. de 

Calor. 

- Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. 

- Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y Fluidos. 

- Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. 

- Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos. 

- Carrocería. 

- Carrocería (actualizado). 

- Electromecánica de vehículos. 

- Automoción. 

- Automoción (actualizado). 

- Mantenimiento Aeromecánico. 

- Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica: 




- Producción Acuícola. 

- Vitivinicultura. 

- Preimpresión en Artes Gráficas. 

- Joyería. 

- Mecanizado. 

- Soldadura y Calderería. 

- Construcciones Metálicas. 

- Construcciones Metálicas (actualizado). 

- Industria Alimentaria. 

- Instalación y Mantenim. Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. 

- Mantenimiento Ferroviario. 

- Mantenimiento de Equipo Industrial. 

* Sobre Cualificaciones Nivel 1 de las Familias Profesionales de: 

- Administración. 

- Administración y Gestión. 

- Artesanías. 

- Comercio y Marketing. 

- Hostelería y Turismo. 

- Imagen Personal. 

- Química. 

- Sanidad. 

- Seguridad y Medio Ambiente. 

- Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Grupo 2 8.485,31 

* Sobre Cualificaciones Nivel 1 de las Familias Profesionales de: 

- Actividades Agrarias. 

- Agraria. 

- Artes Gráficas. 

- Comunicación, Imagen y Sonido. 

- Imagen y Sonido. 

- Edificación y Obra Civil. 

- Electricidad y Electrónica. 

- Energía y Agua. 

- Fabricación Mecánica. 

- Industrias Alimentarias. 

- Industrias Extractivas. 

- Madera y mueble. 

- Madera, Mueble y Corcho. 

- Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. 

- Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

- Mantenimiento y Servicios a la Producción. 

- Marítimo-Pesquera. 

- Instalación y Mantenimiento. 

- Textil, Confección y Piel. 

- Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos. 

- Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos (actualizado): 



Euros 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 51.730,62 

II. Gastos variables 6.985,59 

ANEXO V 

Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos 

para sostenimiento deCentros Concertados ubicados en 

las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, los 

importes anuales y desglose de los módulos económicos por 

unidad escolar en los Centros concertados de los distintos 

niveles y modalidades educativas ubicados en las ciudades 

de Ceuta y Melilla, quedan establecidos con efectos de 1 de 

enero, y hasta el 31 de diciembre de 2010 de la siguiente 

forma: 

III. Otros Gastos. 

Grupo 1 7.421,78 

Euros 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

132

1 

Euros 

Relación profesor / unidad: 1,17:1 


Gastos variables... 3.937,15 



ANEXO VI 

Costes de personal de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, el 

coste del personal docente (funcionario y contratado) y del 

personal de administración y servicios (funcionario y laboral 

fijo) tiene el siguiente detalle, en miles de euros, sin incluir 

trienios ni Seguridad Social. 

Personal Docente (funcionario y contratado) PGE 2010 

Euros 

Total 2010 (miles de euros) 57.460,26 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 


Personal no Docente (funcionario y laboral fijo) PGE 2010 

Total 2010 (miles de euros) 28.325,94 





EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

I. Primer y segundo curso (9) : 






I. Primer y segundo curso (10) : 






II. Tercer y cuarto curso: 






La cuantía del componente del módulo de «Otros Gastos» 

para las unidades concertadas en las enseñanzas de Educación 

Infantil, educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria, será incrementada en 1.181,09 euros en los 

Centros ubicados en Ceuta y Melilla, en razón del mayor 

coste originado por el plus de residencia del Personal de 

Administración y Servicios. 

Al personal docente de los Centros concertados ubicados 

en Ceuta y Melilla, se les abonará la cantidad correspondiente 

al plus de residencia establecido en el correspondiente Convenio 

Colectivo, si bien la Administración Educativa no asumirá 

incrementos superiores al porcentaje de incremento 

global fijado en la presente Ley de Presupuestos Generales 

del Estado. 

ANEXO VII 

Remanentes de crédito incorporables en el ejercicio 2010 

Podrán incorporarse a los créditos del ejercicio, los remanentes 

que se recogen a continuación: 

a) Los procedentes de los créditos que se hubieran habilitado 

de conformidad con el Real Decreto-ley 12/2009, de 13 

de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para 

paliar los daños producidos por los incendios forestales y 

otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades 

Autónomas. 

b) Los procedentes del crédito habilitado por el Real Decreto-ley 

9/2008, con destino al Fondo Especial del Estado 

para la Dinamización de la Economía y el Empleo. 

c) Los de los créditos 14.122A.02.65, 14.122A.03.65, 

14.122A.12.65, 14.122A.17.65, 14.122A.22.65, 

14.122A.107.65 y 14.122B.03.65 para la Modernización de 

las Fuerzas Armadas. 

d) El del crédito 17.453B.38.753 para inversiones del artículo 

12 de la Ley 19/1994, así como los que correspondan al 

superproyecto 1996.17.038.9500 «Convenio con la Comunidad 

Autónoma de Canarias» y al superproyecto 

2006.17.38.9601 «Convenio Consejos Insulares de Baleares», 

siempre que la suma de ambos sea inferior al que se 

produzca en el crédito 17.38.453B.60. 

e) Los procedentes de los créditos 18.322A.01.750 y 

18.322B.01.750 Plan Integral de Empleo de Canarias. 

f) El del crédito 19.291M.01.620 para adquisiciones y 

acondicionamiento de inmuebles afectos al Patrimonio Sindical 

Acumulado. 

g) Los de los créditos 20.423M.101.771, 

20.457M.101.751, 20.457M.101.761 y 20.457M.101.781 para 

reactivación económica de las comarcas mineras del carbón. 

h) El del crédito 23.452A.05.611 que corresponda a la 

anualidad establecida en el Convenio de colaboración suscrito 

entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino y la Comunidad Autónoma de Canarias para actuaciones 

de infraestructuras hidráulicas y de calidad de las 

aguas, siempre que sea inferior al remanente que se produzca 

en el crédito 23. 452A. 05.61. 

i) El del crédito 23.456A.05.601 que corresponda a la 




de infraestructuras hidráulicas y de calidad de las 

133

1 

aguas, siempre que sea inferior al remanente que se produzca 

en el crédito 23. 456A. 05.60. 

j) El del crédito 23.456D.06.601 que corresponda a la 




en las costas, siempre que sea inferior al remanente 

que se produzca en el crédito 23. 456D. 06.60. 

k) Los de los créditos 25.912M.01.226.11 «Gastos para la 

preparación de la Presidencia española de la UE» y 

25.912M.01.627 «Gastos para la preparación de la Presidencia 

española de la UE». 

l) El del crédito 26.311M.03.226.11 «Para gastos corrientes 

en bienes y servicios que se deriven de la infección humana 

por virus de la gripe A/H1N1» y el del crédito 

26.313B.07.226.11 «Para la adquisición de vacunas, antivirales 

y otras actuaciones relacionadas con la gripe A/H1N1». 

m) Los de la Sección 32, procedentes de las transferencias 

realizadas como consecuencia de los Reales Decretos de 

traspasos de servicios. 

n) En la Sección 33, los procedentes de los Fondos de 

Compensación Interterritorial, en los términos establecidos en 

la Ley 22/2001, de 27 de diciembre. 

ñ) En el Presupuesto de gastos del Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO), los créditos procedentes del 

Fondo de Ayuda a las Víctimas y afectados del atentado terrorista 

del 11 M del 2004 en las aplicaciones 3591-4875 

«Prestaciones Fondo 11 M» así como los intereses devengados 

por el citado Fondo. 

o) Los procedentes del crédito 17.441P.31.471, «Subvención 

al transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la 

Península y las Islas Canarias o entre éstas y la Península, 

así como el existente entre las Islas y el de exportación de las 

mismas a países extranjeros de acuerdo con la legislación 

vigente. Sin Financiación Comunitaria» y los procedentes del 

crédito 17.441P.31.473, «Subvención al transporte marítimo y 

aéreo de mercancías entre la Península y las Islas Canarias o 

entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas 

y el de exportación de las mismas a países extranjeros de 

acuerdo con la legislación vigente. Con Financiación Comunitaria». 

ANEXO VIII 

Bienes del Patrimonio Histórico Español 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 

trigésima novena de esta Ley, se especifican a continuación 

los bienes del Patrimonio Histórico a los que la 

misma es aplicable. 

Grupo I: Bienes singulares declarados patrimonio de la 

humanidad. 

Todos los bienes declarados de interés cultural integrados 

en la siguiente relación: 

Andalucía 

Mezquita de Córdoba (noviembre 1984). 

Alhambra y Generalife. Granada (noviembre 1984). 

Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla (diciembre 

1987). 

Parque Nacional de Doñana (1994). 

Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo 

de la Península Ibérica (diciembre 1998): 

Los Molinos I (Vélez Blanco, Almería). 

Los Molinos II (Vélez Blanco, Almería). 

Gabar (Vélez Blanco, Almería). 

Abrigo Central de Tello (Vélez Blanco, Almería). 

Abrigo de Manuel Vallejo (Quesada, Jaén). 

Aragón 

Arquitectura Mudéjar de Aragón (noviembre 1986 y diciembre 

de 2001): 

Torre e Iglesia de San Pedro (Teruel). 

Torres y artesonado, Catedral (Teruel). 

Torre de San Salvador (Teruel). 

Torre de San Martín (Teruel). 

Palacio de la Aljaferia (Zaragoza). 

Seo de San Salvador (Zaragoza). 

Iglesia de San Pablo (Zaragoza). 

Iglesia de Santa María (Tobed). 

Iglesia de Santa Tecla (Cervera de la Cañada). 

Colegiata de Santa María (Calatayud). 



Cueva de la Fuente del Trucho (Asque, Colunga, Huesca). 

Abrigo del plano del pulido (Caspe, Zaragoza). 

Cueva del Chopo (Obón, Teruel). 

Abrigo de Santa Ana I (Castillonroy, Huesca). 

Abrigos del Conjunto de las tajadas de Bezas (Bezas, Teruel). 

Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre de 

1993): 

Iglesia y torre de Aruej. 

Granja de San Martín. 

Pardina de Solano. 

Asturias 

Prerrománico Asturiano (diciembre 1985 y ampliación de 

2000): 

Santa María del Naranco. 

San Miguel de Lillo. 

Santa Cristina de Lena. 

San Salvador de Valdediós. 

Cámara Santa Catedral de Oviedo. 

San Julián de los Prados. 

Canarias 

Parque Nacional de Garajonay. Gomera (diciembre 1986). 

Parque Nacional del Teide. Tenerife (junio 2007). 

Cantabria 

Cueva de Altamira. Santillana del Mar (diciembre 1985). 


Catedral de Burgos (noviembre 1984). 

Iglesias extramuros de Ávila (diciembre 1985): 

San Pedro. 

San Vicente. 

San Segundo. 

San Andrés. 

134

1 

Las Médulas, León (diciembre 1997). 

El Yacimiento Arqueológico de la Sierra de Atapuerca (diciembre 

2000). 

Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 

1993): 

Iglesia de San Juan de Ortega. 

Monasterio de San Zoilo, Carrión de los Condes, Palencia. 

Iglesia Colegiata de San Isidoro, León. 




Conjunto de arte rupestre de Alpera, en el término municipal 

de Alpera (Albacete). 

Conjunto de arte rupestre de Minateda, en el término municipal 

de Hellín (Albacete). 

Conjunto de arte rupestre «Torcal de las Bojadillas», en el 

término municipal de Nerpio (Albacete). 

Abrigo de Solana de las Covachas, en el término municipal 

de Nerpio (Albacete). 

Conjunto de arte rupestre de Villar del Humo, en el término 

municipal de Villar del Humo (Cuenca). 

Cataluña 

Parque Güell, Palacio Güell, Casa Milá en Barcelona (noviembre 

1984). 

Monasterio de Poblet. Vimbodí. Tarragona (diciembre 

1991). 

Palau de la Música Catalana (diciembre 1997). 

Hospital de San Pau de Barcelona (diciembre 1997). 

El Conjunto arqueológico de Tarraco (diciembre 2000). 

Las Iglesias Románicas del Vall de Boí (diciembre 2000). 


de la Península Ibérica: (diciembre 1998): 

La Roca dels Moros (El Cogul, Les Garrigues). 

Conjunt Abrics d'Ermites de la Serra de la Pietat (Ulldecona, 

El Montsia). 

Cova dels Vilasos o dels Vilars (Os de Balaguer, La Noguera). 

Cabra Feixet (El Perelló, El Baix Ebre). 

La Vall de la Coma (L'Albí, Les Garrigues). 

Fachada de la Natividad y la Cripta de la Sagrada Familia, 

Casa Vicens, Casa Batlló y Cripta de la Colonia Güell (julio 

2005). 

Extremadura 

Monasterio de Guadalupe. Cáceres (diciembre 1993). 

Conjunto Arqueológico de Mérida. Badajoz (diciembre 

1993). 

Galicia 

La Muralla Romana de Lugo (diciembre 2000). 


1993): 

Conjunto etnográfico de pallozas en O'Cebrero, Lugo. 

Monasterio de Samos, Lugo. 

Núcleo rural, iglesia y puente medieval de Leboreiro, Melide, 

La Coruña. 

Madrid 

Monasterio de El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. 

Madrid (noviembre 1984). 

Paisaje Cultural de Aranjuez (diciembre 2001). 

Murcia 



Barranco de los Grajos (Cieza). 

Monte Arbi (Yecla). 

Cañaica del Calar (Moratalla). 

La Risca (Moratalla). 

Abrigo del Milano (Mula). 

Navarra 


1993): 

San Pedro de la Rúa, Estella. 

Santa María la Real, Sangüesa. 

Santa María, Viana. 

La Rioja 

Monasterios de Suso y Yuso, San Millán de la Cogolla. La 

Rioja (diciembre 1997). 


1993): 

Iglesia de Santiago, Logroño. 

Iglesia Imperial de Santa María de Palacio, Logroño. 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Navarrete. 

País Vasco 

Puente Vizcaya (julio 2006). 

Valencia 

La Lonja de Valencia, Valencia (diciembre 1996). 

El Palmeral de Elche (diciembre 2000). 



Cova Remigia (Ares del Maestra, Castellón). 

Galería Alta de la Masía (Morella, Castellón). 

Las Cuevas de la Araña (Bicorp, Valencia). 

La Sarga (Alcoi, Alicante). 

Grupo II. Edificios eclesiásticos incluidos en el Plan Nacional 

de Catedrales. 

Andalucía 

- Almería. Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación. 

- Cádiz. Catedral de Santa Cruz. 

- Cádiz. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la Frontera. 

Catedral. 

- Córdoba. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. 

Mezquita. 

- Granada. Catedral de la Anunciación. 

- Huelva. Nuestra Señora de la Merced. Catedral. 

- Guadix, Granada. Catedral de la Encarnación de la 

Asunción. 

- Jaén. Catedral de la Asunción de la Virgen. 

- Málaga. Catedral de la Encarnación. 

- Sevilla. Catedral de Santa María. 

- Concatedral de Baza. 

135

1 

- Cádiz Vieja. Ex-Catedral. 

- Baeza, Jaén. La Natividad de Nuestra Señora. Ex-Catedral. 

Aragón 

- Huesca. Catedral de la Transfiguración del Señor. 

- Teruel. El Salvador. Albarracín. Catedral. 

- Barbastro, Huesca. Catedral de Santa María. 

- Jaca, Huesca. Catedral de San Pedro Apóstol. 

- Teruel. Catedral de Santa María de Mediavilla. 

- Zaragoza. Salvador. Catedral. 

- Tarazona, Zaragoza. Catedral de Santa María. 

- Zaragoza. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 

- Monzón. Huesca. Santa María del Romeral. Concatedral. 

- Huesca. Ex Catedral de Roda de Isábena. 

Asturias 

- Oviedo. Catedral de San Salvador. 

Baleares 

- Mallorca. Catedral de Santa María de Palma. 

- Menorca. Catedral de Ciudadela. 

- Ibiza. Catedral de Santa María de Ibiza. 


- Ávila. Catedral del Salvador. 

- Burgos. Catedral de Santa María. 

- León. Catedral de Santa María. 

- Astorga, León. Catedral de Santa María. 

- Palencia. Catedral de San Antolín. 

- Salamanca. Catedral nueva de la Asunción de la Virgen. 

- Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa María. 

- Segovia. Catedral de Santa María. 

- Burgo de Osma, Soria. Catedral de la Asunción. 

- Valladolid. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 

- Zamora. Catedral de la Transfiguración. 

- Soria. Concatedral de San Pedro. 

- Salamanca. Catedral vieja de Santa María. 


- Albacete. Catedral de San Juan Bautista. 

- Ciudad Real. Catedral de Santa María del Prado. 

- Cuenca. Catedral de Santa María y San Julián. 

- Sigüenza, Guadalajara. Catedral de Nuestra Señora. 

- Toledo. Catedral de Santa María. 

- Guadalajara. Concatedral. 

Canarias 

- Las Palmas de Gran Canaria. Catedral Basílica de Canarias. 

Iglesia de Santa Ana. 

- La Laguna. Catedral de La Laguna, Iglesia de Nuestra 

Señora de los Remedios. 

Cataluña 

- Barcelona. Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia. 

- Vic. Catedral de Sant Pere. 

- Girona. Catedral de Santa María. 

- Lleida. Catedral de Santa María de la Seu Nova. 

- La Seu d'Urgell. Catedral de Santa María. 

- Solsona. Catedral de Santa María. 

- Tarragona. Catedral de Santa María. 

- Tortosa. Catedral de Santa María. 

- Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Vella. 

- Sagrada Familia, Barcelona. 

Cantabria 

- Santander. Catedral de la Asunción de la Virgen. 

Extremadura 

- Badajoz. Catedral de San Juan Bautista. 

- Coria, Cáceres. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. 

- Plasencia, Cáceres. Catedral de Santa María. 

- Cáceres. Concatedral de Santa María. 

- Mérida. Concatedral de Santa María. 

Galicia 

- Santiago de Compostela, Coruña. Catedral Basílica Metropolitana. 

- Lugo. Catedral de Santa María. 

- Mondoñedo, Lugo. Catedral de Nuestra Señora de los 

Remedios. 

- Orense. Catedral de San Martín. 

- Tuy, Pontevedra. Catedral de la Asunción. 

- Concatedral de Vigo. 

- Concatedral de Ferrol. 

- San Martiño de Foz, Lugo. 

Madrid 

- Madrid. La Almudena. Catedral. 

- Alcalá de Henares. La Magistral. Catedral. 

- Getafe. Santa María Magdalena. Catedral. 

- San Isidro, Madrid. Ex-Catedral. 

Murcia 

- Cartagena. Iglesia Antigua de Santa María Catedral. 

- Murcia. Concatedral de Santa María. 

Navarra 

- Pamplona. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. 

- Tudela. Virgen María. Catedral. 

País Vasco 

- Bilbao. Catedral de Santiago Apóstol. 

- Vitoria. Catedral vieja de Santa María. 

- San Sebastián. Buen Pastor. Catedral. 

La Rioja 

- Calahorra. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. 

- Santo Domingo de la Calzada. Catedral del Salvador. 

- Logroño. Concatedral de Santa María de la Redonda. 

Valencia 

- Orihuela, Alicante. Catedral del Salvador y Santa María. 

- Valencia. Catedral de San Pedro y Santa María. 

- Castellón. Segorbe. Catedral. 

- Alicante. Concatedral de San Nicolás. 

- Castellón. Santa María. Concatedral. 

Ceuta 

- La Asunción. Catedral. 

136

1 

Grupo III. Otros bienes culturales. 

Andalucía 

Zona arqueológica de Madinat Azhara. Córdoba. 

Aragón 

Palacio de Villahermosa e Iglesias en Pedrola, Zaragoza. 

Asturias 

Monasterio de San Salvador de Cornellana. Salas. 

Baleares 

La Lonja de Palma. 

Canarias 

Convento de Santa Clara, San Cristóbal de La Laguna 

(Tenerife). 

Cantabria 

Universidad Pontificia de Comillas. 


Yacimiento de la Villa romana de Noheda. Villar de Domingo 

García (Cuenca). 


Convento de San Antonio el Real, Segovia. 

Cataluña 

Murallas de Tarragona. 

Extremadura 

Monasterio de Guadalupe (Cáceres). 

Galicia 

Monasterio de Sobrado Dos Monxes (A Coruña). 

Madrid 

Conjunto palacial de Nuevo Baztán. 

Murcia 

Museo Anfiteatro de Arte Contemporáneo de Cartagena. 

Navarra 

Conjunto Histórico de Roncesvalles. 

País Vasco 

Basílica de San Prudencio. Barrio de Armentia. Vitoria- 

Gasteiz. 

La Rioja 

Muralla de Briones. 

Valencia 

Monasterio de Santa María de la Valldigna. Simat de Valldigna. 

Valencia. 

Ceuta 

Fortines neomedievales y Puerta califal del siglo XI. 

Melilla 

Fuerte de Victoria Chica y Fuerte del Rosario. Melilla. 

ANEXO IX 

Compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios 

futuros 

Se autoriza a adquirir compromisos de gasto que se extiendan 

a ejercicios futuros en los términos que a continuación 

se indican: 

Sección 20.: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Servicio u Organismo: 101 Instituto para la Reestructuración 

de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras. 

Concepto Presupuestario 

Anualidades e importes en miles de euros 

2011 2012 2013 2014 

Máximo de compromisos 

en el periodo 

20.101.423M.741 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

20.101.423M.771 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,00 

20.101.423M.772 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 

20.101.457M.742 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 

20.101.457M.751 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 

20.101.457M.761 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 

20.101.457M.781 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 

ANEXO X 

Cuantía a incluir en la paga extraordinaria de los 

Miembros de la Carrera Judicial y de la Carrera Fiscal del 

artículo 32.Uno de esta Ley 

Miembros de la Carrera Judicial 

Presidente Audiencia Nacional (no Magistrado del Tribunal 

Supremo) 

Presidentes de Sala Audiencia Nacional (no Magistrados 

Tribunal Supremo) 

Magistrado Audiencia Nacional (no Magistrado del Tribunal 

Supremo) 

Grupo de 

población 

Cuantía en € a incluir 

en cada paga 

extraordinaria 

1 4.958,78 

1 3.816,59 

1 3.752,75 

Magistrado Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 1 3.752,75 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 1 3.752,75 

Presidentes Sala y Magistrados Tribunal Superior de Justicia 

1 3.752,75 

Presidentes y Magistrados Audiencia Provincial 1 3.702,59 

Jueces Centrales y Magistrados de órganos unipersonales 1 3.201,06 

Presidente Tribunal Superior de Justicia 2 3.705,09 


2 3.413,15 


Magistrados de los órganos unipersonales 2 2.861,48 

Presidente Tribunal Superior de Justicia 3 3.659,48 


3 3.305,96 


Magistrados de órganos unipersonales 3 2.754,24 


Magistrados de órganos unipersonales 4 2.534,36 

Jueces 5 1.972,63 

137

1 

Miembros de la Carrera Fiscal 

Grupo de 

población 


en cada paga 


Teniente Fiscal y Fiscales de Fiscalía del Tribunal Constitucional 

1 3.809,94 

Fiscales de Fiscalía del Tribunal Supremo 1 3.809,94 

Teniente Fiscal y Fiscales de la Fiscalía de Audiencia Nacional 

1 3.752,75 

Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma 1 3.752,75 

Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma 1 3.752,75 

Teniente Fiscal y Fiscales de la Fiscalía del Tribunal de 

Cuentas 

1 3.752,75 

Miembros de la Carrera Fiscal 

Grupo de 

población 


en cada paga 


Fiscal Jefe de Fiscalía de Área (excepto donde exista 

4 3.027,29 

sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la 

capital de provincia) 

Fiscales coordinadores 4 2.940,83 

Fiscales Decanos de las secciones territoriales de la Fiscalía 

4 2.940,83 

Provincial 

Resto de destinos de la segunda categoría de fiscales 4 2.534,36 

Resto destinos correspondientes a la tercera categoría de 

fiscales 

5 1.972,63 

Teniente Fiscal Inspector e Inspectores Fiscales Fiscalía 

G. del Estado 

Teniente Fiscal y Fiscales de la Fiscalía General del Estado 

Teniente Fiscal, Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía 

Especial para la prevención y represión del Tráfico 

ilegal de Drogas 

Teniente Fiscal, Fiscales y Abogados Fiscales de la Fiscalía 

Especial para la represión de los delitos económicos 

relacionados con la corrupción 

1 3.752,75 

1 3.752,75 

1 3.752,75 

1 3.752,75 

ANEXO XI 

Cuantía a incluir en la paga extraordinaria de los 

Miembros de los cuerpos de secretarios judiciales y de 

los cuerpos de funcionarios al servicio de la 

administración de justicia 

Secretarios Judiciales 

Grupo conforme 

al incluir en cada 

Cuantía en € a 

Anexo II.1 del paga extraordinaria 

R.D.1130/03 

Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de Fiscalía Provincial 1 3.702,59 



1 3.616,14 

Provincial 

Resto de Fiscales de segunda categoría 1 3.201,06 

Fiscal Superior de Comunidad Autónoma 2 3.705,09 

Teniente Fiscal de Fiscalía de Comunidad Autónoma 2 3.413,15 

Fiscales Jefes y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial 

2 3.363,00 

Secretarios del Tribunal Supremo 1 1.088,66 

Secretario de gobierno de la Audiencia Nacional 1 1.088,66 

Secretarios de la Audiencia Nacional 1 1.032,80 

Secretarios del Tribunal Superior de Justicia 1 1.032,80 

Secretario coordinador provincial y Secretario de la Audiencia 

1 1.019,60 

Provincial 

Secretario de órgano unipersonal, de órganos no jurisdiccionales 

1 914,19 

y registros civiles y de juzgados centrales 

Secretarios del Tribunal Superior de Justicia 2 929,81 


2 3.363,00 





Provincial 

Secretario de órgano unipersonal, órganos no jurisdiccionales 

y registros civiles 

2 916,52 

2 811,14 


2 3.276,56 

Provincial 


Secretarios del Tribunal Superior de Justicia 3 902,49 


3 889,21 

Provincial. 

Fiscal Superior de Comunidad Autónoma 3 3.659,48 

Teniente Fiscal de Fiscalía de Comunidad Autónoma 3 3.305,96 



3 3.255,81 





3 3.169,36 

Provincial 



Secretario órgano unipersonal, órganos no jurisdiccionales 

y registros civiles 


Provincial. 

Resto de destinos de la segunda categoría de secretarios 

judiciales 

Destinos correspondientes a la tercera categoría de secretarios 

judiciales 

3 783,85 

4 884,88 

4 779,52 

5 565,42 

138

1 

Cuerpo o escala 

Grupo conforme al 

artículo 7.º R.D. 

1909/2000 


en cada paga 


De Gestión procesal y Administrativa. I 425,50 

II 397,81 

III 383,97 

IV 370,18 

De Tramitación Procesal y Administrativa. I 388,58 

II 360,81 

III 346,96 

IV 333,13 

De Auxilio Judicial. I 332,80 

II 305,17 

III 291,34 

Cuerpo de Médicos Forenses y Cuerpo de Facultativos 


Forenses 

Subdirector de Institutos de Medicina Legal con 

competencias pluriprovinciales 


competencias uniprovinciales o de ámbito inferior 


competencias uniprovinciales o de ámbito inferior 

Jefaturas de Servicio de Institutos de Medicina Legal 

e I.N.T y C.F. y sus Departamentos 





Jefaturas de Sección de Institutos de Medicina Legal 

e Instituto Nac. de Toxicología y C.F. 

Grupo conforme al Cuantía en € a incluir 

art. 7.º R.D. 

en cada paga 

1909/2000 extraordinaria 

III 787,45 

II 768,08 

III 748,73 

I 787,45 

II 768,08 

III 748,73 

I 748,73 

IV 277,48 

Jefaturas de Sección de Institutos de Medicina Le- 

II 729,31 

De Técnicos especialistas del Instituto Nacional de 

I 425,50 

gal e I.N.T y C.F. 

Toxicología y Ciencias Forenses. 

De Ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional 

de Toxicología y Ciencias Forenses. 

II 397,81 

III 383,97 

I 388,58 

II 360,81 

Jefaturas de Sección de Institutos de Medicina Legal 

e Instituto Nac. de Toxicología y C.F. 

Médicos Forenses y Técnicos Facultativos del I.N.T 

y C.F. 


III 709,93 

I 632,43 

II 613,08 

III 346,96 

y C.F. 

Secretarios de Paz (a extinguir). IV 462,65 

Cuerpo de Médicos Forenses y Cuerpo de Facultativos 


Forenses 

Grupo conforme al 

art. 7.º R.D. 

1909/2000 


en cada paga 


Director del Instituto Nacional de Toxicología y C.F. I 864,96 

Director del Instituto de Medicina Legal de Madrid o 

Barcelona, o Institutos con competencias pluriprovinciales 

I 864,96 


y C.F. 

Médicos Forenses en Registros Civiles (R.D. 

181/93, de 9 de febrero, disposición adicional 2ª) 





III 593,65 

I 145,44 

II 106,62 

III 87,24 

Director de Institutos de Medicina Legal con competencias 

pluriprovinciales 


pluriprovinciales 

Director de Departamento de Institutos Nac. de Toxicología 

y C.F. 

II 845,58 

III 826,22 

I 826,22 

Médicos Forenses con régimen transitorio de integración 

y retributivo 

Director regional de Inst. Anatómico Forense o de 

Clínica Médico Forense (En agrupaciones de Juzgados 

alguno de los cuales esté servido por Magistrado 

o que conjuntamente con Juzgado sean 

Grupo artículo 7º Cuantía en € a incluir 

en cada paga 

R.D. 1909/2000 


I 823,66 

II 804,28 

III 784,90 

Director de Departamento de Institutos Nac. de To- 

II 806,83 

titulares de especialidad o cargo directivo). 

xicología y C.F. 


I 804,28 


uniprovinciales o de ámbito inferior 

Director de Inst. de Medicina Legal con competencias 

uniprovinciales o de ámbito inferior 

Subdirector de Instituto de Medicina Legal de Madrid 

o Barcelona, y Director con competencias pluriprovinciales 

II 806,83 

III 787,45 

I 826,22 

Clínica Médico Forense (En agrupaciones no incluidas 

en el apartado anterior). 

Director provincial de Inst. Anatómico Forense o de 


alguno de los cuales esté servido por Magistrado 

o que conjuntamente con Juzgado sean 


II 784,90 

III 765,57 

I 784,90 

II 765,57 

III 746,20 


II 806,83 

competencias pluriprovinciales 

139

1 

Médicos Forenses con régimen transitorio de integración 

y retributivo 

Grupo artículo 7º 

R.D. 1909/2000 


en cada paga 



I 765,57 


II 746,20 


III 726,81 

Jefe de servicio de Inst. Anatómico Forense o de 

I 746,20 


II 726,81 

alguno de los cuales esté servido por Magis- 

trado o que conjuntamente con Juzgado sean 

III 707,43 



I 726,81 


II 707,43 


III 688,05 

Jefe de Sección de Inst. Anatómico Forense o de 

I 707,43 


II 688,05 

alguno de los cuales esté servido por Magis- 

trado o que conjuntamente con Juzgado sean 

III 668,62 



I 688,05 


II 668,62 


III 649,25 

Médico Forense (En agrupaciones de Juzgados alguno 

I 629,92 

de los cuales esté servido por Magistrado o que 

II 610,54 

conjuntamente con Juzgado sean titulares de especialidad 

o cargo directivo). 

III 591,15 

Médico Forense (En agrupaciones no incluidas en el I 610,54 

apartado anterior). 

II 591,15 

III 571,78 

Médicos Forenses con régimen de jornada normal. Grupo artículo 7.º 

R.D. 1909/2000 


en cada paga 



I 562,11 

Clínica Médico Forense. 

II 542,72 

III 523,34 


I 523,34 


II 503,95 

III 484,58 


I 484,58 


II 465,13 

III 445,76 


I 445,76 


II 426,38 

III 407,06 

Médicos Forenses. I 368,31 

II 348,93 

III 329,48 

ANEXO XII 

Fundaciones del Sector Público Estatal 

Fundación AENA. 

Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación. 

Fundación Almadén-Francisco Javier Villegas. 

Fundación Biodiversidad. 

Fundación Canaria Puertos de las Palmas. 

Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales 

(CECO). 

Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. 

Fundación Centro Nacional de Investigación Oncológica 

Carlos III. 

Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación Basadas 

en Fuentes Abiertas (CENATIC). 

Fundación Centro Nacional del Vidrio. 

Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo 

(CETAL). 

Fundación Ciudad de la Energía. 

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. 

Fundación Colegios Mayores MAE-AECI. 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

Fundación del Teatro Real. 

Fundación EFE. 

Fundación ENRESA. 

Fundación Escuela de Organización Industrial. 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 

Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. 

Fundación General de la UNED. 

Fundación General Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo. 

Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y 

Ciencias del Mar. 

Fundación ICO. 

Fundación Instituto de Cultura Gitana. 

Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos 

III. 

Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. 

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 

y Políticas Públicas. 

Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara. 

Fundación Laboral SEPI. 

Fundación Museo Lázaro Galdiano. 

Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla. 

Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 

(OPTI). 

Fundación Observatorio Español de Acuicultura. 

Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas 

Mineras del Carbón. 

Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica 

y Proteónica. 

140

1 

Fundación Española para la Cooperación Internacional, 

Salud y Política Social. 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades 

Españolas (UNIVERSIDAD.ES). 

Fundación Pluralismo y Convivencia. 

Fundación Real Casa de la Moneda. 

Fundación Residencia de Estudiantes. 

Fundación SEPI. 

Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje-Sima. 

Fundación Transporte y Formación. 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

Fundación Víctimas del Terrorismo. 

ANEXO XIII 

Entidades del Sector Público Administrativo 

Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red 

(CAIBER). 

Consorcio para la Creación, Construcción, Equipamiento y 

Explotación del Barcelona Supercomputing Center-Centro 

Nacional de Supercomputación. 

Consorcio Casa Sefarad-Israel. 

Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios 

Árabes y del Mundo Musulmán. 

Consorcio Ciudad de Cuenca. 

Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela. 

Consorcio Ciudad de Toledo. 

Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). 

Comisión Nacional de la Energía (CNE). 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Comisión Nacional del Sector Postal. 

Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, 

Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, 

Consorcio Aletas. 

Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio 

Subterráneo de Canfranc. 

Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC). 

Entidades Públicas Empresariales y Organismos Públicos 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). 

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). 

Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). 

Consorcio de la Zona Especial de Canarias (CZEC). 

Consorcio para la Construcción del Auditorio de Música de 

Málaga. 

Consorcio Valencia 2007. 

Consorcio Zona Franca Cádiz. 

Consorcio Zona Franca Gran Canaria. 

Consorcio Zona Franca Vigo. 

Ente Público RTVE en liquidación. 

Entidad Pública Empresarial Red.es (RED.ES). 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 

Moneda (FNMT-RCM). 

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 

Gerencia del Sector de la Construcción Naval. 

Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE). 

Loterías y Apuestas del Estado (LAE). 

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. 

RENFE-Operadora. 

SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo (EPE SUE- 

LO). 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASE- 

MAR). 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

ANEXO XIV 

Instalaciones científicas 

Instalaciones científicas a las que se refiere la disposición 

adicional trigésima novena de esta Ley. 

Plataforma solar de Almería. 

Centro astronómico de Calar Alto. 

Radio Telescopio del Instituto de Radioastronomía Milimétrica 

en el pico Veleta. 

Reserva Científica de Doñana. 

Observatorio del Teide. 

Observatorio del Roque de los Muchachos. 

Centro astronómico de Yebes. 

Centro de Computación y Comunicaciones de Cataluña 

(CESCA). 

Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear del Parque 

Científico de Barcelona. 

Sala Blanca del Centro Nacional de Microelectrónica. 

Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de 

Supercomputación (BSC-CNS). 

Canal de Investigación y Experimentación Marítima 

(CIEM). 

Dispositivo de Fusión Termonuclear TJ-II del CIEMAT. 

Instalación de alta seguridad biológica del CISA (INIA). 

Instalaciones singulares de ingeniería civil en el CEDEX. 

Red IRIS de servicios telemáticos avanzados. 

Central de Tecnología del Instituto de Sistemas Opto-electrónicos 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CE- 

HIPAR). 

Buque de investigación Oceanográfica Cornide de Saavedra. 

Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides. 

Bases antárticas españolas Juan Carlos I y Gabriel de 

Castilla. 

Laboratorio Subterráneo de Canfranc. 

Gran Telescopio CANARIAS. 

Laboratorio de Luz Sincrotrón Alba. 

Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa. 

Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 

(CENIEH). 

Centro Nacional de Aceleradores. 

141

1 

Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 

(CIMNE). 

Centro de Microscopía de la Universidad Complutense de 

Madrid y Unidad de Microscopía del Centro Nacional de Biotecnología 

(CNB-CSIC). 

Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). 

Nodo de la Red Española de Supercomputación en la Universidad 

de Valencia. 


de Málaga. 


de Cantabria. 


Politécnica de Madrid. 

Nodo de la Red Española de Supercomputación en el Instituto 

de Astrofísica de Canarias. 

Nodo de la Red Española de Supercomputación en el Instituto 

de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos 

(BIFI) de la Universidad de Zaragoza. 

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). 

Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). 

Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SO- 

CIB). 

Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del 

Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNETHPC). 

Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos 

(CLPU). 

Consorcio ESS-Bilbao. 

ANEXO XV 

Operaciones del Ente Público RTVE en liquidación a 

asumir por el Estado en el Ejercicio 2010 

Operación Agente de pagos Vencimiento Importe (euros) 

Bonos. Caja Madrid. 29/04/2010 1.500.000.000 

Total 1.500.000.000 

Notas 

(1) No se ha incorporado a los estados de gastos la enmienda 256 del Congreso 

por no estar definidos los proyectos de baja. 

(2) Este límite no afectará a las operaciones de tesorería que se concierten y 

amorticen dentro del año, ni a la refinanciación de la deuda contraída a corto y 

largo plazo. 

(3) Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a largo 

plazo con entidades de crédito, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2010. 

(4) Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a corto y 

largo plazo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 

(5) Concertación préstamos a promotor destinados a financiación de la edificación 

de viviendas protegidas. 

(6) Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de competencias educativas, 

podrán adecuar los módulos de Personal Complementario de Educación Especial, 

a las exigencias derivadas de la normativa aplicable en cada una de 

ellas. 

(7) A los maestros que imparten 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria y 

con el fin de lograr la progresiva equiparación con los maestros de la enseñanza 

pública de los mismos cursos, las Administraciones Educativas abonarán 

en 2010 el 100% del complemento que para esta finalidad se les abona a 

los maestros de la enseñanza pública. 

(8) A los licenciados que impartan 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria y 

con el fin de lograr una progresiva equiparación salarial con los que imparten 

3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, se les aplicará el módulo indicado. 

(9) A los maestros que imparten 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

se les abonará en el año 2010 la misma cuantía que se establezca para 

los maestros de los mismos cursos en los centros públicos. 

(10) A los licenciados que impartan 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria 

se les aplicará este módulo. 

142

2 

2.- 


Artículo primero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo ............................................................................ 145 

Artículo segundo. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación 

de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio ............................................ 148 

Disposición adicional única. ........................................................................................................................ 148 

Disposición transitoria única. ....................................................................................................................... 148 

Disposición final única. ............................................................................................................................... 149 

143

2 

2 

REAL DECRETO 2004/2009, de 23 de 

diciembre 


"Por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 

439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el 

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 

de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 

normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 

tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 

julio, y se establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y 

revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes 

especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca 

del Impuesto sobre el Valor Añadido." 

organismo 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

materia 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS; 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO GENERAL DE 

LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 

GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA; 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO IMPUESTO 

SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

El Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de 

impulso a la actividad económica, introdujo una nueva deducción 

en la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas de hasta 400 euros aplicable a los contribuyentes 

que obtuvieran rendimientos del trabajo o de actividades 

económicas. 

Posteriormente, el Real Decreto 861/2008, de 23 de mayo, 

por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta 

sobre los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, 

realizó las modificaciones necesarias en el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 

por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para que 

la nueva deducción minorase el importe de los pagos a 

cuenta a efectuar por los beneficiarios de la misma. 

El mantenimiento de la citada deducción a partir del período 

impositivo 2010 sólo para los contribuyentes de rentas bajas 

obliga a efectuar las modificaciones correspondientes en el 

Reglamento del Impuesto para introducir las nuevas reglas 

que permitan determinar el importe de las retenciones a 

practicar a los perceptores de rendimientos del trabajo y los 

pagos fraccionados a efectuar por empresarios y profesionales. 

Además, se incorporan al texto reglamentario los nuevos 

tipos de retención aprobados para el año 2010. 

Por otra parte, se modifica el Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 

de aplicación de los tributos, aprobado por Real 

Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se establecen para el 

año 2010 los nuevos plazos de renuncias y revocaciones al 

método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado 

y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

El real decreto se estructura en dos artículos, una disposición 

adicional, una disposición transitoria y una disposición 

final. 

El artículo primero modifica el Reglamento del Impuesto 


En primer lugar, se introducen diversos cambios en el procedimiento 

general para determinar el importe de la retención, 

de forma que se tome en consideración la supresión 

gradual de la citada deducción. A tal efecto, se introduce un 

nuevo artículo 85 bis en el Reglamento del Impuesto al objeto 

de determinar el importe de la deducción por obtención de 

rendimientos del trabajo. Como consecuencia de lo anterior, 

se modifica el artículo 81.1 del Reglamento del Impuesto para 

establecer los nuevos límites excluyentes de la obligación de 

retener, y los artículos, 85.3, 86.1, y 87.3 del Reglamento del 

Impuesto, que se remiten al nuevo importe de la deducción 

anteriormente indicado. 

En segundo lugar, se modifican los artículos 90.1, 96, 99, 

100 y 101.2 del Reglamento del Impuesto como consecuencia 

de la elevación legal del 18 al 19 por ciento del tipo de retención 

aplicable a los rendimientos del capital mobiliario, 

ganancias patrimoniales sujetas a retención, arrendamiento o 

subarrendamiento de inmuebles urbanos y a otras rentas a 

que se refiere el artículo 75.2.b) de este Reglamento, así 

como el artículo 107 del Reglamento del Impuesto que establece 

el tipo del ingreso a cuenta que debe practicarse en el 

supuesto contemplado por el apartado 8 del artículo 92 de la 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 


de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

En tercer lugar, se modifica el artículo 110 del Reglamento 

del Impuesto para adaptar el cálculo de los pagos fraccionados 

a efectuar por empresarios y profesionales al nuevo importe 

de la deducción por obtención de rendimientos del 

trabajo y de actividades económicas. 

Para la realización de las citadas modificaciones se dispone 

de la oportuna habilitación contenida en los artículos 92.8, 

99.7, 101.1 y disposición final séptima de la indicada Ley 

35/2006. 

El artículo segundo modifica el Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 


de aplicación de los tributos con el objeto de 

facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de sus 

obligaciones, ampliándose, mediante este real decreto, la 

obligación que recae sobre las entidades intervinientes en la 

financiación de bienes inmuebles, de informar a la Administración 

tributaria sobre las cantidades percibidas del prestatario 

también en concepto de otros gastos derivados de la 

financiación, al margen de los intereses. Por otra parte, se 

pospone hasta el año 2012, para todos los sujetos pasivos 

que no estén inscritos en el registro de devolución mensual 

del Impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto General 

Indirecto Canario, la entrada en vigor de la obligación de 

presentar electrónicamente la información de los libros regis- 

144

2 

tro de dichos impuestos contenida en el artículo 36 del citado 

Reglamento. 

A través de la disposición adicional única se establece una 

modificación en la obligación de informar acerca de préstamos 

y créditos que vincula a las entidades que se dedican al 

tráfico bancario o crediticio, de forma que sólo tendrán que 

informar, para el año 2009, respecto de los saldos a que se 

refiere dicha obligación cuando su cuantía sea superior a 

6.000 euros. 

Por último, habida cuenta de que la orden ministerial por la 

que se desarrollan para el año 2010 el método de estimación 

objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido se publicará una vez iniciado el ejercicio 2010, es 

necesario establecer un plazo especial de renuncias o revocaciones 

con el fin de que los sujetos pasivos de estos impuestos 

puedan optar por la aplicación de lo dispuesto en la 

citada orden una vez que ésta se haya publicado. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Economía y 

Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 

del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 

de diciembre de 2009, 

DISPONGO: 

Artículo primero. Modificación del Reglamento del Impuesto 


el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.— Se introducen 

las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto 


el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo: 

Uno. El apartado 1 del artículo 81 queda redactado de la 


«1. No se practicará retención sobre los rendimientos del 

trabajo cuya cuantía, determinada según lo previsto en el artículo 

83.2 de este Reglamento, no supere el importe anual 

establecido en el cuadro siguiente en función del número de 

hijos y otros descendientes y de la situación del contribuyente: 

Situación del contribuyente 

1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 

legalmente 

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas 

superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las 

exentas 

Número de hijos y otros descendientes 

0 

– 

Euros 

1 

– 

Euros 

2 o más 

– 

Euros 

– 13.662 15.617 

13.335 14.774 16.952 

3.ª Otras situaciones 11.162 11.888 12.519 

A efectos de la aplicación de lo previsto en el cuadro anterior, 

se entiende por hijos y otros descendientes aquéllos que 

dan derecho al mínimo por descendientes previsto en el artículo 

58 de la Ley del Impuesto. 

En cuanto a la situación del contribuyente, ésta podrá ser 

una de las tres siguientes: 

1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 

legalmente. Se trata del contribuyente soltero, viudo, divorciado 

o separado legalmente con descendientes, cuando 

tenga derecho a la reducción establecida en el artículo 

84.2.4.º de la Ley de Impuesto para unidades familiares monoparentales. 

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores 

a 1.500 euros, excluidas las exentas. Se trata del contribuyente 

casado, y no separado legalmente, cuyo cónyuge 

no obtenga rentas anuales superiores a 1.500 euros, excluidas 

las exentas. 

3.ª Otras situaciones, que incluye las siguientes: 

a) El contribuyente casado, y no separado legalmente, 

cuyo cónyuge obtenga rentas superiores a 1.500 euros, excluidas 

las exentas. 

b) El contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 

legalmente, sin descendientes o con descendientes a su 

cargo, cuando, en este último caso, no tenga derecho a la 

reducción establecida en el artículo 84.2.4.º de la Ley del 

Impuesto por darse la circunstancia de convivencia a que se 

refiere el párrafo segundo de dicho apartado. 

c) Los contribuyentes que no manifiesten estar en ninguna 

de las situaciones 1.ª y 2.ª anteriores.» 

Dos. El apartado 3 del artículo 85 queda redactado de la 


«3. Cuando el contribuyente obtenga una cuantía total de 

retribución, a la que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento, 

no superior a 22.000 euros anuales, la cuota de 

retención, calculada de acuerdo con lo previsto en los apartados 

anteriores, tendrá como límite máximo el resultado de 

sumar a la cuantía de la deducción a que se refiere el artículo 

85 bis de este Reglamento el importe resultante de aplicar el 

porcentaje del 43 por ciento a la diferencia positiva entre el 

importe de la cuantía total de retribución y el que corresponda, 

según su situación, de los mínimos excluidos de retención 

previstos en el artículo 81 de este Reglamento.» 

Tres. Se introduce un nuevo artículo 85 bis, con la siguiente 

redacción: 

«Artículo 85 bis. Deducción por obtención de rendimientos 

del trabajo para calcular el tipo de retención.— La deducción 

por obtención de rendimientos del trabajo para calcular 

el tipo de retención se determinará con arreglo a lo dispuesto 

en el apartado 1 del artículo 80 bis de la Ley del Impuesto. 

Para el cómputo de dicha deducción, el pagador deberá tener 

en cuenta la base para calcular el tipo de retención en lugar 

de la base imponible del impuesto.» 

Cuatro. El apartado 1 del artículo 86 queda redactado de la 


«1. El tipo de retención, que se expresará con dos decimales, 

se obtendrá multiplicando por 100 el cociente obtenido 

de dividir la diferencia positiva entre el importe previo de la 

retención y la cuantía de la deducción a que se refiere el artículo 

85 bis de este Reglamento, por la cuantía total de las 

retribuciones a que se refiere el artículo 83.2 del presente 

Reglamento. 

Se entenderá por importe previo de la retención el resultante 

de aplicar el tipo previo de retención a la cuantía total de 

las retribuciones a que se refiere el artículo 83.2 del presente 

Reglamento. 

El tipo previo de retención será el resultante de multiplicar 

por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota de retención 

por la cuantía total de las retribuciones a que se refiere el artículo 

83.2 de este Reglamento, expresándose en números 

enteros. En los casos en que el tipo previo de retención no 

sea un número entero, se redondeará por defecto si el primer 

145

2 

decimal es inferior a cinco, y por exceso cuando sea igual o 

superior a cinco. 

Cuando fuese cero o negativa la diferencia entre la base 

para calcular el tipo de retención y el mínimo personal y familiar 

para calcular el tipo de retención, o la diferencia entre 

el importe previo de la retención y la cuantía de la deducción 

a que se refiere el artículo 85 bis de este Reglamento, el tipo 

de retención será cero. 

Cuando la cuantía total de las retribuciones a la que se refiere 

el artículo 83.2 de este Reglamento sea inferior a 

33.007,2 euros y el contribuyente, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 88.1 de este Reglamento, hubiese comunicado 

a su pagador que destina cantidades para la 

adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando 

financiación ajena por las que vaya a tener derecho a la deducción 

por inversión en vivienda habitual regulada en el artículo 

68.1 de la Ley del Impuesto, el tipo de retención se 

reducirá en dos enteros, sin que pueda resultar negativo 

como consecuencia de tal minoración.» 

Cinco. El apartado 3 del artículo 87 queda redactado de la 


«3. La regularización del tipo de retención se llevará a 

cabo del siguiente modo: 

a) Se procederá a calcular un nuevo importe previo de la 

retención a que se refiere el artículo 86 de este Reglamento, 

de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 82 

de este Reglamento, teniendo en cuenta las circunstancias 

que motivan la regularización. 

b) Este nuevo importe previo de la retención se minorará 

en la cuantía de la deducción a que se refiere el artículo 85 

bis de este Reglamento, así como en la cuantía de las retenciones 

e ingresos a cuenta practicados hasta ese momento. 

En el supuesto de haberse reducido previamente el tipo de 

retención por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo 

del apartado 1 del artículo 86 de este Reglamento, se tomará 

por cuantía de las retenciones e ingresos a cuenta practicados 

hasta ese momento la que hubiese resultado de no haber 

tomado en consideración dicha minoración. 

En el supuesto de contribuyentes que adquieran su condición 

por cambio de residencia, del nuevo importe previo de la 

retención se minorará la cuantía de la deducción a que se 

refiere el artículo 85 bis de este Reglamento, y las retenciones 

e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes practicadas durante el período impositivo en el 

que se produzca el cambio de residencia, así como las cuotas 

satisfechas por este Impuesto devengadas durante el período 

impositivo en el que se produzca el cambio de residencia. 

c) El nuevo tipo de retención se obtendrá multiplicando por 

100 el cociente obtenido de dividir la diferencia resultante de 

la letra b) anterior entre la cuantía total de las retribuciones a 

las que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento que 

resten hasta el final del año y se expresará con dos decimales. 

Cuando fuese cero o negativa la diferencia entre la base 

para calcular el tipo de retención y el mínimo personal y familiar 

para calcular el tipo de retención, o la diferencia entre 

el nuevo importe previo de la retención y la cuantía de la deducción 

a que se refiere el artículo 85 bis de este Reglamento, 

el tipo de retención será cero. 

En este caso no procederá restitución de las retenciones 

anteriormente practicadas, sin perjuicio de que el perceptor 

solicite posteriormente, cuando proceda, la devolución de 

acuerdo con lo previsto en la Ley del Impuesto. 

Lo dispuesto en este párrafo se entenderá sin perjuicio de 

los mínimos de retención previstos en el artículo 86.2 de este 

Reglamento. 

En el supuesto previsto en el último párrafo del apartado 1 

del artículo 86 de este Reglamento, el nuevo tipo de retención 

se reducirá en dos enteros, sin que pueda resultar negativo 

como consecuencia de tal minoración.» 

Seis. El apartado 1 del artículo 90 queda redactado de la 


«1. La retención a practicar sobre los rendimientos del 

capital mobiliario será el resultado de aplicar a la base de retención 

el porcentaje del 19 por ciento.» 

Siete. El artículo 96 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 96. Importe de las retenciones sobre ganancias 



colectiva.— La retención a practicar sobre las ganancias 



colectiva será el resultado de aplicar a la base de retención 

el porcentaje del 19 por ciento.» 

Ocho. El artículo 99 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 99. Importe de las retenciones sobre otras ganancias 

patrimoniales.— 1. La retención a practicar sobre 

los premios en metálico será del 19 por ciento de su importe. 

2. La retención a practicar sobre las ganancias patrimoniales 

derivadas de los aprovechamientos forestales de los 

vecinos en montes públicos será del 19 por ciento de su importe.» 

Nueve. El artículo 100 queda redactado de la siguiente 

forma: 

«Artículo 100. Importe de las retenciones sobre arrendamientos 

y subarrendamientos de inmuebles.— La retención 

a practicar sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento 

o subarrendamiento de inmuebles urbanos, cualquiera 

que sea su calificación, será el resultado de aplicar el porcentaje 

del 19 por ciento sobre todos los conceptos que se 

satisfagan al arrendador, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

Este porcentaje se dividirá por dos cuando el inmueble urbano 

esté situado en Ceuta o Melilla, en los términos previstos 

en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.» 

Diez. El apartado 2 del artículo 101 queda redactado de la 


«2. La retención a practicar sobre los rendimientos de los 

restantes conceptos previstos en el artículo 75.2.b) de este 

Reglamento, cualquiera que sea su calificación, será el resultado 

de aplicar el tipo de retención del 19 por ciento sobre 

los ingresos íntegros satisfechos.» 

Once. El artículo 107 queda redactado de la siguiente 

forma: 

«Artículo 107. Ingreso a cuenta sobre derechos de imagen.— 

El porcentaje para calcular el ingreso a cuenta que 

debe practicarse en el supuesto contemplado por el apartado 

146

2 

8 del artículo 92 de la Ley del Impuesto, será del 19 por ciento.» 

Doce. El artículo 110 queda redactado de la siguiente 

forma: 

«Artículo 110. Importe del fraccionamiento.— 1. Los 

contribuyentes a que se refiere el artículo anterior ingresarán, 

en cada plazo, las cantidades siguientes: 

a) Por las actividades que estuvieran en el método de estimación 

directa, en cualquiera de sus modalidades, el 20 por 

ciento del rendimiento neto correspondiente al período de 

tiempo transcurrido desde el primer día del año hasta el último 

día del trimestre a que se refiere el pago fraccionado. 

De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en 

esta letra se deducirán los pagos fraccionados que, en relación 

con estas actividades, habría correspondido ingresar en 

los trimestres anteriores del mismo año si no se hubiera 

aplicado lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 de este artículo. 

b) Por las actividades que estuvieran en el método de estimación 

objetiva, el 4 por ciento de los rendimientos netos 

resultantes de la aplicación de dicho método en función de los 

datos-base del primer día del año a que se refiere el pago 

fraccionado o, en caso de inicio de actividades, del día en que 

éstas hubiesen comenzado. 

No obstante, en el supuesto de actividades que tengan sólo 

una persona asalariada el porcentaje anterior será el 3 por 

ciento, y en el supuesto de que no disponga de personal 

asalariado dicho porcentaje será el 2 por ciento. 

Cuando alguno de los datos-base no pudiera determinarse 

el primer día del año, se tomará, a efectos del pago fraccionado, 

el correspondiente al año inmediato anterior. En el supuesto 

de que no pudiera determinarse ningún dato-base, el 

pago fraccionado consistirá en el 2 por ciento del volumen de 

ventas o ingresos del trimestre. 

c) Tratándose de actividades agrícolas, ganaderas, forestales 

o pesqueras, cualquiera que fuese el método de determinación 

del rendimiento neto, el 2 por ciento del volumen 

de ingresos del trimestre, excluidas las subvenciones de capital 

y las indemnizaciones. 

2. Los porcentajes señalados en el apartado anterior se 

dividirán por dos para las actividades económicas que tengan 

derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 

de la Ley del Impuesto. 

3. De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto 

en los apartados anteriores, se podrán deducir, en su caso: 

a) Las retenciones practicadas y los ingresos a cuenta 

efectuados correspondientes al período de tiempo transcurrido 

desde el primer día del año hasta el último día del trimestre 

al que se refiere el pago fraccionado, cuando se trate 

de: 

1.º Actividades profesionales que determinen su rendimiento 

neto por el método de estimación directa, en cualquiera 

de sus modalidades. 

2.º Arrendamiento de inmuebles urbanos que constituya 

actividad económica. 

3.º Cesión del derecho a la explotación de la imagen o del 

consentimiento o autorización para su utilización que constituya 

actividad económica, y demás rentas previstas en el 

artículo 75.2.b) del presente Reglamento. 

b) Las retenciones practicadas y los ingresos a cuenta 

efectuados conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y 104 

de este Reglamento correspondientes al trimestre, cuando se 

trate de: 

1.º Actividades económicas que determinen su rendimiento 

neto por el método de estimación objetiva. No obstante, 

cuando el importe de las retenciones e ingresos a cuenta 

soportados en el trimestre sea superior a la cantidad resultante 

por aplicación de lo dispuesto en las letras b) y c) del 

apartado 1 anterior, así como, en su caso, de lo dispuesto en 

el apartado 2 anterior, podrá deducirse dicha diferencia en 

cualquiera de los siguientes pagos fraccionados correspondientes 

al mismo período impositivo cuyo importe positivo lo 

permita y hasta el límite máximo de dicho importe. 

2.º Actividades agrícolas, ganaderas o forestales no incluidas 

en el número 1.º anterior. 

c) El importe obtenido de dividir entre cuatro el importe de 

la deducción por obtención de rendimientos de actividades 

económicas a efectos del pago fraccionado a que se refiere 

el apartado 5 de este artículo. No obstante, cuando dicho 

importe sea superior a la cantidad resultante por aplicación de 

lo dispuesto en los apartados anteriores y en las letras a) y b) 

de este apartado, la diferencia podrá deducirse en cualquiera 

de los siguientes pagos fraccionados correspondientes al 

mismo período impositivo cuyo importe positivo lo permita y 

hasta el límite máximo de dicho importe. 

La minoración prevista en esta letra no resultará de aplicación 

a partir del primer trimestre en el que los contribuyentes 

perciban rendimientos del trabajo a los que resulte de 

aplicación el procedimiento general de retención previsto en 

el artículo 82 de este Reglamento, siempre que la cuantía total 

de la retribución a que se refiere el artículo 83.2 de este 

Reglamento sea superior a 10.000 euros anuales. Asimismo, 

esta minoración no resultará de aplicación a partir del primer 

trimestre en el que la suma de las magnitudes a que se refieren 

las letras a), b) y c) del apartado 5 de este artículo 

correspondientes al período de tiempo transcurrido desde el 

primer día del año hasta el último día del trimestre a que se 

refiere el pago fraccionado, sin elevación al año, sea superior 

a 12.000 euros. 

d) Cuando los contribuyentes destinen cantidades para la 

adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando 

financiación ajena, por las que vayan a tener derecho a la 

deducción por inversión en vivienda habitual regulada en el 

artículo 68.1 de la Ley del Impuesto, las cuantías que se citan 

a continuación: 

1.º Tratándose de contribuyentes que ejerzan actividades 

que estuvieran en el método de estimación directa, en cualquiera 

de sus modalidades, cuyos rendimientos íntegros 

previsibles del período impositivo sean inferiores a 33.007,20 

euros, se podrá deducir el 2 por ciento del rendimiento neto 

correspondiente al período de tiempo transcurrido desde el 

primer día del año hasta el último día del trimestre a que se 

refiere el pago fraccionado. 

A estos efectos se considerarán como rendimientos íntegros 

previsibles del período impositivo los que resulten de 

elevar al año los rendimientos íntegros correspondientes al 

primer trimestre. 

En ningún caso podrá practicarse una deducción por importe 

superior a 660,14 euros en cada trimestre. 


que estuvieran en el método de estimación objetiva cuyos 

rendimientos netos resultantes de la aplicación de dicho método 

en función de los datos-base del primer día del año a 

que se refiere el pago fraccionado o, en caso de inicio de ac- 

147

2 

tividades, del día en que éstas hubiesen comenzado, sean 

inferiores a 33.007,20 euros, se podrá deducir el 0,5 por 

ciento de los citados rendimientos netos. No obstante, cuando 

no pudiera determinarse ningún dato base se aplicará la deducción 

prevista en el número 3.º de esta letra sobre el volumen 

de ventas o ingresos del trimestre. 


agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, cualquiera que 

fuese el método de determinación del rendimiento neto, cuyo 

volumen previsible de ingresos del período impositivo, excluidas 

las subvenciones de capital y las indemnizaciones sea 

inferior a 33.007,20 euros, se podrá deducir el 2 por ciento 

del volumen de ingresos del trimestre, excluidas las subvenciones 

de capital y las indemnizaciones. 

A estos efectos se considerará como volumen previsible de 

ingresos del período impositivo el resultado de elevar al año 

el volumen de ingresos del primer trimestre, excluidas las 

subvenciones de capital y las indemnizaciones. 

En ningún caso podrá practicarse una deducción por un 

importe acumulado en el período impositivo superior a 660,14 

euros. 

Las deducciones previstas en esta letra d) no resultarán de 

aplicación cuando los contribuyentes ejerzan dos o más actividades 

comprendidas en ordinales distintos, ni cuando 

perciban rendimientos del trabajo y hubiesen efectuado a su 

pagador la comunicación a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 88.1 de este Reglamento, ni cuando las cantidades 

se destinen a la construcción o ampliación de la vivienda 

ni a cuentas vivienda. 

4. Los contribuyentes podrán aplicar en cada uno de los 

pagos fraccionados porcentajes superiores a los indicados. 

5. La deducción por obtención de rendimientos de actividades 

económicas a efectos del pago fraccionado se determinará 

con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 artículo 80 

bis de la Ley del Impuesto, tomando, en lugar de la base imponible 

del impuesto, la suma de las siguiente magnitudes: 

a) Tratándose de contribuyentes que ejerzan actividades 

que estuvieran en el método de estimación directa, en cualquiera 

de sus modalidades, el resultado de elevar al año los 

rendimientos netos del primer trimestre. 

b) Tratándose de contribuyentes que ejerzan actividades 

que estuvieran en el método de estimación objetiva, los rendimientos 

netos resultantes de la aplicación de dicho método 

en función de los datos-base del primer día del año a que se 

refiere el pago fraccionado o, en caso de inicio de actividades, 

del día en que éstas hubiesen comenzado. Cuando no 

pudiera determinarse ningún dato base se tomará la magnitud 

que resulte de lo dispuesto en la letra c) siguiente. 

c) Tratándose de contribuyentes que ejerzan actividades 

agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, cualquiera que 

fuese el método de determinación del rendimiento neto, el 

resultado de elevar al año el 25 por 100 del volumen de ingresos 

del primer trimestre, excluidas las subvenciones de 

capital y las indemnizaciones.» 

Artículo segundo. Modificación del Reglamento General 

de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el 

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.— Se introducen 

las siguientes modificaciones en el Reglamento General de 

las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 


de aplicación de los tributos, aprobado por el 

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio: 

Uno. Se modifica el párrafo e) del artículo 54, que queda 

redactado de la siguiente forma: 

«e) Importe total del préstamo u operación, cantidades que 

se hayan satisfecho en el año en concepto de amortización 

de capital, intereses y demás gastos de financiación.» 

Dos. Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria 

tercera, que queda redactado de la siguiente forma: 

«2. La obligación de informar sobre las operaciones incluidas 

en los libros registro a que se refiere el artículo 36 de 

este reglamento, será exigible desde el 1 de enero de 2009 

únicamente para aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre 

el Valor Añadido inscritos en el registro de devolución mensual 

regulado en el artículo 30 del Reglamento del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 

1624/1992, de 29 de diciembre, y para aquellos sujetos pasivos 

del Impuesto General Indirecto Canario inscritos en el 

registro de devolución mensual regulado en el artículo 8 del 

Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se aprueban 

las normas de gestión, liquidación, recaudación e inspección 

del Impuesto General Indirecto Canario y la revisión 

de los actos dictados en aplicación del mismo. Para los restantes 

obligados tributarios, el cumplimiento de esta obligación 

será exigible por primera vez para la información a 

suministrar correspondiente al año 2012, de acuerdo con la 

forma, plazos y demás condiciones para el cumplimiento de la 

misma que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.» 

Disposición adicional única. Obligación de informar 

acerca de préstamos y créditos.— La declaración informativa 

anual regulada en el artículo 38 del Reglamento general 

de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el 

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, relativa a la información 

correspondiente al año 2009 deberá incorporar los 

saldos a que aquella se refiere únicamente cuando los mismos 

superen el importe de 6.000 euros. 

Disposición transitoria única. Renuncias y revocaciones 

al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, al régimen especial simplificado y al 

de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 

Valor Añadido para 2010.— 1. La renuncia al método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, y a los regímenes especial simplificado y de la 

agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 

Añadido para el año 2010, así como la revocación de la 

misma, podrá efectuarse en el plazo de un mes desde la publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado» de la orden ministerial 

que regule para 2010 el método de estimación objetiva 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 

especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

2. Las renuncias o revocaciones presentadas, para el año 

2010, a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, 

ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido 

o al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, durante el mes de diciembre 

de 2009, se entenderán presentadas en período hábil. 

No obstante, los sujetos pasivos afectados por lo dispuesto 

en el párrafo anterior, podrán modificar su opción en el plazo 

previsto en el apartado 1 de esta disposición transitoria. 

148

Disposición final única. Entrada en vigor.— 

decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2010. 

Dado en Madrid, el 23 de diciembre de 2009. 

Este real 


La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de 

Economía y Hacienda, ELENA SALGADO MÉNDEZ 

2 

149

3 

3.- 


CAPITULO I. NORMAS GENERALES SOBRE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DE 

CLASES PASIVAS PARA EL AÑO 2010 (Arts. 1 a 5)............................................................................. 151 

CAPITULO II. COMPLEMENTOS PARA MÍNIMOS (Arts. 6 a 8).......................................................... 152 

CAPÍTULO III. PENSIONES RECONOCIDAS AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS COMU- 

NITARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (Art. 9 ).............................................................. 154 

Disposiciones Adicionales ........................................................................................................................... 154 

Disposición transitoria única. ....................................................................................................................... 155 

Disposiciones Finales ................................................................................................................................... 155 

150

3 

3 


diciembre 


"Sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases 

Pasivas para el año 2010." 

organismo 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

materia 

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2010 contiene, dentro de su título IV y disposiciones concordantes, 

los criterios básicos para determinar el importe de las 

pensiones públicas, fijando, con carácter general, su revalorización 

de acuerdo con el índice de precios de consumo 

(IPC) previsto para dicho ejercicio económico. 

Mediante el presente real decreto se desarrollan, en materia 

de Clases Pasivas, las previsiones legales contempladas 

en la citada ley, estableciendo la revalorización de las pensiones 

en un uno por ciento, cualquiera que sea su legislación 

reguladora, salvo las excepciones legalmente previstas en 

aquélla. Asimismo, se fijan en este real decreto las reglas y 

el procedimiento para efectuar la revalorización. 

Por otra parte, se regula el sistema de complementos 

económicos para las pensiones mínimas, también previsto en 

la citada ley, que experimentan un incremento entre el 2 y el 

4,7 por ciento, según la situación del pensionista y clase de 

pensión de que se trate, a fin de garantizar en todo momento 

un adecuado nivel de ingresos para quienes no alcancen los 

importes mínimos legalmente establecidos. 

Debido a sus especiales características, en un capítulo independiente 

se establece la revalorización de las pensiones 

de Clases Pasivas reconocidas al amparo de los reglamentos 

comunitarios. 

Se establecen, por último, determinadas reglas en relación 

con las nuevas condiciones establecidas para las pensiones 

de viudedad, en supuestos de divorcio o separación judicial, 

en el artículo 38.2 y en la disposición transitoria duodécima 

del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 


abril, en la redacción dada por la disposición final décima de 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010. 

En definitiva, este real decreto da cumplimiento a través de 

las mencionadas medidas a aquellas previsiones legales, en 

orden a facilitar su rápida aplicación en beneficio de los colectivos 

afectados. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Economía y 

Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 

deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 

de diciembre de 2009, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

NORMAS GENERALES SOBRE REVALORIZACIÓN DE 

LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS PARA EL AÑO 

2010 

Artículo 1. Cuantía del incremento para el año 2010 de las 

pensiones de Clases Pasivas.— De conformidad con lo 

dispuesto en el apartado uno del artículo 44 de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, las 

pensiones abonadas por Clases Pasivas se incrementarán en 

un uno por ciento respecto de las cuantías que a aquéllas 

hubieran correspondido a 31 de diciembre de 2009, salvo las 

reguladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de 

julio, por el se regulan determinadas pensiones extraordinarias 

causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los 

importes que correspondan conforme a su legislación propia. 

Artículo 2. Pensiones no revalorizables durante el año 

2010.— No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y 

en aplicación de lo establecido en el apartado uno del artículo 

45 de la expresada Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2010, no experimentarán incremento alguno 

las siguientes pensiones de Clases Pasivas: 

a) Aquellas cuyo importe íntegro, sumado, en su caso, al 

importe íntegro mensual de otras pensiones públicas percibidas 

por su titular, exceda de 2.466,20 euros íntegros en 

cómputo mensual cuando dicho titular tenga derecho a percibir 

14 mensualidades al año o, en otro supuesto, de 

34.526,80 euros en cómputo anual. 

b) Las reconocidas a favor de los Camineros del Estado y 

causadas con anterioridad al 1 de enero de 1985, con excepción 

de aquéllas cuyo titular sólo percibiera esta pensión 

por tal condición. 

Artículo 3. Pensiones extraordinarias por actos de terrorismo.— 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 

45.uno.a), párrafo segundo, y en el artículo 46.cuatro de la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, 

así como en el Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, las 

pensiones extraordinarias de Clases Pasivas originadas en 

actos terroristas están exentas de las normas excluyentes o 

limitativas contempladas en el artículo 2.a) y el artículo 4.2.ª 

de este real decreto. 

2. En el supuesto de que, junto con alguna de las pensiones 

mencionadas en el apartado anterior, determinada 

persona tuviera derecho a percibir a 31 de diciembre de 2009 

alguna o algunas otras pensiones públicas, las normas excluyentes 

o limitativas, antes citadas, sí serán aplicables 

respecto de estas últimas. 

Artículo 4. Reglas para el incremento de las pensiones de 

Clases Pasivas.— La aplicación del incremento establecido 

en el artículo 1 de este real decreto se ajustará a las siguientes 

reglas: 

1.ª El incremento se aplicará a las pensiones causadas con 

anterioridad al 1 de enero de 2010 sobre la cuantía mensual 

íntegra que percibiera o le hubiera correspondido percibir a su 

titular a 31 de diciembre de 2009. Seguidamente se procederá 

a su actualización conforme a las normas que sobre 

revalorización, concurrencia de pensiones y limitación de su 

crecimiento se contienen en las Leyes de Presupuestos correspondientes, 

aplicándose para el año 2010 el incremento 

procedente. 

151

3 

2.ª A efectos de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, el importe 

de la pensión o del conjunto de pensiones abonadas 

con cargo al crédito de Clases Pasivas que perciba un mismo 

titular, una vez aplicado el incremento procedente a cada una 

de ellas, estará limitado a la cantidad de 34.526,80 euros íntegros 

anuales, comprendiéndose en dicha cantidad tanto el 

importe de las mensualidades ordinarias como el de las pagas 

extraordinarias que pudieran corresponder. 

En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos 

que puedan haberse reconocido al amparo de la Ley 

19/1974, de 27 de junio, y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 1981 

no se computarán, en ningún caso, a efectos de la aplicación 

del límite máximo de percepción establecido en el párrafo 

anterior. 

En el supuesto de que en un mismo titular concurran una o 

varias pensiones de Clases Pasivas con otra u otras pensiones 

públicas, el valor de la pensión o conjunto de pensiones 

de Clases Pasivas tendrá como límite una cifra que guarde 

con la de 34.526,80 euros íntegros anuales la misma proporción 

que dicha pensión o pensiones tengan con el conjunto 

total de pensiones públicas que perciba su titular. 

Dicho límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

siendo «CP» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 

de diciembre de 2009 por la pensión o pensiones de Clases 

Pasivas y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor 

íntegro en términos anuales de las otras pensiones públicas 

en idéntico momento. 

3.ª Establecido para cada supuesto y conforme a las reglas 

anteriores el límite anual máximo de una pensión, dicho límite 

se dividirá entre el número de mensualidades ordinarias y 

pagas extraordinarias que, respecto de la anualidad y conforme 

a la legislación aplicable, tengan derecho a percibir los 

pensionistas, constituyendo la cifra resultante el importe 

mensual a percibir por el titular de aquella pensión en cada 

mensualidad ordinaria y paga extraordinaria. 

Artículo 5. Procedimiento para la revalorización.— 1. 

La revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para 

2010 se practicará de oficio por la Dirección General de Costes 

de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía 

y Hacienda. 

2. Dicha revalorización se llevará a cabo teniendo en 

cuenta los datos obrantes respecto de cada titular de pensión 

a 31 de diciembre de 2009. No obstante, y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 21.2 del texto refundido de la Ley de 

Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 

670/1987, de 30 de abril, podrá requerirse a cualquier 

perceptor de Clases Pasivas para que facilite 

información respecto de su situación económica con los 

efectos que en dicha norma se previenen. 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado tres del artículo 

46 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2010, la revalorización tendrá carácter provisional 

hasta tanto por la Administración se compruebe la procedencia 

de la percepción de su cuantía, en función de las 

otras percepciones del titular de una pensión o pensiones y 

de las normas en materia de concurrencia e incompatibilidad 

que resulten aplicables en cada caso. 

Si de la elevación a definitiva de la revalorización anteriormente 

practicada se obtuviese la evidencia de que se han 

percibido cantidades en exceso, el pensionista vendrá obligado 

a reintegrar lo indebidamente percibido. Sin perjuicio de 

lo anterior, en el supuesto de que el interesado hubiese cometido 

en su declaración falsedad u omisión de datos, podrán 

serle exigidas las correspondientes responsabilidades en que 

haya podido incurrir. 

CAPITULO II 

COMPLEMENTOS PARA MÍNIMOS 

Artículo 6. Complementos económicos para las pensiones 

de Clases Pasivas durante el año 2010.— 1. De acuerdo 

con las previsiones contenidas en los apartados uno, dos y 

tres del artículo 47 de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2010, la aplicación durante el expresado 

año de complementos económicos a las pensiones del Régimen 

de Clases Pasivas se ajustará a las siguientes reglas: 

a) Podrá complementarse aquella pensión del Régimen de 

Clases Pasivas, cualquiera que fuese la fecha en que se 

causó, que no alcance el mínimo correspondiente que figura 

en la columna A del cuadro que se incluye en el apartado 2 

de este artículo, siempre que se haya reconocido al amparo 

de la legislación general en la materia y que su titular no 

perciba durante el ejercicio de 2010 ingresos de trabajo o de 

capital o que, percibiéndolos, no excedan de 6.923,90 euros 

al año. 

b) En caso de percibir un mismo beneficiario varias pensiones 

de las referidas en el párrafo anterior, el complemento 

se aplicará, cuando proceda, respecto de aquella pensión 

que, en atención a su naturaleza, tenga asignado un importe 

mayor en la columna A del cuadro que se incluye en el apartado 

2 de este artículo. 

c) La cuantía del complemento será la necesaria para que 

la pensión a complementar, en cómputo íntegro mensual, incrementada, 

en su caso, con el importe íntegro mensual de 

todas las restantes pensiones abonables con cargo al crédito 

de Clases Pasivas u otras pensiones públicas percibidas por 

el beneficiario, alcance el mínimo correspondiente a la columna 

A del mencionado cuadro. 

No obstante, en el supuesto de que se tenga reconocida 

una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento 

para mínimos aplicable, en su caso, lo será en la 

misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento 

de la pensión. 

El importe a tener en cuenta será, para las pensiones de 

Clases Pasivas, el que resulte una vez revalorizadas las 

mismas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto, y 

para las restantes pensiones de carácter público, el que esté 

percibiendo el beneficiario en el momento de presentar la solicitud 

de iniciación del procedimiento en materia de complementos 

económicos a que se refiere el apartado 2 del 

artículo siguiente. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a los solos 

efectos de garantía de complementos para mínimos, se 

equipararán a rentas de trabajo las pensiones públicas que no 

estén a cargo de cualesquiera de los regímenes públicos 

básicos de previsión social, así como las pensiones percibidas 

con cargo a una entidad extranjera, con la excepción 

establecida en el apartado 3 del siguiente artículo 9 relativa 

al complemento de garantía de las pensiones reconocidas al 

amparo de los reglamentos comunitarios. 

152

3 

d) El complemento se minorará, o en su caso se suprimirá, 

en la cuantía necesaria para que la suma, en términos anuales, 

de la pensión complementada según lo dispuesto en el 

párrafo anterior, junto con todas las rentas de trabajo o sustitutorias 

de estas o de capital, percibidas por el beneficiario, 

no supere el límite correspondiente de la columna B del 

cuadro que figura a continuación. 

A estos efectos, el concepto de renta se definirá conforme a 

la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, si bien se tendrán en cuenta, en todo caso, los ingresos 

correspondientes a cualesquiera pensiones de carácter 

público, estén estas sometidas o no al mencionado 

impuesto; las pensiones de Clases Pasivas se tomarán en su 

valor anual una vez revalorizadas conforme a lo dispuesto en 

este real decreto; las restantes pensiones públicas tendrán el 

valor anual que corresponda en el momento de presentar la 

solicitud de iniciación del procedimiento en materia de complementos 

económicos, referida en el apartado 2 del siguiente 

artículo; y las rentas de trabajo y de capital se tomarán en el 

valor percibido en el año 2009, debiéndose excluir las dejadas 

de percibir por motivo del hecho causante de las distintas 

pensiones, así como aquéllas que se pruebe que no han de 

ser percibidas en el año 2010. 

También se computarán entre tales ingresos las plusvalías 

o ganancias patrimoniales, valoradas conforme a la legislación 

fiscal. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se 

tendrán en cuenta las siguientes cuantías: 

En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros 

familiares que fueran percibidas por varios beneficiarios, la 

cifra resultante de la columna A del cuadro anterior no será 

inferior a 179,40 euros mensuales, respecto de cada uno de 

aquellos beneficiarios cuyos ingresos anuales no superen a 

los que figuran en la columna B. No obstante, cuando alguno 

de los beneficiarios sea huérfano discapacitado menor de 18 

años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 

por ciento, la cuantía mínima a reconocer a dicho huérfano 

será de 353,20 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito 

de límite de ingresos citado. 

En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos 

que puedan haberse reconocido al amparo de la Ley 

19/1974, de 27 de junio, y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, 

no se computarán a efectos de la aplicación del 

mínimo establecido en el cuadro anterior. 

A idénticos efectos, se entenderá que existe cónyuge a 

cargo del titular cuando éste se halle conviviendo con el 

pensionista y dependa económicamente de él. Se presumirá 

la convivencia siempre que se conserve el vínculo matrimonial, 

sin perjuicio de que esta presunción pueda destruirse de 

comprobarse lo contrario por la Administración, y a los mismos 

efectos se entenderá que existe dependencia económica 

cuando los ingresos del cónyuge, por cualquier concepto, no 

superen el salario mínimo interprofesional vigente. 

3. Los complementos económicos regulados en este precepto, 

que se abonarán en doce mensualidades ordinarias y 

dos extraordinarias, todas ellas de igual cuantía, no serán en 

ningún caso consolidables y serán absorbibles por cualquier 

futuro incremento que puedan experimentar las percepciones 

del interesado, ya sea por revalorización o por el reconocimiento 

en su favor de nuevas pensiones públicas. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5 del 

Real Decreto 1288/1990, de 25 de octubre, podrán acceder 

al derecho a mínimos los beneficiarios de pensión de Clases 

Pasivas que la hubieran obtenido al amparo de la expresada 

norma. 

Artículo 7. Procedimiento en materia de complementos 

económicos.— 1. Corresponde a la Dirección General de 

Costes de Personal y Pensiones Públicas reconocer y determinar 

los complementos económicos que procedan, de 

acuerdo con lo establecido en el precedente artículo 6. 

2. El procedimiento se iniciará a petición del interesado 

mediante solicitud dirigida a la Dirección General de Costes 

de Personal y Pensiones Públicas. Dicha solicitud se ajustará 

y cumplimentará con arreglo al modelo establecido al efecto. 

3. A la vista de los datos consignados por el solicitante 

del complemento económico y, en su caso, de la consulta informática 

al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, la 

oficina administrativa dictará, sin más trámites, la resolución 

que proceda, sin perjuicio de que esta sea revisable en 

cualquier momento, en atención a la comprobación o inspección 

de los datos consignados o a la variación de los 

elementos condicionantes del derecho al complemento. 

Si la solicitud de los complementos económicos se formulase, 

por vez primera, durante el presente ejercicio, sus efectos 

económicos se retrotraerán, como máximo, al 1 de enero 

de 2010 o a la fecha de arranque de la pensión si ésta fuese 

posterior. 

No obstante si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara 

con ocasión de ejercitar el derecho al cobro de la pensión, 

los efectos económicos podrán ser los de la fecha de 

arranque de aquélla, con una retroactividad máxima de un 

año desde que se soliciten y siempre que se reúnan los requisitos 

necesarios para su percibo. 

4. Si, una vez reconocidos los complementos económicos, 

se comprobara la existencia de alguna contradicción entre 

los datos declarados y la realidad, el solicitante vendrá 

obligado al reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio 

de que se deduzcan en su contra otras posibles responsabilidades 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

A efectos de dicha revisión, y de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 21 del vigente texto refundido de la Ley de 

Clases Pasivas del Estado, el pensionista deberá facilitar a la 

Administración la información que le sea formalmente requerida, 

y podrá suspenderse el pago del complemento en caso 

de incumplimiento de esta obligación. 

5. El perceptor de los complementos de pensión vendrá 

obligado a poner en conocimiento de la Administración, en el 

momento de producirse, cualquier variación en la composición 

o cuantía de los ingresos declarados en la solicitud, así 

como cualquier variación de su estado civil o de la situación 

de dependencia económica de su cónyuge respecto de lo 

inicialmente declarado. El incumplimiento de esta obligación, 

153

3 

si de él se siguiera la percepción indebida de cantidades, dará 

origen al reintegro de estas. 

6. Queda facultada la Dirección General de Costes de 

Personal y Pensiones Públicas para dictar cuantas Instrucciones 

de servicio pudieran resultar convenientes, en orden a 

agilizar los trámites para la percepción de los complementos a 

que se refiere este artículo. 

Artículo 8. Prohibición de concesión de complementos 

económicos en Clases Pasivas.— 1. En el supuesto de 

que un pensionista de Clases Pasivas tuviera derecho a 

percibir, con arreglo a las normas de este real decreto, un 

complemento económico y por ser beneficiario además de 

otras pensiones públicas, abonadas con cargo a regímenes 

públicos de previsión diferentes, tuviera asimismo derecho a 

algún otro complemento, conforme a lo dispuesto en los artículos 

47 y 48 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2010, no podrá percibir el complemento 

correspondiente a la pensión de Clases Pasivas salvo en los 

siguientes casos: 

a) Cuando las pensiones de los distintos sistemas sean de 

la misma naturaleza y el importe íntegro mensual de la pensión 

de Clases Pasivas fuera de superior cuantía al importe 

correspondiente a la otra pensión pública susceptible de ser 

complementada. 

b) Cuando las pensiones a percibir por el interesado fuesen 

de distinta naturaleza y el importe mínimo mensual de 

pensión correspondiente a la de Clases Pasivas fuese de 

mayor cuantía que el de la otra pensión pública. 

2. En los dos supuestos contemplados en el apartado anterior, 

no podrá tomarse en consideración el complemento 

económico a que pudiera tener derecho el interesado por la 

pensión ajena al Régimen de Clases Pasivas, para determinar 

el importe del complemento que por dicho régimen le 

corresponda, conforme a las reglas del artículo 6 de este real 

decreto. 

CAPÍTULO III 

PENSIONES RECONOCIDAS AL AMPARO DE LOS 

REGLAMENTOS COMUNITARIOS EN MATERIA DE 


Artículo 9. Revalorización de las pensiones reconocidas 

al amparo de los reglamentos comunitarios en materia de 

Seguridad Social.— 1. La revalorización de las pensiones 

reconocidas al amparo de los reglamentos comunitarios, de 

las que esté a cargo del Régimen de Clases Pasivas un tanto 

por ciento de su cuantía teórica, se llevará a cabo aplicando 

dicho tanto por ciento al incremento que hubiera correspondido 

de hallarse a cargo del citado Régimen el 100 por cien 

de la pensión. 

2. A la pensión prorrateada, una vez revalorizada de 

acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, se le añadirá, 

cuando así proceda en aplicación de las normas generales 

establecidas, el complemento para mínimos que corresponda 

conforme a las normas contenidas en el capítulo II de este 

real decreto. Dicho complemento se calculará aplicando el 

mismo porcentaje que se tuvo en cuenta para el reconocimiento 

de la pensión, a la diferencia resultante entre la cuantía 

que hubiera correspondido de hallarse a cargo del 

Régimen de Clases Pasivas el 100 por cien de la pensión y 

el mínimo establecido para la prestación de que se trate. 

3. Si después de haber aplicado lo dispuesto en el apartado 

anterior, la suma de los importes reales de las pensiones 

reconocidas, tanto en virtud de la legislación española como 

extranjera al amparo de los reglamentos comunitarios, fuese 

inferior al mínimo que corresponda a la pensión de que se 

trate, se le garantizará al beneficiario, mientras resida en territorio 

nacional, la diferencia necesaria hasta alcanzar el referido 

mínimo, de acuerdo con las normas generales 

establecidas para su concesión. 


Disposición adicional primera. Complementos para mínimos 

y actualización de otras pensiones de Clases Pasivas. 

— 1. Para el año 2010 se aplicarán los complementos 

económicos regulados en el capítulo II de este real decreto a 

las pensiones de orfandad reconocidas al amparo del título II 

de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de 

derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra 

civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de 

Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República; así 

como a las reconocidas a favor de huérfanos no incapacitados 

mayores de 21 años, causadas por personal no funcionario 

al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, 

sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica 

y asistencia social a favor de viudas, hijos y demás 

familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o 

con ocasión de la pasada guerra civil; y 35/1980, de 26 de 

junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la 

zona republicana; y a aquellas otras causadas por los Operarios 

de Loterías, el personal de las Minas de Almadén y los 

Facultativos Sanitarios inutilizados o fallecidos con motivo de 

servicios extraordinarios en época de epidemia, y Subdelegados 

de Sanidad a que se refiere la Ley de 11 de julio de 

1912. 

2. Las pensiones en favor de familiares concedidas al 

amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, y de la Ley 

35/1980, de 26 de junio, con excepción de las pensiones de 

orfandad a que se refiere el apartado anterior, así como de la 

Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados 

civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del título II de 

la Ley 37/1984, de 22 de octubre, cualquiera que sea su fecha 

inicial de abono, no podrán ser inferiores en el año 2010 

al importe establecido, para el citado ejercicio económico, 

como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social 

para las pensiones de viudedad de titulares mayores de 

sesenta y cinco años. 

Disposición adicional segunda. Adaptación de oficio de 

los complementos para mínimos.— 1. Las pensiones de 

Clases Pasivas a las que se hubieran aplicado complementos 

económicos durante el año 2009 se adaptarán de oficio, y con 

carácter provisional, con efectos de 1 de enero de 2010, a las 

cuantías establecidas en el artículo 6 de este real decreto, 

presumiéndose que sus titulares reúnen las condiciones y 

requisitos exigidos en dicho precepto, hasta tanto por los 

servicios administrativos correspondientes se compruebe la 

concurrencia de dichas condiciones y requisitos. 

2. Si de la comprobación antes citada se dedujera la ausencia 

de algún requisito o condición, procederá el cese inmediato 

en el abono del complemento, con reintegro de lo 

indebidamente percibido por tal concepto desde, como máximo, 

el primero de enero del año 2010. Igualmente, si de 

dicha comprobación se derivara la necesidad de modificar la 

cuantía del complemento, se practicará la oportuna modificación, 

con reintegro de lo indebidamente percibido desde la 

fecha antes indicada. 

154

3 

No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 

7.4 de este real decreto, procederá retrotraer el reintegro de 

lo indebidamente percibido a la fecha inicial en que el complemento 

económico comenzó a abonarse en ejercicios anteriores, 

hasta un máximo de cuatro años, si de la 

comprobación efectuada resultase la evidencia de que el 

perceptor de aquél cometió alguna omisión o falsedad en la 

declaración presentada al momento de solicitar la aplicación 

del complemento, sin perjuicio de las responsabilidades en 

que hubiera podido incurrir. 

Disposición adicional tercera. Actualización de importes 

de determinadas pensiones.— Para el cálculo de las pensiones 

de jubilación o retiro y de viudedad del Régimen de 

Clases Pasivas del Estado, que se causen durante 2010 al 

amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, 

la cuantía inicial que corresponda se corregirá mediante la 

aplicación del porcentaje del 1 y 2 por ciento, según proceda, 

establecido para los años 2004, 2006, 2007 y 2008 en el 

apartado cuatro de las disposiciones adicionales quinta y 

sexta, así como de la disposición adicional décima, de las 

Leyes 61/2003, de 30 de diciembre, 30/2005, de 29 de diciembre, 

42/2006, de 28 de diciembre, y 51/2007, de 26 de 


2004, 2006, 2007 y 2008, respectivamente. 

A tal efecto, se computará la mejora por hijo a cargo que 

pueda corresponder en las pensiones de viudedad por aplicación 

de las Leyes 19/1974, de 27 de junio, y 74/1980, de 29 

de diciembre. 

Disposición adicional cuarta. Actualización de las ayudas 

sociales del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por 

el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones 

realizadas en el sistema sanitario público.— De 

acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava 

de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2010, las cuantías mensuales de las ayudas sociales, en favor 

de las personas que resultaron contaminadas por el Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH), reguladas en las letras 

b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 

de mayo, se determinarán mediante la aplicación de las proporciones 

reguladas en las letras citadas sobre el importe de 

587,61 euros. 

Disposición adicional quinta. Pensiones de viudedad en 

supuestos de divorcio o separación judicial.— De conformidad 

con lo establecido en la disposición final décima.Uno 

de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, 

el importe de la pensión de viudedad, o de la prestación 

temporal, que pueda corresponder a la víctima de violencia de 

género no se reducirá, en ningún caso, aun cuando la víctima 

fuera acreedora de la pensión compensatoria a que se refiere 

el artículo 97 del Código Civil. 

Disposición transitoria única. Pensiones de viudedad en 

supuestos de divorcio o separación judicial anteriores a 1 de 

enero de 2008.— 1. A fin de dar cumplimiento a la regulación 

contenida en la disposición final décima.Dos de la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para 2010, se revisarán 

a instancia de parte las solicitudes que se hayan denegado 

por no acreditar el requisito de ser beneficiarios de la 

pensión compensatoria prevista en el artículo 97 del Código 

Civil. 

2. Los efectos económicos de las revisiones que se efectúen 

y de las nuevas solicitudes se retrotraerán al 1 de enero 

de 2010, siempre que la petición se formule durante el primer 

semestre del referido año. Transcurrido dicho período, la 

pensión surtirá efectos a partir del día primero del mes siguiente 

al de la solicitud. 

3. Las pensiones de viudedad que se reconozcan al amparo 

de la disposición transitoria duodécima del texto refundido 

de la Ley de Clases Pasivas del Estado no 

determinarán, en ningún caso, la reducción de los derechos 

ya reconocidos a la entrada en vigor del presente real decreto 

a favor de otros beneficiarios de pensiones familiares derivadas 

del mismo causante. 


Disposición final primera. Habilitación para disposiciones 

de desarrollo.— Se autoriza a la Vicepresidenta Segunda 

del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda para que 

dicte las disposiciones de carácter general que resulten necesarias 

para la aplicación de este real decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor y efectos 

económicos.— El presente real decreto entrará en vigor el 

día 1 de enero de 2010 con efectos económicos de esta 

misma fecha. 



La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de 

Economía y Hacienda, ELENA SALGADO MÉNDEZ 

155

4 

4.- 


TÍTULO I. Pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva (Arts. 1 a 16) 157 

CAPÍTULO I. NORMAS COMUNES (Arts. 1 y 2)................................................................................................................... 

CAPÍTULO II. REVALORIZACIÓN DE PENSIONES NO CONCURRENTES (Arts. 3 a 8)................................................ 

157 

157 

SECCIÓN 1. Pensiones del Sistema (Arts. 3 a 7).................................................................................................................. 157 

SUBSECCIÓN 1. Normas generales (Arts. 3 y 4)............................................................................................................ 157 

SUBSECCIÓN 2. Complementos por mínimos (Arts. 5 a 7)........................................................................................... 

158 

SECCIÓN 2. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (Art. 8 )................................................... 

159 

CAPÍTULO III. CONCURRENCIA DE PENSIONES (Arts. 9 a 13)........................................................................................ 159 

SECCIÓN 1. Normas comunes (Art. 9 )................................................................................................................................ 

SECCIÓN 2. Revalorización aplicable a pensiones del Sistema de la Seguridad Social (Arts. 10 a 12).............................. 

159 

160 

SUBSECCIÓN 1. Normas generales (Arts. 10 y 11)........................................................................................................ 160 

SUBSECCIÓN 2. Complementos por mínimos (Art. 12 )............................................................................................... 

160 

SECCIÓN 3. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (Art. 13 )................................................. 

161 

CAPÍTULO IV. PENSIONES RECONOCIDAS EN APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES (Art. 14 ).......... 161 

CAPÍTULO V. NORMAS DE APLICACIÓN (Arts. 15 y 16)................................................................................................... 

162 

SECCIÓN 1. Financiación (Art. 15 ).................................................................................................................................... 162 

SECCIÓN 2. Gestión (Art. 16 )............................................................................................................................................. 

162 

TÍTULO II. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (Arts. 17 a 27).......... 162 

CAPÍTULO I. REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SU MODALIDAD NO 

CONTRIBUTIVA (Art. 17 )....................................................................................................................................................... 162 

CAPÍTULO II. COMPLEMENTO A FAVOR DE LOS TITULARES DE UNA PENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

EN SU MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA QUE RESIDAN EN UNA VIVIENDA ALQUILADA (Arts. 18 a 27).......... 

162 

Disposiciones Adicionales ........................................................................................................................... 163 


ANEXO. Sistema de la Seguridad Social Cuadro de cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad 

contributiva para el año 2010 ....................................................................................................................... 164 

156

4 

REAL DECRETO 2007/2009, 23 de 

diciembre 

TÍTULO I 

Pensiones del sistema de la Seguridad Social en su 

modalidad contributiva 

4 


"Sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 

Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas 

para el ejercicio 2010." 

organismo 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

materia 

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES 

La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2010, contiene, dentro de 

su título IV, los criterios de revalorización de las pensiones 

del sistema de la Seguridad Social para dicho ejercicio, y 

prevé su revalorización de acuerdo con el índice de inflación 

previsto. 

De acuerdo con las previsiones legales, este real decreto 

establece una revalorización general de las pensiones de la 

Seguridad Social, incluido el límite máximo de percepción de 

pensiones públicas, del 1 por ciento. 

La revalorización de las pensiones de la Seguridad Social 

en los términos señalados supone el incremento de su poder 

adquisitivo, superando las previsiones que sobre su mantenimiento 

se establecen en el artículo 48 del texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción 

dada por la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y 

racionalización del sistema de la Seguridad Social. 

Por otra parte, de conformidad con las previsiones legales y 

atendiendo el compromiso del Gobierno de mejorar la cuantía 

de las pensiones mínimas por encima de la revalorización 

general, se prevén incrementos que, en lo que a las prestaciones 

de carácter contributivo se refiere, oscilan entre el 4,87 

y el 2 por ciento, según los casos. 

Asimismo, se actualizan las cuantías de las asignaciones 

en favor de hijos con discapacidad con 18 o más años. 

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 

42.Dos de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, contiene las 

normas de desarrollo necesarias en cuanto al procedimiento 

de solicitud, reconocimiento y abono del complemento establecido 

en dicho precepto legal en favor de los perceptores de 

pensiones de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, 

que residan habitualmente en una vivienda alquilada 

al pensionista por propietarios que no tengan con él relación 

de parentesco hasta tercer grado. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, 

con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera 

del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de acuerdo 

con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo 

de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 2009, 

DISPONGO: 

CAPÍTULO I 

NORMAS COMUNES 

Artículo 1. Objeto.— Mediante este real decreto se 

procede al desarrollo de las previsiones contenidas, en materia 

de revalorización de las pensiones del sistema de la 

Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas, 

en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 


Artículo 2. Ámbito de aplicación.— 1. Lo establecido 

en este título será de aplicación a las pensiones de incapacidad 

permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor 

de familiares del sistema de la Seguridad Social en su modalidad 

contributiva, siempre que se hayan causado con anterioridad 

al 1 de enero del año 2010. 

2. Las pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez 

e invalidez se regirán por las normas específicas contenidas 

en los artículos 8 y 13. 

3. Quedan excluidos de lo dispuesto en el apartado 1 los 

Regímenes Especiales de las Fuerzas Armadas, de Funcionarios 

Civiles de la Administración del Estado y de los Funcionarios 

al Servicio de la Administración de Justicia. 

CAPÍTULO II 

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES NO CONCURRENTES 

Sección 1 

Pensiones del Sistema 

Subsección 1 

Normas generales 

Artículo 3. Importe de la revalorización.— 1. Las pensiones 

comprendidas en el apartado 1 del artículo anterior, 

causadas con anterioridad al 1 de enero de 2010 y no concurrentes 

con otras, se revalorizarán el 1 por ciento. 

2. El importe de la pensión, una vez revalorizada, estará 

limitado a la cantidad de 2.466,20 euros, entendiendo esta 

cantidad referida al importe de una mensualidad ordinaria, sin 

perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder. 

Dicho límite mensual será objeto de adecuación en 

aquellos supuestos en que el pensionista tenga derecho o no 

a percibir 14 pagas al año, comprendidas en uno u otro caso, 

las pagas extraordinarias, a los efectos de que la cuantía no 

supere o pueda alcanzar, respectivamente, 34.526,80 euros, 

en cómputo anual. 

3. Las pensiones que excedan de 2.466,20 euros mensuales 

no se revalorizarán, salvo lo señalado en el apartado 

2. 

4. La revalorización de las pensiones de gran invalidez se 

efectuará aplicando las reglas previstas en el apartado 1 de 

manera separada a la pensión y al incremento. 

A los efectos del límite máximo señalado en el apartado 2, 

se computará únicamente la pensión sin incremento. 

Artículo 4. Aplicación de la revalorización.— La revalorización 

se aplicará al importe mensual que tuviese la pensión 

de que se trate el 31 de diciembre de 2009, excluidos los 

conceptos que a continuación se enumeran: 

a) Los complementos reconocidos para alcanzar los mínimos 

establecidos con anterioridad. 

157

4 

b) El recargo de prestaciones económicas por falta de 

medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Las percepciones de rentas temporales por cargas familiares 

y la indemnización suplementaria para la provisión y 

renovación de aparatos de prótesis y ortopedia, en el supuesto 

de pensiones del extinguido seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

Subsección 2 

Complementos por mínimos 

Artículo 5. Complementos por mínimos de las pensiones 

contributivas.— El importe de las pensiones no concurrentes, 

una vez revalorizadas, de acuerdo con lo dispuesto en la 

subsección anterior, se complementará, en su caso, en la 

cuantía necesaria para alcanzar las cuantías mínimas que se 

reflejan en el anexo. 

Artículo 6. Límite de ingresos.— 1. Los complementos 

por mínimos no tienen carácter consolidable y serán absorbibles 

con cualquier incremento futuro que puedan experimentar 

las percepciones del interesado, ya sea en concepto 

de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones 

de carácter periódico que den lugar a la concurrencia 

de pensiones, que se regula en el siguiente capítulo de este 

real decreto. En este último supuesto, la absorción del complemento 

por mínimo tendrá efectos desde el día primero del 

mes siguiente a la fecha de la resolución de reconocimiento 

de la nueva pensión. 

2. Los complementos por mínimos serán incompatibles 

con la percepción por el pensionista de rendimientos íntegros 

de trabajo personal por cuenta propia o ajena, y/o de capital, 

o cualesquiera otros rendimientos sustitutivos de aquéllos, 

cuando la suma de todas las percepciones mencionadas, 

excluida la pensión que se vaya a complementar, exceda de 

6.923,90 euros al año, salvo en los supuestos previstos en el 

apartado siguiente. 

A tal efecto también se computarán entre tales ingresos las 

plusvalías o ganancias patrimoniales, valoradas conforme a la 

legislación fiscal. 

A los exclusivos efectos del reconocimiento de los complementos 

por mínimos de las pensiones contributivas de la 

Seguridad Social, de los rendimientos íntegros percibidos por 

el pensionista, y computados en los términos establecidos en 

la legislación fiscal, se excluirán los siguientes: 

a) En los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, 

los gastos deducibles, de acuerdo con la legislación fiscal. 

b) En los casos de rendimientos íntegros procedentes de 

actividades empresariales, profesionales y agrícolas o ganaderas, 

los gastos deducibles, de acuerdo con la legislación 

fiscal. 

Los rendimientos íntegros del pensionista, computados en 

la forma en que se determina en los párrafos anteriores, se 

tomarán en el valor percibido en el año 2009, y deberán excluirse 

los dejados de percibir por motivo del hecho causante 

de las respectivas pensiones, así como aquellos otros que se 

pruebe que no han de ser percibidos en el ejercicio 2010. 

3. Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos 

referidos en el apartado anterior y los correspondientes a 

la pensión resulte inferior a la suma de 6.923,90 euros más 

el importe, también en cómputo anual, de la cuantía mínima 

fijada para la clase de pensión de que se trate, se reconocerá 

un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el 

número de mensualidades en que se devenga la pensión. 

4. Se presumirá que concurren los requisitos indicados en 

los apartados anteriores cuando el interesado hubiera percibido 

durante 2009 rendimientos, computados en la forma 

señalada en el apartado 2, por cuantía igual o inferior a 

6.923,90 euros. Esta presunción podrá destruirse, en su caso, 

por las pruebas obtenidas por la Administración directamente 

o a través de los propios interesados. 

5. Los pensionistas perceptores de complementos por 

mínimos, que durante el año 2009 hayan obtenido rendimientos, 

por los conceptos referidos en el apartado 2, superiores 

a 6.923,90 euros, deberán presentar declaración 

expresiva de dicha circunstancia antes del día 1 de marzo 

del 2010. 

Sin perjuicio de la obligación establecida en el párrafo anterior, 

para acreditar las rentas e ingresos las entidades gestoras 

de la Seguridad Social podrán en todo momento 

requerir a los perceptores de complementos por mínimos una 

declaración de estos, así como de sus bienes patrimoniales 

y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias 

presentadas. 

6. En el mínimo asignado a las pensiones de gran invalidez, 

están comprendidos los dos elementos que integran la 

pensión a que se refiere el artículo 3.4. 

7. Cuando el complemento por mínimo de pensión se solicite 

con posterioridad al reconocimiento de aquélla, surtirá 

efectos a partir de los tres meses anteriores a la fecha de la 

solicitud, siempre que en aquel momento se reunieran todos 

los requisitos para tener derecho al mencionado complemento. 

Artículo 7. Complementos por mínimos en función de las 

diferentes modalidades de convivencia y dependencia económica.— 

1. Se considerará que existe cónyuge a cargo 

del titular de una pensión, a los efectos del reconocimiento de 

las cuantías mínimas establecidas en el anexo, cuando aquel 

se halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente 

de él. 

Salvo en el caso de separación judicial, se presumirá la 

convivencia siempre que se conserve el vínculo matrimonial, 

sin perjuicio de que esa presunción pueda destruirse por la 

actividad investigadora de la Administración. 

Asimismo, se entenderá que existe dependencia económica 

del cónyuge cuando concurran las circunstancias siguientes: 

a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular 

de una pensión a cargo de un régimen básico público de 

previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto 

los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de 

ayuda por tercera persona, ambos de la Ley 13/1982, de 7 de 

abril, de integración social de los minusválidos, y las pensiones 

asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio. 

b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista 

y de su cónyuge, computados en la forma señalada 

en el apartado 2 del artículo anterior, resulten inferiores a 

8.076,80 euros anuales. 

Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos 

referidos en el párrafo anterior y del importe, también en 

cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar 

resulte inferior a la suma de 8.076,80 euros y de la cuantía 

anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo de que se 

trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, 

distribuido entre el número de mensualidades que corresponda. 

158

4 

2. Se considerará que existe cónyuge no a cargo del titular 

de una pensión, a los efectos del reconocimiento de las 

cuantías mínimas establecidas en el anexo, cuando aquél se 

halle conviviendo con el pensionista y no dependa económicamente 

de él en los términos previstos en el apartado anterior. 

3. Se considerará que el pensionista constituye una unidad 

económica unipersonal, a los efectos de la aplicación de 

lo previsto en la disposición adicional vigésima cuarta de la 

Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de 

Seguridad Social, cuando, acreditando derecho a complemento 

por mínimos en atención a sus ingresos, conforme a lo 

dispuesto en el artículo anterior, no se encuentre comprendido 

en ninguno de los supuestos previstos en los apartados 

anteriores de este artículo. 

4. Los perceptores de complementos por cónyuge a cargo 

vendrán obligados a declarar, dentro del mes siguiente al 

momento en que se produzca, cualquier variación de su estado 

civil que afecte a dicha situación, así como cualquier 

cambio en la situación de dependencia económica de su 

cónyuge. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, las 

entidades gestoras de la Seguridad Social podrán solicitar, en 

cualquier momento, los datos identificativos del cónyuge, así 

como declaración de los ingresos que perciban ambos cónyuges. 

5. La pérdida del derecho al complemento por cónyuge a 

cargo tendrá efectos a partir del día 1 del mes siguiente a 

aquel en que cesen las causas que dieron lugar a su reconocimiento. 

6. La omisión por parte de los beneficiarios del cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 6.5 y en el apartado 4 de 

este artículo será constitutiva de infracción, a tenor de lo 

dispuesto en la sección 2.ª del capítulo III del texto refundido 

de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, 


agosto. 

Sección 2 

Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 

Invalidez 

Artículo 8. Revalorización de las pensiones del extinguido 

seguro obligatorio de vejez e invalidez.— 1. La revalorización 

de las pensiones del extinguido seguro obligatorio de 

vejez e invalidez no concurrentes con otras pensiones públicas, 

cualquiera que sea la fecha del hecho causante, consistirá 

en la diferencia entre el importe de la pensión a 31 de 

diciembre de 2009 y la cuantía de 5.259,80 euros, en cómputo 

anual. 

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, no se 

considerarán pensiones concurrentes las prestaciones económicas 

reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de 

marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al 

extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia 

de la guerra civil, ni las pensiones percibidas por los mutilados 

útiles o incapacitados de primer grado por causa de la 

pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación 

aplicable, las pensiones extraordinarias derivadas de 

actos de terrorismo, ni el subsidio de ayuda por tercera persona, 

previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril. 

Cuando, para el reconocimiento de una pensión del extinguido 

seguro obligatorio de vejez e invalidez, se hayan totalizado 

períodos de seguro o de residencia cumplidos en otros 

países vinculados a España por norma internacional de Seguridad 

Social que prevea dicha totalización, el importe de la 

pensión prorrateada a cargo de España no podrá ser inferior 

a 2.629,90 euros en cómputo anual. 

2. La revalorización establecida en el apartado anterior no 

tiene carácter consolidable. 

CAPÍTULO III 

CONCURRENCIA DE PENSIONES 

Sección 1 

Normas comunes 

Artículo 9. Concurrencia de pensiones.— 1. A los 

efectos de lo establecido en este título, se entenderá que 

existe concurrencia de pensiones cuando un mismo beneficiario 

tenga reconocida o se le reconozca más de una pensión 

a cargo de alguna de las siguientes entidades y 

organismos: 

a) Las abonadas por el Régimen de Clases Pasivas del 

Estado y, en general, las abonadas con cargo a créditos de la 

Sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado. 

b) Las abonadas por el Régimen General y los regímenes 

especiales de la Seguridad Social, las de la modalidad no 

contributiva de la Seguridad Social, las prestaciones económicas 

por ancianidad e incapacidad a favor de los españoles 

residentes en el exterior y las pensiones asistenciales por 

ancianidad para españoles de origen retornados. 

c) Las abonadas por los Fondos Especiales de la Mutualidad 

General de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto 

Social de las Fuerzas Armadas y de la Mutualidad General 

Judicial o por las propias mutualidades citadas, así como las 

abonadas por el Fondo Especial del Instituto Nacional de la 


d) Las abonadas por los sistemas o regímenes de previsión 

de las comunidades autónomas y de las corporaciones 

locales y por los propios entes. 

e) Las abonadas por las mutualidades, montepíos o entidades 

de previsión social que se financien en todo o en parte 

con recursos públicos. 

f) Las abonadas por empresas o sociedades con participación 

mayoritaria, directa o indirecta, en su capital del Estado, 

de las comunidades autónomas o de las corporaciones 

locales o de los organismos autónomos de uno y otras, bien 

directamente o mediante la suscripción de la correspondiente 

póliza de seguro con una institución distinta, cualquiera que 

sea la naturaleza jurídica de ésta o bien por las mutualidades 

o entidades de previsión de aquéllas, en las que las aportaciones 

directas de los causantes de la pensión se complementen 

con recursos públicos, incluidos los de la propia 

empresa o sociedad. 

g) Las abonadas por la Administración del Estado o por las 

comunidades autónomas en virtud de la Ley de 21 de julio de 

1960 y del Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, así como 

los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y 

de ayuda por tercera persona, previstos en la Ley 13/1982, de 

7 de abril. 

h) Cualesquiera otras no enumeradas en los párrafos anteriores, 

que se abonen total o parcialmente con cargo a recursos 

públicos. 

2. No obstante, como excepción a lo previsto en el apartado 

1 anterior, no tendrán la consideración de pensiones 

públicas, ni, por tanto, se computarán a efectos de la limitación 

del señalamiento inicial o de la fijación de la cuantía 

159

4 

máxima de percepción de las pensiones públicas, las abonadas 

a través de planes de pensiones de empleo o contratos 

de seguro colectivo, incluidos los formalizados por mutualidades 

de previsión social empresarial, promovidos por las 

administraciones, organismos, entidades y empresas a que 

se refiere la disposición final segunda del texto refundido de la 

Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, 


noviembre, y en los términos en ella expresados. 

Sección 2 

Revalorización aplicable a pensiones del Sistema de la 


Subsección 1 

Normas generales 

Artículo 10. Revalorización de las pensiones concurrentes 

del sistema de la Seguridad Social.— 1. Las pensiones 

concurrentes del sistema de la Seguridad Social se revalorizarán 

aplicando a cada una de ellas lo previsto en el artículo 

3.1, sin que la suma de las pensiones concurrentes, una vez 

revalorizadas, pueda ser superior a la cuantía indicada en el 

apartado 2 de dicho artículo. 

2. Si como consecuencia de la aplicación del tope máximo 

a que se refiere el artículo 3.2 hubiera de minorarse la cuantía 

del incremento que se asigne en concepto de revalorización, 

el exceso que deba absorberse se distribuirá proporcionalmente 

entre las cuantías que por revalorización hubieran correspondido 

a cada una de las pensiones de no existir el 

referido tope. 

3. Cuando concurran pensiones revalorizables y no revalorizables 

del sistema de la Seguridad Social, cuya suma de 

importes en 2009 ascendía a 2.441,75 euros mensuales, se 

recalcularán, desde su reconocimiento inicial, las revalorizaciones 

teóricas de las pensiones revalorizables para garantizar, 

en su caso, el límite máximo establecido en el artículo 

3.2. 

Artículo 11. Revalorización de las pensiones del sistema 

de la Seguridad Social concurrentes con otras pensiones 

públicas.— Cuando un titular tenga reconocidas una o varias 

pensiones del sistema de la Seguridad Social, en concurrencia 

con una o más pensiones de las mencionadas en el 

artículo 9, la revalorización de las pensiones de la Seguridad 

Social se efectuará conforme a lo dispuesto en los apartados 

siguientes: 

1. Si la suma de las pensiones concurrentes no alcanza el 

límite máximo establecido en el artículo 3.2, el importe de la 

revalorización de la pensión o pensiones de la Seguridad 

Social se determinará con aplicación de lo dispuesto en el 

artículo anterior. 

No obstante, no se tendrán en cuenta, a efectos de la revalorización 

de las pensiones del sistema de la Seguridad 

Social, los complementos de pensión otorgados a los trabajadores, 

en virtud de convenio colectivo o reglamento interior, 

que, como consecuencia de reestructuración de plantilla o 

causa similar, anticipen la edad de jubilación, obteniendo la 

pensión con aplicación del coeficiente reductor del porcentaje 

de aquélla. Ello sin perjuicio de que se tengan en cuenta a 

efectos de la aplicación del límite máximo de 2.466,20 euros 

mensuales. 

Cuando la pensión ajena al sistema de la Seguridad Social, 

en virtud de su normativa específica, no experimentase revalorización, 

la pensión de la Seguridad Social se revalorizará 

en el porcentaje señalado en el artículo 3.1. 

2. Si la suma de las pensiones públicas percibidas por el 

titular, una vez revalorizadas, alcanza el límite máximo señalado 

en el artículo 3.2, se aplicarán las reglas siguientes: 

Primera.- Cuando todas las pensiones públicas percibidas 

por el titular sean revalorizables, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Se determinará un límite máximo anual para el importe 

de los pagos que deban hacerse en relación con la pensión 

de la Seguridad Social. Este límite consistirá en una cifra que 

guarde con la cuantía de 34.526,80 euros anuales íntegros la 

misma proporción que la pensión de la Seguridad Social 

guarda en relación con el conjunto de todas las pensiones 

concurrentes que correspondan al mismo titular. 

Dicho límite «L» se obtendrá mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

Siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de 

diciembre de 2009 de la pensión a cargo de la Seguridad 

Social, y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor 

íntegro, en términos anuales, de las restantes pensiones 

concurrentes del mismo titular. 

b) Obtenido dicho límite, la Seguridad Social sólo abonará 

en concepto de revalorización de la pensión a su cargo las 

cantidades debidas en cuanto no excedan de aquél. En otro 

caso, deberá proceder a la absorción del exceso sobre dicho 

límite, en proporción a la cuantía de cada una de las pensiones 

concurrentes y a la del exceso habido en la pensión de la 


Segunda.- Cuando las pensiones ajenas al sistema de la 

Seguridad Social, en virtud de su normativa específica, no 

sean revalorizables, la pensión de la Seguridad Social se revalorizará 

en el porcentaje señalado en el artículo 10 o, en su 

defecto, en la cantidad necesaria para que el importe conjunto 

de todas las pensiones percibidas por el titular, una vez revalorizadas 

las de la Seguridad Social, no supere el límite máximo 

que se señala en el artículo 3.2, aplicando, en su caso, 

lo previsto en el artículo 10.3. 

3. A efectos de determinar el límite establecido en el 

apartado 2 de este artículo, cuando entre las pensiones concurrentes 

coincidan dos o más de la Seguridad Social, se 

considerarán éstas como una sola pensión por la aplicación 

previa de lo dispuesto en el apartado anterior. 

4. Cuando la suma de las pensiones concurrentes supere 

la cantidad de 34.526,80 euros, en cómputo anual, las de la 

Seguridad Social no serán objeto de revalorización. 

5. Cuando, con ocasión de reconocimientos iniciales, haya 

de aplicarse el límite máximo a que se refiere este artículo, se 

entenderá que las pensiones concurrentes se han causado 

simultáneamente, cuando sea la misma la fecha de efectos 

económicos de las pensiones, con independencia del momento 

en que se dicten las resoluciones o actos de reconocimiento. 

Subsección 2 

Complementos por mínimos 

Artículo 12. Aplicación de los complementos por mínimos 

en los supuestos de concurrencia de pensiones.— 1. En 

los supuestos de concurrencia de pensiones, la aplicación de 

160

4 

los complementos por mínimos a que se refieren los artículos 

5 a 7 se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Solamente se reconocerá complemento por mínimo si la 

suma de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas 

las de la Seguridad Social de acuerdo con la normativa 

que les sea de aplicación, resulta inferior al mínimo que 

corresponda a aquella de las del sistema de la Seguridad 

Social que lo tenga señalado en mayor cuantía, en cómputo 

anual. Dicho complemento consistirá en la cantidad necesaria 

para alcanzar la referida cuantía mínima. 

b) El complemento que corresponda de acuerdo con lo 

dispuesto en la norma anterior se afectará a la pensión concurrente 

determinante de la citada cuantía mínima. 

2. A los solos efectos de garantía de complementos por 

mínimos, se equipararán a ingresos o rendimientos de trabajo 

las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de 

los regímenes públicos básicos de previsión social. 

Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, 

con carácter compensatorio, a los pensionistas españoles, 

al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el 

Reino Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán 

a ningún efecto para el reconocimiento de los complementos 

para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones. 

Sección 3 

Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 

Invalidez 

Artículo 13. Revalorización de las pensiones del extinguido 

seguro obligatorio de vejez e invalidez en concurrencia 

con otras pensiones.— 1. No se revalorizarán las pensiones 

del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez 

que concurran con cualquier otra pensión de las mencionadas 

en el artículo 9, excepto con las prestaciones económicas 

reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a 

los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, 

durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra 

civil, con la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados 

de primer grado por causa de la pasada guerra 

civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, 

con el subsidio de ayuda por tercera persona previsto en la 

Ley 13/1982, de 7 de abril, y con las pensiones extraordinarias 

derivadas de actos de terrorismo. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 

cuando la suma de todas las pensiones concurrentes, una 

vez revalorizadas, y las del citado seguro obligatorio de vejez 

e invalidez, calculada una y otra en cómputo anual, sea inferior 

a 5.259,80 euros, la pensión del mencionado seguro se 

revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. 

Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible 

con cualquier incremento que puedan experimentar las 

percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones 

o por reconocimiento de nuevas prestaciones de 

carácter periódico. 

3. Con independencia de lo establecido en los apartados 

precedentes, el importe de las pensiones del extinguido seguro 

obligatorio de vejez e invalidez se tomará en cuenta a 

los solos efectos de la suma de las pensiones concurrentes a 

que se refiere el artículo 10.1. 

4. En los supuestos de concurrencia de pensiones de vejez 

o invalidez del extinguido seguro obligatorio de vejez e 

invalidez con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes 

del sistema de la Seguridad Social o con alguna de 

estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública 

de viudedad, el importe de aquellas pensiones será el 

que se determina en el artículo 8.1, párrafo primero, sin perjuicio 

de la aplicación del límite establecido en la disposición 

transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio. En el caso de superarse dicho límite, 

el aludido importe se minorará en la cuantía necesaria para 

no superarlo. 

No obstante lo anterior, en estos supuestos de concurrencia, 

si los interesados tuvieran reconocidos importes superiores 

con anterioridad a 1 de septiembre de 2005, se aplicarán 

las normas generales sobre revalorización contenidas en los 

apartados anteriores, siempre que, por efecto de estas normas, 

la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes 

siga siendo superior al límite mencionado en el párrafo anterior. 

CAPÍTULO IV 

PENSIONES RECONOCIDAS EN APLICACIÓN DE 

NORMAS INTERNACIONALES 

Artículo 14. Revalorización de las pensiones reconocidas 

en aplicación de normas internacionales.— 1. La revalorización 

de pensiones que hayan sido reconocidas en virtud 

de normas internacionales de las que estén a cargo de la 

Seguridad Social un tanto por ciento de su cuantía teórica se 

llevará a cabo aplicando dicho tanto por ciento al incremento 

que hubiera correspondido de hallarse a cargo de la Seguridad 

Social española el 100 por cien de la citada pensión. 

En el importe de la cuantía teórica a que se refiere el párrafo 

anterior no se considerará incluido el complemento por 

mínimo que, en su caso, pudiera corresponder, salvo que se 

disponga otra cosa en un convenio bilateral o multilateral. 

2. A la pensión prorrateada, una vez revalorizada conforme 

a lo dispuesto en el apartado anterior, se le añadirá, 

cuando proceda en aplicación de las normas generales establecidas, 

el complemento por mínimos que corresponda. 

Dicho complemento se calculará aplicando el porcentaje tenido 

en cuenta en el apartado 1 a la diferencia que exista 

entre la cuantía que hubiese correspondido de hallarse a 

cargo de la Seguridad Social española el 100 por cien de la 

pensión y el mínimo que pueda corresponder por aplicación 

de las normas generales. 

3. Si, después de haber aplicado lo dispuesto en el apartado 

anterior, la suma de los importes de las pensiones, reconocidas 

al amparo de un convenio bilateral de Seguridad 

Social, tanto por la legislación española como por la extranjera, 

fuese inferior al importe mínimo de la pensión de que se 

trate vigente en cada momento en España, se le garantizará 

al beneficiario, en tanto resida en territorio nacional, la diferencia 

entre la suma de las pensiones reconocidas, española 

y extranjera, y el referido importe mínimo de acuerdo con las 

normas generales establecidas para su concesión. 

Para la aplicación de este apartado 3 y del artículo 50 del 

Reglamento (CEE) n.º 1408/1971 del Consejo, de 14 de junio 

de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad 

Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores 

por cuenta propia y sus familias que se desplazan 

dentro de la Comunidad, las cuantías fijas del extinguido seguro 

obligatorio de vejez e invalidez tendrán la consideración 

de importes mínimos. 

4. A efectos de lo establecido en los artículos 5 a 7, las 

prestaciones percibidas con cargo a una entidad extranjera 

serán consideradas ingresos o rendimientos de trabajo, salvo 

161

4 

para la aplicación del apartado 3 de este mismo artículo o que 

en un convenio bilateral o multilateral se disponga otra cosa. 

5. Para proceder al cálculo del complemento que, en su 

caso, haya que reconocer al beneficiario, el importe de la 

pensión extranjera se considerará en euros. El tipo de cambio 

que se aplicará será el establecido para el 1 de enero de 

2010 o para la fecha que corresponda en función de aquella 

en que se cause el derecho al citado complemento durante 

2010. La fijación de dicho cambio se hará de acuerdo con las 

disposiciones dictadas para la aplicación de los reglamentos 

comunitarios y de los convenios bilaterales. 

CAPÍTULO V 

NORMAS DE APLICACIÓN 

Sección 1 

Financiación 

Artículo 15. Financiación de la revalorización de las pensiones.— 

1. La revalorización de las pensiones establecida 

en este título se financiará con cargo a los recursos 

generales del sistema de la Seguridad Social, de acuerdo con 

las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

2. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social participarán en el coste 

de la revalorización, incluidos los complementos por mínimos, 

de las pensiones de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, mediante las aportaciones que fije el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 76 del Reglamento general sobre cotización 

y liquidación de otros derechos de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de 

diciembre, y normas concordantes. 

Sección 2 

Gestión 

Artículo 16. Reconocimiento del derecho a la revalorización.— 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social y el 

Instituto Social de la Marina, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, procederán de oficio al reconocimiento del 

derecho a la revalorización establecida en los artículos anteriores. 

Las entidades y organismos a que se refiere el artículo 9 

vendrán obligados a facilitar cuantos datos se consideren 

precisos para poder efectuar la revalorización y, en especial, 

deberán especificar si las prestaciones por ellos otorgadas 

son o no revalorizables, de acuerdo con la normativa aplicable 

a éstas, o si están constituidas por los complementos a 

que se refiere el artículo 11.1, párrafo segundo, así como el 

número de pagas con que se percibe la pensión. 

TÍTULO II 

Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no 

contributiva 

CAPÍTULO I 

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN SU MODALIDAD NO 

CONTRIBUTIVA 

Artículo 17. Cuantía de las pensiones de la Seguridad 

Social en su modalidad no contributiva.— 1. Para el año 

2010, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez, en 

su modalidad no contributiva, queda fijada en 4.755,80 euros 

íntegros anuales. 

2. La cuantía de las pensiones de la Seguridad Social por 

jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, que se 

hayan reconocido con anterioridad a 1 de enero de 2010 o 

puedan reconocerse a partir de dicha fecha, queda fijada en 

4.755,80 euros íntegros anuales. 

CAPÍTULO II 

COMPLEMENTO A FAVOR DE LOS TITULARES DE UNA 

PENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SU 

MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA QUE RESIDAN EN UNA 

VIVIENDA ALQUILADA 

Artículo 18. Objeto.— Los beneficiarios de pensión de 

jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad 

no contributiva, podrán percibir el complemento anual de 

pensión previsto en el artículo 42 de la Ley 26/2009, de 23 de 

diciembre, cuando acrediten fehacientemente carecer de vivienda 

en propiedad y residir de forma habitual en una vivienda 

alquilada como titular del contrato, siempre que el 

propietario de aquella no tenga relación de parentesco con el 

pensionista hasta el tercer grado. 

Artículo 19. Beneficiarios del complemento.— 1. 

Tendrán derecho al complemento previsto en el artículo 42 de 

la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, las personas que cumplan 

los siguientes requisitos: 

a) Tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez 

de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la 

fecha de la solicitud y en la de resolución. 

b) Carecer de vivienda en propiedad. 

c) Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda 

en la fecha de la solicitud. 

d) No tener relación de parentesco hasta el tercer grado 

con el arrendador de la vivienda alquilada. 

e) Tener fijada su residencia habitual en la vivienda alquilada. 

2. Si en la misma vivienda alquilada conviven dos o más 

personas que tuvieran reconocida una pensión de la Seguridad 

Social en su modalidad no contributiva, sólo tendrá derecho 

a este complemento aquel que sea el titular del contrato 

de arrendamiento o, de ser varios, el primero de ellos. 

Artículo 20. Residencia habitual en la vivienda alquilada.— 

El requisito de residencia habitual en la vivienda alquilada 

exigido para el reconocimiento del derecho al complemento 

de pensión se entenderá cumplido cuando dicha vivienda sea 

el domicilio habitual del pensionista. A tal efecto, se entenderá 

que la vivienda es el domicilio habitual cuando la vigencia del 

arrendamiento no sea inferior a un año y el pensionista haya 

residido en ella durante un período mínimo de 180 días inmediatamente 

anteriores a la fecha de la solicitud. 

Artículo 21. Competencia.— La tramitación del procedimiento 

para el reconocimiento de este complemento de 

pensión y la emisión de la resolución que ponga fin a dicho 

procedimiento corresponde a los órganos competentes de las 

respectivas comunidades autónomas, diputaciones forales 

del País Vasco y Navarra, y direcciones territoriales del Instituto 

de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta y Melilla, que 

tienen atribuida la competencia para la gestión de las pensiones 

no contributivas de la Seguridad Social. 

Artículo 22. Procedimiento.— El procedimiento para el 

reconocimiento del derecho al complemento previsto en el 

162

4 

artículo 42 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, se iniciará 

por el pensionista no contributivo o su representante legal a 

través de la presentación hasta el 31 de diciembre de 2010 de 

una solicitud, que deberá dirigirse al órgano competente en 

función del domicilio del pensionista, y podrá presentarse en 

los registros y oficinas a las que se refiere el artículo 38.4 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

Artículo 23. Acreditación de los requisitos.— 1. La 

acreditación del cumplimiento de los requisitos que el pensionista 

no contributivo debe reunir para tener derecho a 

percibir este complemento se efectuará por la declaración que 

realice el pensionista, y se justificará a través de la siguiente 

documentación: 

a) El requisito de carecer de vivienda en propiedad, se 

acreditará por certificado catastral telemático. 

b) El requisito de ser titular del contrato de arrendamiento 

de la vivienda, se justificará mediante fotocopia compulsada 

del contrato de arrendamiento en el que figure la localización 

de la vivienda, la identificación del arrendador y del arrendatario 

y la duración del contrato. Ante inexistencia del contrato 

de arrendamiento, la condición de arrendatario se acreditará 

por otro medio de prueba válido en derecho. 

c) El requisito de residencia habitual en la vivienda alquilada, 

se acreditará con la información contenida en el respectivo 

padrón municipal. 

d) El requisito de no tener relación de parentesco hasta el 

tercer grado con el arrendador de la vivienda alquilada se 

acreditará mediante declaración responsable del pensionista 

en la que conste que el arrendador o arrendadores de la vivienda 

alquilada no tienen con él relación de parentesco, por 

consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado. 

2. El órgano gestor competente, previa autorización del 

solicitante, podrá recabar de oficio mediante consulta en los 

ficheros públicos disponibles los datos, documentos y certificaciones 

necesarios para acreditar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos y, en especial, la certificación acreditativa 

de propiedades en la oficina virtual del catastro y el certificado 

sobre el domicilio de empadronamiento a que se refieren el 

apartado 1 de este artículo. 

Si el solicitante no autorizase expresamente al órgano 

competente a recabar de oficio las certificaciones referidas en 

el párrafo anterior, la certificación acreditativa de propiedades 

expedida por la Dirección General del Catastro y el certificado 

sobre el domicilio de empadronamiento tendrán que ser 

aportados por el solicitante junto con la solicitud. 

Artículo 24. Resolución y plazo.— 1. La resolución 

deberá dictarse y notificarse conforme al artículo 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo máximo de tres 

meses desde la fecha en que la solicitud del complemento de 

pensión haya tenido entrada en cualquiera de los registros 

del órgano competente para su tramitación. 

2. Transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, 

sin que se hubiere dictado y notificado resolución expresa, 

la solicitud se entenderá desestimada por silencio 

administrativo, conforme a lo dispuesto en la disposición 

adicional vigésima quinta, apartado 2, del texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social, sin perjuicio de la resolución 

que se dicte conforme al artículo 43.4 b) de la Ley 


Artículo 25. Cuantía del complemento.— La cuantía del 

complemento previsto en el artículo 42 de la Ley 26/2009, de 

23 de diciembre, ascenderá a 525 euros. 

Artículo 26. Devengo y pago del complemento.— El 

complemento de pensión se devengará anualmente en la 

cuantía fijada en el artículo anterior y se abonará en un único 

pago que se hará efectivo con anterioridad al 31 de diciembre 

de 2010. 

No obstante, a aquellos pensionistas a los que no se les 

pudiera abonar el complemento a la fecha indicada en el párrafo 

anterior, éste se hará efectivo, como máximo, dentro del 

plazo de los tres meses siguientes a dicha fecha. 

Artículo 27. Exclusión del complemento en el cómputo de 

ingresos para mantener el derecho a la pensión no contributiva 

de la Seguridad Social.— La cuantía del complemento 

de pensión reconocido a los perceptores de pensión de jubilación 

y de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad 

no contributiva, estará excluida del cómputo de rentas o ingresos 

a efectos de determinar el mantenimiento del derecho 

a dicha pensión. 


Disposición adicional primera. Revalorización de las 

pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.— Para la revalorización de las pensiones 

del sistema de la Seguridad Social por incapacidad 

permanente o muerte y supervivencia, derivadas de accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales, se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

a) El importe anual de la pensión se dividirá por 14, y el 

cociente resultante se considerará como importe mensual de 

la pensión, a efectos de aplicar la revalorización general a 

que se refiere el artículo 3. 

b) Para la determinación de los complementos por mínimos 

establecidos en los artículos 5 a 7, se procederá en la 

misma forma indicada en el párrafo precedente, si bien partiendo 

de la pensión ya revalorizada conforme dispone éste. 

Cuando el cociente obtenido fuese inferior a la cuantía mínima 

establecida para las pensiones de su clase, la diferencia 

constituirá el complemento por mínimo. 

c) El aumento que resulte de la aplicación de lo dispuesto 

en el párrafo a) y, en su caso, en el b) de esta disposición se 

incrementará al importe de cada mensualidad de la pensión, 

salvo las correspondientes a junio y noviembre, en las que 

dicho incremento será doble. 

Disposición adicional segunda. Aplicación de los complementos 

por mínimos en supuestos especiales.— 1. Los 

complementos por mínimos establecidos en los artículos 5 a 7 

serán también de aplicación a las pensiones causadas a partir 

de 1 de enero de 2010. 

2. Las cuantías fijas del extinguido seguro obligatorio de 

vejez e invalidez, a que se refiere el artículo 8, son igualmente 

aplicables, de acuerdo con lo establecido en él, a las pensiones 

causadas a partir del 1 de enero de 2010. 

3. Los pensionistas que, el 31 de diciembre de 2009, fueran 

menores de 60 ó 65 años de edad pasarán a percibir, en 

su caso, las cuantías establecidas, para los que tengan 

cumplida dicha edad, en los artículos mencionados en los 

apartados anteriores, a partir del día 1 del mes siguiente a 

aquel en que cumplan los 60 ó 65 años, respectivamente. 

163

4 

4. En aquellos regímenes del sistema de la Seguridad 

Social que tengan previstos coeficientes reductores de la 

edad de jubilación, en función de la actividad realizada, la 

edad de 65 años, a efectos de determinación del derecho a 

los complementos por mínimos previstos en este real decreto, 

se entenderá cumplida cuando por aplicación de dichos 

coeficientes resulte una edad igual o superior a la de 65 

años, siempre que los beneficiarios cumplan los demás requisitos 

exigidos. 

Igual norma se aplicará en los supuestos de la jubilación 

especial a los 64 años prevista en el Real Decreto 

1194/1985, de 17 de julio. 

Disposición adicional tercera. Revalorización de las 

pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo. 

— Las pensiones extraordinarias de la Seguridad Social 

originadas por actos de terrorismo, previstas en el Real Decreto 

1576/1990, de 7 de diciembre, serán revalorizadas en 

los mismos términos y condiciones que los previstos en el 

capítulo II del título I de este real decreto, no estando sujetas, 

en ningún caso y de conformidad con lo previsto en el artículo 

46 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, a los límites previstos 

con carácter general. Asimismo, tampoco se computarán 

los importes de dichas pensiones, a los efectos de la 

aplicación de los mencionados límites en los supuestos de 

concurrencia, en un mismo titular, de otras pensiones públicas. 

Disposición adicional cuarta. Rectificación de los actos 

de revalorización.— Los actos de las entidades u organismos 

a quienes corresponda el reconocimiento de las revalorizaciones 

de pensión, que hayan sido dictados en 

aplicación de este real decreto, podrán ser rectificados de 

oficio en los casos de errores materiales o de hecho o cuando 

se constaten omisiones o inexactitudes en las declaraciones 

del beneficiario, siguiendo a tal efecto los procedimientos y 

con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. 

Disposición adicional quinta. Prestaciones familiares de 

la Seguridad Social.— Conforme a lo dispuesto en la disposición 

adicional primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, 

a partir de 1 de enero de dicho ejercicio económico 

la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, 

en su modalidad no contributiva, así como el importe del 

límite de ingresos para el acceso a las mismas, regulados en 

la sección segunda del capítulo IX del título II del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, serán los 

siguientes: 

1. La cuantía de la asignación económica establecida en 

el artículo 182 bis.1 será en cómputo anual de 500 euros 

cuando el hijo o menor acogido a cargo tenga una edad inferior 

a 5 años, y de 291 euros cuando el hijo o menor acogido 

a cargo tenga una edad comprendida entre los 5 y 18 años de 

edad. 

2. Las cuantías de la asignación establecidas en el artículo 

182 bis.2 para los casos en que el hijo o menor acogido a 

cargo tenga la condición de persona con discapacidad, serán: 

a) 1.000 euros cuando el hijo o menor acogido a cargo 

tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 

ciento. 

b) 4.076,40 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 

años y esté afectado por una discapacidad en un grado igual 


c) 6.115,20 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 

años, esté afectado por una discapacidad en un grado igual o 

superior al 75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas 

anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona 

para realizar los actos más esenciales de la vida, tales 

como vestirse, desplazarse, comer o análogos. 

3. La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción 

de hijo establecida en el artículo 186.1 será de 1.000 euros. 

4. La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción 

de hijo establecida en el artículo 188 ter será de 2.500 euros. 

5. El límite de ingresos a que se refiere el primer párrafo 

del artículo 182.1.c) queda fijado en 11.264,01 euros anuales. 

El límite de ingresos a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 182.1.c) queda fijado en 16.953,05 euros anuales, 

incrementándose en 2.745,93 euros por cada hijo a cargo 

a partir del cuarto, éste incluido. 

Disposición adicional sexta. Subsidio de movilidad y 

compensación para gastos de transporte.— A partir del 1 

de enero de 2010, el subsidio de movilidad y compensación 

para gastos de transporte, regulado por la Ley 13/1982, de 7 

de abril, queda fijado en 58,10 euros mes. 


Disposición final primera. Título competencial.— Este 

real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 

149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 

exclusiva en materia de régimen económico de la 


Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo 

reglamentario.— Se habilita al Ministro de Trabajo e Inmigración 

para desarrollar lo dispuesto en este real decreto. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor.— El presente 

real decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el «Boletín Oficial del Estado», con efectos, respecto a la revalorización 

de las pensiones, así como de los importes de 

las asignaciones económicas por hijo a cargo y del subsidio 

de movilidad y compensación para gastos de transporte, 

desde el día 1 de enero de 2010. 



El Ministro de Trabajo e Inmigración, CELESTINO COR- 

BACHO CHAVES 

ANEXO 

Sistema de la Seguridad Social 

Cuadro de cuantías mínimas de las pensiones de la 

modalidad contributiva para el año 2010 


Jubilación 

Con cónyuge a 

cargo 

– 

Euros/año 

Titulares 

Sin cónyuge: 

Unidad económica 

unipersonal 

– 

Euros/año 


cargo 

– 

Euros/año 

164

4 


Titulares 


Titulares 


Sin cónyuge: 



Sin cónyuge: 


cargo 

Unidad econó- 

cargo 

cargo 

Unidad econó- 

cargo 

– 

mica uniperso- 

– 

– 

mica uniperso- 

– 

Euros/año 

nal 

Euros/año 

Euros/año 

nal 

Euros/año 

– 

– 

Euros/año 

Euros/año 

Titular con sesenta y cinco años. 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Titular menor de sesenta y cinco 9.515,80 7.697,20 7.273,00 

años. 

Incapacidad permanente 

Gran invalidez. 15.229,20 12.343,80 11.708,20 

Absoluta. 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Titular con sesenta y cinco años o 

8.229,20 

con discapacidad en grado igual o 

superior al 65 por 100. 

Titular con edad entre sesenta y sesenta 

y cuatro años. 

7.697,20 

Titular con menos de sesenta años. 6.228,60 

Total: Titular con sesenta y cinco 

10.152,80 8.229,20 7.805,00 

años. 

Total: Titular con edad entre sesenta 

y sesenta y cuatro años. 

9.515,80 7.697,20 7.273,00 


Orfandad 

Euros/año 

Total: Derivada de enfermedad común 

menor de sesenta años. 

Parcial del régimen de accidentes de 

trabajo: 

5.115,60 5.115,60 55% base mínima 

cotización Régimen 

General 

Por beneficiario . 2.511,60 

Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad 4.944,80 

en grado igual o superior al 65 por 100 . 

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.228,60 euros/ 

año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. 

Titular con sesenta y cinco años. 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Viudedad 

Titular con cargas familiares. 9.515,80 

En favor de familiares 

Por beneficiario . 2.511,60 


Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. 6.074,60 

Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. 5.720,40 

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará 

en el importe que resulte de prorratear 3.717,00 euros/año entre 

el número de beneficiarios. 

165

5 

5.- 


Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional ............................................................................. 167 

Artículo 2. Complementos salariales ........................................................................................................... 167 

Artículo 3. Compensación y absorción ........................................................................................................ 167 

Artículo 4. Trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar .................................................. 167 


166

5 

5 


diciembre 


"Por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 

2010." 

organismo 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

materia 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar 

anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en 

el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real decreto 

a establecer las nuevas cuantías que deberán regir a 

partir del 1 de enero de 2010, tanto para los trabajadores fijos 

como para los eventuales o temporeros, así como para el 

personal al servicio del hogar familiar. 

Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 

1,5 por ciento respecto de las vigentes entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2009, son el resultado de tomar en 

consideración de forma conjunta todos los factores contemplados 

en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

El incremento previsto para 2010 determina continuar con 

la política iniciada en 2004 con el objetivo de dignificar el salario 

mínimo interprofesional, con miras a situarlo en el 60% 

del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. 

En este sentido, el incremento fijado permite continuar 

en la senda de la recuperación del poder adquisitivo de los 

trabajadores. 

No obstante, se ha tomado en consideración el difícil contexto 

económico en el que ha de fijarse la cuantía del salario 

mínimo. La economía española se sigue viendo afectada por 

la crisis económica iniciada en 2008 que ha determinado una 

fuerte contracción de la actividad económica y destrucción de 

empleo en 2009. La situación económica actual exige tener 

en cuenta, a la hora de adoptar cualquier decisión en este 

ámbito, todos los factores que puedan tener un impacto en la 

creación de empleo. En este sentido, el comportamiento de la 

variación del índice de precios al consumo del último año ha 

quedado muy por debajo de las cifras de los años precedentes, 

lo que debería mostrarse como un factor propicio para la 

continuación de una política de moderación salarial que contribuya 

a la recuperación económica y a la creación de empleo. 

Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones 

sindicales y asociaciones empresariales más representativas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración 

y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 

reunión del día 30 de diciembre de 2009, 

DISPONGO: 

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.— 

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, 

en la industria y en los servicios, sin distinción de 

sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,11 euros/día 

o 633,30 euros/mes, según que el salario esté fijado 

por días o por meses. 

En el salario mínimo se computan tanto la retribución en 

dinero como en especie. Este salario se entiende referido a la 

jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el 

caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y 

festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata. 

Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se 

tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen 

en los artículos siguientes. 

Artículo 2. Complementos salariales.— Al salario mínimo 

consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el 

mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en 

los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos 

salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto 

de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como el importe 

correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a 

tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción. 

Artículo 3. Compensación y absorción.— A efectos de 

aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los 

Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en 

cómputo anual por los salarios profesionales del incremento 

del salario mínimo interprofesional se procederá de la forma 

siguiente: 

1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida 

en este real decreto no afectará a la estructura ni a la 

cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo 

los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en 

cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. 

A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se 

tomará como término de comparación será el resultado de 

adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real 

decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en 

ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 

8.866,20 euros. 

2. Estas percepciones son compensables con los ingresos 

que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores 

en cómputo anual y jornada completa con arreglo a 

normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos 

individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación 

de este real decreto. 

3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales 

que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación 

de este real decreto subsistirán en sus propios términos, 

sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar 

la percepción de las cantidades en cómputo anual que 

resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, 

en consecuencia, ser incrementados los salarios 

profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía 

necesaria para equipararse a éste. 

Artículo 4. Trabajadores eventuales y temporeros y empleados 

de hogar.— 1. Los trabajadores eventuales y 

temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan 

de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el 

167

5 

salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional 

de la retribución de los domingos y festivos, así como 

de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, 

tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario 

de treinta días en cada una de ellas, sin que en ningún caso 

la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 

30,00 euros por jornada legal en la actividad. 

En lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los 

trabajadores a que se refiere este artículo, dichos trabajadores 

percibirán, conjuntamente con el salario mínimo interprofesional 

fijado en el artículo 1, la parte proporcional de éste 

correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los 

supuestos en que no existiera coincidencia entre el período 

de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del 

contrato. En los demás casos, la retribución del período de 

vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del 

Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación. 

2. De acuerdo con el artículo 6.5 del Real Decreto 

1424/1985, de 1 de agosto, que toma como referencia para la 

determinación del salario mínimo de los empleados de hogar 

que trabajen por horas el fijado para los trabajadores eventuales 

y temporeros, el salario mínimo de dichos empleados 

de hogar será de 4,96 euros por hora efectivamente trabajada. 


Disposición final primera. Habitación para la aplicación y 

desarrollo.— Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración 

para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo de 

este real decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor y periodo de 

vigencia.— Este real decreto entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y 

surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2010, procediendo, en consecuencia, 

el abono del salario mínimo en el mismo establecido 

con efectos del 1 de enero de 2010. 



El Ministro de Trabajo e Inmigración, CELESTINO CORBACHO CHAVES 

168

6 

6 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 

2009, de la Dirección General de 

Tributos 


"Relativa a la aplicación e interpretación de determinadas 

directivas comunitarias en materia del Impuesto sobre el 

Valor Añadido." 

organismo 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

I.V.A. 

materia 

I. 

A lo largo de 2008 ha tenido lugar la aprobación de un 

conjunto de directivas comunitarias cuya tramitación conjunta 

en las Instituciones Comunitarias ha motivado que sean conocidas 

con el nombre de «Paquete IVA». 

En particular, dichas directivas, que modifican y completan 

la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 

2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido, son las siguientes: 

1. Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero de 2008, por la 

que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta 

al lugar de la prestación de servicios. 

2. Directiva 2008/9/CE, de 12 de febrero de 2008, por la 

que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la 

devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la 

Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en 

el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro 

Estado miembro. 

3. Directiva 2008/117/CE, de 16 de diciembre de 2008, por 

la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema 

común del impuesto sobre el valor añadido, a fin de 

combatir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias. 

Como consecuencia de todo ello, el Derecho comunitario se 

ha visto modificado en materia del Impuesto sobre el Valor 

Añadido en tres aspectos esenciales, que se pueden agrupar 

en los bloques siguientes: 

1. El primer bloque se refiere a las reglas que regulan la 

localización de las prestaciones de servicios. Los cambios se 

introducen en este ámbito por la Directiva 2008/8/CE que 

afecta, a través de su artículo 2, a los artículos 44 a 59 ter de 

la Directiva 2006/112/CE. 

Hasta la aprobación de esa directiva, tales reglas han estado 

fundamentadas en un modelo de tributación de las 

prestaciones de servicios en origen, de forma tal que un servicio 

se debía entender localizado en el territorio de aplicación 

del Impuesto, quedando por tanto sujeto al mismo, en la 

medida en que la sede del prestador o el establecimiento 

permanente desde el que se prestara se encontrara en ese 

territorio. Esta ha sido la regla general, si bien su aplicación 

práctica ha quedado muy reducida, esencialmente porque las 

reglas especiales, previstas para una gran diversidad de 

servicios, se han convertido en las aplicables prioritariamente, 

mucho más si se tiene en cuenta que la regla general no 

ha completado en ningún caso aquellos supuestos para los 

que las reglas especiales concluyen la no sujeción. 

En particular, de todas las reglas especiales, las aplicables 

a los servicios normalmente denominados de profesionales, 

los de telecomunicaciones y los prestados por vía electrónica, 

han respondido a un esquema de gravamen en destino, 

mucho más acorde con la necesaria coincidencia de dicho 

gravamen con la jurisdicción en la que tiene lugar el consumo. 

Por ello, tales reglas son las que pasan a ser las aplicables 

con carácter general de acuerdo con lo dispuesto por los 

artículos 44, 45 y 59 de la Directiva 2006/112/CE, distinguiendo 

las operaciones puramente empresariales, en las 

que prestador y destinatario tienen tal condición, de aquellas 

otras cuyo destinatario es un particular. En el primer grupo, el 

gravamen se localiza en la jurisdicción de destino, mientras 

que en el segundo lo hace en la de origen. 

Con carácter adicional, la Directiva 2008/8/CE afecta a la 

Directiva 2006/112/CE respecto de la condición de empresario 

profesional de determinadas entidades (artículo 43), modifica 

el concepto de empresario o profesional establecido en 

el territorio de aplicación del Impuesto (artículo 192 bis), generaliza 

el mecanismo de inversión del sujeto pasivo (artículo 

196), amplía el contenido del estado recapitulativo o declaración 

349 (artículo 262) y establece la atribución de un número 

de identificación a efectos del Impuesto a quienes 

realicen la adquisición o la prestación de servicios intracomunitarios 

(artículo 214). 

2. En el segundo bloque, y por medio de lo dispuesto en la 

Directiva 2008/9/CE, se simplifica sustancialmente el procedimiento 

de devolución del Impuesto a empresarios o profesionales 

no establecidos en el territorio de aplicación del 

Impuesto pero establecidos en la Comunidad. 

El nuevo sistema de devolución se basa en un sistema de 

ventanilla única, en el cual los solicitantes deberán presentar 

por vía electrónica las solicitudes de devolución del Impuesto 

soportado en un Estado miembro distinto de aquel en el que 

estén establecidos; para ello, utilizarán los formularios alojados 

en la página web correspondiente a su Estado de establecimiento. 

Dicha solicitud se remitirá por el Estado de 

establecimiento al Estado de devolución, es decir, aquel en 

el que se haya soportado el Impuesto. 

En los supuestos en los que España sea el Estado de establecimiento, 

dicho formulario deberá ponerse a disposición 

de los solicitantes a través de la página web de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 

En todo caso y como ya ocurría en la actualidad, las solicitudes 

de devolución a través de este sistema exigen, de 

acuerdo con el Derecho comunitario (artículos 5 y 6 de la Directiva 

2008/9/CE) y con la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas, el cumplimiento de 

todos los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho 

a la deducción por el Estado de devolución, junto con el requisito 

de actividad correspondiente al Estado de establecimiento. 

3. Finalmente, el tercer bloque se refiere a la Directiva 

2008/117/CE, que armoniza el devengo de determinadas 

prestaciones de servicios y modifica los plazos de presentación 

y el contenido del estado recapitulativo, o modelo 349 

como es conocido en España. 

169

6 

II. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 de la Directiva 

2008/8/CE, 29 de la Directiva 2008/9/CE y 3 de la Directiva 

2008/117/CE, los Estados miembros deben poner en 

vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por 

dichas directivas con efectos a partir del 1 de enero de 2010. 

En este sentido, el Consejo de Ministros del pasado 30 de 

abril de 2009 fue informado por la Vicepresidenta Segunda y 

Ministra de Economía y Hacienda de un Anteproyecto de Ley 

por la que se transponen determinadas directivas en el ámbito 

de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa 

comunitaria. 

Dicho Anteproyecto, sometido desde ese momento a información 

pública a través de su publicación en la página web 

del Ministerio de Economía y Hacienda, fue dictaminado por 

el Consejo de Estado el 17 de septiembre de 2009 y aprobada 

su remisión a las Cortes Generales como Proyecto de 

Ley por el Consejo de Ministros el 2 de octubre de 2009. 

El pasado 10 de diciembre, el Congreso de los Diputados 

aprobó dicho Proyecto de Ley, encontrándose el texto en estos 

momentos pendiente de su tramitación por el Senado. 

El contenido del mencionado Proyecto de Ley tiene por finalidad 

modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, en todos aquellos preceptos 

que se ven afectados por el contenido de las citadas directivas 

comunitarias. 

No obstante, dado que no es previsible la aprobación del 

Proyecto de Ley antes del 1 de enero de 2010, fecha en la 

que, como se ha indicado, deben estar ya en vigor las disposiciones 

de Derecho comunitario referidas, resulta necesario 

arbitrar provisionalmente, hasta que dicha aprobación 

tenga lugar, un conjunto de criterios interpretativos que permita 

dar cumplimiento al mandato contenido en las directivas 

que conforman el llamado Paquete IVA en la parte que afecta 

a la Ley 37/1992. 

Paralelamente a la reforma de la Ley 37/1992 señalada, las 

aludidas modificaciones en el Derecho comunitario afectan a 

diversos preceptos del Reglamento del Impuesto, aprobado 

por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. En este 

caso, las modificaciones se encuentran recogidas en un proyecto 

de Real Decreto que ha sido dictaminado por el Consejo 

de Estado el 17 de diciembre y cuya aprobación se 

encuentra, a estos efectos, condicionada a la previa actualización 

de la Ley 37/1992. 

Respecto de todo ello, debe recordarse que el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado de forma 

reiterada la posibilidad de los particulares de invocar la aplicación 

directa de los preceptos de una directiva que sean 

incondicionales y suficientemente precisos cuando, expirado 

el plazo para su transposición, esta no haya tenido lugar o 

bien tales preceptos se hayan adaptado incorrectamente. En 

este sentido, ha de destacarse la sentencia de 5 de abril de 

1979, Asunto C-148/78, Ratti, y, particularmente en el caso 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, la sentencia de 19 de 

enero de 1982, Asunto C-8/81, Becker, y la sentencia de 11 

de julio de 2002, Asunto C-62/00, Marks & Spencer. Dicha 

jurisprudencia ha sido recogida, en los mismos términos, por 

el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia de 15 de 

marzo de 1999 y, más recientemente, en su sentencia de 10 

de marzo de 2003. 

Ante la concurrencia de tales circunstancias en relación con 

las Directivas 2008/8/CE, 2008/9/CE y 2008/117/CE, se han 

planteado diversas dudas sobre su contenido, derivadas de 

las distorsiones que se pueden producir como consecuencia 

de la aplicación de diferentes reglas de localización de los 

servicios y de las solicitudes de devolución por no establecidos 

en el territorio de aplicación del Impuesto una vez los 

otros Estados miembros procedan a su transposición. 

En este contexto, y dadas las características de estas operaciones, 

su cuantía y la recurrencia y continuidad con las que 

se realizan, así como el mandato ineludible de transposición 

referido, se hace necesario, puesto todo ello en conocimiento 

de la Comisión de las Comunidades Europeas, aclarar los 

criterios que derivan de la aplicación de las citada directivas a 

partir del 1 de enero de 2010, razón que justifica que esta 

Dirección General haya entendido oportuno dictar esta Resolución. 

III 

Primero. Condición de empresario o profesional.- 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Directiva 

2006/112/CE y a los solos efectos de lo dispuesto en los 

apartados segundo y tercero de esta Resolución, se reputarán 

empresarios o profesionales actuando como tales respecto 

de todos los servicios que les sean prestados quienes 

realicen actividades empresariales o profesionales simultáneamente 

con otras que no estén sujetas al Impuesto, así 

como las personas jurídicas que no actúen como empresarios 

o profesionales siempre que, en este último caso, tengan 

asignado un número de identificación a efectos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido suministrado por la Administración 

tributaria española. 

Segundo. Lugar de realización de las prestaciones de servicios. 

Reglas generales. 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 

45 de la Directiva 2006/112/CE, las prestaciones de servicios 

se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del 

Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del 

artículo 70 de la Ley 37/1992 y en el apartado tercero de esta 

Resolución, en los siguientes casos: 

1.º Cuando el destinatario sea un empresario o profesional 

que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de 

su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento 

permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o 

residencia habitual, siempre que se trate de servicios que 

tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, 

domicilio o residencia habitual, con independencia 

de dónde se encuentre establecido el prestador de los servicios 

y del lugar desde el que los preste. 

2.º Cuando el destinatario no sea un empresario o profesional 

actuando como tal, siempre que los servicios se presten 

por un empresario o profesional y la sede de su actividad 

económica o establecimiento permanente desde el que los 

preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia 

habitual, se encuentre en el territorio de aplicación del Impuesto. 

2. No obstante lo dispuesto en el número 2.º anterior y 

como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 59 de la 

Directiva 2006/112/CE, no se entenderán realizados en el territorio 

de aplicación del Impuesto los servicios que se enumeran 

a continuación cuando el destinatario de los mismos 

no sea un empresario o profesional actuando como tal y esté 

establecido o tenga su domicilio o residencia habitual fuera de 

la Comunidad, salvo en el caso de que dicho destinatario esté 

establecido o tenga su domicilio o residencia habitual en las 

170

6 

Islas Canarias, Ceuta o Melilla y se trate de los servicios a 

que se refieren las letras a) a l) siguientes: 

a) Las cesiones y concesiones de derechos de autor, patentes, 

licencias, marcas de fábrica o comerciales y los demás 

derechos de propiedad intelectual o industrial, así como 

cualesquiera otros derechos similares. 

b) La cesión o concesión de fondos de comercio, de exclusivas 

de compra o venta o del derecho a ejercer una actividad 

profesional. 

c) Los de publicidad. 

d) Los de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de 

estudios, abogacía, consultores, expertos contables o fiscales 

y otros similares, con excepción de los comprendidos en el 

número 1º del apartado uno del artículo 70 de la Ley 

37/1992. 

e) Los de tratamiento de datos y el suministro de informaciones, 

incluidos los procedimientos y experiencias de carácter 

comercial. 

f) Los de traducción, corrección o composición de textos, 

así como los prestados por intérpretes. 

g) Los de seguro, reaseguro y capitalización, así como los 

servicios financieros, citados, respectivamente, en los números 

16º y 18º del apartado uno del artículo 20 de la Ley 

37/1992, incluidos los que no estén exentos, con excepción 

del alquiler de cajas de seguridad. 

h) Los de cesión de personal. 

i) El doblaje de películas. 

j) Los arrendamientos de bienes muebles corporales, con 

excepción de los que tengan por objeto cualquier medio de 

transporte y los contenedores. 

k) La provisión de acceso a los sistemas de distribución de 

gas natural o electricidad, el transporte o transmisión de gas y 

electricidad a través de dichos sistemas, así como la prestación 

de otros servicios directamente relacionados con cualesquiera 

de los servicios comprendidos en esta letra. 

l) Las obligaciones de no prestar, total o parcialmente, 

cualquiera de los servicios enunciados en este número. 

m) Los servicios prestados por vía electrónica. 

n) Los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y 

de televisión. 

Tercero. Lugar de realización de las prestaciones de servicios. 

Reglas especiales. 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 a 

50 y 53 a 58 de la Directiva 2006/112/CE y sin perjuicio de lo 

establecido en el apartado dos del artículo 70 de la Ley 

37/1992 y en el apartado segundo de esta Resolución, se 

entenderán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto 

los siguientes servicios: 

1.º Los relacionados con bienes inmuebles que radiquen 

en el citado territorio. 

Se considerarán relacionados con bienes inmuebles, entre 

otros, los siguientes servicios: 

a) El arrendamiento o cesión de uso por cualquier título de 

dichos bienes, incluidas las viviendas amuebladas. 

b) Los relativos a la preparación, coordinación y realización 

de las ejecuciones de obra inmobiliarias. 

c) Los de carácter técnico relativos a dichas ejecuciones de 

obra, incluidos los prestados por arquitectos, arquitectos 

técnicos e ingenieros. 

d) Los de gestión relativos a bienes inmuebles u operaciones 

inmobiliarias. 

e) Los de vigilancia o seguridad relativos a bienes inmuebles. 

f) Los de alquiler de cajas de seguridad. 

g) La utilización de vías de peaje. 

h) Los de alojamiento en establecimientos de hostelería, 

acampamento y balneario. 

2.º Los de transporte que se citan a continuación, por la 

parte de trayecto que discurra por el territorio de aplicación 

del Impuesto tal y como este se define en el artículo 3 de la 

Ley 37/1992: 

a) Los de transporte de pasajeros, cualquiera que sea su 

destinatario. 

b) Los de transporte de bienes cuyo destinatario no sea un 

empresario o profesional actuando como tal siempre que no 

se trate de transportes intracomunitarios de bienes. 

3.º Los relacionados con manifestaciones culturales, artísticas, 

deportivas, científicas, educativas, recreativas, juegos 

de azar o similares, como las ferias o exposiciones, incluyendo 

los servicios de organización de los mismos y los demás 

servicios accesorios a los anteriores, cuando se presten 

materialmente en dicho territorio, cualquiera que sea su destinatario. 

4.º Los prestados por vía electrónica desde la sede de actividad 

o un establecimiento permanente o, en su defecto, el 

lugar del domicilio o residencia habitual de un empresario o 

profesional que se encuentre fuera de la Comunidad y cuyo 

destinatario no sea un empresario o profesional actuando 

como tal, siempre que este último se encuentre establecido o 

tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de 

aplicación del Impuesto. 

A efectos de lo dispuesto en este número, se presumirá que 

el destinatario del servicio se encuentra establecido o es residente 

en el territorio de aplicación del Impuesto cuando se 

efectúe el pago de la contraprestación del servicio con cargo 

a cuentas abiertas en establecimientos de entidades de crédito 

ubicadas en dicho territorio. 

5.º A) Los de restaurante y catering en los siguientes 

supuestos: 

a) Los prestados a bordo de un buque, de un avión o de un 

tren, en el curso de la parte de un transporte de pasajeros 

realizado en la Comunidad cuyo lugar de inicio se encuentre 

en el territorio de aplicación del Impuesto. 

Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto 

de vuelta se considerará como un transporte distinto. 

b) Los restantes servicios de restaurante y catering cuando 

se presten materialmente en el territorio de aplicación del 

Impuesto. 

B) A los efectos de lo dispuesto en la parte A, letra a), de 

este número, se considerará como: 

a) Parte de un transporte de pasajeros realizado en la 

Comunidad: la parte de un transporte de pasajeros que, sin 

hacer escala en un país o territorio tercero, discurra entre los 

lugares de inicio y de llegada situados en la Comunidad. 

b) Lugar de inicio: el primer lugar previsto para el embarque 

de pasajeros en la Comunidad, incluso después de la 

última escala fuera de la Comunidad. 

c) Lugar de llegada: el último lugar previsto para el desembarque 

en la Comunidad de pasajeros embarcados 

171

6 

también en ella, incluso antes de otra escala hecha en un 

país o territorio tercero. 

6.º Los de mediación en nombre y por cuenta ajena cuyo 

destinatario no sea un empresario o profesional actuando 

como tal, siempre que las operaciones respecto de las que se 

intermedie se entiendan realizadas en el territorio de aplicación 

del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

37/1992 o en la presente Resolución, en su caso. 

7.º Los que se enuncian a continuación, cuando se presten 

materialmente en dicho territorio y su destinatario no sea 

un empresario o profesional actuando como tal: 

a) Los servicios accesorios a los transportes tales como la 

carga y descarga, transbordo, manipulación y servicios similares. 

b) Los trabajos y las ejecuciones de obra realizados sobre 

bienes muebles corporales y los informes periciales, valoraciones 

y dictámenes relativos a dichos bienes. 

8.º Los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, 

prestados desde la sede de actividad o un establecimiento 

permanente o, en su defecto, el lugar del domicilio o 

residencia habitual de un empresario o profesional que se 

encuentre fuera de la Comunidad y cuyo destinatario no sea 

un empresario o profesional actuando como tal, siempre que 

este último se encuentre establecido o tenga su residencia o 

domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto y 

la utilización o explotación efectivas de dichos servicios se 

realicen en el citado territorio. 

9.º Los servicios de arrendamiento a corto plazo de medios 

de transporte cuando estos se pongan efectivamente en posesión 

del destinatario en el citado territorio. 

A los efectos de lo dispuesto en este número, se entenderá 

por corto plazo la tenencia o el uso continuado de medios de 

transporte durante un periodo ininterrumpido no superior a 

treinta días y, en el caso de los buques, no superior a noventa 

días. 

10. Los transportes intracomunitarios de bienes cuyo destinatario 

no sea un empresario o profesional actuando como 

tal cuando se inicien en el mismo. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Directiva 

2006/112/CE, se entenderá por: 

a) Transporte intracomunitario de bienes: el transporte de 

bienes cuyos lugares de inicio y de llegada estén situados en 

los territorios de dos Estados miembros diferentes. 

b) Lugar de inicio: el lugar donde comience efectivamente 

el transporte de los bienes, sin tener en cuenta los trayectos 

efectuados para llegar al lugar en que se encuentren los 

bienes. 

c) Lugar de llegada: el lugar donde se termine efectivamente 

el transporte de los bienes. 

Cuarto. Devengo de determinadas prestaciones de servi- 

cios.- 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 1 

de la Directiva 2008/117/CE en relación con el apartado 2 del 

artículo 64 y con el artículo 66 de la Directiva 2006/112/CE, 

en las prestaciones de servicios en las que el destinatario sea 

el sujeto pasivo del Impuesto conforme a lo previsto en los 

números 2.º y 3.º del apartado uno del artículo 84 de la Ley 

37/1992 y en el apartado quinto de esta Resolución, se lleven 

a cabo de forma continuada durante un plazo superior a un 

año y no den lugar a pagos anticipados durante dicho período, 

el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre 

de cada año por la parte proporcional correspondiente al período 

transcurrido desde el inicio de la operación o desde el 

anterior devengo hasta la citada fecha, en tanto no se ponga 

fin a dichas prestaciones de servicios. 

Quinto. Sujetos pasivos del Impuesto. 

1. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 196 de la 

Directiva 2006/112/CE y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

número 4º del apartado uno del artículo 84 de la Ley 

37/1992, serán sujetos pasivos del Impuesto los empresarios 

o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas 

a gravamen, cuando las mismas se efectúen por personas 

o entidades no establecidas en el territorio de 

aplicación del Impuesto, sin más excepciones que las contenidas 

en las letras b) y c) del número 2º del apartado uno del 

artículo 84 de la Ley 37/1992. 

2. Asimismo y de acuerdo con el citado artículo 196, serán 

sujetos pasivos del Impuesto las personas jurídicas que no 

actúen como empresarios o profesionales pero sean destinatarias 

de las operaciones sujetas al mismo que se indican a 

continuación realizadas por empresarios o profesionales no 

establecidos en el territorio de aplicación del mismo: 

a) Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias 

a que se refiere el apartado tres del artículo 26 

de la Ley 37/1992, cuando hayan comunicado al empresario o 

profesional que las realiza el número de identificación que a 

efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido tengan asignado 

por la Administración española. 

b) Las prestaciones de servicios a que se refieren los 

apartados segundo y tercero de esta Resolución. 

Sexto. Consideración de empresario o profesional establecido 

en el territorio de aplicación del Impuesto.- 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 bis de la 

Directiva 2006/112/CE, y a los efectos de lo dispuesto en los 

números 2.º, 3.º y 4.º del apartado uno del artículo 84 y del 

apartado quinto de esta Resolución, se considerarán establecidos 

en el territorio de aplicación del Impuesto los sujetos 

pasivos que tengan en el mismo la sede de su actividad 

económica, su domicilio fiscal o un establecimiento permanente 

que intervenga en la realización de las entregas de 

bienes y prestaciones de servicios sujetas al Impuesto. 

Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene 

en la realización de entregas de bienes o prestaciones 

de servicios cuando ordene sus factores de producción 

materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar 

cada una de ellas. 

Séptimo. Solicitudes de devolución de empresarios o profesionales 

establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto 

correspondientes a cuotas soportadas por operaciones 

efectuadas en la Comunidad con excepción de las 

realizadas en dicho territorio. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 

171 de la Directiva 2006/112/CE y en la Directiva 

2008/9/CE, los empresarios o profesionales que estén establecidos 

en el territorio de aplicación del Impuesto solicitarán 

la devolución de las cuotas soportadas por adquisiciones o 

importaciones de bienes o servicios efectuadas en la Comunidad, 

con excepción de las realizadas en dicho territorio, 

mediante la presentación por vía electrónica de una solicitud 

a través de los formularios dispuestos al efecto en el portal 

electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Dicho órgano informará sin demora al solicitante de la recepción 

de la solicitud por medio del envío de un acuse de 

recibo electrónico y decidirá su remisión por vía electrónica al 

172

6 

Estado miembro en el que se hayan soportado las cuotas en 

el plazo de 15 días contados desde dicha recepción. 

2. No obstante, se notificará por vía electrónica al solicitante 

que no procede la remisión de su solicitud cuando, durante 

el periodo al que se refiera, concurra cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

a) Que no haya tenido la condición de empresario o profesional 

actuando como tal. 

b) Que haya realizado exclusivamente operaciones que no 

originen el derecho a la deducción total del Impuesto. 

c) Que realice exclusivamente actividades que tributen por 

los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca 

o del recargo de equivalencia. 

Octavo. Régimen especial de devoluciones a empresarios o 

profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 

Impuesto pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, 

Ceuta o Melilla. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 

171, en el artículo 171 bis de la Directiva 2006/112/CE, 

en la Directiva 2008/9/CE y en el artículo 119 de la Ley 

37/1992, los empresarios o profesionales no establecidos en 

el territorio de aplicación del Impuesto pero establecidos en la 

Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán solicitar la 

devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido 

que hayan soportado por las adquisiciones o importaciones 

de bienes o servicios realizadas en dicho territorio, de 

acuerdo con los requisitos y limitaciones previstos en las citadas 

normas y en este apartado octavo. 

A estos efectos, se consideran no establecidos en el territorio 

de aplicación del Impuesto los empresarios o profesionales 

que, siendo titulares de un establecimiento permanente 

situado en el mencionado territorio, no realicen desde el 

mismo entregas de bienes o prestaciones de servicios durante 

el periodo al que se refiera la solicitud. 

2. Los empresarios o profesionales que soliciten dichas 

devoluciones deberán reunir las siguientes condiciones durante 

el periodo al que se refiera su solicitud: 

1.º Estar establecidos en la Comunidad o en las Islas Canarias, 

Ceuta o Melilla. 

2.º No haber realizado en el territorio de aplicación del 

Impuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas 

al mismo distintas de las que se relacionan a continuación: 

a) Entregas de bienes y prestaciones de servicios en las 

que los sujetos pasivos del Impuesto sean sus destinatarios. 

b) Servicios de transporte y sus servicios accesorios que 

estén exentos del Impuesto en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 21, 23, 24 y 64 de la Ley 37/1992. 

3.º No ser destinatarios de entregas de bienes ni de prestaciones 

de servicios respecto de las cuales tengan dichos 

solicitantes la condición de sujetos pasivos en virtud de lo 

dispuesto en los números 2.° y 4.° del apartado uno del artículo 

84 de la Ley 37/1992 y en el apartado quinto de esta 

Resolución. 

4.º Cumplir con la totalidad de los requisitos y limitaciones 

establecidos en el capítulo I del título VIII de la Ley 37/1992 

para el ejercicio del derecho a la deducción, en particular, los 

contenidos en los artículos 95 y 96 de la misma, así como los 

referidos en este apartado octavo. 

5.º Destinar los bienes adquiridos o importados o los servicios 

de los que hayan sido destinatarios en el territorio de 

aplicación del Impuesto a la realización de operaciones que 

originen el derecho a deducir de acuerdo con lo dispuesto en 

la normativa vigente en el Estado miembro en donde estén 

establecidos. 

La devolución deberá efectuarse en función del porcentaje 

de deducción aplicable al solicitante en su Estado miembro de 

establecimiento. 

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de 

devolución se regularizara el porcentaje de deducción aplicable, 

el solicitante deberá proceder en todo caso a corregir 

su importe, rectificando la cantidad solicitada o reembolsando 

la cantidad devuelta en exceso en una solicitud de devolución 

que se presente durante el año natural siguiente al período de 

devolución cuyo porcentaje haya sido objeto de rectificación. 

Cuando no se hayan presentado solicitudes de devolución 

durante dicho año, la rectificación se realizará mediante el 

envío de una solicitud de rectificación por vía electrónica que 

se presentará a través del portal electrónico de la Administración 

tributaria del Estado de establecimiento. 

En la determinación del importe a devolver se aplicarán los 

criterios contenidos en el artículo 106 de la Ley 37/1992. A 

estos efectos, se tendrá en cuenta cuál es la utilización de los 

bienes o servicios por el empresario o profesional no establecido 

en la realización de operaciones que le originan el 

derecho a deducir, en primer lugar, según la normativa aplicable 

en el Estado miembro en el que esté establecido y, en 

segundo lugar, según lo dispuesto en la Ley 37/1992. 

6.º Presentar su solicitud de devolución por vía electrónica 

a través del portal electrónico dispuesto al efecto por el Estado 

miembro en el que estén establecidos. 

3. Lo previsto en el número 5.º del número 2 de este 

apartado séptimo, resultará igualmente aplicable a los empresarios 

o profesionales establecidos en las Islas Canarias, 

Ceuta o Melilla, de acuerdo con las características propias de 

los impuestos indirectos generales sobre el consumo vigentes 

en dichos territorios. 

4. Las solicitudes de devolución deberán referirse a los 

períodos anual o trimestral inmediatamente anteriores a su 

presentación. 

No obstante, las solicitudes de devolución podrán referirse 

a un período de tiempo inferior a tres meses cuando dicho 

periodo constituya el saldo de un año natural. 

5. Las solicitudes de devolución deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

a) La presentación se realizará por vía electrónica a través 

del formulario dispuesto al efecto en el portal electrónico de la 

Administración tributaria del Estado miembro donde esté establecido 

el solicitante. Este formulario deberá reunir los requisitos 

y las especificaciones técnicas determinadas por la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Cuando se trate de solicitantes establecidos en las Islas 

Canarias, Ceuta o Melilla, la solicitud se presentará a través 

del portal electrónico de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

Dicho órgano, que será el competente tramitar y resolver 

las solicitudes a que se refiere este artículo, comunicará al 

solicitante o a su representante la fecha de recepción de su 

solicitud a través de un mensaje enviado por vía electrónica. 

b) La solicitud comprenderá las cuotas soportadas por las 

adquisiciones de bienes o servicios por las que se haya devengado 

el Impuesto y se haya expedido la correspondiente 

factura en el periodo a que se refieran. En el caso de las importaciones 

de bienes, la solicitud deberá referirse a las realizadas 

durante el periodo de devolución definido en el 

número 4 de este apartado octavo. 

173

6 

Asimismo, podrá presentarse una nueva solicitud referida a 

un año natural que comprenda, en su caso, las cuotas soportadas 

por operaciones no consignadas en otras anteriores 

siempre que las mismas se hayan realizado durante el año 

natural considerado. 

c) La solicitud de devolución deberá contener la siguiente 

información: 

1.º Nombre y apellidos o denominación social y dirección 

completa del solicitante. 

2.º Número de identificación a efectos del Impuesto sobre 

el Valor Añadido o número de identificación fiscal del solicitante. 

3.º Una dirección de correo electrónico. 

4.º Descripción de la actividad empresarial o profesional 

del solicitante a la que se destinan los bienes y servicios correspondientes 

a las cuotas del Impuesto cuya devolución se 

solicita. 

5.º Identificación del período de devolución a que se refiera 

la solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el definido en el 

número 4 de este apartado octavo. 

6.º Una declaración del solicitante en la que manifieste que 

no realiza en el territorio de aplicación del Impuesto operaciones 

distintas de las indicadas en el número 2.º del número 

2 de este apartado octavo. 

Asimismo, cuando se trate de un empresario o profesional 

titular de un establecimiento permanente situado en el territorio 

de aplicación del Impuesto, deberá manifestarse en dicha 

declaración que no se han realizado entregas de bienes 

ni prestaciones de servicios desde ese establecimiento permanente 

durante el periodo a que se refiera la solicitud. 

7.º Identificación y titularidad de la cuenta bancaria, con 

mención expresa a los códigos IBAN y BIC que correspondan. 

En el caso de que no se trate de una cuenta abierta en un 

establecimiento de una entidad de crédito ubicado en el territorio 

de aplicación del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, 

todos los gastos que origine la transferencia se detraerán 

del importe de la devolución acordada. 

8.º Los siguientes datos adicionales y de codificación por 

cada factura o documento de importación: 

a) Nombre y domicilio completo de quien entregue los 

bienes o preste los servicios. 

b) Número de identificación a efectos del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, o número de identificación fiscal de quien 

entregue los bienes o preste los servicios que le haya sido 

asignado por el Estado miembro de devolución de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la directiva 

2006/112/CE. 

Lo dispuesto en esta letra no se aplicará a los documentos 

de importación. 

c) Prefijo del Estado miembro de devolución de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 215 de la Directiva 

2006/112/CE. 

Lo dispuesto en esta letra no se aplicará a los documentos 

de importación. 

d) Fecha y número de la factura o del documento de importación. 

e) Base imponible y cuota del Impuesto expresados en la 

moneda del Estado miembro de devolución. 

f) Cuota del Impuesto deducible expresada en la moneda 

del Estado miembro de devolución. 

g) En su caso, prorrata de deducción que le resulte aplicable 

al solicitante calculada de conformidad con las normas 

del Estado miembro en que esté establecido. 

h) Naturaleza de los bienes y servicios adquiridos designados 

según los siguientes códigos: 

1.º Carburante. 

2.º Arrendamiento de medios de transporte. 

3.º Gastos relacionados con los medios de transporte distintos 

de los bienes y servicios a que hacen referencia los 

códigos 1.º y 2.º anteriores. 

4.º Peajes y tasas por el uso de carreteras. 

5.º Gastos de transporte, tales como gastos de taxi o gastos 

de utilización de medios de transporte públicos. 

6.º Alojamiento. 

7.º Alimentación, bebidas, y servicios de restaurante. 

8.º Entradas a ferias y exposiciones. 

9.º Gastos suntuarios, de ocio, y de representación. 

10. Otros. 

Si se utilizase el código 10, deberá indicarse la naturaleza 

de los bienes entregados o de los servicios prestados. 

6. La solicitud de devolución únicamente se considerará 

presentada cuando contenga toda la información a que se 

refiere la letra c) del número 5 anterior de este apartado octavo. 

7. El plazo para la presentación de la solicitud de devolución 

se iniciará el día siguiente al final de cada trimestre natural 

o de cada año natural y concluirá el 30 de septiembre 

siguiente al año natural en el que se hayan soportado las 

cuotas a que se refiera. 

8. El importe total de las cuotas del Impuesto consignadas 

en una solicitud de devolución trimestral no podrá ser inferior 

a 400 euros. 

No obstante, cuando la solicitud se refiera al conjunto de 

operaciones realizadas durante un año natural, su importe no 

podrá ser inferior a 50 euros. 

9. Cuando el órgano competente para resolver la solicitud 

presentada estime que no dispone de toda la información que 

precise, podrá requerir la información adicional necesaria al 

solicitante, a la autoridad competente del Estado miembro 

donde esté establecido aquel o a terceros, mediante un 

mensaje enviado por vía electrónica dentro del plazo de los 

cuatro meses contados desde la recepción de la misma. 

Igualmente, dicho órgano podrá solicitar cualquier información 

ulterior que estime necesaria. 

No obstante, cuando la información se requiera de persona 

distinta del solicitante o de la autoridad competente del Estado 

miembro de establecimiento, la solicitud sólo podrá 

efectuarse por vía electrónica cuando el receptor de la solicitud 

esté dado de alta en el servicio de notificaciones en dirección 

electrónica. 

Cuando existan dudas acerca de la validez o exactitud de 

los datos contenidos en una solicitud de devolución, el órgano 

competente para su tramitación podrá requerir al solicitante, 

en su caso, la aportación del original o de una copia de la 

factura o documento de importación correspondientes, cualquiera 

que sea el importe de la base imponible consignada en 

los mismos. Dichos originales deberán mantenerse a disposición 

de la Administración tributaria durante el plazo de 

prescripción del Impuesto. 

174

6 

Las solicitudes de información adicional o ulterior deberán 

ser atendidas por su destinatario en el plazo de un mes contado 

desde su recepción. 

10. La resolución de la solicitud de devolución deberá 

adoptarse y notificarse al solicitante durante los cuatro meses 

siguientes a la fecha de su recepción por el órgano competente 

para la adopción de la misma. 

No obstante, cuando sea necesaria la solicitud de información 

adicional, la resolución deberá adoptarse y notificarse 

al solicitante en el plazo de dos meses desde la recepción de 

la información solicitada, o desde el fin del transcurso de un 

mes desde que la misma se efectuó si dicha solicitud no fuera 

atendida por su destinatario. En estos casos, el procedimiento 

de devolución tendrá una duración mínima de seis meses 

contados desde la recepción de la solicitud por el órgano 

competente para resolverla. 

Cuando sea necesaria la solicitud de ulterior información 

adicional, el plazo máximo para resolver una solicitud de devolución 

será de ocho meses contados desde la fecha de la 

recepción de esta, entendiéndose desestimada si transcurridos 

los plazos a que se refiere este apartado no se ha recibido 

notificación expresa de su resolución 

11. Reconocida la devolución, deberá procederse a su 

abono en los 10 días siguientes a la finalización de los plazos 

a que se refiere el apartado anterior de este artículo. 

12. La desestimación total o parcial de la solicitud presentada 

podrá ser recurrida por el solicitante de acuerdo con 

lo dispuesto en el título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

13. Transcurridos los plazos que se establecen en el número 

10 de este apartado octavo sin que se haya ordenado 

el pago de la devolución por causa imputable a la Administración 

tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución 

el interés de demora a que se refiere el artículo 26 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

desde el día siguiente al de la finalización de dichos plazos y 

hasta la fecha del ordenamiento de su pago, sin necesidad de 

que el solicitante así lo reclame. 

No obstante, no se devengarán intereses de demora si el 

solicitante no atiende en el plazo previsto en el número 9 de 

este apartado octavo los requerimientos de información adicional 

o ulterior que le sean hechos. 

Tampoco procederá el devengo de intereses de demora 

hasta que no se presente copia electrónica de las facturas o 

documentos de importación a que se refiera la solicitud en los 

casos previstos en el número 9 de este apartado octavo. 

14. Si con posterioridad al abono de una devolución se 

pusiera de manifiesto su improcedencia por no cumplirse los 

requisitos y limitaciones establecidos por este apartado octavo, 

o bien por haberse obtenido aquella en virtud de datos 

falsos, incorrectos o inexactos, la Administración tributaria 

procederá directamente a recuperar su importe junto con los 

intereses de demora devengados y la sanción que se pudiera 

imponer instruido el expediente que corresponda, de acuerdo 

con el procedimiento de recaudación regulado en el capítulo V 

del título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, sin perjuicio de las disposiciones sobre asistencia 

mutua en materia de recaudación relativas al Impuesto. 

Noveno. Solicitudes de devolución presentadas por empresarios 

o profesionales no establecidos en el territorio de 

aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes 

a cuotas soportadas en 2009.- 

Las solicitudes de devolución de empresarios o profesionales 

no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto 

sobre el Valor Añadido pero establecidos en la 

Comunidad presentadas hasta el 31 de diciembre de 2009, se 

tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 

79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en 

materia de armonización de las legislaciones de los Estados 

miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios 

-modalidades de devolución del Impuesto sobre el 

valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior 

del país, conforme a su transposición al Derecho interno 

a través de los artículos 119 de la Ley 37/1992 y 31 del Reglamento 

del Impuesto. Dichos preceptos serán igualmente 

de aplicación para las solicitudes de devolución de empresarios 

o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación 

del Impuesto sobre el Valor Añadido pero establecidos 

en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla presentadas hasta el 31 


Décimo. Contenido y plazos de presentación de la declaración 

recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 262 de la 

Directiva 2006/112/CE y 78 a 80 del Reglamento del Impuesto, 

los empresarios y profesionales deberán presentar 

una declaración recapitulativa de las entregas y adquisiciones 

intracomunitarias de bienes y de las prestaciones intracomunitarias 

de servicios que realicen, consignando en la 

misma los datos de identificación de los proveedores y adquirentes 

de los bienes y los prestadores y destinatarios de 

los servicios, así como la base imponible total relativa a las 

operaciones efectuadas con cada uno de ellos. 

La presentación de dicha declaración recapitulativa se realizará 

a través de un formulario que deberá reunir los requisitos 

y las especificaciones técnicas determinadas por la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y que se encontrará 

alojado en su página web. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del artículo 

262 de la Directiva 2006/112/CE, se considerarán prestaciones 

intracomunitarias de servicios las prestaciones de servicios 

en las que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que, conforme a las reglas de localización aplicables a 

las mismas, no se entiendan prestadas en el territorio de 

aplicación del Impuesto. 

b) Que estén sometidas efectivamente a gravamen en otro 

Estado miembro. 

c) Que su destinatario sea un empresario o profesional 

actuando como tal y radique en dicho Estado miembro la 

sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento 

permanente o, en su defecto, el lugar de su 

domicilio o residencia habitual, o que dicho destinatario sea 

una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional 

pero tenga asignado un número de identificación a 

efectos del Impuesto suministrado por ese Estado miembro. 

d) Que el sujeto pasivo sea dicho destinatario. 

3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 264 y 265 

de la Directiva 2006/112/CE, las operaciones deberán consignarse 

en la declaración recapitulativa correspondiente al 

período de declaración en el que se hayan devengado. 

4. De acuerdo con los artículos 263 de la Directiva 

2006/112/CE y 81 del Reglamento del Impuesto, el período 

de declaración y los plazos para la presentación de la declaración 

recapitulativa serán los siguientes: 

1.º Con carácter general, la declaración recapitulativa deberá 

presentarse por cada mes natural durante los veinte 

primeros días naturales del mes inmediato siguiente, salvo la 

correspondiente al mes de julio, que podrá presentarse du- 

175

6 

rante el mes de agosto y los veinte primeros días naturales 

del mes de septiembre. 

2.º Cuando ni durante el trimestre de referencia ni en cada 

uno de los cuatro trimestres naturales anteriores el importe 

total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios 

que deban consignarse en la declaración recapitulativa sea 

superior a 100.000 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, la declaración recapitulativa deberá presentarse 

durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato 

siguiente al correspondiente período trimestral. 

Si al final de cualquiera de los meses que componen cada 

trimestre natural se superara el importe mencionado en el 

párrafo anterior, deberá presentarse una declaración recapitulativa 

para el mes o los meses transcurridos desde el comienzo 

de dicho trimestre natural durante los veinte primeros 

días naturales inmediatos siguientes. 

5. En todos los casos a que se refiere el número 4 este 

apartado décimo, la declaración recapitulativa correspondiente 

al último período del año deberá presentarse durante 

los treinta primeros días naturales del mes de enero. 

6. No obstante lo dispuesto en el número 4 de este apartado 

décimo y de acuerdo con el apartado 3 del artículo 81 

del Reglamento del Impuesto, el Ministro de Economía y 

Hacienda podrá autorizar que la declaración recapitulativa se 

refiera al año natural respecto de aquellos empresarios o 

profesionales en los que concurran las dos circunstancias 

siguientes: 

1.º Que el importe total de las entregas de bienes y prestaciones 

de servicios, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, realizadas durante el año natural anterior no sea 

superior a 35.000 euros. 

2.º Que el importe total de las entregas de bienes, que no 

sean medios de transporte nuevos, exentas del impuesto de 

acuerdo con lo dispuesto en los apartados uno y tres del artículo 

25 de la Ley del Impuesto realizadas durante el año 

natural anterior, no sea superior a 15.000 euros. 

Undécimo. Asignación del número de identificación fiscal a 

efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.- 

De acuerdo con lo dispuesto en las letras d) y e) del artículo 

214 de la Directiva 2006/112/CE, el número de identificación 

fiscal definido en el apartado 1 del artículo 25 del Reglamento 

general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 

inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 

de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 

por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio deberá asignarse, 

además de a las indicadas en el apartado 2 del artículo 

25 del citado Reglamento, a las siguientes personas o entidades: 

1.º Empresarios o profesionales que sean destinatarios de 

servicios prestados por otros empresarios o profesionales no 

establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre 

el valor añadido respecto de los cuales sean sujetos pasivos. 

2.º Empresarios o profesionales que presten servicios que 

no se localicen en el territorio de aplicación del Impuesto sobre 

el Valor Añadido cuando el sujeto pasivo sea el destinatario 

de los mismos. 

Madrid, 23 de diciembre de 2009.-El Director General de 

Tributos, Jesús Gascón Catalán. 

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