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Actualidad Jurídica
Modificación del
artículo 108
de la Ley del
Mercado de
Valores
Ramón J. Laynez
Senior manager de Fiscal de Deloitte
Abogados y Asesores Tributarios
El pasado 30 de octubre se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 7/2012,
de 29 de octubre, por el que se modificó la normativa tributaria y presupuestaria y
adecuación de la normativa financiera para intensificar las actuaciones de prevención
y lucha contra el fraude fiscal, introduciendo, en su disposición final 1.ª, la modificación
del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores (en lo sucesivo, LMV).
La antigua redacción del precepto establecía como regla general que las transmisiones
de valores estaban exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Onerosas y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITPyAJD), y del Impuesto
sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA). Únicamente quedaban exceptuadas de
dicha exención, en consecuencia tenían que tributar por ITPyAJD, las transmisiones
de valores realizadas en el mercado secundario y las adquisiciones de valores realizadas
en el mercado primario cuando, como resultado de dichas operaciones, el adquirente
obtuviera el control, directo o indirecto, de una sociedad cuyo activo estuviera
constituido al menos en un 50% por inmuebles situados en territorio español.
Las causas que han motivado la citada modificación se han justificado en la extensión
creciente de dicha norma derivando no sólo en una mayor complejidad en su aplicación,
sino que se pusiese en duda su adecuación a la normativa española y comunitaria.
Así, la Comisión Europea realizó un Dictamen motivado en el que dudaba sobre la
adecuación de la norma en su anterior redacción a la Directiva comunitaria 2008/7/
CE, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales.
Especialmente en lo referido al gravamen de operaciones realizadas en el mercado
primario.
Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo planteó dos cuestiones prejudiciales al
hilo de la problemática que planteaba el artículo, y, si bien es cierto que la primera
fue resuelta favorablemente a la regulación española (Auto 6 oct. 2010 del TJCE),
nuestro Alto Tribunal volvió a interponer una nueva cuestión prejudicial el 9 de
febrero de 2012, sobre extremos relativos a la Directiva de IVA.
Consciente nuestro legislador de lo anterior, así como de “los numerosos litigios derivados
del reiteradamente citado artículo 108 LMV, así como de las numerosas consultas
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tributarias previas, sobre todo relacionadas con operaciones de reestructuración empresarial
planteadas ante la Dirección General de Tributos, parece claro que el texto actual
de la disposición peca de farragoso y poco claro para su aplicación, por lo que no otorga
a los posibles obligados tributarios la necesaria seguridad jurídica que toda norma debe
otorgar”, como se reconoce en la Justificación de la enmienda parlamentaria, al texto
remitido al Congreso de los Diputados.
Por lo que, a fin de revertir dicha situación se ha procedido a su modificación,
pudiéndose resumir esta en tres cambios sustanciales:
1. Se excluyen del posible gravamen las adquisiciones en el mercado primario.
2. “Se simplifica la redacción del artículo, pasando de ser una norma objetiva
a una norma de lucha contra el fraude, aunque en los supuestos más claros se
establece una presunción iuris tantum que deberá, en su caso, ser enervada por
el interesado si no quiere que le sea aplicada la norma antielusión”, como así
expresamente indica la Exposición de Motivos de la Ley.
3. Y, por último, se establece la tributación, en caso de aplicarse la norma antielusión,
por el impuesto que hubiese correspondido (ITP o IVA) y no necesariamente
por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITPyAJD, como venía
sucediendo hasta el momento.
En relación con las primeras modificaciones, la nueva norma declara exentas del
ITPyAJD y del IVA las adquisiciones de valores en el mercado primario, es decir, en
la constitución de sociedades o en la ampliación de su capital social. De este modo,
tales operaciones únicamente podrán tributar por la modalidad de Operaciones
Societarias del ITPyAJD.
La segunda modificación, como hemos indicado, consiste en que el artículo 108 LMV
retoma su naturaleza de norma antielusión. Para este fin se ha restringido el ámbito
de aplicación de la norma cuando mediante la transmisión de valores se hubiera
pretendido eludir el pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los
inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores. Si bien,
la norma presume que existe ánimo elusorio en los siguientes supuestos:
— Cuando se transmitan valores que permitan obtener o ampliar el control, directa
o indirectamente, de una sociedad cuyo activo esté constituido en más de un 50%
por inmuebles radicados en España; o
— Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de
bienes inmuebles realizados con ocasión de la constitución de sociedad o la
ampliación de su capital social, siempre que entre la fecha de aportación y la de
transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años.
En cualquier caso cabría advertir que se trata de una presunción iuris tantum, pudiendo
el obligado tributario rebatir mediante cualquier método probatorio válido en Derecho.
Otra importante novedad que introduce la actual redacción es que, para determinar
si más del 50% del activo de la sociedad está constituido por inmuebles, se excluyen
aquellos que se encuentren “afectos a actividades empresariales o profesionales”.
La redacción anterior del artículo 108 LMV exigía que el “objeto social exclusivo”
de la sociedad consistiera en “el desarrollo de actividades empresariales de construcción
o promoción inmobiliaria”, dando lugar a controversias, ya que es muy
habitual la constitución de sociedades con un objeto social más amplio, entendien-
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do algunos tribunales que podrían acogerse a la exención por la literalidad de sus
estatutos sociales, no entrando a valorar la actividad real de éstas.
No obstante, sobre la exclusión de los inmuebles afectos a actividades empresariales,
habrá que estar atentos a la interpretación de dicho concepto por la propia
doctrina, muy en particular en aquellas actividades que no necesariamente requieren
medios propios como pueden ser, por ejemplo, el arrendamiento de inmuebles
o la promoción de suelos.
Finalmente, la última de las modificaciones de calado introducidas en el precepto se
anticipa a la respuesta del Tribunal de Luxemburgo en relación con la última de las cuestiones
prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo, estableciendo que, en aquellos
casos en los que no proceda aplicar la exención, la operación tributará por el impuesto
que hubiera correspondido —IVA o ITPyAJD— y no como ocurría ahora por ITPyAJD.
Asimismo, se procede a introducir los cambios pertinentes en la Ley del IVA, a fin
de regular en dicha Ley los supuestos en los que las operaciones de transmisión de
valores están sujetas y no exentas de dicho Impuesto.
Como hemos descrito en estas líneas, la modificación del precepto en cuestión convertirá
su aplicación efectiva a supuestos muy concretos y reducidos, eliminando así
todas aquellas trabas que la anterior redacción y su posterior desarrollo doctrinal
había supuesto para la transmisión de sociedades de determinados ámbitos empresariales
y operaciones de reestructuración.
Real Decreto
1529/2012, de 8
de noviembre,
relativo al
Contrato de
trabajo para la
formación
y el aprendizaje,
y establece las
bases
de la formación
profesional dual
Gemma Piqué
Gerente de Laboral de Deloitte
Abogados en la oficina de Barcelona
El pasado día 8 de noviembre de 2012 fue publicado en el BOE el Real decreto
1529/2012 en el que se desarrolla reglamentariamente el contenido del contrato
para la formación y el aprendizaje regulado en el artículo 11.2 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Dicho contrato es aquel que tiene por objeto la cualificación profesional de los
trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una
empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo.
Conforme a lo establecido en el Capítulo I del Real Decreto, los principales aspectos
laborales aplicables al contrato para la formación y el aprendizaje son los que
se detallan continuación:
— Requisitos subjetivos: este tipo de contrato puede celebrarse con trabajadores
mayores de 16 años y menores de 25 años, que carezcan de la cualificación
profesional obtenida y reconocida por el sistema de formación profesional
para el empleo o del sistema educativo requerido para concertar un contrato
en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación objeto del contrato.
Cuando el contrato se suscriba con personas con discapacidad o con colectivos en
situación de exclusión social contratados por empresas de inserción, no aplica límite
máximo de edad para la suscripción del contrato.
— Formalización del contrato: el contrato para la formación y el aprendizaje
debe formalizarse por escrito con los modelos oficiales que se establezcan por el
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Servicio Público de Empleo Estatal y debe ser comunicado a este mismo organismo
en el plazo de diez días desde su formalización.
— Jornada: el tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 75% durante
el primer año, o al 85% durante el segundo y tercer año, de la jornada máxima
prevista en el Convenio Colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal.
Este tipo de contrato no puede celebrarse a tiempo parcial, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 12.2 del Estatuto de los Trabajadores. Como novedad, se establece
que en los supuestos que la jornada diaria de trabajo incluya tanto tiempo de trabajo
efectivo como actividad formativa, los desplazamientos necesarios para asistir al centro
de formación computarán como tiempo de trabajo efectivo no retribuido.
— Salario: la retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje
se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo de acuerdo con lo establecido
en el Convenio Colectivo y, en ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario
mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
— Período de prueba: se especifica que respecto al período de prueba, se estará a lo
dispuesto con carácter general en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.
— Duración del contrato: la duración mínima del contrato será de un año y máxima
de tres, duración susceptible de ser modificada por Convenio Colectivo en
función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas sin que
la duración mínima pueda ser inferior a 6 meses y la máxima superior a 3 años.
En caso de que el contrato se concierte por una duración inferior, este podrá prorrogarse
mediante acuerdo de las partes hasta por dos veces sin que la duración de
cada prórroga pueda ser inferior a 6 meses.
En este sentido, se establece como novedad que el contrato se considerará prorrogado
tácitamente como contrato ordinario por tiempo indefinido si la persona trabajadora
continuara prestando servicios tras haberse agotado la duración máxima
del contrato y no hubiera mediado denuncia expresa.
Asimismo, también se establece que los representantes de los trabajadores deberán
ser informados de las prórrogas de los contratos.
— Extinción del contrato: los contratos para la formación y el aprendizaje se extinguirán
por cualquiera de las causas recogidas en el artículo 49 del Estatuto de los
Trabajadores. Además, se establece como novedad que, cuando el contrato se
extinga por expiración del tiempo convenido, se requiera la previa denuncia de
alguna de las partes con una antelación previa de quince días a su terminación. El
incumplimiento de este preaviso dará lugar a una indemnización a la persona equivalente
al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido.
— Presunciones: el Real Decreto establece que se presumirán celebrados por tiempo
indefinido y a jornada completa los contratos para la formación y aprendizaje
celebrados:
a) Sin haber observado las exigencias de formalización escritas.
b) Sin que las personas trabajadoras hubieran sido dadas de alta en la Seguridad
Social, una vez transcurrido un plazo legal igual al que legalmente hubieran podido
fijar para el período de prueba.
c) En fraude de ley.
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— Contratos Previos: la nueva norma prevé que la empresa pueda recaudar por
escrito —y antes de celebrar el contrato para la formación y el aprendizaje— una
certificación del Servicio Público de Empleo Estatal competente en la que conste
el tiempo que la persona trabajadora ha estado contratada con anterioridad en
esta misma modalidad de contrato. A estos efectos, el Servicio Público de Empleo
emitirá una certificación en el plazo de diez días desde la fecha de la solicitud,
estando exenta de responsabilidad la empresa en el caso del incumplimiento de
la emisión de la certificación en el plazo exigido.
En el Capítulo II del Real Decreto se establecen los principales aspectos formativos del
contrato para la formación y el aprendizaje que a continuación pasamos a detallar:
— La actividad formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje
será la necesaria para la obtención de un título de formación profesional de grado
medio o superior o de un certificado de profesionalidad o, en su caso, certificación
académica o acreditación parcial acumulable.
— La actividad formativa del contrato para la formación y el aprendizaje será concedida
por el Servicio Público de Empleo en el plazo de un mes desde la fecha de
presentación del acuerdo para la actividad formativa.
— Las actividades formativas inherentes a estos contratos se podrán ofrecer e
impartir en las siguientes formas:
a) Formación Profesional: modalidades presencial, teleformación o mixta.
b) Ámbito educativo: régimen presencial o a distancia.
— La duración de la formación será, como mínimo, la necesaria para la obtención del
título de formación profesional, del certificado de profesionalidad o de la certificación
académica o acreditación parcial acumulable. El período de formación se
desarrollará durante la vigencia del contrato para la formación y el aprendizaje.
— El titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad formativa,
ya sea personalmente o delegando dicha función a una persona entre su plantilla
que posea la cualificación o experiencia profesional adecuada.
— Las empresas podrán financiarse el coste de la formación inherente al contrato
para la formación y el aprendizaje mediante bonificaciones en las cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social, con cargo a la partida prevista en el presupuesto
del Servicio de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las
cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo para
la contratación —mediante orden ministerial del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social se establecerán las cuantías máximas que podrán ser objeto de bonificación.
Por otro lado, en el Real Decreto se define lo que es la Formación Profesional Dual
entendiendo como tal el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas
de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los
trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con
la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional
para el empleo o del sistema educativo.
En este sentido, se establece que el contrato para la formación profesional dual se
desarrollará a través de las siguientes modalidades:
— Formación exclusiva en un centro formativo, que consiste en compatibilizar y
alternar la formación que se adquiere en el centro de formación y la actividad
laboral que se lleva a cabo en la empresa.
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— Formación con participación de la empresa, consistente en que las empresas faciliten
a los centros de formación los espacios, las instalaciones o los expertos para
impartir total o parcialmente determinados módulos profesionales o formativos.
— Formación en empresa autorizada o acreditada y en centro de formación, que
consiste en la importación de determinados módulos profesionales o módulos
formativos en la empresa.
— Formación compartida entre el centro de formación y la empresa.
— Formación exclusiva en la empresa, consistente en que la formación se imparte
en su totalidad en la empresa.
El título III del Real Decreto establece el marco para el desarrollo de proyectos de
Formación Profesional Dual del Sistema Educativo, con la coparticipación de los
centros educativos y las empresas, cuando no medie un contrato para la formación
y el aprendizaje.
Consecuentemente, las finalidades del desarrollo de proyectos para la formación
profesional son las siguientes:
a) Incrementar el número de personas que puedan obtener un título de enseñanza
postobligatoria.
b) Conseguir una mayor motivación al alumnado.
c) Facilitar la inserción laboral.
d) Potenciar la relación del profesorado de la formación profesional con las empresas
del sector.
e) Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan mejorar las calidades de
la formación profesional.
Los proyectos de formación profesional dual serán autorizados por la Administración
educativa correspondiente y se formalizarán mediante un convenio con la empresa
colaboradora. Dicho convenio contemplará, como mínimo, los aspectos siguientes:
— El programa de la formación.
— El número de alumnos participantes.
— El régimen de becas.
— La jornada y horario en el centro y en la empresa.
— Las condiciones que deban cumplir empresas, alumnos, profesores y tutores.
— Los seguros necesarios para la cobertura de formación.
Por último, el Real Decreto establece otras cuestiones de interés entre las que
cabe destacar las siguientes:
a) Los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban en el marco de
las acciones y medidas establecidas en el artículo 25.1 letra d), de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, incluyendo Escuelas Taller, Casas de Oficios y
Talleres de Empleo u otras que se puedan aprobar, se ajustarán a lo dispuesto en el
presente Real Decreto (Disposición Adicional primera).
b) Los contratos para la formación y el aprendizaje que celebren las empresas
con personas con discapacidad se ajustarán a lo establecido en el artículo 11 del
Estatuto de los Trabajadores (Disposición Adicional segunda).
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Noticias del área de Abogados
y Asesores Tributarios
Análisis de las últimas novedades fiscales
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, en colaboración con La Caixa Banca Privada, reunió, durante el mes
de noviembre en las oficinas de banca privada de La Caixa en Valencia, Castellón y Alicante, a clientes y
empresas para analizar las últimas novedades en los Impuestos sobre la Renta y Patrimonio.
Durante los desayunos, Cristóbal Martí, socio responsable del Despacho en Levante, junto con Juan Manuel
Pons, senior manager del equipo, abordaron los impactos de las referidas novedades y comentaron los aspectos
clave para una adecuada planificación fiscal de estos dos impuestos.
La iniciativa ha sido un éxito en las tres plazas por lo que se han propuesto ya nuevas jornadas con este
formato.
De la misma manera, el equipo de Fiscal de Galicia volvió, como en años anteriores, a celebrar las tradicionales
jornadas de Actualización Fiscal y Legal en Vigo y A Coruña.
Estas jornadas estuvieron lideradas por Fernando Vázquez, socio responsable de Fiscal y Legal en Galicia;
junto con Juan Díaz Arnau, director general de Novagalicia Banco y José Luis Rodríguez Díaz, delegado especial
de la Agencia Tributaria.
Junto con Fernando Vázquez, también estuvo el socio Luis Enrique Rodríguez Otero y Jesús Sánchez, senior
manager. Además de Julio Ramsés Pérez Boga y Carlos Sieres, por parte de la Administración Pública.
Todos ellos trataron con los asistentes algunos impactos reseñables en el cierre fiscal del ejercicio como
las restricciones a la deducibilidad de los gastos financieros; o las limitaciones en el aprovechamiento de
créditos fiscales.
Asimismo, también profundizaron en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Todos estos encuentros se enmarcan dentro del tradicional Ciclo de Jornadas de Actualización Fiscal y Legal
que cada año celebra recurrentemente el Despacho, situándose como uno de los despachos líderes en el asesoramiento
fiscal.
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70 DICIEMBRE 2012
A debate los despidos
colectivos
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios organizó en Barcelona una
sesión informativa para explicar el nuevo reglamento para los procedimientos
de despidos colectivos y suspensiones de contratos, y la nueva
normativa de desarrollo de la aportación económica al Tesoro Público
que obligatoriamente deben realizar las empresas cuyos despidos
colectivos afecten a trabajadores de 50 años o más.
La exposición y análisis del contenido del Real Decreto 1483/2012
sobre despidos colectivos corrió a cargo de David-Isaac Tobía, socio
de Laboral, y Dídac Ripollés, senior manager del mismo equipo. Por
su parte, del Real Decreto 1484/12 que trata sobre la aportación
económica obligatoria en caso de despidos colectivos fue tratado
por Óscar Mancebo y Gemma Piqué, senior manager y gerente,
respectivamente.
Estos dos nuevos reales decretos, 1483/2012 y 1484/2012, entraron en
vigor el pasado 31 octubre y se enmarcan en el paquete de modificaciones
legislativas de la Reforma Laboral que emprendió el Ejecutivo
en febrero de 2012.
El Despacho continúa posicionándose como uno de los mayores
expertos en la Ley FATCA
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios
continúa posicionándose como uno de
los despachos expertos en la nueva Ley
Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA), que establece las nuevas obligaciones
financieras frente a las autoridades
fiscales de los Estados Unidos,
y que entrará en vigor el próximo 1 de
enero de 2013.
Con el objetivo de profundizar en la
nueva legislación, el equipo de Deloitte
especializado en FATCA impartió un
seminario para un grupo selecto entre
directores financieros, responsables de
cumplimiento normativo y de asesoría
jurídica de bancos, entidades aseguradoras,
gestoras de fondos de pensiones
y sociedades de inversión.
Luis Fernando Guerra, socio director
de Deloitte Abogados, fue el encargado
de recibir a los asistentes y explicar la
evolución de la normativa FATCA desde
su aprobación, en marzo de 2010, hasta
la actualidad. Junto al socio director
estuvo Plácido Martos, coordinador en la
Subdirección General de Tributación de
Operaciones Financieras de la Dirección
General de Tributos. El experto explicó
FATCA y los acuerdos intergubernamentales
para su implementación. Habló de
la posición de España y de las instituciones
financieras españolas y del hito que
FATCA va a suponer en el contexto de la
fiscalidad internacional.
Tras conocer el marco genérico de
la normativa, los gerentes expertos
en FATCA de la Firma, Andrea García
Castelao y Pablo Martín, profundizaron
en algunos aspectos relevantes de la
nueva Ley.
Por un lado, la gerente de Fiscal y
Legal, y experta en FATCA, Andrea
García Castelao, trató las cuestiones
principales que se plantean a la hora
de implementar la Ley FATCA, como
los actuales escenarios de aplicación
de FATCA y su impacto en los grupos
financieros multinacionales y la aplicación
de FATCA en el ámbito de las
instituciones de inversión colectiva,
entre otros temas.
Por otro lado, Pablo Martín, gerente de
ERS y experto en procesos de IT aplicados
a FATCA, explicó distintos enfoques
prácticos de implementación de la
normativa en el sector, en los procesos
de due dilligence de personas físicas y
jurídicas.
Gracias a este seminario especializado,
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios
continúa afianzándose como uno de los
mayores expertos en FATCA en nuestro
país.
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Nueva cita del Foro ABC con Alberto Ruiz Gallardón,
Ministro de Justicia
Como es habitual, la Firma y ABC celebraron una nueva
edición del Foro ABC-Deloitte, en esta ocasión patrocinado
por Garrigues, y que contó con el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón como invitado de honor. El acto, en
la Biblioteca del periódico nacional tuvo como anfitrión por
parte de Deloitte a Luis Fernando Guerra, socio director de
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios.
Durante su ponencia el Ministro de Justicia hizo un repaso de
las reformas que ha emprendido desde el comienzo de la legislatura.
Alberto Ruiz-Gallardón incidió en el objetivo que tiene
el Ejecutivo para mejorar la administración judicial en España.
El Ministro fue presentado por el socio director de Deloitte
Abogados y Asesores Tributarios, quien invitó a los asistentes
a que la reforma de la Justicia “quedará incompleta si
los abogados y los actores jurídicos no asumimos estos retos
con entusiasmo”, y así, lograr la participación activa de todos los implicados en el buen funcionamiento de la Administración
de Justicia. A su juicio, es necesario colaborar en este buen funcionamiento mediante un “diálogo constante” en una “ola
de reformas duras”, pero con un objetivo claro: “colocar la economía española en la senda del crecimiento”.
Carlos Unceta
y José Miguel Ancín,
desgranan las
novedades fiscales
del último año
en el País Vasco
La Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD), en colaboración con
los principales despachos de abogados
españoles, entre los que se encuentra
Deloitte Abogados y Asesores
Tributarios, organizó el ciclo de jornadas
“La empresa y el cierre fiscal 2012.
Novedades y aplicación práctica”, en
San Sebastián, Bilbao y Vitoria.
En este contexto, Carlos Unceta y
José Miguel Ancín, socio y director del
Despacho respectivamente, participaron
en las jornadas explicando las novedades
jurisprudenciales y doctrinales relevantes
en materia tributaria en el ejercicio 2012.
El objetivo de estas jornadas es ayudar
a las empresas a tomar decisiones que
les permitan reducir la carga fiscal del
ejercicio y evitar riesgos innecesarios.
A lo largo de las diferentes sesiones, se
comentaron los aspectos fiscales que se
deben tener en cuenta en la internacionalización
de la empresa. Se abordaron
las limitaciones que existen para
considerar los gastos financieros como
gastos deducibles, en una situación de
dificultad de acceso al crédito.
Asimismo, se analizaron las consideraciones
fiscales a tener en cuenta sobre
la retribución de los administradores;
se habló de las novedades en materia
del Impuesto sobre Sociedades y en el
IRPF, entre otros asuntos.
Junto con los expertos de Deloitte
Abogados y Asesores Tributarios, también
tomaron parte de la jornada distintos
profesionales de importantes despachos
españoles. Este tipo de jornadas que se
celebran en diferentes geografías, son
un claro reflejo de la cercanía de la
Firma de sus clientes. Concretamente,
el Despacho, a través de sus 13 oficinas
en el territorio nacional, presta un
servicio especializado y conocedor de
las especificaciones de cada región pero
respaldado por la fortaleza de una red
global presente en más de 140 países.
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70 DICIEMBRE 2012
Deloitte se incorpora al Consejo Asesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra
En el marco de estrechar lazos entre la Firma y las universidades, desde hace unas semanas Deloitte Abogados y Asesores
Tributarios forma parte del Consejo Asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Este grupo de trabajo se
reúne periódicamente y sus encuentros sirven a la Universidad para dar cuenta a sus socios de cómo se desarrolla su actividad
y también para tomar nota de las propuestas y sugerencias de las principales firmas legales implantadas en España. Además de
estrechar lazos entre la Academia y la práctica legal, la reunión ayuda a mejorar los métodos y los contenidos de la docencia,
tanto en los grados que se imparten en Pamplona, como en los programas máster que se han trasladado este año a la sede de
la Universidad de Navarra en Madrid.
Como novedad, en esta segunda edición del Consejo Asesor se incorporaron como miembros Juan Martínez Calvo de
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios; Juan Costa, Ernst & Young; Emilio Gómez de Hogan Lovells, e Ignacio Gómez
Sancha, de DLA Piper. Asimismo, repitieron los miembros fundadores del órgano: Carlos de Cárdenas Smith, de Uría
Menéndez; Álvaro Mendiola, de Cuatrecasas; Rafael Molina, de Linklaters; Javier García de Enterría, de Clifford Chance;
Antonio Sempere, de Gómez-Acebo & Pombo; José Ramón Martínez, de Garrigues; Juan Jimeno, de Thomson Aranzadi;
Javier Fernández Cuenca, de Pérez-Llorca; Íñigo Sagardoy, de Sagardoy Abogados; Antonio Montserrat, Magistrado, y Javier
Quintanilla, del IESE Businnes School.
La reunión se celebró en la Biblioteca de la sede de la Universidad de Navarra en Madrid, y comenzó con un repaso a la actividad
de la Facultad de Derecho en el último curso. Tras las intervenciones de los consejeros, el decano, Pablo Sánchez-Ostiz, y el
director de Desarrollo, Javier Ortega, invitaron a los miembros del consejo a una comida de trabajo.
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