Dotación Institucional de un País y su relación con la ... - Esan

La relación entre las características institucionales de un país y las variables “reglas de conducta
de la regulación” e “incentivos de la regulación” permite advertir que los resultados de la
actividad reguladora dependerán de qué tan bien sentadas estén dichas características
institucionales. Cada país tendrá diseños regulatorios diferentes, basados en sus diferencias
institucionales (Sifontes, 2003: 9).
No se deben “imitar rápidamente” esquemas de regulación, políticas o fórmulas que podrían
considerarse exitosos en otros países sin analizar el contexto institucional inmediato (Parker,
1999: 213; Spiller et al. 2003: 4). En algunos casos, esto genera leyes o reformas totalmente
ineficaces e, inclusive, pueden traducirse en fracasos notorios.
La percepción de diversos e importantes autores en la materia es que con frecuencia algunos
gobiernos se concentran en hacer más atractivas y exitosas las privatizaciones en lugar de
atender los problemas de las reglas de la regulación y sus instituciones (Abdala, 1998: 5).
Las instituciones de un país influyen en la confianza de los inversionistas y en el desempeño
de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos (Levy y Spiller, 1996: 1). Por lo
general, dentro de las reglas de la regulación se presta mayor atención a aspectos
concernientes a los incentivos de la regulación que al fortalecimiento de las instituciones y a
las reglas de conducta de la regulación (Abdala, 1998: 5).
Las instituciones políticas y sociales de cada país influyen de manera determinante en la
credibilidad y efectividad de los marcos regulatorios, así como en la capacidad de éstos para
promover la inversión privada, la eficiencia en la producción y el uso de los servicios (Spiller
y Tommasi, 2004: 16; Levy y Spiller, 1996: 1-2).
Esto no comprende únicamente la capacidad administrativa, sino también el tipo de regulación
que puede emplearse y la flexibilidad de éste ante cambios tecnológicos (Levy y Spiller, 1996:
1-2). Existen algunos esquemas de regulación diseñados para maximizar la eficiencia, como
los price caps o esquemas de incentivos, que requieren de una alta discrecionalidad del
organismo regulador (Alcázar y Pollarolo, 2000: 7; Spiller y Tommasi, 2004: 16).
A su vez, la discrecionalidad debe ser apoyada por las instituciones del país como una condición
imprescindible, pues de otra manera no se atraería la inversión privada deseada. En este
sentido, se necesita una legislación clara para fiscalizar el accionar de los organismos
reguladores (Alcázar y Pollarolo, 2000: 7).
18