Dotación Institucional de un País y su relación con la ... - Esan

La falta de infraestructura en los servicios públicos dificulta el desarrollo y provoca reclamos
sociales; al mismo tiempo, al no contar con un diseño institucional y regulatorio apropiado, el
país no dispone de los recursos necesarios para afrontar este escenario negativo.
La metodología de la revisión de literatura ha consistido en el análisis de trabajos de
investigación, libros de texto y otras publicaciones relevantes para explorar las materias de
interés. Se ha partido de la identificación de las palabras clave de búsqueda bibliográfica, se
ha consultado fuentes de información especializadas y se ha hecho seguimiento de la
investigación de autores recientes.
El documento consta de cuatro capítulos: el primero de ellos se refiere a la inversión en los
servicios públicos; el segundo, al marco conceptual de las características institucionales básicas
de un país; el tercero, a las relaciones entre estas características; y el cuarto capítulo trata de
la delegación de facultades a los organismos reguladores independientes. Con el propósito
de facilitar el análisis y entendimiento de esta investigación, en la siguiente figura se presenta
el mapa de la literatura revisada.
2. La inversión en infraestructura de servicios públicos y sus riesgos
Los servicios públicos requieren de considerables montos de inversión, especialmente en
economías en vías de desarrollo con tasas de crecimiento elevadas y déficit de servicios.
Históricamente, esta inversión ha sido cubierta por los estados, pero en la última década
entraron a tallar capitales privados 1 en el marco de las reformas emprendidas. A estos
inversionistas privados se les ha exigido, como requisitos principales, condiciones de
credibilidad y de sostenibilidad en un horizonte de mediano y largo plazo (Abdala, 1998: 3).
La mejora de la infraestructura de los servicios públicos, promovida mediante privatizaciones
y concesiones –acompañadas de reformas regulatorias– es demandada por los ciudadanos
como una solución a las necesidades crecientes de expansión de los sistemas, al pobre
desempeño de los servicios prestados por el Estado y como un medio para mejorar el servicio
y bajar los precios. Asimismo, es una respuesta a las limitaciones en los presupuestos del
sector público (Izaguirre, 1998: 1; Levy y Spiller, 1996: 1).
1 Entre 1990 y 1997, 62 países en vías de desarrollo introdujeron participación privada en el sector electricidad. La inversión
registrada fue de 131 mil millones de dólares (Izaguirre, 1998: 1).
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