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munidades locales en esta región de la Guajira. Los esfuerzos para explotar los recursos naturales
y mineros han originado también división y conflicto en comunidades de toda América
Latina. En Brasil, miembros de la comunidad indígena guaraní-kaiowá han sido víctimas de
violencia como represalia a la campaña que han desplegado para evitar ser desplazados de
sus tierras en aras de intereses mineros. Algunas de las comunidades que habitan en los bosques
de Tetel (México), en el valle de Huasco (Chile) y en Famatina (Argentina) continúan entablando
luchas para prevenir la explotación de sus tierras. Estas luchas adquieren a menudo
carácter nacional, como las “guerras del gas” en Bolivia o la campaña para que los hondureños
refrendaran la ley de minería aprobada por el parlamento del país. Intentando abordar estas
situaciones, una serie de organizaciones jesuitas han llevado a cabo estudios e investigaciones,
efectuado declaraciones públicas y participado en actividades de resistencia de comunidades
afectadas. Estas organizaciones se oponen a las injusticias y las espantosas consecuencias
de la indiscriminada explotación de los recursos naturales y mineros 10 .
En América del Norte (Canadá y Estados Unidos), instituciones de la sociedad civil, entre
ellas Iglesias, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, hacen campaña en pro del derecho
de las comunidades a dar su consentimiento libre, previo e informado a desarrollos que
repercutirán en su bienestar, así como en pro de una legislación vinculante que regule a las
empresas extractivas canadienses operantes en el exterior. También fomentan la incidencia
de los accionistas (shareholder advocacy), puesto que en la actualidad más del 40 por ciento
del capital global de exploración minera se recauda en la bolsa canadiense.
En Asia y el Pacífico, los frágiles ecosistemas de los que dependen muchas comunidades
indígenas y de otro tipo se han degradado por la minería. Durante décadas, las operaciones
mineras en Bougainville (Papúa Nueva Guinea) y Grasberg-Ertsberg (Indonesia) han dañado
gravemente el medio ambiente y proporcionado escasos beneficios económicos a las comunidades
locales y las economías nacionales. En Filipinas, la ganga sobrante de la minería ha
ocasionado la contaminación de entornos naturales de los que las comunidades locales dependen
para su sustento. A lo largo y ancho de la región, el fenómeno relativamente nuevo de
la extracción de tierras raras (que se emplean en la fabricación de numerosos aparatos electrónicos
modernos) es responsable ahora de la destrucción de paisajes locales; y la minería
de pequeña escala y artesanal crea asimismo problemas.
Las compañías mineras han dividido a las comunidades locales y, en algunos casos, han incitado
a la violencia, a fin de llevar adelante controvertidos planes de explotación de recursos
minerales. Aunque países como Australia y Filipinas disponen de legislaciones que exigen que
los pueblos indígenas den su consentimiento libre, previo e informado a la explotación minera
de sus tierras, en tales procedimientos suelen participar únicamente los líderes locales,
sin que la comunidad sea del todo consciente de las consecuencias. La atención de los go-
10 Entre tales organizaciones se cuentan, por ejemplo, el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente
de la jesuita Universidad Rafael Landívar, en Guatemala; el Instituto Humánitas de la Universidad Sinos, en Brasil;
el Centro Gumilla, en Venezuela; la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, de la Universidad Javeriana,
y el Centro de Investigación y Educación Popular, ambos en Colombia; la provincia jesuita de Brasil Central-Oriental;
y la Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena, en Panamá.
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