I. Loyola I. Loyola I. Loyola - Universidad Rafael Landívar

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Guatemala, julio de 2010
Arizona perteneció al Imperio de España, luego
brevemente a México y se integró a los EE. UU. hasta
1912 —aunque una parte del estado fue estadounidense
desde mediados del siglo XIX—. Es decir, no hace ni
cien años que se habla inglés en Arizona, pero hay
familias hispanas que llevan en ese lugar más de cuatro
siglos.
Actualmente tiene ocho millones de habitantes, de los
cuales un 30 por ciento es de origen mexicano, país con
el que comparte unos 700 kilómetros de frontera. Y, si
sumamos a ese porcentaje los indocumentados, el
resultado es que Arizona tiene unos tres millones de
hispanos.
El próximo mes de julio, cuando el termómetro llegue
a los 110 grados Fahrenheit, entrará en vigor la nueva
ley de inmigración. Entonces Arizona arderá por sus
cuatro esquinas, ya que la norma obliga a la Policía a
detener a cualquier sospechoso de ser ilegal, aunque no
haya hecho nada ilegal. Por tanto, si un guardia de tráfico
detiene un automóvil y el conductor tiene “aspecto”
hispano, el policía podrá arrestarlo solo por la “duda
razonable” de que sea un indocumentado.
La norma ha provocado la justa indignación a nivel
mundial, por ser racista y desastrosa para la economía.
En la multitudinaria manifestación contra la ley quedaron
claras las dificultades por las que ya pasaba la población
ilegal. Por ejemplo, esta legislación es perfecta para los
empresarios explotadores, que saben que sus trabajadores
ilegales no van a querellarse por miedo a que los deporten.
Las personas que necesiten asistencia médica no irán al
hospital, por el mismo temor y menos aún denunciarán
cualquier robo o agresión que sufran.
La Policía de Arizona ha dicho que carece de medios
para aplicar la ley y que si sus hombres se dedican a
identificar hispanos —como los obliga la citada ley, ya
que si no, pueden ser ellos los denunciados— tendrán
que dejar de perseguir cientos de delitos más graves.
Los comerciantes ya sienten los efectos nocivos de la
nueva norma, porque miles de ilegales han huido a los
estados vecinos, como California o Nuevo México, y el
consumo está por los suelos.
El 2010 es año de censo en EE. UU. y este tipo de leyes
asustan a los inmigrantes, que no se fían, por el temor
de que los datos que faciliten sean utilizados en su contra.
Esta cuestión es muy grave, ya que Washington reparte
Larry Andrade-Abularach, en Cara Parens, P.L.
los fondos federales según la población (sea legal o
ilegal) de cada estado y, a menos residentes, menos
dinero para hacer carreteras, levantar escuelas o ampliar
hospitales, medida que perjudica a todos: blancos,
hispanos, legales o ilegales.
Las organizaciones para la defensa de los derechos civiles
han iniciado una campaña llamada “Boicot a la
intolerancia” para que se derogue la ley Arizona. Pero,
en contra de la citada campaña está el 60 por ciento de
los estadounidenses, convencidos de que hay que pararles
los pies a los hispanos.
En el fondo de este asunto está el miedo. El miedo a la
imparable ola hispana, comunidad que ya supera a las
personas de color como la minoría más numerosa. Hoy,
los hispanos son unos 54 millones de habitantes —el 18
por ciento de la población estadounidense— y el propio
Gobierno federal prevé que en 2050 sean 120 millones.
Es decir, uno de cada tres habitantes.
El presidente Obama, que prometió a los hispanos una
amplia regularización de ilegales, dice que ahora es el
momento de la nueva ley nacional de inmigración, pero
se queda en el discurso. Debemos unirnos todos los
hispanos del mundo.
Radiografía de una realidad urbana
INDIS participa en diagnóstico urbano de asentamiento La Paz.
La precariedad del asentamiento La Paz se evidencia en sus casas de
lámina ubicadas en zonas de riesgo.
A la presentación de la Guía de diagnóstico urbano
participativo para asentamientos precarios que se llevó
a cabo el 16 de junio en el Instituto de Cultura Italiano,
asistieron todos los involucrados en la investigación, es
decir personalidades de la Universidad Sapienza, de
Roma, Italia; directivos e investigadores del Instituto de
Investigación en Diseño (INDIS) y pobladores del
asentamiento La Paz, del municipio de Villanueva.
Con el objeto de efectuar una investigación a profundidad,
se crearon diversos instrumentos para recolectar la
información tales como las encuestas divididas en
temáticas de infraestructura y vivienda, socioeconómica
y ambiental. Asimismo se realizaron talleres participativos
cartográficos y valoraciones cualitativas y cuantitativas
de las necesidades de los habitantes en el proceso
participativo. Además en su intervención, la arquitecta
italiana Silvia Covarino mencionó que publicaciones y
documentos del asentamiento fueron revisados.
Fotografía: Archivo INDIS
Sin palabras
Impactantes imágenes de los videos exhibidos en la
presentación mostraban lugares del asentamiento y la
infraestructura del lugar, las carencias y tipos de vivienda
de los pobladores del asentamiento La Paz, una comunidad
donde habitan más de 6,000 personas. Un indicador que
hace referencia a las condiciones de hacinamiento del
lugar, reveló que las habitaciones son compartidas por
más de 5 personas y se utilizan para actividades como
cocina, entretenimiento y descanso. Los investigadores
pudieron comprobar que los vecinos carecen de alumbrado
público, fluido de aguas residuales y deposición adecuada
de desechos sólidos, y como no tienen conexión de
drenajes vierten sus desechos en pozos ciegos fabricados
por ellos mismos. Además pudieron observar problemas
de vertederos clandestinos de basura, falta de equipamiento
de salud, actividades de recreación y deporte. Por si fuera
poco, a esto hay que agregar que los pobladores de La
Paz pagan una fuerte cuota por el abastecimiento de
agua.
• La Paz es una comunidad que forma parte de la
finca El Zarzal y es uno de los asentamientos más
grandes de Guatemala.
• En el asentamiento viven más de 6,000 habitantes
en un total de 1,280 lotes sin títulos de propiedad.
Tierra de nadie
De acuerdo a comentarios del arquitecto Mansilla, el
señor Hipólito de León, Presidente del Consejo
Comunitario de este asentamiento indicó al grupo de
investigación que una señora vendió el derecho de
titularidad de terrenos, pero que esta ocupación fue
ilegal.
Con el objeto de arreglar la papelería de los lotes
comprados, los vecinos decidieron solicitar sus certificados
de habitabilidad a las autoridades locales, pero les fueron
denegados porque se encuentran en un área de riesgo.
También se realizó una presentación de este diagnóstico
a las autoridades y docentes de la Facultad de Arquitectura
y Diseño en el Auditorio de la URL en la que el arquitecto
Mario Mansilla concluyó que los pobladores del
asentamiento reclaman la necesidad del abastecimiento
de agua, mejor manejo de drenajes, pavimentación de
calles, manejo de basura, alumbrado público, legalización
de lotes, mejoramiento de las condiciones de salud y la
habilitación de mejores escuelas. Los resultados se han
traslado a la municipalidad de Villanueva y a la comunidad
de La Paz con el propósito de promover planes de acción
que beneficien a los habitantes de dicho asentamiento,
indicó el arquitecto Cristian Vela, Director del INDIS. T.C.A.
La falta de agua provoca diversas enfermedades en los pobladores
de esta comunidad.
Fotografía: Archivo INDIS