Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas ... - Acnur

E/CN.4/2001/15
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llevaron consigo tras acusarlas de connivencia con la guerrilla. En otras ocasiones, los cadáveres de
quienes habían sido privados de la libertad bajo la misma acusación pudieron localizarse tiempo después,
lo cual permitió establecer que tras su aprehensión fueron víctimas de tortura y ejecución extrajudicial.
45. Según los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo de Antioquia, sólo en los primeros seis
meses del año 2000 se contaron 520 casos de desaparición forzada en ese departamento, superando la
totalidad de los casos registrados en esa región durante el año 1999.
46. Si bien la autoría de la mayor parte de las desapariciones forzadas puestas en conocimiento de la
Oficina se atribuyó por los quejosos a integrantes de organizaciones de carácter paramilitar, también hubo
algunos casos en que como presuntos responsables figuraban miembros de la fuerza pública.
47. La más frecuente y reiterada violación del derecho a la libertad individual se materializó en
aprehensiones realizadas por servidores públicos que carecían de competencia para ello, procedían sin
motivo legal o actuaban con fundamento en normas cuya finalidad es abiertamente incompatible con el
respeto los principios internacionales.
48. A lo largo del año 2000 continuaron presentándose las privaciones de libertad ilegales o arbitrarias,
mediante las llamadas "capturas momentáneas" 5 o "detenciones preventivas gubernativas". Estas
facultades de la policía permiten aprehender hasta por 12 horas, sin mandamiento judicial, a personas que
se hallan en sitios públicos o abiertos al público. En la práctica, las "redadas" o "batidas" desarrolladas
por la policía en sitios urbanos y rurales se cumplen sin observar los criterios jurisprudenciales 6 . Estos
últimos buscan poner límites a las atribuciones de autoridades administrativas para privar de libertad a
personas que ni se hallan en flagrancia ni están en la situación de los ciudadanos cuya captura ha sido
públicamente requerida. Por lo demás, como se realizan al margen de todo control judicial de legalidad,
las personas que a ella son sometidas quedan expuestas no sólo al riesgo de sufrir tratos crueles
inhumanos o degradantes, o de afrontar la tortura, sino incluso en peligro de convertirse en víctimas de
ejecuciones extrajudiciales.
49. En el año 2000 también siguieron presentándose detenciones ilegales o arbitrarias imputables a los
miembros de las fuerzas militares. Esas detenciones se cumplieron durante las operaciones de
contrainsurgencia adelantadas por el ejército en puntos del territorio nacional donde actúan grupos
guerrilleros. En el curso de tales operaciones se ha privado de libertad a pobladores civiles del lugar
patrullado, bajo la imprecisa sindicación de tener nexos con los rebeldes. El 21 de octubre, en Yondó
(Antioquia), ocho campesinos habrían sido aprehendidos por soldados del Batallón 45, Héroes del
Majagual, que sólo 48 horas después fueron puestos a disposición de la fiscalía regional de
Barrancabermeja.
50. Otras privaciones de libertad por paramilitares, como la toma de rehenes o secuestros, están
desarrolladas en el punto E de este capítulo.
4. Derecho a la libertad de circulación
51. Durante el tiempo al cual se contrae este informe la Oficina fue informada de violaciones de tal
derecho por parte de las fuerzas militares y de los grupos paramilitares. Es indispensable dejar constancia,
aunque escape el marco de este acápite, de que la posibilidad de movilización de personas y bienes en
varias e importantes regiones del país se ha vuelto precaria y riesgosa, principalmente en razón de la
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Véase el informe anterior, E/CN.4/2000/11, párr. 41.
Véase el informe anterior, E/CN.4/2000/11, párr. 41.