Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas ... - Acnur

E/CN.4/2001/15
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128. La Oficina no ha registrado cambios sustantivos en la conducta de las FARC en la "zona de
distensión". Los hechos más graves, tratados específicamente en otros acápites de este Informe, incluyen
la toma de rehenes, inclusive de niños, los cuales serian mantenidos cautivos en la zona y cuyos rescates
se negociarían en la misma; los homicidios de personas acusadas de colaborar con los grupos
paramilitares y el reclutamiento de menores de edad. Se registraron algunos gestos positivos por parte de
las FARC, tales como la devolución de algunos niños menores de quince años a sus familias, y el retorno
de los miembros de la comunidad evangélica 12 . Sin embargo estos hechos fueron excepcionales y los
comportamientos variaron según los frentes y los comandantes que operan en cada localidad. Así, en el
municipio de Vistahermosa aumentó la presión de los insurgentes sobre la población y el control sobre la
administración del municipio, exigiendo incluso la renuncia de varios funcionarios, entre ellos del
personero municipal. Cabe recordar que en 1999 el alcalde de ese municipio murió en Villavicencio a
manos de los guerrilleros.
129. Durante el año 2000 la Oficina visitó varias veces la "zona de distensión", y pudo plantear ante la
dirigencia de las FARC sus temas de mayor preocupación, principalmente la falta de respeto al derecho
internacional humanitario en el conjunto del país y las preocupaciones específicas sobre esa zona. Las
sindicaciones contra las FARC en la "zona de distensión" han sido admitidas por el mencionado grupo,
aun cuando las hayan justificado. El Ministro del Interior en una audiencia, convocada el 7 de diciembre
de 2000 por la Corte Constitucional para revisar la legalidad del establecimiento de la referida zona,
sostuvo que al Gobierno no le constaba probatoriamente que infracciones o delitos imputables a las
FARC se hubieran cometido en la "zona de distensión".
2. Evolución del paramilitarismo
130. En congruencia con las observaciones reportadas por la Alta Comisionada en sus informes
anteriores, el Gobierno acepta que el paramilitarismo representa "una grave amenaza para la
institucionalidad y [es] responsable de una gran parte del incremento de las violaciones a los derechos
humanos". Agrega además que es "uno de los factores que más contribuye a la degradación de la
confrontación armada" pues "tiene como principal forma de acción la utilización del terror contra la
población [...] por medio del asesinato selectivo o de la masacre indiscriminada", con el propósito de
"provocar el desplazamiento masivo..." 13 .
131. Según el Gobierno, el origen del fenómeno paramilitar y la explicación de su actual grado de
desarrollo se resumen en la articulación criminal de las bandas de narcotraficantes con redes de apoyos
sociales, económicos y políticos en muy particulares contextos locales y regionales. La Oficina ha
observado y señalado además que, históricamente, la legislación y las políticas estatales también han
desempeñado un papel innegable en la actual magnitud y características del paramilitarismo. A ello debe
agregarse las notorias responsabilidades individuales de servidores públicos involucrados con estos
grupos en el curso de los últimos años, así como los ciclos de activo compromiso de las fuerzas militares
con fórmulas de inclusión de civiles armados en la lucha contrainsurgente.
132. Cuando se somete a escrutinio la eficacia real de la acción estatal contra el fenómeno paramilitar,
los resultados presentados por el Gobierno contrastan con la acelerada expansión y presencia de grupos
paramilitares en, por lo menos, 409 municipios (un 40% del país). El Ministerio de Defensa reconoce que
actualmente operan más de 8.000 paramilitares, lo cual significa un crecimiento de 81% en los últimos
dos años.
133. Durante el curso del período del presente Informe, la Oficina ha podido acreditar de manera directa
la alarmante consolidación y propagación del paramilitarismo, así como su creciente capacidad operativa.
12
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Véase el informe anterior, E/CN.4/2000/11, párrs. 106 y 124.
Los Grupos ilegales de Autodefensa en Colombia, Ministerio de Defensa, Diciembre 2000.