Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas ... - Acnur

E/CN.4/2001/15
página 17
70. Recientes estudios de Misión social-PNUD señalan que en los últimos dos años el progreso
educativo se ha resentido y el índice disminuido, tanto para el país como para 17 de
sus 25 departamentos. Colombia tiene una de las más bajas tasas de alfabetización de adultos entre el
conjunto de países con mayor desarrollo humano de la región. La disparidad regional entre departamentos
es alarmante, siendo los departamentos de Chocó y Córdoba, que además cuentan con un gran número de
población indígena y afrocolombiana, los más afectados en esta materia. La tasa de matrícula combinada
para todo el país disminuyó, puesto que muchos hogares no pueden seguir enviando a sus hijos a las
instituciones educativas, por falta de ingresos o porque los jóvenes se retiran a buscar empleo. Las
mujeres se retiran del sistema escolar en mayor medida que los hombres. A esta situación se suma que el
Estado no ha proveído cupos suficientes en las escuelas públicas, dejando fuera del sistema educativo a
un gran número de niños en edad escolar. Los más afectados han sido los menores de familias de escasos
recursos.
71. La falta de atención del Gobierno en materia de educación ha afectado especialmente a la
población desplazada. Uno de los casos que ha conocido la Oficina en ese sentido fue el relativo a la
ausencia de docentes para la población retornada de la Cuenca del río Cacarica, a pesar del compromiso
suscrito por el Gobierno con esa comunidad a finales de 1999.
72. Por otra parte, la Oficina no ha registrado avances significativos en la enseñanza de los derechos
humanos en todos los niveles educativos. El Plan Nacional de acción para la educación en la esfera de los
derechos humanos, propuesto por la Alta Comisionada en el marco del Decenio de las Naciones Unidas
para la Educación 1995-2004, aún no ha sido elaborado. De otro lado, la Oficina ha conocido actividades
aisladas de capacitación en derechos humanos realizadas por parte de diferentes instituciones
gubernamentales. No obstante, aquellas no han correspondido a una estrategia integral de educación y han
puesto en evidencia el alto grado de desconocimiento en esta materia.
3. Otros derechos
73. La Oficina continúa observando la insuficiente atención en lo atinente a salud y educación, así
como la falta de apoyo a los proyectos productivos para las comunidades indígenas y afrocolombianas en
Colombia. En cuanto a la protección de derechos ambientales, es especialmente preocupante la escasez de
controles para evitar la deforestación indiscriminada en los lugares habitados por las comunidades
indígenas y negras, así como los efectos de las fumigaciones de cultivos ilícitos sobre aquellas. En este
sentido, la Oficina recibió denuncias de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y
del Putumayo, así como de las comunidades afrocolombianas del departamento del Chocó.
74. En cuanto al seguimiento del derecho a la salud, cabe destacar la preocupante situación de
violencia ejercida contra los trabajadores del ramo, en especial contra ANTHOC (Sindicato Nacional de
Trabajadores de Salud en Colombia) y los numerosos ataques contra la misión médica, como se verá en el
capítulo VI. El 17 de mayo de 2000 resultó muerta la Presidenta de ANTHOC, Seccional Cartago (Valle
del Cauca), Carmen Emilia Rivas. El hecho sucedió en la puerta del servicio de urgencias del Hospital
Sagrado Corazón de Jesús de Cartago.
75. Si bien se han obtenido logros en materia de aseguramiento a partir de la puesta en marcha de la
Ley 100 (1993), que regula y reforma el sistema de salud, la cobertura aun no es universal y en cuanto al
acceso a la atención de los enfermos se favorece a la población de mayores ingresos. De acuerdo con un
informe de indicadores de cobertura de la Superintendencia de Servicios de Salud, seis millones de
personas, que forman parte de la población más pobre de Colombia, no están cubiertas por el régimen
subsidiado de salud. También se notan diferencias significativas entre municipios, departamentos y
regiones. Tal y como lo muestra otro estudio de la Defensoría del Pueblo, es manifiesto el
desconocimiento que los afiliados tienen de sus derechos, lo cual facilita la violación de los mismos.