informe tributario - AELE

Vol. XVIII N° 207 Abril 2005
IMPUESTO
TEMPORAL
A LOS ACTIVOS
NETOS EJERCICIO 2005
BASE LEGAL:
• Ley Nº 28424 (21.12.2004).
• Reglamento aprobado por D. S. Nº 025-2005-EF
(16.02.2005).
• R. de S. Nº 071-2005/SUNAT (02.04.2005).
DETERMINACIÓN:
• BASE IMPONIBLE:
- Si estaba obligado a efectuar ajustes por inflación,
determinará el ITAN sobre la base del importe total
de los activos netos de la empresa según el balance
cerrado al 31.12.2004, actualizado al 31.03.2005 con
la variación del IPM entre dichas fechas.
- Si no estaba obligado a efectuar ajustes por inflación,
determinará el ITAN sobre la base del valor histórico
de los activos netos según balance al 31.12.2004.
• ALÍCUOTA VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS
0% Hasta S/. 5’000,000
0.6% Por el exceso de S/. 5’000,000
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN:
• PDT ITAN - Formulario Virtual Nº 648 (versión 1.0).
• Plazos: Los previstos en el Cronograma publicado por
SUNAT para el cumplimiento de obligaciones mensuales
de marzo.
PAGO:
Al contado o en nueve cuotas mensuales iguales, sobre la
base del Cronograma para el cumplimiento de obligaciones
mensuales de marzo a diciembre.
Elaboración: Análisis Tributario

COYUNTURA
Análisis Tributario
Director Fundador
Luis Aparicio Valdez
Editores
Luis Durán Rojo
Shirley Andrade Culqui
Colaboradores Especiales
César Rodríguez Dueñas
Mónica Benites Mendoza
Rubén Del Rosario Goytizolo
Equipo de de Investigación
Roberto Acevedo Mercado
Carlos Marco Cevallos Mejía Correa Acosta
Marco Mejía Acosta
Composición de Textos y
Composición Cuadros Estadísticos de Textos y
Jeannette Cuadros Flores Estadísticos Villanueva
Jeannette Katia Flores Ponce Villanueva de Munive
Katia Ponce de Munive
Diseño y Montaje
Manuel Diseño Saravia y Montaje Nuñez
Manuel Saravia Nuñez
Corrección de Textos
Teresa Corrección Flores de Caucha Textos
Teresa Flores Caucha
ANÁLISIS TRIBUTARIO
es una publicación mensual editada por
Asesoramiento y Análisis Laborales S.A.C.
Administración
María Helena Aparicio
Ventas
Samuel Reppó Córdova
Capacitación
Haydeé Blanco Obregón
Dirección:
Av. Paseo de la República 6236
Lima 18 - PERÚ.
Teléfonos: Teléfono:
620-6205 / 620-6206
447-5935 / 447-2020
Correo electrónico:
info@aele.com Fax:
(51) (1) 241-5657
Sitio web:
http: Correo //www.aele.com
electrónico:
info@aele.com
Impresión:
JL Impresores Sitio web: de
José Antonio http: Aparicio //www.aele.com Rabines
Jr. Olmedo 560, Breña
Teléfono: Impresión: 791-5051
JL Impresores de
José Antonio Hecho Aparicio el Depósito Rabines Legal
Jr. Registro Olmedo 560, Nº 98-2766 Breña
Teléfono: 791-5051
PROHIBIDA LA
Hecho el Depósito REPRODUCCIÓN Legal
Registro EN CUALQUIER Nº 98-2766 FORMA
SIN PERMISO ESCRITO
DE LOS PROHIBIDA EDITORES. LA
LA REPRODUCCIÓN AUTORIZADA REPRODUCCIÓN DEBERÁ
CONTENER CLARA Y EXPRESAMENTE EN CUALQUIER FORMA LA CITA
SIGUIENTE: "TOMADO DE SIN LA PERMISO REVISTA ESCRITO ANÁLISIS
TRIBUTARIO DE Nº _, LOS PÁGS. EDITORES. _ - _".
LA REPRODUCCIÓN AUTORIZADA DEBERÁ
CONTENER CLARA Y EXPRESAMENTE LA CITA
SIGUIENTE: "TOMADO DE LA REVISTA ANÁLISIS
TRIBUTARIO Nº _, PÁGS. _ - _".
4
6
8
10
27
30
32
34
37
40
43
45
51
COYUNTURA
• La Responsabilidad en el cobro de tributos.
APUNTES TRIBUTARIOS
• Régimen de Percepciones del IGV: ¿Preparando procesos de impugnación constitucional?
• ESSALUD, IES Y SNP: Sustento de condiciones de trabajo que no constituyen base imponible.
• Régimen de detracciones: Precisiones sobre supuestos afectos.
• Declaración IGV-Renta: Nueva versión de PDT.
COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN
• Régimen de Percepciones del IGV: Adecuaciones normativas.
• Régimen de Detracciones: Aplicación al producto leche (R. de S. Nº 064-2005/SUNAT).
• Régimen de Retenciones: Modificaciones (R. de S. Nº 061-2005/SUNAT).
• Código Tributario: Nuevo supuesto para revocar o modificar los actos de la SUNAT
(R. de S. Nº 069-2005/SUNAT).
INFORME TRIBUTARIO
• Reflexiones sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos.
• Arbitrios Municipales: Efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (Primera Parte).
Julio A. Fernández Cartagena
• El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo: Aspectos a considerar en el año 2005.
PERSPECTIVAS
• Informe OCDE sobre Precios de Transferencia en México.
Moisés Curiel García, Armando Cabrera Nolasco
CONSULTA INSTITUCIONAL
• Impuesto General a las Ventas: Venta de bienes adquiridos para realizar operaciones
exoneradas o inafectas
CASUÍSTICA
• Impuesto a la Renta: Retenciones en exceso 5ª categoría.
• Comprobantes de Pago: Personas que se dedican a prestar dinero.
• Régimen de Gradualidad de Sanciones: Subsanación con pago.
JURISPRUDENCIA DE AMPARO
• La demanda contencioso tributaria y la regla del Solve et repete.
JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
• Procedimientos Tributarios: Naturaleza del Formulario 194: Comunicación para la revocación,
modificación, sustitución o complementación de actos administrativos.
JURISPRUDENCIA COMENTADA
• Impuesto a la Renta de Tercera Categoría: Determinación del saldo a favor del ejercicio
anterior aplicado contra los pagos a cuenta.
SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
• Comprobantes de Pago.
INDICADORES
• Calendario Tributario y de otros conceptos.
• Cronograma de pagos tributarios - Programa de Declaración Telemática.
• Impuesto a la Renta 2005 - Personas Naturales - Factores para el Ajuste Integral de los
Estados Financieros - Valor de la UIT 1996-2005 - Índice de Precios-INEI.
• Tasas de Interés Moratorio - Tasa de Interés para Devolución de Pagos indebidos o en exceso
- Tasas de Interés Internacional - Tasas Activa y Pasiva de Interés.
• Dólar Norteamericano - Euro - Libra Esterlina - Yen Japonés - Franco Suizo.
• Declaración de base imponible en ADUANAS - Índice de Reajuste Diario.
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
• Textos de los Principales Dispositivos Legales: Del 16 de marzo al 05 de abril de 2005.
• Sumillas de Legislación Tributaria: Del 06 de marzo al 05 de abril de 2005.
Análisis Tributario / 3

COYUNTURA
La Responsabilidad
en el cobro de tributos
Últimamente hemos venido promoviendo
la necesidad de insistir en un proceso formativo
de larga data sobre el fenómeno tributario,
que implique educar al ciudadano sobre
el Deber de tributar.
En buena cuenta, queremos resaltar lo importante
que es plantear el fenómeno tributario
desde la perspectiva de política nacional
de largo plazo. Sin embargo, el largo plazo
debe ser complementado con las acciones que
hoy toca desarrollar para realizar un cobro
calificado del tributo.
Sólo a partir de esa relación largo/corto
plazo, es que ha sido posible aceptar la situación
actual, conforme a la cual hay excesivas
potestades para que la Administración Tributaria
pueda luchar contra el fraude a la ley,
que llegan incluso a generar que los actos de
colaboración de los ciudadanos formales sean
múltiples y costosos. Especialmente nace esa
aceptabilidad cuando vemos con agrado la
decisión de primer orden de los funcionarios
de SUNAT de luchar contra la informalidad,
que supone un importante esfuerzo de ampliación
de la cobertura de vigencia real del régimen
tributario en el país.
Empero, para la aplicación de estas acciones,
especialmente las de intervención vía
agentes de retención, percepción y detracción,
la Administración debe tomar en cuenta que
cobrar tributos a determinados agentes económicos
y no hacerlo a los que compiten con
ellos (porque unos siguen en las zonas informales
de la economía mientras otros lo están
en las formales), es introducir ventajas artificiales
a favor de los informales, lo que produciría
en el contribuyente formal la percepción
de que los tributos son una gran injusticia. Es
decir, en términos de política nacional, hoy
día las acciones de lucha contra el fraude a la
ley emprendidas por la SUNAT tendrán el
apoyo de la ciudadanía siempre que “valga
la pena”, lo que –como hemos dicho antes–
significa que los contribuyentes conciban que
“pagar tributos es también un buen negocio”
(1) .
Este último elemento debe ser tomado en
cuenta por otras instancias con decisión en
temas tributarios, como los órganos legislativos
(cuando establecen el diseño de las normas),
los poderes ejecutivos nacional o locales
(cuando gastan lo recaudado), o los órganos
que administran justicia (como el Tribunal
Fiscal, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional,
entre otros), que no pueden darse el
lujo de no tomar en cuenta su responsabilidad
de aplicar los elementos técnicos propios
de sus respectivas actividades. Hay ahí una
idea de justicia tributaria entendida también
como “responsabilidad económica del Estado”
(2) .
Expliquémonos mejor: de lo que se trata
es que los órganos estatales asuman que el
cobro de tributos es una exacción de la propiedad
de los ciudadanos, justificada en la
necesidad de sustentar los gastos estatales,
pero que tiene consecuencias no sólo en el
saldo del patrimonio del contribuyente sino
en su vida futura dentro del mercado. Por eso,
reconducido al tema político, un régimen tributario
suficiente para promover la redistribución
de la riqueza de tal modo de crear
condiciones de libertad y paz, requiere necesariamente
de actos responsables en la creación
y administración del tributo, de otra manera
los propios ciudadanos empezarán a reaccionar
políticamente contra ese “modelo” y
pedirán su reducción al máximo.
En los últimos meses hemos asistido casi
con estupor y fastidio a ver acciones por parte
de ciertos sectores del Estado en las que se
muestra su falta de “responsabilidad económica”
al asumir sus acciones. Veamos tres
ejemplos:
1. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia
que resuelve la demanda de Inconstitucionalidad
en contra de unas Ordenanzas de
–––––
(1) Porque con ese dinero recaudado se lucha contra la pobreza y
se provee al país de infraestructura, justicia y seguridad.
(2) A muchas empresas se les pide que para conseguir gobernabilidad
–entre otros– vayan más allá del cumplimiento de la
ley y asuman su “responsabilidad social”, que no es otra cosa
que utilicen los derechos que la ley le asigna bajo estricto conocimiento
de las consecuencias sociales que su actuar puede
generar. En la misma perspectiva, pensamos que el término
“responsabilidad económica” debe plantearse en el sentido
que el Estado al echar a andar el fenómeno tributario tome en
cuenta de manera estricta las consecuencias económicas que
su actuar pueda generar en la sociedad.
4
ABRIL 2005

COYUNTURA
la Municipalidad de Surco sobre determinados
Arbitrios, ha establecido su fallo sobre
el análisis de los efectos futuros de las
normas inconstitucionales, pero no ha tomado
en cuenta los efectos en el pasado
para aquellos que pagaron los tributos
oportunamente. El Tribunal ha dicho que
pondera su fallo sobre la base del interés
colectivo pues, caso contrario, la referida
municipalidad quebraría. ¿Y quién toma
en cuenta el interés de los ciudadanos que
cumplieron la norma?, ¿acaso ellos no
sentirán –no sólo emocionalmente sino
en el análisis de sus saldos patrimoniales–
que pagando tributos “hicieron un mal
negocio”?, ¿acaso no pensarán que en el
futuro es mejor ser reactivo frente a la obligación
tributaria?
Este primer caso puede ser justificable porque
hay un interés público de por medio,
¿pero que podemos decir del fallo sobre
el Anticipo Adicional del Impuesto a la
Renta (AAIR)? Al leer la Sentencia pareciera
que habría sido elaborada bajo el
supuesto de que el pago realizado de dicho
AAIR es una realidad de segundo nivel,
y por ende no asume ninguna línea
de acción a tomar para que quienes pagaron
dichos montos, en la creencia de la
presunción de legalidad, no sientan que
“hicieron un mal negocio” y que se tomen
molestias adicionales para recuperar esas
acreencias.
2. La SUNAT actúa mal en su concepción de
relación con los contribuyentes que exigen
la devolución de montos respecto de
los cuales hay un derecho de cobro. Es
lamentable que se haya llegado a la conclusión
–lo que ha sido ratificado por el
Defensor del Contribuyente– que el derecho
a la devolución tributaria se ha convertido
en letra muerta, entre otros, por la
existencia de una serie de cuellos de botella
administrativos que hacen que no se
cumpla dicho derecho (como la demora
en la designación del auditor que ha de
realizar la verificación o fiscalización correspondiente,
la falta de políticas que
promuevan la pronta culminación de ese
procedimiento y, por último, el uso de la
facultad de compensar de oficio la deuda
reparada en ese procedimiento de fiscalización
contra el monto cuya devolución
se solicita, sin tomar en cuenta su falta de
exigibilidad).
Empero, lo más sorprendente ha sido la
actitud que ha tomado la Administración
Tributaria frente al caso “AAIR”, sobre la
base de una reflexión correcta (ocasionada
por la deficiencia de la Sentencia del
TC) de que el cobro de dicho anticipo es
indebido por lo que la compensación originaria
contra los pagos a cuenta del IR
no procedía.
La SUNAT, en un primer momento, promovió
el cobro de los intereses y/o pagos
a cuenta del IR debidos, sin utilizar ella
misma el mecanismo de compensación de
oficio de dichos montos contra el AAIR desembolsado
por los contribuyentes. Luego,
ante el pedido generalizado de la sociedad
civil, emitió una resolución que soluciona
parcialmente el problema pues no
posibilita la aplicación del saldo de AAIR
que quede luego de aplicarlo contra el
pago de regularización del IR del ejercicio
2004.
Ojalá que esa lentitud y poca convicción
de resolución no se aplique cuando los
contribuyentes soliciten la compensación
de oficio del saldo del AAIR contra el ITAN.
Otra vez, estamos seguros, que muchos
contribuyentes estarán hoy pensando que
posiblemente pagar el AAIR fue, una vez
más, un “mal negocio”.
3. El Congreso de la República ha establecido
un nuevo impuesto patrimonial (el
ITAN) que en buena cuenta acaba siendo
un pago a cuenta del IR, porque luego de
hacer un complejo mecanismo de uso
como gasto o crédito contra dicho impuesto,
se posibilita su deducción.
¿Qué pretendía el Congreso con esa medida?,
¿tomar ingresos durante 2005 y
2006, que serán devueltos en los próximos
años?, ¿tiene sentido hacer incurrir
en desembolsos a los privados sin ninguna
reflexión sobre su utilidad o fin último?
En buena cuenta, arriesgar la creación y
aplicación de un nuevo tributo que no ha
de significar un aumento recaudatorio real
ni va a tener ningún efecto en la economía
salvo ralentizarla (como decían que
sí tenían el IMR y el IEAN) acaba siendo
un típico caso de falta de “responsabilidad
económica“ frente a los ciudadanos.
Por lo visto, queda claro que las entidades
del Estado vinculadas al fenómeno tributario
deberían repensar seriamente sus actuaciones,
incluir la perspectiva de la “responsabilidad
económica” en sus decisiones y ver a
los contribuyentes no como sus adversarios
ni enemigos, sino como CIUDADANOS, que
en el largo plazo, en pos de la cultura tributaria,
acabarán siendo socios de la gran empresa
que es el PERÚ, que sigue siendo –todavía–
“un proyecto en construcción“ y, por
ello, una gran posibilidad.
ABRIL 2005 5

APUNTES TRIBUTARIOS
Apuntes Tributarios
• RÉGIMEN DE
PERCEPCIONES DEL IGV:
¿Preparando procesos de impugnación
constitucional?
En anterior oportunidad señalamos que
habrían posibilidades de iniciar procesos
constitucionales contra la aplicación de los
distintos regímenes de “pago adelantado“
del IGV.
Al cierre de esta edición fuimos informados
que entre los agentes de percepción
se planea iniciar procesos constitucionales
contra las disposiciones del Régimen de
Percepciones, a fin de que el Tribunal Constitucional
fije los alcances del deber de colaboración
por parte de dichos contribuyentes
para combatir la evasión vía la percepción
del IGV de sus compradores.
Asimismo, existirían quienes pensarían
que cabría iniciar procesos de amparo, en
el entendido que se viola el principio de reserva
de ley por el hecho que el agente de
percepción es nombrado por resolución de
superintendencia. En este caso, de llegar la
causa a la vista del Tribunal Constitucional,
éste debería dilucidar más su criterio según
el cual “Las remisiones o habilitaciones legales
a la potestad reglamentaria han de
ser tales que restrinjan efectivamente el ejercicio
de esa potestad a un complemento de
la regulación legal que sea indispensable
por motivos técnicos o para optimizar el
cumplimiento de las finalidades propuestas
por la Constitución o por la propia Ley”
(Exp. Nº 2762-2002-AA/TC).
De otro lado, también algunas asociaciones
de contribuyentes a los que, conforme
a la R. de S. Nº 189-2004/SUNAT, se
les aplicaría la percepción en la compra de
bienes, estarían planeando iniciar acciones
de amparo en defensa de los derechos de
igualdad y no confiscatoriedad.
Respecto al derecho de igualdad, el diseño
del Régimen de Percepciones estaría
violentando el principio de capacidad contributiva
que –conforme ha señalado el Tribunal
Constitucional– es la aptitud del contribuyente
para ser sujeto pasivo de obligaciones
tributarias que está establecida por
la presencia de hechos reveladores de riqueza
(capacidad económica) que luego de
ser sometidos a la valorización del legislador
a partir de su conciliación con los fines
de naturaleza política, social y económica,
son elevados al rango de categoría imponible.
Conforme a ello, al tratarse de anticipos
del IGV se estaría precipitando abusivamente
su devengo en razón de que se
diseñan sobre la base de las compras del
vendedor, con anterioridad a que tenga certeza
de la operación de venta que corresponde
al monto sobre el que se ha capturado
la percepción, por lo que su propio
cálculo se hace sobre una base que no supondría
ningún elemento de capacidad contributiva
para el referido vendedor.
A su vez, sería posible que sobre la base
del estudio de casos concretos se puede
concluir la existencia de no confiscatoriedad,
en la medida que en términos prácticos
el monto percibido deba ser asumido
como costo porque sino de otra manera no
habría posibilidad de competir en el mercado.
• ESSALUD, IES Y SNP:
Sustento de condiciones de trabajo
que no constituyen base imponible
El año 2003, mediante la RTF Nº 2407-
2-2003, el Tribunal Fiscal se pronunció, declarando
entre otros aspectos, la nulidad e
insubsistencia de una Resolución de Intendencia
de la SUNAT en la que se confirmaban
los reparos efectuados a un contribuyente
por concepto de IES, ESSALUD y
Aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones
correspondientes a diversos periodos
del ejercicio 2000 y 2001. Los reparos
fueron efectuados porque, a criterio de la
Administración, los gastos por concepto de
refrigerio, movilidad y vestuario en que
había incurrido el contribuyente para sus
trabajadores dedicados a la prestación de
servicios de seguridad (service) tenían carácter
remunerativo. Al respecto, el Tribunal
Fiscal ordenó a la Administración Tributaria
emitir un nuevo pronunciamiento
puesto que ésta no merituó durante la etapa
de reclamación medios probatorios que
no le habían sido solicitados expresamente
al contribuyente en los requerimientos de
fiscalización. En el caso sólo se le había
solicitado que sustente legal, fehaciente y
tributariamente “mediante escrito firmado
por su representante legal” la no inclusión
en la base imponible de Essalud, IES y ONP,
de los conceptos remunerativos, refrigerio,
movilidad, transporte y vestuario registrados
en su planilla de remuneraciones.
En tal sentido, el contribuyente presentó
como sustento de la no inclusión de dichos
conceptos los siguientes documentos:
– Convenio colectivo en el que se acordó
la entrega de importes por concepto de
movilidad, refrigerio y alimentación a
los trabajadores y en el que se acreditaría
que dichos conceptos no son remunerativos,
no son de libre disposición
de los trabajadores y constituyen condición
de trabajo;
– Reglamento interno de trabajo, en el que
se indica que los trabajadores tienen
derecho a recibir conceptos no remunerativos;
– Comunicaciones del funcionario hábil
otorgando los montos por concepto de
refrigerio, movilidad y vestuario debidamente
recepcionadas por los trabajadores;
– Directivas sobre otorgamiento de conceptos
remunerativos; y,
– Documentos suscritos por los trabajadores
acreditando que dichas sumas son
destinadas a los fines establecidos.
Al respecto, hemos tomado conocimiento
que luego de evaluar la normatividad laboral
que estipula lo que se debe entender
por remuneración y conceptos no remunerativos,
la SUNAT ha emitido el presente año
una Resolución de Intendencia (dando cumplimiento
a lo ordenado por el Tribunal) en
la que dejó sin efecto los reparos efectuados
al contribuyente considerando que con la documentación
presentada se había acreditado
que las sumas entregadas a los trabajadores
tienen la calidad de condición de trabajo
y por lo tanto no eran remunerativas,
siendo correcta su exclusión de la base imponible
del IES, ESSALUD y SNP.
Sobre el tema, consideramos importante
que los empleadores tengan presente este
criterio referido a la documentación con la
que deben sustentar los conceptos entregados
a los trabajadores como condición de
trabajo, puesto que en muchos casos existe
descuido en la elaboración de la documentación
correspondiente creyendo que sólo
6
ABRIL 2005

APUNTES TRIBUTARIOS
basta con el dispositivo legal correspondiente
para sustentar la determinación de los
tributos a su cargo.
De otro lado, la citada resolución del
Tribunal Fiscal reafirma el criterio referido
a que la información que no haya sido solicitada
en el requerimiento de fiscalización
puede ser presentada durante el procedimiento
de reclamación debiendo ser merituada
por la Administración Tributaria para
resolver la controversia planteada.
• RÉGIMEN DE
DETRACCIONES:
Precisiones sobre supuestos afectos
La Administración se ha pronunciado
respecto a algunos supuestos afectos
al Régimen de Detracciones–SPOT actualmente
vigente, normado por el Dec.
Leg. Nº 940 (cuyo TUO ha sido aprobado
por el D.S. Nº 155-2004-EF), conforme
veremos a continuación.
1. A través del Informe Nº 251-2004-SU-
NAT/2B0000 la Administración concluye
que los servicios de mantenimiento,
reparación o instalación de equipos de
aire acondicionado, incluyendo contratos
de mantenimiento rutinario, se encuentran
comprendidos en la clase
4530 de la CIIU – Tercera Revisión, por
lo cual no se encuentran sujetos al Sistema.
2. Respecto a la actividad de Construcción
y servicios relacionados, a través del
Informe Nº 263-2004-SUNAT/2B0000
se indica que:
a) Las operaciones que, de acuerdo a
lo establecido en la División 45 de
la CIIU – Tercera Revisión, califiquen
como construcción, no estarán sujetas
al SPOT, pues este en la actualidad
sólo se aplica a la venta de
bienes y prestación de servicios detallados
en la Resolución de Superintendencia
Nº 183-2004/SUNAT,
mas no así a los contratos de construcción.
b) El arrendamiento de maquinaria y
equipo de construcción dotados de
operarios se encuentra contenido en
la clase 4550 de la CIIU –Tercera
Revisión– y, en consecuencia, no
está sujeto al SPOT.
c) Los contratos de obra mediante la
modalidad de administración controlada
no se encuentran sujetos al
SPOT, por cuanto la clase 4520 de
la CIIU a la cual pertenecen, constituye
una actividad de construcción
de acuerdo a las normas del TUO
de la Ley del IGV e ISC.
d) Los servicios de dotación de mano
de obra prestados por el constructor
o por terceros, incluidas las partes
de un contrato de colaboración
empresarial que lleva contabilidad
independiente, para la edificación
de una obra, están comprendidas
en la clase 7491 de la CIIU y, por lo
tanto, no se encuentran sujetos al
SPOT, salvo que los mismos constituyan
supuestos de intermediación
laboral y tercerización.
e) Las actividades de dirección prestadas
por un constructor o un tercero,
incluidas las partes de un contrato
de colaboración empresarial
que lleva contabilidad independiente,
para la edificación de una obra
están comprendidas en la clase
7421 de la CIIU y, por lo tanto, se
encuentran sujetas al SPOT.
f) Los servicios de traslado de agregados
realizados por un tercero
dentro de una obra consistente en
una carretera que abarca varios kilómetros
no se considera una operación
de movilización de bienes
realizada dentro del centro de producción
y, por lo tanto, no están sujetos
al SPOT.
3. Respecto a temas generales del SPOT, a
través del Informe Nº 263-2004-SU-
NAT/2B0000 se indica que:
a) El SPOT regulado por el TUO del
Decreto Legislativo Nº 940 será de
aplicación a las operaciones señaladas
en los Anexos 1, 2 y 3 de la
Resolución de Superintendencia Nº
183-2004/SUNAT (que incluye entre
otras novedades por ejemplo a
los servicios), cuya obligación tributaria
del IGV nazca a partir del
15.09.2004.
b) Si una factura por una operación
sujeta al SPOT es emitida en un período
pero el depósito de la detracción
se efectúa dentro de los primeros
5 días hábiles del siguiente período,
el crédito fiscal recién podrá
utilizarse a partir de este último,
dado que fue en dicho período que
se acreditó el depósito.
4. A través de la CARTA Nº 058 -2004-
SUNAT/2B0000 se absuelve la inquietud
de un grupo de contribuyentes respecto
a si las maquinarias usadas califican
o no como «desperdicios y desechos
metálicos» para efectos de la aplicación
del SPOT (1) .
Sobre el particular se indica que si bien
las maquinarias usadas no se encuentran
como tales comprendidas dentro
del ámbito de aplicación del Sistema y,
en principio, el solo hecho de su uso no
implica que aquéllas constituyan residuos,
subproductos, desechos, recortes
o desperdicios, en cada caso concreto
deberá evaluarse si a partir de sus particulares
características una maquinaria
usada se encuentra sujeta al SPOT.
Para tal efecto, debe tenerse en consideración
que de acuerdo con el literal
a) de la Nota 8 de la Sección XV del
Arancel de Aduanas (2) , se entiende por
desperdicios y desechos, los desperdicios
y desechos metálicos procedentes
de la fabricación o mecanizado de los
metales y las manufacturas de metal definitivamente
inservibles como tales a
consecuencia de rotura, corte, desgaste
u otra causa.
5. Mediante el Oficio Nº 095-2004-SU-
NAT/2B0000 se concluye que los servicios
de publicidad que incluyen las
gestiones necesarias para la compra de
tiempo o espacio en un medio de comunicación
no están comprendidos dentro
de los alcances de la exclusión prevista
en la Cuarta Disposición Final de
la Resolución de Superintendencia Nº
183-2004/SUNAT y, por tanto, se encuentran
sujetos al Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias con el Gobierno
Central.
• DECLARACIÓN IGV-RENTA:
Nueva versión de PDT
Con la Resolución de Superintendencia
Nº 071-2005/SUNAT publicada el 2 de
abril último que establece disposiciones respecto
a la declaración y pago del Impuesto
Temporal a los Activos Netos, se ha aprobado
una nueva versión del PDT IGV/Renta
Mensual, Formulario Virtual Nº 621 –
Versión 4.3.
Este nuevo PDT debe ser usado inicialmente
por quienes están obligados a presentar
el PDT ITAN, Formulario Virtual Nº
648, a partir del 3 de abril de 2005, independientemente
del período al que correspondan
las declaraciones.
A partir del 31 de mayo de 2005 todos
los contribuyentes obligados a presentar la
declaración IGV/Renta deberán utilizar esta
nueva versión de PDT.
–––––
(1) De acuerdo con el numeral 2 del inciso i) del artículo
2° de la R. de S. Nº 058-2002/SUNAT, modificada
por la R. de S. Nº 127-2003/SUNAT, los «desperdicios»
y «desechos metálicos» se encuentran sujetos al
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el
Gobierno Central con un porcentaje del 14 por ciento
del precio de venta, según lo establecido en el inciso i)
del artículo 3° de la citada Resolución.
(2) Aprobado por Decreto Supremo Nº 239-2001-EF, publicado
el 29.12.2001 y norma modificatoria.
ABRIL 2005 7

COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN
Comentarios a la Legislación
Del 06 de marzo al 05 de abril de 2005
RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IGV:
Adecuaciones normativas
A través de diversas Resoluciones de Superintendencia publicadas
el 13 de marzo pasado se han introducido disposiciones que
flexibilizan la aplicación del Régimen de Percepciones del IGV, especialmente
en lo referente a los procedimientos para hacer efectiva
la devolución de las percepciones no aplicadas.
• Venta de bienes (Resolución de Superintendencia Nº 060-
2005/SUNAT)
La R. de S. Nº 060-2005/SUNAT, publicada el 13 de marzo
último, modifica a la R. de S. Nº 189-2004/SUNAT.
Con esta modificación se facilita a los contribuyentes la posibilidad
de obtener la devolución de los montos de percepciones que no
pudieron aplicar pues hasta antes de la modificación se tenía que
mantener dicho saldo por un período mínimo de seis meses en el
caso del Régimen de Percepciones aplicable a la venta de bienes, a
partir de la modificación dicho plazo es de tres meses.
Asimismo la norma establece facilidades para los clientes cuyas
operaciones exoneradas del IGV superen el cincuenta por ciento
(50%) del total de sus operaciones declaradas correspondientes al
último periodo vencido a la fecha de presentación de la solicitud de
devolución, quienes podrán solicitar la devolución de las percepciones
no aplicadas que consten en dicha declaración, no siendo
necesario que tengan que esperar los tres meses antes señalados.
Finalmente, se aprueba una nueva versión del PDT – Percepciones a
las ventas internas, Formulario Virtual Nº 697 - versión 1.3, la cual estará
a disposición de los interesados en SUNAT Virtual a partir del 30 de
abril de 2005 y deberá ser utilizada desde el 1 de mayo, independientemente
del periodo al que correspondan las declaraciones.
A tenor de lo establecido en la misma norma modificatoria, sus
disposiciones estarán vigentes a partir del 1 de abril de 2005.
• Adquisición de combustibles (Resolución de Superintendencia
Nº 062-2005/SUNAT)
La R. de S. Nº 062-2005/SUNAT publicada el 13 de marzo
último y vigente desde el 1 de abril próximo, modifica a la R. de S.
Nº 128-2002/SUNAT en lo siguiente.
1. Sobre el Comprobante de Retención
a) Nuevos requisitos mínimos
– Se establece la obligación de consignar la totalidad del monto
cobrado, incluida la percepción, por cada uno de los comprobantes
de pago o notas de débito que dieron origen a la
percepción.
– Con la finalidad de facilitar el control por parte de la Administración
se añaden dos decimales al factor que debe aplicarse
para determinar las percepciones, el cual antes era
0.0099, y ahora es 0.009901.
– Se debe consignar en el Comprobante el importe total de los
montos percibidos, el cual resultará de la suma de todos los
montos percibidos por cada uno de los comprobantes de
pago o notas de débito incluidos en el «Comprobante de
Percepción».
b) Emisión de un solo Comprobante de Percepción
Se establece la posibilidad (siempre y cuando exista acuerdo
entre el Cliente y el Agente de Percepción) de que este último emita
un solo «Comprobante de Percepción» por Cliente respecto del conjunto
de percepciones efectuadas a lo largo de un período determinado,
siempre que su emisión y entrega se efectúe dentro del mismo
mes en que se realizaron las percepciones. En tales casos se deberá
consignar en el «Comprobante de Percepción» la fecha en que se
efectuó cada percepción.
c) No obligatoriedad de emisión del Comprobante de Percepción
Cuando la cancelación del íntegro del precio de venta y del monto
de la percepción respectiva se efectúe hasta la oportunidad de la
entrega del comprobante de pago correspondiente, el Agente de
Percepción podrá consignar en dicho documento la siguiente información
no necesariamente impresa, a fin que éste acredite la percepción,
en cuyo caso no será obligatoria la emisión del «Comprobante
de Percepción»:
a. La frase: «Comprobante de Percepción».
b. Apellidos y nombres, denominación o razón social del Cliente.
c. Tipo y número de documento del Cliente, en aquellos comprobantes
de pago en los cuales no se hubiera consignado
dicha información.
d. Monto total cobrado en moneda nacional, incluida la percepción.
e. Importe de la percepción en moneda nacional.
2. Disminución de plazo de espera para devolución de saldos
no aplicados
Por otro lado, con esta modificación se facilita a los contribuyentes
la posibilidad de obtener la devolución de los montos de percepciones
que no pudo aplicar pues hasta antes de la modificación se
tenía que mantener dicho saldo por un período mínimo de seis meses
en el caso del Régimen de Percepciones aplicable a la adquisición
de combustibles. Ahora dicho plazo es de tres meses.
3. Facilidades para quienes sólo realicen operaciones exoneradas
del IGV
La norma establece facilidades para los clientes cuyas operaciones
exoneradas del IGV superen el cincuenta por ciento (50%) del
total de sus operaciones declaradas correspondientes al último periodo
vencido a la fecha de presentación de la solicitud de devolución,
quienes podrán solicitar la devolución de las percepciones no
aplicadas que consten en dicha declaración, no siendo necesario
que tengan que esperar los tres meses antes señalados.
4. Nuevo PDT
Finalmente se aprueba la nueva versión del PDT – Agentes de
8
ABRIL 2005

COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN
Percepción, Formulario Virtual Nº 633 - versión 1.2, la cual estará
a disposición de los interesados en SUNAT Virtual a partir del 30 de
abril de 2005 y deberá ser utilizada desde el 1 de mayo de dicho
año, independientemente del periodo al que correspondan las declaraciones.
• Importación de bienes (Resolución de Superintendencia Nº
063-2005/SUNAT)
La R. de S. Nº 063-2005/SUNAT publicada el 13 de marzo y
vigente a partir del 1 de abril de 2005, modifica a la R. de S. Nº 189-
2004/SUNAT.
1. Disminución de plazo de espera para devolución de saldos
no aplicados
Con esta modificación se facilita a los contribuyentes la posibilidad
de obtener la devolución de los montos de percepciones que no
pudieron aplicar pues hasta antes de la modificación se tenía que
mantener dicho saldo por un período mínimo de seis meses. Ahora
dicho plazo es de tres meses.
2. Facilidades para quienes sólo realicen operaciones exoneradas
del IGV
La norma establece facilidades para los clientes cuyas operaciones
exoneradas del IGV superen el cincuenta por ciento (50%) del
total de sus operaciones declaradas correspondientes al último periodo
vencido a la fecha de presentación de la solicitud de devolución,
quienes podrán solicitar la devolución de las percepciones no
aplicadas que consten en dicha declaración, no siendo necesario
que tengan que esperar los tres meses antes señalados.
3. Derogación de facilidad para devolución a empresas de la
Amazonía
Se deroga el tratamiento especial de devolución que se aplicaba a las
importaciones de bienes que realizaban las empresas ubicadas en la
Amazonía (establecido en el numeral 10.3 del Artículo 10° de la R. de S.
Nº 203-2003/SUNAT) y que consistía en haber mantenido un monto no
aplicado de percepciones durante un período mínimo de dos meses consecutivos.
Ahora, de manera general, el período mínimo para acceder a
la devolución es de tres meses consecutivos.
RÉGIMEN DE DETRACCIONES: Aplicación al
producto Leche (Resolución de Superintendencia Nº
064-2005/SUNAT)
Mediante la R. de S. Nº 064-2005/SUNAT publicada el 13 de
marzo último, norma modificatoria de la R. de S. Nº 183-2004/
SUNAT, se ha incluido entre los productos sujetos a detracción a la
leche cruda entera indicada en la Partida Arancelaria
0401.20.00.00. Para tal efecto se han modificado los Anexos 2 y 4
de la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT.
Como sabemos, dicho producto está exonerado del Impuesto
General a las Ventas, en ese sentido, la detracción sólo sería aplicable
en los casos en que previamente se hubiera renunciado a dicha
exoneración.
– Se incluye entre las operaciones excluidas de la retención a
las realizadas con proveedores que tengan la condición de
Agentes de Percepción del IGV, según lo establecido en las
R. de S. Nºs. 128-2002/SUNAT y 189-2004/SUNAT.
– Se facilita a los contribuyentes la posibilidad de obtener la
devolución de los montos retenidos que no pudieron aplicar.
Hasta antes de la modificación se tenía que mantener dicho
saldo por un período mínimo de seis meses, ahora dicho
plazo es de tres meses.
Esta modificación, a tenor de lo establecido en la misma
norma, está vigente a partir del 1 de abril de 2005.
CÓDIGO TRIBUTARIO: Nuevo supuesto para revocar
o modificar los actos de la SUNAT (Resolución de
Superintendencia Nº 069-2005/SUNAT)
Como sabemos, en virtud al artículo 108° del Código Tributario,
la Administración Tributaria tiene la facultad de revocar, modificar,
sustituir o complementar sus actos cuando detecte que se han presentado
circunstancias posteriores a su emisión que demuestran su
improcedencia o cuando se trate de errores materiales. Los supuestos
en que se presentan tales circunstancias han sido establecidos
por la propia Administración a través de la R. de S. Nº 002-97/
SUNAT, y recientemente mediante la R. de S. Nº 069-2005/SU-
NAT, publicada el 30 de marzo de 2005, se ha agregado un nuevo
supuesto a los contenidos en la norma antes mencionada.
Así, se indica que la Administración podrá revocar, modificar,
sustituir o complementar sus actos cuando exista una declaración
jurada rectificatoria que hubiera determinado una obligación menor
respecto a la deuda tributaria contenida en una Orden de Pago
y, de ser el caso, en una Resolución de Multa vinculada siempre que
la aludida declaración hubiera surtido efectos conforme a lo señalado
en el artículo 88° del Código Tributario, ya que de esta manera
se configura una circunstancia que demuestra la improcedencia
de estos valores.
Se entiende que esta circunstancia no se configuraría con la sola
presentación de la Declaración Rectificatoria que determina un menor
monto que la declaración original, sino cuando esta surte efecto, lo
cual conforme lo indica el artículo 88° del Código Tributario ocurrirá
recién a los sesenta días hábiles siguientes a su presentación si la
Administración no emitiera pronunciamiento respecto a la veracidad
o exactitud de los datos contenidos en ella.
Conforme a la Única Disposición Transitoria de la Resolución se
establece que las Órdenes de Pago y Resoluciones de Multa que
hubieran sido reclamadas y, cuyo procedimiento estuviera aún en
trámite al momento de expedirse la Resolución materia de comentario
continuarán comprendidas en dicho procedimiento hasta que se
resuelva.
Finalmente, la norma en comentario aprueba una nueva versión
del Formulario Nº 194 – Comunicaciones para la Revocación, Modificación,
Sustitución, Complementación o Convalidación de Actos
Administrativos, el cual será puesto a disposición por la misma
Administración.
RÉGIMEN DE RETENCIONES: Modificaciones
(Resolución de Superintendencia Nº 061-2005/
SUNAT)
Mediante la R. de S. Nº 061-2005/SUNAT publicada el 13 de
marzo último, norma modificatoria de la R. de S. Nº 037-2002/
SUNAT, se han establecido algunas cambios respecto al Régimen
de Retenciones aplicable a los proveedores.
ABRIL 2005 9

INFORME TRIBUTARIO
Reflexiones sobre el Impuesto
Temporal a los Activos Netos
INTRODUCCIÓN
Como se recordará, en agosto de 2002 se publicó la Ley Nº
27804 que modificó varios artículos de la Ley del Impuesto a la
Renta. La Quinta Disposición Transitoria y Final de dicha Ley estableció
el denominado “Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta”
(AAIR), el mismo que fue incorporado como parte del Capítulo
XVI de la Ley del Impuesto a la Renta mediante el Dec. Leg. Nº 945
para el año 2004.
En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional, mediante
Sentencia recaída en el Expediente Nº 033-2004-AI/TC declaró
fundada la demanda de inconstitucionalidad contra dichas normas
sobre la base de indicar que resulta inconstitucional un pago
a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) cuyo mecanismo de determinación
toma en cuenta activos empresariales, lo que originó que
se violara el Principio de Capacidad Contributiva.
Ante la eliminación del AAIR, el Poder Ejecutivo estableció un
proyecto de ley con la finalidad de aprobar un nuevo tributo al
que se ha denominado “Impuesto Temporal a los Activos Netos
(ITAN) para generar un ingreso tributario que podría representar
una recaudación de setecientos millones de nuevos soles al año,
pero que tendría carácter temporal dado el diseño del tributo.
Dicho impuesto, que en principio es de carácter patrimonial,
será administrado por la SUNAT y constituirá ingreso del Tesoro
Público, ha sido aprobado por la Ley Nº 28424, publicada el 21
de diciembre de 2004 (en adelante “la Ley”) y reglamentado por
el D. S. Nº 025-2005-EF (en adelante “el Reglamento”). A su vez,
las disposiciones para la declaración han sido recogidas en
la R. de S. Nº 071-2005/SUNAT (en adelante “la Resolución”).
En el presente artículo se pasa revista a los aspectos más
importantes de este impuesto.
I. ÁMBITO TEMPORAL
El ITAN, conforme al artículo 11° de la Ley ha sido creado con
la finalidad de aplicarse durante dos ejercicios: 2005 y 2006,
luego del cual quedará sin efecto. Conforme a ello, sólo en el caso
que se emita una ley ampliando su vigencia se extenderá su aplicación
hacia delante.
En el supuesto, irracional desde nuestra perspectiva, de que el
impuesto se ampliara en el tiempo, deberá prorrogarse de manera
expresa las exoneraciones contempladas en el artículo 3° de la
Ley pues, como sabemos, conforme a la Norma VII del Título Preliminar
del Código Tributario, no hay prórroga tácita de exoneraciones.
II. ÁMBITO SUBJETIVO
1. Sujetos afectos.- Conforme al artículo 2° de la Ley, están
obligados a pagar el ITAN los sujetos generadores de rentas de
tercera categoría sujetos al régimen general del IR al 1 de enero
de cada año (2005 y 2006), algunos de los cuales han sido exonerados
como se verá en el acápite siguiente. De esta definición
queda claro que:
– Se incluye a aquellos contribuyentes sujetos al “régimen general”
que tuvieran una alícuota impositiva diferente a la del artículo
56° de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo TUO fue aprobado
por D. S. Nº 159-2004-EF (LIR), como es el caso de los regímenes
agrario y de amazonía, lo que ha sido señalado expresamente
en el artículo 2° del Reglamento.
– Se incluye a las sucursales, agencias y demás establecimientos
permanentes en el país de empresas unipersonales, sociedades
y entidades constituidas en el exterior, lo que ha sido expresamente
señalado por el referido artículo 2° del Reglamento.
– No se incluye a los sujetos comprendidos en el Régimen Especial
del Impuesto a la Renta (RER) pues justamente no son parte
del “régimen general”. Tampoco se incluye a los sujetos del
Nuevo RUS.
– Se debería incluir a aquellos sujetos que no están obligados a
pagar el IR por realizar operaciones exoneradas de dicho impuesto,
debido a que el ITAN es un tributo diferente al referido
IR. No obstante ello, expresamente han sido exonerados del
ITAN en el inciso g) del artículo 3° de la Ley.
Debe señalarse que no se encuentra dentro del ámbito de aplicación
del ITAN el patrimonio de los fondos del sistema privado
de pensiones (conforme al artículo 78° del TUO de la Ley del SPP).
2. Sujetos exonerados.- El artículo 3° de la Ley ha establecido
determinados sujetos (perceptores de rentas de tercera categoría)
que se encuentran exonerados del impuesto:
a) Los sujetos que no hubieren iniciado sus operaciones productivas
hasta el año anterior al del pago, lo que significa que la
obligación surgirá en el ejercicio siguiente a aquel en que se
produjo el inicio de actividades.
Para el 2005 no estarán sujetos al ITAN quienes hubieren iniciado
sus operaciones a partir de ese año en adelante, quedando
obligados quienes las iniciaron hasta el 31.12.2004.
Asimismo, para el año 2006 sólo estarán sujetos al ITAN los
que iniciaron operaciones hasta el 31.12.2005.
Ahora, respecto a la referencia a “operaciones productivas”,
se podría inferir que se estaría excluyendo a las empresas que
se dedican a labores de comercialización o de servicios, lo
que evidentemente carece de justificación. Al contrario, nos
parece que la referencia se hace respecto al momento en que
la empresa empieza a interactuar en el mercado en cumplimiento
de su objeto social.
Debe tomarse en cuenta que la Ley no ha establecido cuando
es que se entiende que se han iniciado las operaciones productivas,
como en su momento tampoco ocurrió con el Impuesto
Extraordinario a los Activos Netos (IEAN) o el AAIR.
Al respecto, en el inciso a) del artículo 3° del Reglamento se ha
señalado que ello ocurre cuando se realiza la primera transferencia
de bienes o prestación de servicios, aunque no se ha
indicado que ello sea independientemente de si se realiza a
título gratuito u oneroso, lo que deberá ser aclarado por la
10
ABRIL 2005

INFORME TRIBUTARIO
Administración o por el propio Tribunal Fiscal en su momento.
La norma reglamentaria citada ha excluido de esa definición
a las empresas que se encontraban bajo el ámbito de aplicación
del Dec. Leg. Nº 818, las que consideraban iniciadas sus
operaciones productivas cuando realicen las operaciones de
explotación comercial referidas al objetivo principal del contrato,
de acuerdo a lo que se hubiera establecido en el mismo.
Ahora bien, con el fin de evitar medidas elusivas, en los casos
de reorganización de sociedades no operará la exoneración
si cualquiera de las empresas intervinientes inició sus operaciones
con anterioridad al 1 de enero del año gravable en
curso. La determinación y pago del ITAN se hará por cada
una de las empresas que se extingan.
Conforme a la disposición sobre reorganización de sociedades
indicada en el artículo 65° del Reglamento de la LIR, se
entendería como “reorganización de empresas” a:
– La reorganización por fusión bajo cualquiera de las dos
formas previstas en el artículo 344° de la Ley General de
Sociedades (LGS). En el caso de EIRL, éstas sólo podrán
absorber o incorporar otras EIRL que pertenezcan al mismo
titular. En este caso, la determinación y pago del ITAN
las hará la empresa absorbente o la empresa constituida
con motivo de la absorción.
– La reorganización por escisión bajo cualquiera de las modalidades
previstas en el artículo 367° de la LGS. En este
supuesto, la determinación y pago del ITAN serán de cargo
de la empresa absorbente, la empresa constituida o las
empresas que surjan de la escisión, caso este último en el
que la obligación se efectuará en proporción a los activos
que se hayan transferido a las empresas.
– Cualquier otra modalidad prevista en el artículo 392° de
la LGS.
Cabe precisar que en la Ley se ha señalado expresamente que
las reglas indicadas anteriormente no serán de aplicación a
los casos de reorganización simple (supuesto previsto en el
artículo 391° de la LGS). Al respecto, no queda claro si lo que
no se aplica es la regla sobre determinación y pago para las
empresas que se extingan o la no-exoneración del pago del
ITAN. Bajo una interpretación literal cabría concluir lo segundo,
aunque podría no haber sido esa la intención del legislador,
lo que podría deducirse justamente de lo señalado en el
inciso b) del artículo 3° del Reglamento en el sentido que debe
tomarse la definición de “reorganización de sociedades o
empresas” contenida en el artículo 65° del Reglamento de la
LIR, en el que se encuentra incluida expresamente la reorganización
simple en el inciso c).
b) Las empresas que presten el servicio público de agua potable
y alcantarillado.
Cabe precisar que no se encuentran exoneradas las empresas
que presten el servicio público de electricidad, a diferencia de
lo que ocurrió en el caso del IEAN y el AAIR.
No entendemos la razón por la cual el Congreso excluyó del
beneficio a estas empresas, cuya razón para exonerarlas es la
misma que la de las empresas de servicio público de agua
potable.
c) Las empresas públicas que prestan servicios de administración
de obras e infraestructura construidas con recursos públicos
que son propietarias de dichos bienes, destinadas a la infraestructura
eléctrica de zonas rurales y de localidades aisladas y
de frontera del país, para evitar que las tarifas de servicios
públicos esenciales aumenten en perjuicio de los consumidores
de dichas zonas.
En concreto se trata de la Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica S.A. (ADINELSA), empresa estatal de derecho
privado del sector eléctrico que presta servicios de administración
de obras e infraestructura. Dicha empresa no es
titular de concesión alguna y celebra contratos con empresas
concesionarias de servicios de electricidad sobre los bienes
que el Estado (a través de la Dirección Ejecutiva de proyectos
del Ministerio de Energía y Minas) le transfiere para tal fin.
d) Las empresas en proceso de liquidación o las declaradas en
insolvencia por el INDECOPI al 1 de enero de cada año. Respecto
a las primeras, la Ley ha indicado que se entiende que la
empresa ha iniciado su proceso de liquidación a partir de la
declaración o convenio de liquidación. En tal sentido, si por
ejemplo, el proceso de liquidación o la declaración de insolvencia
ocurrieren en fecha posterior al 1 de enero de 2005
pero antes de la declaración del impuesto, este hecho no exoneraría
a la empresa del pago del ITAN por el año 2005, pues
ya se produjo el supuesto de aplicación de la norma.
e) Las instituciones educativas particulares, salvo las academias
de preparación para el ingreso a universidades o a otras instituciones
de formación de nivel superior.
f) COFIDE en su calidad de banco de fomento y desarrollo de
segundo piso. Esta exclusión se debe a la conformación de los
activos de esta entidad y a la naturaleza de sus operaciones.
g) Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales
(1) que perciban exclusivamente rentas generadas por
patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, fideicomisos
bancarios y fondos de inversión empresarial provenientes
del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa.
h) Las entidades inafectas o exoneradas del IR a que se refieren
los artículos 18° y 19° de la LIR, y las personas generadoras
de rentas de tercera categoría, exoneradas o inafectas del IR
de manera expresa.
3. Mínimo afecto.- Conforme al artículo 6° de la Ley, están
exceptuados del pago del ITAN aquellos contribuyentes que tengan
activos netos de hasta S/. 5´000,000 puesto que se les aplica
una tasa de 0%.
En el caso de los demás contribuyentes afectos, que tengan
activos netos mayores a S/. 5´000,000, quedarán exceptuados
del pago por ese primer tramo.
III. ÁMBITO MATERIAL
La Ley ha señalado que lo que origina la obligación de efectuar
el ITAN es la tenencia de activos netos al 31 de diciembre del
año anterior al que corresponde el pago.
1. Activos de los que estamos hablando.- En el ITAN nace la
misma interrogante que apareció en el IMR, IEAN y AAIR, es decir
a qué se alude, en este caso cuando se señala en el artículo 4° de
la Ley, que la base imponible está constituida por los “activos netos
de las empresas”, ¿a los bienes y/o derechos que sean de
propiedad de la empresa o a aquellos conceptos que, conforme a
las normas contables, deben ser expuestos dentro del rubro de
activo de la empresa en el Balance General?
a) El tema es árido, debido a que del tenor literal de la norma
podría deducirse que sólo interesan aquellos “activos” registrados
en el balance general de la empresa (BG) como tal. Sin
embargo, debe analizarse adicionalmente si (i) existen conceptos
que no han sido incluidos en el BG pero que en estricto
forman parte del “activo” de la empresa, especialmente aquellos
que aparecen registrados en las cuentas del pasivo o en
–––––
(1) Siempre que hubieran optado por tributar como tales.
ABRIL 2005 11

INFORME TRIBUTARIO
las cuentas de control, o que habiéndose devengado a favor
de la empresa, no fueron registrados, y (ii) existen conceptos
que no obstante estar registrados como activos de la empresa
no lo son (2) , especialmente cuando no hay un derecho devengado
(cuentas del activo que no representan un recurso de la
empresa sino más bien una obligación de esta, es decir, pueden
constituir verdaderos pasivos).
Tal ha sido la perspectiva asumida por el Tribunal Fiscal en su
jurisprudencia. Así por ejemplo, en la Resolución Nº 1089-4-
97, respecto al IMR, se ha señalado que las ganancias diferidas
por ingresos cobrados por anticipado, al no representar un derecho
de cobro ya ganado, porque lo serán en la medida que
se vayan devengando, no formarían parte del “activo neto”.
A su vez, en la Resolución Nº 1222-4-97, se ha señalado que
los cheques que las instituciones bancarias reciban de sus clientes,
girados sobre la cuenta que éstos mantienen en otros bancos,
al no ser de inmediata disposición pues tienen que pasar
a la Cámara de Compensación, tampoco constituirían “activo
neto” de la empresa.
Asimismo, en las Resoluciones Nºs. 198-1-2003 y 3721-2-
2004, referidas al IEAN, se ha señalado que según su naturaleza,
los anticipos otorgados representan activos de la empresa
por lo que no se puede disminuir el pasivo a través de estos
conceptos. A tal efecto, algunas cuentas del pasivo (Clase 42)
pueden mantener saldos deudores y expresar derechos a favor
de la empresa, como el caso de adelantos a proveedores.
En la propia Resolución Nº 3721-2-2004, repitiendo el criterio
de la Resolución Nº 288-2-2001, se indica que los anticipos
recibidos son obligaciones de la empresa por lo que es
posible disminuir las cuentas del activo a través de estos conceptos,
dado que su saldo acreedor indica la existencia de
adelantos por futuras ventas que en realidad constituyen una
obligación de la empresa pues el cliente guarda derechos sobre
dichos importes mientras no se concrete la operación.
b) También resulta necesario que se analice si el monto de las
cuentas del activo indicadas en el Balance General representan
el monto real del “activo”. Ello porque para elaborar el
BG, no se transcribe directamente los saldos que arroja el balance
de comprobación (3) sino que se efectúa una serie de neteos
y compensaciones.
En ese sentido, de mantenerse saldos deudores y acreedores
originados por operaciones comerciales o financieras con un
mismo sujeto, no procedería la práctica contable de “netear”
de mutuo propio cuentas acreedoras y cuentas deudoras con
el argumento de mostrar en el BG la situación real de la empresa
y mantener en el activo sólo los elementos que puedan
representar una capacidad objetiva de generación de beneficios
económicos futuros. Tal es la práctica por ejemplo respecto
de las supuestas “compensaciones” que hacen las empresas
entre sus cuentas por cobrar y pagar a empresas vinculadas,
la compensación de cuentas corrientes bancarias con saldos a
favor contra cuentas sobregiradas, o la aplicación de anticipos
a deudas con un mismo proveedor o cliente.
Efectivamente, en esos casos, la compensación de créditos contra
deudas no se habría realizado conforme a las estipulaciones
del párrafo 32 de la NIC 32 Instrumentos Financieros: Revelación
y Presentación que en su versión vigente hasta el ejercicio
2005 señala que “Un activo financiero y un pasivo financiero
deberían ser compensados y el importe neto presentado en el
balance general cuando una empresa:
(a) tiene un derecho amparado legalmente para compensar
los importes reconocidos; y,
(b) tiene la intención ya sea de liquidarlos sobre una base neta,
o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente”.
Asimismo, ese acto “compensatorio” no respondería con las
disposiciones del Código Civil sobre la materia, especialmente
el artículo 1288° que exige que para que proceda dicha posibilidad
se requiere acuerdo entre las partes.
Conforme a lo señalado, las cuentas por cobrar se mantendrían
como “activos” y serían base para el ITAN.
Con lo dicho, con el criterio de “activo netos” nos estaríamos
refiriendo al “conjunto de bienes o derechos o recursos empresariales,
con capacidad para la generación de rentas afectas”.
En ese sentido, para determinar el activo neto que sirve de base
imponible al ITAN debería seguirse los siguientes pasos:
• Analizar cuales de las partidas conformantes del ACTIVO
en el BG constituyen bienes y/o derechos que responden
al concepto de activo neto.
• Revisar qué “compensaciones” no admisibles para efectos
del ITAN pueden haberse realizado.
• Identificar qué otras partidas (en el pasivo o en cuentas de
orden) pueden ser activos para efectos contables y no para
el ITAN y viceversa.
• Identificar otros activos que, por criterios de registro contable,
no fueron contabilizados pero que tienen naturaleza
de activo para la empresa.
2. Determinación del valor de los activos netos.- El valor del
ITAN se determinará sobre la base de los activos netos de la empresa,
según BG cerrado al 31 de diciembre del año anterior.
En el caso del año 2005, conforme ha señalado el artículo 4°
de la Ley, los contribuyentes obligados a realizar el ajuste por
inflación por el año 2004 conforme a lo señalado en el Dec. Leg.
Nº 797 deberán determinar el ITAN ajustando las cuentas del activo
al 31 de diciembre de 2004 y actualizarlas de acuerdo a la
variación del IPM al 31 de marzo de 2005.
Al respecto, cabe referir que en cuanto a la determinación del
ITAN para este año podría utilizarse el argumento esgrimido con
ocasión de la aplicación del IEAN durante el primer año de su
vigencia, en el sentido de que la aplicación del BG cerrado al 31
de diciembre del año anterior viola la Constitución al originar una
aplicación retroactiva de la norma de creación del tributo. En relación
a esto ya el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº
1907-2003-AA/TC ha señalado que en ese caso no se evidencia
tal aplicación retroactiva (4) .
En torno a la exigencia de ajustar las cuentas hasta el 31 de
marzo de 2005, nos parece que se hace con un mero criterio
recaudatorio puesto que para efectos del régimen general del IR
ya no procede realizar tal ajuste, debido a que la Ley Nº 28394
suspendió la aplicación de dicha metodología hasta nuevo aviso.
Ahora bien, para el año 2006, la norma ha señalado que
mientras permanezca vigente la suspensión se tomará, de ser el
caso, como saldos de la partida del balance, los que estuvieran
ajustados al 31 de diciembre de 2004, sin proceder a realizar
ajuste adicional alguno. Conforme a ello, para dicho ejercicio, el
monto del ITAN se determinará sobre la base del valor histórico
–––––
(2) Ver al respecto, las interesantes reflexiones de RODRIGUEZ DUEÑAS, César y
VALLE LARREA, Carlos. “Activo Neto... La Definición del Concepto de Activo”.
EN: Revista ANÁLISIS TRIBUTARIO, Nº 186, julio de 2003, págs. 45-49.
(3) Que es el resumen de los saldos de las cuentas registradas en el Libro Mayor.
(4) Se ha señalado que no desnaturaliza el principio de irretroactividad el “... que
para la base de cálculo del impuesto se haya tomado como indicador una situación
objetiva anterior, pues ese hecho es un acontecimiento independiente de los
efectos que se producen a partir de la entrada en vigencia de la norma tributaria,
lo que implica que tal situación enmarca la actividad del contribuyente en relación
con la Administración dentro de los límites constitucionales que revisten la
seguridad jurídica”.
12
ABRIL 2005

INFORME TRIBUTARIO
de los activos netos de la empresa, según balance cerrado al 31
de diciembre de 2005.
De otro lado, se ha señalado que en el caso de los Patrimonios
Fideicometidos regulados por la Ley de Bancos, y los Patrimonios
Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras (a los que se refiere la
Ley del Mercado de Valores), el fideicomitente que se encuentre
obligado al pago del ITAN deberá incluir en su activo el valor de
los bienes y/o derechos que le entregue la Sociedad Titulizadora
a cambio de la transferencia fiduciaria de activos, los cuales se
registrarán por el valor de dicha transferencia, sin que en ningún
caso puedan tener un valor menor al de los activos transferidos.
3. La deducción de las depreciaciones y amortizaciones admitidas
por la LIR.- Conforme a la redacción del artículo 4° de la
Ley, la base del ITAN es “el valor de los activos netos ..., deducidas
las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto
a la Renta”.
En lo que se refiere a este criterio, en términos prácticos, podría
originarse hasta cuatro posturas para la determinación de la
base imponible del ITAN:
a) El “activo neto” es el activo de conformidad con los principios
contables (entre otros, los criterios informadores de las NICs);
pero respecto de determinadas cuentas del activo (activos fijos
e intangibles), los montos a deducir serían los establecidos conforme
a la LIR. Por ejemplo si producto de la aplicación de
criterios contables, la depreciación del ejercicio resultase mayor
a la que se acepta tributariamente de acuerdo a la LIR, el
exceso debería adicionarse al referido “activo neto”.
Bajo esta perspectiva, en el caso de las deducciones indicadas
en el artículo 5° de la Ley y referidas en el punto siguiente, se
trataría de deducciones a determinadas cuentas del activo en
función de situaciones especiales (5) .
b) Debe partirse del concepto contable de “activo neto”, de conformidad
con los principios contables (entre otros, los criterios
informadores de las NICs), asumiéndose adicionalmente todas
las limitaciones establecidas por la LIR de manera general
(especialmente respecto a las cuentas de activos fijos e intangibles).
Adicionalmente, en el caso de las demás deducciones
indicadas por el artículo 5° de la Ley, igual que en la postura
anterior, se trataría de determinadas cuentas del activo en función
de situaciones especiales (5) .
c) No debe partirse del concepto contable de “activo neto” puesto
que el artículo 4° de la Ley ha establecido las deducciones
que cabe realizar respecto de los activos brutos (estos sí determinados
según las normas contables).
En esta perspectiva, se aceptaría la deducción del valor de los
activos en virtud a los supuestos indicados en el artículo 37°
de la LIR. Por ejemplo, para llegar al valor neto tributario en la
cuenta “Cuentas por Cobrar”, se le deducirían sólo las provisiones
de cobranza dudosa que cumplan con lo dispuesto por
la LIR.
d) No debe partirse del concepto contable de “activo neto” puesto
que el artículo 4° de la Ley ha establecido de manera taxativa
las únicas deducciones que cabe realizar respecto de los
activos brutos (estos sí determinados según las normas contables
y bajo los criterios señalados en los puntos anteriores). En
tal sentido, deberán identificarse aquellas partidas que estando
registradas y formando parte del BG no tengan valor para
efectos del ITAN, como ocurriría por ejemplo con los contratos
de arrendamiento financiero celebrados hasta el año 2000.
Bajo esta perspectiva, en el caso de cuentas por cobrar, no se
aceptaría la disminución del valor de las provisiones que hubiera,
aunque sean aceptadas para efecto del cálculo del IR; y, en el caso
de existencias, no se aceptaría la disminución del valor de las
provisiones por desvalorización, etc.
Las normas del ITAN no han definido claramente el concepto
“neto”, por lo que resultaría razonable suponer que la idea de activos
a tomar en cuenta debería provenir de la establecida para un
tributo recaudado por el gobierno central como es el IR, de tal modo
que los conceptos que no pueden deducirse para efectos de dicho
impuesto tampoco lo sean para el ITAN. En esta perspectiva, las dos
últimas posiciones mencionadas serían las más razonables.
Empero, si tomamos en cuenta la redacción del artículo 4° de
la Ley, que es similar a la que se estableció para el caso del IEAN,
notamos que se aleja de la establecida para el IMR y el AAIR, que
señalaban que “el valor de los activos netos resulta de deducir las
depreciaciones y amortizaciones admitidas por la LIR”.
Efectivamente, en dichos anticipos del IR quedaba claro que al
activo bruto se le deducían las depreciaciones y amortizaciones que
la LIR admitía para llegar al activo neto, de tal modo que quedaba
claro que no se deducían, entre otros, las provisiones para cobranza
dudosa admitidas por el régimen del IR, lo que no ocurre en este
caso, en el que pareciera que al activo neto se le deducen las depreciaciones
y amortizaciones establecidas en la LIR.
Por eso, no resultaría de aplicación directa la jurisprudencia
del Tribunal Fiscal y de la propia Corte Suprema que en varios
expedientes respecto al IMR (ver, entre muchos, las RTFs Nºs. 288-
2-2001 y 3721-2-2004) señalaron que las normas de dicho anticipo
sólo consideraban como deducciones de la base imponible a
las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la LIR, por lo
que las provisiones por cobranza dudosa y por desvalorización
de existencias no podían ser deducidas de la base imponible del
referido IMR.
En este orden de ideas, respecto al ITAN (a diferencia de lo
que ocurría con el IMR y AAIR) la tercera y cuarta posturas serían
materialmente encuadrables en el diseño del artículo 4° de la Ley.
Ahora bien, es verdad que bajo una interpretación sistemática de
la Ley, la tercera posición no resultaría adecuada en vista a que en
ese caso, no habría tenido sentido la deducción adicional establecida
en el inciso c) del artículo 5° de la referida ley a favor de las
empresas de operaciones múltiples del sistema financiero.
A esta hipótesis coadyuva el hecho que en la exposición de
motivos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso
de la República se señaló que “... el Impuesto se aplicará
sobre el valor de los activos, el cual se determinará deduciendo las
depreciaciones y amortizaciones admitidas por la LIR y otros activos
señalados expresamente por la Ley propuesta...”.
Finalmente, cabe referir que de la lectura de lo señalado en el
numeral 3.1 del artículo 3° de la Resolución, la SUNAT habría
tomado partido por la última posición al señalar que “para determinar
el valor de los activos netos a que se refiere el presente
numeral deberán considerarse las deducciones previstas en el artículo
5° de la Ley”.
4. Deducciones al activo neto.- La Ley ha señalado expresamente
algunos conceptos que deben deducirse del activo neto,
veamos:
a) Las acciones, participaciones o derechos de capital de otras
empresas sujetas al ITAN, porque de mantenerlas como base
del impuesto se estaría pagando doblemente, tanto en la empresa
que recibe la inversión como en la inversionista.
–––––
(5) De estas posturas, surge la duda sobre si la Administración Tributaria tendría
competencia para cuestionar la aplicación de un criterio contable determinado
para establecer los activos netos, o si más bien debería partir del Balance General
y sobre esa base fiscalizar que sólo se hayan aplicado las limitaciones establecidas
por la LIR.
ABRIL 2005 13

INFORME TRIBUTARIO
No procederá la deducción cuando dichas empresas se encuentren
exoneradas del ITAN salvo el caso de las acciones,
participaciones o derechos de capital en empresas que presten
el servicio público de electricidad, agua potable y alcantarillado.
A menos que se trate de falta de cuidado legislativo, no se
entiende por qué la Ley ha exceptuado también a las empresas
de servicio público de electricidad, que no están exoneradas
del ITAN y por tanto la deducción respecto de las acciones,
participaciones o derechos de capital emitidos por ellas
procede directamente. El artículo 5° del Reglamento no ha mantenido
este error.
b) Las acciones, participaciones o derechos de capital de empresas
con Convenio que hubieran estabilizado, dentro del régimen
tributario del IR, las normas del IMR con anterioridad a la
vigencia de la Ley, con excepción de las empresas exoneradas
de este último.
Dichas empresas deducirán de su base imponible las acciones,
participaciones o derechos de capital de empresas gravadas
con el ITAN, con excepción de las que se encuentren
exoneradas de este último.
Ahora bien, las excepciones señaladas no serán de aplicación
a las empresas que prestan el servicio público de electricidad,
agua potable y alcantarillado.
c) Las acciones de propiedad del Estado en la Corporación Andina
de Fomento (CAF) y los derechos que se deriven de esa
participación y los reajustes del valor de dichas acciones, que
reciban en calidad de aporte de capital las entidades financieras
del Estado que se dediquen a actividades de fomento y
desarrollo.
d) El valor de la maquinaria y equipo que no tenga una antigüedad
superior a tres años, la que –de acuerdo con el inciso b)
del artículo 4° del Reglamento– se computará desde la fecha
del comprobante de pago que acredite la transferencia hecha
por su fabricante o de la DUA, según sea el caso.
En ese sentido, como quiera que la norma reglamentaria ha
señalado que debe acreditarse ante SUNAT la antigüedad de
las maquinarias y equipos que se excluyan de la base imponible
del ITAN, en el caso de que dichos bienes no se hayan
adquirido directamente del fabricante o se hubieren importado,
consideramos que sería prudente que la empresa mantenga
una fotocopia legalizada del comprobante de pago o DUA
referidos.
Ahora bien, algunos han sostenido que también se incluye como
concepto deducible a la partida de «inmuebles», en atención
a que contablemente dicho concepto forma parte de la «Cuenta
33: Inmueble, Maquinaria y Equipo” y a que no habría una
razón objetiva para establecer un tratamiento diferenciado entre
dichos activos. Al respecto, si bien estamos de acuerdo con las
razones para que se le otorgue el mismo tratamiento a los
inmuebles, creemos que el inciso b) del artículo 5° de la Ley no
ampara la mencionada posición pues sólo se refiere a dos
elementos de la Cuenta 33 y conforme a lo dispuesto por la
Norma VIII del Código Tributario no podrán extenderse las
disposiciones tributarias a supuestos distintos de los señalados
en la Ley.
De otro lado, en el caso de la maquinaria y equipo, bajo la
posición tomada en el punto 3 anterior, como en el balance
ajustado al 31 de diciembre de 2005, se habría incluido su
valor ajustado y también la depreciación ajustada recaída sobre
el mismo, se tendría que adicionar el importe correspondiente
al mismo y deducir el importe correspondiente a su depreciación.
e) En el caso de las Empresas de Operaciones Múltiples referidas
en el literal a) del artículo 16° de la Ley Nº 26702, se deducirá:
– El encaje exigible para lo que debe considerarse lo determinado
en las circulares del BCR sobre los saldos de obligaciones
sujetas a encaje al 31 de diciembre del ejercicio anterior
al que corresponda el pago.
– Las provisiones específicas por riesgo crediticio que el órgano
competente establezca, según los porcentajes que corresponda
a cada categoría de riesgo, hasta el límite del 100 por
ciento. Dichas provisiones deben cumplir con los requisitos
establecidos en el inciso h) del artículo 37° de la LIR.
Cabe precisar que dicha deducción no es aplicable a las empresas
especializadas de arrendamiento financiero (incluidas
en el literal b) del artículo 16° de la Ley de Bancos), lo que
podría generar un tratamiento discriminatorio en relación a
aquellas empresas bancarias que también realizan actividades
de arrendamiento financiero.
f) En el caso de empresas exportadoras, se deducirán:
– El monto resultante de aplicar a la “Cuenta de existencias”,
el coeficiente que se obtenga de dividir el valor de las exportaciones
entre el valor de las ventas totales del ejercicio
anterior al que corresponda el pago, inclusive las exportaciones.
Esta limitación se expresa en la siguiente fórmula:
IED = E x VE/VVT
IED : Importe de existencias que puede deducirse.
E : Cuenta de existencias
VE : Valor de exportaciones
VVT : Valor de ventas totales del ejercicio anterior, incluidas las exportaciones
Aunque esta fórmula resulta importante en el caso de la
cuenta de «Existencias» de las empresas exportadoras que
también efectúan ventas locales pues permite determinar qué
existencias (productos terminados, productos en proceso,
insumos, etc.) se destinan sólo a operaciones de exportación,
no se ha definido qué se entiende por «valor de las
exportaciones» ni por «ventas totales» para efecto de dicho
procedimiento, de tal modo que resulta necesario que se
aclaren los siguientes aspectos:
(i) Si el valor de las exportaciones sólo incluye el valor
FOB de las mercaderías o si también incluye conceptos
como el flete que son incluidos en el comprobante de
pago de las exportaciones.
(ii) Si por «ventas totales» se entiende sólo el valor bruto
de las ventas o si también debe considerarse los descuentos,
devoluciones, bonificaciones y recargos establecidos
en las respectivas notas de crédito y débito.
– El saldo de la cuenta “Cuentas por Cobrar Producto de
Operaciones de Exportación” que corresponda al total de
ventas efectuadas al exterior pendientes de cobro, al 31
de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el
pago.
g) Los activos que respaldan reservas matemáticas sobre seguros
de vida, en el caso de las empresas de seguros a que se refiere
la Ley Nº 26702. Al respecto, se tomará en cuenta el saldo
neto de cuentas corrientes reaseguradores, deudores y acreedores,
de conformidad con las normas que dicte la SBS.
h) Los inmuebles, museos y colecciones privadas de objetos culturales
calificados como patrimonio cultural por el Instituto Nacional
de Cultura y regulados por la Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación.
i) Los bienes entregados en concesión por el Estado al amparo
de la normativa que regula la promoción de las inversiones
14
ABRIL 2005

INFORME TRIBUTARIO
privadas en infraestructura de servicios públicos, siempre que
se encuentren afectados a la prestación de servicios públicos,
así como las construcciones efectuadas por los concesionarios
sobre tales bienes.
j) La diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable
(determinado conforme al Dec. Leg. Nº 797), tratándose de activos
revaluados voluntariamente con motivo de reorganizaciones efectuadas
hasta el 31 de diciembre del año anterior al que corresponda
el pago, bajo el régimen establecido en el inciso 2 del artículo 104°
de la LIR.
No queda claro si el mismo tratamiento se debería dar al mayor
valor revaluado voluntariamente por una empresa sin que se hayan
practicado procesos de reorganización de sociedades.
En el esquema del IMR y AAIR ello fluía de la sistemática de lo
establecido por la LIR, de tal modo que la deducción operaba
por naturaleza; pero en el caso bajo comentario ello no resultaría
claro dado que se trataría de un impuesto patrimonial, en el
que las deducciones deberían darse de manera expresa. Es
necesario pronto pronunciamiento de la Administración o del
propio Tribunal Fiscal al respecto.
5. Alícuota del ITAN.- Sobre el valor de los activos netos
según las reglas hasta aquí señaladas, deberá aplicarse la
tasa del 0.6 por ciento. Cabe recordar que dicha alícuota se
aplicará por el exceso de S/. 5´000,000.
Activos Netos
Hasta S/. 5 000 000
Por el exceso de S/. 5 000 000
Cuadro Nº 1: TASA DEL ITAN
Tasa
0%
0.6%
IV. DECLARACIÓN DEL ITAN
Los contribuyentes del Impuesto estarán obligados a presentar
la Declaración Jurada (DJ) del ITAN dentro de los doce (12) primeros
días hábiles del mes de abril del ejercicio al que corresponde
el pago, para lo que utilizarán el PDT ITAN - Formulario Virtual
Nº 648 (6) (PDT ITAN), en los siguientes lugares:
a) Tratándose de PRICOS, en los lugares fijados por la SUNAT para
efectuar la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. En
el caso de quienes estuvieran comprendidos en el Anexo de la R.
de S. Nº 260-2004/SUNAT y los notificados por SUNAT para tal
efecto, también podrán presentarla a través de SUNAT Virtual,
para lo que deben contar previamente con el Código de Usuario
y la Clave de Acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
b) Tratándose de MEPECOS, en las sucursales o agencias bancarias
autorizadas o a través de SUNAT Virtual, en cuyo caso deberán
contar previamente con el Código de Usuario y la Clave de Acceso
a SUNAT Operaciones en Línea.
Contribuyente
En
general
Buen contribuyente
Cuadro Nº 2: VENCIMIENTO PARA LA
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19.04.05 20.04.05 21.04.05 22.04.05 11.04.05 12.04.05 13.04.05 14.04.05 15.04.05 18.04.05
26.04.05 26.04.05 26.04.05 26.04.05 26.04.05 25.04.05 25.04.05 25.04.05 25.04.05 25.04.05
A tal efecto, en el artículo 4° de la Resolución, se ha indicado
que no se encuentran obligados a presentar la declaración jurada,
los sujetos que:
– Estén gravados con el ITAN pero que tengan un monto total de
activos netos al 31 de diciembre del ejercicio anterior no superior
a cinco millones de nuevos soles (S/. 5'000,000), sin considerar
las deducciones señaladas en el punto III.4 anterior.
– Estén exonerados del ITAN conforme a lo dispuesto por el artículo
3° de la Ley.
En el artículo 7° de la Resolución se ha indicado que toda
declaración rectificatoria o sustitutoria del ITAN se debe efectuar
utilizando el propio PDT ITAN, para lo que se debe ingresar nuevamente
todos los datos de la declaración, incluso aquellos que no
se desea sustituir o rectificar.
También se ha indicado que quienes efectúen rectificatorias de
la DJ Anual del IR modificando alguna de las cuentas del activo,
también deberán rectificar el PDT ITAN en el cual se consignó el
total del activo. En caso no se presente la rectificatoria, la SUNAT
procederá a emitir la orden de pago, tomando como referencia el
valor de los activos netos declarados en la DJ Anual del IR.
Cabe señalar que en lo que se refiere a la forma en que se
deben declarar los activos netos y determinar el importe a pagar
por concepto del ITAN correspondiente al 2005, la Resolución estaría
considerando a nuestro parecer el siguiente procedimiento:
(i) Se debe consignar en cada uno de los casilleros correspondientes
al detalle del activo neto, los mismos importes consignados
en el balance ajustado al 31 de diciembre de 2004 que
forma parte de la DJ Anual del IR de dicho ejercicio. Ello se
desprende de lo señalado en el segundo párrafo del artículo
7° de la Resolución que refiere que si se rectifica dicha declaración
modificando alguna de las cuentas del activo, también
se deberá rectificar el PDT ITAN en la parte correspondiente a
la misma cuenta del activo consignada en la DJ del IR.
(ii) Conforme a lo señalado anteriormente, parecería ser que como
valor de los Activos Netos se podrían consignar en el PDT algunas
cuentas del activo, como por ejemplo «mercaderías»,
netas de las provisiones ordenadas por las normas contables,
que en este caso sería la cuenta de «provisión por desvalorización
de existencias».
(iii) Una vez declarados los Activos Netos y determinado su valor
total ajustado al 31 de diciembre de 2004 en la casilla 101
del PDT (Base imponible al 31/12/2004), recién se determinará
el «Total base imponible» (Casilla 108) una vez que se
hayan efectuado las adiciones (Casilla 104) y deducciones
(Casilla 105) respectivas al Activo Neto determinado según
lo indicado en los párrafos anteriores.
En lo que se refiere al polémico tema de las adiciones, el PDT
no contiene ningún casillero donde se detallen (por lo menos de
manera referencial) dichos conceptos, de tal modo que asumiendo
la cuarta posición señalada líneas arriba (considerar como
adiciones todos los rubros no considerados expresamente como
deducciones por el artículo 5 de la Ley, sin tomar en cuenta las
deducciones admitidas para la determinación del IR), entre los
conceptos por adicionar se encontrarían conceptos como:
• Las provisiones y castigos no aceptados por la Ley (7) :
– Provisión por fluctuación de valores.
–––––
(6) Que se encuentra a disposición de los deudores tributarios en SUNAT Virtual (http://
www.sunat.gob.pe) o en las dependencias de la SUNAT, a partir del 2 de abril pasado.
En este punto, cabe indicar que, de conformidad con la Única Disposición Final
de la Resolución, se ha aprobado la versión 4.3 del Formulario virtual Nº 621-
IGV/Renta mensual, la que deberá ser utilizada por los obligados a utilizar el
PDT, independientemente del período al que correspondan las declaraciones.
Complementariamente, se ha señalado que los contribuyentes no obligados a
determinar, declarar ni pagar el ITAN podrán seguir usando la versión 4.2 del
Formulario virtual Nº 621–IGV Renta mensual hasta el 31 de mayo de 2005.
(7) Al respecto, el artículo 5° de la Ley sólo acepta la deducción de las provisiones
específicas establecidas por la SBS para las entidades financieras y permite la
deducción de las cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación.
ABRIL 2005 15

INFORME TRIBUTARIO
– Provisión por desvalorización de existencias.
– Provisión y castigo de cuentas de cobranza dudosa, etc.
En este caso, como en los anteriores debería adicionarse
la totalidad de la provisión.
• La amortización y depreciación no aceptadas por la LIR. En
este caso específico, la Ley sí señala como deducibles la amortización
y depreciación aceptadas por la LIR, lo que quiere
decir que se adicionarán:
– Los importes correspondientes a la depreciación contable
que excede a la tributaria.
– La amortización de intangibles de duración ilimitada.
– La amortización de intangibles recibidos a título gratuito o
en aporte.
Finalmente, en este punto, en lo que se refiere a las deducciones,
debemos señalar que ni el artículo 5° de la Ley, ni el Reglamento, ni la
Resolución han indicado la forma en que se deberán acreditar aquellos
casos en los que conforme a las normas contables se deban dar
de baja a los bienes del activo por obsolescencia, desuso, pérdida
por siniestro, etc. En lo referido a la obsolescencia o desuso, consideramos
que serían aplicables las normas del IR que establecen la posibilidad
de seguir depreciándolos hasta que finalice su depreciación o
enviar el saldo por depreciar al gasto siempre que se haya acreditado
la obsolescencia o desuso mediante informe técnico.
Sin embargo, para el caso de la pérdida de bienes por causa
de robo, caso fortuito o fuerza mayor, aun cuando en el artículo
5° de la Ley no se han establecido los requisitos para sustentar la
deducibilidad, los contribuyentes deberían acreditarla empleando
los medios probatorios de mayor fehacencia.
V. CANCELACIÓN DEL ITAN
En el artículo 7° de la Ley se ha señalado que el ITAN puede
cancelarse al contado o en forma fraccionada. En ese sentido,
siguiendo a Cabanellas (8) , la cancelación supone «la extinción de
un derecho sin paralela adquisición del mismo por otro titular»,
por lo que deberíamos entender por «cancelar» a la «acción de
saldar o extinguir una deuda» (en nuestro caso la deuda tributaria);
ello significaría que la obligación tributaria por el ITAN podría
extinguirse a través de lo señalado en el artículo 27° del Código
Tributario, entre otros, con el pago o con la compensación.
1. El pago del ITAN.- Ahora bien, se ha sostenido que bajo una
interpretación literal del artículo 7° de la Ley, se exige que la extinción
de la deuda tributaria se haga solamente a través del pago,
pues en ese artículo -al referirse a los mecanismos de cancelaciónse
hace referencia al “pago”, equiparándolo con la cancelación, lo
que habría sido confirmado por el artículo 7° del Reglamento, de
tal modo que sólo sería posible la extinción de la deuda tributaria
por ITAN a través de alguna de las formas de pago de la deuda
tributaria establecidas en el artículo 32° del Código Tributario.
En la misma línea se ha señalado que en el artículo 8° de la
Ley se hace referencia a “monto efectivamente pagado”.
Esos argumentos no resultarían adecuados puesto que el artículo
8° se refiere a la aplicación del ITAN como crédito a otros
conceptos, de los que hablaremos más adelante, y no al mecanismo
con que se extingue la obligación tributaria que no se circunscribe
al pago. A ello, hay que adicionarle el hecho que el inciso a)
del artículo 9° del Reglamento ha señalado que se entiende que el
Impuesto ha sido efectivamente pagado, cuando la deuda tributaria
generada por el mismo se hubiera extinguido en forma parcial
o total mediante su pago o compensación.
Conforme a ello, el ITAN debería pagarse:
– Al contado, con la presentación de la declaración jurada correspondiente.
– En forma fraccionada hasta en nueve (9) cuotas mensuales
sucesivas, siendo la primera cuota equivalente a la novena
parte del ITAN total resultante y deberá pagarse junto con la
declaración jurada, en el propio PDT ITAN.
Cada una de las ocho cuotas mensuales restantes será equivalente
a la novena parte del ITAN y deberán pagarse dentro de
los doce primeros días hábiles de cada mes, a partir del siguiente
al del vencimiento del plazo para la presentación de
la declaración jurada, pudiendo adelantarse el pago de una o
más cuotas no vencidas.
A su vez, en el artículo 8° del Reglamento se precisa que quienes
opten por el pago al contado no podrán adoptar con posterioridad
a la presentación de la declaración jurada la forma
de pago fraccionado.
En este punto, cabe referir que, interpretando el artículo 5° de la
Resolución, se ha sostenido que el pago al contado o la primera
cuota sólo puede hacerse en efectivo o mediante cheque (9) , mientras
que las ocho cuotas restantes podrían realizarse en efectivo,
con cheque, con nota de crédito negociable o con documento
valorado (10) . No otra habría sido la concepción de lo señalado
en el propio artículo 5° de la Resolución, en el que se indica
que en caso que el pago al contado o de la primera cuota se
efectúe con posterioridad a la presentación del PDT ITAN, se
deberá realizar a través del Sistema Pago Fácil – Formulario
Virtual Nº 1662, para lo cual el pago podrá realizarse en efectivo
o cheque, consignando el código de tributo “3038 – Impuesto
Temporal a los Activos Netos” y como período tributario
03/2005 ó 03/2006, según corresponda.
Bajo ese esquema, el mismo artículo habría señalado que el pago
de las ocho (8) cuotas restantes se realizará también mediante el
Sistema de Pago Fácil – Formulario Virtual Nº 1662, para lo cual
el pago podrá realizarse en efectivo o cheque, consignando como
código de tributo “3038 – Impuesto Temporal a los Activos Netos”.
En esos casos, se podría pagar también a través de documentos
valorados o notas de crédito negociable, utilizando las
boletas de pago Nº 1052 ó 1252, según corresponda.
De tener esta postura, la Administración estaría yendo más allá
de los alcances señalados por las disposiciones legales y reglamentarias
(incluido el citado artículo 32° del Código Tributario).
De otro lado, conforme al artículo 7° de la Resolución, en caso
que producto de la declaración rectificatoria se determinara
un mayor o menor impuesto al declarado inicialmente se procederá
a:
a) En caso de pago fraccionado, cuando se determine un
mayor ITAN, la diferencia entre lo declarado en la rectificatoria
y el impuesto declarado originalmente se dividirá
entre nueve (9) y el resultado se agregará a cada una de
las nueve (9) cuotas. El mayor impuesto agregado a las
cuotas vencidas devengará los intereses moratorios previstos
en el Código Tributario.
La diferencia entre el monto del ITAN declarado originalmente
y el rectificado, podrá utilizarse como crédito contra el IR,
una vez que haya sido efectivamente pagada.
b) Cuando en la declaración rectificatoria se determine un menor
impuesto y esta declaración surta efecto, podrá solicitarse la
devolución del exceso pagado que no hubiera sido utilizado
como crédito contra los pagos a cuenta del IR. Si el exceso
–––––
(8) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos
Aires, Editorial Heliasto, Tomo II, pág. 43.
(9) De hecho en el PDT se ha señalado como formas de pago únicamente a “Efectivo”
o “Cheque”.
(10) En el caso de pago con nota de crédito negociable o con documento valorado,
éste sólo se podrá efectuar en la oficina de la SUNAT que corresponda al sujeto
obligado utilizando las boletas de pago Nº 1052 ó 1252, según corresponda.
16
ABRIL 2005

INFORME TRIBUTARIO
pagado fue utilizado como crédito contra los pagos a cuenta
del IR éste no será materia de devolución; sin embargo, el monto
se podrá consignar con la DJ Anual del IR de dicho ejercicio,
como parte del crédito generado por los pagos del ITAN.
2. ¿Procede la compensación del ITAN?.- Conforme señalamos,
del artículo 8° de la Ley podría desprenderse válidamente
que la deuda por ITAN puede compensarse con los créditos tributarios
(incluidos pagos en exceso o montos originados en el AAIR)
que tuviera el contribuyente. Bajo esta perspectiva, la compensación
automática procedería, de acuerdo al artículo 40° del Código
Tributario, sólo si los créditos correspondieran a períodos no
prescritos, sean administrados por la propia SUNAT, constituyan
ingresos de la misma entidad, y siempre que se haya establecido
expresamente en la ley dicha compensación.
Son tres los créditos que podrían compensarse contra el ITAN:
el saldo a favor del IR del ejercicio anterior, el AAIR y el saldo a
favor del exportador por IGV (11) , de los que sólo en un caso hay
norma que expresamente admite la compensación automática.
Efectivamente, respecto del saldo a favor del exportador, el artículo
35° de la LIGV establece que en caso de que no se pueda deducir
dicho saldo a favor del Impuesto Bruto del IGV y no se tuviera
IR que pagar durante el año o en el transcurso de algún mes o éste
fuera insuficiente para absorber dicho saldo, se podrá compensar
con la deuda correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso
del Tesoro Público respecto de los cuales el sujeto tenga la
calidad de contribuyente. En términos económicos, como veremos
más adelante, esta opción sería inadecuada.
Respecto de los otros dos conceptos, procedería la compensación
de oficio o la compensación a pedido de parte, caso este último
en el que hay que tomar en cuenta que en el Informe Nº 004-
2003-SUNAT/2B0000 la SUNAT ha señalado que resulta válido
efectuar dicha compensación pues no se han establecido los requisitos
que deben ser cumplidos por los solicitantes a los que se refiere
el numeral 3 del referido artículo 40° del Código Tributario.
En ese sentido, en el caso del AAIR materia de devolución
luego de la aplicación contra el IR de los ejercicios 2003 y 2004
de acuerdo a lo señalado en la R. de S. Nº 046-2005/SUNAT, en
lugar de solicitar la devolución, cabría pedir su compensación
contra el ITAN declarado en 2005. A tal efecto, una vez presentado
el PDT ITAN correspondiente debería comunicarse a la SUNAT
la compensación del monto debido con el saldo de pago indebido
por AAIR. En términos prácticos, en ambos casos –devolución o
compensación- procedería la verificación por parte de la Administración
de los montos de AAIR que se intentaría compensar (12) .
VI. APLICACIÓN DEL MONTO PAGADO POR EL
ITAN
Conforme al artículo 8° de la Ley, el monto efectivamente pagado
por concepto de ITAN puede utilizarse como crédito contra los pagos a
cuenta o contra el saldo de regularización del IR según veremos a
continuación (13) . Además, puede solicitarse la devolución correspondiente.
A tal efecto, el inciso a) del artículo 9° del Reglamento ha señalado
que se entiende que el Impuesto ha sido efectivamente pagado
cuando la deuda tributaria generada por el mismo se hubiera extinguido
en forma parcial o total mediante su pago o compensación.
En el mismo sentido, el artículo 8° de la Resolución señala que
se considera que el ITAN ha sido efectivamente pagado cuando la
deuda ha sido cancelada en efectivo, cheque, nota de crédito negociable
o documento valorado, o compensada de acuerdo a lo
señalado en el artículo 40° del Código Tributario.
En este punto, cabe precisar que resulta monto efectivamente
pagado el originado en la compensación del saldo a favor del
exportador que se hubiere planteado de oficio por parte del contribuyente
del ITAN.
En cambio, de ocurrir un pedido de compensación del ITAN
contra el saldo a favor del IR del ejercicio anterior o contra el AAIR
que quedare luego de su aplicación contra el IR de 2004, la compensación
podrá ser considerada como “monto efectivamente
pagado” cuando la SUNAT realice dicha compensación.
1. Esquema general.- El monto efectivamente pagado por ITAN
puede (14) :
a) Utilizarse, como gasto deducible, contra la renta materia de IR
del ejercicio gravable al que corresponde el ITAN, conforme al
inciso b) del artículo 37° de la LIR (15) .
Esta posibilidad ha sido confirmada por el artículo 16° del
Reglamento. Que ha indicado que en el caso que el ITAN se
deduzca total o parcialmente como gasto para efecto del IR no
podrá ser utilizado como crédito contra dicho tributo.
A tal efecto, se deberá indicar en la DJ Anual del IR del ejercicio
(para el año 2005 se trataría de la DJ Anual que se presentará
en marzo de 2006) si utilizará el Impuesto pagado
como gasto, como crédito o parcialmente como ambos. Dicha
opción no podrá ser variada ni rectificada posteriormente.
En caso que se acredite el ITAN efectivamente pagado contra
los pagos a cuenta del IR del ejercicio y luego se deduzca
como gasto para el IR de ese ejercicio, deberá pagarse los
intereses moratorios correspondientes al monto de los pagos a
cuenta dejados de abonar.
b) Aplicarse como crédito contra los pagos a cuenta del IR de los
periodos de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se
paga el ITAN, siempre que se acredite el impuesto hasta la fecha
de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta referidos.
Conforme al inciso d) del artículo 9° del Reglamento, el ITAN
efectivamente pagado en un mes podrá ser aplicado como
crédito únicamente contra los pagos a cuenta del IR de los
períodos tributarios, según la siguiente tabla:
Cuadro Nº 3
MONTO DE ITAN A UTILIZARSE
COMO CRÉDITO
PAGOS A CUENTA DEL IR CONTRA
LOS QUE SE APLICA
Número de cuota Pagada en De los meses de Pagaderos en
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Marzo a Diciembre
Abril a Diciembre
Mayo a Diciembre
Junio a Diciembre
Julio a Diciembre
Agosto a Diciembre
Setiembre a Diciembre
Octubre a Diciembre
Noviembre a Diciembre
Abril a Enero
Mayo a Enero
Junio a Enero
Julio a Enero
Agosto a Enero
Setiembre a Enero
Octubre a Enero
Noviembre a Enero
Diciembre a Enero
–––––
(11) Como sabemos, el monto del IGV que corresponde a las adquisiciones de bienes,
servicios y contratos de construcción otorga derecho a un saldo a favor del
exportador, siempre que se cumpla con los requisitos respectivos, conforme a lo
señalado por el artículo 34° de la LIGV.
(12) En este escenario, en el supuesto que la SUNAT proceda a fiscalizar y realice
reparos, no podría compensar el monto no aplicado de AAIR contra dichos
montos reparados porque debería primero absolver la solicitud de compensación
contra el ITAN. En buena cuenta, nos parece que iniciado el procedimiento
de compensación a solicitud de parte, la Administración no puede compensar
de oficio contra otros montos reparados porque ello violaría el derecho de defensa
del contribuyente, que incluye la obligación de la autoridad de responder
a lo solicitado por el contribuyente.
(13) El inciso c) del artículo 9° del Reglamento ha señalado que el monto del ITAN
que puede utilizarse como crédito contra el pago de regularización o contra los
pagos a cuenta del IR no incluirá los intereses previstos en el Código Tributario
por pago extemporáneo.
(14) No se ha establecido el uso como crédito contra pagos a cuenta o de regularización
de ejercicios futuros.
(15) Que señala que son deducibles como gasto los tributos que recaen sobre bienes
o actividades productoras de rentas gravadas.
ABRIL 2005 17

INFORME TRIBUTARIO
En ese sentido, si el ITAN se canceló al contado en el mes de
abril, podrá utilizarse contra los pagos a cuenta del IR correspondiente
a los meses de marzo a diciembre. Ahora bien, en
el supuesto de pago fraccionado, no queda claro qué ocurriría
cuando se realice el pago adelantado de una cuota (por
ejm. la cuota de julio que debía pagarse en el mes de agosto
se paga en el propio julio); por justicia, debería aceptarse que
ese pago adelantado pueda aplicarse incluso contra el pago a
cuenta del mes en que se realiza, no obstante de conformidad
con la norma reglamentaria, sólo podría aplicarse conforme a
la tabla.
El Impuesto efectivamente pagado con posterioridad al referido
vencimiento, sólo podrá ser aplicado como crédito contra
los pagos a cuenta del IR que no hayan vencido y hasta el
pago a cuenta correspondiente al período tributario diciembre
del mismo ejercicio.
c) Utilizarse como crédito contra el pago de regularización del IR
del ejercicio gravable al que corresponde el ITAN.
Esta opción, como hemos señalado es excluyente de la señalada
en el punto 1 anterior y se establece al momento de presentar
la DJ del ejercicio al que corresponde el ITAN (esto es el
ejercicio siguiente).
Conforme a lo señalado en el inciso e) del artículo 9° del Reglamento,
el crédito a aplicarse es aquel efectivamente pagado
hasta el vencimiento o presentación de la DJ Anual del IR
del ejercicio (16) , lo que ocurra primero, en la parte que no haya
sido aplicada como crédito contra los pagos a cuenta.
Ahora bien, conforme al artículo 16° del Reglamento, en caso
se utilice esta opción pero anteriormente se hubiera deducido
el monto del ITAN en el balance acumulado al 30 de junio del
ejercicio para modificar la determinación de los pagos a cuenta
del IR de ese ejercicio, deberá pagarse los intereses moratorios
correspondiente al monto de los pagos a cuenta que se
hubieren dejado de pagar producto de dicha deducción.
d) Recuperarse vía el procedimiento de devolución. Este derecho
se generará únicamente con la presentación de la DJ Anual
del IR del año correspondiente al del ITAN. En tal sentido, conforme
al artículo 10° del Reglamento, si luego de acreditar el
ITAN contra los pagos a cuenta mensuales y/o contra el pago
de regularización del IR del ejercicio por el cual se pagó el
ITAN quedara un saldo no aplicado, este podrá ser devuelto,
no pudiendo aplicarse contra futuros pagos del IR.
Para solicitar la devolución –conforme al artículo 8° de la Leyel
contribuyente deberá sustentar la pérdida tributaria o el
menor Impuesto obtenido sobre la base de las normas del régimen
general. La devolución deberá efectuarse en un plazo
no mayor de sesenta días de presentada la solicitud, vencido
el cual el solicitante podrá considerar aprobada su solicitud (17) .
En este caso la SUNAT bajo responsabilidad deberá emitir las
Notas de Crédito Negociables, de acuerdo a lo establecido
por el Código Tributario.
Respecto del ITAN del año 2005, cabría la posibilidad de solicitar
la compensación contra el ITAN correspondiente al año
2006, bajo los mismos criterios señalados líneas arriba respecto
al AAIR.
2. Caso de contribuyentes obligados a tributar en el exterior.-
En el caso de aquellos contribuyentes obligados a tributar en
el exterior por rentas de fuente peruana (18) , podrán optar por utilizar
contra el ITAN –siempre que se pague de manera fraccionada-
el monto efectivamente pagado por concepto de pagos a cuenta
del IR correspondiente al período del mes de marzo y siguientes
de cada ejercicio, para lo que deberán presentar el Anexo del
Reglamento junto con el PDT ITAN. La Opción no podrá ser variada
con posterioridad al vencimiento de la presentación del Anexo.
En el artículo 14° del Reglamento se ha señalado que quienes
ejerzan la Opción utilizarán como crédito el pago a cuenta determinado
de acuerdo a las normas del IR, efectivamente pagado,
correspondiente al período tributario según la siguiente tabla:
PAGOS A CUENTA DEL IR
A APLICAR
Cuadro N° 4
MONTO DE ITAN CONTRA
LOS QUE SE APLICA
De los meses de Pagada en Número de Cuota Pagaderos en
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Si los pagos a cuenta del IR son superiores a las cuotas correspondientes
del Impuesto, según lo establecido en el Cuadro Nº 4,
la parte no acreditada no podrá ser utilizada contra las cuotas
posteriores.
En el caso que los pagos a cuenta del IR se realicen con posterioridad
al vencimiento de la cuota correspondiente, podrán utilizarse
como crédito contra el ITAN únicamente respecto de la cuota
que venza inmediatamente después de realizado el pago a cuenta,
monto que no incluirá los intereses moratorios previstos en el
Código Tributario por pago extemporáneo.
Realizada la opción, no podrá utilizarse el monto acreditado
como ITAN contra los pagos a cuenta de los meses siguientes,
Empero, los pagos a cuenta del IR acreditados contra el ITAN
constituirán créditos sin derecho a devolución contra el IR del ejercicio
gravable. Cabe precisar que conforme al artículo 15° del
Reglamento, en caso que dicho monto sea mayor que el IR del
ejercicio, la diferencia hasta el monto del ITAN será deducida como
gasto para efecto del IR del ejercicio.
El monto de los pagos a cuenta del IR que no se acrediten
contra las cuotas del ITAN, mantienen su carácter de crédito con
derecho a devolución.
VII. APLICACIÓN A EMPRESAS CON
ESTABILIDAD TRIBUTARIA
La aplicación del ITAN a empresas que gocen de estabilidad
tributaria dependerá del régimen bajo el que se hubiera otorgado
dicha estabilidad. Así:
– Se aplicará el ITAN cuando se trate de convenios de estabilidad
jurídica suscrita al amparo del Dec. Leg. Nº 662 y 757
que garantizan el régimen del IR.
– No se aplicará el ITAN cuando se trate de convenios de estabilidad
suscritos al amparo de la Ley General de Minería, pues
conforme al contrato que se garantiza el régimen impositivo
vigente a la fecha de aprobado el programa de inversión no
pueda ser modificado, no siendo de aplicación ningún tributo
que se cree con posterioridad.
–––––
(16) Dicho monto debe ser ajustado en función de la variación del IPM, siempre que
exista obligación de realizar el ajuste, ocurrida entre el mes en que se efectúa el
pago y el mes del cierre del balance.
(17) En aplicación de la Norma XII del Título Preliminar del Código Tributario se
entendería días hábiles.
(18) El artículo 11° del Reglamento ha indicado que están comprendidos los contribuyentes
cuyos accionistas socios, principal o casa matriz se encuentran obligados
a tributar en el exterior por las rentas generadas por dichos contribuyentes,
lo que deberá indicarse en el Anexo a dicho Reglamento.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
18
ABRIL 2005

INFORME TRIBUTARIO
– No se aplicará el ITAN cuando se trate de convenios suscritos
al amparo de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pues conforme
al contrato se garantiza el régimen impositivo vigente a la
fecha de suscripción del contrato, no siéndole de aplicación
los tributos que se establezcan con posterioridad a dicha fecha,
ni los cambios que se efectúen en el hecho generador de
la obligación tributaria, la cuantía de los tributos, las exoneraciones,
beneficios, incentivos, inafectaciones, etc.
Los contribuyentes señalados en el artículo anterior que adicionalmente
realicen alguna de las siguientes actividades: (i)
Actividades complementarias que generan ingresos, (ii) Actividades
relacionadas y (iii) Otras Actividades, las que según
el artículo 2° del Reglamento de la Garantía de Estabilidad
Tributaria y de las Normas Tributarias de la Ley Nº 26221, no
son alcanzadas por los beneficios y garantías de estabilidad
tributaria que la referida ley concede, estarán obligados a efectuar
la determinación, declaración y pago del ITAN, de acuerdo
a los lineamientos generales establecidos líneas arriba.
Estos contribuyentes presentarán un solo PDT, consolidando el
valor de los activos netos de cada una de las actividades no
alcanzadas por los beneficios y garantías de estabilidad tributaria
que la Ley Orgánica de Hidrocarburos concede.
Asimismo, presentarán un Anexo por cada actividad complementaria
que genera ingresos, actividad relacionada y otras
actividades, en el que discriminarán el valor de los activos
netos, adiciones y deducciones que corresponda a cada uno
de ellos. La tasa del ITAN que corresponda será aplicada sobre
la base imponible consolidada.
El ITAN efectivamente pagado será aplicado como crédito contra
los pagos a cuenta del IR que se determinen por las actividades
generadoras de rentas de tercera categoría no alcanzadas
por los beneficios y garantías de estabilidad tributaria.
COLOFÓN: La Constitucionalidad del ITAN
Los contribuyentes plantearon en su momento procesos de
amparo y de inconstitucionalidad contra el IMR, IEAN y AAIR,
que mantuvieron el mismo diseño normativo, alegando la violación
de los principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad.
Es de esperar que ocurra lo mismo con el ITAN.
Por eso, cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha señalado
categóricamente que todo tributo debe basarse en la capacidad
contributiva que es la aptitud del contribuyente para ser sujeto
pasivo de obligaciones tributarias que viene establecida por la
presencia de hechos reveladores de riqueza (capacidad económica),
que son sometidos a la valorización del legislador a partir de
su conciliación con los fines de naturaleza política, social y económica,
son elevados al rango de categoría imponible.
Respecto al Impuesto a la Renta, y por ende a los pagos a
cuenta de dicho impuesto, para el Tribunal Constitucional, el legislador
sólo podrá tomar como índice de capacidad contributiva la
renta generada por el sujeto pasivo del tributo o aquella que podrá
ser generada. En el IMR y el AAIR, entre otros como se señala
en la sentencia recaída en el Exp. Nº 033-2004-AI/TC, lo inconstitucional
radicaba en que en el seno de una ley destinada a gravar
renta, se terminase gravando la fuente productora de la renta
(la incongruencia entre el medio –IMR o AAIR- con los fines que se
perseguía –gravar renta- es lo que se considera inconstitucional)
(Exp. 033-2004-AI/TC).
A diferencia de ello, y atendiendo al nomen juris del tributo, el
propio Tribunal Constitucional ha señalado que en impuestos patrimoniales
como el IEAN, la propiedad o los activos netos es una
manifestación de capacidad contributiva (Exp. 2727-2002-AA/
TC, 1907-2003-AA/TC). En este esquema, el Tribunal Constitucional
actuaría señalando que el ITAN, conforme a su nombre,
constituiría un impuesto patrimonial autónomo y por ende su diseño
no violentaría el principio de capacidad contributiva.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional refiriéndose al Principio
de No Confiscatoriedad (19) , ha señalado que en general se
transgrede este principio cada vez que un tributo excede el límite
que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen
en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho
subjetivo a la propiedad (Ver sentencias recaídas en el Exp. Nº
2727-2002-AA/TC y Exp Nº 041-2004-AI/TC).
En el caso de los impuestos al patrimonio ha señalado que no
hay confiscatoriedad cuando los cobros no signifiquen para el
contribuyente la expropiación total o de una parte significativa
de los bienes (Exp. Nº 2727-2002-AA/TC - IEAN). En esa línea
de pensamiento, en principio, parecería que el ITAN no representaría
un supuesto de confiscatoriedad dadas las ventajas de
su diseño que incluye la posibilidad de solicitar después de un
lapso de tiempo la devolución del tributo pagado.
Esto último es justamente lo que ha llevado a que se sostenga
con mucha inteligencia que el ITAN en términos prácticos vendría
a ser un anticipo del IR (20) , especialmente si se toma en cuenta
que la diferencia entre el ITAN y el IEAN es que este último
considera un crédito utilizable contra el IR sin derecho a posterior
devolución. En ese sentido, el ITAN no cumpliría con un elemento
básico de un impuesto patrimonial que es que no se genera
el derecho a la devolución del monto pagado, salvo que sea
indebido.
Por ello, en este esquema, el ITAN devendría en inconstitucional
por violentar el principio de capacidad contributiva señalado
y, en muchos casos, por atentar contra la intangibilidad del capital
que ocurriría cuando se absorbe parte sustancial de la renta o
si se afecta la fuente productora de renta en cualquier quantum
(Exp. Nº 548-2001-AA/TC - IMR).
A la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, esta última
argumentación no tendría cabida, salvo que nuestro supremo
intérprete constitucional se anime analizar la naturaleza del
ITAN, lo que de verdad significaría un nuevo paso en el proceso
de vigencia del Estado Constitucional de Derecho que venimos
afianzando.
–––––
(19) Respecto del que ha señalado que tiene la estructura de lo que se denomina
“concepto jurídico indeterminado”, es decir su contenido constitucional protegido
debe ser precisado por el propio Tribunal Constitucional (ver Exp. Nº 2727-
2002-AA/TC).
(20) Ver los comentarios de RUIZ SECADA, Guillermo, “Efectos confiscatorios del
ITAN”. EN: Diario Gestión, 31 de marzo de 2005, pág. VII.
ABRIL 2005 19

INFORME TRIBUTARIO
Arbitrios Municipales:
Efectos de la sentencia
del Tribunal Constitucional
A propósito de los arbitrios municipales de la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
(Primera Parte)
Julio A. Fernández Cartagena (*)
Recientemente el Tribunal Constitucional, mediante sentencia
del 11 de noviembre de 2004, declaró fundada la
acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor
del Pueblo en contra de once Ordenanzas emitidas por la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, referidas al
régimen de los arbitrios municipales de serenazgo, limpieza
pública y de parques y jardines públicos, correspondiente
a los ejercicios 1996 a 2004. En consecuencia, el Tribunal
Constitucional declaró inconstitucionales las referidas Ordenanzas,
expulsándolas del ordenamiento jurídico.
Adicionalmente en esta sentencia el Tribunal Constitucional:
(i) estableció una serie de criterios, de carácter enunciativo
mas no limitativo, para la correcta distribución del
costo que demanda la prestación de los servicios que constituyen
el supuesto de hecho de estos arbitrios municipales,
(ii) declaró que no cabía la devolución o compensación de
los tributos pagados en aplicación de las Ordenanzas declaradas
inconstitucionales; y, (iii) declaró que tampoco procedía
la cobranza coactiva de los tributos no pagados a la
fecha de la emisión de la sentencia, referidos a las Ordenanzas
declaradas inconstitucionales.
En el presente comentario nos limitaremos a estos dos
últimos alcances derivados de la referida sentencia del Tribunal
Constitucional.
I. EL CONTROL CONCENTRADO Y EL
CONTROL DIFUSO
Según la doctrina jurídica existen dos clases de control
de la constitucionalidad de las normas: el control político y
el control jurisdiccional. A su vez este último se divide en el
control difuso o modelo americano y el control concentrado
o modelo europeo. A efectos del presente artículo nos interesa
el estudio del control jurisdiccional, de relevancia para
el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional.
El control jurisdiccional concentrado de la constitucionalidad
de las normas usualmente se encomienda a organismos
jurisdiccionales especializados denominados Tribunal
Constitucional, Corte Federal Constitucional, Tribunal de
Garantías Constitucionales, etc. Este control en nuestro país
se ejerce por el Tribunal Constitucional peruano, a través de
un procedimiento de impugnación directa y los efectos de
la declaración de inconstitucionalidad de la ley son de carácter
general o erga omnes. Es decir, corresponde al Tribunal
Constitucional el examen en abstracto de la ley considerada
inconstitucional, sin la posibilidad de entrar a analizar
ningún caso en concreto.
Por el contrario, el sistema de control difuso concede a
los jueces, pertenecientes al Poder Judicial, la potestad y la
obligación de aplicar la Constitución por encima de las leyes
y demás normas que se contrapongan a ella. Así, los
jueces se encuentran facultados para inaplicar aquellas
normas que juzguen contrarias a la Constitución, siempre
que ello sea relevante para resolver la controversia que ha
sido sometida a su conocimiento. En este sistema los jueces
no anulan la ley, sólo inaplican la disposición legal para el
caso concreto que están juzgando, de manera que los efectos
de su declaración se encuentran limitados. Dicha facultad
es exclusiva e inherente a todos los órganos del Poder
Judicial.
–––––
(*) Profesor Ordinario de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
20
ABRIL 2005

INFORME TRIBUTARIO
Existe incompatibilidad entre el control concentrado que
ejerce el Tribunal Constitucional y el control difuso a cargo
de los jueces. Es decir, el Tribunal Constitucional no puede
ejercer el control difuso cuando conoce de una acción de
inconstitucionalidad.
“Como quiera que la Constitución otorga de modo exclusivo
y excluyente al Tribunal Constitucional la potestad
del control directo de la constitucionalidad, es necesario
definir los alcances y límites del mismo. Este control aparece
evidente en el denominado "Control Concentrado" o
"Control Ad-Hoc", esto es, de índole abstracto –y por tanto
incompatible en ese punto con el "Control Difuso" o "Judical
Review"– en donde corresponde al Tribunal Constitucional
el examen abstracto (esto es, sin referencia a un caso
concreto alguno en donde esté en disputa derecho subjetivo
alguno) de la ley dubitada y en donde el referente constitucional
previamente definido por la vía de la autorizada interpretación
constitucional, va a ser el imperativo categórico
que determinará, en análisis de subsunción, si la norma
legal dubitada es o no incompatible con la Constitución” (1) .
Asimismo, “Si lo anterior es así, cabe concluir que no se
debe, ni se puede, esperar que el Tribunal Constitucional
ejerza válidamente la atribución de la "Judicial Review" (control
difuso) cuando conoce de una acción de inconstitucionalidad
de las leyes, por ser ésta abstracta, por ser aquélla
perteneciente a la competencia exclusiva y excluyente del
Poder Judicial conforme a la inequívoca acepción de la segunda
parte del artículo 138° de la Carta constitucional,
sistemáticamente situado dentro del Poder Judicial (lo que
la Constitución reserva expresamente para un órgano, lo
veda implícitamente para otro)” (2) .
El numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal
Constitucional que ahora comentamos dispone que “la presente
sentencia surte efectos a partir del día siguiente de su publicación
y, por consiguiente, no habilita la devolución o compensación
de pagos efectuados a consecuencia de las Ordenanzas
declaradas inconstitucionales, quedando a salvo aquellas
solicitudes por pagos indebidos o en exceso originados con
motivos distintos a la declaratoria de inconstitucionalidad”.
No resulta del todo claro qué es lo que ha querido decir
el Tribunal Constitucional cuando declaró que no procede
la devolución o compensación de los arbitrios pagados en
aplicación de las Ordenanzas declaradas inconstitucionales
por el propio Tribunal Constitucional.
Si aplicamos correctamente las nociones de control
difuso y de control concentrado que hemos glosado en
los párrafos anteriores, es evidente que el pronunciamiento
del Tribunal Constitucional en ningún caso debería
producir efectos en relación con los procedimientos
administrativos o los procesos judiciales en trámite, en
los cuales, precisamente, se está discutiendo la validez
constitucional de las Ordenanzas objeto del pronunciamiento
del Tribunal Constitucional que estamos analizando.
Es decir, a través del ejercicio del control concentrado
que ha producido la declaratoria de inconstitucionalidad
de las Ordenanzas expedidas por la Municipalidad
Distrital de Santiago de Surco, el Tribunal Constitucional
no puede pretender ejercer un control difuso para
resolver controversias en concreto.
Éste es precisamente el caso de los contribuyentes que
pagaron los arbitrios declarados inconstitucionales a fin de
no ser objeto de procedimientos de cobranza coactiva y,
sin perjuicio de ello, acudieron a procedimientos administrativos
contencioso tributarios como la reclamación ante el
propio órgano administrador del tributo o la apelación ante
el Tribunal Fiscal, o a procesos judiciales como la acción
contencioso administrativa o a las acciones de amparo contra
la respectiva Resolución del Tribunal Fiscal, para cuestionar
la validez constitucional de dichos tributos, solicitando además
la devolución de los montos pagados.
No es posible entender que el Tribunal Constitucional ha
declarado que esos procedimientos administrativos y esos
procesos judiciales culminarán con una sentencia judicial
estimatoria pero que no originará ningún beneficio al contribuyente
porque el Tribunal Constitucional ha declarado
que en esos casos no cabe la devolución o compensación
de los pagos efectuados. Si se le quiere otorgar estos efectos
a la sentencia del Tribunal Constitucional, éste se estaría
arrogando el ejercicio del denominado control difuso en un
supuesto para el cual no está legitimado y, además, lo que
es más grave, se estaría avocando a resolver causas pendientes
de ser resueltas por los órganos a quienes constitucionalmente
corresponde. Es decir, su sentencia surtiría efectos
para casos en concreto, para procedimientos administrativos
y procesos judiciales en trámite.
De esta manera, el Tribunal Constitucional estaría interfiriendo
en la tarea de los órganos administrativos y jurisdiccionales
pues les recortaría la facultad de decidir la procedencia
o improcedencia de las solicitudes de devolución
o compensación en los procedimientos y procesos que se
iniciaron antes de la declaratoria de inconstitucionalidad.
En concreto, de interpretarse que este fallo del Tribunal
Constitucional es aplicable a los procedimientos administrativos
y a los procesos judiciales en trámite, de manera
que impide que en dichos procedimientos y procesos se
pueda obtener la devolución o compensación de lo pagado,
se va en contra de lo dispuesto por el artículo 139° de
la Constitución, el derecho constitucional a la igualdad y el
principio de seguridad jurídica, reconocido este último por
la Constitución, según expresamente lo ha señalado el Tribunal
Constitucional, como a continuación exponemos.
II. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En efecto, esta interpretación del fallo del Tribunal Constitucional
contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo
del artículo 139° de la Constitución el cual señala que “Ninguna
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante
el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones. Tampoco puede (...) cortar procedimientos en
––––––
(1) QUIROGA, Aníbal. "Una aproximación al Derecho Constitucional Tributario", EN:
Cuadernos Tributarios, Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano, Nº 25,
Lima, 2000, págs. 75 y 76.
(2) QUIROGA, Aníbal. Op. cit., pág. 84.
ABRIL 2005 21

INFORME TRIBUTARIO
trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.
La Constitución establece que, una vez presentada una
demanda ante el Poder Judicial, ningún órgano del Estado
puede intervenir en dicho asunto hasta la sentencia definitiva.
Es decir, está prohibido que se pretenda emitir una norma
o una sentencia (como la del Tribunal Constitucional)
dirigida a aplicarse al caso sub litis.
La consecuencia de la interpretación que se le quiere
dar a la sentencia del Tribunal Constitucional que comentamos,
es que el Juez se encontrará obligado a rechazar las
demandas puestas en su conocimiento en el extremo referido
a la devolución o compensación de los tributos pagados.
De esta manera se está recortando la facultad de los
jueces de decidir sobre la procedencia o improcedencia de
las solicitudes de devolución o compensación ante él presentadas
antes de la declaratoria de inconstitucionalidad.
Con lo antes dicho no pretendemos afirmar que el Tribunal
Constitucional no posea la facultad de declarar la inconstitucionalidad
de las Ordenanzas con efectos ex nunc y
no ex tunc. En el presente caso, el Tribunal ha dicho que la
declaratoria de inconstitucionalidad surte efectos para adelante
(ex nunc). Con ello hubiese sido suficiente para impedir
la posibilidad de que los contribuyentes que pagaron el
tributo pudieran solicitar la devolución o compensación. Sin
embargo una cosa es declarar que los efectos de la declaratoria
de inconstitucionalidad serán para adelante y otra
muy diferente es pretender que los efectos de la sentencia
de inconstitucionalidad afectarán también a procedimientos
administrativos o procesos judiciales en trámite. En este
último caso se está atentando contra un principio y un derecho
de la administración de justicia, conforme lo señala claramente
la Constitución.
Por otro lado es bueno señalar que este mismo principio
de la administración de justicia es también aplicable en los
procedimientos administrativos en trámite, en acatamiento
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que lo ha
reconocido expresamente.
Así, en el caso de la empresa de Transportes Andrés
Avelino Cáceres contra la Municipalidad Provincial de Huánuco,
el Tribunal Constitucional sostuvo en el fundamento
cuarto de la sentencia que ”este Colegiado considera oportuno
precisar que el Debido Proceso Administrativo, supone
en toda circunstancia el respeto por parte de la administración
pública de todos aquellos principios y derechos normalmente
invocados en el ámbito de la jurisdicción común
o especializada y a los que se refiere el artículo 139° de la
Constitución del Estado (verbigracia; jurisdicción predeterminada
por la ley, derecho de defensa, pluralidad de instancia,
cosa juzgada, etc.). Tales directrices o atributos en
el ámbito administrativo general normalmente se encuentran
reconocidos por conducto de la ley a través de los
diversos procedimientos de defensa o reconocimiento de
derechos y situaciones jurídicas, por lo que su transgresión
impone como correlato su defensa constitucional por conducto
de acciones constitucionales como la presente” (3) .
III. PRINCIPIO DE IGUALDAD
El numeral 2 del artículo 2° de la Constitución señala lo
siguiente: “toda persona tiene derecho a la igualdad ante
la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza,
religión, opinión o idioma”. Es decir, todas las personas
tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación.
No obstante, no existe discriminación cuando hay una
distinción de tratamiento por parte de la ley, siempre que
ésta no conduzca a situaciones contrarias a la justicia, a la
razón, a la naturaleza de las cosas o persiga fines arbitrarios
o caprichosos.
El Tribunal Constitucional dispuso que su sentencia “(…)
no habilita la devolución o compensación de los pagos efectuados
a consecuencia de las Ordenanzas declaradas inconstitucionales,
quedando a salvo aquellas solicitudes de
pagos indebidos o en exceso originadas en motivos distintos
a la declaración de inconstitucionalidad”. Adicionalmente
declaró que “(…)los términos de esta sentencia no habilitan
la continuación de procedimientos de cobranza coactiva
en trámite, ni el inicio de éstos o cualquier otro tipo de
cobranza relacionada con las Ordenanzas declaradas inconstitucionales”
(numeral 3 de la parte resolutiva de la
sentencia del Tribunal Constitucional).
De lo anterior se desprende que el Tribunal Constitucional
ha prohibido la devolución o compensación de los montos
pagados, perjudicando a los contribuyentes que efectuaron
el pago del tributo a pesar de su inconstitucionalidad. Esta
parte de la sentencia afecta el principio de igualdad reconocido
constitucionalmente porque está efectuando una diferencia
de trato basada en circunstancias que no son objetivas
ni razonables. Más justo hubiese sido otorgar efectos
para el futuro a la sentencia sin ningún tipo de distinción y
disponer así que los contribuyentes que no pagaron el tributo
en los años en que éste estuvo vigente, se encuentran
obligados a abonarlo.
Sin embargo, algunos opinan que esta prohibición se
aplica inclusive a aquellos contribuyentes que se cuidaron
de interponer los recursos que el Ordenamiento Jurídico les
otorgaba para cuestionar dicha validez constitucional. Para
los que no pagaron el Tribunal expresó que “la decisión de
no otorgar retroactividad a los efectos de esta sentencia no
impide que, con justa razón, se determine dejar sin efecto
cualquier cobranza en trámite, así como impedir el inicio
de cualquier procedimiento cuya finalidad sea la de ejecutar
el cobro de deudas originadas en las normas declaradas
inconstitucionales. Con ello, se impide la aplicación de
normas inconstitucionales a hechos pasados que no hayan
quedado agotados” (el énfasis es agregado).
El artículo 204° de la Constitución Política establece lo
siguiente: “La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad
de una norma se publica en el diario oficial.
Al día siguiente de su publicación, dicha norma queda sin
efecto (…) No tiene efectos retroactivos la sentencia del Tri-
–––––
(3) Exp. Nº 026-1997-AA/TC. Sentencia publicada en el diario oficial El Peruano el 16
de octubre de 1998.
22
ABRIL 2005

INFORME TRIBUTARIO
bunal que declara la inconstitucionalidad, en todo o parte,
de una norma legal”.
Por su lado, el artículo 81° del Código Procesal Constitucional
dispone claramente que “Las sentencias fundadas
recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto
las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances
generales y carecen de efectos retroactivos (…) Cuando
se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por
violación de artículo 74° de la Constitución, el Tribunal debe
determinar de manera expresa en la sentencia los efectos
de su decisión en el tiempo. Asimismo resuelve lo pertinente
respecto a las situaciones jurídicas producidas mientras
estuvo en vigencia” (el énfasis es agregado).
En este orden de ideas, es verdad que el Tribunal Constitucional
se encuentra plenamente facultado para declarar
la inconstitucionalidad de las Ordenanzas con efectos ex
nunc y al mismo tiempo ordenar la suspensión de las cobranzas
coactivas relacionadas con las obligaciones tributarias
creadas en virtud de dichas ordenanzas, aunque ello
resulte ilógico como lo demostraremos enseguida.
En efecto, en el caso materia de análisis, el Tribunal
Constitucional ha otorgado a su sentencia efectos a futuro,
sin embargo también se ha pronunciado sobre las situaciones
jurídicas ocurridas mientras los tributos inconstitucionales
se encontraban vigentes. De esta manera, ha ordenado
que la declaración de inconstitucionalidad no generará la
devolución o compensación, reconociendo con ello que los
pagos efectuados como consecuencia de las obligaciones
tributarias originadas mientras la norma inconstitucional
estuvo vigente, son absolutamente válidos. Por el contrario,
al suspender el inicio o continuación de las cobranzas coactivas
de esas mismas obligaciones tributarias ya generadas,
el Tribunal Constitucional reconoce que el tributo declarado
inconstitucional nunca generó efecto alguno, lo cual
no parece del todo coherente.
Como se puede apreciar, estos dos criterios no guardan
coherencia lógica. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se
encuentra facultado para utilizarlos al momento de resolver
las situaciones jurídicas producidas mientras la norma estuvo
en vigencia, en virtud de las facultades a él otorgadas por la
Constitución y el Código Procesal Constitucional.
No obstante, estas facultades no habilitan al Tribunal
Constitucional para intervenir en procedimientos administrativos
o procesos judiciales en trámite. Por lo tanto, la sentencia
del Tribunal Constitucional, en la parte que prohíbe
la devolución o compensación de los tributos ya pagados,
bajo ninguna circunstancia puede afectar a los procesos o
procedimientos que cuestionan la inconstitucionalidad de
cualquier Ordenanza, incluyendo las emitidas por la Municipalidad
Distrital de Santiago de Surco.
IV. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
El principio de seguridad jurídica, en tanto ha sido reconocido
por el Tribunal Constitucional como un principio implícito
en nuestra Constitución (4) , significa el derecho seguro,
cuyo objeto es el respeto a la propia normatividad. Fundamentalmente
consiste en el cumplimiento del derecho por
sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados
de su aplicación.
Sobre la seguridad jurídica, Casás señala que los principios
que “expresan , delimitan y dan sentido a la aparición
de la seguridad jurídica en el marco constitucional,
son: a) la supresión de la incertidumbre y de la sorpresa del
obrar estatal; b) la certeza del derecho; c) el consentimiento
de la formación de la ley; d) la representatividad de los
gobernantes; e) la lealtad del Estado que se expresa en el
estándar anglosajón del debido proceso legal; f) la previsibilidad
del derecho y de las consecuencias jurídicas que se
derivan del obrar de los particulares; g) la protección de la
confianza; y, h) la interdicción de la arbitrariedad ” (5) .
El Tribunal Constitucional peruano ha declarado la inconstitucionalidad
de una norma cuando ésta transgrede o
contraviene el principio de seguridad jurídica y además ha
señalado lo siguiente: “Así pues, como se ha dicho, la seguridad
jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento,
incluyendo, desde luego, a la Norma Fundamental
que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra
Constitución, aunque se concretiza con meridiana claridad
a través de distintas disposiciones constitucionales” (6) .
Si se pretendiese aplicar el criterio de la no devolución
de los tributos ya pagados a los procedimientos administrativos
y procesos judiciales en trámite, se violentaría
de manera directa el principio constitucional de
seguridad jurídica puesto que se estarían variando abruptamente
las reglas de juego que existieron en el momento
en que los contribuyentes interpusieron sus recursos y
demandas cuestionando la validez constitucional de los
tributos que, a pesar de dicha inconstitucionalidad, cumplieron
con pagar.
–––––
(4) En efecto, en la sentencia dictada a propósito de la acción de inconstitucionalidad
promovida contra la Ley que regula la Explotación de Casinos y Máquinas
Tragamonedas (Expediente Nº 009-2001-AI/TC), el Tribunal Constitucional reconoció
que el principio de seguridad jurídica constituye un principio implícito en nuestra Constitución
(5) CASÁS, José Osvaldo. Los mecanismos de resolución de las controversias, AD-HOC,
Buenos Aires, 2003, pág. 292.
(6) Sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de abril de 2003 (Exp. Nº 016-2002-AI/
TC), emitida como consecuencia de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por
el Colegio de Notarios de Junín contra el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley Nº
27755.
ABRIL 2005 23

INFORME TRIBUTARIO MUNICIPAL
El Impuesto a las
Embarcaciones de Recreo
Aspectos a considerar en el año 2005
INTRODUCCIÓN
El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo (IER) es un tributo
nacional creado a favor de las Municipalidades que grava al propietario
o poseedor de las denominadas embarcaciones de recreo
y bienes similares.
El Capítulo IV del Título IV de la Ley de Tributación Municipal, que
fue aprobada por Dec. Leg. Nº 776 y cuyo TUO fue aprobado por D.
S. Nº 156-2004-EF (LTM), regula este tributo cuyo rendimiento está
destinado al Fondo de Compensación Municipal - FONCOMÚN (1) .
Respecto a sus normas reglamentarias, el D. S. Nº 035-2005-
EF, publicado el 16 de marzo de 2005, ha señalado que serán
aplicables las disposiciones contenidas en el D. S. Nº 001-96-EF (2)
(el Reglamento), en lo que resulten aplicables.
En ese sentido, la intención de adecuar el Reglamento ante las
modificaciones operadas a la LTM por el Dec. Leg. Nº 952, con la
frase ambigua “en lo que resulten aplicables” podría generar problemas
de interpretación. Efectivamente, si se interpreta en el sentido
de que toda mención, en el D.S. Nº 001-96-EF, a “Capitanía
de Puerto” debe entender como “SUNAT”, no generaría mayores
inconvenientes salvo pequeñas confusiones ya que dicha norma
fue redactada pensando en el primer sujeto.
Empero, si entendemos que las disposiciones reglamentarias
aplicables son aquéllas donde no se nombre a la “Capitanía de
Puerto”, concluiríamos que la reglamentación estaría seriamente
inconclusa, al extremo de afectar la aplicación inmediata del impuesto,
más aún teniendo en cuenta que el D. S. Nº 035-2005-EF
no ha delegado a la SUNAT para que dicte las disposiciones complementarias
y/o necesarias, como suele acostumbrarse para cubrir
algún vacío normativo.
A pesar de que la segunda interpretación es muy forzada y
alejada del sentido de la modificación, creemos que para determinar
las normas reglamentarias del IER lo mejor hubiera sido
que se señale cuáles son las normas aplicables del D.S. Nº 001-
96-EF y/o ordenarlas en un nuevo texto normativo, como ya lo
propuso el MEF hace algunos meses (3) .
I. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El IER grava la titularidad del derecho real de propiedad o
posesión, indistintamente, de las embarcaciones de recreo, y similares
(4) , obligadas a registrarse en las capitanías de Puerto que se
determine por Decreto Supremo.
Conforme al Reglamento, se entiende por embarcaciones de
recreo a todo tipo de embarcación que tiene propulsión a motor
y/o vela, incluida la moto náutica, debidamente registrada mediante
el certificado de Matrícula o Pasavante correspondiente a
«embarcaciones deportivas y de recreo», de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento de Capitanías y de las Actividades Maríti-
mas, Fluviales y Lacustres.
Asimismo, se prescribe que una embarcación de recreo se
encuentra dentro del campo de aplicación del Impuesto aún cuando
al 1 de enero del año al que corresponde la obligación no se
encuentre en el país, siempre que su permanencia en el mismo
haya sido igual o superior a siete meses consecutivos o alternos en
el año inmediato anterior al que corresponda el IER (5) .
Se encuentran fuera del campo de aplicación del IER las embarcaciones
de recreo de personas jurídicas, que no formen parte
de su activo fijo (6) .
Por su parte, el Reglamento precisa que tampoco se consideran
embarcaciones de recreo, a aquellas cuya propulsión es únicamente
a remo o a pedal.
II. SUJETOS DEL IMPUESTO
1. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos del IER las personas naturales o jurídicas
poseedoras o propietarias (7) de las embarcaciones de recreo, afectas
al 1 de enero del año. El carácter de sujeto obligado al pago
de este tributo se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada
al 1 de enero del año al que corresponda la obligación de
tributar.
Este impuesto al ser de periodicidad anual, cuando se efectúe
cualquier transferencia durante el transcurso del año, el adquirente
–––––
(1) Su recaudación ha sido menos que ínfima en comparación con el Impuesto al Rodaje
y sobre todo al Impuesto de Promoción Municipal, que son los tributos cuyo rendimiento
están destinados al FONCOMÚN, conforme contempla el artículo 86° de la LTM.
(2) El D. S. Nº 001-96-EF fue publicado cuando el IER era fiscalizado y recaudado por la
Capitanía de Puerto en donde se encontrara inscrita la embarcación de recreo.
(3) El mismo que puede leerse aún en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas:
www.mef.gob.pe.
(4) Con la finalidad de incluir a todo el universo de bienes que se encontrarían afectos al
IER, el Dec. Leg. N° 952 incluyó el concepto de “similares” en su campo de aplicación.
(5) Nótese lo inapropiado de gravar al poseedor de una embarcación de recreo que la
mantuvo durante 7 meses el año 2004 y que, ahora, aun encontrándose en el extranjero
debe tributar por el IER correspondiente al año 2005.
(6) Puede leerse una disposición similar para el Impuesto al Patrimonio Vehicular, que ha
merecido el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en las Resoluciones N° 37-4-99 y
1577-1-2002. La intención de la norma sería no gravar a las embarcaciones de recreo
que estén destinadas a la venta, sin embargo debe notarse la facilidad con que
podrían permitirse prácticas elusivas.
(7) Condición al primero de enero de cada año, ya que el IER es un tributo de periodicidad
anual. Propietario es aquella persona que ostenta la titularidad del derecho real de “propiedad”,
que conforme al artículo 923° del Código Civil es el “poder jurídico que permite usar,
disponer y reivindicar un bien”. Posesión, es otro derecho real que, conforme al artículo 896°
del mismo Código es el “ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”.
Debe tenerse presente que se distingue entre el poseedor inmediato, que es el poseedor
temporal en virtud de un título y, el poseedor mediato, que es aquella persona que
ostenta el título transferido. Tal parece que la norma pretende gravar al poseedor mediato
solamente. Es importante saber además que para efectos civiles la propiedad mueble como
la posesión se adquieren con la tradición, es decir, con la entrega del bien a quien debe
recibirlo o a la persona designada por él o por la ley y con las formalidades que ésta
establece.
24
ABRIL 2005

INFORME TRIBUTARIO MUNICIPAL
asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año
siguiente de producido el hecho.
2. Sujeto Activo
Si bien la LTM señala solamente que la recaudación y fiscalización
por el IER está a cargo de la SUNAT, el D. S. Nº 035-2005-
EF ha precisado que esta entidad es su órgano administrador (8) .
Entonces, es importante tener presente que a partir del 1 de
enero de este año, cuando entró en vigencia el Dec. Leg. Nº 952, se
ha encargado la administración, recaudación y fiscalización del
IER a la SUNAT, al considerarse su mayor capacidad de gestión (9) .
III. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA
La obligación tributaria del IER nace el primero de enero de
cada año, por el solo hecho de que un sujeto sea propietario o
poseedor de una embarcación de recreo afecta.
Puede notarse la incertidumbre de afectación que existe por
no haberse tomado en cuenta alguna fecha cierta en la misma
Ley, para efectos de determinar la calidad de sujeto pasivo.
IV. BASE IMPONIBLE
1. Valor "original" o histórico
La base imponible está constituida por el valor de adquisición,
construcción, importación o de ingreso al patrimonio, de la embarcación
afecta, de acuerdo al contrato de compra-venta o al
comprobante de pago o a la declaración para importar, según
corresponda, incluidos los impuestos.
2. Embarcaciones que se construyan por encargo
En este caso, cuando su valor total no se establezca en el comprobante
de pago emitido por la empresa constructora, el valor a
considerar para efecto de la base imponible del Impuesto, será el
que declare el contribuyente ante la SUNAT, incluidos los impuestos.
3. Embarcaciones obtenidas a título gratuito
En este supuesto se considerará valor de ingreso al patrimonio
que le hubiera correspondido al causante o donante al momento
de la transmisión.
4. Embarcaciones adquiridas por remate público o adjudicación
en pago
Se considerará como valor de adquisición el monto pagado
en el remate o el valor de adjudicación, según sea el caso, incluidos
los impuestos que afecte dicha adquisición, a la fecha en la
cual se configure la situación jurídica.
5. Embarcaciones adquiridas en moneda extranjera
El valor será convertido a moneda nacional aplicando el tipo
de cambio promedio venta publicado por la Superintendencia de
Banca y Seguros, correspondiente al último día del mes en que fue
adquirida la embarcación. (Ver cuadro Nº 1)
Cuadro Nº 1
(NUEVOS SOLES DE DÓLAR)
Mes/Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Enero 2.36 2.65 2.77 3.36 3.49 3.54 3.48 3.48 3.50
Febrero 2.36 2.65 2.81 3.44 3.45 3.52 3.47 3.48 3.47
Marzo 2.36 2.65 2.81 3.34 3.49 3.52 3.45 3.48 3.46
Abril 2.37 2.67 2.83 3.34 3.48 3.59 3.44 3.46 3.48
Mayo 2.42 2.67 2.86 3.34 3.51 3.62 3.46 3.50 3.49
Junio 2.45 2.66 2.93 3.34 3.49 3.51 3.51 3.47 3.47
Julio 2.47 2.66 2.93 3.34 3.48 3.49 3.55 3.47 3.42
Agosto 2.47 2.66 3.02 3.39 3.47 3.48 3.62 3.48 3.36
Setiembre 2.51 2.65 3.04 3.46 3.51 3.48 3.64 3.48 3.34
Octubre 2.58 2.72 3.07 3.49 3.52 3.44 3.60 3.47 3.32
Noviembre 2.59 2.72 3.11 3.49 3.53 3.44 3.51 3.48 3.31
Diciembre 2.60 2.73 3.16 3.51 3.53 3.45 3.52 3.46 3.28
6. Tablas Referenciales
El valor determinado de acuerdo a lo establecido en los numerales
precedentes será comparado con el valor asignado al tipo
de embarcación afecta en la Tabla de Valores Referenciales que
apruebe anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas (10) , debiendo
considerar como base imponible para la determinación
del Impuesto, el mayor de ellos (11) .
Puede verse en el Cuadro Nº 2 las Tablas de Valores Referenciales
(12) mencionadas correspondientes a los tres últimos años:
Cuadro Nº 2
Tabla de Valores Referenciales
Norma
Publicación
Período
R.M. N° 103-2003-EF/15
R.M: N° 113-2004-EF/15
R.M. N° 163-2005-EF/15
21.02.2003
13.03.2004
09.04.2005
7. Supuesto en que no se cuente con documentos que acrediten
el valor de la embarcación de recreo
En caso no se cuente con documentos que acrediten el valor de
adquisición, de construcción, de importación o de ingreso al patrimonio
de la embarcación afecta, la base imponible será determinada
tomando en cuenta el valor correspondiente al tipo de
embarcación fijada en la Tabla de Valores Referenciales.
8. Determinación de la base imponible
Para determinar la base imponible debe compararse el valor
que hemos denominado “original” con el valor correspondiente al
tipo de embarcación fijada en la Tabla de Valores Referenciales. De
estos dos montos se toma el mayor valor, que se constituirá como la
base imponible sobre la cual se aplique la tasa del Impuesto.
V. TASA
La tasa es de 5 por ciento sobre el valor “original“ de adquisición,
importación o ingreso al patrimonio, el que en ningún caso
será menor a los valores referenciales que para el año 2005 fueran
aprobados por la R.M. Nº 163-2005-EF/15.
VI. DECLARACION JURADA (13)
2003
2004
2005
1. Declaración anual
Los sujetos del Impuesto deben presentar anualmente, hasta el
último día hábil del mes de marzo de cada año (31 de marzo
para el año 2005), una declaración jurada ante el órgano administrador
del tributo, matriculada la embarcación afecta, en los
–––––
(8) La simplificación de la administración del IER y la capacidad de gestión de la SUNAT
habrían sido las razones para que ésta asuma la condición de ente administrador de
este tributo, con ello se esperaría mejorar el rendimiento de este recurso para el
FONCOMÚN. Pese a dicho planteamiento, debe tenerse presente que actualmente la
SUNAT tiene a su cargo una infinidad de funciones que, con este nuevo, puedan
generar una disminución de su eficiencia.
(9) El artículo 4° del D. S. N° 035-2005-EF ha dispuesto que la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas deberá proporcionar a la SUNAT la información que ésta
le solicite para efecto del control y administración del IER, en la forma, plazo y condiciones
que disponga dicha Superintendencia.
(10) El MEF en su proyecto de reglamento de la LTM consideró que dicha tabla debía
aprobarse dentro del primer mes del ejercicio gravable del impuesto, con el fin de
agilizar la comunicación entre la Administración Tributaria y el contribuyente.
(11) La exposición de motivos del proyecto de modificación de la LTM, publicado el 28 de
noviembre de 2003, señaló que al considerar expresamente un valor de ajuste por
antigüedad de la embarcación de recreo se cubriría un vacío legal y, entonces, el
cálculo se haría en base al uso de un factor tomando en consideración los porcentajes
de depreciación señalados en la legislación del Impuesto a la Renta.
(12) La Tabla de Valores Referenciales a utilizar en la determinación de la base imponible
del IER, ha sido elaborada con información proporcionada por la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas, entidad con la que se ha coordinado ante la poca
difusión de información especializada sobre los precios de las embarcaciones.
(13) El MEF en su proyecto de reglamento de la LTM consideró facultar a la SUNAT para
que pueda establecer las normas referidas a la presentación de la Declaración Jurada
y pago del IER, lo que finalmente no ha ocurrido hasta la fecha.
ABRIL 2005 25

INFORME TRIBUTARIO MUNICIPAL
formularios que para tal efecto deberá proporcionarse con oportunidad
(14) .
2. Declaración por transferencias de dominio
La declaración jurada deberá presentarse hasta el último día
hábil del mes siguiente de producido tal hecho. Asimismo, el transferente
deberá acreditar ante el órgano administrador del tributo
el pago total del Impuesto que le corresponde dentro del plazo
señalado. Como ya lo mencionamos, el adquirente de la embarcación
será considerado como sujeto del Impuesto a partir del 1
de enero del año siguiente al de su adquisición.
3. Embarcaciones afectas de propiedad de sucesiones indivisas
En este caso la declaración jurada será presentada por el albacea
o el representante legal.
4. Supuesto de declaración jurada rectificatoria
Deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días posteriores
de ocurrida la destrucción, siniestro o cualquier hecho que disminuya
el valor de la embarcación afecta en más del cincuenta por
ciento (50%), lo que deberá ser acreditado fehacientemente ante
el órgano administrador del tributo.
La mencionada declaración tendrá efectos tributarios a partir
del año siguiente a aquel en que fuera presentada.
VII. PAGO DEL IMPUESTO
La LTM señala que deberá cancelarse dentro del plazo establecido
en el Código Tributario (15) , con lo que se habría derogado
tácitamente el artículo 13° del Reglamento, que regulaba la forma
de pago. Sin embargo, el D.S. Nº 035-2005-EF ha considera dos
formas de pago para el ejercicio 2005 (16) :
1. Pago al contado
El pago al contado del IER correspondiente al período 2005
se podrá efectuar hasta el 29 de abril de 2005.
2. Pago fraccionado
Hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso la primera
cuota será equivalente a un cuarto del Impuesto total resultante y
deberá pagarse hasta el 29 de abril próximo. Las cuotas restantes
serán canceladas hasta el último día hábil de los meses de junio,
setiembre y diciembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la
variación acumulada del Indice de Precios al Por Mayor (IPM) que
publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
por el período comprendido desde el vencimiento del pago de la
primera cuota y el mes precedente al del pago.
amigo de Pedro, ya que éste se encontraba de viaje en el extranjero.
2. Cálculo del IER 2005
Primer paso: Determinar si se ha configurado el hecho imponible
La moto náutica es un bien considerado como embarcación de
recreo, conforme el D. S. Nº 035-2005-EF. Aunque dicho bien ya no
se encuentre en el país, el mismo se encuentra en el ámbito de aplicación
del IER, conforme lo señala el artículo 2° del Reglamento.
Segundo paso: Determinar al contribuyente
Ni la LTM ni su Reglamento han contemplado la prelación entre
el propietario y el poseedor, para considerarlo contribuyente
del IER.
En nuestro caso, lo apropiado sería considerar como contribuyente
a Juan, en vista que usó el bien afecto hasta febrero de
2005.
Tercer paso: Declaración jurada
Juan, como contribuyente, debió presentar su declaración jurada
anual del año 2005 ante las oficinas de la SUNAT. A la
fecha esta entidad no ha emitido ninguna norma que regule la
forma de cumplimiento de esta obligación formal.
Cuarto paso: Determinar el impuesto a pagar
a) Determinar la base imponible
• El valor de adquisición, es decir US$ 1,000 debe convertirse
a moneda nacional, tomando en cuenta el tipo de
cambio indicado en la R. M. Nº 163-2005-EF/15, que es
S/. 2.67, obteniendo S/. 2,670 (1,000 x 2.67).
• Este monto resultante debe compararse con el Valor Referencial
que aparece en las Tablas correspondientes, y tomar
el mayor valor.
• Así entonces, S/. 3,760 constituye la base imponible del
IER 2005 del caso planteado.
b) Aplicación de la tasa
• Se aplica la tasa única del IER, cual es 5 %. Así en nuestro
caso:
S/. 3,760 x 5 % = S/. 188
• Entonces, el IER a pagar debe ser de S/. 188, al contado o
en forma fraccionada, en ambos casos hasta el 29 de abril
próximo (total o primera cuota respectivamente).
Número de Cuota
Única cuota
Pago del IER 2005
Cuadro Nº 3
Pago al contado
Monto
Impuesto Total
Vencimiento
29 de abril
Número de Cuota
1ª
2ª
3ª
4ª
VIII. CASO PRÁCTICO
Pago fraccionado (17)
Monto
1/4 Impuesto Total
1/4 Impuesto Total
1/4 Impuesto Total
1/4 Impuesto Total
Vencimiento
29 de abril
30 de junio
29 de setiembre
29 de diciembre
1. Situación
Pedro tiene una moto náutica que fue comprada el 13 de mayo
año 1997 por el monto de US$ 1,000. Desde enero de 2004
hasta febrero de 2005 la moto náutica fue utilizada por Juan,
–––––
(14) Como quiera que este año no se ha difundido adecuadamente el cambio del órgano
administrador, el MEF debería emitir un Decreto Supremo donde se contemple el procedimiento
para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios del IER.
(15) El artículo 29° y sgtes. del Código Tributario, cuyo TUO fue aprobado por D S. N°
135-99-EF, regula la forma de efectuar el pago de una deuda tributaria.
(16) La Dirección General de Capitanías y Guardacostas transferirá a la SUNAT toda información
al 31 de diciembre de 2004 relacionada a la deuda generada por la aplicación
del IER, en un plazo que no excederá de sesenta (60) días hábiles contados a
partir del 17 de marzo de 2005.
(17) No hay dispositivo legal que señale que las tres cuotas restantes deban ser del mismo
valor, en ese sentido podrían ser cuotas progresivas amortizables hasta su total cancelación;
sin embargo, se ha entendido y aplicado que estas cuotas son iguales.
26
ABRIL 2005

PERSPECTIVAS
Informe OCDE sobre
Precios de Transferencia en México
(Primera Parte)
Moisés Curiel García (*)
Armando Cabrera Nolasco (**)
INTRODUCCIÓN
Recientemente el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (“OCDE”) publicó
su informe sobre la situación que guarda la legislación, la
práctica y la experiencia de México en la aplicación de reglas
internacionales de precios de transferencia.
Este informe destaca el papel de México como pionero en la
aplicación de las Directrices de Precios de Transferencia de 1995
(en adelante, las Directrices) en América Latina (1) . Sin embargo,
reconoce la necesidad de modificar el marco regulatorio actual
mejorando la práctica de precios de transferencia e incrementando
los programas de fiscalización del país.
El Informe de la OCDE (en adelante, el Informe) recomienda a
México el establecimiento de reglas claras o procedimientos específicos
sobre cómo aplicar el Arm’s Length Principle (Principio de
Plena Competencia) en temas relacionados con los acuerdos de
contribución de costos, intangibles, servicios intra-grupo, préstamos
respaldados y capitalización delgada (2) .
Para los revisores de la OCDE, los métodos de precios de transferencia
y el análisis de comparabilidad son los dos retos importantes
que enfrenta la práctica de precios de transferencia en México.
Según el Informe, el país se caracteriza por la aplicación sistemática
de métodos “no-tradicionales” y el uso de comparables
“imperfectos”, lo cual, podría no ser consistente con las Directrices.
No obstante, debe reconocerse que la falta de información
pública de operaciones o empresas mexicanas comparables, es
un obstáculo para la aplicación correcta del Principio de Plena
Competencia. Sobre estos temas México y la OCDE deben esforzase
para encontrar una solución.
Con relación al programa de precios de transferencia para
empresas “maquiladoras”, el Informe destaca la experiencia acumulada
en México en esta materia y reconoce que su modelo puede
servir de base para otros países con regímenes similares. Sin
embargo, agrega la OCDE, es necesario que México modifique
su programa actual del “safe harbor”, ya que su aplicación va en
contra del espíritu del Modelo Convenio para Evitar la Doble Tributación
de la OCDE.
Por último, el Informe aborda el tema de la “deducibilidad” de
los gastos intercompañía. En su Informe, dicho Organismo recomienda
a las autoridades fiscales mexicanas adoptar un criterio
más acorde con el Principio de Plena Competencia ya que al parecer,
es un criterio general adoptado por la autoridad el de pro-
hibir la deducción (“no-deducibilidad”) de los gastos intercompañía
cuando el contribuyente no cumple satisfactoriamente con la
documentación comprobatoria de operaciones con partes relacionadas
del extranjero. Es indispensable, según la OCDE, que las
autoridades mexicanas enfoquen su proceso de fiscalización en el
análisis del “fondo” y no de “forma” (3) .
En este artículo presentamos las conclusiones y nuestros comentarios
respecto al Informe sobre la legislación, práctica y experiencia
de México en la aplicación de reglas internacionales de
precios de transferencia. No es el propósito del artículo analizar y
discutir a fondo estas conclusiones; nuestro interés principal es
difundir entre la comunidad interesada, los temas de mayor relevancia
en esta materia, así como proponer la agenda de los temas
que debieran ser analizados por un grupo de trabajo conformado
por las autoridades fiscales de México, los contribuyentes y los
asesores fiscales.
I. EL PROCESO DE REVISIÓN
El 13 de mayo de 1994, México se integró formalmente a la
OCDE. Como parte de los compromisos que establece dicho Organismo,
México adoptó las reglas internacionales de precios de
transferencia como mecanismo para resolver las controversias en
esta materia. Los procedimientos de monitoreo son realizados por
el grupo de trabajo Nº 6 (en adelante, WP6) del Comité de Asun-
––––
(*) Socio Director de Precios de Transferencia para México y Latinoamérica de Baker &
McKenzie.
(**) Asociado Director del Sector Financiero del Grupo de Precios de Transferencia de
Baker & McKenzie. Como coautora participó Angélica Parga-Echeverri, asociada y
coordinadora de la práctica de Precios de Transferencia de Baker & McKenzie en
Perú.
(1) Las Directrices de Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones
Fiscales constituyen la revisión del Informe sobre “Precios de Transferencia y
Empresas Multinacionales” (1979). El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE los
aprobó el 27 de junio de 1995 y el Consejo de la OCDE decidió publicarlos el 13 de
julio de 1995. Estas Directrices contienen las reglas y procedimientos técnicos y administrativos
que los países miembros de la OCDE se comprometen a aplicar en la resolución
y disputas de precios de transferencia.
(2) Este reporte fue elaborado antes de los recientes cambios al artículo 32° de la Ley del
Impuesto sobre la Renta en México.
(3) Esta situación en la actualidad ya fue corregida a consecuencia de los cambios efectuados
hace un año en el Servicio de Administración Tributaria, ya que ahora la recién
creada Administración Central de Precios de Transferencia dependiente de la Administración
General de Grandes Contribuyentes, está resolviendo los asuntos basada
en el fondo, a través de ajustes técnicos a las deducciones o a los ingresos, alejándose
del rechazo de las deducciones totales por formalismos, actitud que consideramos
plausible.
ABRIL 2005 27

PERSPECTIVAS
tos Fiscales de la OCDE y tienen como objetivo identificar los riesgos
potenciales que enfrentan los países miembros al aplicar las
reglas de precios de transferencia, además de promover las mejores
prácticas de los otros países miembros. Es importante aclarar
que no se trata de temas de arbitraje.
Estos procedimientos fueron definidos en abril de 1998 como
respuesta a la petición realizada por los miembros del comité del
WP6. Dichos procedimientos dictan cómo se debe desarrollar el
monitoreo de la aplicación de las guías de precios de transferencia,
incluso sugieren cómo debe ser la participación de los miembros
del Business and Industry Advisory Committee to the OECD
(BIAC) (4) . Los procedimientos en cuestión se dividen en: revisiones
de temas (issue reviews), revisiones limitadas (limited reviews) y
revisiones completas (full reviews).
Revisiones de temas.- Consisten en observar los enfoques tomados
por los países miembros sobre algún asunto específico, por
ejemplo la forma de conducir las auditorías o los procedimientos
de autoridad competente.
Revisiones limitadas.- Consisten en observar el enfoque de
uno o más países involucrados en la narrativa de un tema particular.
Este tema puede provenir de fuentes diferentes al país o a los
países involucrados, por ejemplo el BIAC.
Revisiones completas.- Están dirigidas a un país seleccionado
para ver la correcta aplicación e interpretación de la legislación,
práctica y experiencia bajo las Directrices.
México se propuso voluntariamente para ser sujeto a una revisión
completa. Los temas analizados incluyeron las reglas de cumplimiento
de precios de transferencia, la aplicación del Principio
de Plena Competencia, los métodos de precios de transferencia, el
programa de fiscalización, el programa de acuerdos anticipados
de precios (APA’s) y en general, el análisis de la práctica y experiencia
de nuestro país en la aplicación de dichas Directrices.
El proceso de revisión se llevó a cabo por Canadá y Alemania
(países seleccionados como revisores), así como por John Neighbour,
funcionario de la Secretaría de la OCDE. Los revisores de la
OCDE tuvieron la oportunidad de entrevistarse con funcionarios
del SAT (5) , la comunidad de negocios de México, miembros del
BIAC y algunos asesores fiscales. La Ciudad de México y Ciudad
Juárez fueron las sedes de las juntas en el mes de marzo de 2003.
El Informe está basado en las reglas existentes y experiencia
de México a marzo de 2003, por lo que las modificaciones a la
legislación de precios de transferencia mexicana, o a su operación
y práctica, realizadas en fechas posteriores a la señalada
como período de revisión, no están contempladas en el mismo.
Como ejemplo de esto último, podemos mencionar la creación de
la nueva Administración Central de Precios de Transferencia en
diciembre de 2003 y la implementación de las reglas de capitalización
recientemente incorporadas en la Ley del Impuesto sobre la
Renta (LISR) de 2005.
II. LOS COMENTARIOS DE LA OCDE
1. Estado Actual de la Legislación Mexicana. El Informe reconoce
que en términos generales la legislación de precios de transferencia
mexicana está acorde con las Directrices.
El Informe señala como conveniente que las autoridades fiscales
mexicanas establezcan definiciones y directrices sobre la aplicación
del Principio de Plena Competencia en temas tales como
los acuerdos de contribución de costos, activos intangibles, servicios
intra-grupo, planes de acción o compensación para empleados,
préstamos respaldados entre partes relacionadas y capitalización
delgada.
Además de lo anterior, algunos contribuyentes y asesores fiscales
han sugerido que las autoridades fiscales desarrollen reglas
o directrices específicas sobre temas relacionados con el reconocimiento
de las transacciones actuales, el uso de información de
múltiples años, las estrategias de negocios, el análisis de las transacciones
combinadas y separadas, las compensaciones intencionales,
los ajustes secundarios y de correspondencia, así como para
el procedimiento de acuerdo mutuo.
2. Métodos de Precios de Transferencia. Una de las mayores
preocupaciones de la OCDE es el tema relativo a los métodos de
precios de transferencia. Según el Informe, la aplicación del Principio
de Plena Competencia en México está basada en el uso sistemático
de métodos “no-tradicionales”, principalmente el denominado
Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación;
esta situación no parece ser muy consistente con las Directrices.
La legislación mexicana no impone una jerarquía explícita de
los métodos de precios de transferencia, por lo que el contribuyente
determina discrecionalmente el método aplicable y las autoridades
examinan el cumplimiento del Principio de Plena Competencia
con base en el método seleccionado por el contribuyente.
Sobre este punto, las autoridades fiscales mexicanas manifestaron
que el derecho federal común no les permite sustituir el método
seleccionado por el contribuyente a menos que el primero sea
inaplicable o su aplicación conlleve a resultados inconsistentes o
poco confiables en contravención del derecho fiscal. Según la
OCDE, la falta de reglas específicas en esta materia vuelve dependiente
a la autoridad de las prácticas de cumplimiento del contribuyente.
En consecuencia, el Informe recomienda a las autoridades fiscales
de México desarrollar reglas específicas para la aplicación
correcta de los métodos de precios de transferencia, lo cual podría
incluir una regla del “mejor método” o un procedimiento jerarquizado
de aplicación de dichos métodos, conforme a lo establecido
en las Directrices.
Adicionalmente, las autoridades fiscales mexicanas se han
comprometido a promover el uso de los métodos “tradicionales
transaccionales” (6) sobre los métodos “transaccionales de utilidad
de operación” (7) , por lo que podría preverse un cambio en el criterio
aplicado por el gobierno mexicano en la aceptación de los
métodos de precios de transferencia (8) (9) .
Respecto al Método de Precio de Reventa el Informe estipula
que la definición que contempla la LISR difiere de la establecida
en el párrafo 2.14 de las Directrices. En términos prácticos, agrega
el Informe, que mientras el método de las Directrices siempre
inicia con el precio al que un producto ha sido comprado a una
empresa asociada y es revendido a una empresa independiente,
en la definición de la legislación mexicana parece permitir la aplicación
del Método de Precio de Reventa desde el precio cargado
en una transacción no controlada (10) .
––––
(4) BIAC son las siglas con las que se conoce a la comunidad empresarial internacional
que participa activamente en los temas de precios de transferencia.
(5) El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la Administración Central
de Precios de Transferencia (antes, Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional),
es la autoridad fiscal encargada de las tareas de la administración y fiscalización
de precios de transferencia en México.
(6) Precio Comparable No-Controlado, Precio de Reventa y Costo Adicionado.
(7) Partición de Utilidades, Residual de Partición de Utilidades y Transaccional de Márgenes
de Utilidad de Operación.
(8) Al respecto parecería que la autoridad intenta cumplir con dichas recomendaciones al
incluir en el penúltimo párrafo del artículo 45-H de la LISR de 2005 la utilización
exclusiva de los métodos tradicionales.
(9) Para el caso de la fracción XXVI del artículo 32° de la LISR de 2005, la limitante está
basada en utilizar los métodos de utilidad de operación, lo que representa una contradicción
al Informe.
(10) Esto se podría corregir si se establece en el texto de la fracción II del artículo 216° de
la LISR la incorporación de las palabras “proveniente de partes relacionadas” después
de “....adquisición del bien....” Y las palabras “de operaciones realizadas con
partes independientes” después de la frase “.......multiplicando el precio de reventa”.
28
ABRIL 2005

PERSPECTIVAS
3. Comparables. Otra de las principales preocupaciones de
la OCDE es el tema relacionado con el análisis de comparabilidad.
El Informe cuestiona el uso generalizado de empresas internacionales
como comparables. En México generalmente se utilizan
compañías de Estados Unidos como comparables, cuando
debería prevalecer el uso de comparables “internos” o comparables
“externos nacionales”. La práctica actual, agrega el Informe,
podría no ser consistente con las Directrices.
La experiencia de México, nos indica que el país “no ha puesto
suficiente atención en el análisis de comparables internos, como
regla principal para establecer la comparabilidad entre operaciones
relacionadas e independientes”. El Informe recomienda que
México trabaje promoviendo el uso de comparables “internos”
como regla general.
El Informe reconoce que el uso generalizado de comparables
internacionales es resultado, en muchos casos, de la falta de información
pública de operaciones y empresas independientes mexicanas.
La práctica mexicana utiliza dichas comparables, señala el
Informe, porque no existe suficiente información pública para un
análisis correcto de precios de transferencia. Por lo tanto, el uso
de estas comparables internacionales resuelve parcialmente el problema
de la comparabilidad, aunque también plantea retos importantes
sobre el grado de comparabilidad y consistencia, las
distorsiones financieras y los ajustes que se requieren para lograr
una comparabilidad óptima. Sobre estos temas el Informe no emite
una conclusión o recomendación específica al respecto.
4. Ajustes para la Comparabilidad. El Informe señala que,
en términos generales, la legislación y práctica de precios de transferencia
en México consideran los factores de comparabilidad que
establecen las Directrices, esto es, el análisis de las características
de los productos y/o servicios, las funciones, activos y riesgos, los
términos contractuales, las estrategias de negocios y las circunstancias
económicas. Sin embargo, reconoce que la aplicación del
Principio de Plena Competencia en México está basado fundamentalmente
en el uso de comparables internacionales.
Es necesario, señala el Informe, someter a prueba el grado de
consistencia y comparabilidad que existe cuando se comparan
empresas mexicanas y comparables internacionales. México debe
cuestionarse, dice la OCDE, sobre la necesidad de aplicar ajustes
por diferencias en principios de contabilidad entre México y Estados
Unidos. También es necesario evaluar el impacto, en los márgenes
de rentabilidad comparados, que pueden producir las diferencias
económicas entre México y Estados Unidos cuando se aplican
métodos “no-tradicionales” para evaluar el cumplimiento del
Principio de Plena Competencia.
Otro de los temas importantes es el relativo a los ajustes por
inflación. La legislación mexicana requiere que los contribuyentes
reconozcan el efecto de la inflación en sus estados financieros conforme
a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Ésta práctica, señala el Informe, puede generar una doble tributación
contraviniendo el espíritu del Modelo Convenio. Sin embargo,
conviene reconocer que la inflación es un tema fundamental en países
con efectos inflacionarios considerables, como puede ser el caso
de México y otros países de América Latina. Por el momento, la
OCDE no tiene una conclusión o recomendación específica sobre el
tema. El Comité de Asuntos Fiscales, concluye el Informe, está trabajando
en este tema con la finalidad de emitir una postura (11) .
El Informe también señala que, además del tema de la inflación,
el Comité de Asuntos Fiscales trabaja en el análisis de los
ajustes por diferencias en principios de contabilidad, costos salariales,
mercados geográficos, riesgo país, activos operativos y otras
diferencias que pueden tener un impacto significativo cuando se
comparan empresas de distintos países o mercados (12) .
Para eliminar parcialmente esa problemática, se recomienda
que las autoridades fiscales, los contribuyentes y sus asesores fiscales
promuevan como regla general el uso de comparables “internos”
cuando sea posible (13) .
La adopción de la regla del mejor método o el desarrollo de
criterios específicos sobre la jerarquía de los métodos, aunado al
uso de comparables “internos”, contribuirá significativamente a
mejorar la práctica de precios de transferencia en México y consecuentemente
en América Latina, concluye el Informe.
5. Métodos Estadísticos. El Informe señala que en México es
práctica común la aplicación generalizada del rango intercuartil,
promediando la información de varios años de las comparables.
Con respecto al rango intercuartil, según la OCDE, cuando
todas las comparables cumplen satisfactoriamente con el requisito
de comparabilidad, se debe aplicar como regla general el rango
total. Si el análisis arroja un grado consistente de comparabilidad,
no hay razón para aplicar el rango intercuartil, agrega la
OCDE, ya que esto parece carecer de sustancia económica y no
es acorde con las Directrices.
Las autoridades fiscales de México no están de acuerdo con el
punto de vista de los revisores de la OCDE. En la opinión de México,
el rango intercuartil es la herramienta estadística más simple y
mejor entendida para resolver los problemas que genera la comparabilidad
entre empresas mexicanas y comparables internacionales
(14) .
Al respecto, el Informe se limita a señalar que además de
México existen otros países miembros de la OCDE que aplican
consistentemente el método del rango intercuartil para demostrar
el cumplimiento del Principio de Plena Competencia, por lo que es
conveniente, concluye el Informe, evaluar el tema y emitir posteriormente
una conclusión consensuada.
En el tema de los promedios estadísticos, se señala que México
tiene como práctica común promediar la información de varios
años (tres años (15) de las empresas comparables pero no de la
empresa evaluada) y de esta forma calcular el rango intercuartil.
Al respecto, los revisores de la OCDE tienen la impresión de que
esta práctica prevalece como regla general en México, sin considerar
la racionalidad del mismo bajo los hechos y circunstancias
económicas de la transacción analizada.
El Informe concluye que el uso de información promediada de
varios años, únicamente puede ser de utilidad cuando el análisis
de precios de transferencia determine la necesidad de evaluar el
ciclo de un producto o mercado, pero la regla general agrega la
OCDE, debería ser el análisis del año particular de las operaciones
o empresas sujetas a revisión.
–––––
(11) Por nuestra experiencia conocemos que es postura de la Administración Central de
Precios de Transferencia requerir en los estudios la utilización de cifras reexpresadas o
en su defecto utilizar la depreciación fiscal en vez de la contable, para la obtención del
margen de utilidad a comparar cuando se aplican comparables externos, situación
que resulta más complicada cuando se analizan diferentes transacciones. La complejidad
de este tema obliga a un estudio detallado que desarrollaremos en otro trabajo.
(12) La comparación con empresas extranjeras es un tema relevante, toda vez que además
de México el resto de Latinoamérica con reglas de precios de transferencia está llevando
a cabo su utilización. La resolución o comentarios que emita la OCDE puede ayudar
a nuestros países a mejorar su aplicación del Principio de Plena Competencia.
(13) Por promoción debe entenderse, principalmente, la disponibilidad y cooperación de
los contribuyentes para proporcionar la información de sus operaciones comparables
con partes independientes.
(14) En caso de que México mantenga la utilización del rango intercuartil, recomendamos
modificar el penúltimo párrafo del artículo 216° de la LISR, ya que del mismo se
desprende que “... cuando existan dos o más operaciones comparables se podrá
obtener un rango...” Sin embargo, el rango intercuartil no se puede obtener con dos
comparables. Incluso sabemos que para algunos casos, en la práctica el SAT utiliza
máximos y mínimos cuando obtiene cuatro comparables o menos.
(15) La información incluida en los paréntesis es un comentario de los autores.
ABRIL 2005 29

CONSULTA INSTITUCIONAL
Impuesto General a las Ventas
Venta de bienes adquiridos
para realizar operaciones exoneradas o inafectas
INFORME Nº 205-2004-SUNAT/2B0000
Lima, 2 de noviembre de 2004
MATERIA:
Se formulan las siguientes consultas vinculadas con los alcances
del artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo:
1. ¿De qué modo se produce la acreditación de la condición relacionada
con el giro del negocio: únicamente con el objeto
social consignado en el Estatuto de la empresa o con el giro
declarado por el contribuyente al inscribirse en el RUC? ¿Qué
ocurre cuando el giro del negocio es consecuencia de un mandato
legal?, ¿o se trata de una situación de hecho; es decir,
independientemente del giro declarado ante SUNAT, o previsto
en el Estatuto o en la ley, que el contribuyente realice –de
hecho– exclusivamente actividades exoneradas o inafectas?
2. En todo caso, ¿es requisito que la realización de actividades
exoneradas o inafectas se dé por un plazo o período mínimo
determinado, para que la posterior venta del bien que fue adquirido
exclusivamente para la ejecución de tales actividades
resulte beneficiada con la exoneración?
BASE LEGAL:
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto
Supremo Nº 055-99-EF (1) y normas modificatorias (en adelante,
TUO de la Ley del IGV).
– Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por
Decreto Supremo Nº 135-99-EF (2) y normas modificatorias (en
adelante, TUO del Código Tributario).
– Decreto Legislativo Nº 943 (3) , que aprueba la Ley del Registro
Único de Contribuyentes.
– Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT (4) , que
aprueba las Disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo
Nº 943.
ANÁLISIS:
En principio, entendemos que la primera consulta está orientada
a determinar cuál es la forma en que el contribuyente (persona
jurídica) debe acreditar que el giro o negocio de su empresa es la
de realizar exclusivamente las operaciones exoneradas contenidas
en los Apéndices I y II del TUO de la Ley del IGV u operaciones
inafectas, a efecto de gozar de la exoneración contenida en el
segundo párrafo del artículo 5° de dicho TUO.
Bajo esta premisa, cabe señalar lo siguiente:
1. El artículo 5° del TUO de la Ley del IGV dispone que están
exoneradas del Impuesto General a las Ventas (IGV) las operaciones
contenidas en los Apéndices I y II.
Agrega la norma que también se encuentran exonerados los
contribuyentes del Impuesto cuyo giro o negocio consiste en
realizar exclusivamente las operaciones exoneradas a que se
refiere el párrafo anterior u operaciones inafectas, cuando vendan
bienes que fueron adquiridos o producidos para ser utilizados
en forma exclusiva en dichas operaciones exoneradas
o inafectas.
De la norma glosada fluye que, a fin que la venta de bienes
adquiridos o producidos para ser utilizados en operaciones
exoneradas o inafectas del IGV, se encuentre exonerada de
este impuesto, deben reunirse los siguientes requisitos (5) :
a. El giro o negocio del vendedor debe ser realizar exclusivamente
las operaciones exoneradas contenidas en los Apéndices
I y II del TUO de la Ley del IGV u operaciones inafectas.
b. Los bienes materia de la venta deben haber sido adquiridos
o producidos para ser utilizados en forma exclusiva en
dichas operaciones exoneradas o inafectas.
Es del caso indicar que ni el TUO de la Ley del IGV ni su norma
reglamentaria han establecido la forma en que el vendedor
debe acreditar que el giro o negocio de su empresa es la de
realizar «exclusivamente» las operaciones exoneradas contenidas
en los Apéndices I y II de dicho TUO u operaciones inafectas.
2. De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a)
del artículo 2° del Decreto Legislativo Nº 943, deben inscribirse
en el RUC a cargo de la SUNAT, todas las personas naturales
o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u
otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados
o no en el país, que sean contribuyentes y/o responsables de
tributos administrados por la SUNAT, conforme a las leyes vigentes.
Por su parte, el Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia
Nº 210-2004/SUNAT detalla los requisitos generales que deben
presentarse o exhibirse a efectos de inscribirse en el RUC.
Así, se tiene que las personas jurídicas deberán exhibir el original
y presentar fotocopia de la ficha registral o partida electrónica
con la fecha de inscripción en los Registros Públicos.
Asimismo, el referido anexo establece como requisito específico
exhibir el original y presentar fotocopia simple del Testimonio
de la Escritura Pública de Constitución o de la Resolución
Jefatural, según corresponda.
Como se puede apreciar, para la inscripción en el RUC, las
personas jurídicas deben exhibir el Testimonio de la Escritura
Pública de Constitución o de la Resolución Jefatural inscrita en
los Registros Públicos, según corresponda; a fin de informar,
entre otros aspectos, la actividad a la cual se va a dedicar la
––––––
(1) Publicado el 15.4.1999.
(2) Publicado el 19.8.1999.
(3) Publicado el 20.12.2003.
(4) Publicada el 18.9.2004.
(5) Tal como se sostuviera en el Informe Nº 007-2001-K00000 del 30.1.2001.
30
ABRIL 2005

CONSULTA INSTITUCIONAL
empresa. En buena cuenta, podría afirmarse que en principio,
la persona jurídica acredita el giro o negocio de su empresa
(objeto social) con lo señalado en sus Estatutos.
3. Ahora bien, el artículo 59° del TUO del Código Tributario señala
que por el acto de la determinación de la obligación tributaria:
a. El deudor tributario verifica la realización del hecho generador
de la obligación tributaria, señala la base imponible
y la cuantía del tributo.
b. La Administración Tributaria verifica la realización del hecho
generador de la obligación tributaria, identifica al deudor
tributario, señala la base imponible y la cuantía del
tributo.
De otro lado, el artículo 61° del citado TUO establece que la
determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor
tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la
Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando
constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada,
emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de
Pago o Resolución de Multa.
Asimismo, el segundo párrafo del artículo 62° del TUO bajo
comentario dispone que el ejercicio de la función fiscalizadora
incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento
de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen
de inafectación, exoneración o beneficios tributarios.
De las normas antes glosadas se desprende que la Administración
Tributaria tiene la facultad de verificar y/o fiscalizar
cualquier acto realizado por el contribuyente, incluyendo la
información que los mismos proporcionen o declaren ante la
Administración Tributaria, extendiéndose dicha facultad, inclusive
a aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración
o beneficios tributarios.
4. En consecuencia, y atendiendo a la primera consulta, cabe
señalar que a efecto de gozar de la exoneración contenida en
el segundo párrafo del artículo 5° del TUO de la Ley del IGV,
las normas que regulan el IGV no han establecido la forma en
que el contribuyente debe acreditar que se dedica exclusivamente
a realizar las operaciones exoneradas contenidas en
los Apéndices I y II del TUO de la Ley del IGV u operaciones
inafectas. En tal sentido, si bien en principio, el giro o negocio
de una persona jurídica se encuentra acreditado en el RUC
(considerando lo declarado en la escritura pública de constitución
como objeto social), la Administración Tributaria, en ejercicio
de su función fiscalizadora, puede verificar y/o fiscalizar
la información inicialmente proporcionada por los contribuyentes,
determinando, por ejemplo, si la actividad declarada
por los mismos coincide con la que efectivamente esté realizando
en la práctica.
Por consiguiente, no resulta suficiente que el contribuyente hubiera
declarado ante la SUNAT o consignado en los Estatutos
de su empresa que el giro o actividad de la misma consiste en
realizar exclusivamente las operaciones exoneradas contenidas
en los Apéndices I y II del TUO de la Ley del IGV u operaciones
inafectas, sino que es necesario verificar en cada caso
en particular si efectivamente dicho contribuyente realiza de
manera «exclusiva» las operaciones antes mencionadas. Esta
misma afirmación resulta válida aun cuando el giro o actividad
realizada por la empresa obedezca a un mandato legal.
De otro lado, debe tenerse en cuenta que si el contribuyente
realizara actividades distintas a las declaradas ante la SU-
NAT, deberá comunicar dicha modificación, siguiendo el procedimiento
establecido en la Resolución de Superintendencia
Nº 210-2004/SUNAT.
5. En lo que se refiere a la segunda interrogante, cabe indicar
que para que opere la exoneración dispuesta por el segundo
párrafo del artículo 5° del TUO de la Ley del IGV es necesario
que los bienes materia de la venta deban haber sido adquiridos
o producidos para ser utilizados exclusivamente en las
operaciones exoneradas detalladas en los Apéndices I y II o
en operaciones inafectas; sin que se haya señalado un período
mínimo de utilización de tales bienes o un plazo mínimo en
la realización de dichas operaciones exoneradas o inafectas.
Ahora bien, a efecto de determinar si el giro o negocio consiste
en realizar operaciones exoneradas o inafectas, deberá
apreciarse cada caso concreto.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que si bien no se ha
señalado un plazo mínimo en la realización de operaciones exoneradas
o inafectas, deberá verificarse que a la fecha de venta del
bien, el giro o negocio del vendedor consista en efectuar exclusivamente
las operaciones exoneradas contenidas en los Apéndices
I y II del TUO de la Ley del IGV u operaciones inafectas. En efecto,
de la redacción del segundo párrafo del artículo 5° del TUO de la
Ley del IGV, se desprende que el requisito de tener como giro o
negocio la realización de operaciones exoneradas detalladas en
los Apéndices I y II o inafectas debe cumplirse al momento de la
venta de los bienes que fueron adquiridos o producidos para efectuar
tales operaciones, pues la norma alude al giro o negocio que
consiste en realizar las operaciones señaladas.
CONCLUSIONES:
1. A efecto de gozar de la exoneración contenida en el segundo
párrafo del artículo 5° del TUO de la Ley del IGV, no resulta
suficiente que el contribuyente hubiera declarado ante la SU-
NAT o consignado en los Estatutos de su empresa que el giro o
negocio de la misma consiste en realizar exclusivamente las
operaciones exoneradas contenidas en los Apéndices I y II del
TUO de la Ley del IGV u operaciones inafectas, sino que es
necesario verificar en cada caso en particular si efectivamente
dicho contribuyente realiza de manera «exclusiva» las operaciones
antes mencionadas. Esta misma afirmación resulta válida
aun cuando el giro o actividad realizada por la empresa
obedezca a un mandato legal.
2. Para que opere la exoneración dispuesta por el segundo párrafo
del artículo 5° del TUO de la Ley del IGV es necesario
que los bienes materia de la venta deban haber sido adquiridos
o producidos para ser utilizados exclusivamente en las
operaciones exoneradas detalladas en los Apéndices I y II o
en operaciones inafectas; sin que se haya señalado un período
mínimo de utilización de tales bienes o un plazo mínimo en
la realización de dichas operaciones exoneradas o inafectas.
Atentamente,
CLARA ROSSANA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA
ABRIL 2005 31

CASUÍSTICA
Casos Prácticos
IMPUESTO A LA RENTA: Retenciones
en exceso 5ª categoría
PREGUNTA:
Un trabajador que percibe rentas de
primera, cuarta y quinta categoría nos indica
que se le han efectuado retenciones en
exceso de rentas de quinta categoría por el
ejercicio 2004. Nos consulta cuál es el procedimiento
que debe seguir para solicitar la
devolución de dicha retención en exceso.
RESPUESTA:
Las retenciones constituyen obligaciones
tributarias de cargo de sujetos que
por su relación con los contribuyentes de
determinado tributo son designados por
Ley para que retengan un porcentaje de
los importes a pagar por dichos contribuyentes
en calidad de pago adelantado
del impuesto y lo entreguen al fisco.
En lo que se refiere a las rentas de
quinta categoría, la obligación de efectuar
la retención se encuentra a cargo de
los sujetos que pagan dichas rentas (los
empleadores o contratantes) conforme a
lo dispuesto en los artículos 71° inciso a)
y 75° de la Ley del Impuesto a la Renta
cuyo TUO ha sido aprobado mediante
D. S. Nº 177-2004/SUNAT (en adelante
la LIR). Respecto a la devolución de las
retenciones de rentas de quinta categoría
efectuadas en exceso, la LIR y su Reglamento
sólo contienen disposiciones específicas
que regulan el supuesto de devolución
o compensación de retenciones
en exceso a trabajadores que perciben
exclusivamente renta de quinta categoría
y continúan laborando en la empresa o
en el caso de retenciones en exceso determinadas
al cese del vínculo laboral.
En tal sentido, consideramos que en
este caso serían aplicables las disposiciones
generales establecidas en la LIR y su
Reglamento y en el Código Tributario para
la devolución o compensación de pagos
en exceso, conforme lo ha indicado la Administración
Tributaria mediante Informe
Nº 0067-2001-SUNAT/K00000 del 17
de abril de 2001. Ello guarda coherencia
con el hecho que las personas naturales
que perciben más de un tipo de rentas,
como en el presente caso, se encuentran
obligadas a presentar declaración
jurada anual del IR en la que determinarán
el Impuesto a pagar y los créditos y
saldos a favor resultantes. Al respecto,
conforme a lo establecido por el inciso a)
del artículo 88° de la LIR en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 52° de
su Reglamento, las retenciones sufridas
por los contribuyentes con carácter de
pago a cuenta del IR, sobre las rentas del
ejercicio gravable constituyen un crédito
que se debe deducir del IR del ejercicio. En
este caso si luego de efectuar la compensación
de dichos créditos se determinara
que éstos exceden al IR del ejercicio, los
contribuyentes tendrían derecho a solicitar
la devolución de los mismos o a compensarlos
contra los futuros pagos a cuenta del
ejercicio conforme a lo establecido en el
segundo párrafo del artículo 87° de la LIR.
Como podemos ver en este caso, el
contribuyente deberá primero determinar
el IR correspondiente a todas sus rentas
obtenidas en el ejercicio, lo que implicará
que su renta neta global estará integrada
por las rentas de primera, cuarta y quinta
categorías que dicho sujeto ha obtenido.
Luego de ello el sujeto deberá deducir
de su IR del ejercicio los créditos tributarios
constituidos por los pagos a cuenta,
retenciones y otros conceptos indicados en
el artículo 88° de la LIR. Una vez realizada
dicha deducción solo si el importe de
los créditos con derecho a devolución (retenciones
y pagos a cuenta del IR) excede
del IR del ejercicio, el contribuyente podrá
solicitar la devolución o compensación
de dicho IR marcando la opción correspondiente
en su declaración jurada
anual del IR.
COMPROBANTES DE PAGO: Personas
que se dedica a prestar dinero
PREGUNTA:
Una persona natural dedicada a prestar
dinero, nos consulta qué comprobante
de pago debe emitir por los intereses
que recibe.
RESPUESTA:
Conforme a lo dispuesto por el numeral
2 del artículo 6° del Reglamento
de Comprobantes de Pago, aprobado por
la R. de S. Nº 007-99/SUNAT, están
obligadas a emitir comprobantes de pago
las personas naturales que presten servicios
a título gratuito u oneroso, siendo el
mutuo una operación en la que existe un
servicio de financiamiento.
Al respecto, el artículo 2° del RCP, señala
expresamente qué documentos serán
considerados comprobante de pago,
siempre que se cumplan con las demás
características y requisitos mínimos establecidos
por la misma norma.
De otro lado, el artículo 7° del RCP indica
las operaciones exceptuadas de la
obligación de emitir comprobantes de
pago, entre las cuales no se encuentra el
servicio de préstamo de dinero a título oneroso;
por lo que en virtud de lo señalado
en el inciso 2 del artículo 6° del RCP, existe
la obligación de emitir comprobante de
pago por la prestación de este servicio debido
a que se realiza la acción o prestación
a favor de un tercero, ya sea a título
gratuito u oneroso, como se define a “un
servicio”.
Sin embargo, en el segundo párrafo del
artículo 6° del RCP se menciona que, en el
caso de personas naturales, la obligación
de otorgar comprobantes de pago requiere
habitualidad, la que en caso de duda, será
determinada por la SUNAT tomando en
cuenta naturaleza, monto y frecuencia de
las operaciones. A la fecha no existen criterios
o elementos objetivos establecidos en la
normatividad que permitan identificar esta
habitualidad para efecto de la obligación
de entregar comprobantes de pago. Solamente
se ha regulado la habitualidad para
el caso del Impuesto a la Renta (artículo 4°
del TUO de la LIR) e Impuesto General a las
Ventas (artículo 4° de la LIGV e ISC).
Sin embargo, entendemos que al tratarse
de una persona natural que se dedica
habitualmente al préstamo de dinero,
estamos ya ante una actividad de tipo
empresarial que genera una renta de la
tercera categoría afecta al Impuesto a la
Renta, por lo que dicha persona natural
estará obligada a emitir comprobantes
de pago, además de las obligaciones
formales de inscripción en el RUC y presentación
de declaraciones juradas que
debe cumplir.
32
ABRIL 2005

CASUÍSTICA
RÉGIMEN DE GRADUALIDAD DE
SANCIONES: Subsanación con
pago
PREGUNTA:
Un contribuyente de rentas de tercera
categoría presentó fuera de plazo su PDT
IGV-Renta mensual del mes de febrero de
2005 habiendo cometido la infracción
establecida en el numeral 1 del artículo
176° del Código tributario. Al respecto,
nos consulta si es aplicable en el presente
caso el régimen de gradualidad de sanciones
y en ese caso cuál será el porcentaje
de rebaja si cumple con efectuar el
pago de la multa antes de cualquier notificación
de la Administración Tributaria.
RESPUESTA:
Conforme a lo establecido en la Tabla
I de Infracciones y Sanciones del Código
Tributario (1) sustituida mediante Dec.
Leg. Nº 953, constituye infracción tributaria
sancionada con una (1) UIT
(S/. 3,300.00 para el presente ejercicio)
no presentar las declaraciones que contengan
la determinación de la deuda tributaria
dentro de los plazos establecidos.
Sin embargo, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 166° del Código Tributario
que autoriza a la Administración Tributaria
a rebajar sus sanciones, la SU-
NAT ha establecido un Régimen de Gradualidad
de sanciones que ha sido regulado
para este tipo de infracciones en la
R. de S. Nº 159-2004/SUNAT (en adelante
la Resolución). Al respecto, en la
Resolución se establecen determinados
criterios y requisitos que una vez cumplidos
otorgan a los contribuyentes el derecho
a reducir las sanciones correspondientes
a la mayoría de las infracciones
establecidas en el Código Tributario.
En relación con la sanción de multa
aplicable por la comisión de la infracción
del numeral 1 del artículo 176° del
Código Tributario se establece como criterios
de gradualidad, la subsanación y/
o pago. Respecto a la subsanación, este
criterio es definido en el numeral 4.8 del
artículo 4°de la Resolución como “la regularización
de la obligación incumplida
en la forma y momento previsto en los
anexos respectivos, la cual puede ser voluntaria
o inducida”. En relación con la
subsanación, el Anexo II de la Resolución
indica que:
(i) La subsanción será voluntaria si
se subsana la infracción antes que
surta efecto la notificación de la
SUNAT en la que se le indica al
infractor que ha incurrido en infracción.
(ii) La subsanación será inducida si
se subsana la infracción antes del
plazo de tres días hábiles contados
a partir de la fecha en que
surta efecto la notificación de la
SUNAT en la que se le indica al
infractor que ha incurrido en infracción.
Respecto al pago, se indica en el numeral
4.6 del artículo 4° de la Resolución
que es la cancelación total de la
multa rebajada que corresponda según
los anexos respectivos, más los intereses
generados hasta el día en que se realice
la cancelación.
Ahora bien, respecto de la infracción
analizada se han establecido cuatro porcentajes
de rebaja que para poder ser
aplicados requieren del cumplimiento
conjunto de los criterios antes mencionados.
(Ver cuadro Nº 1).
En el presente caso, sabemos que el
contribuyente ha cumplido con presentar
su declaración jurada antes de que surta
efecto cualquier notificación o comunicación
efectuada por SUNAT respecto a la
infracción tributaria cometida, por lo que
se habría cumplido con el supuesto de
subsanación voluntaria indicado en el
Anexo II de la Resolución. En tal sentido,
dicho contribuyente ya habría ganado el
derecho a aplicar la rebaja de la sanción
de multa correspondiente a la subsanación
voluntaria quedando la duda
respecto a qué porcentaje aplicará: 80 o
90 por ciento. Al respecto debemos señalar
que no se ha regulado en la Resolución,
el plazo máximo en el que se debe
efectuar el pago, para que se entienda
cumplido el requisito de subsanación con
pago o subsanación sin pago. Una primera
posición en este tema podría indicarnos
que para obtener la rebaja del
90 por ciento la subsanación debería producirse
conjuntamente con el pago. Ello
Artículo del Código
Tributario
Artículo 176° Numeral 1
Descripción
de la infracción
Cuadro Nº 1
Forma de subsanar
la infracción
No presentar las declaraciones
Presentando
que contengan la
determinación de la obligación
tributaria:
– La declaración jurada
correspondiente
si omitió
– Si se omitió presentar la
declaración
presentarla
se podría concluir luego de analizar el
significado de la preposición “con” utilizada
para determinar el porcentaje de
rebaja del 90 por ciento (con pago). En
este aspecto, el Diccionario de la Academia
de la Lengua Española indica que
“con” es una preposición que significa:
el medio, modo o instrumento que sirve
para hacer alguna cosa. En una segunda
acepción nos indica que dicha preposición
expresa la circunstancia con que
sucede o se ejecuta alguna cosa y en otra
de las acepciones recogidas nos indica
que “con” significa “juntamente y en
compañía”.
En tal sentido, si el pago de la multa
se efectúa con posteridad a la subsanación
voluntaria sería aplicable la rebaja
del 80 por ciento, aun cuando se notificara
al contribuyente en relación con la
infracción pues la subsanación voluntaria
ya se produjo.
Una segunda posición, con menor
sustento señala que se entenderá cumplido
el requisito de subsanación voluntaria
con pago, si el pago de la infracción
se efectúa antes de que surta efecto
la notificación de la SUNAT en la que se
comunique al infractor que ha incurrido
en la infracción, es decir el mismo plazo
que se otorga para considerar como voluntaria
a la subsanación.
En atención a lo expuesto consideramos
que la primera posición tendría mayor
sustento por lo que en el presente
caso, el contribuyente tendría derecho a
pagar la multa con la rebaja del 80 por
ciento, lo que daría un importe a pagar
de S/. 660.00 más los intereses moratorios
generados hasta la fecha de pago
de la referida multa.
––––––
(1) El TUO vigente del Código Tributario ha sido aprobado
mediante D.S. Nº 135-99-EF
Subsanación voluntaria
Subsanación inducida
Sin pago Con pago Sin pago Con pago
80% 90% 50% 60%
ABRIL 2005 33

JURISPRUDENCIA DE AMPARO
La Demanda Contencioso Tributaria
y la Regla del Solve et repete
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE Nº: 3548-2003-AA/TC
PROCEDENCIA: LIMA
INTERESADO: GRUPO CARSA INC.
SENTENCIA (1)
En Lima, a los 28 días del mes de junio de
2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
con la asistencia de los magistrados Alva
Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia:
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por el
Grupo Carsa Inc. contra la resolución de la Sexta
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 164, su fecha 8 de mayo de 2003,
que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 5 de octubre de 2001,
interpone acción de amparo contra el Tribunal
Fiscal solicitando que se declare inaplicable la
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 538-4-2001,
mediante la cual se declara inadmisible su demanda
contencioso-administrativa interpuesta
contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1285-
4-2000, por no haber acreditado el pago de la
deuda tributaria, ni presentado una carta fianza
bancaria o financiera por el monto de la deuda,
alegando que tal inadmisibilidad vulnera sus derechos
constitucionales de acceso a la justicia, a
la igualdad ante la ley, a no ser desviado de la
función jurisdiccional y de defensa.
Sostiene que, con fecha 28 de marzo de 2001,
interpuso demanda contencioso-administrativa
contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1285-
4-2000, y que, en la presentación de la misma, el
Tribunal Fiscal le exigió el comprobante de pago
de la deuda tributaria o la carta fianza por el
monto de la deuda, agregando que, con fecha
30 de mayo de 2001, informó al Tribunal Fiscal
que le resultaba imposible enfrentar el pago o presentar
una carta fianza bancaria, dado el enorme
monto involucrado y por la difícil situación
económica y financiera por la que atraviesa.
El Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas
propone la excepción de incompetencia y, sin
perjuicio de ello, contesta la demanda solicitando
que se declare improcedente, aduciendo que
la resolución del Tribunal Fiscal ha sido emitida
conforme a ley, en observancia de las normas
generales del procedimiento administrativo; añadiendo
que no se está debatiendo la aplicación
de una norma en un caso en concreto, sino la
validez en abstracto de una norma legal, lo que
no procede mediante una acción de amparo.
El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado
en lo Civil de Lima, con fecha 10 de octubre
de 2002, declaró infundada la excepción de in-
competencia, e improcedente la demanda, por
considerar que no procede cuestionar en abstracto
la validez de una norma legal.
La recurrida confirmó la apelada, por los
mismos argumentos.
FUNDAMENTOS
Petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare
inaplicable al recurrente la Resolución del Tribunal
Fiscal Nº 538-4-2001, mediante la cual
se declaró inadmisible la demanda contenciosoadministrativa
interpuesta contra la Resolución
del Tribunal Fiscal Nº 1285-4-2000, por considerar
que se han lesionado sus derechos de acceso
a la justicia, a la igualdad, a no ser desviado
de la función jurisdiccional y de defensa.
2. Las instancias judiciales precedentes han
desestimado la pretensión, argumentando que
la inaplicación del artículo 158° del Código Tributario
no puede realizarse porque no existe un
acto concreto de aplicación.
Evidentemente, el Tribunal Constitucional no
puede compartir un criterio semejante. Como se
puede entrever ya de los antecedentes de esta
sentencia, así como de una lectura de las principales
piezas del proceso, y del propio tenor de
la Resolución del Tribunal Fiscal que se cuestiona,
la recurrente ha acudido a la justicia constitucional
no alegando una hipotética aplicación
del artículo 158° del Código Tributario, sino su
aplicación. Tanto así que, según se lee del segundo,
tercer y cuarto considerando de la resolución
cuestionada, así como de su parte resolutiva,
tras su aplicación, la demanda contenciosa-administrativa
promovida por la recurrente fue
declarada inadmisible, precisamente por no adjuntarse
la constancia de pago o la carta fianza
a las que se refiere el referido artículo 158° del
Código Tributario.
3. Antes de ingresar a resolver el fondo de
la controversia, debe precisarse que los artículos
157° y 158° del Código Tributario fueron modificados
por la Ley Nº 28365, publicada el 24 de
octubre de 2004, y por el Decreto Legislativo Nº
953, publicado el 5 de febrero de 2004, respectivamente,
cambiando de esta manera los requisitos
de admisibilidad de la demanda contencioso-administrativa.
En el presente caso, como la
afectación de los derechos invocados fue antes
de las modificatorias mencionadas, se tendrá que
resolver haciendo referencia a lo que prescribían
dichos artículos al momento de la afectación, esto
es, antes de sus modificatorias.
Cabe, en consecuencia, que este Tribunal
analice el agravio denunciado.
Derecho de acceso a la justicia y solve et
repete
4. Según se ha expuesto, como consecuencia
de la declaración de inadmisibilidad de la
demanda contenciosa-administrativa, interpuesta
por el recurrente, se ha alegado la violación
de diversos derechos fundamentales. De todos
ellos, sin embargo, el que en principio aparece
comprometido con la actuación del Tribunal Fiscal
es el derecho de acceso a la justicia.
El demandante refiere que el requisito exigido
por el artículo 158° del Código Tributario es
inconstitucional, ya que es “(...) excesivamente
oneroso”, e “(...) inaccesible, teniendo en cuenta
la difícil situación económica y financiera por la
cual atraviesa nuestra empresa”. Por su lado, la
defensa del Estado sostiene que dicho dispositivo
no es inconstitucional pues no existe “(...) sentencia
expedida por el Tribunal Constitucional que
haya declarado su incompatibilidad con la Constitución
ni proceso de amparo a favor del demandante
que haya declarado su inaplicación”
(sic). Más adelante, en la misma contestación de
la demanda, agrega que tal tratamiento se justificaría
por el hecho de tratarse, el contenciosoadministrativo,
de un “(...) proceso especial”.
5. Evidentemente, para dilucidar la cuestión
no son pertinentes los argumentos de la defensa
del Estado, puesto que la inexistencia de una
sentencia de este Tribunal que declare la inconstitucionalidad
de la norma a cuyo amparo se
declaró inadmisible la demanda contenciosaadministrativa,
no es óbice para que el juez [administrativo
o constitucional] pueda realizar un
control de constitucionalidad. Y es que la presunción
de constitucionalidad de una ley, en el
modelo dual de justicia constitucional como el
peruano, no se enerva sólo cuando un Tribunal
de la naturaleza de este Colegiado declara su
incompatibilidad con la Constitución y la expulsa
del ordenamiento jurídico con carácter general,
sino también cuando el juez del Poder Judicial,
en un caso concreto, establece que la ley no
es posible aplicarla por ser contraria a la Norma
Suprema del Estado.
Poco ayuda también a esclarecer la cuestión
controvertida el argumento según el cual la disposición
cuestionada debe acatarse porque la
emplazada no tiene declarado en su favor una
sentencia que disponga la inaplicación correspondiente.
Huelga decir que el objeto de este
proceso es, precisamente, obtener aquel pronunciamiento
de cuya inexistencia se lamenta el Procurador
del Estado.
6. La cuestión, por tanto, sigue siendo como
al inicio. ¿Es compatible con el contenido constitucionalmente
protegido del derecho de acceso
a la justicia, la regla del solve et repete contem-
–––––
(1) Publicada el 8 de abril de 2005 en la página web del
Tribunal Constitucional (http://www.tc.gob.pe).
34
ABRIL 2005

JURISPRUDENCIA DE AMPARO
plada en el artículo 158° del Código Tributario? (2)
En la STC Nº 2763-2002-AA/TC, este Tribunal
declaró que el derecho de acceso a la justicia
tiene base constitucional, puesto que se trata
de un contenido implícito del derecho a la tutela
jurisdiccional, reconocido por el inciso 3 del
artículo 139° de la Constitución.
En el plano de las relaciones entre contribuyente
y administración tributaria, este derecho
garantiza que el primero de ellos tenga la posibilidad,
real y efectiva, de acudir al juez, como
tercero imparcial e independiente, con el objeto
de encargarle la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden fiscal.
Evidentemente, como sucede con todo derecho
fundamental, también el de acceso a la justicia
es uno que puede ser limitado. Sin embargo,
cualesquiera que sean las restricciones o límites
que se establezcan, la validez de estos depende
de que no obstaculicen, impidan o disuadan
irrazonablemente el acceso del particular a
un tribunal de justicia.
7. Pero ¿el solve et repete obstaculiza, impide
o disuade irrazonablemente el acceso a un
tribunal de justicia? La respuesta, a juicio del Tribunal,
es afirmativa.
En primer lugar, su exigencia, es decir, que
se condicione el pago de la obligación tributaria
para que se admita una demanda cuyo objeto
sea iniciar un proceso en el que se cuestione la
validez de su imposición, es un obstáculo serio
de orden material para que el contribuyente pueda
acudir a un tribunal de justicia. Obstáculo
desproporcionado si es que se tiene en cuenta
que el deber de todos de contribuir con el sostenimiento
de los gastos públicos, incluso de aquellos
que pretenden cuestionar judicialmente un
acto administrativo tributario, puede alcanzarse
a través de otros medios, como el de la ejecutividad
de los actos y resoluciones de la administración
tributaria, incluso una vez presentada la demanda
contencioso-administrativa [cf. última parte
del segundo párrafo del artículo 157° del Código
Tributario].
En otras palabras, es desproporcionado porque
su finalidad constitucional –que el Estado
cuente con los recursos necesarios para hacer
frente sus cargas- es sólo un pretexto que, alcanzándose
a través de otros medios, en realidad,
tiene el propósito de desalentar el cuestionamiento
judicial de sus actos administrativos de contenido
tributario.
En segundo lugar, se trata de una regla incompatible
con el principio de igualdad jurídica,
ya que, como ha sostenido la Corte Constitucional
de Italia, con su exigencia se propicia un
tratamiento diferenciado “(...) entre el contribuyente
que está en grado de pagar inmediatamente
el tributo en su totalidad, y el contribuyente
que no tiene medios suficientes para hacer el
pago, ni puede procurárselo prontamente recurriendo
al crédito, entre otras cosas, porque aun
en el caso de obtener la victoria en el proceso,
no obtendría el reembolso de las sumas depositadas
sino con retardo. Al primero le es consentido,
en mérito de sus condiciones económicas,
de solicitar justicia y de obtenerla, donde pueda
probar tener la razón; al segundo esta facultad
se le presenta difícil y tal vez imposible, no sólo
de hecho, sino también en base al derecho, a
fuerza de un presupuesto procesal establecido
por la ley y consistente en la carga de pagar una
suma eventualmente ingente” [Sentenza núm.
21/1961].
Por ello, en mérito de todo lo que se ha expuesto,
y atendiendo a que la demanda contencioso-administrativa
fue declarada inadmisible,
tras no haberse satisfecho los requisitos que contempla
el artículo 158° del Código Tributario, el
Tribunal Constitucional considera que se ha acreditado
la lesión del derecho de acceso de justicia.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional,
con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda.
2. Ordena que el Tribunal Fiscal admita a
trámite la demanda contencioso-administrativa
presentada por el Grupo Carsa Inc.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
–––––
(2) Artículo 158°: “Para la admisión de la demanda contencioso-administrativa,
será indispensable:
a) La presentación de la demanda dentro del plazo
establecido en el artículo 157°.
b) Acreditar el pago de la deuda tributaria actualizada
a la fecha de la interposición de la demanda
contencioso-administrativa o presentar carta
fianza bancaria o financiera por el monto de la
deuda actualizada hasta por seis meses posteriores
a la fecha de interposición de la demanda. La
referida carta fianza debe otorgarse por un periodo
de seis meses, renovarse por periodos similares
dentro del plazo que señale la administración
y hasta por el monto de la deuda tributaria,
debidamente actualizada a la fecha de la
renovocación”.
COMENTARIO:
La Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) materia de comentario,
recaída en el Expediente Nº 3548-2003-AA/TC, resuelve la acción de amparo
interpuesta por el Grupo CARSA INC. (la Empresa) contra el Tribunal
Fiscal, solicitando se declare inaplicable la Resolución del Tribunal Fiscal
(RTF) Nº 538-4-2001, mediante la cual se declara inadmisible su demanda
contencioso-administrativa interpuesta contra la RTF Nº 1285-4-2000, en
razón a no haber acreditado el pago de la deuda tributaria, ni presentado
una carta fianza por el monto de la deuda, conforme lo establecía el artículo
158° del Código Tributario, antes de la derogación operada por la 1ª
Disposición Derogatoria de la Ley Nº 27598. Cabe precisar que el actual
artículo 158° del Código Tributario, incorporado por el Dec. Leg. Nº 953
(publicado el 5 de febrero de 2004) sólo establece como requisito indispensable
la presentación de la demanda dentro del plazo previsto por ley.
En el caso, la Empresa argumentó que la obligación de pago o afianzamiento
resultaba excesivamente onerosa para ella, dado que el monto involucrado
era enorme y que atravesaba por una difícil situación económica. En tal
sentido, señaló que se había vulnerado los derechos constitucionales de acceso
a la justicia, a la igualdad y a no ser desviado de la función jurisdiccional.
Tanto el juez de primera instancia como la Sexta Sala Civil de la Corte
Superior de Lima en segunda instancia, declararon improcedente la demanda,
considerando que se pretendía cuestionar la inconstitucionalidad
de una norma en abstracto. El TC revoca dicha sentencia, declarando
fundada la demanda, ordenando que el Tribunal Fiscal admita a trámite la
demanda contencioso-administrativa.
EL TEMA EN DISCUSIÓN
Entre todos los derechos que la Empresa ha invocado el TC considera
que están comprometidos en este caso el derecho de acceso a la justicia y
el principio de igualdad.
1. El derecho de acceso a la justicia y el solve et repete
En la Sentencia el TC hace un análisis sobre la compatibilidad del
derecho de acceso a la justicia y la regla del solve et repete (1) sobre la
base de preguntarse si la referida regla (contemplada en el antiguo artículo
158° del Código Tributario) es un límite constitucional válido de
dicho derecho.
En primer lugar, señala que el derecho de acceso a la justicia está
implícitamente consagrado en el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución,
formando parte del derecho a la tutela jurisdiccional, y tiene
como contenido garantizar a los administrados la posibilidad real y efectiva
de acudir al juez, como tercero imparcial e independiente que determinará
los derechos y obligaciones de orden fiscal. El criterio asumido
coincide con el que en el pasado estableció en la Sentencia recaída
en el Expediente Nº 615-99-AA/TC, en la que indicó que dicho derecho
“..., no solamente consiste en el derecho de acceder a un tribunal de
justicia en forma libre, sin que medien obstáculos que impidan o disuadan
irrazonablemente su acceso, que sea independiente y se encuentre
previamente determinado por la ley, sino también que las resoluciones
que los tribunales puedan expedir resolviendo la controversia o incertidumbre
jurídica sometida a su conocimiento sean cumplidas y ejecutadas
en todos y cada uno de sus extremos, sin que so pretexto de cumplirlas,
se propicie en realidad una burla a la majestad de la administra-
–––––
(1) Spila García ha señalado que significa “paga y reclama”, o sea primero
paga y después reclama. Conforme a esta regla, en aquellos casos establecidos
por la ley para acceder a un procedimiento administrativo o a
un proceso judicial debe primero pagarse la deuda materia de contención.
ABRIL 2005 35

JURISPRUDENCIA DE AMPARO
ción de la justicia en general y, en forma particular, a la que corresponde
a la justicia constitucional”.
Conforme a ello, el Tribunal Constitucional compartiría la perspectiva
señalada por la doctrina española sobre el proceso, que entiende el
derecho al acceso a la justicia precisamente como uno de los elementos
que forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva (junto a la efectividad
de las sentencias).
Ahora bien, en segundo lugar, el TC establece que no hay derechos
absolutos, sino que se pueden establecer ciertos límites. En ese sentido,
el Derecho de Acceso a la Justicia también tendría límites reconocidos
constitucionalmente, los mismos que deberán evaluarse utilizando el
método de la ponderación de derechos o bienes jurídicos, que constituye
una herramienta útil para establecer qué limitaciones a los derechos
fundamentales son válidas o no.
En virtud de este método, cuando hayan dos derechos constitucionales
o dos bienes jurídicos merecedores de tutela, en una situación de
aparente conflicto, uno de ellos puede ser limitado a favor del otro, pero
no de una forma tal que el derecho limitado se esfume. La limitación
tiene que ser en lo más mínimo posible y no más de lo necesario; y si por
otros medios se puede llegar al resultado deseado produciendo un menor
perjuicio al derecho limitado, se deberá optar por estos últimos.
En el caso se presentaría un conflicto entre dos bienes jurídicos merecedores
de tutela. Por una parte el referido derecho de acceso a la justicia, que
está diseñado para los particulares, mientras por otro lado se encuentra el
interés del Estado de contar con los instrumentos idóneos y eficaces para la
recaudación y hacer que todos cumplan con el deber de contribuir con los
gastos públicos. Así, la regla del solve et repete contemplada en el antiguo
artículo 158° del Código Tributario, constituye un límite establecido por el
legislador al acceso a la justicia, en favor del interés recaudatorio del Estado,
dado que primero se debe satisfacer la deuda tributaria para luego poder
reclamar ante el órgano jurisdiccional, constriñendo al particular deseoso
de presentar su pretensión ante el juez, a pagar de manera forzosa.
El TC llega a la conclusión de que el solve et repete constituye un
límite inconstitucional del derecho al acceso a la justicia, en razón a que
la Administración posee otros medios idóneos y eficaces por las facultades
otorgadas por la ley, para el cobro de la deuda tributaria, y que si
bien durante el procedimiento administrativo no pudo hacer uso de ellos,
una vez agotada esta etapa con la emisión de la resolución del Tribunal
Fiscal, la cual según el artículo 115° inciso b) (que se mantiene hasta
ahora) es deuda exigible, no obstante se haya presentado la demanda
ante el órgano jurisdiccional, pudiendo aplicar todas las facultades coercitivas
para el cobro de la deuda tributaria.
En razón que el interés recaudatorio del Estado se puede satisfacer
por otros medios (las facultades que la Administración tiene por ley para
cobrar la deuda tributaria) de manera adecuada y menos gravosa para el
derecho de acceso a la justicia que si se recurriera al solve et repete, se
colige que de lo señalado por el Tribunal Constitucional, se deberá preferir
la primera solución, deviniendo la segunda en inconstitucional.
La Sentencia bajo comentario ha marcado un quiebre en este punto
respecto de la antigua jurisprudencia del propio TC conforme a la que
–como ocurrió en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 175-99-AA/
TC– el solve et repete contenido en el artículo 158° del Código Tributario
no restringía el derecho a la tutela jurisdiccional y al debido proceso,
porque estos derechos están sujetos al cumplimiento de ciertas formalidades
previstas expresamente por ley.
2. El derecho a la igualdad y el solve et repete
En segundo lugar, el TC señala que el solve et repete vulneraría el principio
de igualdad, dado que hay contribuyentes que por tener una mejor
situación económica, podrían acceder a la tutela judicial, mientras que otros
–como es el caso de la recurrente– que por estar en una mala situación
financiera, no podrían tener dicho acceso. Concordamos con tal conclusión
dado que la regla en examen contrasta con el principio de igualdad porque
es evidente la diferencia de trato entre el contribuyente que está en grado de
pagar inmediatamente el íntegro del tributo y el contribuyente que no tenga
medios suficientes para hacerlos, ni pueda ágilmente procurárselo recurriendo
al crédito; al primero le es entonces concedido en mérito a su condición
económica, pedir justicia y obtenerla, si puede probar que tiene razón, mientras
que al segundo esta facultad se le torna difícil y tal vez imposible (2) .
LAS POSIBLES CONSECUENCIAS ACTUALES DEL FALLO
1. En el régimen actual del Proceso Contencioso-Administrativo
El Código Tributario ha sufrido modificaciones en varios temas, no
siendo ajena a ellas el tema del Proceso Contencioso-Administrativo.
Actualmente el artículo 157° (3) establece que la RTF agota la vía administrativa,
pudiendo ser recurrida en el Proceso Contencioso Administrativo.
Se ha establecido que la impugnación de la RTF, a partir del día
siguiente de su notificación tiene un plazo de 3 meses, a diferencia de
la norma que rigió en el caso de la Empresa, que era sólo de 15 días
hábiles.
En el diseño actual, ya no cabe solve et repete como requisito para
la admisión de la demanda contencioso-administrativa, estableciéndose
como único requisito de admisibilidad la presentación de la demanda
contencioso-administrativa dentro del plazo establecido por el referido
artículo 157° del Código Tributario.
Asimismo la demanda se presenta ahora ante la Sala Contenciosa
Administrativa de la Corte Superior y ya no ante el Tribunal Fiscal. Es
acertada la opción tomada por el legislador tributario, porque la demanda
contencioso-administrativa es un acto jurisdiccional y no administrativo
y por tanto su admisibilidad la debería resolver el órgano jurisdiccional.
Además en la práctica, muchos contribuyentes –como la Empresa
en este caso- han visto limitados sus derechos por interpretaciones
literales por parte del Tribunal Fiscal de las normas que establecen los
requisitos de admisibilidad.
Finalmente se mantiene siempre la ejecutoriedad de los actos o resoluciones
de la Administración no obstante la presentación de la demanda
contencioso-administrativa. Respecto de este requisito, existen
quienes creen que su existencia viola también el derecho de acceso a la
justicia, debiendo poder accederse al proceso contencioso-tributario sin
que el acto administrativo que concluye la etapa administrativa tenga
consecuencias de ejecutoriedad.
Desde nuestra perspectiva, a partir de la Sentencia bajo comentario,
se estaría convalidando como constitucional, en base al deber de contribuir,
la plena ejecutoriedad –y por ende su posibilidad de cobranza incluso
coactivamente- del acto administrativo (en este caso la Resolución
del Tribunal Fiscal correspondiente).
2. En el procedimiento contencioso-tributario
Como sabemos, en el procedimiento contencioso-tributario también
se aplica la regla solve et repete cuando la impugnación se refiere a
órdenes de pago o cuando se trata de resoluciones de determinación o
multa que no fueron impugnadas en el plazo establecido en los artículos
137° y 146° del Código Tributario.
Ahora bien, en realidad el problema podría plantearse en el caso de
las órdenes de pago, puesto que en las resoluciones de determinación se
establece un plazo razonable para reclamar sin pagar.
En ese sentido, en ese caso el Tribunal Constitucional emitió un criterio
en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 680-96-AA/TC señalando
que “la exigencia dispuesta ... del pago del tributo que se considera
lesivo como condición al reclamo de éste, constituye una desproporcionada
restricción del derecho a la tutela jurisdiccional en sede administrativa
conforme lo reconoce el artículo 139° inciso 3 de la Constitución
pues vulnera el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente
en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal”.
Dicho criterio entraría en cuestión a la luz de la Sentencia bajo comentario
en vista a que, al no haber el mecanismo de la ejecutoriedad
del acto administrativo desde su notificación, el solve et repete se constituye
como el instrumento idóneo para cautelar el interés recaudatorio
del Estado que deriva del Deber de Contribuir, salvo en aquellos casos
en que medien circunstancias que la cobranza devendría en improcedente,
en los que como derivación de lo señalado en el numeral 3 del
artículo 119° del Código Tributario se admita a trámite la impugnación
sin la aplicación de la regla del Solve et Repete.
––––
(2) Cfr. Spila García, Rubén. Principios de Derecho Procesal Tributario. Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1978, pág. 51.
(3) Artículo modificado por la Ley Nº 28365, publicada el 24 de octubre de
2004.
36
ABRIL 2005

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
Procedimientos Tributarios
Naturaleza del Formulario 194: Comunicación para la revocación,
modificación, sustitución o complementación de actos administrativos (*)
RTF Nº: 1743-3-2005
EXPEDIENTE Nº: 2-02
INTERESADO: INDUSTRIAL ANDAHUASI S.A.C.
ASUNTO: Impuesto a la Renta
PROCEDENCIA: Huacho
FECHA: Lima, 17 de marzo de 2005
VISTA la apelación interpuesta por INDUSTRIAL ANDAHUASI
S.A.C. contra la Resolución de Oficina Zonal Nº 171401646 del
31 de octubre de 2001, expedida por la Oficina Zonal Huacho de
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que
revocó la Orden de Pago Nº 171-01-0015506, girada por pago
a cuenta del Impuesto a la Renta - Régimen Agrario de agosto de
2001 y modifica el saldo a favor del ejercicio 2000.
CONSIDERANDO:
Que la recurrente sostiene que de acuerdo con su declaración
del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000, contaba con un saldo
a favor mayor al considerado por la Administración, por lo que la
nueva determinación de dicho saldo resulta nula;
Que conforme se advierte de autos, en atención a la comunicación
para la revocación de la Orden de Pago Nº 171-01-
0015506 presentada por la recurrente mediante Formulario Nº
194, la Administración emitió la resolución impugnada revocando
el referido valor debido a que no se había considerado la
utilización del saldo a favor del período anterior;
Que en tal sentido, si bien de acuerdo con los argumentos
expuestos por la recurrente en su apelación, el asunto materia de
controversia consiste en determinar si la modificación del saldo a
favor efectuada por la Administración mediante la resolución apelada
se encuentra arreglada a ley, de manera previa a su análisis
corresponde establecer la naturaleza jurídica del referido formulario,
a que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 002-
97/SUNAT, a fin de establecer si este Tribunal resulta competente
para emitir pronunciamiento sobre la impugnación contra la Resolución
de Oficina Zonal Nº 171401646;
Que sobre tal naturaleza caben las siguientes interpretaciones,
(i) debe ser tramitado en todos los casos como un recurso de
reclamación, posición recogida en la Resolución del Tribunal Fiscal
Nº 0026-2-2001, (ii) tiene la naturaleza de reclamación especial
dado que la voluntad del administrado es cuestionar el acto
de cobro, no siéndole aplicable los requisitos de admisibilidad
establecidos en el artículo 137° del Código Tributario excepto el
del plazo, (iii) tiene la naturaleza de una solicitud no contenciosa
vinculada a la determinación de la obligación tributaria, interpretación
recogida en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 9392-5-
2001, o (iv) tiene la naturaleza de una declaración tributaria o
comunicación de datos, lo que no afecta el derecho de los deudores
tributarios de interponer simultánea o sucesivamente los medios
impugnativos correspondientes en los casos previstos en el
artículo 1° de la referida resolución;
Que el segundo de los criterios antes aludidos ha sido adoptado
por este Tribunal mediante Acuerdo recogido en el Acta de
Reunión de Sala Plena Nº 2005-4 del 7 de febrero de 2005, por
los fundamentos siguientes:
“El artículo 108° del Código Tributario aprobado por el Decreto
Legislativo Nº 816 y recogido en el Texto Único Ordenado
del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-
99-EF, faculta a la Administración Tributaria a señalar los casos en
que existan circunstancias posteriores a la emisión de sus actos
que demuestren su improcedencia, así como errores materiales, y
a establecer un procedimiento que le permita revocar, modificar,
sustituir o complementar sus actos. Mediante la modificación dispuesta
por el Decreto Legislativo Nº 953 al citado artículo 108°,
se precisó que tratándose de actos emitidos por la SUNAT, el área
que expidió el acto será el competente para revocar, modificar,
sustituir o complementar los actos, salvo el caso de connivencia
entre el personal de la Administración Tributaria y el deudor tributario,
supuesto en que el superior jerárquico del área emisora del
acto será el competente para emitir dicha declaración”.
“Bajo el marco establecido en el artículo 108° del citado Código
Tributario, la SUNAT dictó la Resolución de Superintendencia
Nº 002-97/SUNAT, en cuyo artículo 3° se establece que los deudores
tributarios deberán presentar el Formulario Nº 194 - Comunicación
para la Revocación, Modificación, Sustitución, Complementación
o Convalidación de Actos Administrativos, con la finalidad
de comunicar a la Administración Tributaria la existencia de
las causales detalladas en el artículo 1° de la referida resolución,
así como las causales de anulabilidad a las que se refiere el último
párrafo del artículo 109° del Código Tributario”.
“Efectivamente, en los numerales 1 y 2 del artículo 1° de la
citada resolución de superintendencia se mencionan los supuestos,
que según la Administración Tributaria, habilitan la revocación,
modificación, sustitución o complementación de sus actos
después de la notificación, tales como los actos que no han considerado
los pagos efectuados por el deudor tributario, el fraccionamiento
y/o aplazamiento de la deuda, actos emitidos por errores
de digitación, transcripción y/o procesamiento de cifras por la
Administración Tributaria, duplicidad de valores, no se ha considerado
la presentación de la declaración sustitutoria o rectificatoria
que determina una mayor obligación, no se ha tenido en cuenta
que la deuda tributaria acotada ha sido corregida, con motivo
de una solicitud de modificación de datos aceptada por SUNAT o
por la modificación del coeficiente o porcentaje de los pagos a
cuenta del Impuesto a la Renta o de la comunicación de la suspen-
–––––––
(*) Jurisprudencia de 0bservancia Obligatoria publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 2 de abril de 2005.
ABRIL 2005 37

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
sión de los mismos, se aplicaron las notas de crédito negociables
para cancelar la deuda tributaria sin considerar los pagos realizados
respecto de dichas deudas”.
“De las normas antes citadas, se advierte que la Resolución de
Superintendencia Nº 002-97/SUNAT, dictada al amparo de lo
establecido en el artículo 108° del Código Tributario, establece un
procedimiento para que los deudores tributarios, que consideren
que los actos notificados por la Administración se encuentren en
los supuestos establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 1° de
la referida resolución, o que contengan alguna causal de anulabilidad,
puedan informar a la Administración Tributaria la existencia
de dichos supuestos, a efecto que la citada entidad pueda
ejercer su potestad de autotutela administrativa, y en virtud a ello
pueda modificar, revocar, sustituir o complementar sus actos”.
“En la medida que la comunicación regulada por la Resolución
de Superintendencia Nº 002-97/SUNAT tiene por finalidad
revocar, modificar, sustituir, complementar o convalidar actos administrativos
notificados, es decir, tiene como propósito contradecir
un acto administrativo con el objeto que la Administración Tributaria
analice y determine la procedencia del cobro que pretende,
dicha comunicación constituye un medio impugnativo, cuya
procedencia estará condicionada a la existencia de las causales
previstas en la mencionada resolución; y en caso el administrado
no estuviera de acuerdo con lo resuelto por la Administración,
tendrá expedito su derecho para interponer el recurso de apelación
respectivo”.
“En consecuencia, cuando el administrado considere que se
ha presentado alguna de las causales señaladas en los numerales
1 y 2 del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia Nº
002-97/SUNAT, o que contengan alguna causal de anulabilidad,
podrá optar entre presentar la comunicación mediante Formulario
Nº 194 o interponer el recurso de reclamación a que se refiere el
artículo 137° del Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, modificado por
el Decreto Legislativo Nº 953”.
“Lo señalado anteriormente se sustenta en que tanto el procedimiento
regulado por la Resolución de Superintendencia Nº 002-
97/SUNAT, como el procedimiento contencioso tributario, iniciado
con el recurso de reclamación a que se refiere el artículo 137°
del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el
Decreto Supremo Nº 135-99-EF, modificado por el Decreto Legislativo
Nº 953, cuestionan los actos administrativos de la Administración
Tributaria, sólo que el primero está referido exclusivamente
a aquellos actos emitidos por error u omisión de la citada entidad,
y que se encuentran incursos en el artículo 1° de la Resolución
de Superintendencia Nº 002-97/SUNAT, entre otros, en tanto
que el segundo está dirigido a impugnar los actos administrativos
cuando el deudor tributario discrepa de la acotación o decisión
de la Administración Tributaria contenida en el acto administrativo,
independientemente si dicha discrepancia se base en la
existencia de los supuestos contenidos en la Resolución de Superintendencia
Nº 002-97/SUNAT”.
“En caso la Administración Tributaria considerase que sus actos
no se encuentran incursos en dichas causales, la referida entidad
en aplicación del artículo 213° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobada por la Ley Nº 27444, según el
cual el error en la calificación del recurso por parte del recurrente
no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se
deduzca su verdadero carácter, deberá dar a la citada comunicación
(Formulario Nº 194) el trámite de recurso de reclamación a
que se refiere el artículo 137° del Código Tributario, considerando
como fecha de interposición del recurso, la que conste como tal
en el Formulario Nº 194, y en caso existiese un recurso de reclamación
en trámite procederá su acumulación”.
“Dado que la comunicación presentada mediante Formulario
Nº 194 tiene la naturaleza de un medio impugnativo interpuesto
contra un acto administrativo, y, en la medida que dicha comunicación
haya sido presentada dentro del plazo establecido en el
referido artículo 137°, procederá la suspensión y/o conclusión
del procedimiento de cobranza coactiva contra tales actos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 119° del citado Código”.
Que es preciso anotar que el mencionado criterio varía los
establecidos en las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nºs. 0026-2-
2001 y 9392-5-2001, antes mencionadas;
Que el criterio del Acuerdo antes citado tiene carácter vinculante
para todos los vocales de este Tribunal conforme con lo dispuesto
por el Acuerdo recogido en el Acta de Reunión de Sala
Plena Nº 2002-10, suscrita el 17 de setiembre de 2002;
Que atendiendo a lo expuesto, este Tribunal resulta competente
para conocer de la apelación interpuesta contra la Resolución
de Oficina Zonal Nº 171401646, en el extremo referido a la modificación
del saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio
2000;
Que conforme al artículo 61° del Texto Único Ordenado del
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF,
la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor
tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración,
la que podrá modificarla cuando constate la omisión
o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la resolución
de determinación, orden de pago o resolución de multa;
Que según el numeral 6 del artículo 77° del referido código la
resolución de determinación será formulada por escrito y expresará
entre otros, los motivos determinantes del reparo u observación,
cuando se rectifique la declaración tributaria;
Que en el caso de autos, tal como se observa en la copia de la
declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000 presentada
el 2 de abril de 2001, la recurrente consignó como saldo a favor
del ejercicio la suma de S/. 437 683,00;
Que como se puede apreciar, la Administración modificó el
saldo a favor consignado en la declaración del ejercicio 2000, el
que sólo podría ser rectificado mediante resolución de determinación
como resultado de un procedimiento de fiscalización o verificación
tal como se señala en la norma antes citada;
Que en tal sentido, al haberse efectuado una nueva determinación
del saldo a favor declarado por la recurrente sin seguir el
procedimiento establecido en el Código Tributario, la resolución
apelada deviene en nula de conformidad con el numeral 2 del
artículo 109° del mencionado código;
Con los vocales Arispe Villagarcía, Huamán Sialer e interviniendo
como ponente la vocal León Pinedo.
RESUELVE:
1. Declarar NULA la Resolución de Oficina Zonal Nº
171401646 del 31 de octubre de 2001, en el extremo que modifica
el saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000
declarado por la recurrente, y CONFIRMARLA en lo demás que
contiene.
2. DECLARAR de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo
Nº 135-99-EF, que la presente resolución constituye precedente
de observancia obligatoria, disponiendo su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, en cuanto establece el siguiente criterio:
“El Formulario Nº 194 “Comunicación para la revocación,
modificación, sustitución o complementación de actos administrativos”,
regulado por la Resolución de Superintendencia Nº 002-
38
ABRIL 2005

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
97/SUNAT, es una reclamación especial en que la voluntad del
administrado es cuestionar el acto de cobro, y, en consecuencia,
contra lo resuelto por la Administración procederá el recurso de
apelación respectivo. El carácter de especial de la reclamación
está dado porque considerando los casos en que procede no le
son aplicables los requisitos de admisibilidad establecidos en el
artículo 137° del Código Tributario excepto el del plazo.
En el caso que lo solicitado por el administrado mediante la
comunicación contenida en el Formulario Nº 194 no se encuentre
dentro de los supuestos de la mencionada Resolución, procede
que la Administración Tributaria otorgue a dicha comunicación el
trámite de recurso de reclamación, en aplicación del artículo 213°
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,
considerando como fecha de presentación del recurso, la que conste
como tal en el Formulario Nº 194.”
Regístrese, comuníquese y remítase a la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria, para sus efectos.
LEÓN PINEDO
Vocal Presidente
ARISPE VILLAGARCÍA
Vocal
HUAMÁN SIALER
Vocal
MOREANO VALDIVIA
Secretario Relator
COMENTARIO:
Mediante la RTF Nº 1743-3-2005, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el día 02 de abril de 2005, el Tribunal Fiscal
ha establecido criterios de observancia obligatoria en relación
con la naturaleza jurídica del Formulario Nº 194 “Comunicación
para la revocación, modificación, sustitución o
complementación de actos administrativos”, regulado por la
Resolución de Superintendencia Nº 002-97/SUNAT (en adelante
la Resolución).
Al respecto, dicha resolución expedida dentro del marco
de lo dispuesto en el artículo 108° del Código Tributario (1)
referido a la revocación, modificación, sustitución, o complementación
de los actos de la Administración, indica en su
artículo 3° que los deudores tributarios deberán presentar el
Formulario Nº 194 con la finalidad de comunicar la existencia
de alguna de las causales detalladas en el artículo 1° de
dicha norma y que están referidas a errores materiales o de
cálculo incurridos en los actos de la Administración Tributaria
(SUNAT) o referidas a otras circunstancias que se indican
en el mencionado artículo y que demuestran la improcedencia
del acto administrativo notificado al contribuyente. Asimismo,
en el artículo 2° de la Resolución se indica que los
deudores tributarios podrán interponer el medio impugnatorio
que corresponda, en caso de errores materiales o circunstancias
posteriores a la emisión de los actos de la Administración
no contemplados en el artículo 1° de dicha norma.
En este contexto, el Tribunal Fiscal ha analizado si la presentación
del Formulario Nº 194 tiene el carácter de un recurso
impugnatorio siéndole de aplicación las disposiciones
establecidas para el procedimiento contencioso en el Código
Tributario, o si tiene la naturaleza de un procedimiento no
contencioso, puesto que existían al respecto pronunciamientos
contradictorios del propio Tribunal.
En el caso comentado, el Tribunal establece como criterio
de observancia obligatoria que el Formulario Nº 194 tiene la
naturaleza de un medio impugnatorio, constituyendo un recurso
de reclamación especial al que no se le aplican los
requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 137°
del Código Tributario, excepto el del plazo, y que debe cumplir
con los requisitos establecidos en la Resolución. Asimismo,
el Tribunal considera que en los casos establecidos en el
artículo 1° de la Resolución los contribuyentes tienen la posibilidad
de optar entre interponer el recurso de reclamación
regulado en el Código Tributario o presentar el Formulario Nº
194. Además, se indica que si el contribuyente presentó el
mencionado formulario sin haberse presentado alguno de los
supuestos indicados en el artículo 1°, la Administración Tributaria
deberá darle a dicha comunicación el trámite de un
recurso de reclamación ordinario.
Por último, en la parte considerativa de su resolución, el
Tribunal indica que la presentación del Formulario Nº 194
dentro del plazo establecido por el Código Tributario tiene
como efecto adicional suspender el procedimiento de cobranza
coactiva que se hubiere podido iniciar.
De otro lado, en la resolución materia de comentario, el
Tribunal analiza el tema de fondo referido a la modificación
del saldo a favor del Impuesto a la Renta efectuada por la
Administración Tributaria mediante una Resolución de Intendencia,
con la que se habría respondido a la presentación del
Formulario Nº 194. En este punto, el Tribunal indica correctamente
que la modificación del saldo a favor del ejercicio
2000 declarado por la recurrente sólo podría ser rectificado
mediante resolución de determinación como resultado de un
procedimiento de fiscalización o verificación, conforme a lo
dispuesto por el numeral 6) del artículo 77° del Código Tributario.
En tal sentido, se declaró NULA la resolución de intendencia
apelada que modificó el saldo a favor determinado
por la recurrente.
––––––
(1) El artículo 108° del Código Tributario, cuyo TUO ha sido aprobado mediante
D. S. Nº 135-99-EF, ha sido modificado en febrero de 2004 mediante
el Dec. Leg. Nº 953. En el numeral 2 de dicho artículo se indica
que después de la notificación, la Administración Tributaria sólo podrá
revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos cuando detecte
que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión que demuestran
su improcedencia o cuando se trate de errores materiales, tales
como los de redacción o de cálculo. Asimismo, se indica en el segundo
párrafo del artículo 108° que la Administración Tributaria señalará los
casos en que existan circunstancias posteriores a la emisión de sus actos,
así como errores materiales, y dictará el procedimiento para revocar,
modificar, sustituir o complementar sus actos, según corresponda, lo que
ha sido efectuado mediante la R. de S. Nº 002-97/SUNAT, publicada el
15 de enero de 1997.
ABRIL 2005 39

JURISPRUDENCIA COMENTADA
Impuesto a la Renta
de Tercera Categoría
Determinación del saldo a favor del ejercicio
anterior aplicado contra los pagos a cuenta
RTF Nº : 3842-5-2003
EXPEDIENTE Nº : 4471-02
INTERESADO : LUMICENTER S.A.
ASUNTO : Impuesto a la Renta
PROCEDENCIA : Lima
FECHA : Lima, 2 de julio de 2003
VISTA la apelación interpuesta por LUMICENTER S.A.
contra la Resolución de Intendencia Nº 015-4-15452, emitida
el 26 de julio de 2002 por la Intendencia de Principales
Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria, que declaró infundada
la reclamación formulada contra la Orden de Pago Nº 011-
01-0079201 emitida por Impuesto a la Renta del ejercicio
2001.
CONSIDERANDO:
Que la recurrente sostiene que la Administración indebidamente
ha considerado que el saldo a favor proveniente
del ejercicio anterior declarado, no es el correcto, por haber
incluido en su cálculo, la aplicación realizada contra
los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero de 2002.
Que la Administración señala que los montos liquidados
por Impuesto a la Renta son producto de la verificación
del saldo a favor del ejercicio anterior que le correspondía
aplicar a la recurrente.
Que de lo actuado se tiene que es objeto de controversia
determinar si es conforme a ley la determinación del
Impuesto a la Renta del ejercicio 2001, efectuada por la
SUNAT.
Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo
párrafo del artículo 87° de la Ley del Impuesto a la Renta
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 774, si el monto de
los pagos a cuenta excediera el impuesto que corresponda
abonar al contribuyente según su declaración jurada anual,
éste consignará tal circunstancia en dicha declaración y la
SUNAT, previa comprobación, devolverá el exceso pagado,
pudiendo los contribuyentes que así lo prefieran aplicar
las sumas a su favor contra los pagos a cuenta mensuales
que sean de su cargo, por los meses siguientes al de la
presentación de la declaración jurada, de lo que dejarán
constancia expresa en ella, sujeta a verificación por la SU-
NAT.
Que asimismo, el inciso c) del artículo 88° de la misma
ley establece que los contribuyentes deducirán de su impuesto,
entre otros conceptos, los saldos a favor reconocidos
por la SUNAT o establecidos por el propio responsable
en sus declaraciones juradas anteriores como consecuencia
de los créditos autorizados por los incisos a) y b) de dicho
artículo, siempre que dichas declaraciones no hayan sido
impugnadas.
Que por su parte, el literal c) del artículo 52° del Reglamento
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 122-94-EF, sustituido por el artículo
26° del Decreto Supremo Nº 194-99-EF, establece que las
retenciones y créditos contemplados por los incisos a), b) y
c) del artículo 88° de la Ley del Impuesto a la Renta, sólo se
podrán aplicar a los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere
a partir del mes siguiente a aquél en el que se produjeron
los hechos que los originan.
Que el numeral 4) del artículo 55° del citado reglamento,
sustituido por el artículo 9° del Decreto Supremo Nº 045-
2001-EF, establece que el saldo a favor originado por rentas
de tercera categoría generado en el ejercicio inmediatamente
anterior, podrá ser compensado sólo cuando se haya
acreditado en la declaración jurada anual y únicamente
contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir
del mes siguiente a aquel en que se presente la declaración
jurada donde se consigne dicho saldo.
Que según la normatividad indicada, los contribuyentes
gozaban de la facultad de aplicar el saldo a favor del Impuesto
a la Renta correspondiente a ejercicios anteriores
contra los pagos a cuenta del ejercicio, así como del ejercicio
siguiente, posteriores a la fecha de la presentación de la
respectiva declaración, pero no estaban obligados a hacerlo,
pues en el caso de no efectuar dicha compensación,
podían deducir dicho saldo a favor al momento de determinar
su impuesto correspondiente al ejercicio.
Que de acuerdo con el criterio establecido por reiterada
jurisprudencia como las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nºs.
897-4-97 de 26 de setiembre de 1997, 1305-1-97 de 12
de diciembre de 1997 y 174-2-98 de 11 de febrero de
40
ABRIL 2005

JURISPRUDENCIA COMENTADA
1998, así como la Nº 205-4-2001 de 21 de febrero de
2001, ésta última de observancia obligatoria, el saldo del
ejercicio anterior solamente puede ser aplicado contra los
pagos a cuenta que venzan a partir del mes siguiente al de
la presentación de la declaración jurada anual.
Que en el presente caso, de acuerdo con la información
consignada en la declaración jurada del Impuesto a la Renta
del ejercicio 2000 (folio 32) presentada con fecha 3 de
abril de 2001, la recurrente declaró un saldo a favor ascendente
a S/. 86 365,00.
Que en consecuencia, el saldo a favor obtenido por el
ejercicio 2000, debió ser aplicado recién a partir del mes
de abril del año 2001, siendo que de la resolución apelada
se aprecia que en el detalle de la aplicación del saldo contra
los pagos a cuenta del ejercicio 2001, se incluye el del
mes de febrero de dicho año.
Que de otro lado, del análisis del expediente se observa
que la recurrente ha aplicado el saldo a favor del ejercicio
2000 incluso en los meses de enero y febrero de 2002, por
lo que los mismos debían ser incluidos para efecto de establecer
el saldo resultante que podía ser aplicado contra el
impuesto resultante del ejercicio 2001, tal y como lo ha
considerado la Administración, pues en caso contrario, la
recurrente estaría duplicando el uso del crédito respectivo.
Que por tanto, procede declarar la nulidad e insubsistencia
de la resolución apelada, para que la Administración
Tributaria efectúe una nueva liquidación del saldo acotado,
teniendo en cuenta lo expuesto en la presente resolución.
Con las vocales Chau Quispe, Olano Silva y León Pinedo,
a quien se llamó para completar Sala, e interviniendo
como ponente la vocal Chau Quispe.
RESUELVE:
Declarar NULA E INSUBSISTENTE la Resolución de Intendencia
Nº 015-4-15452 de 26 de julio de 2002, debiendo
la Administración proceder conforme con lo expuesto
en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y remítase a la Intendencia de
Principales Contribuyentes Nacionales de la SUNAT, para
sus efectos.
CHAU QUISPE
VOCAL PRESIDENTA
OLANO SILVA
VOCAL
LEÓN PINEDO
VOCAL
Ezeta Carpio
Secretario Relator
COMENTARIO:
Con ocasión de la determinación del Impuesto a la
Renta (IR) del ejercicio 2004, varios contribuyentes de
rentas de la tercera categoría nos consultaban acerca
de cómo se debía declarar el saldo a favor del ejercicio
2003 que había sido aplicado contra los pagos a cuenta
del ejercicio 2004 y además contra los pagos a cuenta
de los meses de enero y febrero de 2005. La duda estaba
en si debía declararse como saldo a favor del ejercicio
anterior (casilla 127 del PDT Renta Anual 2004) el
importe que resultaba luego de la compensación con
los pagos a cuenta del ejercicio 2004 o si debía declararse
como saldo a favor del ejercicio anterior el importe
que resultaba luego de haber deducido incluso la
compensación contra los pagos a cuenta de enero y febrero
(en algunos casos marzo) de 2005.
Al respecto, mediante la RTF Nº 3842-5-2003 el Tribunal
Fiscal analiza un caso similar al expuesto, referido
a la determinación del saldo a favor del ejercicio
anterior (ejercicio 2000) consignado en la declaración
jurada anual del IR del ejercicio 2001, que a continua-
ción desarrollamos.
I. HECHOS
En el presente caso, la recurrente habría aplicado el
saldo a favor del ejercicio 2000 contra los pagos a cuenta
de los periodos que van de febrero de 2001 hasta el
mes de febrero de 2002. Asimismo, en la declaración
jurada anual del IR del ejercicio 2001, presentada en el
mes de abril de 2001 la recurrente había consignado
como saldo a favor del ejercicio anterior el que resultaba
luego de su aplicación contra los pagos a cuenta del
ejercicio 2001, excluyendo la compensación efectuada
contra los pagos a cuenta de los meses de enero y
febrero de 2002.
Al respecto, la Administración Tributaria consideró que
el saldo a favor del ejercicio anterior era incorrecto
puesto que el contribuyente no había deducido de dicho
importe la compensación efectuada contra los pagos
a cuenta de los meses de enero y febrero de 2002.
En tal sentido, la Administración determinó un mayor
ABRIL 2005 41

JURISPRUDENCIA COMENTADA
IR del ejercicio 2001 que el declarado por la recurrente
emitiendo una orden de pago.
II. ANÁLISIS
Conforme lo indicaba el inciso c) del artículo 88° de
la Ley del IR cuyo TUO vigente para el ejercicio 2001
era el D. S. Nº 054-99-EF (en adelante LIR), los contribuyentes
debían deducir de su IR los saldos a favor reconocidos
por la SUNAT o establecidos por ellos mismos
en sus declaraciones juradas anteriores como consecuencia
de los créditos autorizados en dicho artículo,
siempre que las declaraciones no hayan sido impugnadas.
Al respecto, en el numeral 6 del inciso a) del artículo
52° del Reglamento de la LIR vigente para el ejercicio
2002 (modificado por el D. S. Nº 194-99-EF) se
indicaba que al impuesto determinado en el ejercicio
gravable se le deduciría, en sexto lugar de prelación
frente a otros créditos, el saldo a favor del IR de los
ejercicios anteriores.
Sobre esto, entendemos que sólo podría considerarse
como saldo a favor de ejercicio anterior aplicable contra
el Impuesto a la Renta del ejercicio, aquel importe
que a la fecha de presentación de la declaración jurada
anual no hubiera sido compensado conforme a ley. En
tal sentido, si un contribuyente hubiera tenido como
saldo a favor del ejercicio 2000 el importe de
S/. 100,000.00 y hubiera aplicado S/. 70,000.00 contra
los pagos a cuenta del ejercicio 2001 y S/. 20,000.00
contra los pagos a cuenta de enero y febrero de 2002,
debería declarar como saldo a favor del ejercicio anterior
el importe de S/. 10,000.00. En este caso al parecer
la recurrente declaró como saldo a favor del ejercicio
anterior, el importe de S/. 30,000.00 pues habría omitido
considerar el importe del saldo compensado contra
los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero de
2002.
En ese sentido, el Tribunal señala que del análisis del
expediente se observa que la recurrente ha aplicado el
saldo a favor del ejercicio 2000 incluso en los meses de
enero y febrero de 2002, por lo que los mismos debían
ser incluidos para efecto de establecer el saldo resultante
que podía ser aplicado contra el impuesto resultante
del ejercicio 2001, tal y como lo ha considerado
la Administración, pues en caso contrario, la recurrente
estaría duplicando el uso del crédito respectivo.
De otro lado, acerca de la aplicación del saldo a favor
del ejercicio 2000 contra el pago a cuenta de febrero
de 2001, el Tribunal señala que la referida compensación
sólo podía haberse efectuado contra los pagos a
cuenta correspondientes al periodo de abril de 2001 en
adelante puesto que la contribuyente presentó su declaración
jurada anual del IR en el mes de abril de 2001.
Este criterio es acorde con lo dispuesto en el numeral 4
del artículo 55° del Reglamento de la LIR (similar a la
actual disposición) que disponía que el saldo a favor
originado por rentas de tercera categoría generado en
el ejercicio inmediato anterior podrá ser compensado
sólo cuando se haya acreditado en la declaración jurada
anual y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo
vencimiento opere a partir del mes siguiente a aquel en
que se presente la declaración jurada donde se consigne
dicho saldo.
Por último, debemos resaltar otro criterio indicado por
el Tribunal en relación con la compensación del saldo
a favor del ejercicio anterior contra los pagos a cuenta
futuros. En dicho criterio el Tribunal indica que conforme
a las disposiciones de la LIR y su Reglamento vigentes
para el caso analizado los contribuyentes gozaban
de la facultad de aplicar el saldo a favor del Impuesto a
la Renta correspondiente a ejercicios anteriores contra
los pagos a cuenta del ejercicio, así como del ejercicio
siguiente, posteriores a la fecha de la presentación de la
respectiva declaración, pero no estaban obligados a
hacerlo, pues en el caso de no efectuar dicha compensación,
podían deducir dicho saldo a favor al momento
de determinar su impuesto correspondiente al ejercicio.
Sobre este punto, incluso la Administración Tributaria
emitió opinión ante una consulta institucional, mediante
Informe Nº 031-2002-SUNAT/K00000. En dicho Informe,
la Administración Tributaria indica que los contribuyentes
que hubieran optado por aplicar su saldo a
favor del IR de tercera categoría contra los pagos a cuenta
mensuales que sean de su cargo, pueden dejar de aplicar
dicho saldo contra los mencionados pagos a cuenta
o contra los pagos a cuenta de algunos de esos meses, y
deducir el saldo pendiente de aplicación, del IR determinado
por el ejercicio gravable.
42
ABRIL 2005

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
Comprobantes de Pago
• RTF Nº 4785-5-2003/22.08.2003
Anulación de venta: Inexistencia
de acuse de recibo
Cuando no se pueda constatar el acuse de
recibo en la nota de crédito exhibida por el
recurrente como sustento de la anulación de la
venta, la Administración debe verificar si las
operaciones fueron anuladas de común acuerdo
y si dieron lugar a la devolución del monto
correspondiente.
• RTF Nº 9781-4-2001/12.12.2001
Emisión de comprobante con
retraso
El emitir comprobante de pago con retraso
no significa ocultamiento de ingresos. Indica el
Tribunal que en este caso se configuraría un
diferimiento de ingresos y en consecuencia,
se presentarían omisiones en los tributos acotados,
mas no necesariamente se trataría de
ocultamiento de ingresos.
• RTF Nº 1744-1-2003/28.03.2003
Domicilio distinto al punto de
emisión del comprobante
Corresponde sancionar por entregar un documento
que no reúne los requisitos para ser
considerado comprobante de pago, cuando dicho
documento consigna un domicilio distinto
al punto de emisión intervenido
• RTF Nº 90-2-2003/13.01.2003
Obligación de adquirente de
verificar que comprobante
cumpla con requisitos y características
mínimos
Si bien en diversas resoluciones el Tribunal
Fiscal ha amparado la buena fe del adquirente,
estableciendo que la misma no puede ser
cuestionada por el solo hecho que el proveedor
no sea habido o que no cumpla con sus
obligaciones tributarias, su existencia es admitida
en la medida que este haya actuado con
la diligencia ordinaria que debe observar en
las operaciones comerciales que realice con sus
proveedores, encontrandose ello vinculado a
la observancia de comportamientos razonables
de los adquirentes durante la realizacion de
sus operaciones comerciales, que denoten el
cuidado, prevision y diligencia propias de ese
tipo de transacciones; a partir de las modificaciones
incorporadas al articulo 19° de la Ley
del IGV por el Decreto Legislativo Nº 821, el
estandar de comportamiento razonable que
podría justificar una adquisición de buena fe
fue delimitado expresamente, debiendo entenderse
que quien recibe un comprobante de
pago que no cumpla con alguna de las características
señaladas por el Reglamento, no puede
alegar que actuó cumpliendo los estandares
de previsión y cuidado propios del concepto
de buena fe objetiva.
• RTF Nº 2262-2-2003/29.04.2003
Descripción del servicio prestado
en restaurantes consignando la
frase “Por consumo”
Resulta improcedente la observación efectuada
por la Administración en el sentido que no
procede aceptar la deducción de los gastos sustentados
en los comprobantes de pago que indiquen
en la parte referida a la descripción del
bien o servicio, únicamente la palabra “consumo”,
ya que de acuerdo con el criterio establecido
en diversas Resoluciones del Tribunal Fiscal,
tales como las Nº 503-1-96, 91-4-96 y 470-2-
99, la anotación de esa frase constituye un uso
habitual tratándose del servicio de expendio de
alimentos, por lo que la Administración debe reconocer
los gastos reparados por tal concepto
en tanto cumplan con el principio de causalidad.
• RTF Nº 3200-3-2003/06.06.2003
Acta probatoria: Error en año de
vigencia de credencial
El hecho de equivocarse en el año de vigencia
de la credencial del fedatario constituye un error
material incurrido al momento de elaborar el acta
probatoria que sustenta la comisión de la infracción
de remitir bienes sin el correspondiente comprobante
de pago o guía de remisión a que se
refieren las normas sobre la materia y que no le
resta mérito probatorio a ésta.
• RTF Nº 3805-6-2003/30.06.2003
Acta Probatoria: Error al consignar
fecha de inicio de vigencia
de credencial
De la revisión del Acta Probatoria se tiene
que el fedatario no consignó la fecha de inicio
de vigencia de la credencial que lo identifica
como tal, lo cual no permite determinar si a la
fecha de la intervención este contaba con la
facultad de dejar constancia de la comisión de
infracciones, restando el valor probatorio de
la referida Acta que sustenta la sanción impuesta.
Este criterio ya ha sido establecido por
este Tribunal en reiterada jurisprudencia tales
como las Resoluciones Nºs. 1682-4-1996, 168-
2-2003,-308-2-2003 y 1608-2-2003.
• RTF Nº 8526-2-2001/14.11.2003
Evidencias de preexistencia de
comprobante extraviado
Aunque los gastos además de cumplir con
el principio de causalidad de la renta, deben
estar sustentados con la documentación correspondiente,
ello no implica el desconocer su
deducción por no contar con el comprobante
de pago original, cuando existen elementos que
evidencian su preexistencia, caso en el que la
Administración debería efectuar las verificaciones
correspondientes con el proveedor.
• RTF Nº 8534-5-2001/19.10.2001
Conceptos que no tienen que ser
sustentados con comprobantes
La regla sobre inadmisibilidad de la deducción
de gastos que carecen de sustento
en comprobantes de pago sólo se aplica
cuando exista la obligación de emitirlos, lo
que se corrobora por el hecho que la LIR prevé
la deducción de conceptos no sustentados
en comprobantes de pago, como la depreciación,
las provisiones de cobranza dudosa,
la provisión para beneficios sociales, la
provisión por desvalorización de existencias,
las remuneraciones, entre otras.
• RTF Nº 896-3-99/19.11.1999
Acreditación de fehaciencia de
operaciones pese a pérdida de
comprobantes
Si luego de cerrado el requerimiento, el contribuyente
comunica a la Administración el
extravío de las facturas de compras y se presentan
indicios razonables de la existencia de
operaciones contenidas en las facturas no exhibidas,
la Administración tiene la posibilidad
de realizar la comprobación con los proveedores
para determinar la veracidad de dichas
operaciones.
• RTF Nº 2233-4-2002/25.04.2002
Comprobantes no anotados en el
Registro de Compras antes de su
utilización como crédito
Si con motivo de una fiscalización se com-
ABRIL 2005 43

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
prueba la existencia de comprobantes de pago
no anotados en el Registro de Compras, el IGV
consignado en los mismos no puede utilizarse
como crédito fiscal de los períodos fiscalizados
aun cuando por éstos se presente una declaración
rectificatoria.
• RTF Nº 233-2-2000/22.03.2000
Comprobantes no anotados en el
Registro de Compras antes de su
utilización como crédito
No procede que a través del mecanismo de
la Rectificación o Ajuste de un error cometido
en el Registro de Compras se regularice lo que
constituye una omisión en la anotación del
monto del Impuesto.
• RTF Nº 219-1-2002/18.01.2002
Anotación de comprobantes en
el Registro de Compras
Es requisito para hacer uso del crédito fiscal
que los comprobantes estén registrados en el
Registro de Compras y no en un libro distinto.
• RTF Nº 731-5-2001/31.07.2001
Anotación de comprobantes en
el Registro de Compras
La anotación de una operación en el Libro
Mayor o Diario tiene naturaleza diferente a su
registro en los Registros de Ventas o de Compras.
La primera es relevante para efectos contables
mas no necesariamente para el nacimiento
de la obligación tributaria del IGV.
• RTF Nº 730-2-2000/23.08.2000
Oportunidad de Legalización del
Registro para utilización del
Crédito
No procede reconocer el crédito fiscal si el
Registro de Compras fue legalizado un tiempo
posterior a los períodos acotados ya que con
la legalización notarial se certifica la apertura
de los libros.
• RTF Nº 3025-5-2004/14.05.2004
Verificación de fehaciencia de
operaciones mas allá de aparente
validez de comprobantes
Para sustentar el crédito fiscal en forma fehaciente
y razonable, el adquirente no sólo debe
cumplir con tener comprobantes de pago por
adquisiciones que en apariencia cumplan los
requisitos sustanciales y formales establecidos
en la LIGV, sino que es necesario que dichos
comprobantes correspondan a operaciones reales,
para lo que la Administración tiene expedita
su facultad para efectuar la inspección, investigación
y control de las obligaciones tributarias,
con el objeto de determinar la certeza
de las operaciones.
• RTF Nº 5753-2-2003/10.10.2003
Verificación de fehaciencia de
operaciones mas allá de aparente
validez de comprobates
Para sustentar el crédito fiscal en forma fehaciente
y razonable, no sólo se debe contar
con comprobantes de pago por adquisiciones
que cumplan los requisitos sustanciales y formales
establecidos en la LIGV, sino que además,
es necesario que dichos comprobantes
sustenten operaciones reales. En ese sentido,
corresponde a la Administración evaluar la
efectiva realización de las operaciones, fundamentalmente
en base a la documentación
proporcionada por el mismo recurrente, siendo
para ello necesario que los contribuyentes
mantengan, al menos, un mínimo indispensable
de elementos de prueba que acrediten, en
caso sea necesario, que los comprobantes de
pago que sustentan su derecho correspondan
a operaciones reales.
• RTF N° 1858-3-2004/26.03.2004
Dificultades para ubicar al emisor
del comprobante
El hecho que al momento que se realice la
verificación tributaria por parte de la Administración
Tributaria, no se encuentre a los sujetos
emisores de los comprobantes de pago, no implica
automáticamente que el domicilio fiscal
haya sido falso en el momento en que se realizó
la operación y por tanto tampoco el comprobante,
no pudiendo dicha circunstancia afectar
al comprador.
• RTF Nº 2369-4-2002/29.04.2002
Dificultades para ubicar al
emisor del comprobante
Si en el momento de la fiscalización los proveedores
se encuentran en situación de no habidos,
ello no necesariamente significa que en
el momento de la compra efectuada por la recurrente
tuvieran domicilio falso, para desconocer
el crédito fiscal aduciendo omisiones de
requisitos formales.
Tampoco darán derecho al crédito fiscal los
comprobantes que hayan sido otorgados por
personas que resulten no ser contribuyentes del
Impuesto o los otorgados por contribuyentes
cuya inclusión en algún régimen especial no los
habilite a ello o los otorgados por operaciones
exoneradas del impuesto.
• RTF Nº 4785-5-2003/22.08.2003
Descuento a consumidores
finales posterior a la emisión de
la Boleta de Venta
En operaciones con consumidores finales, si
al momento de emitir la boleta de venta no
hay certeza de la ocurrencia de los hechos que
originan el descuento procede la emisión de
notas de crédito (no siendo de aplicación el
numeral 1.4. del artículo 10° del RCP), en las
que se incluya como referencia el numero de
comprobante que modifican, la fecha de recepción,
la firma y el DNI de los clientes a los
que se otorgó el descuento. Ello ocurre cuando
se acuerda que el valor de venta será cancelado
en letras, otorgandose un descuento por
pago puntual de cada una de ellas.
• RTF 5998-3-2003/22.10.2003
Modificación de Boletas de Venta
En el caso de las boletas de venta es innecesario
el ajuste del impuesto bruto y uso de notas
de crédito, a que se refiere el literal c) del
artículo 26° de la LIGV, ya que estas no sustentan
crédito fiscal para efectos tributarios, por
tanto, en estos supuestos no existe obligación
de pagar el impuesto cobrado por operaciones
no gravadas.
• RTF Nº 2962-5-2002/05.06.2002
Anulación de venta: Inexistencia
de acuse de recibo
El mero incumplimiento del requisito del numeral
1.6 del artículo 10° del RCP no es causal
para desconocer la anulación efectuada, teniendo
como finalidad la verificación de tal información
(constancia de recepción de la nota de
crédito, esto es, la identificación de quien la recibe,
su documento de identidad, la fecha de
recepción y, de ser el caso, el sello de la empresa),
el permitir sin necesidad de recurrir al cruce
de información con el tercero, confirmar que
efectivamente se está ante una operación que
ha sido anulada de común acuerdo y que da
lugar a la devolución de los bienes, lo que resulta
relevante para efectos de reconocerle a
dicha operación efectos tributarios.
• RTF Nº 7015-2-02/05.12.2002 –
Omisión de entrega de comprobante
emitido
Se incurre en la infracción de otorgar documentos
que no reúnen los requisitos y características
para ser considerados comprobantes
de pago cuando el emisor omite su
entrega.
44
ABRIL 2005

INDICADORES
Calendario Tributario y de otros Conceptos
R. de S. Nº 244-2003/SUNAT (02.01.2004), R. de S. Nº 307-2004/SUNAT (30.12.2004) y normas especiales
1 PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL TRIBUTO
2 MES DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO
CONCEPTO 1
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC DEL CONTRIBUYENTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
MAR. ABR. MAR. ABR. MAR. ABR. MAR. ABR. MAR. ABR. MAR. ABR. MAR. ABR. MAR. ABR. MAR. ABR. MAR. ABR.
• Declaración Jurada y Pago
del IGV, IVAP e ISC (1) (2)
2
ABR.
19.04.05
MAY.
18.05.05
ABR.
20.04.05
MAY.
19.05.05
ABR.
21.04.05
MAY.
20.05.05
ABR.
22.04.05
MAY.
09.05.05
ABR.
11.04.05
MAY.
10.05.05
ABR.
12.04.05
MAY.
11.05.05
ABR.
13.04.05
MAY.
12.05.05
ABR.
14.04.05
MAY.
13.05.05
ABR.
15.04.05
MAY.
16.05.05
ABR.
18.04.05
MAY.
17.05.05
• ESSALUD (2) de Segurid
– Régimen General (3)
19.04.05
18.05.05
20.04.05
19.05.05
21.04.05
20.05.05
22.04.05
09.05.05
11.04.05
10.05.05
12.04.05
11.05.05
13.04.05
12.05.05
14.04.05
13.05.05
15.04.05
16.05.05
18.04.05
17.05.05
– Grupos Especiales (3)
19.04.05 18.05.05 20.04.05 19.05.05 21.04.05 20.05.05 22.04.05 09.05.05 11.04.05 10.05.05 12.04.05 11.05.05 13.04.05 12.05.05 14.04.05 13.05.05 15.04.05 16.05.05 18.04.05 17.05.05
• ONP (2) (3)
19.04.05 18.05.05 20.04.05 19.05.05 21.04.05 20.05.05 22.04.05 09.05.05 11.04.05 10.05.05 12.04.05 11.05.05 13.04.05 12.05.05 14.04.05 13.05.05 15.04.05 16.05.05 18.04.05 17.05.05
• Pagos a Cuenta y Retenciones
del Impuesto a la Renta, incluye
RER (2)
19.04.05
18.05.05
20.04.05
19.05.05
21.04.05
20.05.05
22.04.05
09.05.05
11.04.05
10.05.05
12.04.05
11.05.05
13.04.05
12.05.05
14.04.05
13.05.05
15.04.05
16.05.05
18.04.05
17.05.05
• Retenciones de CEPAP
D. L. Nº 20530
19.04.05
18.05.05
20.04.05
19.05.05
21.04.05
20.05.05
22.04.05
09.05.05
11.04.05
10.05.05
12.04.05
11.05.05
13.04.05
12.05.05
14.04.05
13.05.05
15.04.05
16.05.05
18.04.05
17.05.05
• SENCICO (2)
19.04.05 18.05.05 20.04.05 19.05.05 21.04.05 20.05.05 22.04.05 09.05.05 11.04.05 10.05.05 12.04.05 11.05.05 13.04.05 12.05.05 14.04.05 13.05.05 15.04.05 16.05.05 18.04.05 17.05.05
• SENATI (4)
18.04.05 17.05.05 18.04.05 17.05.05 18.04.05 17.05.05 18.04.05 17.05.05 18.04.05 17.05.05 18.04.05 17.05.05 18.04.05 17.05.05 18.04.05 17.05.05 18.04.05 17.05.05 18.04.05 17.05.05
• APORTES A LAS AFP:
– En Cheque (5)
05.04.05
04.05.05
05.04.05
04.05.05
05.04.05
04.05.05
05.04.05
04.05.05
05.04.05
04.05.05
05.04.05
04.05.05
05.04.05
04.05.05
05.04.05
04.05.05
05.04.05
04.05.05
05.04.05
04.05.05
– En Efectivo (6)
07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05
– Declaración sin pago (6)
07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05 07.04.05 06.05.05
– Pago de la deuda
hasta … (7)
21.04.05
20.05.05
21.04.05
20.05.05
21.04.05
20.05.05
21.04.05
20.05.05
21.04.05
20.05.05
21.04.05
20.05.05
21.04.05
20.05.05
21.04.05
20.05.05
21.04.05
20.05.05
21.04.05
20.05.05
• R.U.S. (2)
19.04.05 18.05.05 20.04.05 19.05.05 21.04.05 20.05.05 22.04.05 09.05.05 11.04.05 10.05.05 12.04.05 11.05.05 13.04.05 12.05.05 14.04.05 13.05.05 15.04.05 16.05.05 18.04.05 17.05.05
• CONAFOVICER (8)
15.04.05 16.05.05 15.04.05 16.05.05 15.04.05 16.05.05 15.04.05 16.05.05 15.04.05 16.05.05 15.04.05 16.05.05 15.04.05 16.05.05 15.04.05 16.05.05 15.04.05 16.05.05 15.04.05 16.05.05
(1) Rige también para el ISC; salvo que se aplique un calendario especial, como en el caso del ISC que afecta a los combustibles (ver Cronograma en página 46). (2) Salvo que se trate de contribuyentes considerados como «Buenos
Contribuyentes» (ver Calendario en página 46). (3) Los plazos para la presentación y/o pago en este caso son los mismos que para los tributos administrados por la SUNAT. (4) Doce primeros días hábiles del mes. (5) Tres primeros
días hábiles del mes. (6) Cinco primeros días hábiles del mes. (7) … Diez días hábiles siguientes luego de presentar la Declaración sin Pago; en este caso, se reduce en 50% el pago de intereses. (8) Quince primeros días calendario.
ABRIL 2005 45

INDICADORES
Cronograma de Pagos Tributarios
A. PAGOS A CUENTA DEL ISC (1) B. PARA BUENOS CONTRIBUYENTES (2)
MES AL QUE
CORRESPONDE
LA OBLIGACIÓN
ABRIL 2005
VENCIMIENTO SEMANAL
SEMANA
N° DESDE HASTA
1
2
3
4
03 de Abril de 2005
10 de Abril de 2005
17 de Abril de 2005
24 de Abril de 2005
09 de Abril de 2005
16 de Abril de 2005
23 de Abril de 2005
30 de Abril de 2005
Vencimiento
05 de Abril de 2005
12 de Abril de 2005
19 de Abril de 2005
26 de Abril de 2005
1 01 de Mayo de 2005 07 de Mayo de 2005 03 de Mayo de 2005
MAYO 2005 2 08 de Mayo de 2005 14 de Mayo de 2005 10 de Mayo de 2005
3 15 de Mayo de 2005 21 de Mayo de 2005 17 de Mayo de 2005
4 22 de Mayo de 2005 28 de Mayo de 2005 24 de Mayo de 2005
5 29 de Mayo de 2005 04 de Junio de 2005 31 de Mayo de 2005
(1) Según Anexo 2 de la R. de S. Nº 307-2004/SUNAT publicada el 30 de diciembre de 2004.
PERÍODO AL QUE
CORRESPONDE LA
OBLIGACIÓN
ENERO 2005
FEBRERO 2005
MARZO 2005
ABRIL 2005
MAYO 2005
JUNIO 2005
FECHA DE VENCIMIENTO PARA DECLARACIÓN Y PAGO (3)
0 - 4 5 - 9
24 de Febrero de 2005
22 de Marzo de 2005
26 de Abril de 2005
23 de Mayo de 2005
24 de junio de 2005
22 de julio de 2005
23 de Febrero de 2005
23 de Marzo de 2005
25 de Abril de 2005
24 de Mayo de 2005
23 de junio de 2005
25 de julio de 2005
(2) Según R. de S. Nº 307-2004/SUNAT. Aplicable a contribuyentes expresamente considerados
como tales por la SUNAT respecto a tributos recaudados y/o administrados por esta entidad.
(3) Según último dígito del RUC.
ADQUISICIONES
DEL MES DE:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
C. ENTIDADES ESTATALES SOBRE
INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES (4)
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
0 - 4 5 - 9
30 de Marzo de 2005
28 de Abril de 2005
30 de Mayo de 2005
28 de Junio de 2005
26 de Julio de 2005
29 de Agosto de 2005
31 de Marzo de 2005
29 de Abril de 2005
31 de Mayo de 2005
30 de Junio de 2005
27 de Julio de 2005
31 de Agosto de 2005
(4) Según D. S. Nº 053-97-PCM (modificado por D. S. Nº 063-97-PCM, D. S. Nº 048-98-PCM), R. M. Nº 083-2001-
EF/10 y R. de S. Nº 033-2005/SUNAT.
D. PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS
TRANSACCIONES FINANCIERAS-ITF (5)
FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
Del
Al
01 de Marzo de 2005
16 de Marzo de 2005
01 de Abril de 2005
16 de Abril de 2005
01 de Mayo de 2005
(5) Según R. de S. Nº 307-2004/SUNAT.
15 de Marzo de 2005
31 de Marzo de 2005
15 de Abril de 2005
30 de Abril de 2005
15 de Mayo de 2005
ÚLTIMO DÍA PARA
REALIZAR EL PAGO
22 de Marzo de 2005
07 de Abril de 2005
22 de Abril de 2005
06 de Mayo de 2005
20 de Mayo de 2005
Programa de Declaración Telemática
Versiones vigentes
TIPO DE
DECLARACIÓN
PDT
FORMULARIO
VIRTUAL
INICIO DE
VIGENCIA
DECLARACIONES
DETERMINATIVAS
DECLARACIONES
INFORMATIVAS
OTROS
Impuesto a la Renta Anual 2004 – Personas Naturales (1) .
Impuesto a la Renta Anual 2004 – Tercera Categoría (2) e ITF.
Impuesto Temporal a los Activos Netos
Fondo y Fideicomisos
IGV - Renta mensual (IGV mensual y pago a cuenta del IR).
Impuesto Selectivo al Consumo.
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.
Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Impuesto a las Transacciones Financieras (Agentes de retención o percepción).
Trabajadores Independientes (pago a cuenta de IR de cuarta categoría).
Otras Retenciones (IR de segunda categoría –incluyendo dividendos-, IR de No Domiciliados, y Retenciones de IGV).
Agentes de Retención del IGV.
Agentes de Percepción del IGV (conforme a la R. de S. N° 128-2002/SUNAT).
Agentes de Percepción del IGV a las Ventas Internas (conforme a la R. de S. Nº 189-2004/SUNAT).
Retenciones y Contribuciones sobre Remuneraciones.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Modificación de Coeficiente o Porcentaje para el cálculo de pagos a cuenta del IR de tercera categoría.
Declaración de Operaciones con Terceros.
Declaración de Notarios.
Declaración de Predios.
Boletos de Transporte Aéreo.
Regalía Minera
653 – versión 1.0
654 – versión 1.0
648– versión 1.0
618 – versión 1.0
621 – versión 4.3
615 – versión 2.0
634 – versión 1.0
693 – versión 1.0
695 – versión 1.5
616 – versión 1.3
617 – versión 1.4
626 – versión 1.1
633 – versión 1.2
697 – versión 1.3
600 – versión 4.2
610 – versión 3.4
625 – versión 1.0
3500 – versión 3.2
3520 – versión 2.3
3530 – versión 1.0
3540 – versión 1.0
0698 – version 1.0
22.01.2005
22.01.2005
03.04.2005
01.03.2005
03.04.2005 (3)
26.08.2004
06.08.2003
18.01.2003
05.04.2004
01.01.2005
01.03.2004 (4)
18.01.2003
01.05.2005
01.05.2005
09.02.2005
01.09.2003
21.07.2004
20.01.2005
18.01.2003
19.10.2003
15.07.2004
21.02.2005
(1) Se utiliza los Formularios Virtuales 675 – versión 1.5 para el 2000, 677– versión 1.0 para el 2001, 679 – versión 1.0 para el 2002 y 651- versión 1.0 para el 2003.
(2) Se utiliza los Formularios Virtuales 672 – versión 2.0 para 1998, 674 – versión 2.0 para 1999, 676 – versión 1.1 para el 2000, 678 – versión 1.1 para el 2001, 680 – versión 1.0 para el 2002 y 652
– versión 1.1 para el 2003.
(3) Puede utilizarse la versión anterior hasta e 31 de mayo de 2005 para quienes no están obligados a presentar el PDT ITAN.
(4) Puede utilizarse la versión anterior hasta el 31 de marzo de 2005.
46
ABRIL 2005

PARTIDA
DEL
MES DE:
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Impuesto a la Renta 2005-Personas Naturales
A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA GLOBAL (RNG)
RENTA BRUTA (RB)
Primera Categoría (1C)
Segunda Categoría (2C) (1)
Cuarta Categoría (4C)
Quinta Categoría (5C)
DEDUCCIONES PERMITIDAS RENTA NETA (RN)
(-) 20% de RB1C
= RN1C
(-) 10% de RB2C
= RN2C
= RNG
(-) 20% de RB4C (2) (-) S/. 23,100
= RN de 4C y 5C
(7 UIT)
B. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA
GLOBAL ANUAL (RNGA) (3)
RNGA = (RNG – (ITF (4) + GxD (5) + Pérdidas de 1C (6) + Pérdidas de 2C (7) )) + RNFE
Donde:
ITF: Impuesto a las Transacciones Financieras; GxD: Gastos por donaciones; RNFE: Renta neta
de fuente extranjera
(1) No se incluye los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, los mismos que se
calculan bajo el sistema cedular.
MES DE ACTUALIZACIÓN
2004
Ago. Set. Oct. Nov.
C. TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO
RNGA
Base de Equivalencia en
Cálculo Nuevos Soles
Hasta 27
Hasta:
UIT
S/. 89,100
Más de 27 UIT
hasta 54 UIT
Más de 54 UIT
Más de S/. 89,100
Hasta S/. 178,200
Más de S/. 178,200
PERÍODO APLICABLE
AÑO MESES
INDICADORES
Fórmula para calcular
el Impuesto (I)
I = (0.15 x RNGA)
I = (0.21 x RNGA) – S/. 5,346
I = (0.30 x RNGA) – S/. 21,384
(2) Aplicable sólo para rentas indicadas en el inciso a) del artículo 33° de la LIR. El límite deducible es
S/. 79,200 (24 UIT).
(3) Después de las deducciones admitidas.
(4) El monto pagado en el ejercicio hasta el límite de la RNG sin considerar la RB5C.
(5) Gasto por donaciones realizadas conforme a lo señalado en el inciso b) del artículo 49° de la LIR y en
el artículo 28°-B del Reglamento.
(6) Pérdidas extraordinarias y/o de ejercicios anteriores de 1C.
(7) Pérdidas de capital originadas en la enajenación de inmuebles bajo las reglas del artículo 36° de la LIR.
Factores para el Ajuste Integral de los Valor de la UIT 1996 – 2005
Estados Financieros (Índice de Precios al Por Mayor) (1)
Abr.
1.034
1.029
1.016
1.006
1.000
May.
1.041
1.036
1.023
1.013
1.006
1.000
Jun.
1.048
1.042
1.029
1.019
1.013
1.006
1.000
Jul.
1.050
1.044
1.031
1.021
1.015
1.008
1.002
1.000
1.048
1.042
1.029
1.019
1.013
1.007
1.000
0.998
1.000
1.049
1.043
1.030
1.020
1.014
1.008
1.001
0.999
1.001
1.000
1.049
1.043
1.030
1.020
1.014
1.007
1.001
0.999
1.001
1.000
1.000
1.053
1.047
1.034
1.024
1.017
1.011
1.005
1.002
1.004
1.003
1.003
1.000
Dic.
1.049
1.043
1.030
1.020
1.014
1.007
1.001
0.999
1.001
1.000
1.000
0.997
1.000
Ene.
1.004
1.000
(1) El ajuste ha sido suspendido para el ejercicio 2005 por R. de C. Nº 031-2004-EF/93.01 (contable) y Ley Nº 28394 (tributario).
Mantenemos este indicador para aquellos que hubieran estabilizado el IR con ajuste y para efectos del ITAN.
Índice de Precios - INEI
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TASA
%
15%
21%
30%
Enero
Febrero - Diciembre
Promedio
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
VALOR
(S/.)
2, 000
2, 200
2,183 (1)
2, 400
2, 600
2, 800
2, 900
3,000
3,100
3,100
3,200
3,300
BASE
LEGAL
D. S. Nº 178-94-EF
D. S. Nº 012-96-EF
D. S. Nº 012-96-EF (2)
D. S. Nº 134-96-EF
D. S. Nº 177-97-EF
D. S. Nº 123-98-EF
D. S. Nº 191-99-EF
D. S. Nº 145-2000-EF
D. S. Nº 241-2001-EF
D. S. Nº 191-2002-EF
D. S. Nº 192-2003-EF
D. S. Nº 177-2004-EF
(1) Aplicable para la determinación anual del IR de ese año.
(2) Vigente a partir de febrero de 1996.
A. Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana y Variación Porcentual
ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL
VARIACIÓN PORCENTUAL
2004
2005
Base 1994 Base 2001 Base 1994 Base 2001
MENSUAL
ACUMULADA ANUAL (1)
MES
2004 2005
2004 2005 2004
2005
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
164.39
166.17
166.94
166.90
167.49
168.43
168.76
168.74
168.77
168.73
169.21
169.20
104.60
105.73
106.22
106.20
106.57
107.17
107.38
107.37
107.39
107.36
107.67
107.66
169.37
168.96
170.06
107.77
107.51
108.21
0.54
1.09
0.46
-0.02
0.35
0.56
0.19
-0.01
0.02
-0.02
0.29
-0.01
0.10
-0.23
0.65
0.54
1.63
2.10
2.07
2.44
3.01
3.21
3.20
3.22
3.19
3.49
3.48
0.10
-0.13
0.51
2.80
3.43
2.76
2.78
3.19
4.25
4.62
4.59
4.02
3.96
4.08
3.48
3.03
1.68
1.87
(1) Respecto al mismo mes del año anterior. FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices.
B. Índice General de Precios al Por Mayor (IPM) a Nivel Nacional y Variación Porcentual
ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL (1)
VARIACIÓN PORCENTUAL
2003
2004
2005
MENSUAL
ACUMULADA ANUAL (2)
MES
2004 2005
2004
2005 2004
2005
Enero
154.161062 158.365409 165.790508
0.55
0.36
0.55
0.36
1.69
4.69
Febrero
154.834866 160.383658 165.210516
1.27
-0.35
1.83
0.00
2.59
3.01
Marzo
156.113192 161.963973 165.757078
0.99
0.33
2.83
0.34
3.31
2.34
Abril
155.780901 162.939923
0.60
3.45
2.41
Mayo
155.560078 163.993424
0.65
4.12
2.25
Junio
155.087684 165.021318
0.63
4.77
1.96
Julio
154.642665 165.372829
0.21
4.99
1.08
Agosto
154.886242 165.072105
-0.18
4.80
1.05
Setiembre 155.923529 165.236458
0.10
4.91
0.80
Octubre
156.191326 165.203606
-0.02
4.89
0.45
Noviembre 156.489146 165.781568
0.35
5.25
0.91
Diciembre 157.506072 165.203249
-0.35
4.89
2.00
(1) Base año 1994. (2) Respecto al mismo mes del año anterior. FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices.
2005
Feb.
1.000
0.997
1.000
Mar.
1.003
1.000
1.003
1.000
ABRIL 2005 47

INDICADORES
CONCEPTO
Tasas de Interés Moratorio
Tasa de Interés Mensual
Tasa de Interés Diario (2)
TRIBUTOS INTERNOS Y ADUANEROS
DEL 07.02.2003
AL 31.01.2004
DEL 01.02.2004
A LA FECHA (1)
M. N. M. E. M. N. M. E.
1,5% 0,84% 1,5% 0,75%
0,05%
0,028%
0,05%
0,025%
ACUMULACIÓN: Los intereses acumulados al 31 de diciembre se agregarán al tributo
impago, constituyendo la nueva base para el cálculo de los intereses diarios del año
siguiente. Los intereses moratorios correspondientes a los anticipos y pagos a cuenta
mensuales, se aplicarán hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal
sin aplicar la acumulación al 31 de diciembre.
M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.
(1) Según la R. de S. Nº 028-2004/SUNAT.
(2) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT a partir del
25 de febrero de 2000 se consideran cinco decimales.
Tasas de Interés Internacional
Diaria
Del 01.03.2005 al 06.04.2005
DÍA FECHA
LIBOR
1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO
PRIME RATE
Martes 01.03.05 2,720 2,930 3,190 3,570 5,50
Miércoles 02.03.05 2,720 2,940 3,190 3,570 5,50
Jueves 03.03.05 2,746 2,950 3,200 3,570 5,50
Viernes 04.03.05 2,750 2,959 3,200 3,571 5,50
Sábado 05.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Domingo 06.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Lunes 07.03.05 2,760 2,960 3,200 3,560 5,50
Martes 08.03.05 2,770 2,970 3,210 3,580 5,50
Miércoles 09.03.05 2,771 2,980 3,220 3,600 5,50
Jueves 10.03.05 2,800 3,000 3,250 3,640 5,50
Viernes 11.03.05 2,810 3,010 3,259 3,650 5,50
Sábado 12.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Domingo 13.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Lunes 14.03.05 2,820 3,020 3,274 3,680 5,50
Martes 15.03.05 2,830 3,030 3,286 3,690 5,50
Miércoles 16.03.05 2,834 3,040 3,300 3,710 5,50
Jueves 17.03.05 2,850 3,050 3,296 3,690 5,50
Viernes 18.03.05 2,850 3,050 3,300 3,693 5,50
Sábado 19.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Domingo 20.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Lunes 21.03.05 2,850 3,053 3,310 3,714 5,50
Martes 22.03.05 2,850 3,060 3,320 3,720 5,75
Miércoles 23.03.05 2,850 3,090 3,368 3,810 5,75
Jueves 24.03.03 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Viernes 25.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Sábado 26.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Domingo 27.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Lunes 28.03.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Martes 29.03.05 2,850 3,093 3,380 3,850 5,75
Miércoles 30.03.05 2,860 3,100 3,390 3,840 5,75
Jueves 31.03.05 2,870 3,120 3,400 3,845 5,75
PROMEDIO MARZO 2,814 3,029 3,287 3,691 5,58
Viernes 01.04.05 2,870 3,120 3,385 3,810 5,75
Sábado 02.04.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Domingo 03.04.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Lunes 04.04.05 N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
Martes 05.04.05 2,890 3,123 3,380 3,786 5,75
Miércoles 06.04.05 2,891 3,123 3,389 3,790 5,75
FUENTE: Bloomberg N/P = No publicado
Tasa de Interés para Devolución
de Pagos indebidos o en exceso
Tasa de Interés Diario (4) TRIBUTOS INTERNOS Y ADUANEROS
CONCEPTO
DEL 01.01.2003
AL 31.12.2003 (1) DEL 01.01.2004
AL 31.12.2004 (2)
DEL 01.01.2005
AL 31.12.2005 (3)
0,01333% 0,005% 0,01333% 0,005% 0,02% 0,005%
M. N. M. E. M. N. M. E. M. N. M. E.
Tasa de Interés Mensual 0,40% 0,15% 0,40% 0,15% 0,60% 0,15%
M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.
(1) Según R. de S. Nº 020-2003/SUNAT.
(2) Según R. de S. Nº 001-2004/SUNAT.
(3) Según la R. de S. Nº 005-2005/SUNAT.
(4) Según la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT y la R. de S. Nº 116-2000/SUNAT, se aplica el
interés diario con cinco decimales.
DÍA
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Tasas Activa y Pasiva de Interés:
(Mercado Promedio Ponderado: Circulares B.C.R. Nº 006 y 007-91-EF/90)
Del 01.03.2005 al 06.04.2005
FECHA
01.03.05
02.03.05
03.03.05
04.03.05
05.03.05
06.03.05
07.03.05
08.03.05
09.03.05
10.03.05
11.03.05
12.03.05
13.03.05
14.03.05
15.03.05
16.03.05
17.03.05
18.03.05
19.03.05
20.03.05
21.03.05
22.03.05
23.03.05
24.03.05
25.03.05
26.03.05
27.03.05
28.03.05
29.03.05
30.03.05
31.03.05
01.04.05
02.04.05
03.04.05
04.04.05
05.04.03
06.04.05
TAMN
(Moneda Nacional)
%A FD FA(1) %A FD
26,44
26,68
26,53
26,45
26,45
26,45
26,65
26,70
26,67
26,42
26,42
26,42
26,42
26,44
26,45
26,19
26,39
26,35
26,35
26,35
26,29
26,20
25,88
25,88
25,88
25,88
25,88
25,83
25,60
25,37
25,68
25,57
25,57
25,57
25,57
26,17
26,00
0,00065
0,00066
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00066
0,00066
0,00066
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00065
0,00064
0,00064
0,00064
0,00064
0,00064
0,00064
0,00063
0,00063
0,00064
0,00063
0,00063
0,00063
0,00063
0,00065
0,00064
361,42305
361,66056
361,89703
362,13302
362,36916
362,60546
362,84351
363,08210
363,32062
363,55730
363,79413
364,03112
364,26826
364,50571
364,74340
364,97916
365,21668
365,45403
365,69154
365,92919
366,16653
366,40329
366,63761
366,87209
367,10671
367,34149
367,57641
367,81109
368,04404
368,27526
368,50916
368,74231
368,97560
369,20905
369,44264
369,68127
369,91867
TAMEX
(Moneda Extranjera)
9,61
9,64
9,66
9,73
9,73
9,73
9,59
9,59
9,58
9,58
9,57
9,57
9,57
9,54
9,61
9,60
9,60
9,63
9,63
9,63
9,63
9,60
9,59
9,59
9,59
9,59
9,59
9,63
9,69
9,69
9,73
9,69
9,69
9,69
9,69
9,74
9,75
0,00025
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00025
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
6,73361
6,73533
6,73705
6,73879
6,74053
6,74227
6,74398
6,74570
6,74741
6,74913
6,75084
6,75256
6,75427
6,75598
6,75770
6,75942
6,76114
6,76287
6,76460
6,76633
6,76805
6,76978
6,77150
6,77322
6,77495
6,77667
6,77839
6,78013
6,78187
6,78361
6,78536
6,78710
6,78885
6,79059
6,79234
6,79409
6,79585
TIPMN TIPMEX
(N) (N)
FA(1) %A %A
2,56
2,53
2,54
2,55
2,55
2,55
2,54
2,53
2,55
2,56
2,55
2,55
2,55
2,55
2,49
2,50
2,53
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,49
2,49
2,49
2,49
2,49
2,49
2,48
2,51
2,53
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,52
1,33
1,34
1,33
1,37
1,37
1,37
1,35
1,37
1,38
1,39
1,38
1,38
1,38
1,37
1,37
1,39
1,38
1,38
1,38
1,38
1,39
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,40
1,37
1,37
1,38
1,36
1,36
1,36
1,36
1,39
1,37
(1) Desde el 01.04.91.
FD= Factor Diario. FA= Factor Acumulado. A= Anual. TAMN= Tasa Activa en Moneda Nacional.
TAMEX = Tasa Activa en Moneda Extranjera. TIPMN= Tasa Pasiva en Moneda Nacional.
TIPMEX= Tasa Pasiva en Moneda Extranjera. (N)= Tasa Nominal. N/P= No Publicado.
48
ABRIL 2005

INDICADORES
Tipo de Cambio (en S/.):
Del 01.03.2005 al 06.04.2005
FECHA
M. 01.03.05
M. 02.03.05
J. 03.03.05
V. 04.03.05
S. 05.03.05
D. 06.03.05
L. 07.03.05
M. 08.03.05
M. 09.03.05
J. 10.03.05
V. 11.03.05
S. 12.03.05
D. 13.03.05
L. 14.03.05
M. 15.03.05
M. 16.03.05
J. 17.03.05
V. 18.03.05
S. 19.03.05
D. 20.03.05
L. 21.03.05
M. 22.03.05
M. 23.03.05
J. 24.03.05
V. 25.03.05
S. 26.03.05
D. 27.03.05
L. 28.03.05
M. 29.03.05
M. 30.03.05
J. 31.03.05
V. 01.04.05
S. 02.04.05
D. 03.04.05
L. 04.04.05
M. 05.03.05
M. 06.04.05
Promedio
Ponderado al Cierre
de Operaciones
R.C. Nº 007-91-EF/90
C V
3,257
3,260
3,261
3,257
N/P
N/P
3,257
3,258
3,257
3,257
3,256
N/P
N/P
3,255
3,256
3,262
3,258
3,259
N/P
N/P
3,259
3,259
3,260
N/P
N/P
N/P
N/P
3,260
3,260
3,259
3,259
3,258
N/P
N/P
N/P
3,258
3,258
3,259
3,261
3,262
3,259
N/P
N/P
3,260
3,259
3,259
3,259
3,258
N/P
N/P
3,257
3,258
3,263
3,259
3,261
N/P
N/P
3,260
3,260
3,262
N/P
N/P
N/P
N/P
3,262
3,262
3,262
3,263
3,260
N/P
N/P
N/P
3,261
3,260
DÓLAR NORTEAMERICANO EURO
Promedio
Ponderado
a la fecha
de publicación( 1 )
Libre
al
Cierre de
Operaciones
C V C V
3,255
3,257
3,260
3,261
3,257
N/P
N/P
3,257
3,258
3,257
3,257
3,256
N/P
N/P
3,255
3,256
3,262
3,258
3,259
N/P
N/P
3,259
3,259
3,260
N/P
N/P
N/P
N/P
3,260
3,260
3,259
3,259
3,258
N/P
N/P
N/P
3,258
3,259
3,259
3,261
3,262
3,259
N/P
N/P
3,260
3,259
3,259
3,259
3,258
N/P
N/P
3,257
3,258
3,263
3,259
3,261
N/P
N/P
3,260
3,260
3,262
N/P
N/P
N/P
N/P
3,262
3,262
3,262
3,263
3,260
N/P
N/P
N/P
3,261
3,250
3,255
3,255
3,250
N/P
N/P
3,250
3,250
3,250
3,245
3,250
N/P
N/P
3,250
3,250
3,248
3,250
3,252
N/P
N/P
3,255
3,255
3,250
N/P
N/P
N/P
N/P
3,258
3,260
3,255
3,255
3,255
N/P
N/P
N/P
3,250
3,250
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros. C = Compra; V = Venta; N/P = No publicado.
3,260
3,265
3,265
3,252
N/P
N/P
3,260
3,260
3,260
3,255
3,255
N/P
N/P
3,260
3,260
3,255
3,260
3,262
N/P
N/P
3,265
3,265
3,260
N/P
N/P
N/P
N/P
3,268
3,270
3,263
3,260
3,260
N/P
N/P
N/P
3,255
3,260
Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones
C V
4,266
4,270
4,258
4,267
N/P
N/P
4,268
4,304
4,318
4,331
4,352
N/P
N/P
4,347
4,338
4,332
4,332
4,303
N/P
N/P
4,287
4,288
4,254
N/P
N/P
N/P
N/P
4,245
4,208
4,200
4,204
4,194
N/P
N/P
N/P
4,147
4,167
Promedio
Ponderado
a la fecha
de publicación( 1 )
C V
(1) En el IGV, para la conversión en moneda nacional de operaciones realizadas en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado correspondiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria (numeral 17 del artículo 5° del Reglamento de la Ley del IGV e ISC).
4,364
4,349
4,356
4,314
N/P
N/P
4,354
4,352
4,360
4,398
4,399
N/P
N/P
4,388
4,387
4,415
4,410
4,357
N/P
N/P
4,323
4,330
4,298
N/P
N/P
N/P
N/P
4,274
4,250
4,266
4,283
4,261
N/P
N/P
N/P
4,241
4,227
4,277
4,266
4,270
4,258
4,267
N/P
N/P
4,268
4,304
4,318
4,331
4,352
N/P
N/P
4,347
4,338
4,332
4,332
4,303
N/P
N/P
4,287
4,288
4,254
N/P
N/P
N/P
N/P
4,245
4,208
4,200
4,204
4,194
N/P
N/P
N/P
4,147
4,363
4,364
4,349
4,356
4,314
N/P
N/P
4,354
4,352
4,360
4,398
4,399
N/P
N/P
4,388
4,387
4,415
4,410
4,357
N/P
N/P
4,323
4,330
4,298
N/P
N/P
N/P
N/P
4,274
4,250
4,266
4,283
4,261
N/P
N/P
N/P
4,241
LIBRA ESTERLINA
Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones
C V
6,217
6,177
6,191
6,170
N/P
N/P
6,132
6,174
6,277
6,048
6,220
N/P
N/P
6,060
6,188
6,279
6,079
6,240
N/P
N/P
6,100
6,099
6,160
N/P
N/P
N/P
N/P
6,080
6,103
6,036
6,082
5,993
N/P
N/P
N/P
6,050
6,021
6,341
6,337
6,319
6,345
N/P
N/P
6,337
6,345
6,338
6,358
6,288
N/P
N/P
6,348
6,280
6,344
6,348
6,319
N/P
N/P
6,291
6,344
6,321
N/P
N/P
N/P
N/P
6,172
6,167
6,206
6,226
6,240
N/P
N/P
N/P
6,197
6,222
YEN JAPONÉS
Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones
C V
0,031
0,031
0,030
0,031
N/P
N/P
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
N/P
N/P
0,031
0,031
0,031
0,031
0,030
N/P
N/P
0,031
0,031
0,030
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
0,030
0,030
0,030
N/P
N/P
N/P
0,030
N/P
0,031
0,032
0,031
0,031
N/P
N/P
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
N/P
N/P
0,032
0,032
0,032
0,031
0,031
N/P
N/P
0,031
0,031
0,031
N/P
N/P
N/P
N/P
0,031
0,031
0,031
0,030
0,031
N/P
N/P
N/P
0,030
0,030
FRANCO SUIZO
Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones
C V
2,755
2,736
2,755
2,780
N/P
N/P
2,756
2,760
2,767
2,766
2,763
N/P
N/P
2,743
2,777
2,815
2,789
2,780
N/P
N/P
2,718
2,731
2,680
N/P
N/P
N/P
N/P
2,663
2,711
2,710
2,690
2,696
N/P
N/P
N/P
2,664
2,678
2,819
2,835
2,803
2,815
N/P
N/P
2,821
2,814
2,838
2,861
2,788
N/P
N/P
2,897
2,821
2,873
2,828
2,831
N/P
N/P
2,889
2,825
2,821
N/P
N/P
N/P
N/P
2,751
2,734
2,719
2,775
2,756
N/P
N/P
N/P
2,751
2,740
ABRIL 2005 49

INDICADORES
País
Unión Europea
Argentina
Australia
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea del Sur
Dinamarca
Ecuador
Guatemala
Hong Kong
India
Indonesia
Israel
Japón
Malasia
Moneda
Euro
Peso
Dólar Australiano
Boliviano
Real
Lev
Dólar Canadiense
Peso
Yuan
Peso
Won
Corona
Sucre
Quetzal
Dólar de Hong Kong
Rupia
Rupia
Shekel
Yen
Ringgit
(1) Según R. de S. NAA Nº 059-2005/SUNAT/A.
(2) Según R. de S. NAA Nº 120-2005/SUNAT/A.
Declaración de base imponible en ADUANAS
Factor de conversión
Equivalencia en US$
Equivalencia en US$
Del 10.02.2005
A partir del
Del 10.02.2005
A partir del
País
Moneda
al 15.03.2005 (1) 16.03.2005 (2)
al 15.03.2005 (1)
16.03.2005 (2)
US$
US$
US$
US$
1,302900
0,341880
0,775374
0,124425
0,382775
0,666178
0,805867
0,001723
0,120824
0,000423
0,000974
0,175101
0,000040
0,129282
0,128213
0,022936
0,000109
0,228253
0,009649
0,263193
1,323600
0,341588
0,793525
0,124193
0,386952
0,677094
0,810833
0,001746
0,120824
0,000430
0,000994
0,177885
0,000040
0,130548
0,128222
0,022952
0,000108
-----
0,009567
0,263193
México
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Peso
Naira
Corona
Dólar Neozelandés
Balboa
Guaraní
Reino Unido (Inglaterra) Libra Esterlina
Rumanía Leu
Rusia
Rublo
Singapur Dólar de Singapur
Suecia
Corona
Sudáfrica, Rep. de Rand
Suiza
Franco
Tailandia Baht
Taiwan
Nuevo Dólar de Taiwan
Turquía Lira
Ucrania Hryvnia
Uruguay Nuevo Peso
Venezuela Bolívar
Vietnam Dong
0,089373
0,007619
0,157134
0,711491
1,000000
0,000160
1,881900
-----
0,035695
0,611172
0,168489
0,143102
0,841114
0,025940
0,031432
0,000001
-----
-----
0,000522
0,000063
0,090082
0,161015
0,728226
1,000000
0,000160
1,922600
0,000036
0,036140
0,615839
0,146186
0,861030
0,026144
0,032196
0,000001
0,189322
0,039526
0,000522
0,000063
Días
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Índice de Reajuste Diario (*)
Para deudas que refiere el Art. 240° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
Para los convenios de reajuste de deudas según Art. 1235° del Código Civil
Abril
6,03408
6,03501
6,03594
6,03687
6,03780
6,03873
6,03966
6,04059
6,04152
6,04246
6,04339
6,04432
6,04525
6,04618
6,04711
6,04805
6,04898
6,04991
6,05084
6,05178
6,05271
6,05364
6,05457
6,05551
6,05644
6,05737
6,05831
6,05924
6,06018
6,06111
----
Mayo
6,06107
6,06104
6,06100
6,06096
6,06093
6,06089
6,06085
6,06082
6,06078
6,06074
6,06071
6,06067
6,06063
6,06059
6,06056
6,06052
6,06048
6,06045
6,06041
6,06037
6,06034
6,06030
6,06026
6,06023
6,06019
6,06015
6,06012
6,06008
6,06004
6,06001
6,05997
Junio
6,06067
6,06138
6,06208
6,06278
6,06348
6,06419
6,06489
6,06559
6,06630
6,06700
6,06770
6,06841
6,06911
6,06981
6,07052
6,07122
6,07192
6,07263
6,07333
6,07404
6,07474
6,07545
6,07615
6,07685
6,07756
6,07826
6,07897
6,07967
6,08038
6,08108
----
Julio
6,08218
6,08328
6,08438
6,08549
6,08659
6,08769
6,08879
6,08990
6,09100
6,09210
6,09321
6,09431
6,09541
6,09652
6,09762
6,09873
6,09983
6,10094
6,10204
6,10315
6,10425
6,10536
6,10646
6,10757
6,10868
6,10978
6,11089
6,11200
6,11310
6,11421
6,11532
2004
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
6,11571
6,11609
6,11648
6,11686
6,11725
6,11764
6,11802
6,11841
6,11880
6,11918
6,11957
6,11996
6,12034
6,12373
6,12112
6,12150
6,12189
6,12228
6,12266
6,12305
6,12343
6,12382
6,12421
6,12460
6,12498
6,12537
6,12576
6,12614
6,12653
6,12692
6,12730
6,12728
6,12726
6,12724
6,12722
6,12720
6,12719
6,12717
6,12715
6,12713
6,12711
6,12709
6,12707
6,12705
6,12703
6,12701
6,12700
6,12698
6,12696
6,12694
6,12692
6,12690
6,12688
6,12686
6,12684
6,12682
6,12681
6,12679
6,12677
6,12675
6,12673
----
6,12677
6,12680
6,12684
6,12688
6,12691
6,12695
6,12699
6,12702
6,12706
6,12710
6,12713
6,12717
6,12721
6,12725
6,12728
6,12732
6,12736
6,12739
6,12743
6,12747
6,12750
6,12754
6,12758
6,12761
6,12765
6,12769
6,12772
6,12776
6,12780
6,12783
6,12787
6,12781
6,12776
6,12770
6,12764
6,12758
6,12753
6,12747
6,12741
6,12736
6,12730
6,12724
6,12719
6,12713
6,12707
6,12701
6,12696
6,12690
6,12684
6,12679
6,12673
6,12667
6,12661
6,12656
6,12650
6,12644
6,12639
6,12633
6,12627
6,12622
6,12616
----
6,12673
6,12730
6,12787
6,12844
6,12901
6,12958
6,13015
6,13072
6,13129
6,13186
6,13243
6,13300
6,13357
6,13414
6,13471
6,13528
6,13585
6,13642
6,13700
6,13757
6,13814
6,13871
6,13928
6,13985
6,14042
6,14099
6,14156
6,14214
6,14271
6,14328
6,14385
Enero
6,14383
6,14381
6,14379
6,14378
6,14376
6,14374
6,14372
6,14370
6,14368
6,14367
6,14365
6,14363
6,14361
6,14359
6,14357
6,14355
6,14354
6,14352
6,14350
6,14348
6,14346
6,14344
6,14343
6,14341
6,14339
6,14337
6,14335
6,14333
6,14332
6,14330
6,14328
2005
Febrero Marzo
6,14350
6,14373
6,14395
6,14418
6,14440
6,14462
6,14485
6,14507
6,14530
6,14552
6,14575
6,14597
6,14619
6,14642
6,14664
6,14687
6,14709
6,14731
6,14754
6,14776
6,14799
6,14821
6,14844
6,14866
6,14888
6,14911
6,14933
6,14956
----
----
----
6,14909
6,14863
6,14816
6,14769
6,14723
6,14676
6,14630
6,14583
6,14536
6,14490
6,14443
6,14397
6,14350
6,14303
6,14257
6,14210
6,14164
6,14117
6,14070
6,14024
6,13977
6,13931
6,13884
6,13838
6,13791
6,13745
6,13698
6,13651
6,13605
6,13558
6,13512
Abril
6,13645
6,13778
6,13910
6,14043
6,14176
6,14309
6,14442
6,14575
6,14708
6,14841
6,14974
6,15107
6,15240
6,15373
6,15506
6,15639
6,15772
6,15906
6,16039
6,16172
6,16305
6,16439
6,16572
6,16706
6,16839
6,16972
6,17106
6,17239
6,17373
6,17507
----
(*) El índice de reajuste de deudas se ejerce respecto de pasivos de las empresas contraídos a plazo no menor de noventa días (90). No es aplicable para el
cálculo de intereses ni para determinar el valor al día del pago de las prestaciones a ser restituidas por mandato de la Ley o Resolución Judicial, según el
artículo1236° del Código Civil.
FUENTE: Banco Central de Reserva.
50
ABRIL 2005

LEGISLACIÓN
Principales Dispositivos Legales
Del 16 de marzo al 05 de abril de 2005
INCLUYEN NUEVA CIRCUNSTANCIA POSTERIOR A LA
NOTIFICACIÓN QUE PERMITE REVOCAR O MODIFICAR
LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(30.03.2005 – 289804)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 069-2005/SUNAT
Lima, 29 de marzo de 2005
CONSIDERANDO:
Que el numeral 2 del artículo 108° del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias
señala que después de la notificación, la Administración
Tributaria podrá revocar, modificar, sustituir
o complementar sus actos cuando ésta detecte
que se han presentado circunstancias posteriores a
su emisión que demuestran su improcedencia o cuando
se trate de errores materiales, tales como los de
redacción o cálculo;
Que el segundo párrafo del artículo antes aludido,
faculta a la Administración Tributaria a señalar los
casos en que existan circunstancias posteriores a la
emisión de sus actos y errores materiales, así como a
dictar el procedimiento para revocar, modificar, sustituir
o complementar dichos actos;
Que al surtir efecto, en virtud al artículo 88° del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, las declaraciones
juradas rectificatorias que consignan una obligación
menor a la prevista en la declaración jurada
original, se configura una circunstancia posterior a
la notificación de las órdenes de pago y resoluciones
de multa emitidas en base a la declaración jurada
original que demuestra la improcedencia de estas últimas;
Que en tal sentido es preciso incluir dicho supuesto
en la Resolución de Superintendencia Nº 002-97/
SUNAT que estableció el procedimiento de comunicación
de la existencia de errores materiales o circunstancias
posteriores a la emisión de actos de la
Administración Tributaria, y en cuyo artículo 1° estableció
los supuestos en los cuales la SUNAT podrá
revocar, modificar, sustituir o complementar las Órdenes
de Pago, Resoluciones de Determinación o Resoluciones
de Multa con posterioridad a su notificación;
En uso de las facultades conferidas por el segundo
párrafo del artículo 108° del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, el artículo 11° del Decreto Legislativo
Nº 501 y el inciso q) del artículo 19° del
Reglamento de Organización y Funciones de la SU-
NAT aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-
PCM.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Nueva circunstancia posterior
Incorpórase como literal i) del numeral 1 del artículo
1° de la Resolución de Superintendencia Nº 002-97/
SUNAT, el siguiente texto:
«i) Exista una Declaración Rectificatoria que hubiera
determinado una obligación menor respecto a la deuda
tributaria contenida en una Orden de Pago y, de
ser el caso, en una Resolución de Multa vinculada
siempre que la aludida declaración hubiera surtido
efectos conforme a lo señalado en el artículo 88° del
Código Tributario».
Artículo 2°.- Formulario Nº 194
Apruébase una nueva versión del Formulario Nº 194-
Comunicación para la Revocación, Modificación, Sustitución,
Complementación o Convalidación de Actos
Administrativos, la cual se anexa a la presente resolución.
Dicho formulario será distribuido gratuitamente a través
de las oficias de la SUNAT o podrá ser descargado
de SUNAT Virtual cuya dirección es http:
www.sunat.gob.pe.
Artículo 3°.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- Las Órdenes de Pago y Resoluciones de Multa
a que se refiere el artículo 1° de la presente resolución
que hubieran sido reclamadas y se encuentren
en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la
presente resolución, continuarán comprendidas en
dicho procedimiento hasta que se resuelva.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
DICTAN NORMAS PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
(02.04.2005 – 290068)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 071-2005-SUNAT
Lima, 1 de abril de 2005
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 28424 se crea, a partir del 1
de enero de 2005, el Impuesto Temporal a los Activos
Netos – ITAN, aplicable a los generadores de rentas
de tercera categoría sujetos al régimen general del
Impuesto a la Renta;
Que el último párrafo del artículo 7° de la Ley citada
en el considerando anterior señala que la SUNAT establecerá
la forma, condiciones y cronograma de presentación
de la declaración jurada y pago del ITAN;
Que, por su parte, el artículo 88° del Texto Único
Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatoriaS,
faculta a la Administración Tributaria a establecer
para determinados deudores tributarios la
obligación de presentar la declaración tributaria por
medios magnéticos, así como se señala que se presume
sin admitir prueba en contrario que toda declaración
tributaria es jurada;
Que, en consecuencia, resulta conveniente dictar las
normas necesarias para que los contribuyentes puedan
cumplir con determinar, declarar y pagar el ITAN;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 7°
de la Ley Nº 28424, artículo 88° del TUO del Código
Tributario, artículo 11° del Decreto Legislativo Nº 501
e inciso q) del artículo 19° del Reglamento de Organización
y Funciones de la SUNAT, aprobado por
Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;
SE RESUELVE:
CAPÍTULO I
ASPECTOS PRELIMINARES
Artículo 1°.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente Resolución se tendrán en
consideración las siguientes definiciones:
a) Ley: Ley Nº 28424
b) Reglamento: Reglamento de la Ley Nº 28424, aprobado
por Decreto Supremo Nº 025-2005-EF
c) ITAN: Impuesto Temporal a los Activos Netos.
d) Sujetos del ITAN: Los contribuyentes generadores
de rentas de tercera categoría sujetos al régimen general
del Impuesto a la Renta, que hubieran iniciado
sus operaciones productivas con anterioridad al 1 de
enero del año gravable correspondiente a la presentación
de la declaración jurada del ITAN, incluyendo
a las sucursales, agencias y demás establecimientos
permanentes de empresas no domiciliadas.
No son sujetos del ITAN los contribuyentes comprendidos
en el Régimen Especial del Impuesto a la Renta
– RER ni en el Nuevo Régimen Único Simplificado –
Nuevo RUS.
e) Código Tributario: Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº
135-99-EF y modificatorias.
f) Sistema Pago Fácil: Sistema a través del cual los
deudores tributarios declaran y pagan sus obligaciones
tributarias correspondientes a tributos internos,
prescindiendo del uso de formularios preimpresos.
g) SUNAT Virtual: Portal de la SUNAT en la Internet,
cuya dirección electrónica es http://www.sunat.
gob.pe.
Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma
legal correspondiente, se entenderán referidos a la
presente Resolución.
CAPÍTULO II
DE LA DECLARACIÓN Y EL PAGO DEL ITAN
Artículo 2°.- APROBACIÓN DE PDT
Apruébase el PDT ITAN, Formulario Virtual Nº 648-
Versión 1.0, el cual estará a disposición de los deudores
tributarios en SUNAT Virtual o en las dependencias
de la SUNAT, a partir del día siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Artículo 3°.- DE LA DETERMINACIÓN DEL ITAN
3.1 Los sujetos del ITAN determinarán el monto de dicho
Impuesto, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Por el ejercicio 2005:
a.1) Si el sujeto del ITAN se encontraba obligado a
efectuar el ajuste por inflación del balance general al
cierre del ejercicio 2004 de acuerdo a las normas
del Decreto Legislativo Nº 797, determinará el monto
del ITAN sobre la base del importe total de los activos
netos de la empresa, según balance cerrado al 31 de
diciembre de 2004 debidamente ajustado conforme
a las referidas normas. Dicho importe deberá ser
actualizado por la variación del Índice de Precios al
por Mayor (IPM) ocurrida entre dicha fecha y el 31
de marzo de 2005.
a.2) Si el sujeto del ITAN no se encontraba obligado
a efectuar el ajuste por inflación del balance general,
determinará el monto del ITAN sobre la base del valor
histórico de los activos netos de la empresa, según
balance cerrado al 31 de diciembre de 2004.
b) Por el ejercicio 2006, el monto del ITAN se determinará
sobre la base del valor histórico de los activos
netos de la empresa, según balance cerrado al 31 de
diciembre de 2005.
ABRIL 2005 51

LEGISLACIÓN
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación
en tanto se mantenga la suspensión del régimen de
ajuste por inflación con incidencia tributaria dispuesta
por la Ley Nº 28394.
Para determinar el valor de los activos netos a que se
refiere el presente numeral deberán considerarse las
deducciones previstas en el artículo 5° de la Ley.
3.2 Para determinar el monto total del ITAN se aplicará
la siguiente escala:
Tasa Valor de los Activos Netos
0% Hasta S/. 5 000 000
0.6%
Por el exceso de S/. 5 000 000
Artículo 4°.- DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRE-
SENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DEL ITAN
Los sujetos del ITAN se encuentran obligados a presentar
una declaración jurada en la que determinarán
el valor de sus activos netos y el monto total a que
asciende el mencionado Impuesto.
No están obligados a presentar la declaración jurada
a que se refiere el párrafo anterior:
a) Los sujetos del ITAN cuyo monto total de activos
netos al 31 de diciembre del ejercicio anterior determinado
conforme a lo señalado en el numeral 3.1
del artículo 3°, sin considerar las deducciones a que
se refiere el artículo 5° de la Ley, no supere el importe
de cinco millones de nuevos soles (S/. 5 000 000).
b) Los sujetos exonerados del ITAN, conforme a lo
dispuesto por el artículo 3° de la Ley.
Artículo 5°.- DE LA DECLARACIÓN Y EL PAGO DEL
ITAN
La declaración jurada a que se refiere el artículo 4°
se presentará mediante el PDT ITAN, Formulario Virtual
Nº 648.
El ITAN podrá ser pagado al contado o en nueve (9)
cuotas mensuales iguales, de la siguiente manera:
a) Si el sujeto del ITAN optar por el pago al contado,
éste se realizará en la oportunidad de la presentación
del PDT ITAN, Formulario Virtual Nº 648.
b) Si el sujeto del ITAN opta por el pago en cuotas, el
monto total del ITAN se dividirá en nueve (9) cuotas
mensuales iguales, cada una de las cuales no podrá
ser menor a S/. 1.00 (Un nuevo sol y 00/100).
La primera cuota mensual deberá ser pagada en el
propio PDT ITAN, Formulario Virtual Nº 648.
Si el pago al contado o de la primera cuota se efectúa
con posterioridad a la presentación del PDT ITAN,
Formulario Virtual Nº 648, se deberá realizar a través
del Sistema Pago Fácil – Formulario Virtual Nº
1662, para lo cual el pago podrá realizarse en efectivo
o cheque, consignando el código de tributo “3038
– Impuesto Temporal a los Activos Netos” y como
período tributario 03/2005 ó 03/2006, según corresponda.
El pago de las ocho (8) cuotas restantes se realizará
también mediante el Sistema de Pago Fácil – Formulario
Virtual Nº 1662, para lo cual el pago podrá
realizarse en efectivo o cheque, consignando como
código de tributo “3038 – Impuesto Temporal a los
Activos Netos”.
Se podrá pagar también a través de documentos valorados
o notas de crédito negociable, utilizando las
boletas de pago Nº 1052 ó 1252, según corresponda.
Artículo 6°.- DEL LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESEN-
TACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL ITAN
Los lugares para presentar la declaración y efectuar
el pago del ITAN, son los siguientes:
a) Tratándose de Principales Contribuyentes, en los
lugares fijados por la SUNAT para efectuar la declaración
y pago de sus obligaciones tributarias.
No obstante, también podrán presentarla a través de
SUNAT Virtual, aquellos Principales Contribuyentes
comprendidos en el Anexo de la Resolución de Superintendencia
Nº 260-2004/SUNAT y los que hubieran
sido notificados por la SUNAT para tal efecto,
para lo cual deberán contar previamente con el Código
de Usuario y la Clave de Acceso a SUNAT Operaciones
en Línea.
b) Tratándose de Medianos y Pequeños Contribuyentes,
en las sucursales o agencias bancarias autorizadas
o a través de SUNAT Virtual, en cuyo caso deberán
contar previamente con el Código de Usuario y
la Clave de Acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
El pago con nota de crédito negociable o con documento
valorado sólo se podrá efectuar en la oficina
de la SUNAT que corresponda al sujeto obligado.
La Declaración y pago del ITAN se deberá realizar
en los plazos señalados en el cronograma de vencimientos
establecido por la SUNAT para el pago de
las obligaciones tributarias de periodicidad mensual.
La presentación de esta declaración jurada y el pago
al contado o el de la primera cuota, se efectuará en
los plazos previstos para la declaración y pago de
tributos de liquidación mensual, correspondientes al
período marzo del ejercicio al que corresponda el
pago. Las cuotas restantes, de la segunda a la novena,
se pagarán en los plazos previstos para la declaración
y pago de tributos de liquidación mensual correspondientes
a los períodos de abril a noviembre
del ejercicio al que corresponda el pago, respectivamente.
Artículo 7°.- DE LAS DECLARACIONES SUSTITUTO-
RIAS O RECTIFICATORIAS
Toda declaración rectificatoria o sustitutoria del ITAN
se deberá efectuar utilizando el PDT ITAN, Formulario
Virtual Nº 648, presentándolo en los lugares señalados
en el artículo 6°. A tal efecto, se deberá ingresar
nuevamente todos los datos de la declaración
que se sustituye o se rectifica, incluso aquella información
que no se desea sustituir o rectificar.
Los sujetos del ITAN que efectúen rectificatorias de la
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta,
modificando alguna de las cuentas del activo, también
deberán rectificar el PDT ITAN, Formulario Virtual
Nº 648 en el cual se consignó el total del activo.
De no presentar la rectificatoria, la SUNAT procederá,
de corresponder, a emitir la orden de pago, tomando
como referencia el valor de los activos netos
declarados en la declaración jurada anual del Impuesto
a la Renta.
Si como consecuencia de la declaración rectificatoria
del ITAN se determinara un mayor o menor impuesto
al declarado inicialmente, se tendrá en cuenta las siguientes
disposiciones:
a) En caso de pago fraccionado, cuando se determine
un mayor impuesto, la diferencia entre el impuesto
declarado en la rectificatoria y el impuesto declarado
originalmente se dividirá entre nueve (9) y el
resultado se agregará a cada una de las nueve (9)
cuotas. El mayor impuesto agregado a las cuotas vencidas
devengará los intereses moratorios previstos en
el Código Tributario.
La diferencia entre el monto del ITAN declarado originalmente
y el rectificado, podrá utilizarse como crédito
contra el Impuesto a la Renta, una vez que haya
sido efectivamente pagada.
b) Cuando en la declaración rectificatoria se determine
un menor impuesto y esta declaración surta efecto,
podrá solicitarse la devolución del exceso pagado
que no hubiera sido utilizado como crédito contra los
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.
Si el exceso pagado fue utilizado como crédito contra
los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta éste no
será materia de devolución; sin embargo, el monto
se podrá consignar con la Declaración Jurada Anual
del Impuesto a la Renta de dicho ejercicio, como parte
del crédito generado por los pagos del ITAN.
Artículo 8°.- DEL ITAN EFECTIVAMENTE PAGADO
Se considera que el ITAN ha sido efectivamente pagado
cuando la deuda ha sido cancelada en efectivo,
cheque, nota de crédito negociable o documento
valorado, o compensada de acuerdo a lo señalado
en el artículo 40° del Código Tributario.
El monto del ITAN efectivamente pagado, parcial o
total, podrá ser aplicado como crédito contra los pagos
a cuenta del Impuesto a la Renta en la casilla
328 – “Créditos por ITAN” del PDT IGV/Renta mensual,
Formulario Virtual Nº 621. El saldo no aplicado
podrá ser dispuesto de acuerdo a lo señalado en el
literal e) del artículo 9° y en el artículo 10° del Reglamento.
No se podrá utilizar como crédito los intereses previstos
en el Código Tributario por pago extemporáneo.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES APLICABLES A CONTRIBUYENTES
QUE CUENTEN CON CONTRATOS DE EXPLORA-
CIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
Artículo 9°.- DE LOS SUJETOS NO OBLIGADOS A
DETERMINAR, DECLARAR NI PAGAR EL ITAN
Los contribuyentes que hayan suscrito uno o más contratos
de exploración y/o explotación de hidrocarburos
al amparo de la Ley Nº 26221 – Ley Orgánica de
Hidrocarburos, antes de la entrada en vigencia del
ITAN, y que tengan a su favor la garantía de estabilidad
tributaria a que se refieren los artículos 2° y 4° del
Reglamento de la Garantía de Estabilidad Tributaria y
de las Normas Tributarias de la Ley Nº 26221, aprobado
por Decreto Supremo Nº 32-95-EF y modificatorias,
no se encuentran obligados a efectuar la determinación,
declaración ni pago del ITAN.
Artículo 10°.- DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A DE-
TERMINAR, DECLARAR Y PAGAR EL ITAN
Los contribuyentes señalados en el artículo anterior
que adicionalmente realicen alguna de las siguientes
actividades: (i) Actividades complementarias que generan
ingresos, (ii) Actividades relacionadas y (iii)
Otras Actividades, las cuales, de acuerdo al artículo
2° del Reglamento de la Garantía de Estabilidad Tributaria
y de las Normas Tributarias de la Ley Nº
26221, no son alcanzadas por los beneficios y garantías
de estabilidad tributaria que la referida ley
concede, estarán obligados a efectuar la determinación,
declaración y pago del ITAN, de acuerdo a los
lineamientos generales establecidos en el Capítulo II
de la presente Resolución. A tal efecto, considerarán
como base imponible los activos netos que incidan
en la realización de tales actividades.
Artículo 11°.- DE LA DETERMINACIÓN DEL ITAN
Los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior
presentarán un solo PDT ITAN, Formulario Virtual Nº
648, consolidando el valor de los activos netos de
cada una de las actividades no alcanzadas por los
beneficios y garantías de estabilidad tributaria que
la Ley Nº 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos
concede.
La escala a que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3°
será aplicada sobre la base imponible consolidada.
Artículo 12°.- DE LA APLICACIÓN DEL ITAN COMO
CRÉDITO CONTRA LOS PAGOS A CUENTA DEL IM-
PUESTO A LA RENTA
El ITAN efectivamente pagado será aplicado como
crédito contra los pagos a cuenta del Impuesto a la
Renta que se determinen de conformidad con el artículo
16° del Reglamento de la Garantía de Estabilidad
Tributaria y de las Normas Tributarias de la Ley
Nº 26221, por las actividades generadoras de rentas
de tercera categoría no alcanzadas por los beneficios
y garantías de estabilidad tributaria.
El ITAN efectivamente pagado será aplicado como
crédito en la casilla 328 – “Crédito por ITAN” del
PDT IGV/Renta Mensual, Formulario Virtual Nº 621.
Los contribuyentes a que se refiere el artículo 11° deberán
presentar en la oportunidad en que presenten
el PDT IGV/Renta Mensual, Formulario Virtual Nº 621,
el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución, por cada actividad complementaria que
genera ingresos, actividad relacionada y otras actividades.
El referido Anexo se presentará en los siguientes lugares:
a) Tratándose de Principales Contribuyentes, en la
52
ABRIL 2005

LEGISLACIÓN
Mesa de Partes de cada Intendencia Regional u Oficina
Zonal, según les corresponda.
b) Tratándose de los demás contribuyentes, en la Mesa
de Partes de la dependencia de la SUNAT que corresponda
de acuerdo a su domicilio fiscal.
CAPÍTULO IV
DE LOS CASOS DE REORGANIZACIÓN DE
SOCIEDADES O EMPRESAS
Artículo 13°.- DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRE-
SENTAR LA DECLARACIÓN JURADA Y EFECTUAR EL
PAGO DEL ITAN
Las empresas que hubieran participado en un proceso
de reorganización empresarial entre el 1 de enero
de cada ejercicio gravable y la fecha de vencimiento
para la declaración y pago del ITAN, y que hubieran
iniciado operaciones con anterioridad al 1 de enero
de dicho ejercicio, estarán obligadas a efectuar la
declaración y pago del ITAN, de acuerdo a las siguientes
disposiciones:
a) Empresas absorbentes o empresas ya existentes
que adquieran bloques patrimoniales de las empresas
que se extingan como consecuencia de una escisión:
a.1) Por sus propios activos, deberán determinar y
declarar el ITAN por los activos netos que figuren en
su balance al 31 de diciembre del ejercicio anterior.
a.2) Por los activos de las empresas absorbidas o escindidas,
deberán consignar, en el rubro referido a
“Reorganización de Sociedades”, contenido en el PDT
ITAN, Formulario Virtual Nº 648, la información solicitada
sobre cada una de las empresas cuyo patrimonio
o bloques patrimoniales hayan absorbido o
adquirido como producto de la reorganización, y
respecto de las cuales el monto total de activos netos
al 31 de diciembre del ejercicio anterior determinado
conforme a lo dispuesto en el numeral 3.1 del
artículo 3°, de manera individual, exceda el importe
de cinco millones de nuevos soles (S/. 5 000 000).
En el mencionado rubro se informará sobre la base
imponible al 31 de diciembre del ejercicio anterior
–ajustada y actualizada, de ser el caso– y la determinación
del ITAN a cargo de las empresas antes señaladas.
La presentación de esta información implica el
cumplimiento de la obligación contenida en el literal
a) del segundo párrafo del inciso c) del artículo 4°
del Reglamento, referida a la presentación de los
balances.
El pago del ITAN que corresponda a dichas empresas,
sea al contado o de la primera cuota en caso de
pago fraccionado, será realizado de manera consolidada,
a través del PDT ITAN, Formulario Virtual Nº
648.
En caso las empresas absorbentes o empresas ya existentes
que adquieran bloques patrimoniales de las
empresas que se extingan como consecuencia de una
escisión, optarán por el pago fraccionado, el pago
de las cuotas segunda a la novena que correspondan
al ITAN a que se refiere los literales a.1) y a.2) del
presente inciso, en su caso, será realizado en forma
consolidada mediante el Sistema Pago Fácil – Formulario
Virtual Nº 1662.
b) Empresas constituidas por efectos de la fusión o
las empresas nuevas adquirentes de bloques patrimoniales
de otra empresa extinguida en un proceso
de escisión:
b.1) Por sus propios activos, presentarán el PDT ITAN,
Formulario Virtual Nº 648, consignando como base
imponible el importe de cero.
b.2) Por los activos de las empresas absorbidas o escindidas,
se aplicarán las reglas previstas en el literal
a.2) del inciso anterior.
Artículo 14°.- DE LA DETERMINACIÓN DEL ITAN
Las empresas a que se refieren los incisos a) y b) del
artículo 13° determinarán el ITAN en base al total de
los activos netos que figuren en el balance al 31 de
diciembre del ejercicio anterior de cada una de las
empresas absorbidas o escindidas.
El ITAN que corresponda a las referidas empresas
absorbidas o escindidas será pagado por las empresas
absorbentes, constituidas o que surjan de la escisión,
en la proporción de los activos que se les hubiere
transferido.
CAPÍTULO V
CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A TRIBUTAR
EN EL EXTERIOR
Artículo 15°.- EJERCICIO DE LA OPCIÓN
Los contribuyentes obligados a tributar en el exterior,
para efectos de ejercer la opción a que se refiere el
último párrafo del artículo 8° de la Ley, deberán presentar
el Anexo que forma parte integrante del Reglamento,
en los siguientes lugares:
a) Tratándose de Principales Contribuyentes, en la
Mesa de Partes de cada Intendencia Regional u Oficina
Zonal, según les corresponda.
b) Tratándose de los demás contribuyentes, en la Mesa
de Partes de la dependencia de la SUNAT que corresponda
de acuerdo a su domicilio fiscal.
La presentación del referido Anexo se efectuará dentro
de los plazos previstos para la declaración y pago
de tributos de liquidación mensual, correspondientes
al período marzo del ejercicio al que corresponda el
pago, de acuerdo al cronograma de vencimientos
aprobado por la SUNAT.
CAPÍTULO VI
NORMAS COMUNES
Artículo 16°.- NORMAS APLICABLES
Son de aplicación para la determinación, declaración
y pago del ITAN a cargo de los contribuyentes y
empresas a que se refieren los capítulos III y IV, las
demás disposiciones aprobadas por esta Resolución,
en lo que resulte pertinente.
Artículo 17°.- NORMAS SUPLETORIAS
La presentación y utilización del PDT ITAN, Formulario
Virtual Nº 648, se regirá supletoriamente por la
Resolución de Superintendencia Nº 129-2002/SU-
NAT y modificatorias.
La presentación de la declaración y el pago del ITAN
a través de SUNAT Virtual, se regirá supletoriamente
por lo previsto en la Resolución de Superintendencia
Nº 260-2004/SUNAT.
Artículo 18°.- VIGENCIA
La presente Resolución entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- APROBACIÓN DE VERSIÓN DEL PDT
Apruébase la versión del PDT a ser utilizada para la
elaboración y presentación de la declaración determinativa
a través del formulario que a continuación
se detalla:
PDT
IGV/Renta mensual
Formulario Virtual Nº
621-Versión 4.3
La versión aprobada estará a disposición de los interesados
en SUNAT Virtual o en las dependencias de
la SUNAT, a partir del día siguiente de la publicación
de la presente resolución.
El PDT IGV/Renta Mensual, Formulario Virtual Nº 621
– Versión 4.3 deberá ser utilizado por los obligados
a presentar el PDT ITAN, Formulario Virtual Nº 648 a
partir de la vigencia de la presente resolución, independientemente
del período al que correspondan las
declaraciones.
Los sujetos no obligados a presentar el PDT ITAN,
Formulario Virtual Nº 648, podrán continuar utilizando
el PDT IGV/Renta Mensual, Formulario Virtual Nº
621 – Versión 4.2, aprobado por la Resolución de
Superintendencia Nº 303-2004/SUNAT, hasta el 31
de mayo de 2005.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
PRORROGAN PARA LOS DEUDORES TRIBUTARIOS CUYO
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC SEA (0) LA FECHA DE VENCI-
MIENTO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A
LA RENTA Y DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FI-
NANCIERAS DEL EJERCICIO GRAVABLE 2004 (04.04.05
– 290173)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 072-2005/SUNAT
Lima, 3 de abril de 2005
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Superintendencia Nº
019-2005/SUNAT se establecieron los medios, condiciones,
forma, plazos y lugares para la presentación
de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a
la Renta correspondiente al ejercicio gravable 2004,
así como la forma, plazo y condiciones de la presentación
de la declaración y el pago del Impuesto a las
Transacciones Financieras – ITF a que se refiere el
inciso g) del artículo 9° de la Ley Nº 28194;
Que mediante Decreto Supremo Nº 027-2005-PCM
se ha declarado Duelo Nacional por el fallecimiento
de su Santidad el Papa Juan Pablo II y día no laborable
para el Sector Público y el Sector Privado a nivel
nacional, el lunes 4 de abril de 2005;
Que a fin de facilitar el cumplimiento de las mencionadas
obligaciones tributarias, resulta necesario prorrogar
de manera excepcional la fecha de vencimiento
para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la
Renta y del ITF del ejercicio gravable 2004, correspondiente
a los deudores tributarios cuyo último dígito
del RUC sea cero (0);
Al amparo del artículo 79° del Texto Único Ordenado
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y modificatoria;
artículo 17° de la Ley Nº 28194; artículos
29° y 88° del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-
99-EF y modificatorias; artículo 11° del Decreto Legislativo
Nº 501 e inciso q) del artículo 19° del Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002-
PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- PRÓRROGA DE LA PRESENTACIÓN DE
LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA REN-
TA Y DEL ITF DEL EJERCICIO GRAVABLE 2004 CO-
RRESPONDIENTE A LOS DEUDORES TRIBUTARIOS
CUYO ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC SEA CERO (0)
Prorróguese de manera excepcional hasta el 8 de abril
de 2005, la fecha de vencimiento de la presentación
de las Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto a
la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras
a que se refiere el inciso g) del artículo 9° de la
Ley Nº 28194, así como de la regularización y el
pago respectivo establecido por el artículo 8° de la
Resolución de Superintendencia Nº 019-2005/SU-
NAT, correspondiente a los deudores tributarios cuyo
último dígito del RUC sea cero (0).
Artículo 2°.- VIGENCIA
La presente norma entrará en vigencia el día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
ABRIL 2005 53

LEGISLACIÓN SUMILLADA
Legislación Tributaria
Del 06 de marzo al 05 de abril de 2005
1. ISC – Aplicación a los derivados
del petróleo (10.03.2005
– 288733).
Por R. D. Nº 076-2005-EM/DGH se
actualizan y publican las Bandas de
Precios para los productos GLP, Gasolinas,
Kerosene, Diésel y Petróleos Industriales.
2. SUNAT – Ejecutores coactivos
(12.03.2005 – 288894)
Mediante R. de S. Nº 057-2005/SU-
NAT se designa Ejecutor Coactivo de
la Intendencia Regional Loreto.
3. SUNAT – Ejecutores coactivos
(12.03.2005 – 288894).
Por R. de S. Nº 058-2005/SUNAT se
designa ejecutor coactivo de la Intendencia
de Principales Contribuyentes
Nacionales.
4. IGV E IPM – Régimen de Percepciones
del Impuesto
(13.03.2005 – 288937) (1)
Mediante R. de S. Nº 060-2005/SU-
NAT se modifica la R. de S. Nº 189-
2004/SUNAT que estableció el Régimen
de Percepciones del IGV aplicable
a la venta de bienes.
5. IGV E IPM – Régimen de Retenciones
del Impuesto
(13.03.2005 – 288938) (1) .
Por R. de S. Nº 061-2005/SUNAT se
modifica la R. de S. Nº 037-2002/
SUNAT que estableció el Régimen de
Retenciones del IGV.
6. IGV E IPM – Régimen de Percepciones
del Impuesto
(13.03.2005 – 288938) (1) .
Mediante R. de S. Nº 062-2005/SU-
NAT se modifica la R. de S. Nº 128-
2002/SUNAT que estableció el Régimen
de Percepciones del IGV aplicable
a la adquisición de combustibles.
7. IGV E IPM – Régimen de Percepciones
del Impuesto
(13.03.2005 – 288939) (1) .
Por R. de S. Nº 063-2005/SUNAT se
modifica la R. de S. Nº 203-2002/
SUNAT que estableció el Régimen de
Percepciones del IGV aplicable a la
importación de bienes.
8. RÉGIMEN DE DETRACCIONES
DE IMPUESTOS – Disposiciones
reglamentarias (13.03.2005 –
288940) (1) .
Mediante R. de S. Nº 064-2005/SU-
NAT se modifica la R. de S. Nº 183-
2004/SUNAT que aprobó las disposiciones
para la aplicación del Régimen
de Detracciones.
9. SOCIEDADES – Disposiciones
sobre sociedades abiertas
(15.03.2005 – 288996).
Por R. de CONASEV Nº 015-2005-EF/
94.10 se establecen disposiciones aplicables
a las sociedades anónimas
abiertas y modifican la R. de S. Nº 111-
2003-EF/94.10 que aprobó las disposiciones
sobre el acceso a la información
vinculada a la marcha societaria
y convocatorias a juntas.
10. IMPUESTO A LAS EMBARCA-
CIONES DE RECREO – Disposiciones
reglamentarias
(16.03.2005 – 289026) (1) .
Mediante D. S. Nº 035-2005-EF se
modifica el Reglamento del Impuesto a
las Embarcaciones de Recreo.
11. REGISTROS PÚBLICOS – Reglamento
General de los Registros
Públicos (16.03.2005 –
289067).
Por R. de SUNARP Nº 065-2005-
SUNARP/SN se modifica el Reglamento
General de los Registros Públicos.
12. PROCESOS JUDICIALES – Modificaciones
al Código Procesal
Civil (18.03.2005 –
289157).
Mediante Ley Nº 28473 se modifica el
artículo 625° del Código Procesal Civil.
13. ELECTRICIDAD - Normas reglamentarias
sobre concesiones
(20.03.2005 – 289345).
Por D. S. Nº 012-2005-EM se modifica
el Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, para adecuar dicha
norma a las modificaciones a la Ley
operadas por la Ley Nº 28447.
14. ACUICULTURA – Normas reglamentarias
(23.03.2005 –
289518).
Mediante D. S. Nº 013-2005-PRODU-
CE se modifica el artículo 42° del Reglamento
de la Ley de Promoción y
Desarrollo de la Acuicultura.
15. SANCIONES PENALES – Dinero
obtenido ilícitamente en
perjuicio del Estado
(24.03.2005 – 289573).
Por Ley Nº 28476 se establecen las disposiciones
legales respecto al Fondo
Especial de Administración del Dinero
obtenido ilícitamente en perjuicio del
Estado – FEDADOI.
16. ADUANAS – Drawback
(27.03.2005 – 289691).
Mediante R. de S. NAA Nº 128-2005/
SUNAT/A se modifica el procedimiento
de “Restitución de Derechos Arancelarios
Drawback” INTA-PG.07.
––––––––
(1) Publicado en el Suplemento Especial Informe Tributario
Nº 166, marzo de 2005.
54
ABRIL 2005

LEGISLACIÓN SUMILLADA
17. CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
Modificación Constitucional
(30.03.2005 – 289759).
Por Ley Nº 28480 se modificaron los
artículos 31° y 34° de la Constitución
Política del Perú respecto a los derechos
políticos de los ciudadanos.
18. CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
Modificación Constitucional
(30.03.2005 – 289759).
Por Ley Nº 28484 se modifican los artículos
87°, 91°, 92°, 96° y 101° de la
Constitución Política del Perú.
19. CÓDIGO TRIBUTARIO – Actos
administrativos (30.03.2005 –
289804) (2) .
Mediante R. de S. Nº 069-2005/SU-
NAT se incluye nueva circunstancia
posterior a la notificación que permite
revocar o modificar los actos de la
Administración Tributaria.
20. REGIONALIZACIÓN – Organización
territorial (31.03.2005
– 289842).
Por Ley Nº 28481 se modifica el artículo
16° y la Primera Disposición Transitoria
de la Ley Nº 28274 “Ley de Incentivos
para la integración y conformación
de Regiones”.
21. HIDROCARBUROS – Biocombustibles
(31.03.2005 –
289856).
Mediante D. S. Nº 013-2005-EM se
aprueba el Reglamento de la Ley de
Promoción del Mercado de Biocombustibles.
22. ADUANAS – Declaración Única
de Aduanas (31.03.2005 –
289897).
Por R. de S. NAA Nº 154-2005/SU-
NAT/A se aprueba el Procedimiento de
Solicitud Electrónica de rectificación de
la Declaración Única de Aduanas.
23. IMPUESTO TEMPORAL A LOS
ACTIVOS NETOS – Disposiciones
reglamentarias (02.04.
2005 – 290068) (2) .
Mediante R. de S. Nº 071-2005/SU-
NAT se establecen las disposiciones
para la declaración y pago del ITAN.
24. DECLARACIONES TRIBUTA-
RIAS – Cronograma de presentación
y pago (04.04.2005 –
290177) (2) .
Por R. de S. Nº 072-2005/SUNAT se
prorroga la fecha de vencimiento de la
Declaración Anual del Impuesto a la
Renta del ejercicio gravable 2004 para
los deudores tributarios cuyo último dígito
de RUC sea (0).
25. ADQUISICIONES ESTATALES –
Modificaciones legales
(05.04.2005 – 290184).
Mediante Ley Nº 28483 se incluye una
cuarta disposición final a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado
referida a un supuesto de adquisición
mediante procedimiento de adjudicación
de menor cuantía.
–––––
NOTA: Las referencias a páginas se refieren a las de la
sección NORMAS LEGALES del Diario Oficial "El Peruano",
salvo indicación expresa.
–––––––––––––
ABREVIATURAS:
D. S. : Decreto Supremo
Dec. Leg. : Decreto Legislativo
R. Adm. : Resolución Administrativa
R. D. : Resolución Directoral
R. G.G. : Resolución de Gerencia General
R. I. N. ADUANAS : Resolución de Intendencia Nacional
de Aduanas
R. J. : Resolución Jefatural
R. Leg. : Resolución Legislativa
R. M. : Resolución Ministerial
R. P. : Resolución Presidencial
R.P.C.E.N. : Resolución del Presidente del Consejo
Ejecutivo Nacional
R.P.D.I.
: Resolución de la Presidencia del Directorio
de INDECOPI
R. S. : Resolución Suprema
R. VM. : Resolución Viceministerial
R. de A. : Resolución de Alcaldía
R. de Cons. Direc. : Resolución de Consejo Directivo
R. de C. : Resolución de Contaduría
R. de CONASEV : Resolución de CONASEV
R. de I. : Resolución de Intendencia
R. de O.Z. : Resolución de Oficina Zonal
R. de Pres. Ejec. : Resolución de Presidencia Ejecutiva
R. de S. : Resolución de Superintendencia
R. de S. NAA : Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas
R. de S. NATI : Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Tributos Internos
R. de SBS : Resolución de Superintendencia de
Banca y Seguros
R. de SUNARP : Resolución del Superintendente Nacional
de los Registros Públicos
R. de CNC : Resolución de Consejo Normativo de
Contabilidad
––––––––
(2) Publicado en el presente número de la Revista Análisis
Tributario.
ABRIL 2005 55