informe tributario - AELE

INFORME TRIBUTARIO
Existe incompatibilidad entre el control concentrado que
ejerce el Tribunal Constitucional y el control difuso a cargo
de los jueces. Es decir, el Tribunal Constitucional no puede
ejercer el control difuso cuando conoce de una acción de
inconstitucionalidad.
“Como quiera que la Constitución otorga de modo exclusivo
y excluyente al Tribunal Constitucional la potestad
del control directo de la constitucionalidad, es necesario
definir los alcances y límites del mismo. Este control aparece
evidente en el denominado "Control Concentrado" o
"Control Ad-Hoc", esto es, de índole abstracto –y por tanto
incompatible en ese punto con el "Control Difuso" o "Judical
Review"– en donde corresponde al Tribunal Constitucional
el examen abstracto (esto es, sin referencia a un caso
concreto alguno en donde esté en disputa derecho subjetivo
alguno) de la ley dubitada y en donde el referente constitucional
previamente definido por la vía de la autorizada interpretación
constitucional, va a ser el imperativo categórico
que determinará, en análisis de subsunción, si la norma
legal dubitada es o no incompatible con la Constitución” (1) .
Asimismo, “Si lo anterior es así, cabe concluir que no se
debe, ni se puede, esperar que el Tribunal Constitucional
ejerza válidamente la atribución de la "Judicial Review" (control
difuso) cuando conoce de una acción de inconstitucionalidad
de las leyes, por ser ésta abstracta, por ser aquélla
perteneciente a la competencia exclusiva y excluyente del
Poder Judicial conforme a la inequívoca acepción de la segunda
parte del artículo 138° de la Carta constitucional,
sistemáticamente situado dentro del Poder Judicial (lo que
la Constitución reserva expresamente para un órgano, lo
veda implícitamente para otro)” (2) .
El numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal
Constitucional que ahora comentamos dispone que “la presente
sentencia surte efectos a partir del día siguiente de su publicación
y, por consiguiente, no habilita la devolución o compensación
de pagos efectuados a consecuencia de las Ordenanzas
declaradas inconstitucionales, quedando a salvo aquellas
solicitudes por pagos indebidos o en exceso originados con
motivos distintos a la declaratoria de inconstitucionalidad”.
No resulta del todo claro qué es lo que ha querido decir
el Tribunal Constitucional cuando declaró que no procede
la devolución o compensación de los arbitrios pagados en
aplicación de las Ordenanzas declaradas inconstitucionales
por el propio Tribunal Constitucional.
Si aplicamos correctamente las nociones de control
difuso y de control concentrado que hemos glosado en
los párrafos anteriores, es evidente que el pronunciamiento
del Tribunal Constitucional en ningún caso debería
producir efectos en relación con los procedimientos
administrativos o los procesos judiciales en trámite, en
los cuales, precisamente, se está discutiendo la validez
constitucional de las Ordenanzas objeto del pronunciamiento
del Tribunal Constitucional que estamos analizando.
Es decir, a través del ejercicio del control concentrado
que ha producido la declaratoria de inconstitucionalidad
de las Ordenanzas expedidas por la Municipalidad
Distrital de Santiago de Surco, el Tribunal Constitucional
no puede pretender ejercer un control difuso para
resolver controversias en concreto.
Éste es precisamente el caso de los contribuyentes que
pagaron los arbitrios declarados inconstitucionales a fin de
no ser objeto de procedimientos de cobranza coactiva y,
sin perjuicio de ello, acudieron a procedimientos administrativos
contencioso tributarios como la reclamación ante el
propio órgano administrador del tributo o la apelación ante
el Tribunal Fiscal, o a procesos judiciales como la acción
contencioso administrativa o a las acciones de amparo contra
la respectiva Resolución del Tribunal Fiscal, para cuestionar
la validez constitucional de dichos tributos, solicitando además
la devolución de los montos pagados.
No es posible entender que el Tribunal Constitucional ha
declarado que esos procedimientos administrativos y esos
procesos judiciales culminarán con una sentencia judicial
estimatoria pero que no originará ningún beneficio al contribuyente
porque el Tribunal Constitucional ha declarado
que en esos casos no cabe la devolución o compensación
de los pagos efectuados. Si se le quiere otorgar estos efectos
a la sentencia del Tribunal Constitucional, éste se estaría
arrogando el ejercicio del denominado control difuso en un
supuesto para el cual no está legitimado y, además, lo que
es más grave, se estaría avocando a resolver causas pendientes
de ser resueltas por los órganos a quienes constitucionalmente
corresponde. Es decir, su sentencia surtiría efectos
para casos en concreto, para procedimientos administrativos
y procesos judiciales en trámite.
De esta manera, el Tribunal Constitucional estaría interfiriendo
en la tarea de los órganos administrativos y jurisdiccionales
pues les recortaría la facultad de decidir la procedencia
o improcedencia de las solicitudes de devolución
o compensación en los procedimientos y procesos que se
iniciaron antes de la declaratoria de inconstitucionalidad.
En concreto, de interpretarse que este fallo del Tribunal
Constitucional es aplicable a los procedimientos administrativos
y a los procesos judiciales en trámite, de manera
que impide que en dichos procedimientos y procesos se
pueda obtener la devolución o compensación de lo pagado,
se va en contra de lo dispuesto por el artículo 139° de
la Constitución, el derecho constitucional a la igualdad y el
principio de seguridad jurídica, reconocido este último por
la Constitución, según expresamente lo ha señalado el Tribunal
Constitucional, como a continuación exponemos.
II. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En efecto, esta interpretación del fallo del Tribunal Constitucional
contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo
del artículo 139° de la Constitución el cual señala que “Ninguna
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante
el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones. Tampoco puede (...) cortar procedimientos en
––––––
(1) QUIROGA, Aníbal. "Una aproximación al Derecho Constitucional Tributario", EN:
Cuadernos Tributarios, Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano, Nº 25,
Lima, 2000, págs. 75 y 76.
(2) QUIROGA, Aníbal. Op. cit., pág. 84.
ABRIL 2005 21