informe tributario - AELE

INFORME TRIBUTARIO
Arbitrios Municipales:
Efectos de la sentencia
del Tribunal Constitucional
A propósito de los arbitrios municipales de la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
(Primera Parte)
Julio A. Fernández Cartagena (*)
Recientemente el Tribunal Constitucional, mediante sentencia
del 11 de noviembre de 2004, declaró fundada la
acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor
del Pueblo en contra de once Ordenanzas emitidas por la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, referidas al
régimen de los arbitrios municipales de serenazgo, limpieza
pública y de parques y jardines públicos, correspondiente
a los ejercicios 1996 a 2004. En consecuencia, el Tribunal
Constitucional declaró inconstitucionales las referidas Ordenanzas,
expulsándolas del ordenamiento jurídico.
Adicionalmente en esta sentencia el Tribunal Constitucional:
(i) estableció una serie de criterios, de carácter enunciativo
mas no limitativo, para la correcta distribución del
costo que demanda la prestación de los servicios que constituyen
el supuesto de hecho de estos arbitrios municipales,
(ii) declaró que no cabía la devolución o compensación de
los tributos pagados en aplicación de las Ordenanzas declaradas
inconstitucionales; y, (iii) declaró que tampoco procedía
la cobranza coactiva de los tributos no pagados a la
fecha de la emisión de la sentencia, referidos a las Ordenanzas
declaradas inconstitucionales.
En el presente comentario nos limitaremos a estos dos
últimos alcances derivados de la referida sentencia del Tribunal
Constitucional.
I. EL CONTROL CONCENTRADO Y EL
CONTROL DIFUSO
Según la doctrina jurídica existen dos clases de control
de la constitucionalidad de las normas: el control político y
el control jurisdiccional. A su vez este último se divide en el
control difuso o modelo americano y el control concentrado
o modelo europeo. A efectos del presente artículo nos interesa
el estudio del control jurisdiccional, de relevancia para
el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional.
El control jurisdiccional concentrado de la constitucionalidad
de las normas usualmente se encomienda a organismos
jurisdiccionales especializados denominados Tribunal
Constitucional, Corte Federal Constitucional, Tribunal de
Garantías Constitucionales, etc. Este control en nuestro país
se ejerce por el Tribunal Constitucional peruano, a través de
un procedimiento de impugnación directa y los efectos de
la declaración de inconstitucionalidad de la ley son de carácter
general o erga omnes. Es decir, corresponde al Tribunal
Constitucional el examen en abstracto de la ley considerada
inconstitucional, sin la posibilidad de entrar a analizar
ningún caso en concreto.
Por el contrario, el sistema de control difuso concede a
los jueces, pertenecientes al Poder Judicial, la potestad y la
obligación de aplicar la Constitución por encima de las leyes
y demás normas que se contrapongan a ella. Así, los
jueces se encuentran facultados para inaplicar aquellas
normas que juzguen contrarias a la Constitución, siempre
que ello sea relevante para resolver la controversia que ha
sido sometida a su conocimiento. En este sistema los jueces
no anulan la ley, sólo inaplican la disposición legal para el
caso concreto que están juzgando, de manera que los efectos
de su declaración se encuentran limitados. Dicha facultad
es exclusiva e inherente a todos los órganos del Poder
Judicial.
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(*) Profesor Ordinario de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
20
ABRIL 2005