informe tributario - AELE

JURISPRUDENCIA DE AMPARO
La Demanda Contencioso Tributaria
y la Regla del Solve et repete
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE Nº: 3548-2003-AA/TC
PROCEDENCIA: LIMA
INTERESADO: GRUPO CARSA INC.
SENTENCIA (1)
En Lima, a los 28 días del mes de junio de
2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
con la asistencia de los magistrados Alva
Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia:
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por el
Grupo Carsa Inc. contra la resolución de la Sexta
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 164, su fecha 8 de mayo de 2003,
que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 5 de octubre de 2001,
interpone acción de amparo contra el Tribunal
Fiscal solicitando que se declare inaplicable la
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 538-4-2001,
mediante la cual se declara inadmisible su demanda
contencioso-administrativa interpuesta
contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1285-
4-2000, por no haber acreditado el pago de la
deuda tributaria, ni presentado una carta fianza
bancaria o financiera por el monto de la deuda,
alegando que tal inadmisibilidad vulnera sus derechos
constitucionales de acceso a la justicia, a
la igualdad ante la ley, a no ser desviado de la
función jurisdiccional y de defensa.
Sostiene que, con fecha 28 de marzo de 2001,
interpuso demanda contencioso-administrativa
contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1285-
4-2000, y que, en la presentación de la misma, el
Tribunal Fiscal le exigió el comprobante de pago
de la deuda tributaria o la carta fianza por el
monto de la deuda, agregando que, con fecha
30 de mayo de 2001, informó al Tribunal Fiscal
que le resultaba imposible enfrentar el pago o presentar
una carta fianza bancaria, dado el enorme
monto involucrado y por la difícil situación
económica y financiera por la que atraviesa.
El Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas
propone la excepción de incompetencia y, sin
perjuicio de ello, contesta la demanda solicitando
que se declare improcedente, aduciendo que
la resolución del Tribunal Fiscal ha sido emitida
conforme a ley, en observancia de las normas
generales del procedimiento administrativo; añadiendo
que no se está debatiendo la aplicación
de una norma en un caso en concreto, sino la
validez en abstracto de una norma legal, lo que
no procede mediante una acción de amparo.
El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado
en lo Civil de Lima, con fecha 10 de octubre
de 2002, declaró infundada la excepción de in-
competencia, e improcedente la demanda, por
considerar que no procede cuestionar en abstracto
la validez de una norma legal.
La recurrida confirmó la apelada, por los
mismos argumentos.
FUNDAMENTOS
Petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare
inaplicable al recurrente la Resolución del Tribunal
Fiscal Nº 538-4-2001, mediante la cual
se declaró inadmisible la demanda contenciosoadministrativa
interpuesta contra la Resolución
del Tribunal Fiscal Nº 1285-4-2000, por considerar
que se han lesionado sus derechos de acceso
a la justicia, a la igualdad, a no ser desviado
de la función jurisdiccional y de defensa.
2. Las instancias judiciales precedentes han
desestimado la pretensión, argumentando que
la inaplicación del artículo 158° del Código Tributario
no puede realizarse porque no existe un
acto concreto de aplicación.
Evidentemente, el Tribunal Constitucional no
puede compartir un criterio semejante. Como se
puede entrever ya de los antecedentes de esta
sentencia, así como de una lectura de las principales
piezas del proceso, y del propio tenor de
la Resolución del Tribunal Fiscal que se cuestiona,
la recurrente ha acudido a la justicia constitucional
no alegando una hipotética aplicación
del artículo 158° del Código Tributario, sino su
aplicación. Tanto así que, según se lee del segundo,
tercer y cuarto considerando de la resolución
cuestionada, así como de su parte resolutiva,
tras su aplicación, la demanda contenciosa-administrativa
promovida por la recurrente fue
declarada inadmisible, precisamente por no adjuntarse
la constancia de pago o la carta fianza
a las que se refiere el referido artículo 158° del
Código Tributario.
3. Antes de ingresar a resolver el fondo de
la controversia, debe precisarse que los artículos
157° y 158° del Código Tributario fueron modificados
por la Ley Nº 28365, publicada el 24 de
octubre de 2004, y por el Decreto Legislativo Nº
953, publicado el 5 de febrero de 2004, respectivamente,
cambiando de esta manera los requisitos
de admisibilidad de la demanda contencioso-administrativa.
En el presente caso, como la
afectación de los derechos invocados fue antes
de las modificatorias mencionadas, se tendrá que
resolver haciendo referencia a lo que prescribían
dichos artículos al momento de la afectación, esto
es, antes de sus modificatorias.
Cabe, en consecuencia, que este Tribunal
analice el agravio denunciado.
Derecho de acceso a la justicia y solve et
repete
4. Según se ha expuesto, como consecuencia
de la declaración de inadmisibilidad de la
demanda contenciosa-administrativa, interpuesta
por el recurrente, se ha alegado la violación
de diversos derechos fundamentales. De todos
ellos, sin embargo, el que en principio aparece
comprometido con la actuación del Tribunal Fiscal
es el derecho de acceso a la justicia.
El demandante refiere que el requisito exigido
por el artículo 158° del Código Tributario es
inconstitucional, ya que es “(...) excesivamente
oneroso”, e “(...) inaccesible, teniendo en cuenta
la difícil situación económica y financiera por la
cual atraviesa nuestra empresa”. Por su lado, la
defensa del Estado sostiene que dicho dispositivo
no es inconstitucional pues no existe “(...) sentencia
expedida por el Tribunal Constitucional que
haya declarado su incompatibilidad con la Constitución
ni proceso de amparo a favor del demandante
que haya declarado su inaplicación”
(sic). Más adelante, en la misma contestación de
la demanda, agrega que tal tratamiento se justificaría
por el hecho de tratarse, el contenciosoadministrativo,
de un “(...) proceso especial”.
5. Evidentemente, para dilucidar la cuestión
no son pertinentes los argumentos de la defensa
del Estado, puesto que la inexistencia de una
sentencia de este Tribunal que declare la inconstitucionalidad
de la norma a cuyo amparo se
declaró inadmisible la demanda contenciosaadministrativa,
no es óbice para que el juez [administrativo
o constitucional] pueda realizar un
control de constitucionalidad. Y es que la presunción
de constitucionalidad de una ley, en el
modelo dual de justicia constitucional como el
peruano, no se enerva sólo cuando un Tribunal
de la naturaleza de este Colegiado declara su
incompatibilidad con la Constitución y la expulsa
del ordenamiento jurídico con carácter general,
sino también cuando el juez del Poder Judicial,
en un caso concreto, establece que la ley no
es posible aplicarla por ser contraria a la Norma
Suprema del Estado.
Poco ayuda también a esclarecer la cuestión
controvertida el argumento según el cual la disposición
cuestionada debe acatarse porque la
emplazada no tiene declarado en su favor una
sentencia que disponga la inaplicación correspondiente.
Huelga decir que el objeto de este
proceso es, precisamente, obtener aquel pronunciamiento
de cuya inexistencia se lamenta el Procurador
del Estado.
6. La cuestión, por tanto, sigue siendo como
al inicio. ¿Es compatible con el contenido constitucionalmente
protegido del derecho de acceso
a la justicia, la regla del solve et repete contem-
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(1) Publicada el 8 de abril de 2005 en la página web del
Tribunal Constitucional (http://www.tc.gob.pe).
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ABRIL 2005