informe tributario - AELE

INFORME TRIBUTARIO
bunal que declara la inconstitucionalidad, en todo o parte,
de una norma legal”.
Por su lado, el artículo 81° del Código Procesal Constitucional
dispone claramente que “Las sentencias fundadas
recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto
las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances
generales y carecen de efectos retroactivos (…) Cuando
se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por
violación de artículo 74° de la Constitución, el Tribunal debe
determinar de manera expresa en la sentencia los efectos
de su decisión en el tiempo. Asimismo resuelve lo pertinente
respecto a las situaciones jurídicas producidas mientras
estuvo en vigencia” (el énfasis es agregado).
En este orden de ideas, es verdad que el Tribunal Constitucional
se encuentra plenamente facultado para declarar
la inconstitucionalidad de las Ordenanzas con efectos ex
nunc y al mismo tiempo ordenar la suspensión de las cobranzas
coactivas relacionadas con las obligaciones tributarias
creadas en virtud de dichas ordenanzas, aunque ello
resulte ilógico como lo demostraremos enseguida.
En efecto, en el caso materia de análisis, el Tribunal
Constitucional ha otorgado a su sentencia efectos a futuro,
sin embargo también se ha pronunciado sobre las situaciones
jurídicas ocurridas mientras los tributos inconstitucionales
se encontraban vigentes. De esta manera, ha ordenado
que la declaración de inconstitucionalidad no generará la
devolución o compensación, reconociendo con ello que los
pagos efectuados como consecuencia de las obligaciones
tributarias originadas mientras la norma inconstitucional
estuvo vigente, son absolutamente válidos. Por el contrario,
al suspender el inicio o continuación de las cobranzas coactivas
de esas mismas obligaciones tributarias ya generadas,
el Tribunal Constitucional reconoce que el tributo declarado
inconstitucional nunca generó efecto alguno, lo cual
no parece del todo coherente.
Como se puede apreciar, estos dos criterios no guardan
coherencia lógica. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se
encuentra facultado para utilizarlos al momento de resolver
las situaciones jurídicas producidas mientras la norma estuvo
en vigencia, en virtud de las facultades a él otorgadas por la
Constitución y el Código Procesal Constitucional.
No obstante, estas facultades no habilitan al Tribunal
Constitucional para intervenir en procedimientos administrativos
o procesos judiciales en trámite. Por lo tanto, la sentencia
del Tribunal Constitucional, en la parte que prohíbe
la devolución o compensación de los tributos ya pagados,
bajo ninguna circunstancia puede afectar a los procesos o
procedimientos que cuestionan la inconstitucionalidad de
cualquier Ordenanza, incluyendo las emitidas por la Municipalidad
Distrital de Santiago de Surco.
IV. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
El principio de seguridad jurídica, en tanto ha sido reconocido
por el Tribunal Constitucional como un principio implícito
en nuestra Constitución (4) , significa el derecho seguro,
cuyo objeto es el respeto a la propia normatividad. Fundamentalmente
consiste en el cumplimiento del derecho por
sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados
de su aplicación.
Sobre la seguridad jurídica, Casás señala que los principios
que “expresan , delimitan y dan sentido a la aparición
de la seguridad jurídica en el marco constitucional,
son: a) la supresión de la incertidumbre y de la sorpresa del
obrar estatal; b) la certeza del derecho; c) el consentimiento
de la formación de la ley; d) la representatividad de los
gobernantes; e) la lealtad del Estado que se expresa en el
estándar anglosajón del debido proceso legal; f) la previsibilidad
del derecho y de las consecuencias jurídicas que se
derivan del obrar de los particulares; g) la protección de la
confianza; y, h) la interdicción de la arbitrariedad ” (5) .
El Tribunal Constitucional peruano ha declarado la inconstitucionalidad
de una norma cuando ésta transgrede o
contraviene el principio de seguridad jurídica y además ha
señalado lo siguiente: “Así pues, como se ha dicho, la seguridad
jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento,
incluyendo, desde luego, a la Norma Fundamental
que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra
Constitución, aunque se concretiza con meridiana claridad
a través de distintas disposiciones constitucionales” (6) .
Si se pretendiese aplicar el criterio de la no devolución
de los tributos ya pagados a los procedimientos administrativos
y procesos judiciales en trámite, se violentaría
de manera directa el principio constitucional de
seguridad jurídica puesto que se estarían variando abruptamente
las reglas de juego que existieron en el momento
en que los contribuyentes interpusieron sus recursos y
demandas cuestionando la validez constitucional de los
tributos que, a pesar de dicha inconstitucionalidad, cumplieron
con pagar.
–––––
(4) En efecto, en la sentencia dictada a propósito de la acción de inconstitucionalidad
promovida contra la Ley que regula la Explotación de Casinos y Máquinas
Tragamonedas (Expediente Nº 009-2001-AI/TC), el Tribunal Constitucional reconoció
que el principio de seguridad jurídica constituye un principio implícito en nuestra Constitución
(5) CASÁS, José Osvaldo. Los mecanismos de resolución de las controversias, AD-HOC,
Buenos Aires, 2003, pág. 292.
(6) Sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de abril de 2003 (Exp. Nº 016-2002-AI/
TC), emitida como consecuencia de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por
el Colegio de Notarios de Junín contra el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley Nº
27755.
ABRIL 2005 23