informe tributario - AELE

JURISPRUDENCIA DE AMPARO
ción de la justicia en general y, en forma particular, a la que corresponde
a la justicia constitucional”.
Conforme a ello, el Tribunal Constitucional compartiría la perspectiva
señalada por la doctrina española sobre el proceso, que entiende el
derecho al acceso a la justicia precisamente como uno de los elementos
que forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva (junto a la efectividad
de las sentencias).
Ahora bien, en segundo lugar, el TC establece que no hay derechos
absolutos, sino que se pueden establecer ciertos límites. En ese sentido,
el Derecho de Acceso a la Justicia también tendría límites reconocidos
constitucionalmente, los mismos que deberán evaluarse utilizando el
método de la ponderación de derechos o bienes jurídicos, que constituye
una herramienta útil para establecer qué limitaciones a los derechos
fundamentales son válidas o no.
En virtud de este método, cuando hayan dos derechos constitucionales
o dos bienes jurídicos merecedores de tutela, en una situación de
aparente conflicto, uno de ellos puede ser limitado a favor del otro, pero
no de una forma tal que el derecho limitado se esfume. La limitación
tiene que ser en lo más mínimo posible y no más de lo necesario; y si por
otros medios se puede llegar al resultado deseado produciendo un menor
perjuicio al derecho limitado, se deberá optar por estos últimos.
En el caso se presentaría un conflicto entre dos bienes jurídicos merecedores
de tutela. Por una parte el referido derecho de acceso a la justicia, que
está diseñado para los particulares, mientras por otro lado se encuentra el
interés del Estado de contar con los instrumentos idóneos y eficaces para la
recaudación y hacer que todos cumplan con el deber de contribuir con los
gastos públicos. Así, la regla del solve et repete contemplada en el antiguo
artículo 158° del Código Tributario, constituye un límite establecido por el
legislador al acceso a la justicia, en favor del interés recaudatorio del Estado,
dado que primero se debe satisfacer la deuda tributaria para luego poder
reclamar ante el órgano jurisdiccional, constriñendo al particular deseoso
de presentar su pretensión ante el juez, a pagar de manera forzosa.
El TC llega a la conclusión de que el solve et repete constituye un
límite inconstitucional del derecho al acceso a la justicia, en razón a que
la Administración posee otros medios idóneos y eficaces por las facultades
otorgadas por la ley, para el cobro de la deuda tributaria, y que si
bien durante el procedimiento administrativo no pudo hacer uso de ellos,
una vez agotada esta etapa con la emisión de la resolución del Tribunal
Fiscal, la cual según el artículo 115° inciso b) (que se mantiene hasta
ahora) es deuda exigible, no obstante se haya presentado la demanda
ante el órgano jurisdiccional, pudiendo aplicar todas las facultades coercitivas
para el cobro de la deuda tributaria.
En razón que el interés recaudatorio del Estado se puede satisfacer
por otros medios (las facultades que la Administración tiene por ley para
cobrar la deuda tributaria) de manera adecuada y menos gravosa para el
derecho de acceso a la justicia que si se recurriera al solve et repete, se
colige que de lo señalado por el Tribunal Constitucional, se deberá preferir
la primera solución, deviniendo la segunda en inconstitucional.
La Sentencia bajo comentario ha marcado un quiebre en este punto
respecto de la antigua jurisprudencia del propio TC conforme a la que
–como ocurrió en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 175-99-AA/
TC– el solve et repete contenido en el artículo 158° del Código Tributario
no restringía el derecho a la tutela jurisdiccional y al debido proceso,
porque estos derechos están sujetos al cumplimiento de ciertas formalidades
previstas expresamente por ley.
2. El derecho a la igualdad y el solve et repete
En segundo lugar, el TC señala que el solve et repete vulneraría el principio
de igualdad, dado que hay contribuyentes que por tener una mejor
situación económica, podrían acceder a la tutela judicial, mientras que otros
–como es el caso de la recurrente– que por estar en una mala situación
financiera, no podrían tener dicho acceso. Concordamos con tal conclusión
dado que la regla en examen contrasta con el principio de igualdad porque
es evidente la diferencia de trato entre el contribuyente que está en grado de
pagar inmediatamente el íntegro del tributo y el contribuyente que no tenga
medios suficientes para hacerlos, ni pueda ágilmente procurárselo recurriendo
al crédito; al primero le es entonces concedido en mérito a su condición
económica, pedir justicia y obtenerla, si puede probar que tiene razón, mientras
que al segundo esta facultad se le torna difícil y tal vez imposible (2) .
LAS POSIBLES CONSECUENCIAS ACTUALES DEL FALLO
1. En el régimen actual del Proceso Contencioso-Administrativo
El Código Tributario ha sufrido modificaciones en varios temas, no
siendo ajena a ellas el tema del Proceso Contencioso-Administrativo.
Actualmente el artículo 157° (3) establece que la RTF agota la vía administrativa,
pudiendo ser recurrida en el Proceso Contencioso Administrativo.
Se ha establecido que la impugnación de la RTF, a partir del día
siguiente de su notificación tiene un plazo de 3 meses, a diferencia de
la norma que rigió en el caso de la Empresa, que era sólo de 15 días
hábiles.
En el diseño actual, ya no cabe solve et repete como requisito para
la admisión de la demanda contencioso-administrativa, estableciéndose
como único requisito de admisibilidad la presentación de la demanda
contencioso-administrativa dentro del plazo establecido por el referido
artículo 157° del Código Tributario.
Asimismo la demanda se presenta ahora ante la Sala Contenciosa
Administrativa de la Corte Superior y ya no ante el Tribunal Fiscal. Es
acertada la opción tomada por el legislador tributario, porque la demanda
contencioso-administrativa es un acto jurisdiccional y no administrativo
y por tanto su admisibilidad la debería resolver el órgano jurisdiccional.
Además en la práctica, muchos contribuyentes –como la Empresa
en este caso- han visto limitados sus derechos por interpretaciones
literales por parte del Tribunal Fiscal de las normas que establecen los
requisitos de admisibilidad.
Finalmente se mantiene siempre la ejecutoriedad de los actos o resoluciones
de la Administración no obstante la presentación de la demanda
contencioso-administrativa. Respecto de este requisito, existen
quienes creen que su existencia viola también el derecho de acceso a la
justicia, debiendo poder accederse al proceso contencioso-tributario sin
que el acto administrativo que concluye la etapa administrativa tenga
consecuencias de ejecutoriedad.
Desde nuestra perspectiva, a partir de la Sentencia bajo comentario,
se estaría convalidando como constitucional, en base al deber de contribuir,
la plena ejecutoriedad –y por ende su posibilidad de cobranza incluso
coactivamente- del acto administrativo (en este caso la Resolución
del Tribunal Fiscal correspondiente).
2. En el procedimiento contencioso-tributario
Como sabemos, en el procedimiento contencioso-tributario también
se aplica la regla solve et repete cuando la impugnación se refiere a
órdenes de pago o cuando se trata de resoluciones de determinación o
multa que no fueron impugnadas en el plazo establecido en los artículos
137° y 146° del Código Tributario.
Ahora bien, en realidad el problema podría plantearse en el caso de
las órdenes de pago, puesto que en las resoluciones de determinación se
establece un plazo razonable para reclamar sin pagar.
En ese sentido, en ese caso el Tribunal Constitucional emitió un criterio
en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 680-96-AA/TC señalando
que “la exigencia dispuesta ... del pago del tributo que se considera
lesivo como condición al reclamo de éste, constituye una desproporcionada
restricción del derecho a la tutela jurisdiccional en sede administrativa
conforme lo reconoce el artículo 139° inciso 3 de la Constitución
pues vulnera el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente
en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal”.
Dicho criterio entraría en cuestión a la luz de la Sentencia bajo comentario
en vista a que, al no haber el mecanismo de la ejecutoriedad
del acto administrativo desde su notificación, el solve et repete se constituye
como el instrumento idóneo para cautelar el interés recaudatorio
del Estado que deriva del Deber de Contribuir, salvo en aquellos casos
en que medien circunstancias que la cobranza devendría en improcedente,
en los que como derivación de lo señalado en el numeral 3 del
artículo 119° del Código Tributario se admita a trámite la impugnación
sin la aplicación de la regla del Solve et Repete.
––––
(2) Cfr. Spila García, Rubén. Principios de Derecho Procesal Tributario. Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1978, pág. 51.
(3) Artículo modificado por la Ley Nº 28365, publicada el 24 de octubre de
2004.
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ABRIL 2005