Lecciones aprendidas para REDD+ desde los programas de pago ...

Acuerdos de participación
Lección 6: Hacer pagos directa o indirectamente condicionales al
suministro de servicios ambientales.
Experiencias por países
Como se mencionó más arriba, pagos en los tres programas nacionales generalmente
están estructurados como una tarifa por hectárea de tierra conservada en
ecosistemas naturales. El beneficio de este tipo de estructura de pago es que es
directo y no requiere negociación individual o evaluación detallada de los niveles de
servicios ambientales generados por cada parcela de tierra.
Basar los pagos en los usos de la tierra o en cambios en el uso de la tierra
también evita fácilmente la cuestión de los derechos en servicios ambientales y la
habilidad de transferir esos derechos. Estos contratos sólo requieren que el dueño
de la tierra tome, o se abstenga de tomar, ciertas acciones asociadas con la conservación
y restauración de ecosistemas naturales. Para participar, el propietario
no necesita tener derechos para vender servicios ambientales. Esto es ciertamente
relevante en el Ecuador, donde los derechos para vender servicios ambientales
generalmente considerados como limitados por el artículo 74 de la Constitución,
que plantea que los servicios ambientales no son "susceptibles de apropiación"
y que su producción, provisión y uso será regulado por el gobierno nacional.
Comúnmente se entiende que esto significa que las transacciones privadas de
PSA no pueden ocurrir sin regulación y clarificación adicional del gobierno
nacional sobre este tema. En comparación, los derechos a servicios ambientales
en Costa Rica están claramente asignados por ley a los propietarios de tierras.
Bajo el programa nacional de PSA en Costa Rica, los propietarios participantes
ceden sus derechos sobre los créditos por servicios ambientales generados por el
proyecto a FONAFIFO en el acuerdo de participación. FONAFIFO está autorizado
para comercializar estos créditos y para venderlos a cualquier comprador
público o privado, nacional o internacional. La naturaleza de los derechos sobre
el carbono en México no está especificada por ley.
Modalidades únicas y niveles uniformes de pago no son un enfoque efectivo
para obtener resultados ambientales, pero son atractivos en términos de sencillez
y bajos costos administrativos. Los países pueden avanzar a un enfoque de pago
diferenciado de manera adaptativa. Para 2010, el programa PSA mexicano provee
para 6 pagos diferenciados después de empezar con dos pagos diferentes en 2003
y avanzando a tres niveles diferentes en 2004, según el tipo de vegetación y (en
menor grado) al riesgo de deforestación. El programa de PSA de Costa Rica también
diferencia entre modalidades de proyectos, que están sujetas a diferentes términos
y condiciones, incluyendo las cantidades de los pagos. Por ejemplo, sembrar
árboles en sistemas agroforestales es contabilizado y pagado por árbol, en lugar
de por hectárea. Mientras que este nivel de diferenciación entre proyectos no da
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