henry adam stewart gotuzzo con patrimonio en liqu - Indecopi

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1
RESOLUCIÓN Nº 02336-2010/SC1-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 0005-2004/CCO-ODI-PIU
13. En el presente caso, la Comisión ha determinado la concurrencia de los
cuatro elementos antes indicados, señalando lo siguiente:
(i) el derecho de condonación de los acreedores en los procesos de
liquidación se encuentra formalmente reconocido en el ordenamiento
jurídico, en el inciso f) del artículo 82 de la Ley General del Sistema
Concursal. Asimismo, la legislación concursal ha establecido que los
acuerdos adoptados en Junta de Acreedores son oponibles al deudor
y a los acreedores, inclusive a aquellos que se hubiesen opuesto a
dicho acuerdo;
(ii) el ejercicio del derecho de condonación ha vulnerado un interés
causando un perjuicio, pues si bien los acuerdos adoptados por
mayoría podrían vulnerar derechos de las minorías, ello se justifica en
tanto se superponga el interés colectivo de la masa de acreedores al
interés individual, situación que no se ha verificado en el presente
caso debido a que únicamente se ha vulnerado el interés del BCP;
(iii) tal interés no se encuentra protegido por una específica prerrogativa
jurídica, debido al principio de mayorías que rige el sistema concursal;
y,
(v) El acuerdo adoptado desvirtúa manifiestamente los fines económicos
y sociales para los cuales el ordenamiento jurídico reconoció el
derecho que se ejerce dentro del marco impuesto por el principio de
buena fe.
14. El apelante ha señalado que, si bien se podrían haber configurado los tres
primeros elementos constitutivos de un ejercicio abusivo de un derecho, el
último elemento no ha quedado acreditado, por lo que, al no ser el acuerdo
adoptado contrario a la finalidad del sistema concursal, no se ha configurado
el ejercicio abusivo de un derecho.
15. Por tanto, resulta pertinente analizar si el acuerdo de aprobación del
Convenio de Liquidación que estableció la condonación del 100% de los
créditos reconocidos como mecanismo de extinción de obligaciones
concursales ha configurado la existencia de dicho elemento.
16. El funcionamiento de la Junta de Acreedores se rige por la autonomía
privada concedida a sus integrantes, de acuerdo con el cual los particulares
se encuentran facultados a regular sus propios intereses mediante la
creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas de contenido
patrimonial 3 .
3
La autonomía privada es precisamente la libertad concedida a las personas para que, de común acuerdo, puedan
crear, regular, modificar o extinguir entre sí relaciones jurídicas patrimoniales o, en otras palabras, el poder
reconocido a éstas para regular, dentro del ordenamiento jurídico, sus propios intereses y crear libremente
relaciones jurídicas entre sí. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Comentarios a la
Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Palestra Editores, Lima, 2001, T.1, p. 199.
6/11